Julito* —un niño afrodescendiente de siete años— intenta controlar el vómito con el rostro agrietado por la deshidratación. La cabeza aún le duele. Lleva sus manitos al pecho. Ha permanecido en silencio durante horas, pero da unos pequeños pasos y toca la mano de Gabriel*, su padre. “Papi, por favor, dime que mi mami no está muerta, que no es verdad eso, lo del funeral”, le preguntó. Julito sobrevivió al atentado con explosivos que asesinó a cinco personas en la calle ocho, aquel conocido sector del barrio Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, la madrugada del domingo 14 de agosto de 2022. Su madre, Roxana Marilyn Montaño no lo logró. Murió al instante. 

Gabriel, el hombre que enamoró a Roxana Montaño hace 18 años, no sabía cómo explicarle a Julito que la muerte de su madre no tenía respuesta. Habían pasado apenas doce horas desde que un saco de yute, lleno de explosivos, lanzado debajo las gradas de la vivienda de su esposa, fue detonado por dos hombres, que llegaron al barrio armados, en motocicletas, poco después de las dos de la mañana. 

“Tuve que decirle la verdad a mi hijo con el dolor de mi alma. No sé qué hacer, no sé por dónde empezar”, me dice el esposo de Roxana, mientras se alista para el velatorio de Roxana, que ha congregado a los vecinos en la calle ocho. Ha perdido a su esposa, también a su hogar: la casa de dos pisos, asentada entre las calles décima y H, en la que vivía junto a su esposa, quedó en la nada.

Su vivienda —al igual que otras siete casas— ha quedado reducida a escombros y a rezagos de objetos quemados, en un barrio que no duerme y que a diario vive en medio del empobrecimiento, la violencia, el microtráfico, los sicariatos, la extorsión y la violencia de género desde hace décadas. 

Roxana Montaño, Juan Carlos Campuzano, Ana Lucía Narváez, Walter Álava y Vicente Agustín Loor son las cinco víctimas mortales de aquella explosión que el gobierno –a través del ministro del Interior, Patricio Carrillo— intenta justificar como una “guerra contra el Estado”. Pero aquella frase, que surge de la estrategia de la fracasada “guerra contra las drogas” que comenzó Estados Unidos en 1968, no basta para Julito; tampoco para las familias.

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“Nos matan a diario aquí. Todas las semanas hay balaceras y nadie ha hecho nada. La policía solo entra a recoger cadáveres, ¿para qué va a servir ese estado de excepción?”, cuestiona Gabriel.

Carrillo y la Policía han apuntado —al igual que en otros episodios de violencia— a enfrentamientos entre bandas narcodelictivas como génesis de las muertes. Han señalado a un hombre, al que conocen como Cucaracha, como la persona a quien iba dirigido el atentado. Su familia ha cuestionado públicamente aquella hipótesis y exige que las autoridades presenten pruebas. Pero no es la única.

Fuentes reservadas —que han solicitado no ser identificadas por temor a ser violentadas— rebaten la versión oficial. Conectan el atentado a un sicariato documentado el 1 de agosto en el sur de Guayaquil y a la estela de violencia histórica en un barrio que sobrevive sin acceso a la educación, la salud y problemas con servicios básicos como el agua. 

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En Cristo del Consuelo, cada sábado hay fiesta. Es un barrio ruidoso —donde viven más de 16 mil personas— que no descansa. Algunas fiestas son clandestinas. Otras, convocan a niños y adolescentes que disfrutan en matinés. Para una de aquellas celebraciones se preparaba Julito el sábado 13 de agosto. Roxana Montaño, una mujer afro, de mirada intensa, sonrisa pícara y cabello casi siempre recogido, y su papá, lo fueron a dejar. Era la fiesta del hijo del jefe de Gabriel, cercana a la casa de su abuela paterna.

Roxana Montaño y su esposo dejaron a Julito en la fiesta, que duraría hasta las diez y media de la noche. Ambos regresaron a la casa de la madre de Gabriel, comieron y vieron películas hasta que se cumpliera el horario. “Ya lo recogimos y le dije a Roxana que nos quedemos en la casa de mi mami. Ya era muy tarde”, cuenta.

Él admite que, en ocasiones, prefería que su esposa y él se quedaran en la casa de su madre, que está a unas cuadras de la calle ocho. “Es que en esa zona siempre ha habido peleas, y también muertos. No se podía descansar bien. Pero ella me dijo que quería dormir un poquito más en su casa porque a la mañana siguiente tenía que madrugar”, recuerda. 

