GK 2018-11-19T02:19:13+00:00

El cerco al fiscal Paúl Pérez Reina

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Mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio anunciaba que había recibido la renuncia del Fiscal General, Paúl Pérez Reina, un grupo de periodistas conseguía adhesiones para plantear un reclamo a la Fiscalía por las restricciones impuestas por esa institución para las coberturas. No era un tema nuevo: habían sido meses de quejas en los chats de prensa, en las coberturas, en las reuniones.

La molestia se hizo evidente el martes 13 de noviembre de 2018, cuando fueron impedidas de entrar a las instalaciones tres periodistas que iban a revisar un expediente público. Marieta Campaña de diario Expreso, Susana Morán de Plan V y Soraya Constante, periodista independiente, llegaron a la Fiscalía General, en el centro norte de Quito, fueron recibidas en recepción, les pidieron sus identificaciones, y desde allí llamaron al departamento de Comunicación para solicitar autorización. Esto no era habitual: normalmente los periodistas ingresaban sin requerir ni llamadas ni autorizaciones.

Pero ese día, algo había cambiado: ya no podrían entrar sin la aprobación del director de comunicación, Robert Carrera, nombrado hacía cuatro meses, pocos días después de que Pérez Reina fuese designado titular de la Fiscalía. El martes 13, a las tres periodistas les negaron el acceso sin que ellas pudieran ver a quien dio la orden, pues aunque pidieron conversar con alguien del departamento de comunicación, nadie las atendió. Tuvieron que marcharse sin tener siquiera, a quién reclamar.“Eso para mi es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.” dice Susana Morán, periodista que cubre hace varios años la Fiscalía.

Las quejas se trasladaron a los chats de prensa y a las redes sociales. “Me consta que la Fiscalía no permite el ingreso a la prensa a sus instalaciones.” tuiteó la periodista Sara Ortíz de diario El Comercio. “En la recepción dicen que es orden del Director de Comunicación, quien no responde correos, pedidos de información o mensajes; organizan ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas”.

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Desde el nombramiento de Paúl Pérez Reina como Fiscal General Subrogante, a finales de julio de 2018, la política de comunicación de la Fiscalía dio un giro abrupto. Pocos días después de su nombramiento, en un chat creado en el período anterior —de Carlos Baca Mancheno— se supo que el nuevo director de comunicación sería Robert Carrera, un periodista veterano.

Varios reporteros lo felicitaron. Creían que por haber ejercido el oficio, entendería los requerimientos de la prensa y estaría más abierto a atenderlos. Se equivocaron. A las pocas semanas, empezaron las quejas. La primera, cuando de a poco, salieron del chat de WhatsApp los funcionarios del departamento de comunicación, sin previo aviso.

Paúl Pérez Reina

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Julio César Trujillo, posesionó a Pérez en mayo de 2018. Fotografía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El chat había sido creado por la administración de Baca Mancheno para difundir información y atender pedidos. Cuando los periodistas que cubren la Fiscalía se dieron cuenta, empezaron a discutir, nadie entendía qué había pasado. Averiguando, pronto se supo que el canal ya no existía: la Fiscalía había decidido reemplazarlo por una lista de difusión. Así, se terminó el canal de doble vía para dejar uno unidireccional: la fiscalía enviaría las convocatorias a ruedas de prensa y, básicamente los tuits, a quienes fueran parte de la lista. En las semanas posteriores, la dificultad para tener acceso al fiscal, puso en evidencia el poco interés de Pérez Reina para tener cercanía con la prensa. “En los tres últimos pronunciamientos se ha intentado hablar con el fiscal y no se nos ha permitido acceder a él para poder entrevistarlo” dijo Daniel Borja, periodista de televisión.

A pesar de que aún se mantenían las convocatorias a la prensa, la dinámica era restrictiva. El 19 de septiembre de 2018, en la Asamblea Nacional, el Fiscal Pérez decía, ante los medios de comunicación que había recibido cuatro denuncias de cobros indebidos por parte de colaboradores de asambleístas. Fue una declaración sin preguntas. Como esas, ha habido varias más. El 3 de octubre, la Fiscalía convocó a una rueda de prensa para informar sobre casos de personas desaparecidas. Como ya era casi habitual, tampoco se aceptaron preguntas. Los periodistas se quejaron, pero sus palabras cayeron en saco roto. “El director del departamento de comunicación de la fiscalía me dijo que le preguntamos al fiscal temas que no son los que a ellos les interesa que les pregunten, y que nos desviamos a preguntar otras temáticas” dijo Daniel Borja. Entonces, para la Fiscalía, no ha quedado clara la función de un periodista: no estamos para complacer a las autoridades, estamos para exigirles respuestas.

El cerco mediático del fiscal era, cada vez, un cerco de conveniencias y porosidades cuestionables. Querer atender solo sobre lo que les interesa es atentar contra un derecho ciudadano e incumplir una obligación básica: responder. La política no era general, sino que habría admitido ciertas excepciones. “Tengo la impresión de que sí hay uno que otro periodista que entra a la Fiscalía sin problemas. ¿Será que la condición es “adular” al fiscal? Están equivocados” tuiteó Fausto Yépez, periodista de Teleamazonas. Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Español, replicó el tuit y comentó: “Sería gravísimo que algunos periodistas puedan acceder a audios o expedientes de Fiscalía con exclusividad y con la condición de adular. Terrible”

Los intentos para obtener entrevistas tampoco rindieron. Varios medios —incluido GK— ha pedido entrevistas en reiteradas ocasiones, pero no ha habido respuestas. Ni siquiera para decir que no. Marieta Campaña dijo que ha hecho media docena de pedidos y apenas le han respondido uno, diciendo que no cuentan con la información requerida. “Cuando el fiscal fue nombrado en el Consejo de Participación Ciudadana, dio declaraciones tres veces en el mismo día” dijo Campaña “Entonces nosotros pensamos que iba a haber apertura pero luego, pedimos entrevista al fiscal y el director de comunicación dijo que todavía no estaba asentado en el cargo, que esperáramos un poco”. Esperaron un mes, dos, tres. No hubo respuesta.

No es la única. Varios periodistas que cubren la Fiscalía confirmaron que no han tenido respuestas del departamento de comunicación. A GK tampoco le ha respondido los reiterados pedidos. Ni siquiera el que se hizo para consultarle sobre la política de comunicación de la Fiscalía. A pesar de que respondió un mensaje aceptando que le enviáramos las preguntas por mail, respondió otra funcionaria, Fernanda Mercado, diciendo que están preparando un conversatorio para tratar estos temas. El día y hora los notificarán a través de la lista de difusión de WhatsApp.

fiscal general del Ecuador

El ahora ex fiscal Pérez Reina, durante una comparecencia en la Asamblea del Ecuador. Fotografía de la Asamblea del Ecuador.

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El Fiscal Pérez Reina era un saltador de periodistas. El 24 de octubre de 2018, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares al exministro Fernando Alvarado, el Fiscal intentaba evadir a los medios. Con varios periodistas detrás, se apresuraba a salir  de la sala de audiencias para correr las escaleras, sin regresar a ver. La escena graficaba bastante bien la dinámica de la fiscalía en estos últimos meses.

Con el impedimento de acceder a revisar expedientes públicos —o las trabas para hacerlo— las dudas de los periodistas han aumentado, incluso a pesar de la renuncia del fiscal.  “Siempre ha habido la posibilidad de acceder a los expedientes públicos” dijo Soraya Constante. “Ese acceso ahora nos han negado y ya no sabemos cómo va a funcionar: nos van a dar la copia de un expediente o nos van a permitir consultar durante un tiempo”. No hay claridad salvo en la disposición de no permitrle el acceso.

Con ella coinciden otros periodistas. No creen que la solución sea hacer pedidos por mail, pues es bajo esa modalidad nunca han llegado las respuestas. Además, a algunos periodistas les han dicho ya que incluso para acceder a la información de las fiscalías provinciales tiene que haber autorización del departamento de comunicación de la Fiscalía General del Estado. “Dicen que apoyan al periodismo de investigación pero cuando vas a hacer este trabajo, hay este tipo de bloqueos. Es la primera vez que me pasa” dijo Susana Morán.

Las restricciones no han sido, sin embargo, exclusividad de esta administración. Hay periodistas que tuvieron dificultades, aunque quizás no tan evidentes, también con el exfiscal Baca Mancheno. Fausto Yépez lo resumía en un tuit, el mismo día que la fiscalía impedía el acceso a las periodistas: “Pensé que no podía haber peor trato a los medios que en la fiscalía de Carlos Baca Mancheno”. Soraya Constante recordó algo similar: “Hice pedidos por el tema Odebrecht y jamás fueron respondidos. Me pasaron una exposición de alguna cosa que el fiscal dijo en la Asamblea, algo que no me servía pero siempre hubo la posibilidad de acceder a los expedientes públicos”.

La tendencia no los salva. A algunas autoridades les cuesta relacionarse con la prensa, entender que hay una legislación que permite acceder a la información pública, asumir que parte de ser funcionario público es transparentar la información y, aunque Pérez Reina se irá —y con él, probablemente Robert Carrera— ,el pedido de una fiscalía de puertas abiertas, con libre acceso a la documentación pública y respuestas oportunas a los pedidos de la prensa, firmado por más de cuarenta periodistas, quedará en algún escritorio de la Fiscalía. Estará ahí, a la espera de que el próximo fiscal sí crea en la transparencia y sí entienda que es intrínseco al cargo rendir cuentas y abrir puertas a los medios. Aunque lo critiquen, aunque lo cuestionen, aunque lo incomoden.

Impaqto Quito

María Paula Romo: “Las amenazas del narcotráfico ya están aquí”

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En una oficina amplia, en un edificio patrimonial en el centro histórico de Quito, la ministra Romo, espera que su equipo termine de organizar el espacio en el que se sentará: son varios minutos para encontrar el mejor fondo para las fotos. Ella, vestida con un pantalón oscuro a cuadros y una chaqueta color mostaza, camina de un sitio al otro mientras organizan. Responde llamadas, habla con un asesor y con otro, entra y sale sin cesar. Lleva el cabello corto y suelto, su rostro lleva el peso del cansancio. Se sienta en una silla que su equipo ha acomodado delante de las banderas de Ecuador y Quito.

Empecemos hablando de estos primeros dos meses frente al Ministerio. ¿Cuál le pareció el área que más requería su atención?

Todo.

Debe haber algo prioritario.

La ejecución presupuestaria.

¿En cuánto está?

En septiembre, 32 por ciento.

(La Ministra Romo nos pidió que precisemos que el 32% estaba ejecutado cuando llegó, “en el mes nueve”, como dice ella en la entrevista y que a noviembre de 2018, tras dos meses de gestión, el presupuesto está ejecutado en 67%)

Denos detalles de lo que eso significa.

Imagínese que su presupuesto para el año es cien y a septiembre le faltaba setenta por gastarse. Dependiendo de eso, el próximo año no le dan el presupuesto.

¿Y por qué no se ha ejecutado?

No importa, el problema es lo que está pendiente. Este es un ministerio muy grande en donde todos los temas son urgentes y tiene que ver con lo administrativo, lo que corresponde a la Policía Nacional, la parte civil que hace migración, la planificación y la política pública de seguridad, y tiene también que ver con una serie de tareas que hoy ya no son de la Policía —o al menos en teoría ya no son de la Policía.

Entonces, Policía Nacional tiene un pie dentro y un pie fuera. En Tránsito, según la Ley de Tránsito, las competencias de la Policía Nacional se terminaron en 2015, pero la Policía Nacional sigue a cargo del 69% del territorio.

¿Por qué?

Porque aún no ha culminado el proceso de transferencia, ya sea a los municipios o a la Comisión de Tránsito.

¿Pero eso es porque no han asumido sus tareas?

Así es. Hay explicaciones diferentes. Hay municipios que han decidido no hacerlo o que tienen otro calendario —puede haber cualquier explicación pero la realidad es que, aunque ya no tiene competencias legales, a no ser por dos transitorias en la Ley de Tránsito, la Policía todavía está en el 69% del territorio.

Se había hecho también una transferencia de lo que era la Secretaría de Drogas, antes Consep, que se dividió: una parte para el Ministerio de Salud, otra parte para este ministerio. Eso aún está en proceso. Está en proceso desde la evaluación de los funcionarios hasta la creación de una nueva dirección de control de drogas.

En otro tema en el que la Policía tiene un pie afuera es en el tema cárceles. Ya no es la responsable del control de las cárceles, son los guías penitenciarios, pero la Policía es responsable de la seguridad en los recintos, en los alrededores y también del traslado de prisioneros y demás. Los guías penitenciarios son un poco menos de dos mil y la Policía tiene destinados para temas de cárceles, más o menos dos mil quinientas personas.

Entonces en los que temas que en teoría, ya no hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad. Ni se diga en los que hay. Estoy tratando de poner un panorama general.

Está el tema de seguridad, el tema de control migratorio, pero la política no la define el Ministerio. El Ministerio ejecuta los controles migratorios, además los empleados migratorios están en las fronteras, en los puertos, aeropuertos pero la política de movilidad la define la Cancillería.

¿Cómo prioriza?

Es que todo es urgente. Nada puede esperar.

Es un ministerio muy grande, con muchas responsabilidades, con muy alta exposición política y creo que eso es parte de los malabares que hay que hacer. En estos meses me he dedicado a que se ponga en marcha todo, esa es mi tarea, a que se ponga en marcha temas administrativos, de presupuesto, cosas que no estaban pagadas, presupuesto que había que ejecutar.

La Policía Nacional es una institución que tiene su propia dinámica, entonces ahí hay temas que no se detienen. Y por supuesto, han habido temas sensibles. Había un ascenso que había que resolver. El día que me instalé se disolvió la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI). Esa fue mi primera conversación con el Comandante General de la Policía: informarle la decisión de disolver la UGSI.

¿Decisión del Presidente?

Es una decisión que se toma por decreto ejecutivo. Y luego hemos tenido que informar los resultados de la investigación interna de la disolución de la UGSI.

Se ha informado al Servicio de Seguridad Presidencial, eso ya está hecho. Los gobernadores también, como en otras cosas, son un poco del Ministerio del Interior, un poco de la Secretaría de la Política.

Entonces hay varios temas institucionales en marcha.

Estaba pendiente la entrega de un nuevo Código de Seguridad que lo estaba trabajando el Ministerio de Defensa. He comparecido cuatro o cinco veces en la Asamblea Nacional, en el pleno.

Tengo varios pendientes. He estado en Guayas, casi una vez por semana. Mañana voy a estar en Tena. He estado en Carchi, Imbabura, Loja, Azuay, y no sé si me escapa algún otro lugar. Hay un tema de trabajo nacional, de reunión con la Policía.

He retomado las videoconferencias quincenales que se hacen desde el Comando Nacional de la Policía.

¿Para qué son?

Para darle un seguimiento al cuadro de mando integral, que es un mecanismo para mirar cómo evolucionan las cifras en materia de seguridad, si es que se están cumpliendo las metas, eso es parte del funcionamiento habitual de la Policía. Tenemos un ascenso policial el día de mañana.

Es mucho trabajo. La próxima semana voy a la Asamblea Mundial de la Interpol. Hemos firmado algunos convenios. Ha habido reuniones con personas del Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de algunos convenios de cooperación.

¿Se van a mantener?

Están vigentes, se van a mantener y se van a profundizar. Parte de lo que hemos hecho estos dos meses es anunciar que estamos en las operaciones del Orion, que estamos haciendo una vigilancia del espacio marítimo.

¿Para combatir el narcotráfico?

Así es. Es supervisar una extensión que es de muy difícil control, es lo que se está haciendo. Se necesita tecnología avanzada que nosotros no tenemos. Este avión es como un radar gigante que vuela, nosotros no tenemos esa tecnología.

Hay que mejorar las condiciones de respuesta pero es poner a caminar muchas cosas. Lo importante es poder atender las emergencias sin que esto deje de funcionar.

La presencia del narcotráfico

Usted se posesiona después de una crisis grande en cuanto a la situación de la frontera, quizás con el punto más álgido con el secuestro y asesinato de los colegas periodistas. ¿Cómo avanza la lucha contra el narcotráfico específicamente en la zona de frontera?

Este es un tema que se tiene que comprender como algo que es parte de nuestra realidad. No es algo que vamos a entrar, hacer una detención y se va a terminar.

La realidad del Ecuador es que tiene una frontera que está al norte, con Colombia, que tiene una realidad muy especial, relacionada con el tráfico de sustancia sujetas a fiscalización. Los informes de Naciones Unidas hablan de un incremento en la cantidad de hectáreas sembradas y la ubicación de los mapas. Esas plantaciones se concentran en Nariño y Putumayo, que son las zonas fronterizas con Esmeraldas y Sucumbíos.

No se puede cerrar los ojos ante esa realidad. La realidad del Ecuador es que ese es nuestro vecindario y tenemos que tener nuestras políticas diseñadas desde ese contexto.

Desde ese contexto, ¿cuál es la política del Ministerio del Interior?

Es combate pero no es entrar, resolver, salir. No es como desarticular una banda que roba autos. Es una realidad que está ahí.

En ese momento, una de sus asesoras entra al despacho. Le dice a la Ministra que tiene una llamada urgente de otra ministra. Romo pide disculpas, se levanta y sale de la oficina. Nos quedamos con la directora de comunicación, que ha estado sentada al otro extremo de la Ministra, grabando la entrevista. Pasados unos pocos minutos, retomamos la entrevista.

maria paula romo entrevista

Romo es fundadora de Ruptura de los 25, organización política que respaldó a Rafael Correa en su primera elección. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Yo le preguntaba acerca de la política del Ministerio del Interior, usted mencionaba lo que implica ser vecinos de Colombia.

No solamente vecinos de Colombia sino la posición del Ecuador en este continente, entre Colombia y Perú, y vivimos en una economía dolarizada. Las amenazas del narcotráfico están aquí. Entonces en este —como en muchos otros temas– yo soy de la idea de que hay que enfrentarlos, asumir cuáles son los riesgos y tomar las decisiones en consecuencia.

Hay muchos temas que no nos gusta ver, como sociedad. Cuando fue el secuestro de los periodistas de El Comercio, yo no era Ministra del Interior ni era parte del gobierno, y me preguntaron en una radio, yo decía que es como enterarte que hay un elefante en la casa y que no has querido verlo, ni discutir, ni darte cuenta. Lo digo como sociedad: a nosotros nos ha gustado más el discurso de la isla de paz y de preferencia no queremos saber y esa no es la realidad. Un episodio tan doloroso como el secuestro de los periodistas ya no nos permiten ver a otro lado.

Hay algunas decisiones de políticas públicas que se han tomado, que me parecei, son consecuencia directa de este episodio. Por ejemplo, en términos de política pública, antes del secuestro, el Comité de Seguridad, creado como una instancia de coordinación de los órganos de seguridad, emergencia y riesgos, estaba presidido por el Ministerio del Interior, y me parece que eso refleja que el abordaje de seguridad es un abordaje, no sé si equivocado, pero la prioridad está puesta en un tema de seguridad ciudadana y a partir de ahí se organizan una serie de sistemas. Después del secuestro de los periodistas, el Comité de Seguridad está presidido por el Ministerio de Defensa, y la seguridad se articula a partir de la política de Defensa. Me parece que eso es poner un énfasis muy importante en la frontera.

Usted dice que las amenazas del narcotráfico ya están aquí. La gente habla mucho, con miedo, con la posibilidad de convertirse en México, en cuanto al paradigma del narcotráfico. Se habla de los tentáculos del narcotráfico que pueden alcanzar la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras instancias del gobierno. Paralelo a esto hace unas semanas, se detuvo a militares vinculados al sistema de distribución del narcotráfico. ¿Hay policías involucrados en eso también?

Hay policías desde hace varios años. Hay policías, de varios rangos, sentenciados.

Me refiero ahora que usted está al frente. ¿Ha podido identificar otros casos similares al ocurrido con los militares, casos que pudieran dar la alerta de este riesgo inminente dentro de la institución que usted gestiona?

El narcotráfico presenta el riesgo inminente de infiltración en toda la sociedad por la manera en que funciona. Deberíamos estar conscientes todos de la amenaza. Su pretensión cotidiana es infiltrar todas las instituciones.

La amenaza de seguridad es una amenaza de otra naturaleza. No es la lucha contra un grupo que quiere destruir un Estado. No es la lucha contra un grupo que quiere trabajar al margen del Estado.

Es la lucha contra una lógica de organización criminal que quiere comprar los Estados, las sociedades, los medios de comunicación, los candidatos, los jueces, los fiscales, la Policía, las Fuerzas Armadas. Es así como se comporta.

Con eso yo no quiero normalizar las cosas, pero decir: esta es la amenaza. Lo más grave no es identificar que estas cosas suceden, lo más grave sería no identificarlo. Entonces hay mecanismos de controles de confianza, se llaman sistemas de control de confianza, internos en la Policía Nacional. ¿Me permite eso garantizar que tenemos 50 mil policías que no participan en una actividad determinada? No.

Así como yo creería que el Presidente del Consejo de la Judicatura no puede garantizar que ningún juez en el país no cometa alguna irregularidad. Nadie puede garantizar la integridad total de una institución. Lo que corresponde es garantizar que hay mecanismos para detectarlo y sancionarlo.

¿Y funcionan los mecanismos?

Algunos sí y otros no.

Por ejemplo qué cosas están pendientes y son muy importantes. Según el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad y Orden Público (Codescop) no se pueden aplicar sanciones disciplinarias internas a la Policía en determinados casos y eso hay que ponerlo también como un problema estructural que no depende de la voluntad de una autoridad. Por ejemplo, cuando se comete una falta que no está relacionada con el servicio. Otro ejemplo: tres policías involucrados en la tentativa de secuestro de un niño en Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Esto ocurrió?

Esto ocurrió hace un mes, fue titular en todos los periódicos, sobre todo de las crónicas rojas. Cuando son detenidos se los identifica como policías: un oficial y dos policías. Sus fotos estuvieron en todas las portadas. Eso fue un fin de semana. Fueron llevados a órdenes de un juez y este juez o jueza dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, o sea tienen que presentarse cada cierto tiempo ante una autoridad.

Eso quiere decir que el lunes fueron al servicio, fueron a trabajar.

¿Eso, a pesar de estar relacionados a un delito de tentativa de secuestro?

Así es. Y la Policía no puede hacer nada porque la ley solo le faculta sanciones disciplinarias si es que está puesto el uniforme y está con algún Policía.

¿Y ahí que cabe entonces?

