Apertura desordenada
El discurso político en el Ecuador sigue polarizado. De una postura hermética y aislada del mundo, ahora estamos en el otro extremo: el aperturismo desordenado. Es común ver a Pablo Campaña, Ministro de Comercio Exterior, informar en su cuenta de Twitter cómo el Ecuador ha establecido ambiciosas relaciones comerciales en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, entre otros. Pregona la adhesión a nuevas alianzas comerciales, la preparación de legislación que ‘fomente’ la inversión extranjera y la apertura de la política comercial del país. Su entusiasmo ha sido acogido en el legislativo, donde el asambleísta Henry Kronfle ha sido un frecuente defensor del arbitraje internacional como incentivo de la inversión extranjera. En principio, el cambio de paradigma es positivo: era necesario pasar de una economía principalmente impulsada por el Estado a una en la que el sector privado recupere su rol natural. Sin embargo, la forma en que estos procesos se están haciendo, genera inquietudes y posibles riesgos. Sin un sentido de coherencia, los esfuerzos del gobierno ecuatoriano terminarán en controversias de inversiones y ahuyentando a potenciales inversores.
Un ejemplo es la readopción de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI). En el esfuerzo por atraer Inversión Extranjera Directa (IED), aún se cree ingenuamente que suscribir estos tratados (y adoptar la legislación que reafirme la posibilidad de someter a arbitrajes internacionales para dirimir conflictos) constituye incentivo suficiente para aumentar la IED. Como si fuese una fórmula casi mágica: con la creación de una norma jurídica el Ecuador se convertirá en la Suiza de Latinoamérica.
La realidad es que ya varios estudios empíricos han demostrado que tal premisa es falsa. La incidencia de los TBI y la legislación creada para atraer la inversión extranjera es mínima en los niveles de IED que recibe un país. Brasil —que recibe la mayor IED de la región— no contempla al arbitraje internacional como medio de resolución de controversias en materia de inversiones. En el Ecuador, funcionarios ministeriales, asambleístas y entusiastas de la materia olvidan que el arbitraje es solo un medio de resolución de controversias y, con todas sus ventajas y desventajas, en ese propósito se agota.
Hace apenas un año el Ecuador denunció todos sus TBI —es decir, inició formalmente su proceso de desvinculación de dichos tratados. Ahora va a suscribir nuevos—con la misma premisa equivocada con la que los suscribió en la década de los noventa: que su suscripción sirve para incrementar la inversión extranjera directa. Para ello, ha preparado un modelo de TBI —aún no público, cabe decir— con el que pretende sentarse a negociar. En este modelo el Ecuador plantearía, según reportes, limitar ciertos estándares de protección para los inversores extranjeros y especificar ciertas reglas para la conducción de los procesos arbitrales como la posibilidad de contrademandar al inversor por violaciones de derechos humanos o normas ambientales.
Este intento, aunque loable, en el escenario internacional carecería de cualquier impacto práctico: normalmente, los que establecen la agenda son los países exportadores de capital. En mayo de 2018, por ejemplo, el Reino de los Países Bajos puso a disposición de la opinión publica su nuevo modelo de TBI. En el escenario de una posible negociación cuál modelo prevalecerá, ¿el holandés o ecuatoriano?
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El asunto es complejo y la estrategia del gobierno para atraer inversión es insuficiente. En el anterior gobierno se iniciaron varios proyectos mineros que favorecerían a la generación de empleo y al incremento de IED, pero en el nuevo contexto político-social que vive el Ecuador— especialmente luego de la consulta popular de febrero de 2018— las cortes de justicia están menos presionadas por el Ejecutivo. Esto ha generado resultados como la suspensión del proyecto minero “Río Blanco”, en la provincia del Azuay, fue suspendido porque se violó el derecho a la consulta previa. El proyecto tenía un inversionista chino, Ecuagoldming.
Sin entrar en la valoración del fallo, ni en el balance de los sensibles derechos en conflicto, dicho proyecto minero podría ser una inversión extranjera. Como tal, podría estar protegida no solo por el Derecho ecuatoriano, sino también, por el Derecho internacional de las inversiones. Y es precisamente frente a este último en que seguramente el Ecuador tendrá que defenderse en un proceso de arbitraje internacional por este y otros casos similares.
El discurso de atracción de IED que plantea el Gobierno debe ser reconciliado con sus propias acciones —por ejemplo, otorgando concesiones mineras siguiendo el trámite adecuado sin ‘olvidarse’ de la consulta previa.
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No es suficiente que desordenadamente se suscriban TBI, contratos de inversión, acuerdos de libre comercio, alianzas comerciales y demás promesas de prosperidad. Se necesitan cambios fundamentales en la totalidad del funcionamiento del Estado.
Es preciso que el Ejecutivo funcione eficientemente, que sus funcionarios sepan lo que están firmando —y con ello a lo que comprometen a todo el Estado—, que sus jueces emitan decisiones independientes y de calidad que no se alteren con el cambio de régimen político, que la Asamblea apruebe leyes evitando dicotomías normativas, conociendo la materia. Es necesario, también, que no se apliquen paradigmas falaces como fundamento legislativo. No podemos pretender, como Estado, no hacernos responsables de primero otorgar una concesión minera que genera expectativas a un inversor para luego decirle que lamentablemente el proyecto no puede continuar por un fallo judicial.
El actual Procurador General del Estado reconoció en una entrevista en Teleamazonas que las controversias legales en contra del Estado (a nivel local e internacional) no se pierden ante los tribunales: en realidad, se pierden al negociar, suscribir y administrar ineficientemente los contratos que se celebran. A ello hay que agregar que los problemas del Ecuador se crean cuando, en un afán de apertura desordenada, se adquieren obligaciones de las cuales se desconoce su alcance, su contenido y sus posibles consecuencias.
Todos los involucrados en un proceso de inversión deben tener la certeza y la seguridad de la normativa vigente, de que se aplica adecuadamente y, que en el caso de controversias, la autoridad competente las atenderá de una forma técnica y predecible. No solo se beneficiará el inversor, sino a todos los ecuatorianos.
Claves para entender el No del Senado argentino al aborto legal y seguro
El debate se instaló la mañana del 8 de agosto y duró 12 horas. La sesión fue presidida por Gabriela Michetti, vicepresidenta argentina, que es —según la Constitución del país— presidente del Senado y vínculo entre Legislativo y Ejecutivo. Al final de la sesión, Michetti olvidó apagar su micrófono y le dijo a un colaborador que la abrazaba “vamos todavía”. Votaron 31 senadores a favor de la sanción de la Ley, y 38 lo hicieron en contra.
Uno de los senadores que votó a favor, el progresista Pino Solanas, dijo que no veía el resultado como una derrota. “Esto es un triunfo monumental porque hemos logrado colocarlo en el debate nacional. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley, contra viento y marea”.
Mauricio Macri, presidente argentino, tampoco dio el tema por concluido. “Espero que entendamos que este es un debate que comienza y que van a continuar.”, dijo tras la votación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora, votó a favor. Durante su mandato, cuando tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso, se opuso a tratar el tema. Ahora, dice, ha cambiado de opinión: “No fue por mi hija que cambié de opinión. Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Esta ley no va a salir esta noche, no saldrá este año, pero saldrá el que viene o el otro”.
Con este resultado, el proyecto de ley podrá volver a ser tratado solo un año después.
La mala idea de eliminar el Servicio de Protección Pública
Borra y va de nuevo. En su comparencia del 4 de julio del 2018 ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pidió la eliminación del Libro III del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana porque crea un Servicio de Protección Pública (SPP) que quitaría misiones a las Fuerzas Armadas del Ecuador, militarizaría la seguridad ciudadana y crearía un mecanismo de control social. Asambleístas como Fabricio Villamar acogieron el pedido de Jarrín y han mocionado la eliminación del libro. Pero están equivocados: en realidad, el SPP es un paso adelante para desmilitarizar la seguridad ciudadana del Ecuador, fortalece la defensa nacional de nuestro país, mejorará la calidad de gasto público en asuntos militares y de seguridad.
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Para entender por qué el SPP genera más beneficios que perjuicios para la defensa y seguridad del Ecuador, es necesario comprender la delicada situación del presupuesto de defensa del país.
Contrario a lo que la ciudadanía supone, el presupuesto de defensa no se destina únicamente para defensa territorial. Año tras año, se destina para dos grandes grupos de misiones: misiones militares y misiones no militares.
Entre las primeras están la defensa de la soberanía e integridad territorial del Ecuador. Entre las segundas, están misiones de seguridad ciudadana y humana. Las de seguridad ciudadana agrupan misiones que, por lo general, tienen que ver con el mantenimiento de orden público y seguridad interna —las de seguridad humana, con programas de desarrollo social. Todas tienen que ver con el empleo de las Fuerzas Armadas en lo que se conoce como la política de seguridad integral, que no es otra cosa que destinarlas a propósitos no militares.
El presupuesto de defensa en realidad se tiene que distribuir para 25 distintas misiones de las cuales solo tres son de naturaleza militar. Por ejemplo, la Fuerza Terrestre del Ecuador en el 2017 recibió 756 millones de dólares que, divididos para 25, resultaron en casi 30 millones por misión. Es probable que no todas las misiones sean financiadas por igual, pero lo preocupante es que esto confirma que esos 756 millones no se destinaron únicamente a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas de defender la soberanía territorial del Ecuador. Esta atomización del presupuesto de defensa incrementa los riesgos militares a los que está expuesto Ecuador.
Debido a la exposición de nuestros principales centros urbanos a potenciales líneas de frente en caso de un guerra futura con nuestros vecinos regionales, las Fuerzas Armadas tendrían que defender los límites políticos internacionales con serias desventajas.
Las principales conciernen a la superioridad numérica y tecnológica de nuestros vecinos en materia militar, así como la complejidad de las tácticas y operaciones de combate que se requerirán en estos escenarios. Colombia y Perú tienen ejércitos 9 y casi 2 veces más grandes que la Fuerza Terrestre del Ecuador (FTE). Estos ejércitos están equipados con mayor cantidad de armamento y aviación moderna lo que abrumaría a las tropas ecuatorianas. Para compensar esta desventaja, se necesitarían operaciones de combate rápidas y descentralizadas que cambien espacio por tiempo para acumular reservas militares y lanzar un contraataque contra los adversarios.
Estas operaciones, debido a la superioridad de los mismos, tendrían que fundamentarse en tácticas que combinen distintas armas de combate en una forma sinérgica, letal, y descentralizada. Pero para ser capaces de lanzar exitosamente esas operaciones, se necesitan unas Fuerzas Armadas que prioricen el dominio de estas tácticas de combate como su principal misión organizacional. Lastimosamente, las nuestras están abrumadas de misiones no militares que impiden destinar los recursos presupuestarios, humanos, y de tiempo necesarios para priorizar esas tácticas. La creación de un SPP quitaría de los hombros militares la pesada carga que representan las misiones no militares.
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El primer beneficio de crear un SPP es liberar recursos militares para reforzar misiones más urgentes. Sin el SPP, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas actualmente se destinan alrededor de 1026 efectivos militares para las misiones de seguridad presidencial y seguridad de autoridades. 1026 efectivos equivalen a dos batallones de infantería los cuales, en Ecuador, son la principal unidad con la que se realizan maniobras de combate en operaciones militares. Este millar destinado a cuidar funcionarios podrían convertirse en dos batallones para las operaciones militares en la frontera norte.
Estos dos batallones de infantería serían un refuerzo de cerca del 8% de las tropas acantonadas en la frontera norte, si tomamos en cuenta que el Ecuador tiene desplegados más de 12 mil 300 efectivos en esa región. Solo en Esmeraldas, 1026 efectivos serían un significativo refuerzo porque nuestras principales unidades allí son tres batallones de infantería de marina de la Fuerza Naval y unidades de dos batallones de la Fuerza Terrestre. Solo tomando en cuenta los batallones de infantería de marina —unidades de la Fuerza Naval empleadas generalmente para operaciones de desembarco en costas o islas enemigas— 1026 efectivos serían un refuerzo de casi el 60% de las unidades actualmente en territorio esmeraldeño.
Crear un SPP facilitaría una mejor especialización de las Fuerzas Armadas. Esto no se puede si misiones no militares superan cinco veces las militares. Este desgaste afecta seriamente los ciclos de generación de fuerza. Estos ciclos son el programa anual de entrenamiento que cada fuerza debe ejecutar para tener unidades debidamente preparadas para sus operaciones militares. Actualmente son interrumpidos, o sus resultados depreciados, por asignaciones y reasignaciones de personal militar a misiones totalmente ajenas para el que fue entrenado.
Lo peor de todo es que muchas asignaciones requieren entrenamiento complementario o sustancial que sale, también, del presupuesto militar.
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La militarización de la seguridad ciudadana es un problema que antecede al SPP. De hecho, la seguridad ciudadana del Ecuador está profundamente militarizada. Por el empleo de militares en control de armas, apoyo al Sistema de Seguridad ECU-911, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, al Servicio de Rentas Internas, a la Agencia de Regulación y Control Minero, a la Policía Nacional en orden Público y narcotráfico. Dan, además, seguridad hidrocarburífera, hacen control de tráfico de tierras y de la soberanía energética.
¿Cuántas operaciones totalizan estas misiones de seguridad ciudadana frente a las misiones militares? Fueron más de 38 mil en el 2017: casi cinco veces más que las operaciones militares, que apenas superaron las 8 mil. Un SPP puede, más bien, servir como fuente de experiencia y conocimiento para crear entidades civiles armadas, o fortalecer a la Policía Nacional.
Otro beneficio es que el SPP mejoraría la calidad de gasto y de servicios de seguridad que tiene el Ecuador.
El Ecuador destina, anualmente, aproximadamente 41 millones de dólares para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad presidencial y de autoridades.
Este costo implica rubros adicionales que no son reportados al público por el Ministerio de Defensa Nacional: entrenamiento y reentrenamiento, duplicidad de gasto porque cada Fuerza que asume la conducción del servicio de seguridad presidencial (su dirección se rota entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas) rediseña protocolos operativos lo que añade valores por estudios y distintas planificaciones organizacionales que borran con una mano lo que se creó con la otra. Está también el costo de oportunidad de destinar a estos militares a una misión ajena a su preparación, y gastos administrativos y de seguridad social militar (que es más cara para el Estado que la civil).
Un SPP puede evitar todos estos excesos. Además, como el Código de Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana establece que el SPP es una entidad con plan de carrera profesional, es posible que tenga mayor estabilidad de planificación.
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A pesar de estos beneficios, es claro que hay factores políticos que inciden en la apertura de la legislatura actual en dar paso a la creación del SPP. Principalmente, existe la preocupación que el SPP continúe el triste legado de violentar derechos políticos que han tenido servicios similares en dictaduras latinoamericanas.
Pero es posible evitar esto tomando ciertas precauciones. Es necesario que el SPP sólo proteja a autoridades electas o designadas del Ecuador y no a cualquier tipo de persona que se considere necesario. Además, no es posible en este momento darle jurisdicción sobre la protección de instalaciones de las funciones del Estado porque podría servir como un mecanismo para que el Ejecutivo se entrometa en la actividad de otras funciones del Estado o de personas particulares.
Pero, en realidad, esto siempre es una posibilidad con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas:, ambas están obligadas por ley a obedecer las órdenes del Presidente sin ningún tipo de contrapesos. Pero con los recientes escándalos de la Secretaría de Inteligencia (Senain) simplemente no hay legitimidad social para que el SPP se haga cargo de otra cosa que no sea la protección puntual de autoridades electas o designadas.
Otra manera de abatir las preocupaciones sobre la eventual perversión del SPP es introducir el concepto de pesos y contrapesos en la designación de sus autoridades. En Estados Unidos, este concepto se reduce a que por cada atribución que tiene una función del Estado otra debe tener un contrapeso que controle el ejercicio de esa atribución. Por ejemplo, cada Secretario de Defensa es nominado por el Presidente pero confirmado mediante votación por un Comité del Senado. El ejecutivo propone a un potencial secretario de estado, el legislativo lo evalúa y designa para ese cargo. Lo mismo sucede con oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en ese país.
En Ecuador la Asamblea podría designar directamente a las autoridades del SPP de entre sus tres autoridades de mayor jerarquía mediante una votación de mayoría simple. De igual manera, la remoción de las autoridades tendría que ser votada con la misma mayoría. Esto permitiría que el ejecutivo realice la conducción del servicio, pero le daría a su director o directora la capacidad de oponerse a acciones que vayan contra el mandato legal del servicio.
Uno de los principales elementos que le han permitido a gobiernos autoritarios y dictatoriales pervertir servicios de seguridad civiles ha sido sus capacidades de recolección de inteligencia mediante operaciones secretas. Para evitarlo, se podría introducir restricciones operativas dentro de la ley.
Se le podría prohibir al SPP recolectar inteligencia de cualquier manera. La Policía Nacional podría tener la responsabilidad de suministrar al SPP inteligencia constante respecto a amenazas contra objetos de su jurisdicción. También se podría introducir la cualidad de uniformado en la naturaleza del SPP para evitar que su personal pueda hacer operaciones encubiertas o secretas ajenas a su misión de protección de autoridades. Se podría delimitar la contribución militar específicamente a apoyo aéreo táctico para la transportación de personal del SPP. Con reglas claras, el SPP podría ser una herramienta de eficiencia en uso de recursos, desmilitarización de la seguridad ciudadana e, incluso, recorte de gastos.
Pañuelazo Quito
El 8 de agosto, al menos 300 mujeres se reunieron afuera de la embajada argentina en el centro norte de Quito a las cuatro de la tarde. Tenían pañuelos verdes —con las palabras “aborto libre” escritas en blanco— amarrados al cuello o en las muñecas. Ese día, desde las nueve de la mañana, el Senado argentino debatía el proyecto de ley que permitiría la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y plazos superiores si es que hay riesgo para la madre, el feto, o el embarazo es causa de una violación. Las mujeres argentinas a favor de la despenalización del aborto se manifestaron afuera del Senado, en Buenos Aires, pidiendo que sea ley. Y, para apoyarlas, se convocó a un ‘pañuelazo’ internacional, una vigilia donde mujeres de todo el mundo se manifestaron afuera de la embajada de Argentina de sus países.
En Quito, los gritos y cantos de las mujeres se sintieron como una sola voz. Con frases como ‘hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal’ y ‘aborto legal en el hospital’ mujeres de todas las edades —desde niñas de 8 años hasta señoras de setenta y tantos— saltaban, bailaban y alzaban sus puños al aire. Con una larga tela verde que decía ‘aborto libre’ cerraron la Avenida Amazonas, colocando la tela como pared frente a los taxis, buses, motocicletas y autos que pasaban por ahí. Una media hora después llegó la Policía a intentar intimidarlas con el ruido del motor de las motocicletas, pero las mujeres no se retiraron. Unas se sentaron en la calle, otras seguían saltando, todas bajo un solo lema: que sea ley.
Aunque horas más tarde del pañuelazo el Senado no aprobó el proyecto de ley, ese día se sintió una victoria en las calles de Argentina, Ecuador, Bolivia, México, y otros países del mundo.
La historia está escrita, lo demás es solo cuestión de tiempo
Lo primero que noté cuando llegué al punto de encuentro con mis amigas, frente al Congreso de la Argentina, en cuyo Senado se votaría la legalización del aborto, fue que había olvidado mi paraguas. Eran las 2 de la tarde, y la pesadez, el olor a lluvia y algunas ráfagas de vientos, me parecían premonitorias: el 8 de agosto (el 8A) la tormenta venía de frente, y era cuestión de horas que nos impactara.
Sabíamos que iba a llover, sabíamos que iba a ser duro —igual nadie trajo su paraguas. Porque la tormenta, por atroz, por desilusionante, por descorazonadora violenta cruel indiferente asesina asesina asesina mil veces asesina siempre termina. Y esta va a pasar.
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Las 24 horas previas al 8A estuvieron cargadas con la tensión de la espera de un huracán categoría 5. Circulaban en las redes protocolos de cuidado para la marcha, se compartía el teléfono de las abogadas feministas que saldrían al rescate, se descargaba una app para comunicarse cuando la señal 4G se cayera, se gritaban las denuncias de periodistas acreditadas que serían (y fueron) prohibidas de entrar al recinto senatorial, se narraban intimidantes descripciones del operativo de la Policía y crecieron las dudas de si se adelantaría la sesión para evitar grandes concentraciones en las afueras del Congreso.
A diferencia del 13 de junio, cuando salimos a las calles a acompañar la votación de la Cámara de Diputados, este 8A nos tenía menos eufóricas. El símbolo más visible de nuestros ánimos era que, esta vez, no nos pusimos nada de glitter verde en las caras. Una tradición creada por las chicas más jóvenes y que hoy es un símbolo de festejo y rebeldía para todas.
Las más jóvenes y adolescentes se apropiaron de las marchas, hicieron carteles creativos, dieron entrevistas en las radios e inundaron las redes sociales. Ellas son el pulso de estos encuentros. Mientras las escuchábamos cantar “Macri gato, Macri gato, legalizá el aborto” con la melodía de Matador, de Los Fabulosos Cadillacs, una amiga dijo: “Nosotras a su edad estábamos en otra, preocupándonos por quién era la más puta”. A su edad, Liliana Herrera, fallecida hace 4 días por complicaciones tras un aborto clandestino, había parido a su primer hijo. A su edad, nosotros no lo entendíamos. Pero el tiempo pasa, y una va aprendiendo. Los que no aprendieron ganan más de 5 mil dólares al mes y están sentados en sus poltronas senatoriales, Incitatus indolentes.
Cada minuto y medio hay un aborto clandestino en la Argentina. Fotografía de Mij Iastrebner
Nos quedamos un largo rato conversando cuánta vergüenza nos daba cantar y bailar en la calle mientras hacíamos un esfuerzo descomunal por seguir los discursos del Senado en Youtube. Cada tanto nos acordábamos que era importante que fuera una celebración y nos íbamos dando ánimos entre nosotras.
“Menos mal que vinimos de Santiago del Estero, porque la mayoría va a votar en contra de lo que queremos las mujeres. Bueno, en realidad, todos votarán en contra”, me dijo una vecina de mesa en el bar en el que nos refugiamos por unas horas. “¿Escuchaste a la senadora que dijo que no leyó la ley porque no tuvo tiempo?”, preguntó alguien. “No voy a tener hijos, salvo que tenga la vida resuelta”, dijo otra afuera mientras cebaba un mate. “Nos quedó el misoprostol”, se resignó una chica cerca de la puerta.
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Siempre se habla de cosas profundas en las marchas feministas. En los últimos tres años, fui parte o escuché conversaciones transformadoras: historias de aborto, métodos anticonceptivos, acoso, violencia obstétrica, brecha salarial, el costo de los productos para la menstruación, la legalización de la prostitución, la depilación, el lenguaje inclusivo, eran algunos de los temas que llevamos de la calle a los asados, a las oficinas, a las redes sociales.
