El 24 de mayo de 2023 se cumplen dos años de gobierno de Guillermo Lasso. Tras la decisión del Presidente de disolver la Asamblea Nacional, el informe a la nación que se hace en el pleno de esta institución, tendrá otro público, aún no confirmado oficialmente por la Secretaría de Comunicación. 

Este es un breve recuento de los dos años de este gobierno que debía terminar el 24 de mayo de 2025. Pero que, por la declaratoria de muerte cruzada, terminará a finales de 2023.

Un proceso de vacunación muy exitoso

El proceso de vacunación del gobierno de Guillermo Lasso fue muy exitoso. Al cabo de cien días de gobierno, se logró la vacunación de nueve millones de personas. Según Lasso, ese era el equivalente al 52% de la población total y el 75% de la población mayor a 16 años.

Una de las promesas de campaña fue lograr la vacunación. Imagen de la Presidencia de la República.

Una de las promesas de campaña fue lograr la vacunación. Imagen de la Presidencia de la República.

Para inicios de septiembre de 2021, Ecuador era uno de los países que más vacunas aplicaba a diario en todo el mundo. Apenas seis meses antes, en marzo de 2021, tenía el peor desempeño en la región: había vacunado a apenas 100 mil habitantes mientras otras naciones de la región llegaban a millones de dosis aplicadas. En ese mismo mes, el sitio web Time to herd estimaba que, a ese ritmo, se alcanzaría la inmunidad de rebaño —protección indirecta contra una enfermedad que se consigue cuando la mayoría de la población se vuelve inmune— en 4.367 días (casi 12 años). 

El 1 de septiembre de 2021, ese mismo sitio web decía que se lograría en 15 días.

Un aumento alarmante de la inseguridad

Durante los dos años de gobierno, los índices de inseguridad han ido en aumento. 

El 2022 cerró con un pico histórico de muertes violentas: 25 por cada cien mil habitantes, convirtiéndose así en uno de los países más violentos de la región. Un año antes, en 2021, la tasa oficial de homicidios fue casi la mitad: 13.7 muertes por cada cien mil habitantes. 

Imágenes del terror nunca antes vistas se han hecho casi cotidianas durante este período como los cuerpos colgando en un puente peatonal en Durán —que, además, podría ser un mensaje para organizaciones criminales rivales, para el gobierno y para la sociedad civil. Al menos 145 atentados con explosivos en 2022, que incluyen la de Cristo del Consuelo que terminó con la muerte de cinco personas. 

También han sido blanco de ataques algunos recintos policiales como el Comando Policial de Huaquillas, en la provincia de El Oro, que fue atacada en octubre de 2022. Un grupo de hombres lanzó explosivos hacia el edificio, pero esa vez no hubo heridos. 

De acuerdo a cifras publicadas por algunos medios de comunicación, entre 2022 y abril de 2023, habrían sido asesinados 24 policías mientras trabajaban. En 2021 habrían sido 13 y en 2020, 5. 

Durante las elecciones seccionales también hubo atentados en contra de varios candidatos. Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas, en la provincia de Santa Elena, fue asesinado. Omar Méndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, en Manabí, también fue asesinado horas antes de las elecciones. 

Uno de los ataques más recientes fue al ya posesionado alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien, en una entrevista al portal Ingobernables, dijo estar “escondido” tras un ataque armado en el que dos policías que eran parte de su custodia, perdieron la vida. 

La violencia dentro de las cárceles tampoco ha cesado: en abril pasado hubo 12 muertos, según las cifras oficiales, tras un enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral. Un mes antes, la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil logró sobrevivir a un atentado contra su vida en el que, al menos, recibió 30 disparos. 

La violencia al interior de las cárceles, entre 2022 y 2023, ha cobrado, al menos, 450 vidas. 

 

Una crisis institucional en la Policía Nacional

En un contexto de profunda inseguridad y violencia, el gobierno de Guillermo Lasso tuvo que enfrentar una grave crisis institucional de la Policía Nacional. 

Ocurrió tras la desaparición de la abogada María Belén Bernal quien fue vista por última vez en la Escuela Superior de Policía.

Bernal había entrado a la Escuela pasada la medianoche del 10 de septiembre de 2022 para encontrarse con su esposo, el oficial de la Policía, Germán Cáceres

Cáceres puso la denuncia de su desaparición el martes 13 de septiembre. El cuerpo de Bernal fue hallado 8 días después, en una quebrada no muy lejana a la Escuela de Policía. Su esposo, para ese momento, ya estaba prófugo. Hoy es procesado por el delito de femicidio. 

