El juicio político a Guillermo Lasso, explicado

El pleno de la Asamblea Nacional votó en favor de la resolución presentada por la legisladora correísta, Viviana Veloz, para llevar adelante el juicio político en contra del Presidente Guillermo Lasso.

La decisión se tomó con 88 votos a favor —más de la mitad más uno de los 116 legisladores presentes— tras una sesión que duró cerca de cuatro horas, en la que intervinieron 21 legisladores. 

El argumento del oficialismo fue que no procedía una discusión en el pleno de la Asamblea pues el informe debe tratarse en la Comisión de Fiscalización. Además, adujo, no se había logrado probar que el presidente Lasso haya incurrido en la causal de peculado.

La oposición al gobierno aseguró que no existe en la legislación la posibilidad de debatir sobre un informe que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización. Insistió, también, que ha habido pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad política del Presidente Lasso en el supuesto peculado cometido en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

¿Cómo llegó el trámite de juicio político al pleno de la Asamblea?

El trámite al juicio político a Guillermo Lasso fue tratado en el pleno de la Asamblea Nacional el 9 de mayo de 2023, tras la convocatoria hecha por Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo. 

El pleno conoció la resolución de la Comisión de Fiscalización, que no aprobó el informe sobre el trámite del juicio político contra el Presidente. Esta decisión, elaborada por la comisión presidida por Fernando Villavicencio —aliado del oficialismo—, recomienda que no se haga el juicio político contra Guillermo Lasso. 

Sin embargo, el informe no tuvo los votos suficientes para ser aprobado en la comisión. El documento argumenta que no se configura la infracción política —peculado— hecha en de la acusación por el contrato vigente entre FLOPEC y la empresa Amazonas Tanker.

“Al no haberse alcanzado los votos necesarios y carecer dicho informe borrador de valor y efectos jurídicos, de conformidad con el inciso 15 del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se tiene que resolver sobre el juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dice el informe de Saquicela. 

Ese artículo dice que si “en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley”, estos pasaron a conocimiento del pleno legislativo para que resuelva. 

En otras palabras: el pleno debió debatir si se aprueba que el juicio político continúe su trámite, pese a la ausencia del informe oficial de la Comisión de Fiscalización. Para ello, se necesitaban 70 votos, al menos, tal como establece la ley. 

La sesión del martes 9 de mayo no implicó el inicio del juicio político, es decir, no formaba parte de los pasos y plazos legales del trámite de la interpelación, definidos en la Ley. 

Una vez que el pleno aprobó la continuidad del juicio político, se establecerá una fecha para el juicio ante el pleno. Muy probablemente, será posterior al 14 de mayo de 2023 en la que se deben elegir nuevas autoridades del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y de las comisiones. Solo entonces tendrá lugar el juicio propiamente dicho —es decir, cuando el presidenta Lasso comparezca a la Asamblea y escuche las acusaciones en su contra y pueda defenderse, tras lo cual, el pleno votará si destituirlo o no. 

Para los legisladores que son contrarios al juicio político, la convocatoria de Saquicela no cabía. “El Presidente de la Asamblea nos está confundiendo a todos”, dijo el independiente Pedro Velasco la mañana del 8 de mayo de 2023. “Debió socializar el informe en el plazo de tres días, no lo ha hecho. Lo que ha hecho es convocarnos a una sesión para votar mañana sobre el informe y si es que no pasa ese informe, pretender meter otro informe. Es muy grave el tema”, insistió.

A criterio de estos legisladores, la convocatoria de Saquicela debió ser para conocer el informe hecho en la comisión de Fiscalización, aunque no haya tenido los votos suficientes para ser aprobado.

Según ellos, existe un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado emitido a inicios de mayo en el que se aclara que en un proceso de juicio político contra el Presidente de la República no está establecido que exista un informe de minoría, como en otros procesos de fiscalización. Los criterios de la Procuraduría General son vinculantes, por lo tanto, tienen que ser acatados. 

Ana Belén Cordero, Vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, también cuestionó la decisión de Saquicela en un hilo en su cuenta de Twitter. 

La decisión de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional admitió la noche del miércoles 29 de marzo de 2023 el pedido de juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lasso. 

Con mayoría calificada —6 votos a favor y 3 votos salvados— el pleno del organismo resolvió “inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado”, dice el comunicado. 

Esto significa que la Corte Constitucional debía notificar al Presidente de la Asamblea. Posteriormente, el Consejo de la Administración Legislativa debe reunirse para “conocer” la decisión de la Corte. Después, el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio. 

En un plazo aproximado de 30 días, los interpelantes —en este caso, Viviana Veloz, asambleísta de UNES— tuvieron que sustentar sus acusaciones, relacionadas al supuesto delito de peculado, y el Presidente de la República podrá presentar sus descargos. De esta comisión salió el informe que no tuvo los votos suficientes, lo que ha generado la convocatoria de Saquicela. 

Si el proceso avanza hasta la etapa de juzgamiento, se necesitarán, por lo menos, 92 votos para destituir al Presidente de la República.

Inicialmente, cuando el pedido de juicio político llegó a la Corte Constitucional, el sorteo favoreció a Teresa Nuques, como jueza ponente. Nuques debía hacer un proyecto de dictamen que debía ser votado en el pleno de la Corte Constitucional. 