El 8A el tema central y común fue la falta de representatividad en el Senado. Amontonadas en las calles o en el bar, hacíamos un esfuerzo consciente para concentrarnos en todo el terreno ganado y no en las barbaridades que estaban diciendo los legisladores. Más tarde, cuando volviera a tener Internet, me enteraría que una de las búsquedas más populares de Google había sido “Cuánto gana un senador en Argentina”.
El ejercicio de la empatía para nosotras es simple y amerita estar ahí, empapadas y muertas de frío. Todas tenemos o tuvimos acceso a abortos clandestinos sin exponer nuestra salud, pero nos duelen las mujeres que no tienen esas garantías. Así de sencillo, sin vueltas, nos duelen.
Sin importar la generación, la clase social o la religión, la condena del goce nos pesa a todas aquellas que empezamos a deconstruirnos frente al patriarcado. La despenalización del aborto es el símbolo de la independencia de nuestros cuerpos de un Estado que los maltrata, los juzga y los abandona. El senador por la Ciudad de Buenos Aires Fernando ‘Pino’ Solanas dijo en su discurso: “Esta oleada verde de chicas expresa una marcha que lleva años en el reconocimiento de sus derechos, no sólo el derecho a la vida de las mujeres sino también el derecho a decidir sobre su cuerpo ¿Por qué tenemos miedo a decir que se trata del derecho a gozar de la vida y de su cuerpo?”.
Las mujeres no se movían de las calles a pesar de la lluvia y el frío. La votación del Senado duró más de 12 horas.
Del lado de los antiderechos, la plaza estaba casi vacía. Pero el volúmen de su rock cristiano estaba al máximo, casi no podíamos escucharnos entre nosotros. Este desequilibrio de convocatorias tiene razones claras: los antiderechos luchan por prohibir y nosotras por progresar, cuidarnos, garantizar derechos. Pero su rock cristiano también tiene un fundamento: la religión grita más fuerte y eso aún pesa en la legislación.
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A las 3.40 am se negó oficialmente la promulgación de la ley. En la transmisión del senado argentino, se escuchó festejar a Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación que preside el Senado por ley: “Vamos todavía, vamos”. Hace un mes, Michetti dijo abiertamente que no estaba a favor del aborto: “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”. Me pregunto si su celebración tomaba en cuenta que en la Argentina hay un aborto clandestino cada minuto y medio. Que seguirán sucediendo, a pesar de lo que votó el Senado, a pesar de que por otro año más pongan en un congelador de cadáveres el proyecto que habría impedido tanta muerte. ¿Vamos, todavía?
Tratamos de consolarnos entre amigas, pero la sensación es como si un piano nos hubiera caído en la cabeza. Sabíamos que el recuento de votos en el Senado no favorecía a la ley, sabíamos que había intenciones de generar disturbios. Igual vinimos, sin paraguas, contra viento y marea, a celebrar todo el territorio ganado, porque a pesar de todo, la Historia queda escrita en las calles. El resto será cuestión de tiempo, un tiempo precioso, que podríamos habernos ahorrado y que se cuenta en vidas. Los 38 de la infamia que votaron en contra quizá no lo aprendan nunca, pero la tormenta va a pasar y este movimiento aprendió a no volverlos a votar, la tormenta va a pasar.
Las Casas que acogen a las mujeres en riesgo piden agilidad al Estado
Muy cerca de la frontera con Colombia en la provincia de Sucumbíos, queda una casa muy especial, con nombre y propósito: Casa Amiga. La casa es, en realidad, un conjunto de pequeños condominios de tejas color ladrillo rodeados de árboles. Existe para acoger a mujeres víctimas de violencia que acuden a esta y las otras casas de acogida del Ecuador. Desde hace algún tiempo, la Casa Amiga tiene un problema: los fondos para mantenerla son insuficientes, la fuente de dinero es inestable y los retrasos en los pagos por parte del Estado ponen en riesgo su funcionamiento.
En la caótica Lago Agrio —fronteriza, petrolera, compleja— es un espacio casi inimaginable. En una edificación hay oficinas amplias para el equipo de asesoría legal y psicológico, en otra hay cinco dormitorios para 30 personas, y en otro hay un espacio grande para talleres o terapias grupales con las mujeres víctimas de violencia que viven ahí. En la parte de atrás de uno de los condominios están el comedor, frente al cual hay una guardería y un parque infantil con columpios y subibajas rojos de madera donde los hijos de las mujeres juegan. Es un espacio seguro, armonioso y que funciona porque hay muchas mujeres detrás, trabajando.
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Las mujeres que escapan de la violencia llegan a estas casas de acogida buscando un refugio. No tienen a dónde más ir. Muchas veces llegan con los moretones que les dejan sus agresores, con la salud quebrada por los peligros de la huida, y todo el patrimonio con el que entran no es más que lo que llevan puesto.
En la casa reciben ropa nueva, un kit de limpieza, son llevadas al médico para ser evaluadas, apoyo psicológico y asesoría legal. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario para encontrar estabilidad financiera, emocional, legal. “Para que puedan tomar control de su vida y no regresar con sus agresores”, dice la coordinadora de la Casa Amiga, Amparo Peñaherrera.
Su casa siempre está llena. Explica que, a pesar de tener capacidad para 30, en algunos meses llegaron a recibir a 42 personas entre mujeres con sus hijos. Todos tienen camas para dormir, comen tres veces al día (más refrigerios), y son acompañadas por dos mujeres que están ahí tiempo completo para apoyarlas en lo que necesiten.
Al lado del parque infantil, hay una guardería con corrales y repisas de juguetes, y coches para niños. Ahí, dos educadoras se encargan de cuidar a los bebés de las mujeres, adolescentes y niñas, mientras ellas van a trabajar o al colegio para terminar sus estudios.
Si es que los hijos de las mujeres acogidas están en edad de ir a la escuela, las educadoras también los ayudan a hacer sus tareas, a conseguir dinero para comprar los útiles escolares y a veces para pagar cuotas que les pidan en las escuelas. En otra área, está el taller de costura ‘Costureras Insurgentes’, un emprendimiento de la Casa Amiga en el que las mujeres aprenden a coser con ropa reciclada y después la venden para conseguir un ingreso.
La Casa tiene un equipo legal que —además de apoyar con asesoría legal a las mujeres— patrocinan muchos casos de violencia contra mujeres en Sucumbíos. Hasta comienzos de julio de 2018 defendían 372 procesos en toda la provincia. Servicios muy parecidos son ofrecidos en las diferentes casas de la Red Nacional de Casas de Acogida del país como son la Casa Hogar de Nazareth en Guayaquil, Casa María Amor en Cuenca, y Casa Paula en el Coca. Cada una nació de diferentes esfuerzos de organizaciones de mujeres y algunas veces con apoyo de grupos religiosos. Pero mantener en pie cada uno de estos centros es un reto, un trabajo a tiempo completo que es realizado de distintas formas.
La Casa Amiga en Lago Agrio, Sucumbíos, acoge a decenas de mujeres, adolescentes y niñas.
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Las casas de acogida tienen distintas formas de financiamiento. Como la Casa Amiga, hay otras 6 en todo el Ecuador: en Quito, Guayaquil, El Coca, Cuenca, Napo y Tulcán. De las siete, cinco reciben fondos del Estado y cuatro son parte de la Red Nacional de Casas de Acogida. Las que reciben fondos del Estado y están en la red son las que están en Lago Agrio, Cuenca, El Coca, y Guayaquil. Estas son las que le piden al gobierno que se faciliten los procesos para la firma de convenios y que se agilite la transferencia de dinero asignado.
Amparo Peñaherrera dice que su casa recibe fondos de distintas instituciones y organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que les dan tickets para comprar comida. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) las apoya pagando directamente el salario a una abogada que lleva las causas por violencia física, psicológica, sexual, demanda de alimentos, reclamo de paternidad o violencia económica. Pero estos no son ingresos permanentes, y cada año tienen que volver a aplicar a nuevos fondos y convocatorias.
“No podemos depender siempre de organizaciones de cooperación porque ellas entienden que las aportaciones económicas tienen que tener un tiempo limitado porque el Estado debe responsabilizarse y costear estos gastos” dice Rocío Anton coordinadora de proyectos de Casa Amiga y de la Federación de Mujeres de Sucumbíos. No es que las casas de acogida no reciban fondos del Estado, solo que estos no son suficientes para cubrir todos los gastos y el dinero que sí les dan se demora en llegar demasiado.
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El Ecuador tiene como política de Estado la erradicación de la violencia de género. Así lo declaró en 2007, mediante un decreto ejecutivo, el ex presidente Rafael Correa. Para lograrlo, se creó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia. Y dentro de ese plan el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) elaboró el proyecto de ‘Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotación sexual en el Ecuador’. Y, como parte de ese fortalecimiento, el Estado creó una alianza con una red de 17 centros de atención externa para víctimas de violencia y 5 casas de acogida en Ecuador para firmar convenios de cooperación.
Desde entonces, la rueda de la vida gira así para las casas de acogida: cada año el Estado hace una convocatoria pública nacional para designar fondos concursables para la atención integral a víctimas de violencia de género. Una vez que la organización aplica y califica para recibir los fondos, se firman los convenios de cooperación anuales y se transfiere el dinero.
Cuatro de las cinco casas que reciben estos fondos forman parte de la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador creada en el 2008. Éstas son Casa Hogar de Nazareth en Guayaquil, Casa María Amor en Cuenca, Casa Paula en el Coca y Casa Amiga de Lago Agrio (la que no forma parte de la red pero recibe fondos del Estado es Casa Matilde en Quito). Geraldine Guerra, coordinadora de la Red, explica que los recursos que reciben del Estado corresponden a menos del 40% del presupuesto anual del funcionamiento de cada casa.
Estos valores son utilizados para cubrir el sueldo del equipo mínimo de atención —una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, dos facilitadoras y una administradora—, un porcentaje de la alimentación de las mujeres, una parte de lo que se gasta en movilización tanto del equipo de la casa como de las mujeres, y para capacitación. Pero no es suficiente.
Según los gastos reales de las casas de acogida en el 2017, en promedio, lo que cada casa gasta es $442 mil dólares anual. Sirven para pagar servicios básicos, remuneraciones, alimento, ropa, atención médica, movilización, limpieza, equipos, el valor y el mantenimiento de las infraestructuras, entre otros gastos más. “Sí. Mantener una casa de acogida es caro, pero la pregunta que siempre le hacemos al Ministerio es cuánto cuesta recuperar una vida”, dice Guerra. “Cómo le pones precio a recuperar un proyecto de vida que ha sido afectado por la violencia”. Para cubrir el porcentaje restante de los gastos, cada coordinadora se las arregla: busca aportes de cooperaciones internacionales, hace eventos de caridad, pide préstamos, pone su propio dinero. Conseguir los ingresos regulares del Estado tampoco es fácil.
Desde que comenzó la firma de los convenios, el Estado ha cambiado tres veces la institución que está a cargo de estos fondos. Desde el 2008 hasta finales del 2012, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) estaba a cargo y cada organización firmaba con la coordinación zonal del MIES que le correspondía. Esto hacía que la fecha de firma de convenios y la transferencia de fondos sean rápidas.
Pero para el 2013 se transfirió esta competencia al Ministerio del Interior porque allí estaba la Dirección de género. Guerra dice que, además, le dijeron que pasaba a este Ministerio porque era un tema de seguridad. “Pero nosotras peleábamos que no era un tema de seguridad sino de protección, de salvaguardar la vida de las mujeres”.
Estuvieron con esta institución solo un año y en el 2014 la firma de convenios pasó a ser competencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el que siguen trabajando hasta hoy. Pero Guerra cree que todos estos cambios fueron un error porque el ministerio que mejor entiende y que ha trabajado con organizaciones civiles es el MIES. Amparo Peñaherrera está de acuerdo y dice, además, que desde que se pasó al Ministerio de Justicia el servicio se centralizó en Quito y esto trae demoras en el proceso.
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Desde que el MIES dejó de estar a cargo de estos convenios, las firmas y la transferencia de fondos se han retrasado y han puesto a los centros de acogida en aprietos. La coordinadora de Casa Amiga, Amparo Peñaherrera, cuenta que no recibir el dinero a tiempo significa no pagar sueldos, que el personal de la Casa se canse y se vaya, endeudarse con los proveedores de alimentos, no dar una dieta completa y balanceada a las mujeres que acogen. Y aunque dice que el presupuesto que recibe del ministerio es bajo y no alcanza para cumplir con todos los gastos de la casa —que en el 2017 fueron 442 mil dólares—, sin este dinero simplemente no podrían funcionar.
Casa Paula en el Coca, por ejemplo, tuvo que cerrar sus puertas a comienzos del 2017 por falta y retraso en la entrega de recursos. “Eso fue bien duro para nosotras porque en el mes de diciembre de 2016 tuvimos que referir a las mujeres a Lago Agrio pero no todas se fueron, algunas regresaron con su agresor”, dice Inés Ramírez la coordinadora de la casa. Ya una vez que se firmó el convenio con el Ministerio de Justicia en marzo de 2017 y recibieron los fondos en abril, pudieron reabrir y seguir atendiendo a las mujeres de Orellana. Pero estos retrasos se han convertido en algo habitual.
2018 es el año en que más ha esperado la Red de Casas de Acogida por el financiamiento del Estado. Casa Paula y Casa Amiga, por ejemplo, firmaron los convenios el 26 y 16 de abril respectivamente, pero recién a mediados de junio recibieron la transferencia del Ministerio de Justicia. Llegó solo una parte del presupuesto asignado.
Mientras tanto, las casas siguen abiertas sin recibir fondos del Estado y con una acumulación de deudas. “Si no fuera por la alimentación que nos da el Plan Mundial de Alimentos no hubiéramos podido abrir este año”, dice Amparo Peñaherrera. Además, desde el 2017, las casas de acogida no reciben financiamiento por todo el año completo sino desde la fecha de firma del convenio. Es decir, en 2017 solo recibieron fondos desde marzo hasta diciembre y en el 2018 sólo desde mediados de abril en adelante.
No recibir dinero por cuatro, dos o un mes pone en aprietos a cada organización. Por eso, según Geraldine Guerra, siempre se ha visto un mecanismo para cubrir los meses previos a la firma del convenio ya sea por pago retroactivo, ponerlo como rubro de alimentación o capacitación. Pero este año todavía no se ha llegado a una solución con el Ministerio.
Para Guerra, estos inconvenientes ocurren porque el Ministerio no ha podido desarrollar mecanismos administrativos eficientes para la firma de los convenios. “Ponen miles de trabas como si fueras un contratista cualquiera, cuando lo que estás haciendo es una alianza para atender a mujeres víctimas de violencia”. Pero la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo en una entrevista con María Sol Borja, de GK, que no son trabas sino que esto es más un tema de prolijidad en la entrega de los documentos requeridos.
Según Alvarado, la petición de justificaciones a las coordinadoras es lo que ha causado que los pagos y la firma de convenios se retrasen. “Hemos sido más estrictos, yo diría un poco más severos en exigirles toda la lista de beneficiarios, todas las facturas para poder proceder con la liquidación”. La Ministra dice que los pedidos que les hace a las Casas son para precautelar porque, al ser una institución que recibe recursos del Estado, es susceptible de una auditoría por parte de la Contraloría. Pero las coordinadoras de las casas sienten que el Ministerio no está sensibilizado con la realidad, y están cansadas de tantos cambios y respuestas ambiguas sobre el acceso a los fondos.
“Hay otras cosas que hacer como optimizar el funcionamiento de las casas, en lugar de estarnos enfrascando en temas administrativos porque no logran encontrar un mecanismo para entregar los fondos”, dice Guerra. “Una norma administrativa, una norma de trámite burocrático no puede estar sobre los derechos de las mujeres, niños y adolescentes”.
La Casa Paula, en El Coca, tuvo que cerrar por falta de fondos. Reabrió en marzo de 2017.
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El dinero que con tanto celo cuida la Ministra —según datos recuperados de los convenios firmados con las casas de acogida y la entrevista con Alvarado— son un millón novecientos doce mil que fueron asignados a 22 centros de atención y casas de acogida este año. De ese total, el Ministerio asignó montos máximos para financiar parte del funcionamiento de las casas: pagar los sueldos del equipo básico de seis personas —6 mil 400 mensuales—, capacitación —5 mil 500 por el tiempo total del convenio— , movilización —2 mil por el tiempo total del convenio— y alimentos —19 mil 500 por el tiempo total del convenio. En total, si es que el convenio se firmase por el periodo de 12 meses cada casa podría recibir hasta 103 mil 800 dólares. Pero eso no sucede.
Según el convenio entre Casa Amiga y el Ministerio, se asignaron 92 mil dólares para cubrir con los gastos de 2018. Sin embargo, al momento de firmar el acuerdo el valor a recibir bajó a 81 mil 400. Amparo Peñaherrera dice que a ella le explicaron que sólo les dan este rubro porque solo se cubrirá los gastos desde la fecha de firma del convenio. Si se hubiese firmado antes, cuando Casa Amiga entregó el informe técnico, en febrero, conforme a la convocatoria, habrían recibido esos 11 mil dólares más que le permitiría, por lo menos, cubrir los sueldos del equipo básico por dos meses.
Lo mismo pasó con Casa Paula en el Coca. Al comienzo el Ministerio le asignó 143 mil dólares para financiar el equipo básico del centro de atención y la casa de acogida, la movilización, alimentación y capacitación. Pero al momento de firmar el convenio sólo recibieron 113 mil para costear los gastos de los dos servicios.
La coordinadora de esta casa, Inés Ramírez, dice que está molesta porque siente que le han quitado estos fondos de forma arbitraria. “Y claro si quieres firmas, y si no, no. Entonces nos hemos visto obligadas a firmar porque estamos trabajando y no podemos sacar a las mujeres y decirles que se vayan a su casa porque el Ministerio no ha respondido”, dice Ramírez. A este problema de la asignación de fondos también se le suma cómo están recibiéndolos.
En 2018, el Ministerio no transfirió en un solo pago la totalidad del presupuesto asignado a las casas de acogida.
El único monto que han recibido hasta ahora es el de mediados de junio y servía para cubrir los gastos del personal básico —una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, dos facilitadoras y una administradora— por los últimos días de abril y los meses de mayo y junio.
Lo que falta, será depositado por el Ministerio mensualmente, después de que cada casa de acogida entregue un informe técnico y financiero especificando cuáles han sido sus gastos. Pero Amparo Peñaherrera dice que esto es un problema porque las casas tienen que anticipar los gastos.
Eso le está pasando: los fondos del 16 de abril hasta junio se acabaron y no puede recibir el dinero de julio hasta que el mes se termine, entregue un informe de lo que ha gastado y ahí sí el ministerio le pagará lo que gastó en julio. El calvario se repite: no tienen fondos para pagar los sueldos, tienen deudas con los proveedores de alimentos, tienen que pedir dinero prestado, arreglárselas para no dejar de dar atención a las mujeres.
“Lo que nosotras sí estamos pensando y con mucho dolor es si es sostenible o no, porque no podemos seguir endeudándonos para sostener un servicio que no es apoyado al 100 por 100 por el Estado”, dice Peñaherrera sobre Casa Amiga. “Si no es sostenible, nos tocaría decir que cerramos la casa de acogida porque no podemos repetir la experiencia de este año”.
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La Red Nacional de Casas de Acogida pide que los convenios sean más flexibles y adaptados a su realidad. Quieren que se entienda que no es lo mismo contratar a una persona para que construya una cárcel, o una carretera, a firmar un convenio para atender a las mujeres víctimas de violencia.
Han pedido al Ministerio en varias reuniones con la Dirección de Género y la Ministra de Justicia que se cambien los convenios y que se firmen de forma bianual o trianual para facilitar los procesos. “No puede ser que cada año firmemos de la misma manera porque eso lo que hace es retrasar la entrega de financiamiento, cuando después de 10 años debería ser automático o con la carga más ligera”, dice Geraldine Guerra. Además, piden al Ministerio que se les reconozca el monto desde enero hasta abril de este año para pagar las deudas que tienen por esos meses de funcionamiento. Pero el Ministerio no ha dado una respuesta concreta a todas las inquietudes.
Geraldine Guerra dice que en varias reuniones les dijeron que ya iban a evaluar cómo cambiar los convenios pero en una entrevista con Sol Borja de GK, la ministra Alvarado dijo que no pueden ser renovados automáticamente. Ella piensa que el próximo año no habrán estos problemas y estas demoras porque “ya han quedado más claras estas reglas”.
Además dijo que están buscando un mecanismo para hacer la compensación de los meses que no fueron cubiertos este año, como un convenio de pago que se puede dar cuando no ha habido un contrato. “Puede ser observado por Contraloría pero es legal. Tienes que justificar muy bien, tienes que presentar un informe técnico, otro informe jurídico y yo he dado la instrucción de que procedamos”, dijo la ministra Alvarado. Si esta promesa se cumple, está por verse.
El 18 de julio las coordinadoras de las casas de acogida recibieron un correo de la viceministra de Justicia Lucy Blacio. Decía que el ministerio “ha definido un mecanismo jurídico para reconocer los valores correspondientes al periodo comprendido entre enero 2018 y la presente fecha de suscripción de los convenios”. Les pedía que las organizaciones envíen un informe técnico justificativo con los respaldos de los gastos de este periodo.
Amparo Peñaherrera dice que les han dado hasta el 10 de agosto para entregar estos reportes pero que no están seguras de que les entreguen estos recursos. “Es un riesgo también porque tengo que presentar las facturas, les pido a la señora del mercado y si no nos pagan del Ministerio tengo que además de la deuda cubrir el IVA de esa factura de la señora”, dice Peñaherrera. De todas formas, las organizaciones ya están preparando los documentos para intentar recuperar esos fondos y no arrastrar esa deuda. Pero el sentimiento hacia el ministerio y el Estado sigue siendo de indignación, frustración y decepción.
Y es que de cierta forma las coordinadoras de las casas se sienten poco valoradas y que su trabajo no es reconocido. Sí, reciben fondos, y esto las ayuda muchísimo con su funcionamiento pero sienten que ellas están respondiendo a una responsabilidad de Estado: garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. “Estamos muy desmotivadas, sentimos que no se valora el trabajo que se hace en territorio, nos ponen un mundo de trabas, mucha burocracia”, dice Inés Ramírez de Casa Paula. “Sentimos que nos vulneran todo el tiempo los derechos de las mujeres trabajadoras y las mujeres acogidas”. A la final, el único mecanismo que tiene el Estado para prevenir femicidios, según Guerra, son estas casas de acogida. Ella cree que debería ser más sensible a sus necesidades, implementar políticas públicas que fortalezcan el trabajo, que se busquen más mecanismos, que se continúe la colaboración con el Estado para optimizar las casas de acogida y brinden seguridad a estas organizaciones. Porque, de lo contrario, están siempre amenazadas por la falta de recursos y las únicas que salen perjudicadas son las mujeres víctimas de violencia en el Ecuador.