Estamos trabajando en coordinación con el ministro Oswaldo Jarrín, y por supuesto trabajando en un equipo con la general Tamayo que es la Inspectora General de Policía, identificando una serie de casos. Ya lo he comentado en la Asamblea Nacional: vamos a necesitar una reforma que nos devuelva facultades disciplinarias internas para Policías y me atrevo a decir que para militares también porque lo he comentado con el General Jarrín. En Colombia, la Corte Constitucional se pronunció hace poco, diciendo que es constitucional separar a miembros de la Policía antes de que haya sentencias.

¿Por lo delicado del trabajo?

Exactamente. Estamos estudiando los fundamentos legales para proponer la reforma porque no es solamente llegar y decir ‘tales personas se van’ —es que legalmente no tenemos las competencias.

¿Tienen cifras de estos miembros de la Policía que han incurrido en delitos?

Las estamos levantando. Desde violencia intrafamiliar hasta vinculación con posibles actos delictivos, investigaciones penales. Estamos levantando todas estas cifras como parte del fundamento para llevar el proyecto de ley. Tal vez suena demasiado desordenado pero es como pasar por las emergencias de los últimos días y los acontecimientos que han marcado el tema.

En el caso narcotráfico, que es algo que no quiero dejar de decir, y en el caso de la frontera norte, no tenemos una Policía pasiva frente a la realidad de la frontera norte. Hay una responsabilidad compartida en el control fronterizo. La Policía Nacional no ha dejado de hacer su trabajo y creo que hasta podríamos decir que ha actuado en búsqueda de desarticular el Frente Oliver Sinisterra y de aclarar lo que sea que esté pasando.

Hace unas pocas semanas cayó la jefa de logística de alias Guacho en un operativo que es el resultado de la investigación de meses de la Policía Nacional. Muchas veces, cuando se habla de si hay o no hay permisividad, uno de los datos más interesantes que da la medida del trabajo de la Policía en esta materia es la incautación de precursores.

En el tema de incautación de drogas, hasta el 4 de noviembre de 2018, tenemos 74 toneladas y 268 kilos de drogas aprehendidas. Para tráfico interno se aprehendieron 12 toneladas y para salir fuera 61. Pero el dato que quiero mostrar es este, al que no solemos ponerle tanta atención: sustancias químicas sólidas y sustancias químicas líquidas, son precursores. En 2017, 80 toneladas, en 2018, 153. En el 2017, 1800 litros, y en 2018, 17 mil.

El aumento es del 90 por ciento en el primer caso y del 800 por ciento en el otro.

¿Y eso qué significa?

Eso, en la estrategia de la Policía, significa asfixia logística. No es solamente drogas, no es solamente detenidos. Es que por las características de esta frontera impedir que cuenten con la logística o con los precursores es parte importante de nuestro trabajo.

¿Y qué implica esto dentro de una organización delictiva? Porque si regresamos a lo que hablamos brevemente hace un rato, lo que ocurrió en la frontera a los inicios de 2018, había ya amenazas de atacar a la población civil si les quitan sus insumos. Si ya les están quitando los insumos, ya fueron secuestrados y asesinados tres periodistas, ¿qué alertas habría en la zona?

Es exactamente el contexto. Cuando se produce el secuestro a los periodistas, ojo que no se vaya a leer esto como una justificación, pero se produce como una respuesta a una detención de cabezas de esta organización. Es importante enmarcar el secuestro en un Estado que combate las organizaciones de delincuencia organizada transnacional que en este momento están operando en la frontera.

Luego del secuestro, este combate se radicaliza porque si hacemos memoria lo que pasó a inicios del año, se hablaba un intercambio de prisioneros y una especie de amenaza a la zona para que no haya control. Esas pretensiones no pueden ser aceptadas por el Estado.

El tema de la logística de las drogas y, dependiendo cómo se analice la vinculación o no con el frente Oliver Sinisterra, tenemos más de 64 personas privadas de libertad que hacen parte de esta organización. Con el tamaño que la policía ecuatoriana y la colombiana presumen tiene ese frente, ese resultado es muy significativo.

Si regresamos a lo que ocurría a inicios del año, un policía que intercambia chats con Guacho o miembros de su organización, sí da una alerta. Cuando usted se hace cargo del Ministerio, ¿supo si había una estrategia para estos chats, una autorización, un plan, para que el policía pueda chatear con miembros de la organización delictiva?

Eso, en este momento, está siendo investigado por la Fiscalía.

entrevista maria paula romo

“La minería ilegal es uno de los grandes riesgos a la seguridad pública”, dice Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Internamente eso no se ha investigado?

Internamente ese no es un funcionario del Ministerio del Interior, es un funcionario de la Policía y está siendo investigado por la Fiscalía.

Nosotros consideramos que así tiene que ser y no deberíamos interferir con una investigación de la Fiscalía.

¿Ni para detectar casos similares?

Claro. ¿Qué es lo que puede suceder? Siempre hay un riesgo de contaminación y para eso hay que tomar medidas claras.

Los controles de confianza incluyen polígrafos, pruebas toxicológicas, entrevistas directas y análisis socioeconómicos. Esos cuatro componentes se aplican todo el tiempo en la frontera y lo que se ha hecho es que se ha subido mucho la rotación de la frontera.

Es un personal que rota con mucha rapidez precisamente para evitar que se quede en la zona y que pueda establecer unos vínculos de cercanía con personas relacionadas.

¿Y el perfil del policía que va a la frontera? ¿Hay algún perfil específico?

Procuramos que sean perfiles específicos en general. Es decir, no tener un policía comunitario en una zona de tan alto conflicto.

Sí se procura tener perfiles específicos para las distintas tareas. Hoy estuve en una charla en la Academia de Guerra, con militares, hablando sobre el tema de la amenaza que es el narcotráfico para las fuerzas policiales, para la sociedad, para los jueces. Es un tema sensible. Precisamente lo que comentaba con ellos y las cifras que les mostraba es que corremos el riesgo de mostrar gran interés en ciertos temas y abandonar otros.

Hay que mirarlos con mayor integralidad. Minería ilegal, por ejemplo. Es uno de las grandes riesgos de seguridad pública para Ecuador y todavía no lo estamos mirando.

¿En qué sentido?

Por ejemplo. El episodio de Mascarilla. Me refiero en estricto sentido a la investigación de la respuesta policial a un acontecimiento en el control de Mascarilla, en Urcuquí.

De pronto todos estamos pendientes de qué pasó, que por supuesto es lamentable y no debería ocurrir: que un ciudadano muera como consecuencia de la respuesta policial. La Asamblea Nacional emitió una resolución que vota toda la Asamblea en la que habla de ese episodio e incluso se le pidió al Ministerio información sobre si es que los policías son entrenados en contra del racismo. Y lo que hay ahí no es un contexto racista, es un contexto de minería ilegal. Lo que hay es un contexto de economía ilegal que está funcionando en la zona.

En lo que va del año hemos tenido 62 incidentes violentos de desobediencia o de ataque a la autoridad policial.

¿En zonas de minería ilegal?

En esa zona. Solamente en Imbabura. Solamente alrededor de Urcuquí, Buenos Aires, Imbabura. Es indispensable que miremos lo que está pasando.

Ya la Justicia tendrá que esclarecer ese episodio particular pero tenemos que mirar en el contexto que organizaciones ilegales están cooptando a la población civil, la están usando como su fuerza de choque, la están ‘contratando’ para la seguridad del transporte del material ilegal.

Y en esos casos, ¿trabaja el Ministerio del Interior con la Fiscalía para que ésta empiece investigaciones sobre la minería ilegal? ¿Hay ya un informe del Ministerio del Interior a la Fiscalía?

En eso estamos.

maria paula romo entrevista

“La pretensión cotidiana del narco es infiltrar todas las instituciones”, dice Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

La confianza al interior de la Policía Nacional

Usted menciona las pruebas de confianza para los miembros de la Policía. En 2014, el ministro Serrano anunció a los medios la separación de más de 300 policías, precisamente como resultado de estas pruebas de confianza. Entregó además un listado con la cantidad de policías supuestamente vinculados a distintos tipos de crímenes. ¿Funcionan estas separaciones casi masivas?

Prefiero no referirme al caso como si fuera un caso concreto porque todavía el Ministerio tiene cientos de demandas de las que se defiende todos los días —entonces no quiero decir nada que vaya a ser usado como parte de esa discusión, como un alegato.

En términos generales sí me gustaría referirme a este tema. Lo que tenemos que lograr es que los controles de confianza sean integrales. Lo que está en debate en el mundo sobre estos temas es la validez de pruebas únicas.

Lo que deberíamos es alejarnos de un sistema de una prueba y tener un sistema de seguimiento al personal de la Policía. Esto se debería aplicar para jueces, fiscales, administradores de justicia, cualquiera que esté en este riesgo y que por la naturaleza de su trabajo pudiera perjudicarse.

La Inspectoría General de la Policía tiene un sistema de control de confianza, tiene un edificio completo que se dedica a esto, incluso les brinda a otras funciones y a otras instituciones del Estado ayuda para que hagan sus propios mecanismos de control de confianza.

Pero, ¿funcionan los que se aplican actualmente?

Funcionan y son de todas maneras insuficientes.

¿Y qué faltaría?

Seguir haciéndolo, hacerlo a más personas, tener una mayor capacidad para hacer estas pruebas.

¿No se aplica a todos?

Sí se aplica a todos, pero no a todos en el mismo momento, no a todos de golpe sino que diferentes unidades de la Policía o diferentes grupos de oficiales, según la solicitud que haga quien está a cargo de ese equipo.

¿Entonces se hacen a solicitud de alguien que empiezan las pruebas?

Así es y de todas formas se evalúa que haya un control permanente, pero sí podríamos mejorar mucho.

¿Y hay alguna propuesta concreta en cuanto a eso?

Estamos trabajando en eso.

María Paula Romo escucha con atención las preguntas antes de responderlas. Usa las palabras con mesura; su recorrido político se nota en la habilidad con la que escoge cada palabra para dar una respuesta. No alza la voz pero es firme. Acentúa las frases que contienen las ideas que quiere recalcar.

El secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio

El silencio de las autoridades, del ejecutivo, en su caso, en cuanto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso que está llevando adelante la relatoría es preocupante.

¿Es un informe? Es un boletín. Un boletín.

Lo importante es el contenido: hace un llamado a las instituciones, especialmente a la Fiscalía, sobre distintos puntos.

Es un boletín.

¿Y eso no significa nada para usted?

Es importante, tenemos que revisarlo, hemos tenido varias reuniones para analizar lo que dice. En este boletín se habla, sobre todo, del trabajo de la Fiscalía. Yo me resisto a decir que es un silencio. Este mecanismo especial de la CIDH hace comentarios sobre el trabajo de la Fiscalía. No solo que mal haría yo en salir a responder, sino que no me corresponde. No me corresponde referirme a un comentario de un tercero respecto del trabajo de la Fiscalía.

¿La Fiscalía tiene algo que decir? Seguramente. ¿Lo  va a decir? Seguramente, cuando venga la visita. No sé si es que haya tenido una comunicación directa, no lo sabemos. No sé si vaya a responder en el mismo formato de un boletín pero en este caso, corríjame si me equivoco, en este boletín no se hace un llamado de atención a una acción u omisión del gobierno.

De todas maneras, el hecho de que no se hayan pronunciado cuando el manejo del tema estuvo dentro del Ministerio del Interior, ¿no puede interpretarse como indolencia o indiferencia?

Yo quisiera que no se interprete así porque no es ese el caso pero en ese boletín, no es un informe, no es un pedido de información, el boletín hace observaciones sobre el trabajo de la Fiscalía.

Yo soy de la idea que no le corresponde al Ejecutivo pronunciarse sobre un trabajo que es de la Fiscalía.

Pero hay algunos temas de información interna, del Ministerio del Interior. Ahí quisiera saber si usted ha vuelto a reunirse con los familiares de los periodistas o si es que se las ha proporcionado información que no se les había entregado. Una de las cosas que ellos habían solicitado al Ministerio del Interior es información acerca de los cuatro escenarios que se manejaban dentro del secuestro y que mencionó el entonces ministro César Navas. Ellos enviaeron un oficio que les respondió el viceministro Andrés de la Vega, que entiendo aún está en funciones, diciéndoles que no ha encontrado la rueda de prensa en la que el Ministro Navas se refiere al tema. ¿Cómo es posible que una institución de una respuesta de ese tipo?

Sí. Este es el único tema, desde lo que conozco, porque insisto, no hay un informe de la CIDH, hay un boletín. De todo lo que yo conozco, por conversaciones al revisar el caso internamente, por conversaciones con ustedes, con periodistas que han hecho investigaciones.

Me he puesto a disposición de los familiares, cuando me instalé en el Ministerio hablé con ellos por teléfono, les dije este es mi teléfono si es que hay algún tema pendiente, si necesitan que respondamos algo o simplemente si necesitan protección en materia de seguridad.

Pero no hay ninguna investigación que esté llevando adelante este ministerio, la investigación que se está llevando adelante está en la Fiscalía y el mecanismo especial de la CIDH hará lo propio.

El único tema pendiente, de todo lo que yo conozco, es la no entrega de un requerimiento sobre una conferencia de prensa dada por el entonces ministro Navas.

Bueno, son varios requerimientos.

Entiendo que este es el único no respondido. Sobre este tema, lo que se entregó fue un informe o certificado de la dirección de comunicación que decía que ese día no ha habido ninguna actividad de esa naturaleza. He pedido que vayamos un poco más allá, no es suficiente decir nosotros no planificamos una rueda de prensa. He pedido que averigüen si se organizó de algún otro lado.

entrevista maria paula romo

Romo llega al ministerio luego de César Navas, quien manejó el secuestro de los periodistas de El Comercio. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Pero fue un conversatorio que se hizo público a través de todos los medios de comunicación, Ministra.

Así es. Y la respuesta que tenemos es que lo organizó la Secom. Le hemos pedido a la Secom que si tiene grabaciones nos entregue las grabaciones, la invitación y todo el material que tiene sobre este tema para nosotros poder entregarle a la instancia de investigación que corresponda o a la familia, si es que la familia así lo requiere.

¿No hay documentación física acerca de los cuatro escenarios, más allá de la rueda de prensa?

De todas maneras, en la visita especial, la CIDH va a reunirse con el exministro Navas. Nosotros estamos dispuesto a que nos digan qué es lo que necesitan y seguirlo buscando.

¿Ha podido usted, como Ministra del Interior, tener más información de la que se ha hecho pública sobre el caso?

No. No tengo más información.

¿Nada de lo que se manejó internamente como institución?

Lo que se manejó en el Ministerio fue entregado. Entiendo que fue entregado al Ministerio de Defensa que ya coordinaba el Comité de Seguridad y el Ministerio de Defensa hizo, a su vez, una entrega.

Lo que actualmente tienen los familiares de los periodistas, ¿es todo lo que hay? ¿No hay absolutamente nada más, en lo que respecta al Ministerio del Interior específicamente?

Así es, exactamente. Lo que faltaría es este tema de la Secom. Yo no conozco que exista nada más en este tema.

De lo que yo conozco, de lo que he podido averiguar e indagar, no ha habido una intención de no entregar algún documento o análisis que esté aquí.

La muerte del oficial César Coronel

En  2012, el oficial César Coronel murió con un disparo dentro de un recinto policial en Sucumbíos. Según la Policía fue un suicidio  pero el forense Roberto Meza, el mismo del caso Gabala, dijo en junio de 2018 que efectivamente no fue un suicidio y que esa era su conclusión. Dijo, además, que el informe que le fue entregado a la familia por parte del Ministerio del Interior hace cuatro años, no era el original. La familia Coronel dijo que se reunieron con usted y que se les había entregado un informe que aparentemente era el original, pero cuando ellos cotejaron con el que les entregó el ministerio hace cuatro años, se dan cuenta que es el mismo. ¿Qué pasó con el original, si es que hay un original?

Yo me reuní con los familiares, los recibí, yo misma los contacté, es un tema muy delicado, por supuesto tenemos toda la disposición para entregarles cualquier información que les pueda ayudar a conocer la verdad. Entonces les entregamos todo lo que existe en el Ministerio sobre este caso.

Yo no he hecho esta tarea de cotejarlo con el informe de hace cuatro años, no es una tarea que me corresponda, no sé cuál es el informe de hace cuatro años.

Nosotros les hemos entregado todo lo que está aquí y les he dicho a los familiares nuestra voluntad para transparentar el tema. También había un tema pendiente el Ministerio se había negado a hacer unos pagos a la familia, el montepío. Estamos haciendo un análisis interno para ver si hay fundamento legal para esa decisión.

En su momento, apelaron a que supuestamente César Coronel no había cumplido el tiempo de servicio.

Pero el tiempo de servicio era más del que dijeron en ese momento. Estamos revisando qué fue lo que se le dijo, en base a qué, con qué tiempo de servicio, para poder darle una respuesta a la familia.

La familia pretende reabrir el caso, pero tal como consta en este momento en la investigación de la fiscalía, se lo presenta como un suicidio. ¿Eso tendría incidencia en el hecho de no entregar el montepío?

Estamos haciendo una investigación de cuáles eran las normas que regían en ese momento para poder responderle a la familia, no solamente sobre el informe sino sobre esta negativa y todo el tiempo que se tardaron en darles respuestas, sobre un tratamiento que yo creo, personalmente, fue una revictimización a la familia. Fueron una serie de negativas injustificadas haciendole pasar a la familia por un trámite y por un dolor innecesario.

Considerando que esta muerte se dio dentro de un recinto policial y que hay una serie de irregularidades en lo que ocurrió, ¿usted ha pedido que se reabra la investigación interna para ver si caben sanciones a policías que pudieron haber estado involucrados?

Los policías que según algunas de las sospechas de este caso, si es que no se tratara de un suicidio, que es lo que la familia trata de verificar, ya no son parte de la institución.

¿Ninguno de los que estaban involucrados?

No.

¿Ni siquiera los de mayor rango?

No.

¿Y han salido por distintas razones?

Por distintas razones en distintos momentos.

¿Pidieron la baja voluntaria o qué ocurrió?

Puedo averiguar sobre la lista y contestarle sobre cada caso.

¿Con eso ya no habría investigación interna de este caso?

No se podría porque uno puede investigar a las personas que son parte de la institución.

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La Ministra Romo habló de la muerte de César Coronel, oficial de la policía fallecido en un recinto policial. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Personas desaparecidas

Todos los días hay alertas de personas desaparecidas. ¿Qué se está haciendo desde la Policía porque persisten las quejas de los familiares sobre los procesos y la inmediatez de la respuesta? ¿Cómo se puede distinguir entre quienes están realmente desaparecidos o quienes simplemente se fueron una o dos noches?

No se puede distinguir. Hay que ser muy cuidadosos en que, al tratar de distinguirlos, no estigmaticemos a las personas.

En el momento en el que recibimos una denuncia de una posible desaparición, inmediatamente se activan los mecanismos de búsqueda. No debemos esperar, no debemos hacer un perfil, porque ahí empiezan las estigmatizaciones: era hombre, era mujer, dónde estaba, dónde le vieron. Se recibe la denuncia y se activan los mecanismos de búsqueda.

Hay algunas cosas que me gustaría decir sobre esto. Siempre empiezo diciendo que ninguno justifica la inacción.

En ese momento, Romo le pide a una persona de su equipo que le traiga una presentación con cifras exactas. Ella sale de la oficina mientras Romo continúa respondiendo los datos que recuerda. Es minuciosa y trata de hablar con precisiones.

Del 100 por ciento de personas que son reportadas como desaparecidas, el 97% son recuperadas.  De ellas, hay quienes regresan por su propia cuenta. Se había ido porque tuvo una disputa, porque no quiso regresar a la casa, la familia se alarmó pensando que había sucedido algo grave.

Hay un 4% de personas recuperadas, que la Policía las encuentra. El caso de Soraya C. fue emblemático. Sus familiares han participado en las audiencias de la CIDH en temas de desaparecidos y fue identificada por la Policía en otro país. Es una mujer adulta que se fue voluntariamente y nunca volvió a tomar contacto con su familia y prefirió dejar que su familia creyera que estaba desaparecida o le había pasado algo. La Policía, en cooperación con la Policía de otro país, la buscó durante más de tres años. La encontró, es una mujer adulta, no la va a devolver a ningún lado, simplemente la encontró. Le avisó a la familia, le enseñó una foto, le dijo que está bien pero que es una adulta que no quiere volver a contactarse. Ese es un caso de una persona localizada.

Otro caso, una joven en Bolívar que fue reportada como desaparecida y fue encontrada por la Policía en otra provincia. Era adolescente y menor de edad, como menor de edad, la localizó y la devolvió a su familia.

También un caso de recuperación es cuando uno de estos jóvenes es recuperado en Montañita. Tuvimos un caso, no recuerdo si era chico o chica, que cuando la Policía lo encontró en un hostal, se lanzó por la ventana porque no quería que la devolviesen a su casa.

Pero estos son casos minoritarios. Usted dijo el 4%. ¿Y los que no se recuperan?

La mayoría son los recuperados. También tenemos casos de reincidencia, personas que hemos recuperado seis o siete veces.

¿Pero esos no son casos de desaparecidos como tal entonces?

Todos estos casos se reportan como desaparecidos y luego se reportan como localizados. Me detengo a contar estos casos porque se puede pensar que localizados significa que había una actividad criminal. Y no, no necesariamente.

Una de las cosas de mayor preocupación cuando yo llegué al Ministerio era el número de personas desaparecidas: 1495 casos. Una de las quejas asociaciones de familiares era que las cifras no cuadran.

Cuando a uno le dicen que son 45 mil los desaparecidos, uno dice esto es un horror. Este es el total de casos reportados desde 1970, pero esto no estaba en ningún documento. Entonces una de las primeras cosas que estamos haciendo es entender las cifras.

El sistema que maneja la Policía y el sistema que maneja la Fiscalía no son compatibles, no se actualizan solos. La fiscalía está haciendo una actualización de su sistema. Entonces puede haber la denuncia de una persona desaparecida hecha en tres provincias distintas.

En la desesperación de la familia, la abuelita vive en un lado, el papá en otro, la mamá en otro y todos van a denunciar y eso no se empata en el sistema. Además hay denuncias que se reciben según el nombre del denunciante y otras en las que se recibe según el nombre del desaparecido.

¿Pero no hay un formato estándar?

Ahora ya, pero no había. Cuando los familiares se preguntan por qué hay cifras diferentes, esa es una de las explicaciones.

También tenemos casos, entre estos 1495 casos de personas desaparecidas, a personas que denunciaron que, por ejemplo, el hijo no volvió a la casa y quien tomó la denuncia pone el nombre completo del denunciante pero del hijo puso Carlos NN. No hay manera de identificar quién fue el denunciante, y no hay manera de identificar si ese caso ya se cerró. Seguramente son casos que nunca vamos a poder cerrar.

Pero al poner el nombre del denunciante, ¿no se le puede contactar?

