El caso Encuentro, explicado

El caso Encuentro es la unión de dos investigaciones de la Fiscalía en las que estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso. Los dos casos unidos son el conocido como León de Troya, en el que se investiga “un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado”, según la Fiscalía. Y el caso Encuentro, en el que la Fiscalía investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas. 

El 31 de octubre de 2023, la Fiscalía anunció que el caso León de Troya se acumularía en la investigación del caso Encuentro —nombre que hace referencia al eslogan del gobierno de Lasso, cuando era presidente. Según la Fiscalía, esa decisión se tomó “luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo”. 

Te explicamos qué es el caso Encuentro y cómo se relacionaría con el caso León de Troya. 

El caso Encuentro

El caso Encuentro seguía una presunta trama de corrupción en empresas públicas. La investigación surgió a partir de revelaciones en enero de 2023 del portal de redes sociales La Posta, en una serie llamada “El Gran Padrino”, en referencia Danilo Carrera, quien es el cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. 

La mañana del 9 de enero de 2023, el portal La Posta hizo pública en su canal de Youtube la supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. El portal decía que pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a Carrera y sería él quien decidiría qué empresas privadas podían trabajar con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.

Los allanamientos por el caso Encuentro del 20 de enero de 2023. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

En la entrega se filtraron unos audios que revelarían una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado: como la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre otras. 

La red involucraría a Hernán Luque, ex presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) — por delegación de Lasso — y a Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de la red de corrupción en CNEL, en la que se gestionaban cargos de forma irregular. En 2022, Cortázar también apareció en una foto en una piscina con Javier Jordán, un hombre con un largo historial delictivo que está prófugo de la justicia ecuatoriana, y con el asambleísta correísta Ronny Aleaga. 

En los audios se menciona a Danilo Carrera como cabeza de la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.

Días después, el lunes 16 de enero de 2023 un nuevo audio fue filtrado por La Posta, en el que se escucharía al propio Luque hablando sobre el control de Flopec. En un punto del audio, la voz que correspondería a la de Luque pide que su “parte” sea de 150 mil dólares mensuales, para ser depositados en una cuenta en Andorra.

A través de su abogado, Carrera respondió a La Posta y negó las acusaciones. Después, demandó a uno de los directores del portal, Andersson Boscán, por presunta difamación, y pidió medio millón de dólares de indemnización. 

El 16 de enero de 2023, el entonces presidente, Guillermo Lasso, publicó una carta enviada a la fiscal general Diana Salazar. En la carta, Lasso decía que ordenó que “todas las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía del Estado le entreguen la información que sea necesaria”. Lasso dijo que estaba seguro de que la labor de la Fiscalía confirmaría que “no ha existido en mi gobierno ninguna ‘estructura criminal’ como la que falsamente se ha denunciado”.  

Días antes de la publicación de esa carta, Lasso había defendido a Carrera en una entrevista. “Danilo Carrera es un hombre honorable e intachable”, dijo Lasso.

El caso León de Troya

El caso León de Troya empezó en mayo de 2021, días antes de que Lasso se posesionara como Presidente de la República. Comenzó cuando la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización de la Policía Nacional comenzó a rastrear a una presunta organización delictiva que enviaba droga al extranjero. Operaba en Manabí y Guayas. Se abrió una investigación para esclarecer el caso.

Dentro de esa investigación, la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía hizo un informe el 15 de enero de 2022, que fue entregado a la Fiscalía. 

El 19 de enero de 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 1, solicitó el archivo de la investigación previa. Esto se pedía porque “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”. El 21 de marzo de 2022, el juez Cristhian Luvin Quito “resolvió disponer el archivo” y la reserva de la investigación.

Sin embargo, en febrero de 2023, se filtró un documento policial en el que se detalla el seguimiento de varias personas, que serían parte de la presunta estructura del narcotráfico, supuestamente, aliada a la mafia albanesa. Esa filtración hizo que la investigación se abriera nuevamente. 

El informe mostraba el seguimiento hecho a Danilo Carrera y a Rubén Cherres, un hombre guayaquileño que presuntamente era amigo de Carrera y que habría estado vinculado en la red de corrupción de las empresas del Estado. Según los reportes policiales, Cherres tenía más de 10 empresas con Dritan Gjika, un albanés que estaría relacionado con empresas albanesas ligadas al narcotráfico. 

Casi cuatro meses después de que comenzaron las acusaciones en su contra,  el 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado muerto en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena. Además de Cherres, otras tres personas fueron asesinadas en ese mismo ataque.