Claves para entender la polémica por la sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos sexuales de los adolescentes
¿Cuáles son los antecedentes de este fallo?
La Corte Constitucional del Ecuador notificó el 13 de julio de 2018 su sentencia sobre la libre elección de los adolescentes a decidir cómo vivir su sexualidad. Esta sentencia corresponde al pedido de protección de Marcel Ramírez, el entonces presidente de la Fundación Ciudadana ‘Papás por siempre’, quien se oponía al Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes en el Ecuador del Ministerio de Salud de 2010.
Ramírez dijo que la campaña intervenía con la educación que los padres deciden dar a sus hijos y que imponía cierta visión sobre la sexualidad sobre todo por la entrega de preservativos a los adolescentes entre 12 y 14 años.
En su demanda, dijo que el artículo 83, numeral 13 de la Constitución del Ecuador dice que son los padres quienes deben “asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos”. Un mes después, el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha rechazó su pedido porque consideraba que la campaña del Ministerio de Salud respondía al artículo 32 de la Constitución del Ecuador que garantiza “acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva”.
El 22 de junio de 2011, el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional al considerar que la sentencia no tenía precedente judicial —es decir que fue el primer caso judicial en materia de derecho sexual y reproductivo llevado ante una corte— y serviría como referencia en casos futuros.
Siete años más tarde, la Corte Constitucional ha resuelto de forma definitiva el caso. El fallo responde dos cuestiones fundamentales, según el máximo tribunal constitucional del Ecuador:
1.- ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos?
2.- ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un “salvador externo” como el Estado?
Según la sentencia, ¿cuáles son los alcances y límites de intervención de los padres en relación de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes?
Según la Corte, la intervención sobre los derechos sexuales y reproductivos de los padres, madres (o la persona a cuyo cuidado se encuentren los adolescentes), debe encaminarse a darles “la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables”.
Para llegar a esta conclusión, la Corte analizó qué es la adolescencia, qué son los derechos sexuales y reproductivos y cómo se ejercen. Sobre la adolescencia, dice el fallo, es una etapa que está diferenciada por la legislación local de la niñez a través de una división cronológica. Cita el Código de la Niñez y la Adolescencia que dice que niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad, mientras que adolescente “es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”
Sin embargo, advierte la Corte, a nivel internacional, la protección para los niños se aplica para todas las personas entre 0 y 18 años de edad. La distinción ecuatoriana no debe interpretarse como excluyente, “pues dicha diferenciación no aparta a los adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros instrumentos internacionales”.
El fallo, además, reconoce la autonomía de decisión de los adolescentes, discerniendo que obviamente un menor de 8 años tiene menos capacidad de decidir sobre sí mismo que uno de 17 años. “El contenido de los derechos sexuales y reproductivos tiene relación directa con aspectos esenciales de los seres humanos: sus libertades, sus formas de comunicación y afectos. Así, el efectivo goce de estos derechos implica el ejercicio del principio de autonomía del cuerpo”, dice el fallo. Para ello, aclara que la existencia de los adolescentes no puede estar solo limitada a “ser el hijo o hija de, o estar a cargo de un adulto, invisibilizando su condición de persona con cierto grado de autonomía, capaz de emitir opiniones en los asuntos que le conciernen”.
Al ser sujetos con capacidad de decisión, como lo reconoce la Corte, las personas adolescentes tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad. La Constitución, “desde una perspectiva más general, afirma que los derechos sexuales implican la adopción de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual”.
El abordaje de los derechos sexuales que hace la Constitución, dice el fallo, confirma la conexión que existe “entre el acceso a la información y la consecuente toma de una decisión libre y voluntaria, la misma que permitirá a su vez, enfrentar las consecuencias positivas o negativas que devengan de esas decisiones”.
¿Qué es eso de que el Estado es un “salvador externo”?
La parte más polémica del fallo de la Corte Constitucional tiene que ver con la calificación de ‘salvador externo’ del Estado. Más allá de las reacciones escandalosas, el fallo lo que quiere decir es que entre el derecho a recibir educación sexual y el derecho de los padres a criar sus hijos según mejor consideren, prima el derecho de los adolescentes de recibir la información que garantice su derechos a una salud reproductiva y educación sexual completa.
Para determinar cuándo cesa la autoridad de los padres y le es legítimo al Estado interferir en la vida familiar, la Corte realiza un largo análisis que empieza por consideraciones respecto del concepto de familia.
“Si bien la familia es un espacio privado, ello no significa que sea impenetrable para el Estado” dice la Corte que reconoce que la Constitución ha dado a los padres y madres la responsabilidad de la educación y crianza de sus hijo, otorgándoles en ello un amplio margen de decisión.
Sin embargo, dice la sentencia, eso no significa que el Estado “deba apartarse de aquellos asuntos que involucran a los miembros de una familia, más aún si la Norma Suprema ha consagrado su corresponsabilidad en la promoción de su desarrollo integral y la garantía del ejercicio pleno de sus derechos”.
En este punto, la Corte aborda la definición de familia para poder determinar cuánto puede el Estado entrometerse en ella. Dice que la Constitución de la República reconoce a la familia en sus diversos tipos, y que “se constituye por vínculos jurídicos o de hecho. De manera concordante, el artículo 68 asimila a las familias constituidas por uniones de hecho con las fundadas en matrimonio”.
Según el fallo, la amplitud con la que la Constitución ecuatoriana regula a la familia, “obedece a la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico constitucional que se ajuste al dinamismo con el que evoluciona el contexto sociocultural”. En pocas palabras, la Constitución trata de proteger a las diversas formas de familias, aunque da ciertas pautas para “identificar a ciertos grupos humanos como familia”.
La Corte dice que la familia no hace solo del compromiso contractual, sino también de vínculos afectivos, económicos, la vida en común —”una relación regular e intensa, extendiendo la protección a la familia, no únicamente para aquellos casos en los que priman vínculos biológicos o contractuales, sino para todas aquellas relaciones en las que, de hecho, se generen lazos de mutua dependencia equivalentes a los parentales” Dice que, por lo tanto, “considera que la Constitución del Ecuador reconoce como familia a todo grupo humano que tenga vida en común en la que se formen vínculos afectivos y materiales de dependencia mutua sea cual sea su grado de formalidad y el sexo de sus miembros”.
El razonamiento de la Corte continúa, después de abordar el concepto de familia, hacia el derecho a la intimidad familiar. Ese derecho tiene como fundamento “la protección de las personas contra toda injerencia ilegal o arbitraria en su vida privada o su vida familiar” porque la familia es “un lugar inquebrantable en el que pueden proyectar tranquilamente su personalidad, libre de intromisiones de terceros”.
Sin embargo, la Corte declara que el derecho a la intimidad familiar no tiene un carácter absoluto e ilimitado. “Los requerimientos de un Estado Constitucional de derechos y justicia, exige la existencia de supuestos bajo los cuales, la intervención en el derecho a la intimidad familiar sea legítima”. Esa intervención es viable cuando “se encuentran amenazados derechos constitucionales de quienes la componen.” Para la Corte, existen situaciones en las que el interés superior “de las niñas, niños y adolescentes y la prevalencia de sus derechos sobre los demás, legitima una intervención en el derecho a la intimidad familiar”.
Según la Corte, la Campaña que impugnaba en su demanda no violaba el derecho de los padres de educar a sus hijos. Por el contrario, daba era el cumplimiento del Estado de su debe de dar a “los adolescentes herramientas necesarias y suficientes que les permitieran ejercer de forma efectiva su derecho a adoptar decisiones libres, voluntarias y responsables acerca de su salud sexual y reproductiva”.
Cuando los padres no proveen esta educación, el Estado debe actuar. En ese sentido, se convertiría en lo que la corte llama un “salvador externo”. En su resolución, la Corte dice que la autoridad tuitiva de los adultos “cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva”.
La sentencia de la Corte Constitucional es jurisprudencia vinculante (es decir, de obligatorio aplicación) en todos los casos “en los que se encuentren en conflicto los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes con la obligación parental de educar a los hijos e hijas”.
¿Qué reacciones produjo la sentencia?
Varios grupos religiosos y provida rechazaron el fallo porque consideran que solo los padres pueden decidir qué educación sexual dar a sus hijos.
El 28 de julio de 2018, hubo una manifestación convocada por la asociación “Con mis hijos no te metas” y grupos autodenominados pro-vida. Los manifestantes marcharon en Quito y Guayaquil para oponerse a la decisión de la Corte Constitucional con lemas como “a mis hijos los educo yo”. La presidenta de la Red Provida, Amparo Medina, dijo en su cuenta de Twitter que la sentencia de la Corte Constitucional es “un camino hacia la aprobación del aborto” y que la políticas públicas en materia de prevención del embarazo adolescente harían la promoción del aborto y de la homosexualidad.
Las reacciones en las redes sociales como Twitter fueron variadas y vinieron desde varios sectores políticos. El ex Presidente Rafael Correa reaccionó preguntando : “¿Permitiremos que también destruyan nuestras familias?”. El ex candidato a la presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso, compartió una imagen con su opinión en su cuenta de Twitter. Lasso dice que la sentencia “proclama al Estado salvador externo de nuestras familias” y que a los “magistrados constitucionales que sirvieron de cómplices del correísmo” les decía “fuera de nuestros hogares. Los hijos de las familias ecuatorianas son responsabilidad de sus padres”. El asambleísta Guillermo Celi, del bloque SUMA, expresó igualmente su indignación en su cuenta de Twitter, calificando la sentencia de ‘barbaridad’ que “desnaturaliza la formación y crianza de la niñez y adolescencia”.
Mientras tanto, abogadas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos respondieron ante las críticas a la sentencia de la Corte Constitucional.
Silvia Buendía, abogada y defensora de los derechos LGBTI dijo en su cuenta de Twitter que “los adolescentes son personas, que son sujetos de derechos y que tienen derecho a lo que establece la constitución en el art.66, 9 y 10”. Para Pamela Troya, activista feminista, las reacciones a la sentencia “Ecuador vive en el oscurantismo total” cuando uno considera que es “adoctrinar a las niñas, niños y adolescente” dar educación sexual.
Tras las reacciones, la Corte emitió una aclaración diciendo que la sentencia no decide sobre la vida sexual de los adolescentes, sino sobre su derecho a una salud reproductiva y educación sexual completa.
Rechaza, además, que su fallo pueda tener alguna incidencia en delitos sexuales o despenalizaciones. “De la lectura integral del fallo constitucional resulta evidente QUE NO EXISTE NINGÚN RIESGO DE “abrir puertas a los delitos sexuales” o “despenalizar determinados tipos penales previstos en el Código Integral Penal”, en contra de los adolescentes”, dice la aclaración de la Corte.
Al final, en un tono que parece ser entre cordial y sarcástico, el tribunal “invita cordialmente a la ciudadanía y medios de comunicación, a leer integralmente la sentencia dictada”.
¿Cuales son los distintos planes de educación sexual implementados en Ecuador desde 2011?
En julio de 2011 el Ministerio de Salud presentó el plan Estrategia Interseccional de Prevención del Embarazo Adolescente (Enipla). Este plan tenía como objetivo el acceso a la educación sexual, la corresponsabilización del hombre, y la sensibilización ante los embarazos no planificados. Entre las líneas directivas se encontraban: acceso a la información para favorecer el derecho a la salud sexual, acceso a métodos anticonceptivos, y una transformación de los patrones socio culturales frente a la sexualidad a través de la planificación familiar.
La Enipla fue cancelado en diciembre de 2014 y reemplazado por el Plan Familia, aprobado por el ex presidente Rafael Correa a través del decreto ejecutivo n°491. Con este decreto Rafael Correa designó la transferencia a la presidencia “la rectoría, ejecución, competencias, funciones, representaciones” que antes pertenecían al Ministerio de Salud. Correa creó la iniciativa Plan Familia, que fue dirigida por Mónica Hernández, una figura cercana a la organización conservadora católica del Opus Dei.
El plan abordaba a la educación sexual desde un enfoque familiar, y decía que es el rol de los padres ocuparse de la educación sexual de sus hijos. Además, reconfiguró el acceso a la información sobre la sexualidad a través de la creación de talleres de capacitación para padres y adolescentes y se eliminó el acceso a anticonceptivos.
Correa justificó este cambio en el enlace ciudadano 413, diciendo que con la Enipla “no se hablaba de familia, no se habla de padres, no se habla de responsabilidad, se hablaba de placer y cualquier problema anda al centro de salud y se resuelve”.
Sin embargo, como lo reveló una investigación de 2017 realizada por el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y el Fondo de Población de Naciones Unidas, la ausencia de políticas públicas en materia de prevención de embarazos de los adolescentes provocó un aumento significativo de la fecundidad de las menores de edad en el país. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el número de embarazos adolescentes entre 15 y 19 años pasó de 41,451 en 2014 a 60,765 en 2017.
El Plan Familia fue eliminado por el presidente Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017 a través de un decreto ejecutivo. Además, se transfirió las facultades y competencias de este proyecto al Ministerio de Educación, Inclusión Económica y Social y, Salud. El 14 de marzo de 2017, la Ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, presentó el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Este plan fue redactado con el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y aplica los estándares internacionales en materia de salud y educación sexual y reproductiva garantizando el derecho a tener acceso a la información.
¿Cual es la legislación internacional en materia de salud sexual y reproductiva?
En un informe del 22 de noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que acceder a la información en materia reproductiva es un derecho y que, por lo tanto, el Estado debe garantizar este derecho a sus ciudadanos. El informe explica, por ejemplo, que bajo el sistema interamericano, “el acceso a la información sexual y reproductiva involucra una serie de derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la protección a la familia, a la vida privada y vivir libres de violencia y de discriminación”. Ecuador, país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe respetar este convenio.
En 1969, los países miembros de la OEA —del cual Ecuador forma parte— firmaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En su artículo 13, la convención establece el derecho a “recibir y difundir informaciones”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que esto incluye la “información y educación en la materia para que las mujeres adopten decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción, incluyendo planificación familiar”.
Para la abogada Lolo Miño, los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador responden a estas directivas internacionales. “Ecuador se ha obligado a respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, tanto a nivel constitucional como convencional. La obligación de respeto supone no violar estos derechos, pero la obligación de garantía supone adoptar todas las medidas positivas que se requieran para su efectiva vigencia”.
¿Qué dice la Constitución del Ecuador?
La Constitución del 2008 del Ecuador dice en el artículo 32 que el Estado debe garantizar el derecho a la Salud. A este derecho se le vincula el ejercicio de otros derechos como seguridad social, al agua, los ambientes sanos. Además, dice que el Estado garantizará el “acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva”.
Otro artículo de la Constitución que hace referencia a la sexualidad es el 66 numeral 9. Dice que los ecuatorianos tienen el dercho a “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual” y que el Estado “promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras”.
Además, la Corte Constitucional hizo referencia en esta sentencia al artículo 45 que dice que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad”. Es decir, que los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos a acceder a la información sobre su sexualidad.
Para la abogada Lolo Miño, la acción de protección del derecho a decidir la educación de su hijos invocada por Ramírez no era válida. Ella explica que “si bien este derecho existe, no puede ser entendido jamás como un pretexto para menoscabar los derechos de los hijos e hijas adolescentes a acceder de manera fácil, segura y gratuita a información sobre sus derechos sexuales, e incluso a solicitar, cuando es conveniente, métodos anticonceptivos”.
¿Cuáles son los índices de embarazo adolescente en el Ecuador?
Para el año 2017, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), registró 60 765 egresos hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años por embarazo, parto o puerperio. Se contabilizó igualmente 2 964 egresos de niñas entre 10 y 14 años por las mismas razones.
Más allá del XX y XY
Cuando la atleta sudafricana Caster Semenya obtuvo la mejor marca en los 800 metros femeninos del Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín del 2009, sus contrincantes la acusaron de ser hombre: batió su propio récord por 8 segundos, algo impresionante, aún para los estándares del deporte de élite. Ante las acusaciones, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) le pidió un examen de verificación de sexo. Los resultados revelaron que Semenya tenía niveles de testosterona tres veces más altos que los de sus adversarias, no tenía ovarios ni utero y tenía testículos internos. La IAAF le permitió conservar su medalla y el premio, pero entró en discusión si es que mujeres como Semenya deberían competir en la categoría femenina.
24 años antes, durante los World University Games en Japón en 1985, la vallista española María José Martínez fue acusada de ser un hombre que se hacía pasar por mujer para competir en la categoría femenina. Le hicieron un examen cromosómico y se descubrió que tenía cromosomas XY —o sea, los de un hombre—, aunque ella tenía senos, ovarios y vagina. El equipo olímpico español la expulsó, le retiraron todos sus títulos, su novio la dejó, y le quitaron su beca de deportes. Tres años después, volvió a competir cuando probó que su cuerpo no usaba la testosterona que producía.
Si la biología, como repiten incesantemente ciertos grupos provida del mundo, define a través de la configuración cromosomática si somos hombres o mujeres —sin dar espacio a ninguna otra posibilidad—, ¿cómo se explicarían los casos de Martínez y Semenya? Ambas, de apariencia totalmente femenina, ¿eran hombres en realidad? La respuesta es mucho más compleja porque contempla la existencia —científicamente demostrada— de un espectro que define la configuración del género que excede las explicaciones simplistas.
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El argumento de que la biología y la ciencia determinan qué es un hombre y qué es una mujer ha sido utilizado con frecuencia por los grupos provida y profamilia o quienes rechazan la llamada ‘ideología de género’.
El experto en neuromarketing ecuatoriano Eduardo Reinoso —recomendado por la fundación profamilia y provida Familia y Futuro como fuente— lo ve así. Justifica su postura citando a la anatomía. Según los estudios que dice haber hecho, existe un cerebro masculino y otro femenino que dan características puntuales a cada sexo como que la mujer “tiene mucha más habilidad verbal. Un hombre promedio habla entre 5 mil y 10 mil palabras al día. Una mujer termina hablando entre 15 mil y 21 mil palabras. Mucho más que el hombre porque su fluidez verbal así lo permite”. Dice, además, que las mujeres son más detallistas, que los hombres solo se pueden enfocar en una cosa y no son polifuncionales porque en un principio eran cazadores.
Al darle ejemplos de cómo este no es el caso —como que yo soy una mujer muy callada y que mi novio habla mucho—, dijo que el entorno en el que nos crían también afecta cómo somos pero que “ningún condicionamiento puede irse en contra de la naturaleza porque cuando se va en contra del flujo de la naturaleza lo único que puede ocurrir es que salgas herido”. Según explica, la cultura debería llevarnos a expresar nuestra naturaleza que serían, afirma Reinoso, solo dos: ser hombre o mujer.
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Pero la biología es más complicada que esa simple binariedad.
Existen dos momentos cruciales al momento de definir el sexo biológico de una persona: la determinación y la diferenciación. El primero se refiere al momento de la concepción, cuando el espermatozoide carga el cromosoma Y o X y se encuentra con el cromosoma X del óvulo. Lo más común es que si es XY sea masculino, y si es XX sea femenino.
Pero la determinación no termina ahí. Si el gen región de determinación sexual —el que define el desarrollo de las características sexuales— del cromosoma Y (SRY, por sus siglas en inglés) es positivo, entonces continúa siendo masculino pero si es negativo es femenino. El gen SRY es el que ordena a las proto gónadas del cigoto que desarrolle testículos para producir testosterona y que los genitales masculinos se desarrollen.
“Si todo te sale bien, y eres XY o XX serás hombre o mujer respectivamente”, explica César Paz y Miño, genetista de la Universidad Tecnológica Equinoccial. A lo que se refiere con bien es que todo salga de la forma común o típica en que se determina el sexo de una persona. O sea, si eres XY el gen SRY es positivo y se produce testosterona para tener genitales masculinos.
Pero el proceso es mucho más complejo que eso. Según Paz y Miño, hay varios pasos biológicos genéticos entre la determinación —la concepción— y la diferenciación sexual —ser masculino o femenino. “La ciencia está tan confundida porque tiene tantos pasos que no se sabe de dónde vienen”, explica Paz y Miño. “Entonces podría decirse que sí existe un vacío biológico para el tema de manejar hombre o mujer”. Es aquí cuando la ciencia también se sale de la binariedad de sexos tan marcada.
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El sexo es determinado por cinco factores biológicos: cromosomas, genes, hormonas, el desarrollo de los órganos sexuales externos e internos y las características secundarias del sexo —como los senos o el vello facial.
Cada uno puede intervenir de distintas maneras en esa diferenciación. Por ejemplo, una persona puede ser XY, tener el gen SRY positivo pero no tener receptores de información hormonal. Al no producir testosterona ni recibirla, vuelve a lo que el doctor Paz y Miño define como el plan primario de la naturaleza: el cromosoma X o sea, ser mujer.
Este es el caso de la atleta María José Martínez Patiño quien tiene cromosomas XY pero sus células no asimilan los andrógenos —las hormonas responsables de desarrollar las características masculinas— y por eso su cuerpo desarrolló todas las características femeninas. Es por estos factores que fijarse solo en los cromosomas XX y XY o la apariencia física de una persona para determinar su sexo no es suficiente. Aunque muchos digan lo contrario.
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En septiembre del 2017 la revista Scientific American publicó un especial que muestra cómo lo que nos determina como hombres o mujeres va más allá de dos cromosomas. Según la publicación, determinar el sexo biológico de una persona es complejo porque involucra la anatomía y una danza de cromosomas y genes que se desarrollan con el tiempo.
La publicación explica que definirnos ‘niño’ y ‘niña’ cuando nacemos es difícil porque la realidad puede ser más ambigua —como la de las personas intersexuales, que nacen con una combinación de características masculinas y femeninas cromosómicas o anatómicas. Es una complejidad de tal magnitud que resulta compleja de ilustrar.
Infografía publicada en Scientific American. Crédito de Pitch Interactive y Amanda Montañez, investigación por Amanda Hobbs, revisión de experto por Amy Wisniewski del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oklahoma
El gráfico de Amanda Montañez muestra a la izquierda los factores que determinan el sexo —los cromosomas, genes, hormonas, órganos sexuales internos y externos, y las características sexuales secundarias— y a la derecha qué puede ocurrir en ese proceso de diferenciación sexual. Por ejemplo, ilustra el camino de alguien con cromosomas XX —de mujer— pero con gen SRY positivo —o sea que desarrollará órganos sexuales masculinos. Esta persona puede tener un desorden de desarrollo sexual, teniendo testículos pequeños y, por lo tanto, bajos niveles de testosterona e infertilidad. Y así, con distintas formas en que puede variar el camino hacia la diferenciación sexual.