Es que hay algunos que no tienen la cédula, no tienen el teléfono porque no había un protocolo claro sobre cómo tratar estos casos.

¿Ahora ya hay?

Ahora ya hay. Pero esto era parte del conflicto.

Lo que hemos hecho con las estadísticas que tenemos es: cuando las personas son localizadas se les somete a una entrevista rápida y se les pregunta por qué se fueron. De todas las personas localizadas el 90% dice: yo me fui. Hay momentos, como el fin de año, que se reportan más personas desaparecidas.

En estos dos meses hemos intentado entender las cifras. Hay casos que son gravísimos pero hay que entender mejor lo que está pasando. Entonces hay temas familiares, me peleé con mi marido, me peleé con mis papás o perdí el año, es decir: se fue voluntariamente.

El 8,2% son personas sin voluntad, que tienen una enfermedad mental, se extraviaron o niños que se perdieron, o alguien que se fue a escalar con los amigos y no apareció.

Hay algunos que cuando son localizados están muertos, ese es el 1,7%. De los 1495 casos que siguen en investigación, el 16% de los casos son niños. El 56% son adultos, el 15% son adultos mayores y en el 13% ni siquiera tenemos edad.

Todo eso porque antes no había protocolo, cada quien tomaba los datos como quería. Como son casos desde 1970, también puede ser que nadie vino a retirar la denuncia.

Y los casos que siguen abiertos, ¿hasta cuándo se mantienen así?

No hay un protocolo para cerrarlos.

¿Y se va a establecer un protocolo?

Es parte de lo que yo creo que se debe hacer.

Otra de las quejas de los familiares de desaparecidos es el tema de las preguntas: que si era mujer, que si se habrá ido con el novio, que si estaba de fiesta. Y digo esto porque recuerdo que cuando usted se posesionó dijo que uno de sus temas prioritarios era la lucha contra la violencia a las mujeres y a los niños. ¿Qué protocolos o qué capacitación se hace para que quienes reciben la denuncia puedan hacerlo con un enfoque de género?

Hay capacitaciones y hay mucho que hacer todavía porque los policías son parte de una sociedad que tiene ciertos estigmas contra las mujeres, que es machista. Los policías no son extraterrestres, son parte de esta sociedad.

La semana pasada, estoy tratando de acordarme quién fue, pero era un oficial de Policía que me dijo: ‘qué gusto conocerle porque siempre llama la atención una mujer inteligente’, y estoy segura que me lo dijo como un halago.

¿Y usted qué hizo?

Les digo sin que esto provoque una hecatombe. No es solo aquí. Yo fui decana en una universidad y yo era la primera mujer en ser decana.

¿Qué responde usted cuando le dicen eso?

Le digo: ‘lo que le sorprende es que sea inteligente o que sea mujer e inteligente o qué es lo que me está tratando de decir porque como lo dijo le salió terrible’. Trato de no enojarme, de no ponerme violenta porque lo comprendo como parte de un contexto. Es un comentario súper sexista pero no me lo tomo personal porque es el contexto en el que vivimos. No lo dejo pasar, siempre pongo los temas sobre la mesa.

En el tema de los desaparecidos, es un tema muy sensible. Comparemos con otros países. En otros países no hay cifras, los otros países están como probablemente nosotros estábamos en los setentas o los ochentas, pero no hay una unidad de desaparecidos. Ni siquiera hay cifras para poder comparar en la región. Esto no es un consuelo para aguien que tiene un familiar desaparecido.

Ahí no hay nada que decir excepto buscar la verdad pero en términos de política pública, se están haciendo cosas. Hay un sistema unificado en un portal, desaparecidosecuador.gob.ec. Se contesta una lista de preguntas. El portal produce afiches oficiales. Yo entro, miro la foto y puedo compartir en redes. Esto es muy importante porque significa que hay una sola foto, que el marco es de un color, que el número que aparece es el de la Policía porque hay muchas personas que sobre el dolor que provoca una desaparición, se aprovechan, entonces les extorsionan, les dicen que vieron, que son adivinos, que saben dónde están. Eso deja en vulnerabilidad a la familia. El tener el número de la Policía ayuda a que haya alguien que sabe cómo tratar el tema de forma profesional.

Todos debemos ser responsables. Hay que compartir afiches oficiales. Hace tres semanas estábamos haciendo un llamado a la calma, al día siguiente de lo de Posorja. Hay muchas publicaciones falsas asociadas a cuentas políticas, hay un intento de caotizar el país.

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“Hay que entender las cifras de los desaparecidos”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Por parte de quién?

Por parte de los correistas. Están empeñados en una campaña haciendo pensar en un desgobierno. Ellos que estaban acostumbrados a manejar redes, trolls y campañas de desinformación. La semana pasada prepararon un video que tiene un millón de vistas en Youtube hablando de un golpe que preparaban militares y policías y estamos tratando de identificar de dónde salió. No es casual. No es información de la farándula para engordar una cuenta para que haga marketing. No es.

Hay que investigar lo que está pasando, aquí hay una estrategia concertada para desestabilizar, creo yo.

El gobierno de Rafael Correa

¿No cree que el gobierno usa mucho esta estrategia de echar la culpa de todo al correísmo como para mantener la atención en otra cosa?

Yo creo que aún hay muchas cosas que seguimos descubriendo que tiene la culpa el anterior gobierno. Nosotros acabamos de matricular tres mil patrulleros que no estaban matriculados hace cinco años.

¿Por qué?

Porque no les matricularon. Entonces todos los días, le digo como un detalle, todos los días seguimos encontrando que era responsabilidad del anterior gobierno: sí había un manejo de los temas que no podemos dejar de mirar.

¿Pero no es eso muy cómodo porque siempre tenemos a  quien echarle la culpa, entonces en qué momento el gobierno se responsabiliza de lo que sí tiene que hacer?

No tiene nada de cómodo. Todos los días lo que hacemos es nuestra responsabilidad pero hay muchas cosas en donde la explicación no es posible si no se mira ese contexto. No tiene nada de cómodo.

Ojalá pudiéramos hacer las cosas y seguir gestionando pero no es posible porque hay un montón de cosas que se arrastran de administraciones anteriores y que hacen parte de nuestros problemas de todos los días. No es que uno llega y dice ‘veamos lo que estaba mal’ y lo resuelve en un día. Es que siguen saliendo cosas.

En su caso, ¿qué ha salido?

Todo. Todos los días, desde matricular los carros hasta unidades de policía comunitaria (UPC) que están construidas en terrenos que no tenían autorización, pasando por cuentas, deudas a CNT por líneas que se estaban usando en esas UPC y que no estaban a nombre del Ministerio del Interior, proveedores que no fueron pagados. Por ejemplo, Fabrec, que era una gran proveedora del Ministerio del Interior, y que acabamos de decidir su liquidación. Todos los días.

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“Aún hay muchas cosas que seguimos descubriendo que tiene la culpa el anterior gobierno”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

La fuga de Fernando Alvarado

Usted estuvo en la Asamblea por el tema del exministro Alvarado. ¿Usted de verdad cree que no hay responsabilidad política en ese tema?

Sí hay responsabilidades políticas pero no de todos los convocados. Algunos legisladores dicen: todos los ministros se lavan las manos.

Si es que yo convoco al ministro de Cultura, Salud y Educación, van a ir a decir por qué tengo que ir a la Asamblea, si no es mi responsabilidad. El control de los dispositivos de vigilancia electrónica es del Ministerio de Justicia.

¿Entonces la responsabilidad política es del Ministro de Justicia?

Sí, con el añadido de que el Ministerio de Justicia estaba encargado.

Claro, pero eso no quita nada.

Sí, es parte de la realidad.

Pero estamos describiendo sólo un hecho.

Sí, es como si yo llegase al Ministerio del Interior y a la semana hubiese un gran problema, la responsabilidad institucional sería del Ministerio del Interior.

Y por lo tanto, la responsabilidad política es de su cabeza.

Claro, ¿yo debo asumir la responsabilidad política? Sí.  ¿Una responsabilidad política que conlleve a la destitución si llegué hacía una semana? Tendrá que verlo la Asamblea, pero lo que no se puede esperar es que para evitar esta idea de que nadie es responsable, vayamos y nos hagamos responsables los que no somos responsables y la Asamblea dice: siguen viniendo funcionarios y ninguno es responsable. Es que siguen convocando funcionarios que no están relacionados. Entiendo las comparecencias para tratar de entender pero si se siguen convocando funcionarios no es que se van a descubrir responsabilidades.

Hay un Ministerio responsable del sistema. Si convocan diez ministros más, van a decir toditos se siguen lavando las manos. Evidentemente. No va a ir el Ministro de Cultura a decir yo soy el responsable si no es.

Ser mujer en política

Retomando un poco lo que usted mencionaba hace un momento. ¿Una ministra mujer tiene autoridad en un ministerio como este? Quizás en instituciones militares o policiales hay un poco más de resistencia a eso. ¿Cómo le ha ido en ese sentido?

Ser mujer en una sociedad machista es distinto que ser hombre y eso es evidente en cualquier lugar.

maria paula romo entrevista

“La política también es un espacio sospechoso para las mujeres”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Pero en este tipo de instituciones no es más evidente?

Quizás. Como en otros donde ya he estado. La política también es un espacio sospechoso para las mujeres y aún con más mujeres en la política, la primera vez que fui a una campaña —y creo que todas las siguientes— he sido la única mujer en encabezar listas en Pichincha.

Los debates eran entre cabezas de listas, yo era la única mujer en la mesa. Yo he estado en entrevistas, sobre todo al principio porque ahora ya tengo muchos años de hacer política y creo que para bien y para mal, con simpatías y antipatías yo ya tengo un camino en la política, pero en las primeras elecciones iba a entrevistas en las que me preguntaban si sabía cocinar, si yo era virgen.

En las misma mesa rodeada de hombres. Esas son preguntas que no les hacen a los hombres.

¿En qué año?

2007, en mi primera campaña.

¿Ya no le preguntan eso?

No, pero todavía me siento en gabinetes donde me dicen señora o señora mientras a los ministros les dicen ministros. Eso no me quita ni me pone, lo que digo es, además por mis posturas políticas sobre los derechos de las mujeres, yo soy feminista y así me reconozco, tal vez me doy cuenta de cosas que mis colegas no, o que las personas que me dicen no se dan cuenta.

Cuando fui decana, entré a la página web de la universidad y vi que mi etiqueta decía decano. Le mandé un mensaje al encargado de la página y le dije ‘tenga la bondad de cambiar decano por decana’ y me contestó que la página web estaba diseñada para que los decanos sean hombres.

Vivimos en una sociedad machista, así es y yo vivo en esos espacios hace mucho tiempo. Qué creo que a veces nos toca, no es que nos corresponda, pero casi es la necesidad de trabajar el doble para dejar en claro por qué estamos ahí, y a eso yo no lo tengo miedo.

La última pregunta. En su largo recorrido político, ¿qué errores ha cometido?

Muchísimos, todos los días. Creo que mientras uno toma decisiones, se equivoca todos los días.

Si es que usted me pregunta qué hubiera hecho años atrás o qué cosas hubiera hecho diferente, tengo una lista inmensa pero creo que es el precio de decidir. Lo que yo no cambiaría es que yo tomo decisiones y tomo posturas, y hay algunas personas que ven la política como el arte de no tomar decisiones, de no tomar posturas, de no decir nada, de no pelearse con nadie.

Visto de esa manera yo soy una muy mala política.

Yo tomo decisiones todos los días, tomo posturas, digo cosas quizás políticamente incorrectas, asumo posiciones. Y prefiero hacer eso y equivocarme todos los días que ser una política que sonríe y saluda y quiere ser simpática pero uno nunca sabe de qué lado está, ese no es mi estilo.

¿Pero qué error reconocería ahorita, el que se le viene a la mente?

Todos. Un montón, hay un montón de cosas que haría diferente.

Dígame uno.

Estoy pensando en uno que pueda ser significativo porque se me ocurren muchos chiquitos. Eso tiene mucho que ver con cómo soy, qué digo esto debía haber hecho así, no me atormenta pero pienso, esto debí haber hecho diferente.

Tal vez pensando en una cosa grande sobre la que recapacito, me habría ido mucho antes del gobierno de Correa, y eso que me fui temprano.

¿Y por qué se quedó más tiempo?

Porque pensé que todavía había cosas que pelear.

¿Y creía que la pelea se hacía adentro?

Creía que todavía había peleas que valía la pena y creía que todavía se podía hacer la diferencia.

La verdad enterrada en la quebrada

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Hay cosas tan terribles que deben confesarse en privado, a pocas personas, aun cuando los hechos hayan escandalizado a todo un país. El 10 de noviembre de 2018, el pastor Jonathan Carrillo estaba sentado en un todoterreno dorado en el sector de la Biloxi al sur de Quito. Con él hablaban la fiscal Mayra Soria y sus dos abogados. Les estaba diciendo, sabríamos después porque no podíamos escucharlo, que habría arrojado el cuerpo de Juliana Campoverde en una quebrada en el sector de Bellavista varios kilómetros al norte de donde estaban. Afuera, bajo un cielo sombrío, sentada en la vereda de la calle donde caminó con su hija por última vez, Elizabeth Rodríguez no despegaba la mirada del automóvil, como quien vigila que algo, o alguien, no se escape. Elizabeth y su familia ha tenido que esperar seis años de investigación,  a manos de 11 distintos fiscales, de indolencia pero también de perseverancia, fuerza y convicción para llegar a la hora de una verdad terrible pero necesaria.

Elizabeth Rodríguez no ha dejado de buscar a su hija, Juliana, desde que desapareció el 7 de julio de 2012. Fotografía de José María León para GK.

El camino tortuoso de la búsqueda de Juliana comenzó a despejarse a comienzos de septiembre de 2018. En la madrugada del 5 de ese mes, el pastor Jonathan fue detenido en su casa y llevado a rendir versión en la unidad de flagrancia. La prueba vinculante en su contra: un registro de llamadas que evidenciaba que habría sacado la tarjeta SIM del celular de Juliana, la habría puesto en el suyo y marcado al buzón de voz la noche en que ella, entonces de 18 años, desapareció.

El mismo día de su detención, después de casi 4 horas de interrogatorio al pastor, la fiscal Mayra Soria formuló cargos por secuestro extorsivo y pidió su prisión preventiva. El juez acogió los argumentos y dio 90 días para la instrucción fiscal.

El 12 de octubre de 2018, se realizó un barrido en el sur de Quito con personas de la fiscalía, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía Metropolitana, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Elizabeth y sus abogados. La fiscal Soria describió qué vestía Juliana el día de la desaparición: una chompa fucsia, una blusa gris, un jean y unos zapatos Converse. Los agentes buscaron en las quebradas del sector y hallaron ropas, zapatos y un libro pero ninguna de esas cosas eran de Juliana.

Al día siguiente, realizaron una reconstrucción de los hechos. Comenzaron en la casa del pastor Jonathan y terminó en la gasolinera de la Biloxi, donde Elizabeth vio a su hija por última vez. La ruta duró cerca de dos horas. Cuando debía continuar,  el pastor se acogió al derecho al silencio. La reconstrucción terminó ahí con el pastor convertido en una tumba.

Semanas más tarde, el 30 de octubre, la Fiscalía allanó la Iglesia evangélica  de la familia Carrillo a la que Juliana y Elizabeth asistían. Los policías utilizaron georadares para detectar si hubo levantamiento de tierras, y saber si es que Juliana podría estar enterrada ahí. Nada.

Fue entonces que hubo un giro inesperado: a comienzos de noviembre, el pastor Jonathan se acogió a la cooperación eficaz, una figura legal que le permitiría una rebaja de pena a cambio de información sobre el delito investigado. Seis años y cuatro meses más tarde, después de dar múltiples versiones contradictorias, el pastor habló.  

La reconstrucción fue programada para las 8:30 de la mañana el sábado 10 de noviembre, en el lugar donde se detuvo cuando el pastor eligió callar: en la gasolinera en el sector de la Biloxi.

Policías forman una cerca entre Jonathan y los familiares mientras que el pastor daba su versión. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Hacía frío. Estaba nublado. Cerca de 11 policías rodeaban el carro dorado donde Jonathan Carrillo estaba sentado. En la puerta de la tienda de la gasolinera, estaban los abogados del pastor y su familia: su papá el pastor Patricio, su hermano, su suegro. Elizabeth estaba a pocos metros, parada en la vereda con una de sus abogadas. La acompañaban Absalón,  padre de Juliana, la hermana de Absalón, y algunos amigos. Elizabeth, como siempre, tenía el afiche fucsia de la búsqueda de su hija en sus manos. Como los últimos 6 años no lo soltó: lo mantuvo firme, sin arrugarlo, frente a su pecho.

A las 8:50 llegó la fiscal Soria y anunció que tenían que esperar a criminalística unos 20 minutos más. Enseguida, el padre de Jonathan —vestido de gris, de pelo blanco y lentes sin marco rectangulares— se subió al carro dorado con vidrios blindados donde estaba su hijo y cerró la puerta. Los demás se quedaron donde estaban, como si se hubiera delimitado un terreno para las partes.  “Yo espero que el procesado nos diga la verdad, que nos diga dónde está Juliana, qué pasó con Juliana, qué hicieron con Juliana”, dijo Elizabeth. “Espero que eso llegué a pasar este día”. Horas más tarde, estaría parada frente a la quebrada donde el pastor dijo que dejó el cuerpo de su hija.

Criminalística llegó cerca de las 9:30 de la mañana con el halo sombrío de los forenses. Cuando la fiscal Soria dio la orden de que comenzaran, el papá de Jonathan salió del auto y corrió hacia donde estaban sus familiares. Todos caminamos  por la vereda cuesta arriba, hacia una cuchara atrás de la gasolinera: ese fue el lugar donde Elizabeth y Juliana saludaron con el pastor minutos antes de su desaparición. La fiscal llamó a que los abogados de las dos partes se registren en un papel y comenzó el proceso. El subteniente de criminalística Daniel Padilla dijo que la diligencia era una “reconstrucción de los hechos que implica hacer una reanimación o reanudación testimonial, imitativa, práctica, dinámica de una acción presumiblemente delictiva”. El objetivo: llegar a “concordancias de tiempo y de espacio” que puedan servir para la investigación. Pidió que se guarde el orden, que los familiares y los medios de comunicación mantengan una distancia y dejen que la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), la policía, los agentes de  Unidad de Mantenimiento del Orden y fiscalía lideren la caravana que recorrería diferentes lugares de Quito. La fiscal dijo que el testimonio sería “de carácter reservado por haberlo así solicitado el procesado” y que sólo intervendrían en la escucha de lo que el pastor tenía que decir  los abogados del procesado, la Fiscalía y la Policía. Algunos asintieron con la cabeza, otros se quedaron quietos.

Caminamos unos metros más arriba, donde estaba estacionado el auto donde estaba Jonathan. Los abogados —un señor de lentes con terno azul casi eléctrico, y una mujer con gafas oscuras y pantalón café— se acercaron al auto con la fiscal, ingresaron y cerraron las puertas. Una cerca policial de 4 oficiales se formó entre todos los que nos quedamos afuera y ellos.  Sobre una vereda, estaban el pastor Patricio y uno de sus hijos. Los dos, mirando fijamente al automóvil. Por la calle caminaban cuesta abajo dos niñas de unos 12 y 7 años aproximadamente. “Hola pastor”, le dijeron a Patricio y él se agachó para saludarlas con un beso en la mejilla. Las niñas siguieron caminando, mirando a los policías, a los que estaban parados esperando. Veían la escena de reojo, se veían entre ellas, volvían a mirar a los que estaban ahí. La mayor puso su brazo alrededor de los hombros de la más pequeña y siguieron caminando hacia la gasolinera sin mirar atrás otra vez.

Durante la casi hora que duró la versión de Jonathan, la gente se movió poco. La calle seguía separada: a un lado quienes estaban con Elizabeth y Absalón, al otro lado quienes estaban con Jonathan. Un medio de comunicación entrevistó a los padres de Juliana ahí. Elizabeth habló primero y dijo que esperan saber la verdad. Cuando le tocó a Absalón, Elizabeth se quedó parada al lado de él, sosteniendo el afiche de su hija. Absalón decía que espera encontrar a su hija con vida, y Elizabeth se desmoronó. Se tapó la cara con el afiche y se alejó de las cámaras. Sus abogados y familiares la abrazaron, le dieron agua y mentas. Se sentaron con ella en la vereda a esperar.  

Cerca de las 11 de la mañana los abogados de Jonathan salieron del auto. El abogado de terno azul tomó agua de una botella, hizo una mueca desencajada y cruzó los brazos. La abogada de gafas y pantalón café se acercó a sus acompañantes, les dijo algo breve e ininteligible y regresó al lado del otro abogado. Los policías rompieron la cerca que habían formado: podíamos acercarnos. La fiscal Soria salió del auto y junto al teniente Padilla nos dieron información: íbamos a comenzar el recorrido en el local de Juliana, a más o menos 5 cuadras de donde estábamos.

El día que Juliana desapareció, después de saludar con el pastor, ella iba hacia su negocio de productos naturales. La fiscal Soria ya no tenía la mirada dura que tenía al inicio del día. Se veía pálida, desconcertada, como si lo que escuchó en el auto la hubiese estremecido hasta los huesos.

La reconstrucción fue a varios lugares que el pastor señaló: el local de Juliana, a una calle atrás del nuevo hospital del Seguro Social en el Sur, a un motel a la vuelta del hospital, a la casa de Jonathan en el centro norte de Quito, a la quebrada donde dijo que había dejado el cuerpo de Juliana. Los motivos de por qué fueron a todos estos lugares son desconocidos porque la reconstrucción fue hecha en base a la versión reservada que dio el pastor. Pero lo que sí sabemos es por qué la caravana terminó en la quebrada del sector Bellavista: Jonathan dijo que había dejado el cuerpo de Juliana ahí, metido en una funda.

Vista de lejos de la excavación de búsqueda por los restos de Juliana Campoverde. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Cuando le pregunté a Elizabeth detalles de lo que ocurrió en la reconstrucción de los hechos, me dijo que no podía decirme mucho. Lo que sí me contó es que el pastor dijo que había dejado el cuerpo de Juliana en esa quebrada, a los tres días de que ella desapareciera. “De ver que el cuerpo estaba ya no con vida, vino y lo botó aquí al cuerpo como si fuera basura con tanta frialdad. Mi mente no concibe tantas cosas”, dijo Elizabeth. “Hay cosas que no le creo. No le creo. Y por eso exijo que digan la verdad”.