María Belén Bernal

Una joven sostiene en sus manos un cartel que reclama justicia por María Belén Bernal en la marcha convocada por mujeres el 21 de septiembre del 2022. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

En este caso, las respuestas de la Policía fueron lentas y poco transparentes. El discurso político fue lamentable. La fiscalía tampoco actuó con la celeridad requerida pues no solicitó la prisión para Cáceres que, dada su versión, podría haber sido el primer sospechoso de la desaparición de su esposa. 

Tras rendir su versión, se dio a la fuga y tendrían que pasar más de tres meses para ser detenido en Colombia. 

El femicidio de Bernal y la posterior fuga de Cáceres generó una seria crisis al interior de la Policía Nacional. No sólo por el manejo del caso si no también por las omisiones que ocurrieron al interior de la Escuela de Policía para que Bernal pudiera ser asesinada allí.

El Presidente de la República anunció una reestructuración de la Policía que comenzó con la baja de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Además, le dio un plazo de siete días al Comandante General, Fausto Salinas, para detener a Cáceres. 

El plazo no se cumplió pero Salinas siguió en su puesto —hasta la fecha. 

Pero probablemente la primera vez que, en el gobierno de Lasso, las miradas se posaron sobre la Policía fue cuando el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, habló de “narcogenerales” en una entrevista con Primicias, en diciembre de 2021. 

Un par de días después de la entrevista, el General Víctor Araus anunció que su visa a Estados Unidos había sido cancelada sin ninguna explicación. Sus compañeros de promoción, los oficiales Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán, también fueron notificados por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Araus, Rodríguez, Correa y Terán habían mantenido un conflicto con Tannya Varela, cuando ésta ocupaba el cargo de Comandante General. Acusaban a Varela de haber actuado de forma irregular con respecto al ascenso que les correspondía. El presidente Lasso los cesó por decreto, tras un informe emitido por Varela que debía evaluar a los generales para su ascenso al grado de generales inspectores. 

Según Araus, se habrían dado irregularidades en ese informe y eso habría inducido a un error a Lasso. Araus denunció a Varela ante la fiscalía por presunta falsedad ideológica.

Un paro que terminó de quebrar puentes

En junio de 2022, poco después de que el gobierno cumpliera un año bajo el liderazgo de Guillermo Lasso, se desató un violento paro nacional. 

Empezó el 13 de junio con el bloqueo de vías, y duró 18 días. Al finalizar el primer día, el gobierno dijo que el paro había sido menos duro de lo que habían planificado. Sin embargo, la madrugada del 14 de junio, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue detenido y acusado del delito de paralización de servicios.

Aunque Iza fue liberado menos de 24 horas después, el paro se agudizó. Los pedidos de la Conaie al gobierno se resumían en 10 puntos entre los que se incluía el congelamiento a los precios de los combustibles, moratoria de la deuda de la banca pública, privada y cooperativa. También estaba la no ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, entre otros.  

Hubo tomas de pozos petroleros, escasez de gas doméstico en Quito, toma de la subestación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en Tisaleo. También un ataque al edificio matriz de la Fiscalía General del Estado, extorsiones a los ciudadanos que intentaban circular en medio de las protestas, una emboscada a un grupo de militares en San Antonio de Pichincha, periodistas agredidos, entre varios otros hechos violentos. 

¿Habrá otro paro nacional en 2022?

Un grupo de personas caminando en Quito durante el paro nacional de junio de 2022. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Al menos siete personas murieron en el paro y varias decenas resultaron heridas. Las pérdidas económicas, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, superan los mil cien millones de dólares. 

En medio del caos y tras dieciocho días de violentas protestas, la Asamblea Nacional pretendió convocar a la muerte cruzada, una facultad constitucional que permite a este organismo destituir al Presidente de la República en casos de grave conmoción social. El pedido fue hecho por la bancada Unión por la Esperanza, que agrupa al correísmo.

Sin embargo, el pedido no tuvo los votos suficientes. Lo salvaron los votos de la Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Social Cristiano.

El paro terminó al cabo de 18 días, con la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que medió los diálogos entre las organizaciones indígenas y el gobierno.

Tras dos días de negociaciones se alcanzaron unos acuerdos, un plazo y unos mecanismos de seguimiento para su cumplimiento.

Un periodo con nulos acuerdos políticos

Una de las mayores dificultades de este gobierno ha sido hacer acuerdos políticos. La abrupta ruptura con el Partido Social Cristiano —su aliado ideológico natural y quien apoyó la candidatura de Guillermo Lasso en las elecciones de 2021— fue el inicio de una serie de acciones erráticas en el manejo de las relaciones políticas. 