La edición de Scientific American también habla sobre el cerebro femenino al que aludía el doctor Reinoso, y cuenta el intenso debate que existe sobre su existencia. Cita las investigaciones lideradas por Daphna Joel, una neurocientífica de la Universidad de Tel Aviv, que revelarían que, de hecho, el cerebro humano tiene un mosaico de características femeninas y masculinas. En su estudio realizado en 2015 a 1.400 cerebros, encontró que solo el 2.4% tiene características completamente masculinas y completamente femeninas. El resto tenía una mezcla.
Al mencionarle este dato a Reinoso, dijo que él ha estudiado los cerebros humanos por más de 20 años y que le es “raro que alguien que es científico no logre encontrar 126 artículos que demuestran las diferencias” entre el cerebro masculino y femenino. Citó una publicación de la Universidad de Cambridge que habla de estas diferencias. Uno de los autores del estudio, John Suckling dijo: “es importante notar que solo investigamos las diferencias de sexo en la estructura del cerebro, por lo que no podemos inferir nada sobre cómo esto se relaciona al comportamiento o al funcionamiento del cerebro”.
En cuanto al resto de la investigación de Joel, sobre la que habla el reportaje de Scientific American, dijo que le parecía dudosa, y que hay que saber discernir cuáles son los estudios que valen la pena: “Cuando ya ve uno que el artículo científico no lo logra sustentar, y no podemos replicar lo encontrado entonces estamos hablando de teorías y de ideologías, no de ciencia”.
Pero Scientific American está muy lejos de ser poco seria o dudosa. Su primera edición fue publicada en 1845 por el inventor Rufus M. Porter, y es la publicación mensual más antigua de los Estados Unidos.
Científicos como Albert Einstein, la nobel Rita Levi-Montalcini, el biólogo molecular Francis Crick , y más de 150 premios Nobel han contribuido con artículos para la revista. Además, Scientific American ha ganado múltiples premios entre los que están el premio nacional a la excelencia y el reconocimiento a sus publicaciones por ser la mejor escritura en ciencia y naturaleza de Estados Unidos.
Los artículos que salen en la revista son textos que ya se han publicado previamente en journals u otras bibliografías técnicas y que han sido revisada por pares. Tal es la rigurosidad de la publicación, que no deja de mencionar las críticas que ha recibido el trabajo de Joel. “Su trabajo es ideología disfrazada de ciencia”, dijo el neurobiólogo Larry Cahill, de la Universidad de California Irvine, llegando a decir que los métodos estadísticos de Joel estaban amañados para favorecer su hipótesis. Margaret M. McCarthy, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, fue más cauta en su crítica: “Hay una variación dentro de los individuos, como ella demuestra hermosamente, pero eso no significa que no hay regiones del cerebro que, en promedio, van a ser diferentes en hombres que en mujeres”.
Citada por Scientific American, Joel concuerda que la genética, las hormonas y el ambiente crean diferencias de sexo en el cerebro. Incluso, concuerda que, con la información suficiente sobre características de un cerebro se pueda decir, con un alto nivel de certeza, si un cerebro pertenece a un hombre o una mujer. Pero lo que no se puede hacer, dice, es ver a un hombre y una mujer y predecir “la topografía y panorama molecular del cerebro de ese individuo, o su personalidad, solo porque uno sabe el sexo de la persona”.
La bióloga Anne Fausto-Sterling, profesora emérita de biología y desarrollo de género en la Universidad de Brown, le dijo a Scientific American que hablar de diferencias promedio —que marcarían un cerebro masculino y otro feminino— es engañoso. “El cerebro no es una entidad uniforme que se comporta como algo masculino o algo femenino, y no se comporta de la misma manera en todos los contextos. Daphna [Joel] está tratando de llegar a las complejidades de qué hacen los cerebros y cómo funcionan”.
La discusión sobre la naturaleza del cerebro humano, y la potencial existencia o no de un cerebro masculino o femenino, y cómo ello podría condicionarnos, está en pleno apogeo. Los múltiples y más recientes estudios tienden a favorecer la teoría del mosaico, aunque hay investigadores que lo matizan, pero la sola existencia de esta contraposición entre científicos demuestra que las diferenciaciones simplistas y los argumentos reduccionistas no deberían tener lugar ya en el debate público.
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Aunque lo más frecuente en nuestra especie es que haya hombres y mujeres identificados con el género masculino y femenino, hay múltiples formas en que puede variar. Una mujer que descubre a los 40 años que tiene cromosomas XY no deja de ser mujer.
Cómo definimos qué significa ser mujer u hombre no es un camino biológico con solo dos vías. Los casos de Semenya y Martínez lo demuestran. Le pasó, también, a un hombre que, cuando tenía 44 años, fue a ver a un médico porque le dolía el estómago y tenía sangre en la orina. Le descubrieron útero y ovarios, la sangre era su menstruación. A una mujer de 94 años le encontraron células XY y un grupo de cirujanos descubrió que un hombre de 70 años, padre de 4 hijos, tenía un útero.
¿Podría alguien negar a estos hombres que son, en efecto, hombres? ¿Quién podría decirle a la señora que vivió casi un siglo como mujer que, en realidad, no lo es?
Asignar calificaciones binarias a la compleja construcción de la identidad de género es ignorar que hay un abanico amplísimo de posibilidades que van más allá de la genitalia, o los cromosomas. La ciencia ha ido revelando que es una cuestión mucho más compleja, mostrando que intentar parear dos cromosomas con una identidad de género sujeta a múltiples posibilidades es querer, por convicciones que nada tienen que ver con la ciencia, que el sexo sea muy sencillo: X+X es femenino, X+Y es masculino.
“Venus o Marte, rosa o celeste. A medida que la ciencia ve más cerca, sin embargo, queda claro que un par de cromosomas no siempre es suficiente para distinguir niño o niña —no desde el punto de vista del sexo (rasgos biológicos) o de género (la identidad social)”. Los argumentos sobre las diferencias biológicas innatas entre los sexos han vivido demasiado tiempo, según los editores de Scientific American: “Han persistido mucho más allá del momento en que debieron ser sepultados”.
UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO
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Mae Montaño: “Hay que abrir el debate sobre el aborto”
Han pasado más de veinte años desde que Mae Montaño inició su vida política. Recién separada del movimiento Creo, se ha replanteado su rol en la política. Está inconforme con lo que ha alcanzado y tiende a ser una dura crítica de sí misma. Aunque reconoce que a veces se cansa de la política, cree que aún tiene camino por recorrer. Nos recibe muy puntual en su oficina de legisladora, en el centro de Quito.
Empecemos por su separación del Movimiento Creo. ¿Qué fue lo que le motivó a separarse?
Yo fui una de las fundadoras de la organización, llegué con un montón de sueños. Encontré el espacio, a las personas adecuadas. Fuimos por el Ecuador. Después de estos años, sobre todo en el último tiempo, empecé a sentir que mis ideas, mis propuestas y algunos sueños que yo tenía en la política no tenían el espacio adecuado en la organización.
Ante eso, sentí que era el momento de dar, no un paso al costado o atrás, sino un paso adelante. Eso significaba despedirme de la organización sin broncas, que es lo que usualmente se da en la política. Y eso fue lo que hice. Como expliqué en su momento, mi salida de Creo no significa una salida de la política. Estoy viviendo esta etapa de independiente con los mismos principios y valores que me llevaron a Creo.
En algún momento se especuló que se iba para buscar una candidatura para alguna alcaldía. ¿Tiene aspiraciones para las próximas elecciones seccionales?
Por ahora no. Creo que fue una de las tantas respuestas que algunos se dieron porque quizás no les parecía muy claro esto de irse de la organización sin armar bronca y buscaron respuestas. Pero no, quienes me conocen saben que una de mis características es ser directa y si hubiese sido para eso, lo hubiese dicho. Luego me planteé una pregunta y se la planteé a algunos periodistas: si es que yo fui la fundadora de la organización y fui un persona presente…
Quizás eso es lo que llama la atención, que no ha habido una ruptura marcada.
Exactamente, un divorcio racional. Si alguien en esas condiciones aspira a una candidatura y su organización no se la da o tiene que irse de la organización para encontrar un espacio, eso no habla mal de la persona sino que hablaría pésimo de la organización. Pero por ahora no voy a ser candidata. Digo ‘por ahora’ porque lo político es cambiante pero mi decisión en estas elecciones seccionales está tomada.
¿No tuvo que ver con la aspiración a la alcaldía?
No, en absoluto. Ni que me iba a otra organización tampoco.
Usted se ha identificado con la lucha de las mujeres. Hemos visto al asambleísta Gómez hablar de ‘feminazis’ o a Guillermo Lasso criticar la sentencia de la Corte Constitucional en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuál es su postura con respecto a la educación sexua, e incluso la despenalización del aborto en caso de violación que se está volviendo a discutir en la Asamblea?
Preocupante. Las posiciones extremas son difíciles, y cuando en un debate de esa naturaleza se mezcla la religión, la moral, las posiciones personales, se vuelve un camino sin salida.
En Creo siempre supieron cuál era mi posición. Jamás escondí que venía del movimiento de mujeres, que era una feminista. Yo entré al feminismo no porque había estudiado la categoría política del feminismo sino como una necesidad personal profunda y por una vivencia personal que en algún momento encontró una salida y la encontré a través del feminismo.
Llegué para defender los derechos de las mujeres.
Asumí el feminismo desde lo social, desde el sentimiento. Esa fue mi posición en Creo, y siempre fue respetada. Inclusive siendo parte de Creo tuve votaciones muy personales en la Asamblea, apoyando las propuestas que venían desde los organismos de mujeres. Por algunas militantes del feminismo tengo una gran admiración por la fuerza, por la persistencia en tiempos que fueron más difíciles que ahora. Estos temas no son nuevos.
Hubo un intento de discutir sobre el aborto. Fueron las legisladoras correístas que intentaron llevar el tema a la Asamblea y fueron sancionadas por su movimiento.
Así es. Dentro de mi organización ellos siempre supieron que esa fue mi posición y siempre fue respetada. Yo nunca tuve una imposición ni una llamada ‘oye, Mae, tú tienes que votar así’. Hay que ser muy sinceros en eso. Yo siempre tuve una posición.
¿Cuál es esa posición?
Yo apoyé el aborto en casos de violación. Hicimos propuestas en el pleno y todo lo demás. Tengo una historia de trabajo, no solamente de discurso sino de acción apoyando a las mujeres a niñas y a niños que fueron violados. Nosotros formamos una organización que se llama —todavía está un poco debilitada por la persecución que tuvieron las ONG— el Foro Permanente de Esmeraldas que es parte del Foro Permanente Nacional.
Ahí teníamos equipos interdisciplinarios, conseguimos la formación de la Comisaría de la Mujer en esa época que yo llamo de oro, que no sé si la volveremos a vivir. Tuvimos casos de niñas que estaban embarazadas antes siquiera de saber lo que era. Eran casos muy dolorosos. Algunas niñas murieron. Esta era una niña de menos de doce años que tenía una hemorragia y la familia siempre esconde estas cosas. La niña tenía una anemia intensa. Yo vivía en Esmeraldas en esa época, la trajimos a Quito. Y la perdimos, la niña murió. Cuando tú vives esos casos entiendes que es un tema complicado y humano.
Deberíamos empezar a verlo desde ahí. Cuando lo vemos como político, como religioso, perdemos ese conocimiento humano de esas situaciones. Nosotros teníamos la oficina del Foro al lado de un edificio en donde había un médico, que todo el mundo sabía que practicaba abortos. Cuando veíamos salir una paciente completamente tapada desde esta clínica a un carro, sabíamos que se murió. La perdimos. Cuando uno ve eso en la práctica deja de ser una categoría política, se vuelve una categoría humana.
Yo siempre he dicho abramos el diálogo. Un diálogo coherente, realista. No pensado desde la ilusión de lo que puede ser sino desde lo que está sucediendo. ¿Cómo lo resolvemos de manera concreta?
Es un tema humano que cuesta vidas, la salud de las mujeres, de niñas, de criaturas. Lo que vale ahí es eso, un diálogo profundo para definir políticas concretas. No matarnos entre nosotros, porque no resuelve. Yo les tengo pánico a las posiciones extremas.
Por eso es difícil poner el tema sobre la mesa. Incluso por las realidades que conocen o desconocen los legisladores. ¿Cómo se pueden poner estos temas en la Asamblea, tener al menos la postura de estar abierto a escuchar?
Difícil, muy difícil. No lo hemos conseguido durante todos estos años. Lo que se requiere es decisión política para decir bueno, vamos a escucharnos. No una consulta porque los derechos humanos no pueden ser producto de las urnas. Pero sí un amplio diálogo en donde podamos hablar de las realidades porque negar que existe un problema no nos lleva a nada.
O soluciones simplistas como “no abortes, dalo en adopción”, tampoco es muy viable en la realidad.
Exacto. O sea hay un problema. En este mismo momento cuántas mujeres estarán abortando de distintas formas. Hay que entender que el discurso religioso o extremo no impide que eso suceda. Ahora mismo está sucediendo de manera clandestina. Yo digo que hay una empresa criminal del aborto y hay mucha gente que está lucrando de eso. Esa es la pregunta que se le hace a otra parte.
Personalmente, yo, Mae Montaño, yo no abortaría. Pero no es mi criterio personal lo que debo imponer en la decisión de un problema social profundo y concreto.
Montaño dice que se va de Creo porque en esa organización no pudo cumplir sus sueños políticos. Fotografía de Eliot Allaire para GK
Montaño se pone seria cuando aborda estos temas. Cuando cuenta sobre la muerte de la adolescente, su voz se quiebra.
Además que hay varios orígenes: incesto, abuso sexual, varias realidades.
Sí, demasiado. En el caso de esta niña, el padre era el marido de su hermana. Era en su casa. Teníamos casos de niñas violadas por sus papás. Conocemos profundamente esa realidad. Si alguien me pide consejo yo le diría no, busquemos otra solución pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, las soluciones simplistas no nos llevan a nada. Hay que verlo en toda su dimensión y encontrar soluciones coherente.
Pero si un asambleísta dice ‘feminazi’, es preocupante porque no es un término que debería usar un legislador. ¿Esto no generó una distancia?
Hay que tomar distancia de estos calificativos que se dan de parte y parte. Yo me pregunto: ¿yo tengo la verdad? Podría ser que no, podría ser que yo esté equivocada. Eso solo cuando abres un amplio diálogo se puede entender. En todos los casos las posiciones extremas, me preocupan. Si abrimos el diálogo sincero, habrá la forma de encontrarse. Está sucediendo, ¿cómo creen ustedes que lo podemos resolver, de manera realista?
Claro pero ahí aparecen propuestas como abstinencia o que no haya educación sexual.
Eso no es pragmático. Las soluciones tienen que estar acorde a la realidad.
Ahí está el fallo de la Corte Constitucional. Porque hay quienes creen que la sentencia permite o promueve una vida sexual desde edad temprana. Pero hay realidades en zonas rurales o alejadas de las ciudades, en las que hay niñas que tienen una vida sexual desde muy temprano. ¿Cómo ir en contra de esa realidad y negar la educación sexual?
Cuando los temas se debaten de manera aislada, tienes una serie de decisiones y de normas que chocan entre sí. Si ves el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez, miras los límites para que los menores de edad puedan contraer matrimonio y sale una norma como la de Corte Constitucional y va en contra de lo que está vigente. Eso genera una inseguridad jurídica completa. ¿Qué va a pasar con el tipo que se llevó a la niña en la región Amazónica? Él dirá que ella consintió.
Ahí hay una diferenciación: si son dos niños de doce años pues será consentido, si hay un adulto de por medio, siempre será una violación, ¿no?
Eso no queda muy claro en la norma. Entonces cuando los temas se discuten de manera aislada encuentras una serie de temas que chocan. Ahí es cuando no hay coherencia. Si no hemos preparado a la sociedad, si no ha venido de un amplio debate, va a generar malestar. Los temas impuestos, vengan de donde vengan, causan resistencia.
Usted hablaba de que tiene sueños en la política que quizás no pueden crecer en el movimiento que usted fundó. ¿Cuáles eran estos sueños?
Yo creo que las organizaciones políticas debemos asumir algunas responsabilidades: una de esas es preparar a tu militancia para que tengan un rol político activo. Sino, ¿para qué nacen? Preparar a la gente para que asuman puestos de administración pública. La obligación de las organizaciones políticas es formar a su militancia para eso.
¿Y eso pasa?
No. Por eso digo que es un sueño. Yo me pregunto siempre, por qué cuando llegan las elecciones, los partidos andan buscando a los que ya son conocidos. Me parece una actitud de facilismo. Como no has hecho la tarea, ni les has formado ni les has dado la vitrina para que se muestren. Probablemente tendrás un pedido para que seas candidata, Sol. Porque quienes son conocidos por el deporte, su belleza, el periodismo, que también es una plataforma. Ahora se valora también al activismo, antes era desechado.
Es fácil irlos a reclutar para que sean candidatos porque no has hecho la tarea de formar a los tuyos que han dado todo por tu organización. A mí me parece como una cosa lógica, la gente que entra a militar en una organización política es porque quiere participar, quiere ser parte de la administración pública y no les das una oportunidad: no, porque los números mandan.
Esa frase es muy popular en las organizaciones política cuando les llega la hora de elegir los candidatos y cuando les llega la hora de gobernar, prefieren gobernar con los otros, no con los tuyos.
Mae Montaño ríe mucho. Cuando habla, hace pausas y piensa antes de responder. Mueve las manos para explicar. A veces frunce el ceño y asiente con la cabeza, da unos golpecitos leves con los dedos en la mesa y continúa respondiendo. Es amable y firme. Su habilidad política se nota en las palabras que usa: parece que siempre las está cuidando para no ser excesiva ni ambigua.
¿Ha pensado crear su propio movimiento?
En algún momento pensé resolverlo yéndome de la política. Lo pensé seriamente.
¿Recientemente?
Antes de mi separación de Creo. Porque me dije ‘he dado ya todo’. Dije bueno, voy a terminar mi tarea legislativa y me voy de la política. Sí lo pensé muy seriamente.
Luego mis amigos más cercanos me decían no te puedes ir de la política. Yo siempre digo que la gente, el ciudadano común que no está metido en el día a día de la política, el de a pie, está un paso adelante de los políticos porque tienen los pies sobre la tierra.
çDesde el legislativo es difícil medir los logros. Te cuestionas, no has logrado lo que quisiera. Y la gente en la calle me decía muy bien, siga, usted nos representa. Y algunos me decían cuidado con irse de la política. Y yo pensaba ‘qué comen que adivinan’.
Antes de irme de Creo ya me decían eso. Eso me hizo replantearme. Dije ‘hay gente que me apoyó para llegar, gente que me sigue apoyando aunque yo considere que no he conseguido todo lo que quisiera’.
Creo que la gente que me apoyó, la gente que votó por mí, jóvenes que están a mi alrededor, líderes de barrio que han estado conmigo de manera desinteresada porque lo que menos tengo es una chequera. Ahí pensé en quedarme y ver desde qué espacio aportar. Estoy en ese proceso. Estoy activa, viajando por la provincia, por varias ciudades para sentir la política desde otro lado que no es Quito. Estoy midiendo, analizando. Aún me voy a quedar un tiempo más en política.
Justamente en este momento que la política está cuestionada, no solamente desde los escándalos de corrupción, sino también la desconfianza en las instituciones. ¿Cómo ha pensado usted trabajar con esta gente joven para que puedan involucrarse?
Tengo en mente proyectos que quiero concretar. En cuanto los haya concretado, los contaré. Yo soy pragmática. De mis viajes también es para sentir qué piensa la gente de Mae Montaño, de la política, viendo más allá de las elecciones de 2019. Todavía estoy decidiendo. Voy a necesitar aliados.
Hablando de eso, una entrevista de diario El Universo al señor Fernando Balda sobre el financiamiento o los donadores fantasmas puso sobre la mesa el debate sobre quiénes están detrás de los políticos que elegimos y cómo se transparenta eso. ¿Cómo ve usted eso?
La política tiene realidades y las campañas tienen donantes. Por ahora solo tengo la gente a mi alrededor, los amigos que confían en mí. No estamos hablando ni de plata ni de campaña. Estoy haciendo mi trabajo de asambleísta, no estoy haciendo trabajo de candidata.
Son mis propios pequeños recursos de asambleísta. Es mi equipo de asambleísta. Estoy presentando mis proyectos de ley, haciendo mis tareas de fiscalización y encontrándome con la gente en territorio. Ese es el que me alimenta y me anima.
Si de este resultado creo que debo hacer algo más para cristalizar estos temas, lo haré. Espero que en los próximos meses tendré algunas noticias.
Quisiera tocar un tema que pensé leyendo un tuit de Diana Salazar, directora de la UAFE sobre las agresiones verbales discriminatorias por su condición de mujer afro. ¿Usted cómo ha vivido ese tema al ser una mujer política en espacios donde no había ni siquiera mujeres peor afro?
Sí las he vivido pero no me han marcado. En estos últimos años, las mujeres hemos dado pasos firmes. Ya no estamos como en el principio. Falta mucho, seguimos siendo discriminadas pero creo que los avances nos motivan a continuar. Prefiero no quedarme estancada en esos temas.
De alguna manera, ¿usted se siente una pionera para las mujeres afro?
Espero haber sido eso. Espero que en alguna medida mi experiencia haya servido. Las mujeres no estamos muy acostumbradas a hablar de nosotras mismas.
A veces me dicen tú tienes que tratar de hablar de tu historia de vida, que es motivadora, de dónde he salido, de dónde vengo. Y no acostumbro mucho a hablar de eso, puede también ser un defecto. Lo importante es que, donde estemos, las mujeres seamos agentes de cambio.
Si luchamos contra la corrupción, tenemos que ser honestas. Si hemos luchado contra el machismo o estas normas de conducta dictatoriales o excluyentes, tenemos que ser agente de cambio. Predicar con el ejemplo.
En tu posición, tú estás haciendo diferente, siendo coherente con lo que piensas.
Racismo, sí lo he vivido. A veces me río con lo que me dicen. Es negra pero es inteligente, me han dicho. O llegas a un lugar y te quedan viendo como que y esta qué hace aquí. Cosas así. Pero no he dejado que mi corazón se contamine.
Esas manifestaciones descalifican más al que las dice que al que las recibe. Yo he tenido gente que me ha apoyado de todas las etnias, de todas las posiciones sociales. Mi mejor amiga de toda la vida de apellido Montaño, es blanca, medio rubia. Nos decían las hermanas black and white. Me quedo con esa parte.
Mae Montaño descarta una candidatura seccional en 2019. Fotografía de Eliot Allaire para GK
Su asesor de comunicación ha aparecido ya varias veces a través de una pequeña ventana en la puerta que separa la oficina de la asambleísta con el espacio en el que trabajan sus colaboradores. Está tenso porque Mae Montaño tiene un debate radial y debe salir pronto. Ella sigue hablando, tranquila. “Alejandro se va a morir”.