Llegaron a la casa de Roxana Montaño, donde estaba su madre y su primera hija, Sofía*, a quien Gabriel también crió desde que ella tenía cuatro años. Tenían hambre. “Entonces, yo me fui a comprar comida después de las doce de la noche”, recuerda. Esa fue la última vez que vio a Roxana con vida. 

Llegó al local y se quedó hablando con sus conocidos durante varios minutos. Casi a las dos y media de la mañana, Sofía corrió a buscarlo al local donde Gabriel compraba comida. “Ella vino desesperada a decirme: ‘creo que mi mamá está muerta y el bebe está herido’. Me fui corriendo a la casa. Los vecinos lo habían rescatado. Estaba todo ensangrentado. Pregunté por Roxana y me dijeron que estaba en el hospital. No querían decirme que mi mujer había fallecido por cómo yo estaba, desesperado”, relata el esposo de Roxana Montaño. 

Gabriel llevó a Julito al Hospital General Guayaquil, buscó en otros centros de salud y volvió a Cristo del Consuelo a las cuatro de la mañana. “Le pregunté a la Policía y a los agentes dónde estaba mi mujer. Intentaron tranquilizarme, fueron amables, sí. Y luego me llevaron a ver a Roxana estaba tendida en el suelo, con una sábana blanca. Ahí la reconocí”, lamenta. 

La familia Roxana Montaño sabe que ella fue una de las primeras personas que escuchó la balacera en la calle ocho. Era frente a su casa. “Roxana corre a llamarle a mi suegra, lo coge al bebe y baja al primer piso. Ya se estaba regresando y los hombres dispararon al saco de yute donde explotó todo”, dice. Por la fuerza de la detonación, Julito y Roxana salieron suspendidos por el impacto.

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Pero a Roxana se le incrustó un pedazo de metal en el pecho. No sobrevivió. Tampoco las otras cuatro víctimas. Varios heridos tienen daños irreversibles —algunos perdieron sus extremidades— y dos aún están en condición crítica.

Un escenario desolador. Dos viviendas, incluida la de Roxana, quedaron destruidas. Otras seis casas también fueron afectadas. Video de la Policía Nacional. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

El “crimen organizado” se ha convertido —según el gobierno ecuatoriano— en su enemigo primario, aunque sin medidas efectivas que lo frenen. El ministro Patricio Carrillo ha dicho que el ataque que, según él, fue responsabilidad de “mercenarios del crimen organizado” y que fue orquestado para asesinar a Cucaracha y a otro de sus supuestos aliados, a quien han llamado alias Junior. Ambos, de acuerdo con las “fuentes humanas” de la Policía, formarían parte de la banda delictiva Los Tiguerones. Dicen que hay “evidencias” que priorizan aquella hipótesis, aunque no han explicado cuáles.

Gabriel, sin embargo, dice que la vivienda del hombre, que es conocido por todos en el barrio —es dueño de la discoteca de la calle ocho–, queda a al menos siete casas de la vivienda de Roxana Montaño. Pero asegura no saber más sobre el incidente. 

Carrillo ha dicho que hay otras 15 personas que han preferido el silencio antes de brindar detalles. En Cristo del Consuelo hay temor: sus habitantes no tienen confianza en la institución policial, tampoco en las autoridades. “Aquí nunca aparecen, ni los alcaldes, ni las presidentes. Nadie”, cuestiona Gabriel, que ha vivido en una sociedad administrada localmente por el Partido Social Cristiano. 

Desde el anonimato, dos fuentes reservadas —no relacionadas entre ellas— dicen que aquel silencio se debe a que, en realidad, el atentado estaría conectado a un sicariato documentado el 1 de agosto de este año: el de Juan Pablo Andrade, que ha sido vinculado a la banda delictiva Los Lagartos, una banda que fue fundada por el fallecido William Poveda, alias Cubano, asesinado en 2019. La Fiscalía había informado que, luego de que Andrade falleciera, decidió allanar su casa. Allí encontraron más de ocho millones de dólares y cien mil euros. 

De hecho, aquel sábado 13 de agosto, dice una de las fuentes: “hubo una balacera en la calle veinte horas antes. Querían asesinar a personas que estuvieron vinculadas a ese asesinato. Sin embargo, hirieron a una mujer que no tenía nada que ver”, asegura. 

Dice otra de las fuentes que el grupo de personas armado que llegó al barrio “los estaban buscando [a los involucrados en el sicariato] y uno de ellos estaba escondido cerca de Cucaracha. Pero él no tiene nada que ver. Dieron con él por redes sociales. Fueron y comenzaron a disparar, pero no le dieron. Fue ahí que pusieron el saco, para acabar con todo”, relata. 