La excavación en la quebrada comenzó el domingo 11 de noviembre, a las ocho de la mañana. Ese día, la Dinased y la fiscalía encontraron piezas dentales y óseas. Estos restos “están sujetos a pericias y tenemos que esperar obviamente esos resultados para poder determinar si esos vestigios encontrados pertenecen a Juliana”, dijo el director de la Dinased, Víctor Araus. Con estos hallazgos, el padre de Juliana habló a los medios de comunicación: “El hecho ya está hecho, no podemos dar paso atrás. No podemos devolverle la vida a mi hija”, dijo Absalón Campoverde. “Lastimosamente lo que queremos este rato es recuperar sus restos para ubicarlos en el lugar donde debe estar”. Se lo veía resignado, con los ojos acuosos, la voz a punto de quebrarse.

Al día siguiente, el lunes, continuaron las excavaciones: encontraron cuatro huesos pequeños más. Elizabeth y Absalón estuvieron ahí desde la mañana, a la espera. A ella le parece raro que no encuentren todavía un cráneo o un hueso largo de la pierna. “Esperamos encontrar todos los restos, yo exijo que me devuelvan todo el cuerpo o todos los huesos de mi hija”.

Se utilizó la máquina retroexcavadora desde el domingo 11 de noviembre hasta el martes 13 de noviembre para buscar restos que podrían pertenecer a Juliana Campoverde. Fotografía de Inredh.

El martes 13,  la Fiscalía y la Dinased continuaron las excavaciones pero no encontraron nada más. La búsqueda con la máquina retroexcavadora ya no puede seguir. La búsqueda del cuerpo de Juliana continuará con una unidad especializada de la policía y perros entrenados. Mientras tanto, Elizabeth y Absalón entregaron muestras de sangre para hacer las pruebas de ADN de las piezas óseas y dentales halladas hasta ahora. El periodo de instrucción fiscal termina el 5 de diciembre.

Aunque la investigación ha avanzado muchísimo para que se sepa la verdad, Elizabeth tiene un sabor amargo sobre cómo se hicieron desde un inicio. “Nosotros dimos esta información desde el primer día que a Juliana la desaparecieron y los fiscales dejaron pasar el tiempo, no cumplieron con celeridad las investigaciones, no hicieron muchas peticiones nuestras; en especial, que los investiguen primero a ellos”, me dijo Elizabeth entre sollozos. “Se demoraron demasiado. Duele esto, que después de 6 años y 4 meses se haga todo esto porque hubiéramos encontrado a Juliana los primeros días que la buscábamos intensamente igual que hasta ahora.”  Tiene razón: la búsqueda incansable de Juliana sigue y Elizabeth no deja de contar los días sin su hija: hoy son 2 mil 317.

Frontera cautiva

Una investigación tras el rastro de los periodistas secuestrados y ejecutados en la frontera con Colombia, con la participación de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia y varias organizaciones internacionales.

El maltrato del Estado a los familiares de los periodistas secuestrados

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VOCES DE LA FRONTERA

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Ninguna niña sueña con lavar tus platos

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Cuando Nelly  tenía 10 comenzó a trabajar como empleada en una casa en Guayaquil: había dejado la escuela y su casa en el campo. Tras cumplir 12, fue abusada sexualmente por el dueño de la casa donde trabajaba y vivía. Nunca lo denunció. Clara, a los nueve años, era obligada por su patrona a pararse sobre un taburete para que alcance la hornilla en la que debía freír el arroz. Cuando Lucía tenía 13, dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar porque su mamá no podía pagar sus estudios y los de su hermana menor. A los 11 años, la madre de Carmen la mandó a trabajar como empleada doméstica. Mientras limpiaba y cocinaba, veía por la ventana cómo los niños de su edad jugaban en el patio. Según un estudio realizado por Care, una organización no gubernamental, como Nelly, Clara, Lucía, Carmen, la mayoría de empleadas domésticas del Ecuador comenzaron a trabajar cuando eran niñas: en promedio, empiezan a los 12 años, aunque se han registrado casos de niñas que trabajan desde los 6.

La idea de que las niñas y las adolescentes deben dedicarse al trabajo doméstico comienza en sus propios hogares. Según datos de la organización Plan Internacional, 10 millones de niños y niñas en el mundo trabajan en el servicio doméstico o en condiciones de esclavitud —el 67% de ellos son mujeres. Un estudio de Plan Internacional Ecuador revela que los padres cargan con el peso de limpiar, cocinar y arreglar la casa a sus hijas desde que tienen apenas 5 años. A sus hijos varones los dejan ir a la escuela y jugar con sus amigos.

Camila, una niña entrevistada por Plan en la provincia de Los Ríos, cuenta que a ella le hacen lavar, cocinar y arreglar todo mientras que a su hermano no. “Él come, no hace nada, mi mamá lo consiente… yo quisiera que mi mamá sea igual con todos, que no por ser mujer yo tengo que ser una esclava” dice en su testimonio. Camila es parte del 65% de niñas en Ecuador que dedican su tiempo al trabajo doméstico, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre el Uso del Tiempo de los ecuatorianos. Para muchos padres, tíos, vecinos, es normal, algo que les toca a las niñas por ser niñas: porque algún día serán mujeres. Y eso es lo que hacen las mujeres.

Según un informe de UNICEF las niñas que habitan en viviendas con servicios básicos inadecuados tienen mayor probabilidad de trabajar. “Esto puede estar relacionado también con el hecho de que las tareas domésticas se incrementan con la carencia de servicios básicos”, dice el estudio. En el mismo reporte se diferencia al trabajo doméstico (dentro de la casa de la niña) del mercantil —agricultura, comercio, manufactura, etc.— pero se especifica que “si bien ambas actividades pueden ser complementarias, no necesariamente la intensidad del trabajo mercantil reduce el tiempo de dedicación al trabajo doméstico en el caso de las niñas”.

Vivir privadas del juego, ocio y estudios para dedicarse al servicio afecta gravemente a estas niñas. “Genera un perfil psicológico de ‘yo no valgo, yo solo puedo hacer esto, yo no tengo otras opciones”, dice la directora de Plan Internacional Ecuador, Rossana Viteri. “Las niñas ni siquiera lo ven como un trabajo, sino como parte de la vida”. El estudio de Plan encontró que las niñas invierten 18 horas a la semana en los quehaceres domésticos. El problema no son solo estas extensas jornadas de trabajo, sino que  lo que hacen es denigrado por sus familiares: si las niñas no cumplen con todas las tareas, son castigadas, y ellas piensan que lo merecen. “Esa niña ya no crece con lo que tendría que tener como recursos básicos: confianza en sí misma, seguridad y conocimiento de que nadie debe violentarla, derecho al descanso, a la educación, al ocio”, dice Viteri. “Todo eso queda vulnerado con esta dinámica del trabajo doméstico”.

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Muchas de estas niñas dejan de estudiar por su situación de pobreza o porque los papás las obligan a quedarse en la casa para cuidar a sus hermanos y servirlos. Según la directora de Plan Internacional, “hay un tema de inversión económica: dicen esa niña se va a casar y no va a aportar nada en esta casa, para qué invierto”. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, 44 mil 700 niñas y adolescentes mujeres abandonaron sus estudios en el periodo de 2016 al 2017. Los principales motivos son la falta de dinero, de trabajo, desmotivación, embarazo o matrimonio. Esta deserción se refleja en las trabajadoras domésticas: el 67% solo terminó sus estudios primarios o no tienen ningún nivel de educación.

Según Nubia Zambrano de Care —una organización no gubernamental dedicada a erradicar la pobreza— , hace unos 40 años era muy común que las mamás de zonas rurales enviasen a sus hijas a la ciudad. Llegaba a trabajar en casas, con la idea de que pudiesen acceder a educación. En otros casos, simplemente las mandaban a conseguir una ayuda económica para sostener a los que se quedaban en el campo. Y en muchos otros, hay niñas que escapan de sus casas porque viven en círculos de violencia y el trabajo doméstico es lo único que saben hacer para sustentarse. Pasan de un círculo de violencia a otro.

Las promesas educativas y dinerarias muchas veces no eran más que eso: promesas. Las niñas no iban a la escuela, eran golpeadas, obligadas a trabajar más de 12 horas diarias, y muchas veces no les pagaban. Si se quejaban, las amenazaban con denunciarlas con la Policía por hurto. Las niñas, por falta de experiencia e ignorancia de sus derechos, se quedaban calladas. Hay algo perverso en esa idea: una niña no tiene por qué saber cuáles son sus derechos laborales; debería estar en la escuela, tener tiempo para jugar, para crear, para imaginar. Las trabajadoras domésticas suelen ser víctimas de abuso, no pueden estudiar ni elegir otra profesión. No pueden ser niñas.

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El hombre que violó a Nelly cuando ella tenía 12 años era rector de un colegio en Guayaquil. Cuando su esposa salía de la casa, él le decía “¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, yo te quiero pagar más”. Un estudio sobre la situación del trabajo remunerado del hogar en Ecuador realizado por Care demuestra que el caso de Nelly no era aislado, sino que, por el contrario, muchas niñas y adolescentes mujeres fueron violadas, insultadas y golpeadas por sus empleadores. A su patrono, Nelly le decía que no, que no la moleste, lloraba repitiéndole que no. Pero a él no le importó: Nelly nunca dijo nada a su familia.

Lenny Quiroz, la secretaria general de la Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar  dice que ha escuchado muchos casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a sus compañeras. Habla de Laura: “Empezó desde los 9 años a trabajar en casa, yo vine a saber que ella había sido abusada sexualmente y estaba yendo al psicólogo para recuperarse, a una chica los empleadores le quemaban con el cigarrillo, no le daban de comer, estuvo internada en una clínica”, dice Quiroz. “Esas historias le impactan a una y le llegan al corazón”.

Muchas de las mujeres que trabajaron desde niñas, se esfuerzan para que la historia no se repita con sus hijas, como Nelly.  El estudio de Care recoge el testimonio de una mujer: “No quisiera que se haga empleada porque se sufre, se quedan solas en la casa”. Muchas mujeres ahorran lo que ganan para sacar a sus hijas de ese cadena generacional de trabajo doméstico. Aunque muchas otras no pueden hacerlo, según Zambrano, y el ciclo se repite. La Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar las acompaña en estos procesos de sanación por los abusos del pasado. Además, las acompañan con asesoría legal, emocional. También buscan darle valor al trabajo doméstico, por eso se autodenominan como Trabajadoras Remuneradas del Hogar, un término reivindicativo para darse valor como personas.

Quiroz explica que si bien antes era muy común ver a niñas que iban del campo a la ciudad a trabajar, ahora ya no es tan frecuente. Dice que esto se debe a la regulación de edad mínima para el trabajo—15 años— establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, dice que muchas personas igual buscan formas de saltarse las leyes para seguir empleando a niñas. “La gente las trae como si fueran sobrinas, o las ahijadas, para evadir la ley. Entonces si va una autoridad a revisar, como la niña es una familiar más no pueden hacer nada”. Dice que el patrón se repite: la niña cocina, limpia, lava, arregla a cambio del estudio y de la comida —y a veces ni eso. Lo, para Quiroz, es que a veces son niñas cuidando a otras niñas que sí estudian, sí juegan y no tienen que trabajar.

A pesar de que hay una legislación que prohíbe el trabajo infantil y existe más control del Estado sobre los derechos laborales, el tema de las niñas sigue al margen. Existe un mínimo de edad para el trabajo de menores de edad, pero Zambrano —de Care— explica que esto no quiere decir que no ocurra en la clandestinidad, en el abuso y el irrespeto. “Hay total invisibilidad. Solo puedes saber si ingresas al hogar y puedes hacer la constatación de que hay una niña trabajando”. Aunque ya no sea tan común que envían a niñas del campo a la ciudad para trabajar “puertas adentro”, las niñas siguen trabajando: “Las estadísticas no te revelan eso pero sí las historias de las compañeras que te dicen que tienen sobrinas, compañeras que ingresan cuando son muy chiquitas como una alternativa de sustento o independencia si es que viven mucha violencia en su hogar”. Como no existen cifras oficiales sobre el trabajo doméstico infantil, es casi imposible saber si es que realmente ha disminuido o no.

Que una niña trabaje tiene un costo demasiado alto para ella. Por un lado está no tener educación, no poder perseguir una carrera profesional distinta al trabajo doméstico. Y por otro están las cicatrices que deja ser vista como alguien que solo sirve para un trabajo por ser mujer, y que, por hacer ese trabajo, la denigren, la maltraten, la abusen. Hacer que una niña trabaje es minar su camino al futuro y dejarla estancada en el de los estereotipos. Es, sobre todo, negarse a entender que ninguna niña sueña con lavar tus platos.

María Paula Romo: “Las amenazas del narcotráfico ya están aquí”

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En una oficina amplia, en un edificio patrimonial en el centro histórico de Quito, la ministra Romo, espera que su equipo termine de organizar el espacio en el que se sentará: son varios minutos para encontrar el mejor fondo para las fotos. Ella, vestida con un pantalón oscuro a cuadros y una chaqueta color mostaza, camina de un sitio al otro mientras organizan. Responde llamadas, habla con un asesor y con otro, entra y sale sin cesar. Lleva el cabello corto y suelto, su rostro lleva el peso del cansancio. Se sienta en una silla que su equipo ha acomodado delante de las banderas de Ecuador y Quito.

Empecemos hablando de estos primeros dos meses frente al Ministerio. ¿Cuál le pareció el área que más requería su atención?

Todo.

Debe haber algo prioritario.

La ejecución presupuestaria.

¿En cuánto está?

En septiembre, 32 por ciento.

(La Ministra Romo nos pidió que precisemos que el 32% estaba ejecutado cuando llegó, “en el mes nueve”, como dice ella en la entrevista y que a noviembre de 2018, tras dos meses de gestión, el presupuesto está ejecutado en 67%)

Denos detalles de lo que eso significa.

Imagínese que su presupuesto para el año es cien y a septiembre le faltaba setenta por gastarse. Dependiendo de eso, el próximo año no le dan el presupuesto.

¿Y por qué no se ha ejecutado?

No importa, el problema es lo que está pendiente. Este es un ministerio muy grande en donde todos los temas son urgentes y tiene que ver con lo administrativo, lo que corresponde a la Policía Nacional, la parte civil que hace migración, la planificación y la política pública de seguridad, y tiene también que ver con una serie de tareas que hoy ya no son de la Policía —o al menos en teoría ya no son de la Policía.

Entonces, Policía Nacional tiene un pie dentro y un pie fuera. En Tránsito, según la Ley de Tránsito, las competencias de la Policía Nacional se terminaron en 2015, pero la Policía Nacional sigue a cargo del 69% del territorio.

¿Por qué?

Porque aún no ha culminado el proceso de transferencia, ya sea a los municipios o a la Comisión de Tránsito.

¿Pero eso es porque no han asumido sus tareas?

Así es. Hay explicaciones diferentes. Hay municipios que han decidido no hacerlo o que tienen otro calendario —puede haber cualquier explicación pero la realidad es que, aunque ya no tiene competencias legales, a no ser por dos transitorias en la Ley de Tránsito, la Policía todavía está en el 69% del territorio.

Se había hecho también una transferencia de lo que era la Secretaría de Drogas, antes Consep, que se dividió: una parte para el Ministerio de Salud, otra parte para este ministerio. Eso aún está en proceso. Está en proceso desde la evaluación de los funcionarios hasta la creación de una nueva dirección de control de drogas.

En otro tema en el que la Policía tiene un pie afuera es en el tema cárceles. Ya no es la responsable del control de las cárceles, son los guías penitenciarios, pero la Policía es responsable de la seguridad en los recintos, en los alrededores y también del traslado de prisioneros y demás. Los guías penitenciarios son un poco menos de dos mil y la Policía tiene destinados para temas de cárceles, más o menos dos mil quinientas personas.

Entonces en los que temas que en teoría, ya no hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad. Ni se diga en los que hay. Estoy tratando de poner un panorama general.

Está el tema de seguridad, el tema de control migratorio, pero la política no la define el Ministerio. El Ministerio ejecuta los controles migratorios, además los empleados migratorios están en las fronteras, en los puertos, aeropuertos pero la política de movilidad la define la Cancillería.

¿Cómo prioriza?

Es que todo es urgente. Nada puede esperar.

Es un ministerio muy grande, con muchas responsabilidades, con muy alta exposición política y creo que eso es parte de los malabares que hay que hacer. En estos meses me he dedicado a que se ponga en marcha todo, esa es mi tarea, a que se ponga en marcha temas administrativos, de presupuesto, cosas que no estaban pagadas, presupuesto que había que ejecutar.

La Policía Nacional es una institución que tiene su propia dinámica, entonces ahí hay temas que no se detienen. Y por supuesto, han habido temas sensibles. Había un ascenso que había que resolver. El día que me instalé se disolvió la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI). Esa fue mi primera conversación con el Comandante General de la Policía: informarle la decisión de disolver la UGSI.

¿Decisión del Presidente?

Es una decisión que se toma por decreto ejecutivo. Y luego hemos tenido que informar los resultados de la investigación interna de la disolución de la UGSI.

Se ha informado al Servicio de Seguridad Presidencial, eso ya está hecho. Los gobernadores también, como en otras cosas, son un poco del Ministerio del Interior, un poco de la Secretaría de la Política.

Entonces hay varios temas institucionales en marcha.

Estaba pendiente la entrega de un nuevo Código de Seguridad que lo estaba trabajando el Ministerio de Defensa. He comparecido cuatro o cinco veces en la Asamblea Nacional, en el pleno.

Tengo varios pendientes. He estado en Guayas, casi una vez por semana. Mañana voy a estar en Tena. He estado en Carchi, Imbabura, Loja, Azuay, y no sé si me escapa algún otro lugar. Hay un tema de trabajo nacional, de reunión con la Policía.

He retomado las videoconferencias quincenales que se hacen desde el Comando Nacional de la Policía.

¿Para qué son?

Para darle un seguimiento al cuadro de mando integral, que es un mecanismo para mirar cómo evolucionan las cifras en materia de seguridad, si es que se están cumpliendo las metas, eso es parte del funcionamiento habitual de la Policía. Tenemos un ascenso policial el día de mañana.

Es mucho trabajo. La próxima semana voy a la Asamblea Mundial de la Interpol. Hemos firmado algunos convenios. Ha habido reuniones con personas del Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de algunos convenios de cooperación.

¿Se van a mantener?

Están vigentes, se van a mantener y se van a profundizar. Parte de lo que hemos hecho estos dos meses es anunciar que estamos en las operaciones del Orion, que estamos haciendo una vigilancia del espacio marítimo.

¿Para combatir el narcotráfico?

Así es. Es supervisar una extensión que es de muy difícil control, es lo que se está haciendo. Se necesita tecnología avanzada que nosotros no tenemos. Este avión es como un radar gigante que vuela, nosotros no tenemos esa tecnología.

Hay que mejorar las condiciones de respuesta pero es poner a caminar muchas cosas. Lo importante es poder atender las emergencias sin que esto deje de funcionar.

La presencia del narcotráfico

Usted se posesiona después de una crisis grande en cuanto a la situación de la frontera, quizás con el punto más álgido con el secuestro y asesinato de los colegas periodistas. ¿Cómo avanza la lucha contra el narcotráfico específicamente en la zona de frontera?

Este es un tema que se tiene que comprender como algo que es parte de nuestra realidad. No es algo que vamos a entrar, hacer una detención y se va a terminar.

La realidad del Ecuador es que tiene una frontera que está al norte, con Colombia, que tiene una realidad muy especial, relacionada con el tráfico de sustancia sujetas a fiscalización. Los informes de Naciones Unidas hablan de un incremento en la cantidad de hectáreas sembradas y la ubicación de los mapas. Esas plantaciones se concentran en Nariño y Putumayo, que son las zonas fronterizas con Esmeraldas y Sucumbíos.

No se puede cerrar los ojos ante esa realidad. La realidad del Ecuador es que ese es nuestro vecindario y tenemos que tener nuestras políticas diseñadas desde ese contexto.

Desde ese contexto, ¿cuál es la política del Ministerio del Interior?

Es combate pero no es entrar, resolver, salir. No es como desarticular una banda que roba autos. Es una realidad que está ahí.

En ese momento, una de sus asesoras entra al despacho. Le dice a la Ministra que tiene una llamada urgente de otra ministra. Romo pide disculpas, se levanta y sale de la oficina. Nos quedamos con la directora de comunicación, que ha estado sentada al otro extremo de la Ministra, grabando la entrevista. Pasados unos pocos minutos, retomamos la entrevista.

maria paula romo entrevista

Romo es fundadora de Ruptura de los 25, organización política que respaldó a Rafael Correa en su primera elección. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Yo le preguntaba acerca de la política del Ministerio del Interior, usted mencionaba lo que implica ser vecinos de Colombia.

No solamente vecinos de Colombia sino la posición del Ecuador en este continente, entre Colombia y Perú, y vivimos en una economía dolarizada. Las amenazas del narcotráfico están aquí. Entonces en este —como en muchos otros temas– yo soy de la idea de que hay que enfrentarlos, asumir cuáles son los riesgos y tomar las decisiones en consecuencia.

Hay muchos temas que no nos gusta ver, como sociedad. Cuando fue el secuestro de los periodistas de El Comercio, yo no era Ministra del Interior ni era parte del gobierno, y me preguntaron en una radio, yo decía que es como enterarte que hay un elefante en la casa y que no has querido verlo, ni discutir, ni darte cuenta. Lo digo como sociedad: a nosotros nos ha gustado más el discurso de la isla de paz y de preferencia no queremos saber y esa no es la realidad. Un episodio tan doloroso como el secuestro de los periodistas ya no nos permiten ver a otro lado.

Hay algunas decisiones de políticas públicas que se han tomado, que me parecei, son consecuencia directa de este episodio. Por ejemplo, en términos de política pública, antes del secuestro, el Comité de Seguridad, creado como una instancia de coordinación de los órganos de seguridad, emergencia y riesgos, estaba presidido por el Ministerio del Interior, y me parece que eso refleja que el abordaje de seguridad es un abordaje, no sé si equivocado, pero la prioridad está puesta en un tema de seguridad ciudadana y a partir de ahí se organizan una serie de sistemas. Después del secuestro de los periodistas, el Comité de Seguridad está presidido por el Ministerio de Defensa, y la seguridad se articula a partir de la política de Defensa. Me parece que eso es poner un énfasis muy importante en la frontera.

Usted dice que las amenazas del narcotráfico ya están aquí. La gente habla mucho, con miedo, con la posibilidad de convertirse en México, en cuanto al paradigma del narcotráfico. Se habla de los tentáculos del narcotráfico que pueden alcanzar la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras instancias del gobierno. Paralelo a esto hace unas semanas, se detuvo a militares vinculados al sistema de distribución del narcotráfico. ¿Hay policías involucrados en eso también?

Hay policías desde hace varios años. Hay policías, de varios rangos, sentenciados.