¿Se siente cansada de la política?
A veces. A veces sí.
Ya lleva bastante tiempo.
No mucho, lo que pasa es que la lucha ha sido intensa.
¿Cuándo empezó? ¿En 1995 con la candidatura a la alcaldía de Esmeraldas?
En ese tiempo sí estaba enamorada, metida hasta aquí en el movimiento de mujeres, es mi pasión y en un trabajo hermoso con jóvenes. Quiero volverlo a repetir pero eso sí cuesta. Cuando es político también hay un límite. Nadie te quiere ayudar porque eres político. Yo no sé cómo hace Balda que dice que le apoya todo el mundo porque es político. A mi no me quieren apoyar porque dicen ‘ella cómo es política’.
Ya terminando, ¿qué errores ha cometido en el camino?
Hay tantas cosas en las que me he equivocado pero las volvería a hacer porque esos errores me ayudaron a construir un nuevo paso en la vida.
¿Pero qué cosas se pueden hacer diferente?
Creo que he aprendido que si hay cosas que quieres hacer, tienes que liderar tú. Lidéralos, no se lo dejes a otro.
Todo lo que hay que saber sobre la liberación de Galo Lara
El político ecuatoriano Galo Lara salió de prisión porque se acogió al beneficio de la prelibertad. La prelibertad es una medida contemplada en el antiguo Código Penal (bajo el cual fue juzgado y sentenciado en 2014), que permite a una persona presa que cumplido el 40% de su pena, cumple el resto de la condena fuera de prisión.
La defensa de Lara apeló a esa disposición a—específicamente al artículo 22 del Código de Ejecución de Penas y a los artículos 36 y 38 de su reglamento. Además del tiempo cumplido, poder otorgarla era también necesario que la persona privada de libertad estuviese en un centro de seguridad mínima, que haya un informe favorable del centro de detención y que no sea reincidente.
Iglesia católica confirma expulsión de Luis Fernando Intriago por la ‘dinámica del pecado’
Setenta y cinco días después de que GK publicara la investigación Una decena de acusaciones de abuso sexual en una iglesia católica de Guayaquil sigue sin resolverse, la Arquidiócesis de Guayaquil ha informado al país que Luis Fernando Intriago Páez ha dejado de ser sacerdote católico.
En el reportaje, un equipo de GK recogió los testimonios de una decena de jóvenes que, cuando adolescentes, fueron sometidos por Intriago a un ritual físico llamado ‘la dinámica del pecado’ en el que los desnudaba, golpeaba, torturaba y tocaba. El texto citaba el proceso por el que Intriago era juzgado en el Vaticano desde 2014, las formas en que intentó silenciar a los adolescentes que lo denunciaban y, además, a tres obispos que conocieron el caso, y a varios excolaboradores del clérigo que habían denunciado a las autoridades eclesiásticas lo que sucedía.
Durante los siete meses que duró la reportería, los editores que la dirigieron se intentaron comunicar con Intriago en varias ocasiones. Solo contestó una vez, y fue uno de sus abogados el que contestó a las llamadas, pidiendo tiempo. Dijo —y muchos aún lo creen— que Intriago era víctima de una persecución, pero no dio detalles. 30 horas antes de que el reportaje saliera al aire, el equipo de GK le envió un correo insistiendo en su versión de las denuncias. Ni Intriago, ni sus defensores, contestó.
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A las seis y media de la tarde del 9 de mayo de 2018, el reportaje se publicó. De inmediato, otros medios nacionales e internacionales recogieron la noticia e hicieron sus propios reportajes.
El viernes 11 de mayo, la arquidiócesis de Guayaquil convocó a una rueda de prensa: “Condenamos toda forma de abuso físico, psicológico y sexual de menores, que se dan en las familias y en las instituciones, por constituir un grave delito, que debe ser investigado y sancionado por la autoridad competente”, dijo monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de la ciudad. Cabrera llamó a los actos de los que se acusaba a Intriago “conductas inapropiadas”, lo que fue duramente cuestionado. La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo en su cuenta de Twitter: “¿Qué tal si llamamos a las cosas por su nombre? El abuso sexual no es “conducta inapropiada” sino conducta criminal. (Y por si acaso, no se sanciona con penitencia, sino con sentencia)”.
Tras conocerse el caso, Intriago negó todas las acusaciones mediante un comunicado. En el boletín decía que analizaba medidas legales, y que el “proceso canónico está en etapa de APELACIÓN, por la particularidad que el obispo, Mons. Antonio Arregui, remitió el expediente a la Santa Sede, dando un informe, con su criterio personal, en base a supuestos no comprobados y no en base a las pruebas recabadas a lo largo de todo el proceso penal-canónico y que consta en Actas”. Según el boletín difundido el 23 de julio por la Arquidiócesis de Guayaquil, la apelación a la que Intriago hacía referencia se resolvió el 7 de junio de 2018 “rechazando su segunda apelación, presentada en el 2016, por carecer de fundamento”.
Al pronunciamiento del entonces sacerdote respondió, en otro comunicado, un grupo denominado Víctimas Luis Fernando Intriago. “Luis Fernando Intriago se acostumbró a lograr el silencio de sus víctimas cuando cada uno de nosotros creía estar solo. Hoy nos hemos unido, y lograremos que se conozca qué es lo que hizo”.
Hola, somos las víctimas de abuso sexual por Luis Fernando Intriago Páez, damos testimonio claro de nuestras intenciones y agradecemos a todos aquellos quienes nos han ayudado de distintas maneras. La lucha contra el abuso de Luis Fernando Intriago aún no termina. pic.twitter.com/kzPwL2pB2P
— Víctimas Luis Fernando Intriago (@VictimasL) May 16, 2018
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía por los hechos denunciados continúan su trámite.
Rosana Alvarado: “Lenín Moreno está consciente que una mujer violada que aborta no puede irse a la cárcel”
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, fue una política de perfil alto durante la década que gobernó Rafael Correa. Tras su salida de Carondelet y la ruptura entre Correa y el presidente Moreno, ella se mantuvo en el poder. En esta entrevista habló de la situación de las personas privadas de libertad, la despenalización del aborto y cómo se siente como Ministra luego del quiebre de Alianza País. Para concretar la entrevista, su equipo de comunicación cambió varias veces la fecha y hora. Finalmente nos recibió el jueves 26 de julio a las cinco y media de la tarde, en su oficina ubicada en el sector de la Mariscal, en el centro norte de Quito.
Quisiera empezar hablando sobre los centros de privación de libertad. Desde la Asamblea se ha intentado varias veces reunir los votos para lograr convocarla al pleno a explicar la situación de las personas privadas de libertad, sobre todo en Turi. Allí hubo una persona asesinada, también falleció —aparentemente se suicidó— uno de los involucrados en la violación y asesinato de la niña Emilia Benavides de Loja. ¿Qué es lo que le está fallando al Estado para que ocurran ese tipo de hechos en un centro de privación de la libertad?
A partir de esta administración se han transparentado las cifras y no ha habido la intención de ocultar ningún acontecimiento, bueno, malo o feo, trágico o que se convierta en algún logro. Alguna vez dijeron que yo normalizaba estas situaciones. No, yo no normalizo. Tanto no normalicé que es la primera vez que a los centros de rehabilitación pudieron ingresar psiquiatras penitenciarios que vinieron de la Organización Panamericana de la Salud porque no tenemos en Ecuador ni suficientes psiquiatras, menos todavía psiquiatras penitenciarios. Creo que no hay ninguno.
Fue precisamente el ingreso de ese tipo de profesionales los que yo quise que ingresen para ver cuáles son las condiciones de encierro que pueden derivar en diferentes tipos de enfermedades mentales. No es algo que se puede hacer de manera constante porque hay una ausencia de recursos, de personal, son muchos los temas que han sido pendientes en el sistema penitenciario.
El llamado a la Asamblea fue inicialmente porque Ecuavisa presentó un reportaje en 2017 en el que se presentaban hechos del 31 mayo de 2016. Hay imágenes captadas por cámaras en las que someten a personas privadas de libertad a torturas, participan policías, hay un delito de por medio. Ecuavisa nunca señaló las fechas, no sé con qué ánimo pero nunca señaló las fechas. Eso llegó a la Asamblea y como el año no estaba especificado, se creía que eso concernía a esta administración.
De todas maneras yo pedí ser recibida en la Asamblea, fui a la Comisión de Justicia y creo que la información que allí presentamos dejó bastante clara la situación. Lamentablemente, cuando se hizo la denuncia de esos excesos del 31 de mayo de 2016, el Ministerio de Justicia no presentó acusación particular y eso impide que se pueda apelar la sentencia. Sobre lo que ocurrió el 31 de mayo de 2016 hubo denuncia, pero no acusación particular.
¿Entonces en qué quedó eso?
En nada, pues salieron liberados algunas de las personas que inicialmente estaban siendo investigadas pero ese es un tema judicial sobre el que no puedo hacer juzgamientos.
Luego, lo que sucedió con el asesino de la niña Emilia. Se practicaron 18 pericias médico legales que confirman suicidio. Sucede en los centros de rehabilitación, en los contextos de encierro, que las personas no pueden liberarse de las ansiedades. En muchos de los casos, como en este crimen que era violación y muerte, hay remordimientos salvo que se trate de un psicópata que no siente ningún tipo de remordimiento.
En este caso las personas fueron trasladadas de Loja a Cuenca precisamente porque en las cárceles del Ecuador y del mundo hay algunos códigos con respecto a los delincuentes sexuales. Tratamos de impedir que se cometan otros delitos pero eso no es muy sencillo de combatir en estos contextos.
¿Qué tipo de códigos?
Un violador es muy mal recibido dentro de un centro de rehabilitación. De lo que sabemos, en Loja, al señor Nero que se suicida según los informes médicos de la Fiscalía, los otros privados de libertad le hacían señales de que iban a acabar con su vida. Lo estaban recibiendo con palos, sacaron unos barrotes.
Hubo una disposición de la jueza de trasladarlo a un centro regional. En las cámaras se ve cómo llega antes de las 4h30, 4h45 de la mañana. Se ve todo el traslado, el examen, el paso al CDP. Además un Centro de Detención Provisional hay en los centros regionales. Ahí sí tienes un espacio, área de apremio, de mínima, de mediana, de máxima. Eso no hay en los otros centros, en el de Quevedo, Babahoyo, de Cañar. Pero en los centros regionales, como el de Turi, sí. No hay en el país celdas individuales, nunca ha habido, peor en un espacio de CDP donde están los procesados. Sin embargo compartieron la celda las mismas personas involucradas en el caso y que estuvieron juntas en Loja. Es más o menos una hora entre el ingreso de la persona detenida y su muerte.
¿Es inmediato?
Sí, es inmediato. Ahí, es un análisis que quizás no me corresponde, pero había conmoción sobre ese crimen, así que quizás había presión y remordimiento en la persona que se suicida.
Pero ese no es el único caso. También un privado de libertad murió por un disparo en Turi.
Sobre eso hemos pedido el informe de la Policía porque esa es una intervención que solicita la Fiscalía. Ingresa la Policía y le da aviso al Ministerio de Justicia apenas diez minutos antes del ingreso para que la Policía haga una requisa en un pabellón en el que supuestamente había un arma. Esa es la muerte de alias Garfield. Esto sucedió en marzo de este año, sobre eso le hemos pedido información a la Policía porque esto es en el pabellón de máxima seguridad especial que está solamente bajo custodia de la policía, no hay agentes de seguridad que no sean de la policía, la policía es el filtro. Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de informe.
Pero la pregunta es sobre la responsabilidad del Estado en este tipo de centros. ¿Qué está faltando por parte del Estado?
¿Sabes cuántos agentes necesitamos? 11 mil.
¿Cuántos hay?
Hay 1526.
¿Falta presupuesto?
Falta personal y también presupuesto. Cuando te dicen por qué son tan invasivas las técnicas de revisión de las visitas. Estamos haciendo los protocolos, estamos tratando de levantar normas técnicas. Eso demanda tiempo porque tienes poquitas personas trabajando en esas normas pero es necesario implementarlo para tener todo por escrito porque así, con la norma por escrito se puede hacer el reclamo a la policía o a los agentes que intervengan. Con estos protocolos tratamos de hacer el control riguroso y que nadie se sienta invadido. Antes que el cacheo que te puede hacer un agente de seguridad, necesitaríamos un arco y cámara escáner, de esas incluso que revisan cavidades.
Escuchaba el otro día una persona que decía que no le revisaron los bolsillos, en los bolsillos casi nunca vas a encontrar nada. Lamentablemente es en las zonas íntimas, en las toallas sanitarias en uso, en los pañales de los niños. Ningún país ha podido combatir las formas más inventadas de cómo se hace tráfico de estupefacientes. En Ecuador es una de las tareas pendientes y para eso se necesita apoyo tecnológico. Los escáneres podrían servir más que el mismo personal.
Según la Ministra en las cárceles del país falta personal y presupuesto. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
¿Y el tema de armas es igual?
Las armas entran por la puerta. Sí hay la posibilidad, se ha escuchado en algún momento, que cuando se construían los centros de privación de libertad, el crimen organizado, a través de las personas que trabajaban en la obra civil, encaletaban armas. Eso es una posibilidad. El mundo penitenciario es un mundo que desafía mucho. Es un mundo muy desconocido y complejo: vos vas y ellos ya están de vuelta. Van muchísimo más rápido de las posibilidades que tiene el Estado de controlar porque estás frente al crimen organizado.
No estoy hablando de las personas privadas de libertad que se llaman polillas, las que se roban un celular, los arranchadores que van y vienen. Yo hablo del crimen organizado, de los que pueden sobornar a un agente de seguridad penitenciaria.
Justamente allá quería llegar. Usted hablaba en una entrevista en la que se refería a que es un espacio de “fácil contaminación”. ¿Ha habido casos concretos en los que se ha encontrado personal del Ministerio o de la Policía vinculado a delitos dentro de los centros de privación de libertad? ¿Se tienen contabilizados los casos y quizás hasta dónde ha llegado la investigación?
Yo tengo presentadas no solamente las denuncias, yo soy acusadora particular en algunos de los casos. Cuando hicieron el motín hace mes y medio más o menos en Esmeraldas, yo soy la acusadora de un PPL perverso.
Yo me he convertido no solo en la denunciante sino en la acusadora particular, igual en los agentes de seguridad lamentablemente como suele suceder, te presentan después acciones de protección para reincorporarse al Ministerio, hacemos cambios administrativos, también hay unos que están prevalidos en su condición de funcionarios de carrera.
Pero así como hay gente de primera, valiente, decidida, honesta, también te encuentras con lo peor. Nosotros teníamos 1533 agentes, ahora hemos bajado a 1528, 1526 por la desvinculación de algunos de ellos que están denunciados.
¿Y esos están en procesos legales de investigación?
Sí. Además no solo son los agentes de seguridad. Tienes por ejemplo funcionarios administrativos, personal, promotores deportivos, educadores, aún cuando vienen más del Ministerio de Educación. El año pasado, cuando yo tenía unos dos meses en el Ministerio, había una persona a la que con mucha frecuencia se le dañaban los parlantes para hacer el ‘Ejercítate Ecuador’. Se le dañaban los parlantes siempre y siempre sacaba, componía, e ingresaba. En un momento se le dijo que abra los parlantes y trató de evadir ese control y empezó a ponerse nervioso. Desarmamos el parlante rapidito y encontramos adentro celulares. Iniciamos el proceso. Fue en Turi, pero Turi no es de ninguna manera el centro más complicado o conflictivo. Creo que alrededor de Turi hubo en algún momento como una acumulación de PPLs por casos de conmoción. Se ha tranquilizado pero no quiere decir que sea un centro regional hay que al que ponerle siempre atención.
Pero entonces en este caso era algo que ingresaban los celulares, esa denuncia se hizo, lamentablemente la Fiscalía no quiso acusar, y si es que no hay acusación de la Fiscalía hasta ahí llega el proceso. Nosotros en otro caso pudimos apelar, o sea trato, te digo, y trato de alcanzarme para todas las cosas.
¿Y dónde se atoran estos casos? ¿En la Fiscalía?
La Fiscalía tampoco tiene el número suficiente de fiscales o la función judicial el número suficiente de jueces. O sea creo que estamos frente a ese comentario que el Estado es obeso, gigante, y sigues teniendo problemas de personal, hay unos que tal vez podrían superar lo necesario, el personal de apoyo, pero el personal agregador de valor sigue siendo poco, dependiendo de las necesidades de las instituciones.
¿Se han contabilizado los casos de este personal que menciona bien sea promotores culturales o agentes?
Sí, creo que sí tenemos. Este rato no tengo el número exacto pero podríamos pedir, porque alguna vez pedí para la Asamblea.
Luego, la Ministra nos entregó un listado en el que constan los procesos penales por delitos relacionados a la función pública de servidores del Ministerio de Justicia. Allí se detallan ocho causas en contra de al menos 10 funcionarios hasta abril de 2018. Las investigaciones que lleva la Fiscalía son por supuesta evasión, delitos contra la fe pública, ingreso de artículos prohibidos, concusión, receptación de armas eléctricas, desacato y daño a bien ajeno.
Quizás hay ahí un problema con el exceso de privados de libertad. Es decir, si tomamos en cuenta este debate que hay ahora sobre, a propósito del expresidente Correa, se habla sobre el abuso de la prisión preventiva. ¿Ese abuso tiene que ver con la cantidad de presos que hay ahora?
La cantidad de problemas son proporcionales a la cantidad de personas privadas de libertad para las que no tienes plazas, o sea el hacinamiento claro que es un problema que desemboca en otro tipo de problemas cada vez más graves. Si tienes en un pabellón la capacidad para 100 y están 120 o 110, todavía puede ser manejable. Pero si en un pabellón que tiene cabida para 100 y están 160, una gripe se convierte en una pandemia. Los servicios básicos, el agua no te alcanza, la cantidad de agua que llega a un centro de privación de libertad empieza a escasear las posibilidades de que los agentes puedan controlar rápidamente un pabellón son diferentes si son 10 agentes para 200 personas si son 10 agentes para 1000.
El problema, generalmente, una chispa se convierte en un incendio y el agente llega a botar gasolina muchas veces. El tema de la sobrepoblación, el hacinamiento, es recurrente en los centros de privación de libertad de América Latina. Aquí en el Ecuador teníamos antes del 2007 un hacinamiento de casi 120% cuando se construyeron los espacios de los centros regionales, o sea Guayaquil, Latacunga y Turi en Cuenca, tuvimos un hacinamiento del 0, por un par de meses porque no nos duró mucho más. Inmediatamente entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal si es que las condenas son mayores, es mayor el tiempo de permanencia en los centros de privación de libertad. Tenemos ahorita un hacinamiento que está llegando al 40% que es coincidente con el número de personas en cambio procesadas, pero que tienen prisión preventiva. Casi un 40% de las personas que están dentro de los centros tienen prisión preventiva solamente, no han sido sentenciadas.
Justo coincide la cifra entonces.
Es coincidencia, si es que disminuyéramos la utilización de esta figura que además siempre ha sido cuestionada por los abogados que tienen una visión mucho más humanista del Derecho penal, que es de última intervención, si utilizáramos esos criterios… Hay casos en los que no queda otra alternativa que la prisión preventiva, delitos de sangre, delitos sexuales, por supuesto, de conmoción. Pero en el caso del hurto de un celular, el robo de un blue jean, que son casos que existen, mandarle con prisión preventiva a una chica de 18 años que se sacó un blue jean, tendrá que ser sancionada pero no necesariamente con prisión preventiva y después con cárcel.
¿Cuántas personas privadas de libertad hay actualmente?
38.006 al corte del 18 de julio.
De esta cifra es que hay el 40% de hacinamiento…
Sí. Casi 39%.
¿Y cuánto le cuesta al Estado mantener a estos privados de libertad?
Estamos actualizando eso, son 400 dólares mensuales, precisamente porque son varios rubros no solamente tienes que hacer cuentas de la alimentación que es de 2.50 dólares más IVA diarios, no por comida sino diarios. Parece una cifra ínfima como miserable, si es que uno hace también otro análisis cuánto invierte diariamente en alimentación una familia de modestas condiciones económicas, no es muy distante una cifra de la otra. Puede haber en esto una sorpresa pero más allá de la alimentación hay otros costos mucho más elevados, los traslados por ejemplo. Traslados por acercamiento familiar. Hay gente que no tiene ninguna visita. La única persona que les visita soy yo. Eso les pone ansiosos, les deprime, les pone violentos, les pone muy agresivos. Te piden un traslado, hay que analizar si ese traslado no le enfrenta a otra persona privada de libertad de la banda contraria y eso pueda terminar en desgracia.
A veces dicen ¿pero por qué les tienen en el centro de Latacunga a estas personas si es que son de la misma banda? porque si les cambias a Turi o a Guayaquil, se enfrentan con la banda enemiga y bueno todos sabemos en qué puede desembocar.
Rosana Alvarado dice que hay ocho causas en contra de al menos 10 funcionarios del Ministerio de Justicia por supuesta evasión, delitos contra la fe pública, entre otros. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
¿Y qué implica un traslado?
El cambio de un centro a otro. Generalmente motivado por acercamiento familiar. Porque sí es súper triste, principalmente para el caso de las mujeres que dicen estamos en Cuenca, yo soy de Esmeraldas, no he visto a mis hijos dos años, no recibo visitas familiares, no hay quién me ayude con el pago de un economato, que es este supermercado que tienen con las posibilidades de comprar un snack, alguna cosa. No les puedes dar tampoco frutas o algo más nutritivo.
¿Por qué?
Hacen chicha con eso, dejan fermentar y elaboran chicha artesanal de todos los sabores que se te ocurra. Yo he estado ahí y he visto de menta, de piña, de coco, de manzana, de pan, de papa, de remolacha. Todo lo que se te ocurra. Pero además ahí ves la necesidad de sobrevivir o sea son cosas que van a suceder.
¿Se puede decir que actualmente el sistema está funcionando para que haya una rehabilitación? Porque eso también ha sido parte del debate reciente, que el violador, el asesino entra y sale peor o el que traficaba con una cosa chiquita termina saliendo como un traficante grande.
Eso siempre se ha dicho de las cárceles. De que son escuelas de perfeccionamiento de delitos no es nuevo. Se ha dicho desde hace 100 años hasta ahora.
¿Pero qué se puede decir del sistema de rehabilitación?