Según la Fiscalía, en la investigación del caso León de Troya encontraron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública, que incluiría a entidades como BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y CNEL. Por eso decidieron unirlo al caso Encuentro e investigarlo como uno solo. 

Consecuencias de las investigaciones

Las investigaciones de estos casos también tuvieron consecuencias políticas. Después de las revelaciones publicadas por La Posta, en enero de 2023, se creó una Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción para investigar los supuestos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa.

En marzo de 2023, esta comisión hizo un informe en el que recomendó el juicio político a Lasso. El informe tenía varios errores como el nombre del entonces presidente Lasso mal escrito y citaba el Código Penal anterior, que dejó de estar en vigencia en 2014. 

Viviana Veloz en la entrega del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.

El informe fue aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y el proceso pasó a la Corte Constitucional, que por ley debía aprobar las causales por las que se hace un juicio político al Presidente. 

Según la solicitud de juicio político, el ex presidente Lasso “fue partícipe de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y para terceros“. Por eso lo acusaban de concusión y peculado, establecidos como causal para la destitución en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

Sin embargo, las acusaciones por concusión no fueron admitidas por la Corte Constitucional como causa para el juicio político. Sin embargo, la Corte sí admitió la causal por peculado, en la que los legisladores argumentaban que se cometió el delito en un contrato irregular entre Flopec —empresa señalada en el caso encuentro— y la compañía de transporte petrolero Amazon Tanker Pool Company. 

Después de la aprobación de la Corte Constitucional, comenzó el proceso de juicio político contra Lasso. Después de dos meses, el 9 de mayo de 2023, el pleno de la Asamblea aprobó el juicio político y se fijó una fecha para hacerlo. El 16 de mayo, Lasso llegó a la Asamblea para presentar su defensa. 

Guillermo Lasso en el juicio político en su contra el 16 de mayo de 2023. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.

El proceso debía continuar con la intervención de los asambleístas al día siguiente, pero la mañana del 17 de mayo de 2023, el entonces presidente Lasso firmó el decreto de muerte cruzada y disolvió a la Asamblea. Por eso, el juicio político en su contra no pudo continuar. 

La muerte cruzada es una medida constitucional en la que el Presidente puede disolver el Legislativo. Después de eso, el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones anticipadas para escoger nuevos Presidente, Vicepresidente y Asamblea Nacional. 

Daniel Noboa ganó la segunda vuelta de las elecciones anticipadas de 2023 y fue posesionado como presidente el 23 de noviembre de 2023, un día antes de la audiencia de formulación de cargos del caso Encuentro, que investiga presunta corrupción en el gobierno de su antecesor. 

La audiencia de formulación de cargos

La Fiscalía pidió una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada contra 8 personas incluyendo a Danilo Carrera. La audiencia estaba prevista originalmente para el 14 de diciembre y la fecha se cambió en dos ocasiones. Finalmente se instaló el 24 de noviembre de 2023. 

En esa audiencia, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los 8 presuntos involucrados. Sin embargo, dijo que se sustituiría por arresto domiciliario para Carrera y otra persona, porque son mayores de 65 años. 

Esa noche, el juez del caso acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía. Dictó prisión preventiva, sustituida por arresto domiciliario, para Carrera. Y también ordenó prisión preventiva para otros cuatro involucrados, incluyendo a Hernán Luque, ex presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). 

Para las otras 3 personas a las que se les vincularon cargos, el juez les dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente. 

La respuesta de Danilo Carrera

El 26 de noviembre de 2023, dos días después de la decisión del juez del caso, Danilo Carrera publicó un comunicado en el que dijo que las acusaciones en su contra son falsas y que no hay pruebas que las sustenten. 

Según Carrera, eso es evidente en el expediente del caso. Puso como ejemplo la declaración de Anderson Boscán ante la Fiscalía en la que dice que él eliminó un supuesto audio en el que se decía que Carrera lideraba la red de tráfico de influencias en el gobierno de Lasso. Además, Carrera dice que hubo otras pruebas que “también quisieron montarlas ficticiamente”. 

En el comunicado, Carrera dice que él a sus 85 años se sabrá defender. Sin embargo, asegura que “la persecución política en mi contra debiera alarmar a la nación” porque “lo mismo le pueden montar a cualquier otra persona”. Y que la libertad de esa persona “quede a expensas de un sistema judicial cobarde, que no sabe enfrentar ni poner coto a extorsionadores profesionales, que lo usan para sus protervos fines”. 