La tarde del lunes 27 de marzo de 2023, el proyecto se sometió a votación pero no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Se necesitaba una mayoría calificada —es decir, 6 votos— para aprobar un dictamen. 

Tal como dicta la norma, se hizo un sorteo —de entre los jueces que votaron en contra— de un nuevo juez ponente que debía realizar un nuevo proyecto de dictamen para someter a votación en el pleno de la Corte Constitucional. El nuevo juez ponente fue Richard Ortiz Ortiz; como segundo ponente fue designado Alí Lozada Prado.

Su resolución fue que el juicio podía avanzar por solo uno de los 3 cargos hechos contra el presidente. Por ende, la Asamblea solo ha podio procesar políticamente a Lasso por el presunto peculado relacionado al contrato de FLOPEC —del que, paradójicamente, tuvo una opinión favorable una de las interpelantes en el juicio, Mireya Pazmiño.

¿Cómo empezó el proceso de juicio político?

El 4 de marzo de 2023, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe hecho por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, creada en enero de 2023 en la Asamblea Nacional, para investigar los supuestos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa. Esta comisión hizo un informe en el que recomendó el juicio político a Lasso. 

Dos semanas después, el 16 de marzo, la asambleísta correísta, Viviana Veloz, entregó el pedido de juicio político, con 59 firmas de respaldo —13 más del mínimo necesario—. En el pedido se debe plantear los cargos atribuidos al Presidente de la República y el anuncio de las pruebas que se adjuntan para sostener las acusaciones que se hacen en su contra. 

La noche del martes 21 de marzo, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) resolvió, por pedido del asambleísta socialcristiano, Esteban Torres, reconsiderar la votación hecha el lunes 20 de marzo. En esa votación, el CAL había dado luz verde para que el proceso pase a la Corte Constitucional. 

Esto porque la mañana del martes se alertaron de algunos errores en el documento que debía ser enviado a la Corte Constitucional. El constitucionalista André Benavides dijo, por ejemplo, que el documento que debe citar el marco legal bajo el cual se pretende enjuiciar políticamente al Presidente de la República, citaba el Código Penal antiguo, que dejó de estar en vigencia en 2014. 

Para plantear el juicio político, los legisladores aseguran que Lasso incurrió en los delitos de concusión y peculado, establecidos como causal para la destitución en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

Según la solicitud de juicio político, el presidente Lasso “fue partícipe de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y para terceros“.

En el caso de concusión, los legisladores consideraban que ocurrió en dos casos:

Primero, en los actos supuestamente cometidos por Hernán Luque Lecaro, cuando fue gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). 

El informe dice que había una “estructura organizada que nace y culmina en el Primer Mandatario”, pues hubo una “participación” de Lasso mediante un tercero —supuestamente, Hernán Luque— en el delito de concusión en la EMCO.

Y segundo, por el supuesto tráfico de influencias de los ex gerentes de Petroecuador, Ítalo Cedeño —quien dijo, en La Posta, que su esposa le “le sugería [nombres de] funcionarios [para cargos] y sacar a otros corruptos” —y Hugo Aguiar, involucrado en el caso Encuentro.

Según la solicitud de juicio político contra Lasso, el nombramiento de Cedeño y Aguiar “facilitó los escenarios para el cometimiento de actos irregulares”. Para los legisladores, el Presidente conocía, consentía y participaba de la supuesta concusión.

Estos dos cargos fueron inadmitidos por la Corte Constitucional.

En el caso de peculado, los legisladores señalan un supuesto delito ocurrido en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con relación a supuestos hechos irregulares que habrían ocurrido con el contrato entre el Estado y la compañía de transporte petrolero Amazon Tanker Pool Company. 

El documento presentado por los legisladores argumenta que a pesar de que Johnny Estupiñán, quien fue gerente de Petroecuador, “remitió una carta denunciando las irregularidades, cometidas por el señor Harán Luque Lecaro, solicitando, además, una cita con el primer mandatario, cuestión que jamás fue atendida”. 

Estupiñán fue posteriormente separado del cargo, cuando “quise declarar unilateralmente terminado el contrato con el Pool Amazon Tanker”, dijo el funcionario en La Posta —y esto es recogido por el informe—–, Luque le habría dicho que esa fue“una puñalada por la espalda”.

A pesar de la denuncia de Estupiñán, Flopec habría firmado un nuevo contrato con la empresa señalada, por presiones de Luque, argumenta el documento presentado para iniciar el proceso de juicio político. Dicen, además, que el entonces secretario de Transparencia, Luis Verdezoto, también habría advertido al Presidente “que en Flopec existiría riesgo de distracción de fondos públicos”. 

Este es la acusación que ha permitido que el juicio contra Lasso avance. 

Los proponentes del juicio político

Los legisladores que proponen el juicio político contra el Presidente de la República son cuatro. Lo encabeza Viviana Veloz, legisladora de UNES que, además, presidió la comisión ocasional que debía investigar los hechos relacionados al llamado caso Gran Padrino.

También está Pedro Zapata — asambleísta del PSC y también miembro de la comisión ocasional que presidió Veloz—; Mireya Pazmiño —quien, a pesar de haber sido expulsada de la bancada de Pachakutik, sigue asegurando pertenecer a esa organización política— y Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática.