Estas son las preguntas del referéndum constitucional de 2023

El presidente Guillermo Lasso pidió que se haga la convocatoria al referéndum para enmendar la Constitución. En las 8 preguntas del referéndum constitucional se proponen modificaciones a la extradición a personas involucradas en delitos de crimen organizado, la creación de un Consejo Fiscal, la reducción del número de asambleístas y de movimientos políticos, la inclusión de un subsistema de protección hídrica, entre otras cosas. 

La tarde del 29 de noviembre de 2022, el presidente Lasso firmó el decreto para convocar a referéndum. 

En su orden, el Presidente de la República dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe con el proceso establecido en la Constitución y en el Código de la Democracia para los referéndums constitucionales. La ley ordena al CNE hacer la convocatoria y establecer una fecha para la votación. 

Esa fecha todavía no ha sido anunciada, pero el gobierno espera que coincida con las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 o que incluso se realice antes.

Antes de que se hiciera la convocatoria oficial, era necesario que la Corte Constitucional hiciera dos controles. Ya los hizo y por eso Lasso ordenó que se convoque al referendo. 

El primero en el que autorizó que se proceda con las preguntas que contienen modificaciones constitucionales. 

El segundo, un control de constitucionalidad en el que revisó las preguntas de forma y de fondo para que no fuesen sugestivas o compuestas, que estuviesen bien armadas en la forma y que en el fondo respetaran el orden constitucional. Además, verificó que cumplan con los requisitos de ley. 

Las preguntas incluidas en el decreto firmado por Lasso ya pasaron por estos dos controles y fueron aprobadas por el tribunal más alto de la nación. Sin embargo, la Corte Constitucional no aprobó tres preguntas adicionales presentadas por el gobierno a finales de octubre de 2022. 

Esas preguntas tenían que ver con los bienes decomisados por delitos, tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada y hacer un incentivo tributario para fomentar el empleo de personas mayores. 

El ministro Francisco Jiménez después de entregar las tres preguntas extra de la consulta popular. Fotografía tomada de Twitter del Ministerio de Gobierno.

¿Cuáles son las preguntas del referéndum?

1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
2. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
3. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?
4. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs enmendando la Constitución?
6. El Cpccs es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución?
7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección.  ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

En el decreto firmado por el presidente Lasso se incluye el anexo y la justificación de cada una de las preguntas que se incluirán en referéndum. Aquí puedes leer una explicación del control de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional sobre estas 8 preguntas y sus anexos. 

De ganar el sí, el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana dejará de designar autoridades. Fotografía tomada de Flickr del Cpccs.

¿Qué preguntas no fueron aprobadas por la Corte Constitucional?

El 31 de octubre de 2022, el gobierno presentó tres preguntas más para el referéndum constitucional. Estas fueron: 

1. Actualmente los bienes y valores comisados que proceden de delitos como lavado de activos, terrorismo y narcotráfico son propiedad del Estado y se gestionan de acuerdo con el presupuesto general del Estado que aprueba la Asamblea Nacional. “¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia, reformando el artículo 55 del Código Orgánica Integral Penal, de acuerdo con lo previsto en el anexo 1?
2. Actualmente la extorsión se regula como un delito contra el derecho y la propiedad y se sanciona con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa e libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, reformando el Código Integral Penal en conformidad con el Anexo 2?
3. Actualmente no existe un incentivo tributario para quienes emplean a personas de 45 años o más. ¿Está usted de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más, reformando la Ley de Régimen Tributario Interno de conformidad con el Anexo 3?

El 29 de noviembre de 2022 la Corte resolvió que estas tres preguntas no podían ser aprobadas. Sobre la primera y la tercera, la Corte dijo que las reformas legales incluidas en estas preguntas “se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, desbordando así su alcance, lo que afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad”. Por eso, “al no haber superado el control formal, no pueden ser aprobadas”.

Sobre la pregunta dos, la Corte dijo en su dictamen que esta “supera el control material, mas no el formal”. La mayoría de los jueces que conforman el tribunal determinaron que se debía hacer un análisis más riguroso para “asegurar que las consultas que persigan medidas de corte punitivo estén acordes a los principios que rigen el sistema de rehabilitación penal y respeten el principio de estricta legalidad en esta materia”. Eso, dijeron, no pasa en el caso de un referéndum. Por eso no podía ser aprobada. 

Además de estas tres preguntas, hubo otra que se quedó fuera: la que proponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. 

Esta fue incluida en la primera entrega de preguntas hecha en septiembre de 2022. Sin embargo, en su primer análisis, la Corte Constitucional determinó que no podría ser incluida en la consulta popular como una enmienda constitucional. 

La Corte concluyó que la modificación propuesta debía hacerse como una reforma parcial de la Constitución, para lo que se necesitaría que se debata la propuesta en el pleno en la Asamblea.