Si no se activa un plan de prevención en el barrio, además de los servicios de inteligencia “esto no va a parar. Van a matar más familias. No es que les importe el dinero que tenía el hombre asesinado antes. Ese dinero era solo para mover la mercancía de droga. Hay una mercancía que no encuentran y la están buscando”, asegura la fuente reservada. 

Para las fuentes, ese es uno de los motivos del silencio: el miedo a morir y a ser asesinados crece en aquel barrio donde están asentadas, principalmente, tres bandas delictivas: Los Lobos, Los Lagartos y Los Águilas.

Varios de sus miembros se conocen desde pequeños, son vecinos. Incluso jugaban juntos. Muchos son sobrevivientes de violencia, otros, son emisores de violencia. Al ingresar a aquellas bandas, el tejido social de la zona se quebró. Años antes, aquellas organizaciones solían dedicarse al microtráfico, menudeo de drogas a pequeña escala. Ahora, apuntan el tráfico a gran escala con dinámicas aún más violentas. No solo allí, sino en cientos de barrios —en Portoviejo, por ejemplo, los micro expendedores temen el asentamiento de bandas de delincuencia organizada.

En el país, la lucha contra las drogas se traduce a decomisos. Desde 2010, cuando se incautaron 18 toneladas de droga, hasta el 2021, cuando se batió un récord histórico de 210 toneladas, ha habido un incremento del 1066% de incautaciones, según el registro de la dirección de Antinarcóticos. Y va al alza.

Para el gobierno de Guillermo Lasso, que anunció la incautación de 300 toneladas de droga en un año, es motivo de orgullo, pese a que representa menos del 20% de lo que realmente ingresa a Ecuador. Y aquella «lucha» motivó al gobierno a crear una Secretaría de Seguridad, con Diego Ordóñez al frente, un político que no tiene experiencia en la construcción de políticas de seguridad. Ninguna de las acciones del Ejecutivo apuntan a la atención de grupos prioritarios o políticas sociales. Luego del atentado en Cristo del Consuelo, el gobierno optó, de nuevo, por la que se ha convertido en su única respuesta: un estado de excepción que durará 30 días en la ciudad y otros dos cantones: Durán y Samborondón. Las ciudades conforman la Zona 8, la más vulnerada por la violencia. 

Las muertes aumentan: Ecuador ha superado ya las 2.600 muertes solo hasta agosto del 2022 y la escalada de violencia parece posicionar a este año como uno de los más violentos en la historia del país. La tasa de homicidios comienza a superar los 14 por cada cien mil habitantes. 

Sobre las versiones de lo ocurrido en Cristo del Consuelo, Luis Córdova, docente universitario y coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, hace un análisis: dice que lo que el gobierno llama una “guerra contra el Estado” es, en realidad, parte de un discurso con el que se busca legitimar aún más la militarización y mayor control político de la Policía Nacional.

“Los únicos datos oficiales son los que dan los voceros de la Policía, pero, ¿quién verifica que lo que están planteando es cierto? No hay un mecanismo de verificación porque hasta el ministro del Interior es un general de Policía”, reflexiona.

Atentados como el de Cristo del Consuelo son, además, una evidencia firme de un cambio de patrón y mayor dinamización de la violencia frente a la política de seguridad ineficaz del propio Estado, dice Córdova. Ecuador ha vivido al menos 145 detonaciones de explosivos —incluidos coches bomba— en lo que va del 2022. Más del 40% sucedieron en Guayaquil.

Las muertes se replican, pese a los estados de excepción, y ahora son también visibles los sicariatos contra funcionarios públicos: agentes de seguridad penitenciaria, fiscales, abogados. Mientras el Ecuador sea incapaz de articular una coordinación interna para mitigar al “crimen organizado” —incluida la depuración de funcionarios públicos—, dice Córdova, la violencia solo escalará. 

El investigador Luis Córdova cuestiona el accionar del Ejecutivo, que, al igual que sus antecesores, sigue optando por estados de excepción y políticas alineadas a la fracasada «guerra contra las drogas» estadounidense. 

El mayor problema es que el discurso del gobierno —así como el de autoridades locales— sigue siendo la concepción del crimen organizado como un Estado paralelo, cuestiona. Un ejemplo es el comunicado de la alcaldesa Cynthia Viteri, en el que ha dicho que las “bandas criminales se han convertido en un estado dentro de otro estado”. Dice Córdova que, en realidad, el crimen organizado funciona en una zona gris donde se interrelaciona lo legal, lo lícito, lo estatal y la criminalidad. 