Yo creo que es un sistema que ha mejorado. Y no lo digo solamente yo, lo dice la Cruz Roja Internacional, la ONU: las condiciones penitenciarias actuales en el Ecuador han hecho que inclusive parezca que el país ha dado ya un gran salto y que los organismos internacionales que trabajan en este tema no le vean como prioritario al Ecuador, que pretendan más bien revisar el caso de Bolivia, por ejemplo, de otros lugares a nivel de la región, de Centroamérica. Creo que hay un porcentaje de personas privadas de libertad que son en verdad muy difíciles, que no tienen el ánimo de la voluntad de rehabilitarse, definitivamente. Pero el 80% o tal vez 85% sí tiene voluntad de rehabilitarse. Que sí intenta rehabilitarse, que llega a la cárcel y paradojas de la vida, ahí tiene la posibilidad de la universidad o del colegio porque 1 de cada 10 privados de libertad es bachiller. Me refiero que cuando estuvieron libres no iban al colegio. Y 1 de cada 100 tiene tercer nivel de educación.
¿Y hay alguna cifra sobre la gente que está regresando permanentemente a la cárcel?
Sobre reincidencia, eso tiene el Consejo de la Judicatura.
Casas de acogida
Hace un rato estábamos hablando sobre cuánto cuesta un privado de libertad y aquí el vínculo para ir al siguiente tema que le habíamos planteado que es las casas de acogida. Una de las personas a cargo de una casa de acogida nos decía que en algún momento supieron que se le daba más dinero a un preso que a una mujer en casas de acogida.
Están equivocados. En el caso de la persona privada de libertad porque un poquito se interrumpió antes, además de los traslados, tienes que hacer cuenta de la propia infraestructura, servicios básicos, pagas muchísimo en agua por ejemplo, dejan abiertas las llaves, dañan los servicios, los lavabos, las tuberías, las lámparas, el sistema eléctrico, todo lo que se te ocurra. Tienes que también hacer cuentas de la vestimenta, el servicio de agentes de seguridad, policías, las carceleras, la salida a audiencias, la atención en salud, en educación, todo eso va sumando y por eso es que te da más o menos 400 dólares mensuales por cada persona privada de libertad. En las casas de acogida en cambio la atención a víctimas viene a través de una disposición que es legal donde dice que desde el Estado puede haber donaciones para los servicios que puedan prestarse para sectores prioritarios o así resueltos desde el gobierno nacional. En este caso por los temas de violencia, se han venido haciendo diferentes convocatorias.
El costo de las víctimas es bien elevado. Atender a víctimas es bien elevado porque requieres primero…hay gente que dice ‘pero se paga mucho en personal’ y sí porque una víctima necesita un médico, una psicóloga, una trabajadora social, entonces son estos costos de los profesionales que están atiendo los que, no me gusta utilizar este término, hacen caro el servicio. El servicio se hace caro por la violencia. Eso es lo que significa un enorme costo económico y en costos sociales ni hablar. Entonces, con respecto a las víctimas, hay 22 organizaciones con las que hemos firmado estos convenios y nosotros les damos, por ejemplo, montos por honorarios mensuales. Son 6400 dólares para honorarios.
¿6400 dólares a una casa?
Sí. Aquí están los costos, tenemos casi 2 millones de dólares que se desembolsan a través de convenios con 22 centros y casas de acogida. Entonces tienes más o menos unos 10 mil dólares mensuales para cada una de las casas, en términos de personal.
Si se prorratea para el número de mujeres que se atiende, ¿se tiene un costo de cuánto cuesta atender a cada mujer?
Alguna vez hicimos como al ojo, era más elevado que una persona privada de libertad.
Pero no tiene esa cifra…
No, pero tal vez me estaría inventando. Pero era más elevado que una persona privada de libertad.
¿El monto que se ha asignado a las casas de acogida ha ido aumentando con los años o es el mismo convenio desde el inicio que se mantiene hasta ahora?
Es el mismo convenio. Este año tuvimos 1 millón 912 mil dólares para 22 casas. Los convenios se firmaron recién en abril. ¿Qué pasó en enero, febrero, marzo? Aquí están las razones por las cuales no pudimos firmar a tiempo. Yo les he pedido un poquito más de justificaciones o sea hemos tenido que ser un poco más estrictos porque eso hizo que inclusive las liquidaciones no nos hagan llegar en el mes de enero. Nos llegaron recién en el mes de marzo refiriéndonos la liquidación del año 2017. Y en más de un caso, las casas de acogida tuvieron que hacer devoluciones al Ministerio para evitarse problemas después con Contraloría.
¿Por qué sucedió esto? Por la poca formalidad con la que se llevaron a cabo las atenciones. Entonces hoy hemos sido un poco más estrictos, severos, en exigirles toda la lista de beneficiarios, todas las facturas para poder proceder con la liquidación. Acuérdate que al ser de cualquier manera una institución que no es del Estado y que recibe recursos del Estado, es susceptible de una auditoría de parte de la Contraloría. Entonces, esa fue la razón por la cual nos retrasamos.
Pero una de los planteamientos que hacen ellas es que les cambian siempre las reglas del juego. Como han pasado de tres entidades distintas, del MIES, luego al Interior, ahora Justicia. Y cada quién tiene parámetros distintos e incluso si es que cambian las propias autoridades del Ministerio, dice que les piden otros documentos que originalmente no estaban y terminan haciendo un trabajo administrativo cuando en realidad tienen necesidades inmediatas.
Pero los convenios no se pueden renovar automáticamente. Y más que hablar de un cambio en las reglas del juego, creo que por primera vez hay reglas de juego. Esto nos pasa en los convenios con las casas de acogida y también con los vicariatos que tenemos. Es la primera vez. Y yo les he dicho que inclusive es una manera de precautelar. Finalmente para mí es una responsabilidad gigante la que acarreo como ministra pero para ellas también y en situación de más debilidad porque bueno, yo soy ministra pero ellas no. no sé si me hago entender, entonces por ese lado han sido ya te digo, les ha faltado prolijidad, dos veces tuvimos que declarar desiertos estos concursos, convocatorias en donde llamábamos a las casas y a los centros de atención. Yo necesito, el Estado, todas las mujeres necesitamos de la presencia sólida de las casas de acogida, no hay otra alternativa. De otra manera, con tanta violencia, no hay Estado que pueda encargarse. Necesitamos la presencia pero también tienes que dar cuenta en qué invertiste los recursos porque de otra manera lo que te ganas es un problema súper serio con Contraloría.
Para la ministra Alvarado, las casas de acogida deben ser más prolijas con la liquidación de sus gastos. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
Otro de los planteamientos que ellas hacían es buscar una forma de hacer un convenio distinto que pueda ser bianual o que no requiera tanta burocracia, por retomar las palabras de ellas, porque lo que pasa es que finalmente se desembolsa el dinero que entiendo que ahora fue en junio, ustedes no pueden financiar los seis meses anteriores sino que lo hacen de julio en adelante y eso genera un problema.
Yo sí creo que para el próximo año no vamos a tener problemas porque ya han quedado más claras estas reglas. Pero me parece que no es un tema de burocracia sino que sí hay bastante ligereza en la manera como a veces se manejan los recursos. Dado que lo que se atiende es a víctimas, a mujeres que necesitan atención. Por supuesto, pero eso no elimina tu responsabilidad ni administrativa, ni civil, ni penal. Yo te digo, algunos centros nos tuvieron que devolver recursos.
Pero por qué.
Porque no habían utilizado.
¿O porque no había respaldos de facturas?
Claro, pero ¿cómo solucionas eso? Yo tal vez hasta puedo creerles que lo que le faltan son respaldos pero estaría actuando contra ley. Pasas eso por alto y tienes un problema.
¿Hay alguna forma de mejorar estos convenios para evitar que haya tantos meses vacíos?
Sí. yo he visto eso además varias de ellas son compañeras, gente a la que conozco, que reconozco que es correcta, decidida, comprometida en estas causas. Estoy segura que para el próximo año ya no vamos a tener estas demoras y estamos tratando de encontrar un mecanismo con el cual podamos hacer la compensación porque yo sé que no detuvieron el servicio de atención a víctimas. Yo sé que una mujer violentada en febrero, llegó y recibió atención. Yo estoy segura de eso. Entonces allí estamos encontrando algunas maneras para hacerles como un ajuste o una devolución porque el servicio no fue interrumpido.
El Ministerio ahora está buscando una forma de cubrir retroactivamente…
Sí, ver si hacemos un convenio de pago por ejemplo, que se da cuando no ha habido contrato, y puede ser observado por Contraloría pero es legal. Es una de las alternativas legales. Tienes que justificar muy bien, presentar un informe técnico, otro jurídico, y proceder al convenio de pago. Yo he dado la instrucción de que procedamos.
Porque justamente uno de los argumentos era que cuando estaban bajo la responsabilidad del MIES sí podían obtener estos pagos de meses anteriores cuando había pasado el mes.
Seguramente fue a través de convenios de pago, como te digo es cuando no hay de por medio un contrato, puede ser observado, de hecho habrá un examen de Contraloría seguramente pero es legal, no es ilegal el pago. Entonces vamos a proceder con eso.
¿Y el convenio para los próximos años busca subsanar los errores que hay ahora? Porque una de las quejas es ‘no podemos seguir o hay el riesgo de que se cierre’. Cuando pasan dos, tres, cuatro, cinco meses ya el personal se va porque no hay sueldo, no tienen para pagar el agua, comprar la comida…
Entonces debían haberse previsto y organizado presentado facturas y liquidación. O sea también me parece que no puedes relajar los controles sobre recursos que no son privados sino públicos. Imagínate que yo también mañana diga ‘no, no tengo comprobantes de eso’, me queman. Y lo mismo sucede para este tipo de instituciones que hacen un buen trabajo, requerimos de sus centros, necesitamos de su presencia pero necesitamos que sean un poco más ordenados también. Como te digo, hubo devoluciones al Ministerio. ¿Cuándo sucede eso? Entonces me parece que, no en todas, hay unas más organizaditas que otras, me parece que puede ser también un tema de una administración que puede verse un poco más severa. Creo que eso es bueno, nos evita problemas a mediano plazo.
Entiendo además que es un porcentaje que cubre el Ministerio, ¿por qué no cubre todo?
Es que tienen diferentes formas de financiamiento. Reciben el apoyo de gobiernos locales, de ONGs más grandes.
Algunas, otras son más vulnerables…
Algunas son mucho más dependientes del Ministerio de Justicia. Unas desempeñan un trabajo además en diferentes casas, la Casa María Amor en Cuenca no solamente tiene un local, tienen décadas de este tipo de trabajo…
Pero entiendo por ejemplo que la de Lago Agrio está en mucha más vulnerabilidad que otras.
Si he visitado esa casa, hay más fragilidad.
¿Y por qué el Estado no puede cubrir todo el funcionamiento?
Más tarde o más temprano estamos hablando de presupuesto. Los costos de la violencia son imposibles. Por eso es que me da tristeza ver la poca sinceridad con la que se dicen adoloridos por la muerte de una mujer, por una víctima de violencia sexual y no sé qué y se oponen a la ley, al reglamento, le ponen peros, crean cucos.
¿Quiénes?
Estos grupos conservadores que son reaccionarios, que se oponen a discutir sobre derechos sexuales y reproductivos y no ven allí una salida para frenar la violencia.
Derechos de las mujeres
Justamente ahí toca un tema que no quería dejar de tocar. Se está intentado tratar de llevar de nuevo esta discusión del aborto a la Asamblea, se reunieron algunas representantes para hablar de la despenalización en caso de violación. ¿Qué postura tiene el Estado con respecto a esto?
Bueno, el gobierno. Todos saben mi postura, es una postura que no la tengo desde este momento, la he tenido siempre. Me parece que el presidente Lenín Moreno ha sido más sensible frente a estos temas, conoce más y quiere combatir. Es más sensible sobre conocer y está consciente que una mujer violada que aborta no puede irse a la cárcel. Esa es en definitiva el resultado de la penalización. La despenalización impide que la mujer vaya a la cárcel, eso es todo.
Me parece que el Presidente es muy consciente de eso.
En términos de violencia, los pasitos que hemos podido dar aquí, a veces con modestia, pero tener una Ley cuando han sido ciclos de violencia donde ni siquiera se ha discutido la propuesta de una Ley para erradicar, es un paso grande. Una política como la que presentamos el viernes con la Verónica como ministra de Salud, de prevención del embarazo adolescente, más allá de haber echado ya el Plan Familia, cuando somos el quinto país que debe avergonzarse por hacer que las niñas se conviertan en señoras y den a luz.
Ahora tener esta política de prevención creo que da cuenta de cuál es la voluntad del gobierno y la voluntad del Presidente porque estos temas de violencia han sido encarados por él, cuando desde la campaña nos dijo que él iba a luchar por nosotros gritando Ni Una Menos, fue porque dijo ‘una es demasiado’, es un número ya demasiado elevado.
Ahora mismo, bueno, la sentencia de la Corte Constitucional, el Ejecutivo nada tiene que ver sobre eso pero da cuenta que en el país se está discutiendo otra vez sobre posibles soluciones a problemas que son muy estructurales.
Según datos entregados por la Ministra Alvarado, 1 de cada 10 personas privadas de la libertad son bachilleres. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
¿Y en ese sentido el gobierno estaría, desde el Ejecutivo, apoyando estas iniciativas? ¿Habría interés en apoyar estas iniciativas? Sobre todo en este caso específico que veo que hay discusión de nuevo en la Asamblea sobre el aborto en casos de violación.
Hay discusión de nuevo, yo tengo que conversar de estos temas con el Presidente, quiero conocer cuál es la postura. Hay muchísimas reformas al COIP, a ver si es que en alguna de ellas se vuelve a plantear este tema. Ojalá. Yo creo que el contexto regional motiva a que el Ecuador no se siga quedando atrás en este tema. Finalmente es un tema de violencia y de pobreza.
Otro tema que quería abordar son las denuncias de abuso sexual en las instituciones educativas. Usted estuvo en la Asamblea por este tema, habló un poco de este servicio SEPE que atiende algunos casos, me parece que mencionó 57 personas dentro de los abusos que se habían dado dentro del sistema educativo. Se supone que debería haber una prevención en esto pero todos los casos que han salido no han mostrado también una deficiencia del Estado en esta prevención para que estos casos se den?
Pero siempre se puede hablar de deficiencia, siempre. Creo que también de otro lado es muy difícil que el Estado pueda intervenir cuando la puerta de la casa, del hogar se cierra y se clausura, y la violencia sexual se comete dentro, en la intimidad.
Pero en este caso hablamos de la violencia sexual dentro de las instituciones educativas.
En los casos de violencia, la mayor parte de los agresores están dentro del círculo íntimo. Ahora nosotros hemos activado un protocolo, hicimos un convenio interinstitucional en agosto del año pasado. Participó Consejo de la Judicatura, Fiscalía, el Ministerio de Educación y bueno dirigía este comité, nos reunimos cada cierto tiempo para evaluar los avances. Se presentaron todas estas denuncias en la Fiscalía, se ha modificado el reglamento a la Ley para evitar que los profesores que puedan tener una denuncia de agresión sexual sean reubicados, tienen que ser suspendidos, en eso ha puesto énfasis el Ministro de Educación. Suspendidos mientras se desarrolla el proceso de investigación y luego sancionados penalmente porque lo administrativo no suple el proceso penal.
Entonces yo creo que deficiencias han habido en la posibilidad de dar una respuesta más preventiva construida con anticipación por el Estado, la sociedad, creo que los medios de comunicación también. Estás frente a un niño o niña de 9 años que en la tarde se pasa solo en su casa, enchufado a una televisión, viendo programas chatarra donde se produce y reproduce violencia sexual, el chiste, el morbo, la discriminación, la levantada de la falda, la toqueteada a las mujeres, y en la noche posiblemente presencia el episodio de violencia de género del padre contra la madre y en fin diferentes cosas.
Claro, pero en cuanto al sistema educativo y la labor del Estado como interventor en este tipo de delitos. Porque ustedes tienen entre sus responsabilidades el tema de la prevención. ¿Cómo se aplica eso? Porque de momento yo veo los casos y digo ¿dónde está el Estado?
No sé hasta dónde puedes responsabilizarle de todo al Estado.
No, no de todo pero en cuanto a lo que le compete sí, ¿qué ha fallado ahí?
Yo creo que hay tareas de prevención pero creo que también hay que reconocer los alcances a los que puedes llegar. El número de personas contratadas para los servicios de protección especial es ínfimo con respecto al número de casos que tienen que atender. Ahora mismo tuvimos una mesa de violencia en el ámbito de Salud, por ejemplo, con la participación del IESS y el Ministerio de Salud, la red pública completa, para analizar qué es lo que estaba sucediendo, niños de tres años, donde se están descubriendo casos de violencia sexual.
¿Pero casos en las guarderías?
No, casos que llegan a ser atendidos en el Ministerio de Salud.
Esa era otra pregunta, este servicio especializado de protección leía que atiende a todos, hasta víctimas de inundaciones. Había una nota de prensa que decía eso. ¿A quiénes atiende?
Hay diferentes víctimas, de violencia de género, de violencia sexual, de trata, de explotación, ese tipo de violencias atendemos. Las personas en situación de riesgo o de doble vulnerabilidad, una persona desplazada que además está viviendo otro tipo de discriminación también puede ser atendido por nuestros servicios.
O sea no es un enfoque específico para violencia sexual.
No, no. No solo violencia sexual, también violencia de género por ejemplo. Son atendidos a través de nuestros servicios de protección porque además en violencia de género puede desembocar en violencia sexual también. Las hijas de una víctima de femicidio se quedan expuestos al vaivén de la vida, se quedan sin ningún tipo de protección entonces ahí intervienen nuestros servicios de protección. Como te digo, poco personal en función de la cantidad de casos que tenemos que atender.
Pero justamente quizás ahí hay una falla, ¿no?
¿Más personal? Yo estoy de acuerdo en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Los DECEs, los departamentos de consejería estudiantil. A ellos se les ha encargado a través del Ministerio de Educación, ahí están tareas preventivas. En los cambios en la malla curricular, la capacitación de los profesores, pruebas psicométricas. Todas esas son herramientas que contribuyen.
Pero ahí exactamente en lo que usted menciona, abarca algo mucho más estructural y ahí hago el vínculo en declaraciones de un ministro de Estado que dice que una adolescente está con su conviviente, ¿cómo eso es posible desde un propio ministro de Estado? ¿Qué pasa ahí?
Sí, ahí hubo una confusión, él mismo se disculpó. Creo que no comprendemos la dimensión de los términos de nuestro lenguaje. Una niña es una niña, jamás va a tener pareja, jamás va a estar enamorada, a una niña de 12 añitos no podemos reconocerla como enamorada. No es que porque haya dicho ‘sí, la niña ha dado un consentimiento’, la niña no puede dar un consentimiento aunque ella conviva con alguien, no es su conviviente, esa niña está siendo explotada, usada, sobre ella se está cometiendo un delito y si es que ella tiene menos de 14 años siempre ha sido violada si es que está embarazada. Entonces creo que a veces no tenemos mucha conciencia de los términos que utilizamos y es precisamente porque nos falta comprender el fenómeno de la violencia. Luego él se disculpó pero de lo que yo le he escuchado al ministro Toscanini más bien ha sido en términos de lo que nosotros hacemos en el sistema penitenciario en contacto con el Ministerio del Interior ha sido muy sensible en los temas de mujeres.
Para volver a la pregunta que le hice sobre este tema, ¿qué falla por parte del Estado en estos casos específicos? O no hay un mea culpa del Estado de decir ‘a ver, hubo tantos casos de abuso sexual que se destapan, no solamente en el sistema educativo público, también ha habido en el sistema privado, es decir, hay como un patrón hasta cierto punto. Pero qué falla en el Estado en estos mecanismos de prevención, una cosa que mencionaba hace un rato puede ser el tema de presupuesto y personal, ¿qué otra cosa puede estar fallando como para poder tomar estos correctivos y evitar que estos casos se reduzcan?
Yo creo que hay que buscar más dónde se origina la violencia. Creo que hay que combatir los orígenes mismos de la violencia, dónde está. No es posible que una persona se sienta con tanto derecho sobre el cuerpo de un niño o de una niña al punto de hacerle ese daño. ¿De dónde vino esto? Se trata de quien agrede hoy fue agredido antes, dónde está. Porque además ahora hemos levantado la alfombra donde hemos visto todo este horror. ¿Antes no sucedía? Antes no se denunciaba que es diferente y creo que todavía hoy las denuncias son mucho menores a los episodios que realmente suceden. El último caso, que conocimos en la provincia de El Oro, cómo se entiende que haya habido casi conocimiento de los vecinos sobre que el padre es también abuelo de todos los nietos en diferentes hijas y diferentes nietas. ¿Qué es lo que sucedió allí? Se llegó a normalizar lo que estaba sucediendo, la ocurrencia de semejantes crímenes sexuales, con todos los agravantes.
Según Alvarado, hay 22 organizaciones de acogida con las que el Ministerio ha firmado convenios. Cada una recibe 6400 dólares para honorarios. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
Pero de momento la intervención del Estado cuál es. Porque esto que usted menciona si bien es importante requiere de más tiempo porque son generaciones de educación, de políticas. En cuanto a la reacción inmediata para tratar de reducir estos casos al mínimo.
Es que yo creo que tienes que empezar dando a los chicos información. Los niños hasta hace poco, a los niños tampoco se les ha educado en la verdad, en el obtener información. O sea alguna niña que cuide la cosita, que no se toque la cosita, con los términos más infantiles, que no le dejan ver cuál es la verdad sobre su cuerpo, no le ayudan además a denunciar. O sea tienes una sociedad, una comunidad, que no sé si has visto cómo al niño le dicen ‘salude con besito, abrace, salude’. El niño no quiere dar un beso, no quiere saludar con beso. Otra cosa es que le digamos ‘salude’, ya perfecto. Pero salude con besito, estamos forzando un acercamiento y estamos normalizando que eso puede ser violento. O decirle ‘silencio, es una persona mayor’, son niños educados en eso de que la autoridad viene de los más grandes, a ellos no les puedes cuestionar, no les puedes increpar, de ellos, si te dicen que hay que hacer silencio, tienes que hacer silencio.
Entonces es un tema donde no solamente el actor para la solución tiene que ser el Estado. O sea yo digo las familias, los medios, las iglesias, tienen mucho que decir también. O sea la sotana y la autoridad y la persona mayor, hemos sido criados en eso. Las respuestas son los horrores que estamos viendo. El Estado tiene un alcance, pero ojalá llegase a cubrir todo. Ojalá llegáramos a decir ‘puedo caminar como yo quiero estar vestida a la hora que yo quiera, sola o acompañada porque ese es mi deseo’ y tengo un Estado que me respeta, y una sociedad que es civilizada y me respeta. Pero mientras llegamos a eso, y ojo que jamás va a estar esto en manos de la víctima, la víctima siempre es víctima. Aquí la culpa el que tiene es el agresor, el violento, el machista, el depredador sexual.