Dos personas más vinculadas

El 19 de febrero de 2024, la Fiscalía vinculó a dos personas a la instrucción fiscal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Hasta ese día, diez personas eran procesadas en esa causa.

Ese día, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para las denominadas por la Fiscalía como Karen Leonor C. O. y Éricka Tatiana F. M.. El juez vinculó a ambas como presuntas autoras directas de la infracción penal, según la Fiscalía. 

La Fiscalía dijo que las mujeres procesadas “habrían sido beneficiarias de varios contratos, entre 2021 y 2022, con la empresa pública CNEL, como personas naturales y a través de personas jurídicas y consorcios, simulando procesos de licitación”. Según la investigación del caso, “se presentaban a los procesos empresas vinculadas y cuando una no ganaba, lo hacía en la siguiente contratación”.

Además de la orden de prisión preventiva, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes, prohibición temporal de transferir o vender inversiones y acciones y “la retención de cuentas que las involucradas mantengan en el sistema financiero nacional por un monto de cuarenta salarios básicos unificados”. Esto con el objetivo de “garantizar el pago de una posible multa, en caso de que sean halladas culpables del delito”. 

Ese día el juez dijo que la instrucción fiscal se extendería treinta días más.

El 21 de marzo de 2024, las procesadas interpusieron un recurso de apelación a la orden del juez, mismo que fue negado tres días después. Se ratificó “la prisión preventiva dictada contra ambas en la audiencia de vinculación”, según la Fiscalía.

Las transcripciones de las llamadas, audios y videos 

La mañana del 25 de marzo de 2024, la Fiscalía publicó en su cuenta de X—antes Twitter— un enlace con “el expediente con las respectivas pericias de la causa”.  El enlace lleva a una carpeta en Google Drive, en la que están transcripciones de conversaciones entre Rubén Cherres, Rafael G, Juan Carlos P.R, Danilo Carrera, Victor Emilio M, Karen N y otros. Además, de informes de audios y videos extraídos de memorias USB.

La primera carpeta “C318”, tiene un PDF con 6 páginas. En ella están las transcripciones de las conversaciones entre Rubén Cherres y Rafael G, en la que acuerdan una reunión para hablar sobre inversiones de una refinería y otros temas. En una segunda conversación entre Cherres y Juan Carlos R.P, Cherres le dice que “un amigo cercano ha sido nombrado en la Aduana y asegura que solicitará más puestos en esa institución”. 

Finalmente, en la tercera transcripción, Cherres le dice a José Eduardo R.V. que hay un cargo público disponible para él en BanEcuador. 

En la segunda carpeta “C323” tiene un PDF con 18 páginas, ahí están las transcripciones entre Rubén Cherres, Juan Carlos P.R, Danilo Carrera y otras personas. 

En la primera transcripción entre Cherres y Juan Carlos P.R hablan sobre el proceso de tramitación de puestos en el Ministerio de Energía”, en otra hablan sobre conseguir una reunión con “Guillermo” para hablar sobre el tema petrolero y en otra sobre los costos del ascenso en la aduana. En la que mencionan a un “coronel Arauz” y a “Monge”. 

En otra conversación, del mismo PDF, hablan sobre que en el gobierno de Guillermo Lasso, “no había “un operador político” para informarle de todo lo que pasa. 

Luego en otra conversación entre  Cherres y el denominado Cheche o Pato hablan sobre que “ya tienen personas colocadas en cargos públicos en la aduana, CNEL y otras empresas estratégicas”, según la Fiscalía.

También hablan sobre otros cargos en el Ministerio y otros temas. Por otro lado, en una conversación, entre Cherres y Danilo Carrera acuerdan una reunión en la que eviten ser vistos juntos por otras personas. En otra conversación entre ambos Cherres le cuenta a Carrera que “Abdalá, había llamado a Peter Gretzel”, empresario deportivo que es mencionado en los chats del caso León de Troya, para pedirle el número de Carrera, el cual no se lo dió. 

El enlace también contiene informes de audios y videos extraídos de memorias USB. Además de capturas de pantallas de cámaras de seguridad donde se ve a varias personas reunidas. 

Cada carpeta tiene un PDF de 19, 15, 20, 11 y 3 páginas respectivamente, en la que intervienen y hablan sobre varias personas. 

Entre ellas: Christian Zurita, Xavier Jordán, Fernando Villavicencio, Leonardo Cortázar, Nahim Massuh, Rubén Cherres, el albanés, Antonio Icaza, Roberto B., Andersson Boscán, Danilo Carrera, Hernán Luque y otros. Presumiblemente Andersson Boscán habría estado presente en una de estas reuniones.