Y los casos son varios, pero uno de los que más destaca en la historia ecuatoriana es la de Telmo Castro, el ex capitán de inteligencia del Ejército, que fue la principal conexión del cárcel de Sinaloa con el país. Uno de sus escoltas, recuerda Córdova, fue un oficial de la Dinased, una unidad táctica de la Policía que investiga homicidios, extorsiones y desapariciones. Decenas de policías y militares en servicio activo han sido detenidos como miembros de bandas narcodelictivas. Y la corrupción llegó también a la función judicial. Todo, mientras los decomisos de drogas en Ecuador llegan a sus récord históricos, aunque fallidos. 

El panorama parece ser poco alentador: Córdova repite, una vez más, que Ecuador necesita, de forma urgente, una real política antidrogas, que asuma aquel problema estructural como un problema de salud pública y social, una política de gobernanza marítima —el punto neural del tráfico de drogas está en los puertos—, programas de regeneración urbana para atender a los barrios, cinturones de miseria, la reactivación del agro y una política de inclusión económica y social. Es decir, que el Estado comience a pensar en su población.

Por ahora, Ecuador es un país que ha decidido celebrar incautaciones y recoger muertos. Mientras escribía este reportaje, más de diez personas fueron asesinadas en Guayaquil durante las primeras horas del primer día de estado de excepción. 

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Cristo del Consuelo es un barrio de piscinas improvisadas —los niños las arman para divertirse y jugar durante el feriado de Carnaval—, con calles angostas donde la salsa retumba en parlantes, mientras el olor a pollo asado, menestra y mariscos se difumina. Me perdí en el hedor delicioso de una buena comida la primera vez que caminé en medio de esas casas con techos de zinc, ventanas, que en realidad son telas tendidas para apaciguar el calor en viviendas donde no hay aire acondicionado. El dinero no alcanza. El agua tampoco. 

Las señoras son amables y extrovertidas pero también cautelosas, imponentes. Así era también Roxana Montaño, una mujer de 37 años que casi siempre —dice Gabriel— tenía algo que decir. “Era una mujer que deseaba vivir”, dice, enorgullecido, aunque con las lágrimas contenidas. Había un lema que ambos repetían desde hace 18 años: “aguantando pena y hambre, pero vamos pa’ lante”. Y así fue. Roxana Montaño no tenía un trabajo formal. Pero tenía varios: hacía peinados, cuidaba casas, también a adultos mayores y cocinaba. Fue así que se conocieron. 

Roxana Montaño

Roxana Montaño tenía 37 años y es madre de dos hijos, abuela de una pequeña de tres años. Su familia la recuerda con una sonrisa, con el abrazo siempre listo para quien lo necesita. Fotografías: cortesía de la familia.

A Gabriel le gustaba ir a comer al salón donde Roxana Montaño cocinaba. Se enamoraron y decidieron quedarse en el barrio. Tampoco había otras opciones. Y aunque es un barrio que acoge también es un espejo del abandono en una ciudad donde prima el contraste. 

Internarse en el barrio es ir descubriendo, de a poco, el hambre: ahí hay personas que viven con menos de dos dólares al día, aunque los kilos de cocaína descansan en caletas improvisadas. Es también ver a los niños bañarse con emoción en el Estero Salado contaminado, para luego enfermar con infecciones gastrointestinales. Es observar en las paredes de las tiendas, donde los vecinos se sientan a tomar una cerveza, los carteles rasgados de los políticos que alguna vez ofrecieron cambio, pero que nunca más volvieron.

Es escuchar los testimonios de los habitantes que han visto de cerca cómo policías —que trabajan en una Unidad de Policía Comunitaria— hacían ‘refile’ [es decir, recoger dinero] a microexpendedores y dueños de establecimientos ilegales. 

Aún así, Roxana Montaño creía en el cambio. Y ese es el legado que le deja aún a su familia. Aunque ahora no hay respuesta que explique su asesinato. Su sobrina Jaz* no solo exige justicia para su tía sino interés real por el Estado. Hace un día dijo que ya no quería estar en el barrio, pero ahora se organiza para ayudar a sus vecinos. “No nos queremos resignar a que nos sigan matando. No queremos resignarnos a que vengan [las autoridades] a tomarse una foto e irse. Estas muertes son también su responsabilidad”. Es, dice, el reflejo de una familia que aún busca consuelo.

*Nombres protegidos

Karol Norona 150x150
Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.