Según las declaraciones posteriores de Jaime Nebot, el acuerdo debía permitirles definir a las autoridades en la Asamblea Nacional —el socialcristiano Henry Kronfle debía presidirla. En el acuerdo también se incluía al correísmo. Su líder, Rafael Correa, se habría reunido en varias ocasiones con Nebot y con Lasso para afinar el acuerdo que se quebró el 14 de mayo de 2021. Ese día debían nombrar presidente, vicepresidentes y vocales del Consejo de la Administración Legislativa, justo diez días antes de la posesión de Lasso como Presidente de la República.

La ruptura del acuerdo derivó en señalamientos a Guillermo Lasso por parte de Nebot y de Correa. Obligó al oficialismo a hacer un acuerdo coyuntural para destrabar el nombramiento de las autoridades: lo hizo con Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena que se halla en la orilla ideológica opuesta de CREO

Así lograron nombrar a Guadalupe Llori como Presidenta de la Asamblea. Fue destituida de ese cargo —de presidenta de la Asamblea, no de asambleísta— un año después por incumplimiento de funciones. En su reemplazo fue electo Virgilio Saquicela, opositor al gobierno de Lasso.

Los meses siguientes estuvieron marcados por una incapacidad constante de buscar acuerdos. Unos meses después de su posesión, en octubre de 2021, Lasso acusó a Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Iza de ser “el triunvirato de la conspiración”. 

A pesar de esa falta de acuerdos políticos, y baja popularidad —29% al finalizar el año, según Cedatos—, a finales de 2022, el gobierno impulsó un referéndum que pretendía, entre otras cosas, permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. 

Además buscaba crear un mecanismo para la selección de fiscales y modificar el número de asambleístas. 

El gobierno perdió la consulta popular y quedó aún más frágil frente a sus opositores pues las elecciones seccionales —que fueron el mismo día que el referéndum —le dieron una amplia victoria al correísmo y a Pachakutik. 

preguntas del referéndum constitucional

El presidente Lasso en la firma del decreto que contiene las preguntas del referéndum constitucional. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso.

Esto debilitó la posición del gobierno y su llamado al diálogo cayó en saco roto. Ninguna organización política estuvo dispuesta a sentarse nuevamente con el Presidente. 

Una acusación que sigue costando caro

El gobierno del presidente Lasso no ha estado exento de acusaciones de corrupción. Las más graves han sido las que señalan a su cuñado, Danilo Carrera, como operador en negocios vinculados a Rubern Chérres, a su vez, relacionado a la mafia albanesa. 

Los nombres de Cherres y de Carrera fueron mencionados en las filtraciones difundidas por el portal La Posta en enero de 2023. Allí hablan de una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Según el portal, pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a Carrera y sería él quien decidiría qué empresas privadas podían trabajar con el Estado, a cambio de coimas

Dentro de la presunta red de corrupción también estaría Hernán Luque Lecaro, cuando era el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas entre julio de 2021 y diciembre de 2022. 

Además, estaría involucrado Leonardo Cortázar, quien en 2022 apareció en una foto en una piscina con Javier Jordán, un hombre con un largo historial delictivo que está prófugo de la justicia ecuatoriana, y con el entonces asambleísta correísta Ronny Aleaga

En 2022, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio acusó a Cortázar de tener influencia en los contratos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) desde el gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. 

El reporte de La Posta del 9 de enero dice que CNEL y Celec serían algunas de las empresas involucradas en la trama de corrupción. 

Casi cuatro meses después de que comenzaron las acusaciones en contra de Chérres, el 31 de marzo de 2023, fue encontrado muerto en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena. 

Toda esta trama es ahora investigada por la Fiscalía dentro del llamado caso Encuentro.

No es el único caso que involucraría a funcionarios del gobierno en presuntos actos de corrupción. Ocho personas fueron detenidas en julio de 2021 por presunto delito de asociación ilícita en un operativo en cuatro provincias. El caso llamado Danubio por la fiscalía sigue en marcha. 

Se investiga un presunto delito de asociación ilícita que involucra a Juan José Pons, quien fuera consejero ad honorem de Guillermo Lasso al inicio de su gobierno. Aunque Pons no está procesado, su nombre, como el de su hijo —Juan José Pons Cruz— son mencionados varias veces por los procesados.

La teoría de la fiscalía es que los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas. El objetivo habría sido la venta de cargos estatales.

Los nombres  de Iván Correa —ex secretario de la Administración— y Guido Chiriboga —ex asambleísta oficialista— también son mencionados en las conversaciones entre los procesados.

Un tercer caso involucra a un ex funcionario del gobierno de Lasso: Xavier Vera Grunauer, quien fuera su ministro de Energía. El 15 de mayo, la fiscalía anunció que fue detenido dentro de una investigación por presunto cohecho “para garantizar que el exministro de Energía y Minas comparezca a la audiencia de formulación de cargos”.