Pero mientras llegamos a eso me parece que hemos estado un esfuerzo preventivo a través de, primero, a través del Ministerio de Educación, hacer otra vez pruebas psicométricas. Seguramente van a apartar del espacio educativo a muchísimas personas, formadas, capacitadas, pero que no cumplen con unos perfiles psiquiátricos o psicológicos para ser docentes, para estar cerca de los niños o de las niñas. Creo que las leyes también son herramientas válidas, creo que son importantes, o sea creo que además a partir de las leyes construyes unos mensajes simbólicos que tal vez a un agresor le hace pensar dos veces antes de atacar porque sabe que tal vez no va a quedar impune.
En algún momento en la Asamblea se armó esta discusión, entre oposición y el exministro de Educación que ahora es asambleísta, que le decían ‘mentira, si ustedes encubrían a esta gente, si esta gente luego le servía para votos’.
Ah, por la red de maestros. Eso creo que es perverso. Llegar a ese tipo de conclusiones creo que ha venido bastante de las redes sociales, yo a eso le pongo bastante en duda. Me parece que sí pudo haber habido más sensibilidad en el trato de este tipo de temas. Que si una persona estaba denunciada debía ser inmediatamente suspendida, no reubicada.
Ahí te voy a decir, se está violando mi derecho a la presunción de inocencia porque mientras no tenga una condena…pero bueno de por medio hay el interés superior del niño o de la niña.
O sea creo que hay que saber ponderar los derechos en un estado de derechos. Creo que también ha habido avances, o sea hasta hace pocos años no teníamos fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, o fiscalías especializadas en crímenes sexuales. Hoy tenemos, ¿son suficientes? No son suficientes. Pero son pasos que como Estado hemos podido dar. Si es que hacemos una revisión no significa de ninguna manera un consuelo.
Como dice el Presidente ‘una es demasiado’ si es que hacemos una revisión a nivel regional vemos cómo hemos avanzado, si nos hemos detenido, sí hay avances y son importantes. Haber puesto en el mismo COIP la tipificación del femicidio es un avance también.
Galo Lara
Quería preguntarle sobre el informe del Instituto Interamericano para la Democracia sobre Galo Lara en el que se dice que no se respetó el proceso, de que hay pruebas de cosas que no se han tomado en consideración. ¿Cuál es la postura?
Sobre el tema judicial yo no puedo decir nada, el informe tiene tres hojas y media, unas dos son del proceso judicial, eso pongo a salvo. Lo que dicen es que toda la información de atenciones de salud de él es falsa. Que el Ministerio de Justicia levantó información falsa sobre las citas médicas que tenía. Lo que es falso es ese tipo de aseveración.
Porque él ha denunciado que no se le ha permitido el acceso a sus medicinas.
No, sí tiene medicinas. Creo que tiene nueve visitas. Aquí hay médicos que le atendieron, medicinas que le fueron entregadas, diagnósticos, hospitales que le recibieron de manera que todas esas bitácoras serían falsas también. Este es un informe plagado de faltas de ortografía para empezar pero después de falsedades, de calumnias.
Cuando yo les recibí a los señores del Instituto Interamericano, yo les hice estas observaciones. Me dijeron que ellos no están diciendo eso, les señalé y les dije ‘entonces no leyeron lo que acabaron de firmar’ y entonces dijeron que no se refieren a mi administración, si no se refieren a mi administración bueno, también entonces al menos pongan eso. Aquí está el número de citas, todos los certificados del Ministerio de Salud, no sé cuántas veces se ha atendido con el médico el último año, pero esto es lo de Galo Lara.
¿El médico va dónde él está?
Tenemos policlínico que está dentro de privación de libertad. Pero además el Galo Lara no está en un pabellón cualquiera, él está en el pabellón de atención prioritaria.
¿Por su enfermedad?
Sí, donde están las personas privadas de libertad con alguna enfermedad. Él está en atención prioritaria. En algún momento él había comentado que reconoce los cambios, que no hay ensañamiento. Él fue acusado con el Código Penal que establecía que cuando se cumplía el 40% de la sanción, podían pedir la prelibertad al juez. Él ya cumplió el 40% hace un mes, nosotros le hemos hecho el expediente, no quiso firmar la solicitud. Nosotros hicimos de oficio para mandarle al juez, él tenía que entregar un documento que diga dónde va a vivir para que le concedan la prelibertad, no quería entregarnos. El martes nos entregó, esto ya está presentado ante el juez. Entonces es como raro porque el informe de este Instituto Interamericano dice que es torturado. Y tortura es un delito de lesa humanidad.
Después los señores dijeron que jamás se refieren a mí pero que constataron la tortura. Entonces si no es en mi administración, ¿cómo constataron la tortura? Dicen que hay huellas pero que no son actuales, entonces cómo hay huellas. Dijeron que nunca han hablado de tortura sino de tratos crueles, inhumanos, degradantes, eso está en el informe. Que está ciego, sordo y torturado y sin zapatos. Pero no quiere salir libre.
¿Y por qué no quiere salir libre?
Porque le conviene tal vez políticamente un indulto. Pero si está en esas condiciones y le estoy pidiendo que firme para pedir la prelibertad por qué no si está siendo atormentado, ultrajado.
Rafael Correa
En esta parte a la ministra Alvarado, en varias ocasiones, se le quiebra la voz y se le humedecen los ojos. No deja de ser sorprendente ver así a una de las políticas con más alto perfil en el gobierno anterior.
Ya terminando, muchos de sus excompañeros del gobierno anterior son de los más críticos de este gobierno. Usted era cercana al presidente Correa, usted se siente cómoda trabajando en este gobierno luego de estos impasses tan fuertes que ha habido entre el expresidente y el actual. ¿Cómo se siente usted a esto que ha pasado específicamente entre dos coidearios?
Es súper triste, yo no puedo decir que es de felicidad estos enfrentamientos. Yo vengo desde el inicio de Alianza País, desde el proceso constituyente. Yo hubiera esperado más generosidad hacia el gobierno del presidente Lenín Moreno, comprender los momentos, comprender en qué circunstancias económicas, sociales, habíamos asumido este gobierno. Yo sí esperaba ser más generosos en comprender. Además que venía el gobierno de quien antes fue vicepresidente. Siempre ha sido compañero. Esperaba una reacción más generosa que jamás hubo.
Creo que estábamos 10 o 15 días luego de haber asumido el gobierno y ya empezaron los ataques, unos ataques que no venían ni de la oposición y eso sí fue súper triste, y fue decepcionante.
Yo le agradezco al Presidente porque además en este Ministerio hemos podido dar unos pasos súper importantes. Es un Ministerio que si es que tiene el sistema penitenciario a su cargo generalmente hay noticias que no se venden, que no se comercializan, que no son como muy difundidas, y justo hoy ponían que tan poquito se difundan pero también hay muy buenas noticias. Llevamos ya la universidad para las mujeres privadas de libertad por primera vez, tenemos mujeres privadas de libertad con la Universidad de las Artes empezando cursos de fotografía, de cine, de teatro. Sacamos los discos de las faraonas del amor, son mujeres privadas de libertad que se presentaron ahora en las fiestas de Guayaquil. Levantamos los modelos de educación superior, estamos levantando el de salud. Tenemos el de cultura, deportes. Pudimos disminuir el porcentaje de hacinamiento penitenciario.
Ha pasado un año y le disminuimos en diciembre y en enero, luego otra vez hubo un repunte, pero mantenemos la cifra que creo que de cualquier manera es un logro. Esta cifra siempre va ir in crecendo como se dice. Y del otro lado hemos hecho reparaciones a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En el periodo anterior apenas llegaron a repararse cuatro casos. En este año de gobierno hemos logrado hacer la reparación de más de 100 casos de víctimas de lesa humanidad.
Todas estas cosas significan que el Presidente me ha dado la posibilidad de estar al frente de un Ministerio que ha conseguido eso. Creo que nadie puede observar lo que se ha podido conseguir. Hay también las malas noticias, estos sucesos desgraciados que a veces se presentan en el contexto penitenciario pero ha sido un Ministerio que ha hecho parte de la causa feminista, de la prevención de la violencia en medio de todo lo que ha estado pasando por aquí han estado también los pescadores repatriados, dos repatriaciones masivas que por primera vez el Estado ecuatoriano ha hecho.
Los Estados Unidos tienen con nosotros unos entendimientos para poder conseguirles de vuelta a nuestros pescadores. Actos importantes, la política de los pueblos en aislamiento voluntario por fin empieza ya a tener su normativa. Y creo que en esa situación los que más indignados pueden resultar son los propios compañeros. Me refiero a los compañeros con los que construimos todo este proceso.
“Ojalá llegáramos a decir ‘puedo caminar como yo quiero estar vestida a la hora que yo quiera, sola o acompañada porque ese es mi deseo’ y tengo un Estado que me respeta, y una sociedad que es civilizada y me respeta”, dijo la Ministra durante la entrevista. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
Pero y esa crítica que ellos hacen de que los que se quedan se han acomodado y que son unos traidores.
A mí me sorprende que la crítica hagan a los compañeros que queremos que esto continúe, en medio de los cambios, porque los momentos sí son otros, muy distintos. Hacen crítica a los que nos quedamos y no hacen crítica a los que nos avergonzaron.
¿En qué sentido?
O sea a los Capayas y compañía, a los que tienen ahí unas indagaciones abiertas, a los que se les ha preguntado un montón de cosas de qué habrá sido con esto y no responden.
¿Al mismo expresidente se refiere usted?
A los que están bajo investigación. Me refiero a todos aquellos que tengan alguna deuda con estos procesos de transparencia, de buen manejo de los recursos.
¿Y la vuelta de timón que también les acusan que ahora es un gobierno de derecha y ya no tiene nada de izquierda ni de socialista?
Eso ha sido desde el primer día, nos acusaron de traidores. Yo les decía ‘¿el 30 de septiembre Lenín Moreno fue traidor?’ El 30 de septiembre yo salí a las calles, otros veían desde la tele.
¿Yo soy traidora? Creo que aquí también no son los mismos momentos los que estamos viviendo. ¿Cuál es entonces la salida? Salir de este gobierno, ¿para qué? Si este es el gobierno de Alianza País.
Yo estaré hasta que el Presidente considere que hago algo útil en este Ministerio y quien venga después seguramente superará mi trabajo, así tiene que ser, para eso están las instituciones. O saldré cuando considere que hay unos temas que para mí son cruciales y que me hacen sentir allí sí incómoda.
¿Pero de momento usted está cómoda con el gobierno de Lenín Moreno?
Yo veo todo lo que hemos hecho aquí, veo el respaldo del Presidente, cada una de las acciones han sido porque hemos tenido de él el respaldo, apoyo en la lucha de las mujeres para mí sí es una lucha que vale la pena dar porque es además una lucha emancipatoria, esa lucha no la pudimos dar en la misma dimensión antes. La estamos dando ahora, hay unos pasos mucho más sólidos con respecto a eso, pero tienen que ser todas las luchas.
Comprendiendo el momento económico, el momento social, los resultados de las elecciones, era la primera vez que nos habíamos ido a una segunda vuelta. El tema dejaba ver que no estaba muy fácil, que ya la gente no nos estaba apoyando de la misma manera. Había que hacer cambios. Y en esa lista de cambios el Presidente me consideró a mí para estar frente al Ministerio de Justicia, siempre le reconozco eso al Presidente.
¿Y estos cambios también implican abarcar ideologías de un lado a otro?
Pero también en el gobierno pasado también había, con todos esos compañeros, unos que no eran muy cercanos a la ideología de Alianza País, incluidos esos compañeros que hicieron cambios, se trabajó, se hicieron transformaciones, ahora también hay otro momento económico regional. Y hay también que reconocer lo que nos faltó en un momento era la autocrítica y siempre nos puede faltar eso. Han sido momentos muy duros, muy tristes.
Por la ruptura…
Sí, sí, fue muy doloroso pero además me parece que cómo han tratado de atacarle al Presidente, eso no es de compañeros. Esa manera de atacarle no es de compañeros. Cuando le han querido atacar por su condición de persona con discapacidad, eso no es de compañeros. Las grandes mentes creadoras del mundo desde Frida Kahlo hasta Hawking enfrentaban discapacidades y nadie se atrevió a hacerle señalamientos desde ese punto de vista.
Alvarado estuvo vinculada a Alianza País desde la Constituyente. Dice que le apena la ruptura del partido. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
Y usted tiene la misma postura con respecto al presidente Moreno con respecto a la investigación del expresidente Correa, que la justicia haga lo que tenga que hacer, que salga a la luz lo que tenga que salir. ¿Baldas, Gabelas y demás?
Es que además yo soy Ministra de Justicia. Lo único que puedo es guardar una prudente distancia sobre temas judiciales. Aunque quisiera hacer un pronunciamiento no sería conveniente sobre temas judiciales en el Ecuador, no puedo hacer pronunciamientos. Me decían lo de antes de ayer de Espinel, del caso Isaías, digamos, no puedo hacer pronunciamientos.
La última pregunta: ¿usted ha bajado un poco su perfil mediático, a qué se debe eso?
Es que ya no soy asambleísta. Mucha gente me conoció como legisladora, como legisladora puedes salir y sortear más independientemente como con más autonomía, algunas posturas, finalmente ese es tu criterio, es tu voto. Aquí yo soy parte del Ejecutivo así que no puedo salir a apropiarme de una posición como de gobierno.
Eso la gente no comprende mucho y luego la verdad, el Ministerio de Justicia, eso es lo triste, tiene lamentablemente notoriedad cuando le sucede una tragedia. Y eso nos han dicho los propios periodistas. Han hecho cuatro capítulos, difunden los dos primeros. Los hemos llamado y dicho ‘¿qué pasó con los siguientes?’.
Su bajada de perfil no es porque no le gustan los medios.
No, no. Pero sí te digo, aquí sí nos sacamos el aire. A veces no hay mucho tiempo para las entrevistas, a veces las hago esperar. Hay gente que me ha esperado un mes y medio. Como siempre ocurre un suceso judicial, entonces yo prefiero ahí sí no aparecer. Porque siempre están preguntándome sobre algo judicial y no puedo. Me parece que esa respuesta tan de cajón ya viene a estar como devaluada. Pero no puedo pronunciarme sobre temas judiciales, de verdad. No puede una ministra de Justicia pronunciarse sobre temas judiciales.
¿Usted rompió también con sus excompañeros? ¿Ya no tiene relación con ellos?
Ya no tengo relación, no conversamos. Eran compañeros, muchos eran amigos.
Y se rompió todo…
Sí, ya no conversamos.
José Valencia: “El Estado colombiano tiene que evitar que la violencia en su territorio afecte a sus vecinos”
José Valencia es un hombre muy amable. Está impecablemente vestido con un traje oscuro, camisa celeste y una corbata vino tinto. Mide sus palabras como las miden los diplomáticos de carrera: entre los de su especie, la delicadeza es un ejercicio ensayado para dar pesos políticos específicos. Evita la confrontación y hace pausas, como quien piensa detenidamente lo que va a decir.
Valencia dice que la prioridad diplomática del Ecuador irá más allá de las ideologías. Fotografía de José María León para GK.
Luego de once años de tener una gestión de personajes más bien políticos como cancilleres, ¿cuál es el cambio que podemos esperar al tener a un funcionario de carrera?
El mandato del Presidente con mi designación va encaminado en el sentido de fortalecer la institucionalidad del servicio exterior, de la cancillería ecuatoriana. Es una institucionalidad que se debe al Estado, por supuesto, es una redundancia decirlo, pero creo que es bueno entenderlo: eso marca lo que esperamos hacer bajo la dirección del señor Presidente en la gestión internacional del país.
Una acción diplomática centrada en la carrera diplomática, profesional, que busque avanzar los intereses del Ecuador sin ninguna consideración que no sea esa: la defensa de los intereses del Ecuador. Temas de orden ideológico o político o de cualquier otra índole pasan a un segundo plano. La acción internacional del Ecuador estará encaminada a abarcar a la globalidad de intereses a la sociedad ecuatoriana, no a los de un pequeño grupo.
En ese sentido, ¿el abanico de relaciones se fortalece? Hemos visto un cambio, por ejemplo, en la forma de relacionarse con Estados Unidos. Bajo ese contexto, ¿cuáles se vuelven las prioridades del país con respecto a los países con los que debe tener relaciones más fuertes?
El enfoque que le comento tiene, precisamente, esa orientación y esa ventaja. El Ecuador no se relaciona con un país o con un grupo de países de una manera determinada sino que tiene una proyección internacional hacia todos los actores de las relaciones internacionales y hacia todos los países. Priorizar tal o cual país, en base a consideraciones que no sean estrictamente las del interés nacional, no es una fórmula o un modus operandi que yo voy a seguir. Sí relacionarnos con todas aquellas naciones con las que el Ecuador puede —y debe— desarrollar una agenda en función de sus intereses. Estoy pensando en Estados Unidos, China, Rusia, los distintos países de la Unión Europea; en fin, una visión global del mundo que parte de una atención especial a nuestra región, América Latina.
¿Cuáles serían las prioridades para el Ecuador?
La prioridad histórica del Ecuador este momento es reforzar su camino hacia el desarrollo económico y social. Con cada país hay una distinta relación sobre esa base. Con algunos países los temas que se refieren a comercio, a inversiones, son más importantes por la propia dinámica económica del Ecuador, por su economía dolarizada, por el desarrollo de su comercio exterior; con otras naciones las relaciones tiene otros componentes. Con Perú, con Colombia tenemos una agenda de vinculación directa con nuestra frontera. En el caso de Colombia hay componentes específicos de crimen organizado, narcotráfico, cultivos de coca.
La frontera ha tomado mayor relevancia con lo que ha ocurrido desde enero. Su predecesora fue criticada por cómo manejó las relaciones con Colombia, especialmente en el tema del secuestro y asesinato de periodistas y civiles. El Presidente electo de Colombia ha dicho que reconsiderará el tratado de paz con las FARC. ¿Cuál es la postura del Ecuador con respecto a ese conflicto?
Nosotros respetamos, por supuesto, las decisiones que adopte el nuevo gobierno colombiano. Seguimos con interés esta etapa de transición entre el presidente Santos y la nueva administración que asumirá el 7 de agosto. Sus decisiones competen al ámbito interno colombiano y Ecuador no tiene comentarios qué hacer.
Obviamente sí nos interesa ver cómo eso repercutirá en las relaciones de ambos países y, muy especialmente, en lo que se refiere a la frontera norte. Lo que le puedo anticipar es que el presidente Moreno llamó al presidente Duque el día que fue electo, y le manifestó la disposición del Ecuador a colaborar y trabajar con Colombia en la agenda bilateral que nos une, en la que tenemos que estar permanentemente en contacto.
Colombia siempre será nuestro vecino, y que le vaya bien en los asuntos que quiere llevar adelante es algo que a Ecuador le conviene. En los problemas que tenemos, especialmente en temas de seguridad, el hecho de trabajar juntos significará que a ambos países les irá bien.
En lo que le compete al Ecuador, el propósito es tener en nuestra frontera norte una paz, una cohesión social, una seguridad para todos los habitantes que sea constante y que sea permanente, que los problemas que se generan por acción del crimen organizado en el sur de Colombia sean adecuadamente contrarrestado por las autoridades colombianas.
Evidentemente, nosotros no podemos actuar en territorio colombiano, pero en el nuestro la política del gobierno es desplegar en la frontera una estructura de seguridad pública adecuada sumada a planes de desarrollo social que se están articulando en este momento. Creo que son, de nuestra parte, una buena respuesta frente a cualquier eventualidad del futuro.
¿Hay una postura del gobierno ecuatoriano de decirle a Colombia que maneje un problema que es colombiano? O, ¿cuál es la postura del Ecuador con respecto a estos temas que se dan del lado colombiano pero que traspasan la frontera?
Es una política de Estado la que se refiere a nuestra relación con Colombia. Y digo de Estado porque hace décadas los gobiernos ecuatoriano y colombiano venimos trabajando para el propósito que usted menciona: que los problemas y los efectos de la criminalidad en Colombia no traspasen nuestra frontera, que sean contrarrestados por la acción del gobierno colombiano que tiene una responsabilidad evidente al efecto. Esa es una posición permanente nuestra que vamos a mantener.
El Estado ecuatoriano hace su parte, y estamos seguros de que la administración colombiana está en la misma línea: el Estado colombiano tiene que hacer su trabajo para evitar que los efectos negativos de la situación de violencia o criminalidad que se produzca en su territorio afecten a sus vecinos.
La frontera es un foco de atención, pero, ¿qué otros retos enfrenta la Cancillería?
Los retos van un poco sobre lo que decía al inicio: fortalecer la institución para que pueda manejar de una manera ordenada, sistemática, coordenada, pensando hacia futuro la acción internacional del Ecuador.
Eso significa establecer prioridades que dejen de lado consideraciones del pasado: por ejemplo, abrir sedes diplomáticas sin una real proyección del Ecuador con respecto a determinado país o región.
En este momento no quiero dar nombres de países en concreto pero, en general, la acción internacional del país tiene que ser dictada por el interés nacional, aunque suene redundante, y ese interés nacional también se ajusta con el tiempo.
Puede ser que el Ecuador tenga unos planteamientos y prioridades en un momento y que después tenga otros; entonces, una institución ordenada se adapta a esas necesidades y busca sacar el mayor beneficio posible para el país.
Sobre lo que menciona: las sedes diplomáticas. Allí también hubo cuestionamientos en cuanto al manejo de esas sedes. Se decía que se utilizaban en beneficio del expresidente Correa o de su movimiento político. ¿Va a haber un cambio en el manejo de las sedes? ¿Se va a cambiar los diplomáticos?
Las designaciones diplomáticas son de dos tipos: por una parte funcionarios de carrera del servicio exterior y luego, una cota de designaciones políticas, 20% aproximadamente del total de funcionarios en el exterior, que de acuerdo a la Ley corresponde efectuar al gobierno de turno.
Tenemos un servicio exterior que está claro con respecto a los propósitos del gobierno nacional. Parte de una institución profesional es actuar con disciplina, seguir las instrucciones. Recordemos que quien dirige la política exterior, de acuerdo a la Constitución, es el Presidente de la República y actuar de acuerdo a esa institucionalidad no es un mero capricho, sino que obedece a la necesidad de que la acción de el país sea coherente, tenga prioridades, siga las directrices centrales de la Cancillería en Quito.
Yo diría que en este momento sí hay un cuerpo diplomático que está trabajando en esa función. Si es que eventualmente un funcionario no cumple las instrucciones, en la propia Ley hay mecanismos para tomar medidas al respecto. Recordemos que la función pública es eso: servicio público, al Estado. Mi objetivo es que la Cancillería sea una eficiente institución para que el servicio que le da al país sea positivo.
¿Entonces las sedes se van a mantener como están?
Va a haber algunos cambios. Sobre todo, tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que ahorrar recursos, ser más cuidadosos en el gasto público. Por ejemplo, ciertas misiones diplomáticas tendremos que cerrar para entrar en función de esa lógica, en otras será necesario reducir el personal.