Me refiero ahora que usted está al frente. ¿Ha podido identificar otros casos similares al ocurrido con los militares, casos que pudieran dar la alerta de este riesgo inminente dentro de la institución que usted gestiona?

El narcotráfico presenta el riesgo inminente de infiltración en toda la sociedad por la manera en que funciona. Deberíamos estar conscientes todos de la amenaza. Su pretensión cotidiana es infiltrar todas las instituciones.

La amenaza de seguridad es una amenaza de otra naturaleza. No es la lucha contra un grupo que quiere destruir un Estado. No es la lucha contra un grupo que quiere trabajar al margen del Estado.

Es la lucha contra una lógica de organización criminal que quiere comprar los Estados, las sociedades, los medios de comunicación, los candidatos, los jueces, los fiscales, la Policía, las Fuerzas Armadas. Es así como se comporta.

Con eso yo no quiero normalizar las cosas, pero decir: esta es la amenaza. Lo más grave no es identificar que estas cosas suceden, lo más grave sería no identificarlo. Entonces hay mecanismos de controles de confianza, se llaman sistemas de control de confianza, internos en la Policía Nacional. ¿Me permite eso garantizar que tenemos 50 mil policías que no participan en una actividad determinada? No.

Así como yo creería que el Presidente del Consejo de la Judicatura no puede garantizar que ningún juez en el país no cometa alguna irregularidad. Nadie puede garantizar la integridad total de una institución. Lo que corresponde es garantizar que hay mecanismos para detectarlo y sancionarlo.

¿Y funcionan los mecanismos?

Algunos sí y otros no.

Por ejemplo qué cosas están pendientes y son muy importantes. Según el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad y Orden Público (Codescop) no se pueden aplicar sanciones disciplinarias internas a la Policía en determinados casos y eso hay que ponerlo también como un problema estructural que no depende de la voluntad de una autoridad. Por ejemplo, cuando se comete una falta que no está relacionada con el servicio. Otro ejemplo: tres policías involucrados en la tentativa de secuestro de un niño en Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Esto ocurrió?

Esto ocurrió hace un mes, fue titular en todos los periódicos, sobre todo de las crónicas rojas. Cuando son detenidos se los identifica como policías: un oficial y dos policías. Sus fotos estuvieron en todas las portadas. Eso fue un fin de semana. Fueron llevados a órdenes de un juez y este juez o jueza dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, o sea tienen que presentarse cada cierto tiempo ante una autoridad.

Eso quiere decir que el lunes fueron al servicio, fueron a trabajar.

¿Eso, a pesar de estar relacionados a un delito de tentativa de secuestro?

Así es. Y la Policía no puede hacer nada porque la ley solo le faculta sanciones disciplinarias si es que está puesto el uniforme y está con algún Policía.

¿Y ahí que cabe entonces?

Estamos trabajando en coordinación con el ministro Oswaldo Jarrín, y por supuesto trabajando en un equipo con la general Tamayo que es la Inspectora General de Policía, identificando una serie de casos. Ya lo he comentado en la Asamblea Nacional: vamos a necesitar una reforma que nos devuelva facultades disciplinarias internas para Policías y me atrevo a decir que para militares también porque lo he comentado con el General Jarrín. En Colombia, la Corte Constitucional se pronunció hace poco, diciendo que es constitucional separar a miembros de la Policía antes de que haya sentencias.

¿Por lo delicado del trabajo?

Exactamente. Estamos estudiando los fundamentos legales para proponer la reforma porque no es solamente llegar y decir ‘tales personas se van’ —es que legalmente no tenemos las competencias.

¿Tienen cifras de estos miembros de la Policía que han incurrido en delitos?

Las estamos levantando. Desde violencia intrafamiliar hasta vinculación con posibles actos delictivos, investigaciones penales. Estamos levantando todas estas cifras como parte del fundamento para llevar el proyecto de ley. Tal vez suena demasiado desordenado pero es como pasar por las emergencias de los últimos días y los acontecimientos que han marcado el tema.

En el caso narcotráfico, que es algo que no quiero dejar de decir, y en el caso de la frontera norte, no tenemos una Policía pasiva frente a la realidad de la frontera norte. Hay una responsabilidad compartida en el control fronterizo. La Policía Nacional no ha dejado de hacer su trabajo y creo que hasta podríamos decir que ha actuado en búsqueda de desarticular el Frente Oliver Sinisterra y de aclarar lo que sea que esté pasando.

Hace unas pocas semanas cayó la jefa de logística de alias Guacho en un operativo que es el resultado de la investigación de meses de la Policía Nacional. Muchas veces, cuando se habla de si hay o no hay permisividad, uno de los datos más interesantes que da la medida del trabajo de la Policía en esta materia es la incautación de precursores.

En el tema de incautación de drogas, hasta el 4 de noviembre de 2018, tenemos 74 toneladas y 268 kilos de drogas aprehendidas. Para tráfico interno se aprehendieron 12 toneladas y para salir fuera 61. Pero el dato que quiero mostrar es este, al que no solemos ponerle tanta atención: sustancias químicas sólidas y sustancias químicas líquidas, son precursores. En 2017, 80 toneladas, en 2018, 153. En el 2017, 1800 litros, y en 2018, 17 mil.

El aumento es del 90 por ciento en el primer caso y del 800 por ciento en el otro.

¿Y eso qué significa?

Eso, en la estrategia de la Policía, significa asfixia logística. No es solamente drogas, no es solamente detenidos. Es que por las características de esta frontera impedir que cuenten con la logística o con los precursores es parte importante de nuestro trabajo.

¿Y qué implica esto dentro de una organización delictiva? Porque si regresamos a lo que hablamos brevemente hace un rato, lo que ocurrió en la frontera a los inicios de 2018, había ya amenazas de atacar a la población civil si les quitan sus insumos. Si ya les están quitando los insumos, ya fueron secuestrados y asesinados tres periodistas, ¿qué alertas habría en la zona?

Es exactamente el contexto. Cuando se produce el secuestro a los periodistas, ojo que no se vaya a leer esto como una justificación, pero se produce como una respuesta a una detención de cabezas de esta organización. Es importante enmarcar el secuestro en un Estado que combate las organizaciones de delincuencia organizada transnacional que en este momento están operando en la frontera.

Luego del secuestro, este combate se radicaliza porque si hacemos memoria lo que pasó a inicios del año, se hablaba un intercambio de prisioneros y una especie de amenaza a la zona para que no haya control. Esas pretensiones no pueden ser aceptadas por el Estado.

El tema de la logística de las drogas y, dependiendo cómo se analice la vinculación o no con el frente Oliver Sinisterra, tenemos más de 64 personas privadas de libertad que hacen parte de esta organización. Con el tamaño que la policía ecuatoriana y la colombiana presumen tiene ese frente, ese resultado es muy significativo.

Si regresamos a lo que ocurría a inicios del año, un policía que intercambia chats con Guacho o miembros de su organización, sí da una alerta. Cuando usted se hace cargo del Ministerio, ¿supo si había una estrategia para estos chats, una autorización, un plan, para que el policía pueda chatear con miembros de la organización delictiva?

Eso, en este momento, está siendo investigado por la Fiscalía.

entrevista maria paula romo

“La minería ilegal es uno de los grandes riesgos a la seguridad pública”, dice Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Internamente eso no se ha investigado?

Internamente ese no es un funcionario del Ministerio del Interior, es un funcionario de la Policía y está siendo investigado por la Fiscalía.

Nosotros consideramos que así tiene que ser y no deberíamos interferir con una investigación de la Fiscalía.

¿Ni para detectar casos similares?

Claro. ¿Qué es lo que puede suceder? Siempre hay un riesgo de contaminación y para eso hay que tomar medidas claras.

Los controles de confianza incluyen polígrafos, pruebas toxicológicas, entrevistas directas y análisis socioeconómicos. Esos cuatro componentes se aplican todo el tiempo en la frontera y lo que se ha hecho es que se ha subido mucho la rotación de la frontera.

Es un personal que rota con mucha rapidez precisamente para evitar que se quede en la zona y que pueda establecer unos vínculos de cercanía con personas relacionadas.

¿Y el perfil del policía que va a la frontera? ¿Hay algún perfil específico?

Procuramos que sean perfiles específicos en general. Es decir, no tener un policía comunitario en una zona de tan alto conflicto.

Sí se procura tener perfiles específicos para las distintas tareas. Hoy estuve en una charla en la Academia de Guerra, con militares, hablando sobre el tema de la amenaza que es el narcotráfico para las fuerzas policiales, para la sociedad, para los jueces. Es un tema sensible. Precisamente lo que comentaba con ellos y las cifras que les mostraba es que corremos el riesgo de mostrar gran interés en ciertos temas y abandonar otros.

Hay que mirarlos con mayor integralidad. Minería ilegal, por ejemplo. Es uno de las grandes riesgos de seguridad pública para Ecuador y todavía no lo estamos mirando.

¿En qué sentido?

Por ejemplo. El episodio de Mascarilla. Me refiero en estricto sentido a la investigación de la respuesta policial a un acontecimiento en el control de Mascarilla, en Urcuquí.

De pronto todos estamos pendientes de qué pasó, que por supuesto es lamentable y no debería ocurrir: que un ciudadano muera como consecuencia de la respuesta policial. La Asamblea Nacional emitió una resolución que vota toda la Asamblea en la que habla de ese episodio e incluso se le pidió al Ministerio información sobre si es que los policías son entrenados en contra del racismo. Y lo que hay ahí no es un contexto racista, es un contexto de minería ilegal. Lo que hay es un contexto de economía ilegal que está funcionando en la zona.

En lo que va del año hemos tenido 62 incidentes violentos de desobediencia o de ataque a la autoridad policial.

¿En zonas de minería ilegal?

En esa zona. Solamente en Imbabura. Solamente alrededor de Urcuquí, Buenos Aires, Imbabura. Es indispensable que miremos lo que está pasando.

Ya la Justicia tendrá que esclarecer ese episodio particular pero tenemos que mirar en el contexto que organizaciones ilegales están cooptando a la población civil, la están usando como su fuerza de choque, la están ‘contratando’ para la seguridad del transporte del material ilegal.

Y en esos casos, ¿trabaja el Ministerio del Interior con la Fiscalía para que ésta empiece investigaciones sobre la minería ilegal? ¿Hay ya un informe del Ministerio del Interior a la Fiscalía?

En eso estamos.

maria paula romo entrevista

“La pretensión cotidiana del narco es infiltrar todas las instituciones”, dice Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

La confianza al interior de la Policía Nacional

Usted menciona las pruebas de confianza para los miembros de la Policía. En 2014, el ministro Serrano anunció a los medios la separación de más de 300 policías, precisamente como resultado de estas pruebas de confianza. Entregó además un listado con la cantidad de policías supuestamente vinculados a distintos tipos de crímenes. ¿Funcionan estas separaciones casi masivas?

Prefiero no referirme al caso como si fuera un caso concreto porque todavía el Ministerio tiene cientos de demandas de las que se defiende todos los días —entonces no quiero decir nada que vaya a ser usado como parte de esa discusión, como un alegato.

En términos generales sí me gustaría referirme a este tema. Lo que tenemos que lograr es que los controles de confianza sean integrales. Lo que está en debate en el mundo sobre estos temas es la validez de pruebas únicas.

Lo que deberíamos es alejarnos de un sistema de una prueba y tener un sistema de seguimiento al personal de la Policía. Esto se debería aplicar para jueces, fiscales, administradores de justicia, cualquiera que esté en este riesgo y que por la naturaleza de su trabajo pudiera perjudicarse.

La Inspectoría General de la Policía tiene un sistema de control de confianza, tiene un edificio completo que se dedica a esto, incluso les brinda a otras funciones y a otras instituciones del Estado ayuda para que hagan sus propios mecanismos de control de confianza.

Pero, ¿funcionan los que se aplican actualmente?

Funcionan y son de todas maneras insuficientes.

¿Y qué faltaría?

Seguir haciéndolo, hacerlo a más personas, tener una mayor capacidad para hacer estas pruebas.

¿No se aplica a todos?

Sí se aplica a todos, pero no a todos en el mismo momento, no a todos de golpe sino que diferentes unidades de la Policía o diferentes grupos de oficiales, según la solicitud que haga quien está a cargo de ese equipo.

¿Entonces se hacen a solicitud de alguien que empiezan las pruebas?

Así es y de todas formas se evalúa que haya un control permanente, pero sí podríamos mejorar mucho.

¿Y hay alguna propuesta concreta en cuanto a eso?

Estamos trabajando en eso.

María Paula Romo escucha con atención las preguntas antes de responderlas. Usa las palabras con mesura; su recorrido político se nota en la habilidad con la que escoge cada palabra para dar una respuesta. No alza la voz pero es firme. Acentúa las frases que contienen las ideas que quiere recalcar.

El secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio

El silencio de las autoridades, del ejecutivo, en su caso, en cuanto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso que está llevando adelante la relatoría es preocupante.

¿Es un informe? Es un boletín. Un boletín.

Lo importante es el contenido: hace un llamado a las instituciones, especialmente a la Fiscalía, sobre distintos puntos.

Es un boletín.

¿Y eso no significa nada para usted?

Es importante, tenemos que revisarlo, hemos tenido varias reuniones para analizar lo que dice. En este boletín se habla, sobre todo, del trabajo de la Fiscalía. Yo me resisto a decir que es un silencio. Este mecanismo especial de la CIDH hace comentarios sobre el trabajo de la Fiscalía. No solo que mal haría yo en salir a responder, sino que no me corresponde. No me corresponde referirme a un comentario de un tercero respecto del trabajo de la Fiscalía.

¿La Fiscalía tiene algo que decir? Seguramente. ¿Lo  va a decir? Seguramente, cuando venga la visita. No sé si es que haya tenido una comunicación directa, no lo sabemos. No sé si vaya a responder en el mismo formato de un boletín pero en este caso, corríjame si me equivoco, en este boletín no se hace un llamado de atención a una acción u omisión del gobierno.

De todas maneras, el hecho de que no se hayan pronunciado cuando el manejo del tema estuvo dentro del Ministerio del Interior, ¿no puede interpretarse como indolencia o indiferencia?

Yo quisiera que no se interprete así porque no es ese el caso pero en ese boletín, no es un informe, no es un pedido de información, el boletín hace observaciones sobre el trabajo de la Fiscalía.

Yo soy de la idea que no le corresponde al Ejecutivo pronunciarse sobre un trabajo que es de la Fiscalía.

Pero hay algunos temas de información interna, del Ministerio del Interior. Ahí quisiera saber si usted ha vuelto a reunirse con los familiares de los periodistas o si es que se las ha proporcionado información que no se les había entregado. Una de las cosas que ellos habían solicitado al Ministerio del Interior es información acerca de los cuatro escenarios que se manejaban dentro del secuestro y que mencionó el entonces ministro César Navas. Ellos enviaeron un oficio que les respondió el viceministro Andrés de la Vega, que entiendo aún está en funciones, diciéndoles que no ha encontrado la rueda de prensa en la que el Ministro Navas se refiere al tema. ¿Cómo es posible que una institución de una respuesta de ese tipo?

Sí. Este es el único tema, desde lo que conozco, porque insisto, no hay un informe de la CIDH, hay un boletín. De todo lo que yo conozco, por conversaciones al revisar el caso internamente, por conversaciones con ustedes, con periodistas que han hecho investigaciones.

Me he puesto a disposición de los familiares, cuando me instalé en el Ministerio hablé con ellos por teléfono, les dije este es mi teléfono si es que hay algún tema pendiente, si necesitan que respondamos algo o simplemente si necesitan protección en materia de seguridad.

Pero no hay ninguna investigación que esté llevando adelante este ministerio, la investigación que se está llevando adelante está en la Fiscalía y el mecanismo especial de la CIDH hará lo propio.

El único tema pendiente, de todo lo que yo conozco, es la no entrega de un requerimiento sobre una conferencia de prensa dada por el entonces ministro Navas.

Bueno, son varios requerimientos.

Entiendo que este es el único no respondido. Sobre este tema, lo que se entregó fue un informe o certificado de la dirección de comunicación que decía que ese día no ha habido ninguna actividad de esa naturaleza. He pedido que vayamos un poco más allá, no es suficiente decir nosotros no planificamos una rueda de prensa. He pedido que averigüen si se organizó de algún otro lado.

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Romo llega al ministerio luego de César Navas, quien manejó el secuestro de los periodistas de El Comercio. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Pero fue un conversatorio que se hizo público a través de todos los medios de comunicación, Ministra.

Así es. Y la respuesta que tenemos es que lo organizó la Secom. Le hemos pedido a la Secom que si tiene grabaciones nos entregue las grabaciones, la invitación y todo el material que tiene sobre este tema para nosotros poder entregarle a la instancia de investigación que corresponda o a la familia, si es que la familia así lo requiere.

¿No hay documentación física acerca de los cuatro escenarios, más allá de la rueda de prensa?

De todas maneras, en la visita especial, la CIDH va a reunirse con el exministro Navas. Nosotros estamos dispuesto a que nos digan qué es lo que necesitan y seguirlo buscando.

¿Ha podido usted, como Ministra del Interior, tener más información de la que se ha hecho pública sobre el caso?

No. No tengo más información.

¿Nada de lo que se manejó internamente como institución?

Lo que se manejó en el Ministerio fue entregado. Entiendo que fue entregado al Ministerio de Defensa que ya coordinaba el Comité de Seguridad y el Ministerio de Defensa hizo, a su vez, una entrega.

Lo que actualmente tienen los familiares de los periodistas, ¿es todo lo que hay? ¿No hay absolutamente nada más, en lo que respecta al Ministerio del Interior específicamente?

Así es, exactamente. Lo que faltaría es este tema de la Secom. Yo no conozco que exista nada más en este tema.

De lo que yo conozco, de lo que he podido averiguar e indagar, no ha habido una intención de no entregar algún documento o análisis que esté aquí.

La muerte del oficial César Coronel

En  2012, el oficial César Coronel murió con un disparo dentro de un recinto policial en Sucumbíos. Según la Policía fue un suicidio  pero el forense Roberto Meza, el mismo del caso Gabala, dijo en junio de 2018 que efectivamente no fue un suicidio y que esa era su conclusión. Dijo, además, que el informe que le fue entregado a la familia por parte del Ministerio del Interior hace cuatro años, no era el original. La familia Coronel dijo que se reunieron con usted y que se les había entregado un informe que aparentemente era el original, pero cuando ellos cotejaron con el que les entregó el ministerio hace cuatro años, se dan cuenta que es el mismo. ¿Qué pasó con el original, si es que hay un original?

Yo me reuní con los familiares, los recibí, yo misma los contacté, es un tema muy delicado, por supuesto tenemos toda la disposición para entregarles cualquier información que les pueda ayudar a conocer la verdad. Entonces les entregamos todo lo que existe en el Ministerio sobre este caso.

Yo no he hecho esta tarea de cotejarlo con el informe de hace cuatro años, no es una tarea que me corresponda, no sé cuál es el informe de hace cuatro años.

Nosotros les hemos entregado todo lo que está aquí y les he dicho a los familiares nuestra voluntad para transparentar el tema. También había un tema pendiente el Ministerio se había negado a hacer unos pagos a la familia, el montepío. Estamos haciendo un análisis interno para ver si hay fundamento legal para esa decisión.

En su momento, apelaron a que supuestamente César Coronel no había cumplido el tiempo de servicio.

Pero el tiempo de servicio era más del que dijeron en ese momento. Estamos revisando qué fue lo que se le dijo, en base a qué, con qué tiempo de servicio, para poder darle una respuesta a la familia.

La familia pretende reabrir el caso, pero tal como consta en este momento en la investigación de la fiscalía, se lo presenta como un suicidio. ¿Eso tendría incidencia en el hecho de no entregar el montepío?

Estamos haciendo una investigación de cuáles eran las normas que regían en ese momento para poder responderle a la familia, no solamente sobre el informe sino sobre esta negativa y todo el tiempo que se tardaron en darles respuestas, sobre un tratamiento que yo creo, personalmente, fue una revictimización a la familia. Fueron una serie de negativas injustificadas haciendole pasar a la familia por un trámite y por un dolor innecesario.

Considerando que esta muerte se dio dentro de un recinto policial y que hay una serie de irregularidades en lo que ocurrió, ¿usted ha pedido que se reabra la investigación interna para ver si caben sanciones a policías que pudieron haber estado involucrados?

Los policías que según algunas de las sospechas de este caso, si es que no se tratara de un suicidio, que es lo que la familia trata de verificar, ya no son parte de la institución.

¿Ninguno de los que estaban involucrados?

No.

¿Ni siquiera los de mayor rango?

No.

¿Y han salido por distintas razones?

Por distintas razones en distintos momentos.

¿Pidieron la baja voluntaria o qué ocurrió?

Puedo averiguar sobre la lista y contestarle sobre cada caso.

¿Con eso ya no habría investigación interna de este caso?

No se podría porque uno puede investigar a las personas que son parte de la institución.

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La Ministra Romo habló de la muerte de César Coronel, oficial de la policía fallecido en un recinto policial. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Personas desaparecidas

Todos los días hay alertas de personas desaparecidas. ¿Qué se está haciendo desde la Policía porque persisten las quejas de los familiares sobre los procesos y la inmediatez de la respuesta? ¿Cómo se puede distinguir entre quienes están realmente desaparecidos o quienes simplemente se fueron una o dos noches?

No se puede distinguir. Hay que ser muy cuidadosos en que, al tratar de distinguirlos, no estigmaticemos a las personas.

En el momento en el que recibimos una denuncia de una posible desaparición, inmediatamente se activan los mecanismos de búsqueda. No debemos esperar, no debemos hacer un perfil, porque ahí empiezan las estigmatizaciones: era hombre, era mujer, dónde estaba, dónde le vieron. Se recibe la denuncia y se activan los mecanismos de búsqueda.

Hay algunas cosas que me gustaría decir sobre esto. Siempre empiezo diciendo que ninguno justifica la inacción.

En ese momento, Romo le pide a una persona de su equipo que le traiga una presentación con cifras exactas. Ella sale de la oficina mientras Romo continúa respondiendo los datos que recuerda. Es minuciosa y trata de hablar con precisiones.

Del 100 por ciento de personas que son reportadas como desaparecidas, el 97% son recuperadas.  De ellas, hay quienes regresan por su propia cuenta. Se había ido porque tuvo una disputa, porque no quiso regresar a la casa, la familia se alarmó pensando que había sucedido algo grave.