Un proceso de muerte cruzada

El martes 16 de mayo empezó el juicio político en contra de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Antes, como establece la Constitución, la Corte Constitucional había dado luz verde para que el Legislativo enjuicie políticamente a Guillermo Lasso por la causal relacionada al peculado.

Con esto, la Asamblea Nacional debía presentar los elementos necesarios para probar que Guillermo Lasso no había cumplido con su obligación política de evitar o denunciar actos de corrupción que, supuestamente, ocurrieron en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). 

Con 88 votos a favor, el pleno decidió enjuiciar políticamente al Presidente, a pesar de que la Comisión de Fiscalización no obtuvo los votos necesarios para generar un informe que recomendaba que no se enjuiciara políticamente a Lasso. 

A pesar de los cuestionamientos del oficialismo, el pleno consideró que podía saltarse ese paso y dio paso al juicio político que inició con la interpelación de la legisladora correísta, Viviana Veloz. 

Guillermo Lasso ofreció un discurso ante el pleno de la Asamblea, en el que nuevamente negó las acusaciones en su contra. Tras terminarlo, abandonó el pleno del Legislativo y la sesión continuó con varias intervenciones de otros asambleístas que duró hasta pasadas las diez de la noche del martes 16 de mayo.

La sesión debía reinstalarse al día siguiente, miércoles 17. Sin embargo, en cadena nacional emitida a las siete de la mañana de ese día, el Presidente confirmó que declaraba la muerte cruzada y que había decidido disolver la Asamblea Nacional.

Este mecanismo le permite gobernar al presidente Lasso, sin Asamblea, hasta que se realicen nuevas elecciones —tentativamente previstas, en primera vuelta para el 20 de mayo de 2023 y en segunda, si es que la hay, para el 15 de octubre de ese año.

Durante este período, Lasso podrá hacer leyes vía decreto, pero únicamente las que sean  económicas urgentes y previo control constitucional. Esto significa que la Corte Constitucional tendrá que analizar los proyectos de ley que Lasso quiere emitir vía decreto y valorar su constitucionalidad.

La Corte Constitucional, además, inadmitió las demandas de inconstitucionalidad, presentadas por sun grupo de asambleístas, al decreto presidencial que disolvió la Asamblea . Dijo que “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional”. 

También se adelantó a advertir que la Corte Constitucional ni cualquier otro tribunal no puede decidir si hubo o no justificación para aplicar la muerte cruzada por esa causal. 

Un manejo económico con objetivos por concretar

El gobierno ha impulsado algunas de sus propuestas económicas de campaña. La primera considerada como un logro fue la aprobación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia covid-19 (conocida como reforma tributaria o ley económica). 

El punto más polémico de la ley fue el incremento al valor del impuesto a la renta para las personas que ganen desde 2 mil dólares mensuales. Además, se modificó el porcentaje máximo que una persona debe pagar por sus ingresos anuales y se redujo el valor que puede ser deducido. 

El Ministerio de Economía dijo que la nueva ley permitirá la recaudación de 1.900 millones de dólares en sus dos primeros años de vigencia. Ahora, en 2023, el gobierno pretende revertir esa ley, a través de un proyecto económico urgente que establece una nueva modalidad y nuevos montos para el impuesto a la renta.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China —que, en 2022, se convirtió en el primer socio de Ecuador, superando a Estados Unidos— fue otro de los hitos económicos del gobierno de Guillermo Lasso. 

La firma del acuerdo se hizo el 10 de mayo. En los tres primeros años, tras la entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones de Ecuador a China podrían crecer en mil millones de dólares adicionales, calcula la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

La decisión de llamar a la muerte cruzada provocó el aumento de 59 puntos en el riesgo país, ubicándose en 1832. 

El riesgo país es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes que existen. Es una cifra que indica qué tan probable es que un país incumpla sus obligaciones financieras internacionales. 

Está relacionado directamente con las políticas y la coyuntura nacional e internacional, por eso, lo que ocurra en el contexto del país —como paros o manifestaciones, decisiones políticas, crisis internas— tienen un impacto importante en este medidor. 

El 2022 cerró con un riesgo país de más de 1200 puntos; durante todo ese año, nunca bajó de 1000.

Pero no siempre fue así: el 9 de abril de 2021, tras la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, antes de proclamarse el triunfo de Guillermo Lasso, el riesgo país estaba en 1.169 puntos. El 20 de mayo, cuatro días antes de la posesión de Lasso, el riesgo país estaba en poco más de 700 puntos. 

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Ex editora asociada y editora política en GK.
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