Yo veo a la Cancillería como una institución cuya eficiencia pasa no solo por cumplir las disposiciones que el gobierno nacional y el Ministro de Relaciones Exteriores da para lograr objetivos determinados, sino también en materia de gasto y aprovechamiento de los recursos del país. El país tiene necesidades importantes en recursos entonces los que recibimos nosotros como institución pública tienen que ser aprovechados al máximo.
José Valencia dice que se reactivará la relación con los Estados Unidos. Fotografía de José María León para GK.
En el tema Assange, otro de los manejos polémicos en cuanto a relaciones exteriores. ¿Va a cambiar la decisión de otorgarle asilo político a Julian Assange?
La decisión de otorgarle asilo al señor Assange es una decisión que fue adoptada años atrás. El Ecuador en base a normas legales locales e internacionales que sobre el tema del asilo, atendió este pedido.
Ecuador no solamente tiene una visión jurídica al respecto sino también humana. Es una persona que está reducida ya seis años en un espacio pequeño, que no tiene las condiciones para que la gente viva ahí, es un edificio de oficinas. Tenemos también esa consideración.
Por ese motivo, lo que el Ecuador buscaría y así lo ha manifestado públicamente, es que haya una solución pronta a esta situación, no una decisión unilateral que decida el Ecuador, el señor Assange y sus abogados o el gobierno inglés, sino que sea una decisión que concierte los planteamientos de cada uno de estos tres actores. De esta manera aspiramos a que haya una solución positiva.
§
Hay casi absoluto silencio en la oficina del canciller. Solo estamos él y yo. No hay asesores ni fotógrafos. Al fondo de la oficina, en el lado derecho hay una puerta que conecta con otra habitación, más pequeña, en la que están sus colaboradores más inmediatos. Ninguno lo acompaña en la entrevista.
¿Qué plantea el Ecuador en esa búsqueda de acuerdos?
Ecuador ha sido tremendamente proactivo. No solamente estoy hablando de mi gestión sino de gestiones anteriores. Hemos hecho muchos esfuerzos como Estado para buscar una solución, a través de conversaciones con el gobierno inglés y los representantes legales del señor Assange.
Esos esfuerzos han sido reales y a todos nos constan. Lo que no me parece que sea adecuado es creer que el Ecuador es el que tiene la solución a este tema. No es un tema exclusivamente del Estado ecuatoriano, hay otras dos partes que se encuentran involucradas. Desde ese punto de vista, creo que no nos corresponde, ni podríamos dar, una solución unilateral.
¿Pero propuestas sobre las soluciones que podría haber?
Propuestas creo que hemos hecho muchísimas.
Algunas que no han sido exitosas como conocemos, no quisiera comentar sobre ese tema pero esperaríamos también que haya propuestas de la otra parte, del Reino Unido, del señor Assange.
Sobre todo, y quiero recalcar eso, no creo que se tiene que demandar del Estado ecuatoriano más de lo que puede dar.
Las otras partes no nos pueden pedir la solución, no es factible. Un solo actor no puede determinar el resultado, el resultado tiene que surgir del consenso. En eso Ecuador es claro.
Va a honrar las condiciones de asilo del señor Assange conforme a la ley internacional, a las leyes del país, eso está fuera de duda. Además es un asunto humanitario, pero tampoco al Ecuador se le puede demandar para que dé una solución, si nosotros pudiéramos ofrecer una solución, ya la habríamos dado y se habría concretado.
De momento, ¿la situación está en stand by?
Sí, efectivamente, el señor [Assange] sigue en la sede diplomática de la embajada del Ecuador en Londres, y nosotros damos seguimiento a través de los canales diplomáticos que nos competen.
Hablando un poco sobre relaciones con otros países. Vino recientemente el Vicepresidente de Estados Unidos al país. ¿Qué significa eso para el Ecuador?
Yo creo que es un hito único, importantísimo en la acción internacional del Ecuador, en la relación con Estados Unidos.
Para nadie es un secreto que la relación con Estados Unidos había sufrido importantes bajones en los últimos diez años, que había habido momentos muy críticos de retiro de embajadores, que además estos momentos críticos no se habían limitado a lo político o diplomático sino que habíamos presenciado un continuo declinar en las relaciones comerciales, de inversiones con Estados Unidos.
Aún así, Estados Unidos se mantiene como el principal socio económico del Ecuador. Por lo tanto, la venida del Vicepresidente Pence, luego de que hacía 30 años no venía una alta autoridad de los Estados Unidos, creemos que marca un hito importante para el desarrollo de esa relación.
Es una relación multifacética, de la que esperamos resultados positivos para el país, para inversiones, generación de empleo, incremento de exportaciones, ingreso de dólares, representación del Estado ecuatoriano para atender a nuestros migrantes que son casi 2 millones de personas —entre los que llegaron más recientemente y quienes ya están instalados hace décadas.
Ahora que habido denuncias incluso de irrespeto a los derechos humanos con niños encerrados y separados de sus padres, ¿hay migrantes ecuatorianos involucrados en estos procesos de deportación ante los cuales el Estado ecuatoriano tenga que intervenir?
La relación en materia migratoria tiene una serie de aristas. Desde el bienestar de nuestros migrantes que tienen sus documentos en regla, son residentes e incluso ya tienen la nacionalidad, los ecuatorianos que están en Estados Unidos pero no están con sus documentos en regla, la situación de casos específicos que usted menciona, como resultado de las medidas de la administración Trump muy dura contra migrantes que no tienen la documentación en regla.
Afortunadamente, en el caso de los niños ya ha habido un decreto del mismo presidente Trump y nosotros lo felicitamos por eso, emitimos un comunicado en ese sentido. El hecho de rever un decreto que causaba mucho dolor a niños inocentes es un asunto positivo.
También está la atención que brindamos hacia nuestros ecuatorianos migrantes a través de una decena de consulados repartidos en Estados Unidos.
Hay otras cuestiones como la trata de personas, la explotación que ecuatorianos muy pobres que quieren ir hacia Estados Unidos sufren de verdaderas mafias que hacen mucho dinero y ponen en riesgo la vida de estas personas.
Es un trabajo grande el que tenemos que llevar adelante con Estados Unidos.
Por eso, uno de los hechos concretos y positivos de la visita del vicepresidente Pence es que los países vamos a convocar, y ya están en marcha los trabajos preliminares, a una mesa bilateral sobre temas de movilidad humana.
Ya hizo una visita al país una subsecretaria de Estados Unidos que trabaja en temas migratorios. Nuestra idea es, en esta mesa, tener reuniones periódicas entre ambos países, que permitan a las autoridades de los dos países, al más alto nivel, manejar temas de movilidad humana. Para el Ecuador esa agenda es sumamente importante.
¿Hay fecha de inicio para una primera reunión de esta mesa?
No hay una fecha fijada pero la idea es que esta mesa se reúna en los próximos dos meses.
Como le cuento ya hubo una delegación de una subsecretaria para temas migratorios de Estados Unidos, mantuvimos las conversaciones iniciales.
En la conversación que tuvo el presidente Moreno con el vicepresidente Pence, ambos países acordamos seguir adelante con la convocatoria de esta mesa. Estados Unidos es un país, como le decía hace un momento, donde probablemente viven más de dos millones de ecuatorianos.
Una responsable acción del Ecuador es justamente aproximarse a este país para encontrar soluciones a problemas que tienen nuestros migrantes y que vamos a plantear de manera muy firme buscando resultados mutuamente acordados, resultados que ambos países puedan impulsar.
§
Justo al inicio de la siguiente pregunta, entra una funcionaria que trabaja con el canciller para averiguar, sin decirlo, si el fotógrafo puede entrar. El canciller me deja responder y cuando le explico que es mejor que se hagan las fotos en medio de la conversación, él sonríe y se acomoda en su sillón. Arregla su corbata, y yergue su espalda.
El canciller José Valencia es el primer diplomático de carrera en ocupar el puesto en once años. Fotografía de José María León para GK.
¿Las reuniones serían periódicas?
Usualmente se reúnen dos veces al año y eso vale para esta mesa de movilidad humana pero también para la mesa central de debate de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador que se denomina Diálogo Amplio Bilateral.
Es una mesa que se reúne entre Washington y Quito y que abordará de manera sistemática los temas de la relación bilateral: económicos, comerciales, de inversión, los impases que existen entre nuestros dos países en temas fundamentalmente económicos, en temas de migración, temas de cooperación para la seguridad, temas referentes al intercambio cultural, tenemos muchos becarios en Estados Unidos. En fin, todo ese ámbito será tratado en esta mesa de amplio diàlogo.
Pero este mecanismo sí existía, ¿no?
Existía pero no se había convocado. Ahora justamente la estamos reactivando.
¿Al cuánto tiempo se reactiva?
Creo que diez años.
¿Ninguna había funcionado en los últimos años?
No, por eso le comento que creo que este es un relanzamiento efectivo de la relación entre Estados Unidos y Ecuador.
Hay una tercera mesa que es clave: el Consejo para Comercio e Inversión, que igualmente no se había reunido. Aunque el Diálogo Amplio Bilateral se convocará antes de fin de año, el Consejo de Comercio esperamos que se pueda convocar máximo el primer trimestre del próximo, aún se debe concertar algunos entendimientos con miras a la convocatoria. Creemos que va a ser clave porque es el ámbito específico en el que vamos a tratar temas comerciales, de inversiones, de turismo. Es una agenda extremadamente compleja que para el Ecuador representa una parte muy importante en la relación con Estados Unidos.
Sobre los acuerdos comerciales, ¿cuál es la política del Ecuador no solamente con Estados Unidos sino quizás también con la Unión Europea?
En ese sentido la relación con Estados Unidos ha estado marcada por el requerimiento permanente del Ecuador a fin de que preferencias arancelarias sean incorporadas en el Sistema General de Preferencias de Estados Unidos. Son trámites y requerimientos que cada dos años deben renovarse. No solamente es demandante para el país, sino un tanto frustrante, porque tenemos que seguir repitiendo los argumentos todo el tiempo, sino sobre todo porque no da una seguridad, una previsidad al sector exportador ecuatoriano y también al sector americano que conduce negocios con el Ecuador.
Lo que nosotros queremos es buscar con Estados Unidos un entendimiento que sea eso, previsible, seguro, constante, que facilite el intercambio comercial entre Ecuador y Estados Unidos, incrementar nuestra balanza comercial.
¿Un acuerdo para saber a qué atenerse?
Sí, para saber a qué atenerse. Cuando dos contrapartes económicas tienen reglas claras, fluidas que les permiten prever a futuro, casi naturalmente el intercambio comercial empieza a crecer e incrementarse.
Es la experiencia de Ecuador con países vecinos, con Colombia, Perú —cuando adoptamos entendimientos comerciales con ellos, el comercio empezó a subir de manera constante y positiva para nuestro país. Los primero resultados de los acuerdos con la Unión Europea van en ese sentido. Pensamos que esos entendimientos con los Estados Unidos serán también positivos. Sabemos que el asunto no es de soplar y hacer botellas, conocemos la orientación en temas comerciales del gobierno del presidente Trump, sabemos sus reservas sobre los entendimientos comerciales con otros bloques de naciones. Pero aún tomando en consideración esas circunstancias, buscamos hacer planteamientos con Estados Unidos para buscar este sendero para forjar este marco de entendimientos globales que faciliten la conexión económica entre nuestros dos países.
Sobre las relaciones con la región, en las últimas semanas hemos visto las terminales, incluso en Quito, llenas de personas que vienen desde Venezuela y que están en condiciones poco humanas. ¿Cuál es la acción del gobierno ecuatoriano con respecto a esta situación que cada vez es más grave?
Una acción de mucha preocupación, mucha preocupación obviamente. En esto creo que estamos en la misma línea de otros países de la región: Colombia, Brasil, Chile.Hay venezolanos en toda Sudamérica, también el Caribe.
Nuestra preocupación va a atender un asunto que es eminentemente humanitario; ¿cómo facilitamos la vida de esas personas que se encuentran en estrés, en vulnerabilidad?
Ecuador ha regularizado a muchos venezolanos, tienen visado, en este momento están viviendo con documentos en regla en el Ecuador, otros no lo están pero están siendo atendidos por el país.
Estamos tratando de atender incidentes que se han dado, incidentes extremadamente censurables de xenofobia, que el gobierno nacional rechaza. Tenemos que buscar una solución.
Hemos hablado con otras carteras de Estado que también tienen que ver con el asunto, hemos hablado con la Defensora del Pueblo, que estuvo aquí ayer, creo que su labor es encomiable porque está atendiendo la vigencia de derechos de personas que no son ecuatorianos pero que están en territorio nacional, por lo tanto deben ser protegidos.
También debemos dar una respuesta regional que involucre un diálogo con los países vecinos con quienes debemos dar respuesta a este fenómeno de migración masiva de venezolanos. Hemos conversado con la Organización Internacional de las Migraciones, con el Acnur, para buscar una coordinación entre los países que estamos viviendo este tema.
Con el propio gobierno venezolano, ¿hay algún diálogo sobre la situación de sus ciudadanos en Ecuador?
Hemos mantenido contacto con la embajada de Venezuela en Quito. Hemos hablado con ellos sobre asuntos de la documentación de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos salen del país sin documentación, no los traen o ya han caducado esos documentos. O cuando tienen que realizar trámites específicos se les pide el récord policial y conseguirlo no es tan sencillo.
Es una serie de temas para los que hemos estado en contacto con la Embajada venezolana aquí en Ecuador.
Según publicó el New York Times, Ecuador planteó una resolución pero reculó ante la amenaza de Estados Unidos de retirar financiamiento o cooperación militar. ¿Cuál es la respuesta de Ecuador?
Hay una interpretación de un diario de gestiones diplomáticas que hizo hecho Estados Unidos con muchos países, pero en absoluto hubo un condicionamiento de que no les damos asistencia en la frontera si usted no vota por esta resolución.
Le digo con toda claridad y sinceridad, jamás aceptaríamos ese tipo de condicionamiento.
En las relaciones internacionales, los Estados hacen planteamientos a otros Estados y está en los otros Estados aceptarlo o no.
Por ejemplo Estados Unidos, y no estoy diciendo ningún secreto, ha sido un evidente propulsor de adoptar una política internacional más dura en contra de Venezuela. Ecuador ha mantenido una política que se ha manifestado por ejemplo, en la última votación en la OEA, de mantener su voto de abstención porque creemos que es lo que corresponde de acuerdo a los principios que tiene el Estado ecuatoriano con respecto a la situación crítica de Venezuela.
Lo que ocurrió en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, yo no estaba todavía como Canciller pero quiero decir con toda claridad que sí hubo lobby norteamericano, que no es solamente con Ecuador sino con otros países, pero fue un lobby que fracasó porque la propia Organización Mundial de la Salud adoptó la resolución sobre lactancia materna que fue aprobada por consenso.
A propósito de esto quiero manifestarle que Ecuador en sus planteamientos de política exterior, no puede ni debe jamás aceptar presiones de ningún tipo.
La cooperación se debe producir siempre sobre la base de sus propios méritos pero no sobre la base de estas negociaciones. Sacamos un comunicado con la Ministra de Salud sobre que las políticas ecuatorianas sobre lactancia materna, los planes de promoción de la lactancia materna, se mantienen.
Entonces, ¿no es cierto que Ecuador reculó en el planteamiento de esta resolución?
No. La prueba es que la resolución fue adoptada. No hubo en Ecuador ninguna resolución de sus políticas ni ningún planteamiento para disminuir el peso de la resolución que fue adoptada por la OMS.
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Antes de terminar la entrevista, retomamos el tema de Venezuela y el canciller hace énfasis en un planteamiento que había hecho el presidente Moreno ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en junio pasado y que difundió a través de su cuenta de Twitter. Allí planteaba una “salida democrática” a la crisis venezolana y proponía una consulta popular en la que “se decida si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo”, pues varios organismos internacionales las cuestionaron por “falta de transparencia”.
Una precisión sobre el tema de Venezuela. ¿Ecuador no va a condenar ni a censurar lo que está ocurriendo a nivel interno de ese país por no inmiscuirse en política interna o cuál es la postura ecuatoriana?
Ecuador ha observado con preocupación la situación de los derechos humanos en Venezuela, ha habido declaraciones del propio Presidente de la República en ese sentido, ha habido una serie de preocupaciones que las transmitimos públicamente, no es ningún secreto, en virtud de que Ecuador es un firme convencido de que las observaciones en materia de derechos humanos a otros países, no solo a Venezuela sino a cualquier país, no constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de los estados. En esto, Ecuador es heredero y reconoce la vigencia de la llamada doctrina Roldós que fue adoptada en 1980 en el marco de la región andina.
Dicho esto, la resolución de los asuntos internos de los venezolanos, de la crisis que vive el país, de las difíciles circunstancias que rodean la relación entre gobierno y oposición, eso sí creemos que tiene que resolverse exclusivamente entre los venezolanos.
No cabe otra opción, fíjese, otros países dictando a Venezuela un menú de lo que tiene que hacer, no es así. Venezuela, los venezolanos tienen que encontrar ese entendimiento como ha ocurrido con otros países de nuestra América en el pasado cuando han tenido que vivir crisis y situaciones extrema, incluso de violencia armada que finalmente, sectores totalmente opuestos de gobierno e incluso grupos subversivos llegaron a entendimientos en un afán de restablecer la paz y construir un país democrático en esas naciones.
Valencia dice que habrá reducción de personal y reducción de sedes diplomáticas. Fotografía de José María León para GK.
¿Lo mismo con Nicaragua?
Exactamente. Nosotros hemos manifestado nuestra condena a losa actos de violencia en que violan los derechos humanos, hemos respaldado la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos llamado a que cese esa violencia, siguiendo exactamente los mismos lineamientos de la Comisión Interamericana.
¿Esto constituye una injerencia en Nicaragua? Bajo ningún punto de vista.
Una vez más, el hablar de derechos humanos no significa intervenir en temas internos de ningún Estado porque son valores que trascienden lo político. En particular lo que decía de Venezuela, la propuesta de la consulta popular que hizo el Presidente, ¿es esa una intervención en los asuntos internos de Venezuela? No, porque nace de la buena fe del Estado ecuatoriano, es un planteamiento, no es un dictado, no es una exigencia ni mucho menos, es una idea que se pone sobre la mesa tomando en cuenta la propia experiencia ecuatoriana de una consulta popular que sirvió para reestablecer una serie de distorsiones a la institucionalidad democrática, por ejemplo la reelección indefinida que había en nuestro país.
Es un aporte que los venezolanos tendrán, entre ellos que decidir, si es un aporte que vale o no vale recoger o en qué condiciones o en qué momento. Eso ya es un asunto del que Ecuador no tiene control, ni debe tener control. Lo nuestro es una sugerencia de un país hermano a otro. Ese es nuestro enfoque. Si es que hay las condiciones legales, eso les compete a los venezolanos. Cuando hay inexistencia de determinadas disposiciones legales, los actores se ponen de acuerdo y los obstáculos se pueden superar.
Claves para entender la sanción de la Contraloría a Mariano Zambrano
Según la Contraloría General del Estado, el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano estaría involucrado en varios procesos precontractuales y contractuales irregulares e incumplidos. A esa conclusión llegó el órgano de control ecuatoriano un informe publicado el 27 de julio de 2018. La Contraloría observó obras públicas de la prefectura manabita en el sector de Manga del Cura entre el primero de agosto de 2014 y 30 de noviembre de 2017.
El Contralor del Estado, Pablo Celi, en una rueda de prensa el 30 de julio, presentó el informe: implica 11 sanciones de destitución en contra del Prefecto y de otros 16 funcionarios de la Prefectura. Celi dijo que se encontraron incumplimiento de plazos, realización de estudios técnicos incompletos, y un incumplimineto de requerimientos legales para la contratación. El caso fue enviado a la Fiscalía para que se investigue una posible responsabilidad penal del funcionario.
Zambrano tiene un plazo de 30 días para presentar descargos, luego de lo cual la Contraloría resolverá definitivamente el caso. Por tanto, Zambrano (aún) no ha sido cesado de su cargo.
La Contraloría estableció un total de 13 irregularidades en los diferentes procesos impulsados por la prefectura de Manabí en el sector Mango del Cura. El tribunal de cuentas del Ecuador analizó la ejecución de varias obras públicas —17 millones 158 mil dólares— y la fiscalización de la vía Santa Ana-Olmedo —39 mil 426 dólares. Otras obras de la Prefectura analizadas por Contraloría son la ampliación y rehabilitación de la vía Jipijapa – Noboa, la construcción del parque educativo vial para la ciudad de Portoviejo, la obra de protección en el sitio Los Pocitos, Dos Bocas sobre el río Portoviejo.
Según el informe de la Contraloría, obras atribuidas a la empresa pública Manabí Construye, como la señalización para la vía El Paraíso, la rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de 2 pulgadas, señalización para la vía El Paraíso y el pintado de la parroquia El Carmen ya habían sido ejecutados y canceladoa en 2015, pero la empresa recibió un pago de más de 760 mil dólares para realizar un nuevo contrato iniciado en 2017.
Otro análisis de contraloría es la contratación de Manabí Construye para construir y rehabilitar la vía Santa Ana-Olmedo. La empresa pública subcontrató a dos empresas privadas de construcción —Rocasolida Construccion, Constructora Ciudad Rodrigo— y les pagó 4 millones y medio de dólares —el 40,22% del valor total del contrato.
Sin embargo, la Contraloría encontró que esta suma sobrepasa el porcentaje permitido en el contrato —el 30% del valor total de la obra— para subcontratar a otras empresas. Además, el informe dice que Manabí Construye “incrementó los precios unitarios de varios rubros al momento de la subcontratación con la Constructora Ciudad Rodrigo”, lo que generó un pago injustificado de más 203 mil dólares a la empresa. El informe señala, además, errores de cálculo aprobados por el fiscalizador de la empresa Manabí Construye en un contrato de junio de 2016 para realizar obras en la vía Santa Ana-Olmedo.
Además, la Contraloría halló que la Prefectura de Manabí firmó dos contratos —el 26 de noviembre de 2016 y el 16 de marzo de 2017— mediante la resolución de contratos de emergencia por el terremoto de 2016 , fuera del plazo permitido. Cuando ocurrió el terremoto, el ex presidente Rafael Correa autorizó por decreto ejecutivo un plazo de 60 días —entre el 17 de abril y el 16 de junio de 2018— para que la prefectura de Manabí realice contrataciones “mediante el procedimiento de emergencia”. La especificidad de este proceso era que las Prefecturas tenían un presupuesto ilimitado para realizar las obras.
El informe revela, igualmente, que el director de Compras Públicas de la Prefectura no publicó en el portal oficial la información sobre los contratos, como manda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas. 10 contratos, entre 2014 y 2016, no tendrían información como los cronogramas de ejecución y pagos o informes de fiscalización.