Hay un 4% de personas recuperadas, que la Policía las encuentra. El caso de Soraya C. fue emblemático. Sus familiares han participado en las audiencias de la CIDH en temas de desaparecidos y fue identificada por la Policía en otro país. Es una mujer adulta que se fue voluntariamente y nunca volvió a tomar contacto con su familia y prefirió dejar que su familia creyera que estaba desaparecida o le había pasado algo. La Policía, en cooperación con la Policía de otro país, la buscó durante más de tres años. La encontró, es una mujer adulta, no la va a devolver a ningún lado, simplemente la encontró. Le avisó a la familia, le enseñó una foto, le dijo que está bien pero que es una adulta que no quiere volver a contactarse. Ese es un caso de una persona localizada.

Otro caso, una joven en Bolívar que fue reportada como desaparecida y fue encontrada por la Policía en otra provincia. Era adolescente y menor de edad, como menor de edad, la localizó y la devolvió a su familia.

También un caso de recuperación es cuando uno de estos jóvenes es recuperado en Montañita. Tuvimos un caso, no recuerdo si era chico o chica, que cuando la Policía lo encontró en un hostal, se lanzó por la ventana porque no quería que la devolviesen a su casa.

Pero estos son casos minoritarios. Usted dijo el 4%. ¿Y los que no se recuperan?

La mayoría son los recuperados. También tenemos casos de reincidencia, personas que hemos recuperado seis o siete veces.

¿Pero esos no son casos de desaparecidos como tal entonces?

Todos estos casos se reportan como desaparecidos y luego se reportan como localizados. Me detengo a contar estos casos porque se puede pensar que localizados significa que había una actividad criminal. Y no, no necesariamente.

Una de las cosas de mayor preocupación cuando yo llegué al Ministerio era el número de personas desaparecidas: 1495 casos. Una de las quejas asociaciones de familiares era que las cifras no cuadran.

Cuando a uno le dicen que son 45 mil los desaparecidos, uno dice esto es un horror. Este es el total de casos reportados desde 1970, pero esto no estaba en ningún documento. Entonces una de las primeras cosas que estamos haciendo es entender las cifras.

El sistema que maneja la Policía y el sistema que maneja la Fiscalía no son compatibles, no se actualizan solos. La fiscalía está haciendo una actualización de su sistema. Entonces puede haber la denuncia de una persona desaparecida hecha en tres provincias distintas.

En la desesperación de la familia, la abuelita vive en un lado, el papá en otro, la mamá en otro y todos van a denunciar y eso no se empata en el sistema. Además hay denuncias que se reciben según el nombre del denunciante y otras en las que se recibe según el nombre del desaparecido.

¿Pero no hay un formato estándar?

Ahora ya, pero no había. Cuando los familiares se preguntan por qué hay cifras diferentes, esa es una de las explicaciones.

También tenemos casos, entre estos 1495 casos de personas desaparecidas, a personas que denunciaron que, por ejemplo, el hijo no volvió a la casa y quien tomó la denuncia pone el nombre completo del denunciante pero del hijo puso Carlos NN. No hay manera de identificar quién fue el denunciante, y no hay manera de identificar si ese caso ya se cerró. Seguramente son casos que nunca vamos a poder cerrar.

Pero al poner el nombre del denunciante, ¿no se le puede contactar?

Es que hay algunos que no tienen la cédula, no tienen el teléfono porque no había un protocolo claro sobre cómo tratar estos casos.

¿Ahora ya hay?

Ahora ya hay. Pero esto era parte del conflicto.

Lo que hemos hecho con las estadísticas que tenemos es: cuando las personas son localizadas se les somete a una entrevista rápida y se les pregunta por qué se fueron. De todas las personas localizadas el 90% dice: yo me fui. Hay momentos, como el fin de año, que se reportan más personas desaparecidas.

En estos dos meses hemos intentado entender las cifras. Hay casos que son gravísimos pero hay que entender mejor lo que está pasando. Entonces hay temas familiares, me peleé con mi marido, me peleé con mis papás o perdí el año, es decir: se fue voluntariamente.

El 8,2% son personas sin voluntad, que tienen una enfermedad mental, se extraviaron o niños que se perdieron, o alguien que se fue a escalar con los amigos y no apareció.

Hay algunos que cuando son localizados están muertos, ese es el 1,7%. De los 1495 casos que siguen en investigación, el 16% de los casos son niños. El 56% son adultos, el 15% son adultos mayores y en el 13% ni siquiera tenemos edad.

Todo eso porque antes no había protocolo, cada quien tomaba los datos como quería. Como son casos desde 1970, también puede ser que nadie vino a retirar la denuncia.

Y los casos que siguen abiertos, ¿hasta cuándo se mantienen así?

No hay un protocolo para cerrarlos.

¿Y se va a establecer un protocolo?

Es parte de lo que yo creo que se debe hacer.

Otra de las quejas de los familiares de desaparecidos es el tema de las preguntas: que si era mujer, que si se habrá ido con el novio, que si estaba de fiesta. Y digo esto porque recuerdo que cuando usted se posesionó dijo que uno de sus temas prioritarios era la lucha contra la violencia a las mujeres y a los niños. ¿Qué protocolos o qué capacitación se hace para que quienes reciben la denuncia puedan hacerlo con un enfoque de género?

Hay capacitaciones y hay mucho que hacer todavía porque los policías son parte de una sociedad que tiene ciertos estigmas contra las mujeres, que es machista. Los policías no son extraterrestres, son parte de esta sociedad.

La semana pasada, estoy tratando de acordarme quién fue, pero era un oficial de Policía que me dijo: ‘qué gusto conocerle porque siempre llama la atención una mujer inteligente’, y estoy segura que me lo dijo como un halago.

¿Y usted qué hizo?

Les digo sin que esto provoque una hecatombe. No es solo aquí. Yo fui decana en una universidad y yo era la primera mujer en ser decana.

¿Qué responde usted cuando le dicen eso?

Le digo: ‘lo que le sorprende es que sea inteligente o que sea mujer e inteligente o qué es lo que me está tratando de decir porque como lo dijo le salió terrible’. Trato de no enojarme, de no ponerme violenta porque lo comprendo como parte de un contexto. Es un comentario súper sexista pero no me lo tomo personal porque es el contexto en el que vivimos. No lo dejo pasar, siempre pongo los temas sobre la mesa.

En el tema de los desaparecidos, es un tema muy sensible. Comparemos con otros países. En otros países no hay cifras, los otros países están como probablemente nosotros estábamos en los setentas o los ochentas, pero no hay una unidad de desaparecidos. Ni siquiera hay cifras para poder comparar en la región. Esto no es un consuelo para aguien que tiene un familiar desaparecido.

Ahí no hay nada que decir excepto buscar la verdad pero en términos de política pública, se están haciendo cosas. Hay un sistema unificado en un portal, desaparecidosecuador.gob.ec. Se contesta una lista de preguntas. El portal produce afiches oficiales. Yo entro, miro la foto y puedo compartir en redes. Esto es muy importante porque significa que hay una sola foto, que el marco es de un color, que el número que aparece es el de la Policía porque hay muchas personas que sobre el dolor que provoca una desaparición, se aprovechan, entonces les extorsionan, les dicen que vieron, que son adivinos, que saben dónde están. Eso deja en vulnerabilidad a la familia. El tener el número de la Policía ayuda a que haya alguien que sabe cómo tratar el tema de forma profesional.

Todos debemos ser responsables. Hay que compartir afiches oficiales. Hace tres semanas estábamos haciendo un llamado a la calma, al día siguiente de lo de Posorja. Hay muchas publicaciones falsas asociadas a cuentas políticas, hay un intento de caotizar el país.

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“Hay que entender las cifras de los desaparecidos”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Por parte de quién?

Por parte de los correistas. Están empeñados en una campaña haciendo pensar en un desgobierno. Ellos que estaban acostumbrados a manejar redes, trolls y campañas de desinformación. La semana pasada prepararon un video que tiene un millón de vistas en Youtube hablando de un golpe que preparaban militares y policías y estamos tratando de identificar de dónde salió. No es casual. No es información de la farándula para engordar una cuenta para que haga marketing. No es.

Hay que investigar lo que está pasando, aquí hay una estrategia concertada para desestabilizar, creo yo.

El gobierno de Rafael Correa

¿No cree que el gobierno usa mucho esta estrategia de echar la culpa de todo al correísmo como para mantener la atención en otra cosa?

Yo creo que aún hay muchas cosas que seguimos descubriendo que tiene la culpa el anterior gobierno. Nosotros acabamos de matricular tres mil patrulleros que no estaban matriculados hace cinco años.

¿Por qué?

Porque no les matricularon. Entonces todos los días, le digo como un detalle, todos los días seguimos encontrando que era responsabilidad del anterior gobierno: sí había un manejo de los temas que no podemos dejar de mirar.

¿Pero no es eso muy cómodo porque siempre tenemos a  quien echarle la culpa, entonces en qué momento el gobierno se responsabiliza de lo que sí tiene que hacer?

No tiene nada de cómodo. Todos los días lo que hacemos es nuestra responsabilidad pero hay muchas cosas en donde la explicación no es posible si no se mira ese contexto. No tiene nada de cómodo.

Ojalá pudiéramos hacer las cosas y seguir gestionando pero no es posible porque hay un montón de cosas que se arrastran de administraciones anteriores y que hacen parte de nuestros problemas de todos los días. No es que uno llega y dice ‘veamos lo que estaba mal’ y lo resuelve en un día. Es que siguen saliendo cosas.

En su caso, ¿qué ha salido?

Todo. Todos los días, desde matricular los carros hasta unidades de policía comunitaria (UPC) que están construidas en terrenos que no tenían autorización, pasando por cuentas, deudas a CNT por líneas que se estaban usando en esas UPC y que no estaban a nombre del Ministerio del Interior, proveedores que no fueron pagados. Por ejemplo, Fabrec, que era una gran proveedora del Ministerio del Interior, y que acabamos de decidir su liquidación. Todos los días.

maria paula romo entrevista

“Aún hay muchas cosas que seguimos descubriendo que tiene la culpa el anterior gobierno”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

La fuga de Fernando Alvarado

Usted estuvo en la Asamblea por el tema del exministro Alvarado. ¿Usted de verdad cree que no hay responsabilidad política en ese tema?

Sí hay responsabilidades políticas pero no de todos los convocados. Algunos legisladores dicen: todos los ministros se lavan las manos.

Si es que yo convoco al ministro de Cultura, Salud y Educación, van a ir a decir por qué tengo que ir a la Asamblea, si no es mi responsabilidad. El control de los dispositivos de vigilancia electrónica es del Ministerio de Justicia.

¿Entonces la responsabilidad política es del Ministro de Justicia?

Sí, con el añadido de que el Ministerio de Justicia estaba encargado.

Claro, pero eso no quita nada.

Sí, es parte de la realidad.

Pero estamos describiendo sólo un hecho.

Sí, es como si yo llegase al Ministerio del Interior y a la semana hubiese un gran problema, la responsabilidad institucional sería del Ministerio del Interior.

Y por lo tanto, la responsabilidad política es de su cabeza.

Claro, ¿yo debo asumir la responsabilidad política? Sí.  ¿Una responsabilidad política que conlleve a la destitución si llegué hacía una semana? Tendrá que verlo la Asamblea, pero lo que no se puede esperar es que para evitar esta idea de que nadie es responsable, vayamos y nos hagamos responsables los que no somos responsables y la Asamblea dice: siguen viniendo funcionarios y ninguno es responsable. Es que siguen convocando funcionarios que no están relacionados. Entiendo las comparecencias para tratar de entender pero si se siguen convocando funcionarios no es que se van a descubrir responsabilidades.

Hay un Ministerio responsable del sistema. Si convocan diez ministros más, van a decir toditos se siguen lavando las manos. Evidentemente. No va a ir el Ministro de Cultura a decir yo soy el responsable si no es.

Ser mujer en política

Retomando un poco lo que usted mencionaba hace un momento. ¿Una ministra mujer tiene autoridad en un ministerio como este? Quizás en instituciones militares o policiales hay un poco más de resistencia a eso. ¿Cómo le ha ido en ese sentido?

Ser mujer en una sociedad machista es distinto que ser hombre y eso es evidente en cualquier lugar.

maria paula romo entrevista

“La política también es un espacio sospechoso para las mujeres”, Romo. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Pero en este tipo de instituciones no es más evidente?

Quizás. Como en otros donde ya he estado. La política también es un espacio sospechoso para las mujeres y aún con más mujeres en la política, la primera vez que fui a una campaña —y creo que todas las siguientes— he sido la única mujer en encabezar listas en Pichincha.

Los debates eran entre cabezas de listas, yo era la única mujer en la mesa. Yo he estado en entrevistas, sobre todo al principio porque ahora ya tengo muchos años de hacer política y creo que para bien y para mal, con simpatías y antipatías yo ya tengo un camino en la política, pero en las primeras elecciones iba a entrevistas en las que me preguntaban si sabía cocinar, si yo era virgen.

En las misma mesa rodeada de hombres. Esas son preguntas que no les hacen a los hombres.

¿En qué año?

2007, en mi primera campaña.

¿Ya no le preguntan eso?

No, pero todavía me siento en gabinetes donde me dicen señora o señora mientras a los ministros les dicen ministros. Eso no me quita ni me pone, lo que digo es, además por mis posturas políticas sobre los derechos de las mujeres, yo soy feminista y así me reconozco, tal vez me doy cuenta de cosas que mis colegas no, o que las personas que me dicen no se dan cuenta.

Cuando fui decana, entré a la página web de la universidad y vi que mi etiqueta decía decano. Le mandé un mensaje al encargado de la página y le dije ‘tenga la bondad de cambiar decano por decana’ y me contestó que la página web estaba diseñada para que los decanos sean hombres.

Vivimos en una sociedad machista, así es y yo vivo en esos espacios hace mucho tiempo. Qué creo que a veces nos toca, no es que nos corresponda, pero casi es la necesidad de trabajar el doble para dejar en claro por qué estamos ahí, y a eso yo no lo tengo miedo.

La última pregunta. En su largo recorrido político, ¿qué errores ha cometido?

Muchísimos, todos los días. Creo que mientras uno toma decisiones, se equivoca todos los días.

Si es que usted me pregunta qué hubiera hecho años atrás o qué cosas hubiera hecho diferente, tengo una lista inmensa pero creo que es el precio de decidir. Lo que yo no cambiaría es que yo tomo decisiones y tomo posturas, y hay algunas personas que ven la política como el arte de no tomar decisiones, de no tomar posturas, de no decir nada, de no pelearse con nadie.

Visto de esa manera yo soy una muy mala política.

Yo tomo decisiones todos los días, tomo posturas, digo cosas quizás políticamente incorrectas, asumo posiciones. Y prefiero hacer eso y equivocarme todos los días que ser una política que sonríe y saluda y quiere ser simpática pero uno nunca sabe de qué lado está, ese no es mi estilo.

¿Pero qué error reconocería ahorita, el que se le viene a la mente?

Todos. Un montón, hay un montón de cosas que haría diferente.

Dígame uno.

Estoy pensando en uno que pueda ser significativo porque se me ocurren muchos chiquitos. Eso tiene mucho que ver con cómo soy, qué digo esto debía haber hecho así, no me atormenta pero pienso, esto debí haber hecho diferente.

Tal vez pensando en una cosa grande sobre la que recapacito, me habría ido mucho antes del gobierno de Correa, y eso que me fui temprano.

¿Y por qué se quedó más tiempo?

Porque pensé que todavía había cosas que pelear.

¿Y creía que la pelea se hacía adentro?

Creía que todavía había peleas que valía la pena y creía que todavía se podía hacer la diferencia.

Llanto por aquél que estuvo por encima de todos

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Esta es una historia de dicotomías. Dos partes y nosotros en el medio. Un enfrentamiento entre héroes y villanos, y de entrada sabemos que el hombre de los cameos, el que pareciera que siempre fue viejo, es el que sale ganando. Stan Lee como Steve Jobs. No es quien originó la movida, pero sí quien dotó de un aura de magia a ese universo de héroes, dioses y seres galácticos muy parecidos a la humanidad de los años sesenta. Esa magia que creó —no toda, desde luego— ha hecho que Marvel esté a la cabeza del mundo como una experiencia superior que la de ese otro monstruo de los cómics, llamado DC. Es más, ¿alguien, que no sepa de cómics, puede decir el nombre de otra persona importante en el desarrollo de estas narrativas?

La respuesta está implícita.

Tenía 95 años. Y es bueno que un cuerpo no resista para tanto. Lee junto a Jack Kirby consiguieron universos distintos, decidieron cumplir la orden de gerencia de enfrentarse a la santísima trinidad de los superhéroes —Superman, Batman y Mujer Maravilla— y buscaron un giro, algo que le diese más sentido a la obra que intentaban.

Stanley Martin Lieber quería ser un escritor serio, así que decidió usar un seudónimo en el mundo del cómic, el trabajo que le daba de comer a diario. De la desesperación surgen los cambios, los pequeños giros y guiños. Empezaron con Los 4 Fantásticos, donde los personajes no tenían identidades secretas y, además, había una relación amorosa entre Mr Fantastic y Sue Storm, y una relación fraternal entre Sue y Johnny Storm, la Antorcha Humana. El mundo estaba cambiando a mediados del siglo XX, ¿por qué no los superhéroes? Tanto Lee —como escritor— y Kirby —como dibujante— estaban en sintonía con el zeitgeist del momento.

En estos mundos que inventaron, los pies se asentaban muy bien sobre la tierra. No había Metrópolis, Ciudad Gótica o Ciudad Central. No. Estaba Nueva York, estaba San Francisco. Y estaban Spiderman, Thor, Ironman, Hulk…

Como un buen Steve Jobs, Stan Lee empezó a encargarse del negocio, a decidir desde la posición de editor, a mirar la big picture. La distancia con Kirby fue dura. Se dejaron de hablar, se pelearon, no decían cosas lindas el uno del otro. Escoja el héroe y el villano. Si me preguntan, el villano es Lee. Y Jack Kirby salió perdiendo y por creces —por el tema de las regalías y esas cosas. Pero hasta hoy ha corrido mucha agua debajo del puente como para mantener algún tipo de ira hacia Lee.

§

La segunda parte de esta historia tiene como protagonista al repunte de Marvel a través del cine, también de la mano de Lee, quien dejó Nueva York en los ochenta y se fue a California. A insistir. La película de Superman (1978) fue un éxito rotundo, y él vio una nueva posibilidad. Pasarían casi 30 años para que esta mirada surtiera efecto real.

Y ahí lo tenemos. Ese anciano bonachón, gracioso: capaz de burlarse de él mismo, de ser un bibliotecario, mensajero de Fedex, conductor de bus, Larry King, un paciente en un asilo, el peluquero de Thor, un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Lee se volvió marca y si bien ya estamos muy alejados de su influencia central en el mundo del cómic, queda claro que lloramos porque inició todo, reformuló las cosas. Fue el Martín Lutero que necesitaban los superhéroes, un contador de historias; alguien interesado en los conflictos personales, en que los seres que dibujaron tuvieran algún tipo de profundidad.

Es sencillo verlo como el responsable de eso.

Como el Alfa.

El One Above All —esa especie de dios dentro del Universo Marvel.

Por eso lloramos, porque cada vez hay menos como él. Y porque la galaxia —especialmente la creada por él— se seguirá moviendo.

Fernando Alvarado se fuga y ninguna autoridad se hace cargo

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Con un cordial mensaje de Whatsapp, Fernando Alvarado dio por terminados los 73 días que había llevado un grillete electrónico y se fue del país. Dos semanas después, no hay autoridades políticamente responsables. Nadie sabe dónde está ni cómo se fugó ni quién le ayudó. Ni la Fiscalía, los Ministerios de Justicia y del Interior, la Secretaría de Comunicación, e Inteligencia tienen respuestas. Nadie sabe nada.

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Fernando Alvarado anunció a las autoridades de su fuga mediante un mensaje de WhatsApp. Imagen enviada por Fernando Alvarado a GK.

¿De quién es la responsabilidad? Pareciera que de nadie o solo de los eslabones más débiles. De responsabilidad política, ni hablar.

Paúl Granda, Ministro de Justicia (encargado) se presentó en el pleno de la Asamblea Nacional el 25 de octubre de 2018. Con una intervención que destilaba indignación y dureza, fue incapaz de asumir la responsabilidad política que tiene como cabeza del ministerio a cargo del monitoreo del dispositivo. Quiso desviar la culpa hacia la jueza —o la Fiscalía— por permitir que Alvarado pudiera circular con el grillete por todo el territorio nacional, y no por una zona delimitada como en otros casos se aplica. “En lo que respecta la responsabilidad del Ministerio de Justicia y sus funcionarios, he recibido la disposición de actuar con la máxima rigurosidad” dijo Granda con gesto circunspecto. No agregó nada más.

Antes, había dicho que una veintena de funcionarios fueron separados por la fuga del exsecretario de comunicación. Veinte mandos menores, por supuesto.

Asignar responsabilidades no debería ser muy difícil. El Reglamento para la Prestación del Servicio de Vigilancia Electrónica es muy claro sobre quién recaerían: en su artículo 29 especifica que el llamado equipo técnico es el responsable del monitoreo en caso de avisos técnicos, alertas preventivas o alarma por vulneración del dispositivo. Todos los miembros del equipo técnico son funcionarios del Ministerio de Justicia. La cabeza del organismo es el ministro, aún en funciones, Paúl Granda.

Es cierto que era Rosana Alvarado la Ministra de Justicia en funciones cuando a Alvarado le ordenaron portar el grillete, el 7 de agosto de 2018, pero quince días después, renunció y Granda se hizo cargo. ¿Cómo es que no se entera lo que pasa en el Ministerio a su cargo? Él debería ser quien asuma el costo político por una fuga que raya en lo inverosímil: Granda dijo que jamás se notificó al Ministerio de Justicia ninguna de las 245 alertas de pulsera quitada que se dieron durante el período en el que Alvarado portó el dispositivo —más de 3 por cada día que Alvarado lo portó.

Es aún más grave cuando el propio Ministro confirmó que no había daño alguno en el dispositivo, lo que permite inferir que no fue forzado y que alguien que conocía el procedimiento ayudó a Alvarado a sacárselo.  “Créanme que si nosotros hubiesemos tenido una sola alerta hubiesemos actuado con absoluta celeridad”.

Tuvieron 1340 alertas en total, incluyendo las 245 por intento de sacarse la pulsera. Ninguna fue reportada a la Fiscalía ni a la jueza, según advirtió el fiscal Paúl Pérez Reina en su comparecencia en la Asamblea. Pero el Ministro Granda, se enteró al mismo tiempo que todos los que no somos Ministros de Justicia: cuando Alvarado huyó. “Estamos actuando con toda la contundencia ante esta situación. No podemos ser impávidos.”

