Guadalupe Llori no fue destituida como asambleísta. Su cargo como legisladora estaba en peligro por una denuncia en su contra por presunto cobro de diezmos cuando fue presidenta de la Asamblea. La noche del 23 de noviembre, el pleno de la Asamblea no tuvo los votos suficientes para destituir a Guadalupe Llori.
La denuncia fue presentada el 31 de agosto de 2022 por la asambleísta Johanna Ortiz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES). Según Ortiz, su denuncia incluía las pruebas que demostraban que “Llori solicitó diezmos a sus funcionarios para que renten un vehículo en el que ella se movilizaba”.
La denuncia pasó a ser analizada por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El 17 de noviembre de 2022, el Comité aprobó el informe del proceso que recomendaba la destitución de Llori.
En el documento, el Comité de Ética concluyó que Llori incumplió el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que prohíbe a los asambleístas “percibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones” no debidas por parte de su equipo de trabajo.
El informe que fue aprobado por el Comité, incluía pruebas documentales y testimoniales que demostrarían que al menos dos funcionarios pagaron con su dinero la renta de un carro que “suplía necesidades personales” de Llori.
El pleno de la Asamblea debatió sobre ese informe la tarde y noche del 23 de noviembre de 2022. En su intervención, Guadalupe Llori insistió en que no había pruebas en su contra. Según ella, la denuncia se debía a “la persecución, el odio y la violencia de género” que han marcado su vida.
En el debate, algunos asambleístas —como Salvador Quishpe— defendieron a Llori. Quishpe dijo que se investigaba a Llori por persecución política de parte de la bancada correísta. Dijo que las pruebas no comprobaban el cometimiento de un delito.
En cambio, otros insistieron en que las pruebas eran suficientes para la destitución de Llori. Uno de ellos fue Gustavo Loor, asambleísta del Partido Social Cristiano, quien dijo que Llori debía dejar de ser asambleísta.
Loor dijo que la Asamblea debía dedicarse a legislar sobre los temas más importantes, pero que era “lamentable” que las acciones de los asambleístas les impidan cumplir con su trabajo. Fue una tan extraña como verdadera admisión de un legislador sobre la falta de cumplimiento de la asamblea con sus mandantes.
En su primer año, esta Asamblea Nacional aprobó 14 leyes. De esas, 13 correspondían a proyectos presentados en el anterior periodo legislativo. Entre mayo de 2021 y mayo de 2022 el Legislativo tramitó 15 solicitudes de juicio político a las autoridades del país. También ha llamado a comparecer decenas de veces a ministros y autoridades del Estado.
A las 8:15 de la noche del 23 de noviembre de 2022 Llori no fue destituida como asambleísta. La moción que proponía hacerlo obtuvo 82 votos a favor, pero se necesitaban 92 para que sea aprobada. La moción también incluía principalizar al suplente de Llori y remitir el expediente de la investigación a la Fiscalía.
Después hubo un pedido de reconsideración de la votación, pero el presidente Virgilio Saquicela no le dio paso porque no había sido presentado por la persona que presentó la moción original: Johanna Ortiz. Luego de eso, a las 8:30 de la noche, Saquicela suspendió la sesión.
Otras investigaciones contra Llori
Guadalupe Llori fue destituida de la presidencia de la Asamblea Nacional el 31 de mayo, el pleno del Legislativo. El proceso contra Llori se abrió una denuncia por presunto incumplimiento de funciones presentada por Esteban Torres —coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
Entre las causales de la denuncia presentada por Torres estaba que Llori no convocó a que se reinstalen sesiones del pleno en el plazo que debía hacerlo por ley, suspendió sesiones cuando todavía habrían quedado mociones pendientes e intentó convocar sesiones del pleno de forma irregular.
Después de varios intentos de evitar que se cree una comisión para evaluar su gestión, acciones judiciales y acusaciones de parte y parte; el pleno decidió destituir a Llori como presidenta de la función Legislativa.
Así parecieron concluir meses de enfrentamientos entre los asambleístas y Llori. Sin embargo, Llori tuvo múltiples denuncias de parte de sus compañeros ante la Asamblea y ante las autoridades judiciales del país que quedaron pendientes incluso después de que dejó la presidencia del Legislativo.
Las denuncias incluso llegaron desde sus ex compañeros de partido, Pachakutik. El 12 de mayo de 2022, semanas antes de que sea destituida como presidenta, el asambleísta del ala rebelde de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a Llori por presunto tráfico de influencias.
La más reciente y la que más avanzó fue la denuncia de Johanna Ortiz. Sin embargo, no hubo los votos suficientes para que Llori pierda el cargo de asambleísta el 23 de noviembre.
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