Las palabras de Granda chocan con los hechos. Hablar de impavidez una vez que Alvarado ha fugado resulta más bien parte de un acto histriónico que de una decisión real. ¿De qué contundencia habla la cabeza de la entidad responsable del control de los grilletes cuando a vista y paciencia de todo un país se da a la fuga un personaje de altísimo perfil? La fuga de Alvarado retrata también el estado de la Justicia: si ha sido tan sencillo que un funcionario tan visible se quite el grillete, qué se puede esperar de otros procesados. La legisladora Lourdes Cuesta ha dicho a quien ha querido escuchar —e incluso lo ha dejado para la posteridad en una serie de tuits— que muchas veces son los propios usuarios de los grilletes quienes llaman a las autoridades a indicar que los dispositivos se han salido porque los responsables del monitoreo ni se enteran. Ha dicho también que el gerente del proyecto como se llama al supervisor de mayor rango en el monitoreo del dispositivo de Alvarado, renunció tres días antes de que el exministro fugara y nadie ha dicho nada. Impavidez es que no haya responsables políticos de un desastre administrativo. Impavidez es que un ministro que no sabe lo que pasa en su ministerio siga tan campante.  

Granda dijo que sí le presentó la renuncia al presidente Moreno pero que él no le aceptó. No es algo difícil de creer. Alrededor de Granda han cerrado filas otros funcionarios como el Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, y el Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. A nadie parece resultarle tan grave. “El problema del Ecuador es que aquí nunca hay responsables” dijo el legislador César Rohon cuando el Fiscal Pérez terminó su intervención en el pleno.

El desfile de funcionarios de los días precedentes y de las horas posteriores, continuó en la misma línea: Ministra del Interior, Director del Centro de Inteligencia Estratégica (la ex Senain), el Director Encargado del Sistema de Seguridad, el Secretario Nacional de Comunicación, el Comandante General de la Policía. Todos llenos de frases ambiguas, de quites de responsabilidad.

El Presidente Moreno  —ya como es costumbre en él— ha evitado pronunciarse. Quien sí lo ha hecho, sin ningún tapujo, es su consejero, Santiago Cuesta. En una entrevista en FM Mundo, dijo, que Alvarado no se le fugó a Granda sino al país. Luego, con total desparpajo, continuó:

— Hacen una tormenta en un vaso de agua, se fugó un malandrín, ¿cuál es el problema?

Acto seguido, Cuesta le echó la culpa a Correa, como también ya es costumbre en este gobierno: insinuó que los funcionarios responsables fueron contratados por el expresidente. Y esa parece ser la escena final de la fuga. Nada es tan grave para que le cueste el puesto al ministro. Total, como dijo Rohón, aquí la culpa siempre es de otro.

Uno es el número más solitario

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La escritora Sylvia Plath escribió en sus diarios “Dios, la vida es la soledad”. A pesar de las sonrisas que intercambiamos, a pesar de los opioides que tomamos, ella dice:

cuando por fin encuentras a alguien a quien sientes que puedes derramar tu alma, te quedas en shock por las palabras que pronuncias: están tan oxidadas, tan feas, tan sin sentido y débiles por haber estado guardadas tanto tiempo en la pequeña y estrecha oscuridad que hay dentro de ti.

En el siglo XXI, la soledad se ha vuelto ubicua. Los opinólogos la llaman “una epidemia”, una condición similar “a la lepra”, y una “plaga silenciosa” de nuestra civilización. En el 2018, el Reino Unido llegó a designar un Ministro para la Soledad. Y, sin embargo, la soledad no es una condición universal, ni es una experiencia puramente interna y visceral. Es menos una emoción simple y más un complejo enjambre de emociones, compuesto por la ira, el dolor, el miedo, la ansiedad, la tristeza y la vergüenza. También tiene dimensiones sociales y políticas, y va cambiando a través del tiempo según las ideas sobre el yo, Dios y el mundo natural. En otras palabras: la soledad tiene una historia.

El término loneliness (soledad) aparece en inglés cerca del año 1800. Antes, la palabra más cercana era oneliness*: simplemente estar a solas. Así como solitud —del latín solus, que significa “a solas”— oneliness no llevaba ninguna implicación de carenca emocional. Solitud (o la inglesa oneliness) no era insanas o indeseables, sino, más bien, un espacio necesario para la reflexión con dios o con los pensamientos más íntimos. Como Dios estaba siempre cerca, una persona nunca estaba realmente sola. Uno o dos siglos después, el uso de soledad —cargada con asociaciones de vacío y falta de conexión social— va mucho más allá que estar a solas. ¿Qué pasó?

La noción contemporánea de soledad nace de las transformaciones culturales y económicas que han sucedido en el Occidente moderno. La industrialización, el crecimiento de la economía de consumo, el declive en la influencia de la religión y la popularidad de la biología evolutiva sirvieron para enfatizar que era el individuo lo que importaba —no las visiones paternalistas y tradicionales de una sociedad en la que todos tienen un lugar.

En el siglo XIX, los filósofos políticos utilizaban las teorías de Charles Darwin sobre la “supervivencia del más apto” para justificar la búsqueda de los Victorianos de la riqueza individual. La medicina científica, con su énfasis en las emociones cerebrales y las experiencias y la clasificación del cuerpo en estados normales y anormales, resaltaron este cambio. Los cuatro humores que habían dominado la medicina occidental por 2 mil años (flemático, sanguíneo, colérico y melancólico), y que clasificaron a la gente en ‘tipos’, cayeron en desuso, favoreciendo un nuevo modelo de salud dependiente del cuerpo físico e individual.

En el siglo XX, las nuevas ciencias de la mente —en especial, la psiquiatría y la psicología— tomaron un rol central en la definición de las emociones saludables y no saludables que un individuo debería experimentar.Carl Jung fue el primero en identificar personalidades ‘introvertidas’ y ‘extravertidas’ (para usar la grafía original) en su Tipos psicológicos (1920). La introversión se asoció con el neuroticismo y la soledad, mientras que la extroversión se ligó a la sociabilidad, la gregariedad y la confianza propia. En los Estados Unidos, estas ideas tomaron especial relevancia porque fueron asociadas a las cualidades individuales asociadas con la superación personal, la independencia y el sueño americano.

Las asociaciones negativas de la introversión ayudan a explicar por qué la soledad carga hoy con semejante estigma social. Las personas solitarias rara vez quieren admitir que lo son. Si bien la soledad puede crear empatía, las personas solitarias son también sujeto de desprecio: aquellos con redes sociales fuertes suelen evitar a los solitarios. Cuando decimos ‘epidemia moderna’ contribuimos a un pánico moral sobre la soledad que puede agravar el problema subyacente. Suponer que la soledad es un una aflicción generalizada pero fundamental individual hará que sea imposible de tratar.

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Durante siglos, los escritores han identificado la relación entre salud mental y la pertenencia a una comunidad. Servir a la sociedad era otra manera de servir al individual porque, como lo dijo el poeta Alexander Pope, en su poema Un ensayo sobre el hombre (1734) “El verdadero amor propio y el social son lo mismo”. No es sorprendente, entonces, encontrar que la soledad sirve como una función fisiológica y social, como lo sostenía el difunto neurocientífico John Cacioppo: como el hambre, señala una amenaza a nuestro bienestar, nacido de la exclusión de nuestro grupo o tribu.

“Ningun hombre es una isla” escribió el poeta John Donne en un tono similar en Devociones para Ocasiones Emergentes —ninguna mujer tampoco, ya que cada uno forma “una pieza del continente, una parte del todo”. Si “un poco de arena es borrado por el mar, Europa es lo menos… toda muerte me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad”. Para alguno de nosotros, las palabras de Donne son especialmente conmovedores por la salida del Reino Unido de Europa o el narcisismo de la presidencia de Donald Trump. También nos devuelven a metáforas médicas: las referencias de Donne al cuerpo siendo destruido políticamente es una reminiscencia a la soledad moderna como una aflicción física, una plaga de la modernidad.

Necesitamos, urgentemente, una valoración más matizada sobre quién es solitario, y cómo y dónde. la soledad es condenada por los políticos porque es costosa, especialmente para una población que se envejece. Las personas solitarias son más propensas a padecer enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas y depresión y cincuenta por ciento más proclives a morir prematuramente que aquellos no solitarios. Pero no hay nada inevitable sobre ser viejo y solitario —aún en el Reino Unido y los Estados Unidos donde, a diferencia de buena parte de Europa, no hay una tradición de cuidado intrafamiliar de los ancianos. La soledad y el individualismo económico están conectados.

Hasta la década de 1830, en el Reino unido las personas ancianas eran cuidadas por vecinos, amigos y familia, así como por la parroquia. Pero el Parlamento pasó la Ley de los nuevos pobres, una reforma que abolía la ayuda financiera para las personas, excepto las ancianas y enfermas, restringiendo esa ayuda a aquellos en los asilos para pobres y considerando a los alivios de la pobreza como créditos que eran administrados a través de procesos burocráticos e impersonales. El aumento de la vida urbana y la desmembración de las comunidades locales, así como la agrupación de los necesitados en edificios específicos, produjo más gente anciana y aislada. es probable, dada su historia, que los países más individualistas (incluyendo el Reino Unido, Sudáfrica, los Estados Unidos, Alemania y Australia) experimenten la soledad de forma diferente que los países colectivistas como (Japón, China, corea, Guatemala, Argentina y Brasil). La soledad se experimenta de formas distintas a través de los lugares y del tiempo.

Nada de esto pretende romantizar la vida comunitaria o sugerir que no había aislamiento social antes de la era victoriana. Más bien, mi argumento es que las emociones humanas son inseparables de sus contextos sociales, económicos e ideológicos. El justo enojo de los moralmente afrentados, por ejemplo, sería imposible sin una creencia en lo correcto y lo equivocado y en la responsabilidad. De igual manera, la soledad puede existir en un mundo donde el individuo es concebido como separado de —en lugar de parte de— el tejido social. Está claro que el crecimiento del individualismo corroyó los lazos sociales y comunitarios y produjo un lenguaje de la soledad que no existía antes de los 1800.

Alguna vez los filósofos se preguntaron qué se necesitaba para vivir una vida significativa, pero el foco cultural ha girado hacia la elección individual, el deseo y el éxito. No es una coincidencia que el término individualismo se haya usado (y era un término peyorativo) en la década de 1830, en la misma época en que la soledad empezaba a ascender. Si la soledad es una epidemia moderna, sus causas son también modernas —y la conciencia de su historia es lo que quizá nos salve.


*Nota del traductor: No existe una traducción directa para oneliness, pero podría traducirse como “estar a solas”.

** Este texto se publicó originalmente en inglés en revista aeon.

No disparen al humorista

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Hacer comedia te puede poner en el ojo de la tormenta contra tu voluntad. En los camerinos del stand up quiteño los comediantes cuentan historias de señoras ofendidas que se van por un chiste sobre la Virgen, de madres de niños con alguna discapacidad que espera afuera al final del show, o de un grupo de chicas que se levantan en medio de un chiste sobre lo ridícula que es la homofobia para gritarte homofóbico. Porque a veces no importa no entender el chiste si sirve de excusa para levantar tu voz de protesta.  

¿Es acaso tan peligroso el humor que merece voces dispuestas a callarlo cuando alguien o un grupo se siente afectado? Quizá no estamos apuntando nuestros cañones al enemigo adecuado y solo desperdiciando munición.

Una página de Facebook presenta memes de He-Man con mensajes claramente machistas: para algunas personas, las imágenes reafirman el sexismo en que vivimos, son la punta del iceberg de una sociedad enferma y pueden ser peligrosos. Las dos primeras pueden tener algo de sustancia, pero la tercera no. Los memes de He-Man son como la espada de Greyskull: no matan a nadie.

El comediante Chris Rock dijo en una conversación con otros grandes exponentes del stand-up que cuando un chiste no funciona, casi siempre es porque la manera en la que está contado hace que la audiencia no comprenda la premisa inicial. Es decir, si hago una rutina sobre la inocencia de Álvaro Noboa en un bar de Cuenca, muy probablemente escuche la risa del público, pero si lo hago en Ciudad de México me espera un silencio sepulcral. Lástima por ellos que no conocen el potencial cómico de Alvarito.  

De la misma forma, cuando vemos en redes sociales un meme o un chiste que fundamente su humor en estereotipos machistas y lo compartimos estamos aceptando dos cosas: que lo hemos entendido y que nos parece gracioso.

Al hacerlo, nos enfrentamos a un público anónimo que puede aceptarlo o rechazarlo, festejarlo o denostarlo. Puede ser que compartir un He-Man que hable mal de las mujeres sea señal de comportamientos machistas profundamente arraigados en nuestra psiquis. Sin embargo, en el intento de eliminar ese lado tan oscuro de nuestra sociedad, podríamos caer en otro pozo de oscuridad social: el de la censura disfrazada de lo políticamente correcto.

Es probable que estemos llevando ese peligroso velo a algo que no lo merece. Desde la Antigüedad ya se hablaba de la comedia como una imitación inocua de la vida. En La Poética, Aristóteles escribió que “lo cómico es un defecto y una fealdad que no contiene ni dolor ni daño, del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor”. Esta parodia toma la realidad y la deforma, presentando una nueva creación que está ahí para nuestro deleite, no para nuestro sufrimiento. Por ejemplo, cuando una imagen de un parqueadero lleno de autos chocados tiene como título Parqueadero de un encuentro mundial de mujeres, alguien podría entender la referencia a un falso lugar común: que las mujeres no saben estacionarse. Si ese alguien aún cree que es cierto, se reirá. Pero su risa no lo convertirá en verdadero: es una subjetividad que está sumergida en el campo de lo no-real: el chiste es una ficción cuyo objetivo es hacernos reír.

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Un chiste se alimenta de realidad para transformarlo en humor. En ese proceso se convierte en ficción. No entender que la ficción es, al final, una mentira, deja abierta una puerta por donde pueden entrar los largos dedos de la censura y la prohibición.

La ficción nos ofrece una interpretación de la realidad pero no es la realidad en sí misma: es un reflejo distorsionado que no puede ser equiparado a la verdad. Darío Adanti, uno de los fundadores de la revista satírica Mongolia, lo dice en el prólogo de Disparen al humorista: “Aunque la mentira funcione como metáfora amplificada de la verdad, o descubra una paradoja real, no es defendible porque no es la realidad misma y carece de pruebas a la hora de defenderse.”

El no entender este concepto tan sencillo causó que un grupo terrorista entrara a la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en 2015 en París y asesinara a 12 personas. En el Ecuador, hace casi 30 años, el caricaturista Pancho Jaime fue asesinado por hacer chistes que incomodaban a los poderosos. Esta misma incapacidad para decodificar al humor como una forma de ficción causó también amenazas de muerte y violentas protestas en 2005 cuando un diario danés publicó una caricatura del rostro del profeta Mohammed (algo prohibido en el Islam).

No se trata de renunciar a la crítica: es muy válido encontrar tintes machistas, racistas o xenofóbicos en el humor y rechazarlos. Pero de ahí hay una pendiente peligrosa hacia la censura y la desaparición de humor que no nos agrade. Esto puede ser inútil y, sobre todo, contraproducente.

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Hay que reconocer la función trasgresora del humor: se alimenta de la realidad para darnos una bofetada con nuestra esencia, con lo que está hecha la sociedad que construimos. La proliferación de memes machistas y que programas como La pareja feliz —que retrata un matrimonio disfuncional y violento— puedan a llegar altos índices de audiencia dicen mucho de lo que somos.

Además, la comedia puede perder esa función catártica tan necesaria para alejar a una sociedad de su completa autodestrucción. Como el carnaval, a través de un chiste, un meme, una caricatura podemos sacar nuestros miedos más oscuros y despojarlos de ese poder que ejerce una especie de sortilegio sobre nosotros. La muerte, las discapacidades, la religión, la política, el rey y el peón, nada ni nadie puede escaparse al humor y si molesta se puede anular el ataque de la manera más fácil: no reírse. Nada asusta más a un comediante que la sala en silencio —lo digo por experiencia propia.

Hace algunas semanas, la académica Cristina Burneo subió una versión LGBTI del escudo nacional. Fue gracioso ver a mucha gente que antes criticaba al movimiento feminista por su falta de tolerancia a los chistes de He-Man poner el grito en el cielo virtual reclamando por la ofensa. Una prueba más de que la piel sensible no depende de ideologías, sino de falta de entendimiento ante aquello que nos hace reír.

O no. Podemos no encontrar la gracia en algo que nos parece ofensivo pero pedir la hoguera para el comediante es desperdiciar fósforos. No confundamos la causa por el síntoma: “la libertad de expresión se mide más por nuestra capacidad de soportar las ofensas que por nuestra capacidad para reprimirlas” dice Adanti. Si enfocáramos más nuestra atención en educar en lugar de prohibir, con el tiempo los memes de un He-Man machista dejarían de existir por la sencilla razón de que no harán reír a nadie.

Lourdes Cuesta: “Llevamos año y medio de un nuevo gobierno y sigue hablando de Correa”

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Lourdes Cuesta, abogada cuencana, es alta, de tez muy blanca. Está sentada en su oficina en el centro de Quito, y lleva un vestido azul de manga corta. Saluda con amabilidad y conversa un poco antes de empezar la entrevista: cuenta sobre su hijo se siete meses y sonríe. Se sienta en una pequeña mesa redonda.

Según una encuesta de Cedatos de agosto de 2018, el 66% de los ecuatorianos no cree en la palabra de los asambleístas y el 54% desaprueba su gestión. ¿Cómo se siente al ser parte de una Asamblea tan desacreditada?

Ningún parlamento a nivel mundial tiene buena fama pero no es consuelo. Hemos vivido una época en que la Asamblea no representó a los ciudadanos. Es lamentable porque hay mucho trabajo interno que no se ve. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia. Ahí tenemos una cantidad de reformas y proyectos de Ley: Código Integral Penal, Código General de Procesos, Código de la Función Judicial, Código de la Función Legislativa. Nosotros trabajamos todos los lunes y miércoles en doble jornada. Es un trabajo muy intenso pero no es el trabajo que se ve. La mayoría de informes que se va al pleno de la Asamblea ha salido de la Comisión de Justicia. Más allá de la banderas políticas que pueden haber, porque somos de diversos partidos, las banderas se quedan afuera y adentro hacemos un trabajo técnico y jurídico.

Sí es lamentable que escándalos que están alrededor de la Asamblea empañen la labor que se está haciendo. Tenemos el tema de los diezmos, el tema de la asambleísta Espín, asambleístas que han tenido problemas con la Justicia o que están involucrados en escándalos, y eso es lo que se ve y lo que sucede ante el país que dice: esa es la Asamblea Nacional.

Yo sí rescato el trabajo intenso que se está haciendo. De hecho hubo un punto en el que la percepción de la Asamblea Nacional en este período empezó a subir: de ese prestigio, que me parece que estaba en 13%, subió al 26%, pero nuevamente se empaña por los escándalos. Entonces nos ponen en el mismo saco a todos: todos somos corruptos, todos somos sinvergüenzas, todos somos vagos, todos estamos ahí calentando el puesto. O lo que se oye siempre: ganan seis mil dólares, que no son seis mil dólares, y no hacen absolutamente nada.

Muchos asambleístas salimos de nuestras casas antes de las siete de la mañana y llegamos pasadas las ocho de la noche, justamente porque estamos rindiendo cuentas o en trabajo con la ciudadanía o legislando.

Como usted dice, hay un desprestigio no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la clase política. ¿Cómo puede cambiar eso?

Se han hecho esfuerzos por informar lo que estamos haciendo pero se debe informar más. Contarles a los ciudadanos lo que hace la Asamblea y algo de lo que yo me he preocupado mucho es de ciudadanizar las leyes, porque, claro, nos reunimos los asambleístas en las comisiones o en el pleno a tratar leyes que van a regir la vida de los ecuatorianos sin preguntarles qué opinan, cuáles son sus perspectivas.

Yo formé un grupo parlamentario que es en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, para con ellos, empezar a construir las leyes, que sepan qué estamos haciendo, cómo las estamos tratando. Yo he presentado un proyecto de Ley que he llamado Revaas, es el Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. Previo a presentarlo en la Asamblea Nacional, pedí la participación de organizaciones sociales que trabajan con niños que han sufrido abuso sexual para que me den observaciones y hagan cambios porque yo puedo tener las mejores intenciones pero necesito personas que han vivido el día a día, que tienen mayor experiencia en estos temas. En el caso puntual de Rescate Escolar, la señora Sybel Martínez me hizo aportes, me dijo ‘esto cámbiale porque está mal enfocado’ o ‘auméntale esto’. Es una forma de trabajar con la ciudadanía.

¿Cómo empatan esas visiones dentro de su organización política? Porque si vemos los planteamientos dentro de CREO hay posturas incluso contradictorias entre los asambleístas de la misma organización. En el tema del aborto, por ejemplo, o cuando el legislador Roberto Gómez llamaba feminazis a las feministas. ¿Cómo dentro de un partido se conjugan esas posturas que puede ser contrapuestas?

Es complicado que en un bloque de asambleístas todos pensemos de la misma forma pero es algo también que yo valoro mucho de CREO: nadie nos impone una forma de pensar. Cada uno de nosotros tiene criterios, muchas veces contrapuestos, pero son todos respetados. Nosotros no tenemos a Guillermo Lasso que nos dice: ustedes van a votar de esta forma.

Hablamos, por supuesto: tenemos este proyecto o hay este punto, tratamos de llegar a puntos en común, pero muchas veces no se puede porque hay diversidad de criterios, diversidad de situaciones incluso. Parte de esa unidad que tenemos en CREO es que hay distintas corrientes: es un gran aporte porque uno aprende más de quien piensa distinto que de uno que piensa exactamente igual. Nosotros tenemos total libertad dentro del bloque de discrepar.

¿Y cómo votan? ¿FInalmente no hay una forma orgánica de votar? Le escuchaba en una entrevista que decía que, por ejemplo, en el tema del aborto, primarán los criterios personales al momento de votar.

Lo que pasa es que el tema del aborto, creo que es un tema que toca fibras muy sensibles. Imponer una forma de votar en estos temas es muy complicado.

Cuando a mi me han preguntado qué piensa el bloque, no puedo atreverme a hablar en nombre del bloque en posiciones tan personales, como no lo hace ninguno de mis compañeros. Pueden involucrar muchos temas, no me atrevo a dar un criterio a nombre de mis compañeros, incluso sería una falta de respeto.

¿Pero prima entonces la postura personal?

Por supuesto. Ahí sí va a primar el voto de cada uno de acuerdo a cómo piensa, qué defiende, cómo ve la situación.

Hay temas que son mucho más sencillos: los económicos, de empleo. Creo que todos estamos en la misma corriente. Podrá haber una pequeña discrepancia que se resuelve, pero en temas tan sensibles incluso se han visto las discrepancias en la votación. La votación de CREO no siempre es exactamente igual pero esa es una forma buena de legislar.

En ese sentido, ¿el votante vota más por Lourdes Cuesta que por CREO?

Tenemos bases comunes. Todos vamos a defender el libre mercado, el emprendimiento, el empleo, no creemos que generando mayores impuestos se le ayude al ciudadano. Tenemos criterios comunes en la reducción del Estado, en temas de libertad y, justamente, por eso es que nosotros tenemos nuestros propios criterios. Incluso va a variar por provincia: una cosa es lo que piden en Guayas, otra en Azuay, Zamora o Esmeraldas.

Sí sucede que los votantes votan de acuerdo a posturas claras.

Y en su caso, ¿cuál es su postura con respecto al aborto en caso de violación, que se está discutiendo nuevamente en la Asamblea?

Es un tema muy sensible, para mí es muy doloroso escuchar que hay mujeres que quieren o tienen que abortar. Yo, personalmente siempre he defendido la vida desde la concepción.

Estoy escuchando distintas posiciones. Hay grupos de mujeres, han ido médicos a la Asamblea Nacional y estoy escuchando todos los criterios.

Mi posición no es una posición religiosa, si bien soy católica no es que respondo directamente a temas religiosos. El momento en que la ciencia me demuestre que no existe vida, creo que podría cambiar mi postura.

Hay otras formas de evitar los abortos, con la prevención, por ejemplo. Lamentablemente en nuestro país los violadores no han sido sancionados de la forma en que deberían haber sido sancionados: no ha habido campañas de prevención y tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores.

Vivimos en otros tiempos. Entonces, desde que el niño empieza a ser adolescente y empieza a tener una visión de lo que es el sexo, hay que hablarle claramente. No solo de riesgos de embarazo sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Hay que hablarles claro y decirles: estos son los métodos anticonceptivos, si no los usas, estas van a ser las consecuencias.

Claro, pero usted está haciendo referencia a un segmento de la población que puede acceder a un cierto nivel de educación sexual, cuando las cifras son alarmantes. En 2017, 9950 mujeres murieron por abortos en Ecuador. Son casi 2700 niñas las que quedan embarazadas anualmente, la mayoría por violación, incluso dentro de su propio círculo íntimo. Ya no estamos hablando de dos jóvenes que tuvieron una relación consensuada. Los grupos que presionan para despenalizar el aborto incluyen también incluir el tema de prevención y acceso a la anticoncepción. ¿Qué hacer en estos casos en los que ya hay un embarazo en curso, sobre todo cuando es producto de una violación?

Yo a veces me pregunto algo: al trauma espantoso que es una violación, ¿no será que crece con un aborto?

He escuchado casos de mujeres que han abortado que no logran salir del dolor de haber abortado. Pienso en otros casos, ¿cuántos padres no pueden tener niños? ¿Qué pasa si es que el Estado se hace cargo de la niña embarazada, le da educación, le da salud y se hace cargo del proceso de adopción? Porque los trámites de adopción son absolutamente engorrosos en nuestro país.

De hecho esa posibilidad no existe actualmente.

Y de hecho debería existir. Esa sí es una política pública que deberíamos abarcar.

¿Usted propondría que una niña embarazada dé a luz y dé en adopción a su hijo?

Por supuesto que sí. Claro, si es que tiene voluntad de hacerlo y creo también que si la niña embarazada decide quedarse con su niño, el Estado debería ayudarla.

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Lourdes Cuesta es abogada cuencana. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

En este punto de la conversación, Lourdes Cuesta está incómoda. Junta las manos sobre la mesa, baja la mirada como si realmente estuviese buscando la respuesta correcta.

¿Y si decide no tenerlo?

Es complicado, es un tema realmente complicado. Para mí toca fibras muy sensibles.

Recientemente fui madre, mi niño nació hace siete meses y justamente conversábamos con mi asesora al salir de la comisión. Yo le decía: yo le vi moverse desde muy chiquitito. Entonces alguien que fue a la Comisión decía que una mujer que fue violada no siempre da el paso de asumir esa situación por lo dura que es y de denunciar.

¿Cuánto tiempo pasa para que una mujer denuncie que fue violada? ¿Cuánto tiempo avanza un embarazo? Esta persona decía incluso que puede ser un embarazo de seis, siete meses. Yo di a luz a mi niño de 35 semanas.

Era un bebé, una personita completa, gracias a Dios, sana, y nació a los 7 meses de embarazo, entonces si me hablan de un aborto de siete meses, eso no es un aborto, yo creo que eso es un asesinato.

No, pero los tiempos para un aborto, en los países en los que está legalizado no llegan a siete meses.

Hablan de doce semanas, pero hay países en donde es más avanzado, pero si vemos un feto de doce semanas, es una persona completamente formada, entonces como digo, para mi es un tema muy sensible.

No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que tome una decisión tan terrible, jamás me atrevería a hacerlo pero yo no lo haría.

Pero cómo legisladora, ¿cómo será su voto ahora que se está debatiendo el tema? Usted ha dicho que está escuchando varias posturas, ¿la decisión la tomará cuando haya escuchado a todos? ¿Aún no lo ha decidido?

Yo, por el momento, me abstendría.

Por todas estas dudas que tengo, no podría votar en contra y tampoco podría votar a favor, por lo tanto me abstendría.

Sin embargo, me falta aún por escuchar a muchas personas que han pedido comparecer y cada una tiene distintos datos. Por ejemplo, ahora nos solicitaron comparecer en la comisión algunas organizaciones de la sociedad civil de Cuenca que tienen cifras distintas a las que nos han presentado.

Es bueno escuchar todas las visiones y a todos los lados.

Otro tema que usted ha mencionado y que es importante es la educación sexual. Allí también había posturas contrapuestas en la Asamblea Nacional sobre lo que se considera educación sexual y de nuevo hago referencia a su propia organización, CREO. El asambleísta Héctor Yépez se alineaba con la señora Amparo Medina, del movimiento Con mis hijos no te metas, cuyas posturas son muy radicales. Así, ¿cómo pueden decidir qué se considera educación sexual saliéndose de la postura religiosa?

Yo creo que las posturas extremas no le han hecho bien al país. Tenemos una postura absolutamente extrema de la persona que usted menciona y tenemos posturas absolutamente extremas de los grupos feministas. Eso no le hace bien al país. Llegar a los extremos en los que la señora Medina se ha colocado es absolutamente fuera de foco.

Yo creo que debe haber educación sexual, por supuesto.

Cada padre podrá decidir también en qué momento le habla a su niño o a su niña, de acuerdo a la madurez de cada uno. Yo tengo dos sobrinos pequeños. A mi sobrina que tiene ocho años, mi hermano y mi cuñada siempre le han hablado de los peligros que existen en un lenguaje que ella entiende. Ella sabe cuáles son sus partes, que nadie se las puede tocar. Lo mismo mi sobrino de seis años.

Como anécdota le cuento: a mi sobrino lo llevaron alguna vez al pediatra a que lo revise si necesitaba circuncisión o no, y no se dejó tocar. Tuvo la mamá que ayudarle porque él decía a mi no me toca nadie, esto es mío. Esa es la forma en la que uno tiene que hablar con los niños no solo por el tema de embarazo sino también para evitar el abuso sexual.

Yo sí considero que debe haber educación sexual. Los tiempos avanzan. Los jóvenes, los niños tienen acceso a información que antes nosotros no teníamos. Es cuestión de tener un teléfono celular, acceso a internet y se van a enterar probablemente de las cosas de una forma distorsionada.

Por eso los padres tenemos que hablarles claramente desde que son pequeños y si es que no lo hacen los padres, están las instituciones educativas.

Y ahí vuelve la polémica: cuándo es el momento de decirles y qué consideran educación sexual. Hay gente que dice que no quiere que les hablen a los hijos de métodos anticonceptivos a los doce años. ¿Cómo es entonces que estas posturas religiosas quedarían en segundo plano para que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación sexual que permita prevenir enfermedades o embarazos e incluso lo que usted menciona, reducir el riesgo de abuso sexual?

Ahí creo que es absoluta responsabilidad de los padres lo que pueda suceder si es que en la escuela o en el colegio tienen una clase de educación sexual y no le mandan ese día al hijo a clases.

Yo sí quiero que le hablen a mi hijo de educación sexual. Yo misma le hablaré a mi hijo de educación sexual, de métodos anticonceptivos y, sobre todo, del respeto a su cuerpo y al cuerpo de los demás.

Cambiando un poco de tema, usted planteó algunas inconsistencias en el tema de los grilletes y la fuga de Fernando Alvarado. Dijo que se había perdido el sistema durante un par de horas. Sumados estos datos a la comparecencia de las autoridades y sobre quién recae la responsabilidad, ¿qué conclusiones saca?

Lamentablemente  ninguna de las autoridades habló claro en la Asamblea, ninguna quiso responsabilizarse de nada.

La mayoría de autoridades señalaron al Ministerio de Justicia que es el ministerio rector, por supuesto. No dieron información, información que, por ejemplo, yo sí tenía. Yo tenía información que no tenían los ministros. De hecho yo le pregunté a la Ministra del Interior si ella conocía que el sistema se había caído durante dos horas. No sabía.

Ninguno de los ministros y de las autoridades informó que el gerente del proyecto, quien está a cargo, había renunciado dos días antes. No informaron a ningún operador a cargo de estos dispositivos que había un nuevo gerente, que se presentó en la noche del 20, cuando ya se había dado todo el tema.

Tampoco informaron que había varias alertas que mostraban que no estaban funcionando bien los grilletes, que había problemas, de hecho el mismo señor Alvarado acudió tres veces a visitas técnicas porque su dispositivo lanzaba la alerta de pulsera quitada.

En la última visita técnica del 28 de septiembre, ingresó con alerta de pulsera quitada y sale con alerta de pulsera quitada, y no se solucionó el tema. Como el caso del señor Alvarado hay muchos.

Por eso que estoy pidiendo, el día de hoy, mediante un cambio del orden del día, que se pida la comparecencia de la supervisora de operadores que es quien recibió el mensaje del señor Alvarado cuando le dijo que se iba, de la supervisora nacional, a quien se reporta de manera inmediata, y por supuesto, al gerente del proyecto, el anterior y el actual, para ver qué información nos dan.

Cuando habla de un tema como este, más político, la voz de Lourdes Cuesta se endurece. En la mesa del fondo, está sentada una de sus asesoras, que por momentos desprende su mirada del celular que lleva en sus manos, para ver a la asambleísta. Ella habla casi sin pausa, pronunciando con énfasis las palabras. No interrumpe las preguntas. Las escucha con calma, con paciencia y atención antes de responder.

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“No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que aborte, que tome una decisión tan terrible”, Lourdes Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Los representantes de la empresa china a la que compraron los dispositivos han dicho que el problema no es técnico sino humano, que se han emitido las alertas y que quienes no han advertido de las alertas son los funcionarios del Ministerio de Justicia. En ese sentido, ¿no recaería la responsabilidad sobre el ministro Granda más que sobre las otras autoridades?

Sin ninguna duda recaen sobre el Ministro de Justicia. Así lo señalaron incluso las otras autoridades.

Ahora, la empresa contratista también tiene mucho que explicar porque estamos hablando de un contrato de 14 millones de dólares, del cual ya hay informe de la Contraloría con responsabilidad penal en contra de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Resulta que durante el año de vigencia, este contrato tuvo problemas pero cuando terminó, se dieron cuenta que se necesitaba una plataforma que dé el servicio y se pueda monitorear.

Decidieron contratar con Conecel durante seis meses, y les llegó un oficio diciendo que no podían contratar con el sector privado, que debían hacerlo con el sector público. Sin embargo, CNT no tenía la tecnología. Estos dispositivos funcionan como un celular.

El propio Ministerio de Justicia envió una carta al Consejo de la Judicatura diciéndole que instruyan a los jueces de abstenerse de utilizar grilletes electrónicos porque había problemas de tecnología. Pero el Código Integral Penal (COIP) los señala como una medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva. Entonces realmente llama la atención otra cosa: los técnicos a cargo de las revisiones tienen un horario de trabajo de ocho y media a cinco de la tarde.  

¿Qué pasa un fin de semana, un feriado, una madrugada? Absolutamente nada porque no hay quien haga revisiones técnicas. También creo que hay otra responsabilidad por parte del Ministerio del Interior. El señor Alvarado, como medida cautelar, tenía también la prohibición de salida del país. ¿Quién tiene a cargo los funcionarios responsables de migración? El Ministerio del Interior. Ese día la ministra dijo que el señor Alvarado no se había ido por ningún punto regular. Obvio que no se fue por ningún punto regular, pero no puede ser posible que en el país, la gente entre y salga como si es que no pasara nada.

Guillermo Lasso dijo que huele a pacto del morenismo con el correismo. ¿Concuerda con eso?

El señor Michelena dijo que había topos del correísmo. Si sabe que hay topos, que tienen funcionarios ahí que están de quinta columna, ¿por qué no han hecho nada? ¿Cuánto sabrá el señor Alvarado? ¿Conviene o no conviene que el señor Alvarado esté en el país?

Entonces, no descartaría que, efectivamente, le hayan dejado ir.

Usted ha dicho que iniciará el trámite para un juicio político contra el ministro Paúl Granda por inobservancia en sus funciones. ¿Logrará los votos?

El día que estuvimos haciendo preguntas a las autoridades, varios asambleístas de distintos bloques se acercaron a decir: te apoyamos en el juicio político.

Algunos me dijeron: si no lo presentas tú, lo presentamos nosotros. En este momento hay los votos, falta ver la voluntad política.

¿Cree que habrá?

Yo creo que sí. Este tipo de actos generan consecuencias como que los ecuatorianos sientan que existe un ambiente de impunidad, que en este país puede pasar lo que sea, pueden hacer lo que sea y no pasa absolutamente nada.

Adicional a eso hay temas muchísimos más graves. Voy a tocar el caso de Posorja, más allá de que haya habido mala información, es el sentimiento de impunidad.

Todas las semanas estamos escuchando del robo de niños en Ecuador, las autoridades no han dicho absolutamente nada. El momento en que, en una población tan pequeña como Posorja se escucha, mal informados o no, que están queriendo llevarse un niño, sucede lo que sucedió.

Eso es consecuencia de que la Justicia y las autoridades no están actuando como deberían. Reprochable totalmente, no pueden pasar este tipo de cosas.

Pero entonces estamos hablando de un tema mucho más estructural: el estado de la Justicia. Si esto pasa con un funcionario de alto nivel como Fernando Alvarado, ¿qué ocurre con otras personas que usan el grillete? ¿Desde la Asamblea qué se podría hacer?

Fiscalizar, tiene que haber responsabilidades políticas.

En efecto, el caso del señor Alvarado no es el único.

Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos a distintas personas porque están dando problemas. De hecho tengo información de que el 22, después de la fuga de Alvarado, decidieron hacer el cambio de grilletes a quienes están procesados por el caso Odebrecht.

Hay quienes tienen arresto domiciliario. Para quienes tienen esa medida, hay un sistema de verificación facial para quien porte el grillete. No funciona bien.

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Lourdes Cuesta: “Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos”. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Otro tema que usted ha mencionado mucho es el tema de los abusos sexuales. ¿Cuál es la propuesta concreta que usted hace desde la Asamblea?

Yo presenté un proyecto de ley que se llama Revaas que es el  Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. ¿En qué consiste?

La tasa de reincidencia de quienes han cometido este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes, es muy alta. Lo que queremos es que quienes hayan cumplido ya una condena pasen a ser parte de un registro y al constar allí no pueden volver a trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes.

No es una pena adicional ni un tema de discriminación porque podrán hacer lo que gusten menos trabajar con niños, niñas y adolescentes.

Mientras están en el centro de rehabilitación están en un período de falsa calma porque no son los adultos quienes despierta el impulso sexual, son los niños. Entonces, evitemos que vuelvan a trabajar con niños. Por ejemplo, no podrían volver a trabajar como chofer de una buseta o en el bar escolar, o administrar una escuela de ballet o la cancha de fútbol.

Me decían que estoy discriminando: no lo estoy haciendo porque, justamente, en base a la legislación internacional, lo que estamos haciendo es distinguir un grupo peligroso para cuidar un grupo que merece mayor atención de la sociedad.

¿Se ha hecho esto en algún otro país? ¿De dónde saca el modelo?

Hay varios países que cuentan con este tipo de legislación y que ha funcionado bien. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Ley Megan que es mucho más drástica: si una persona ha cometido un delito sexual y va a ir a vivir a un barrio, tiene que ir de casa en casa a decirles a sus vecinos ‘soy fulano de tal, vivo en tal casa y cumplí condena por abuso sexual’. Así, quienes viven en ese barrio sabrán qué hacer para que sus hijos no se le acerquen.

Funciona en Argentina, Nicaragua, El Salvador. Ahora está aprobándose en Colombia, donde está en el tercer debate de los cuatro que son necesarios allá para la aprobación de una ley.  Se aprobó recientemente en Uruguay y en otros países lejanos como Australia.

Estamos ya en debate de quién sería el ente rector porque hay que tener mucho cuidado. Uno de los cuestionamientos que me hacían es qué pasa si se filtra la base de datos o qué pasa si no funciona la autoridad. Nosotros no podemos legislar en base a coyunturas políticas, en base a si funciona o no funciona. Nosotros tenemos que exigir leyes que sean bien administradas.

No es un registro público porque ahí sí sería discriminatorio porque yo creo que cualquier persona que busca personal no va a querer trabajar con una persona que ha abusado seualmente de un niño

¿Y quién manejaría este registro?

En principio habíamos propuesto que sea el Ministerio del Interior porque ha sido el que maneja los certificados de antecedentes penales y demás.

Entonces hacerlo público sí sería discriminatorio.

¿Y quiénes podrían consultar el registro?

Si es que yo quiero trabajar con niños, sería yo quien vaya al Ministerio del Interior a pedir un certificado de no encontrarme inhabilitada.

Si es que un rector de un colegio quiere contratar diez personas, pediría el certificado a los postulantes de no estar inhabilitados.

Otro tema que quería abordar es el de la Comisión Ocasional para tratar temas relacionados a niñez y adolescencia no se pudo reunir porque a la primera convocatoria hecha para el 3 de octubre, no hubo quórum. De 9 miembros, asistieron 3 asambleístas: Dayllana Passailague, Encarnación Duchi y usted. Su decisión fue la de renunciar a la comisión. ¿Cree que esa es la decisión correcta? ¿Retirarse? ¿No hay un compromiso ahí?

Creo que las comisiones ocasionales no suelen tener buenos resultados y se formó esta comisión y mis colegas del bloque me pidieron que yo fuera parte. Accedí porque he estado trabajando con este tipo de casos.

La persona llamada a convocar esta primera reunión, que era el asambleísta Bustamante, convocó a la primera reunión pero previo a esto renunció. Como ya estaba convocada, dijimos, reunámonos y sobre todo porque la ley da ocho días para que se dé la primera reunión de la comisión y se nombren incluso las autoridades.

La convocatoria era a las dos y media de la tarde entonces no es que no hubo quórum, sí hubo, pero se fueron. Llegaron algunos asambleístas, dijeron no, parece que no va a haber quórum, salieron y a los asambleístas que estaban llegando les dijeron que no había quórum.

En el caso de la asambleísta Passailague llegó a las dos y treinta y tres de la tarde y decía por qué se están yendo.

Entonces hay intereses personales, más allá de quiénes iban a ser las autoridades de la comisión, la comisión necesita continuar. Los temas de la niñez y de la adolescencia son temas sensible que hay que tratar con mucha responsabilidad.

Yo vi que eso no iba a funcionar, lamentablemente así que creo que desde otros espacios se puede apoyar y se puede trabajar más.

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“Tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores”, dice Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Se retira entonces porque considera que no hay un objetivo en la comisión?

Considero que no va funcionar. Ojalá me equivoque, ojalá funcione y funcione de maravilla y que la producción legal en defensa de los niños, niñas y adolescentes salga hasta el mes de abril que tiene que durar esa comisión.

Han pasado 34 minutos desde el inicio de la entrevista y la asesora de la asambleísta Cuesta empieza a angustiarse por el tiempo. Cuando ella termina de responder a la pregunta, su asesora se pone de pie y avanza hacia la mesa en la que la legisladora apoya sus brazos mientras responde a las preguntas. Hace un gesto de que ya es hora de terminar.

Sabemos que tiene prisa. ¿En qué aún está en deuda la Asamblea con los ciudadanos?

En temas de fiscalización. Creo que ahí hay una deuda muy grande. A pesar de que considero de que no debemos quedarnos enredados solamente en este tipo de problemas, sí se necesita fiscalización clara. Presentamos alrededor de nueve juicio políticos. ¿Cuáles han prosperado? Uno que presenté yo en contra del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; otro en contra del excontralor Carlos Pólit también prosperó porque lo presentó la bancada oficialista; pero ni siquiera la Comisión de Fiscalización, antes conocida como Comisión de Archivo, ahora es la Comisión del Limbo porque no hay quórum o porque no dan los votos necesarios ni para archivar ni para que pase al pleno, se quedan en un limbo jurídico. Sucedió con el exvicepresidente de la República; sucedió con el exministro de Agricultura Rubén Flores; y así, una cantidad de casos. Ahora, recientemente en el pleno de la Asamblea se quedó en el pleno la censura en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Ahora se está llevando a juicio al exprocurador General del Estado y veamos qué sucede. La solicitud de juicio político a la excanciller María Fernanda Espinosa ni siquiera ha pasado al Consejo de Administración Legislativo, CAL , sigue en el escritorio de la presidenta y es por eso que hemos presentado ya una reforma a la Ley Orgánica a la Función Legislativa, en donde planteo que una vez presentado una solicitud de juicio político, la Presidencia debe poner en conocimiento del CAL en un plazo no mayor de tres días, para que este sea calificado. Este momento hay un vacío legal, entonces a presidenta, si es que quiere tener ahí guardado ese juicio durante los tres años que queda del período legislativo, queda ahí y no pasa nada.

¿Es decir que no hay un límite legal que le obligue a tomar una decisión en un tiempo determinado?

Exactamente. Es parte del hiperpresidencialismo que también existe en la función legislativa.

Otra de las cosas que les han criticado mucho es esta incapacidad de lograr acuerdos en la oposición. Los socialcristianos critican mucho a CREO y viceversa, incluso a través de redes o en el pleno ha habido roces entre asambleístas de ambas organizaciones. Son dos partidos de derecha que no logran ponerse de acuerdo a pesar de, en principio, pertenecer a una corriente similar. ¿A qué cree que se debe eso?

Nosotros no transamos con lo que creemos que no debemos transar.

Nosotros no creemos que el gobierno esté siguiendo un camino adecuado. Por ejemplo, ahora nuevamente está en la Asamblea, la proforma presupuestaria. Y no ha cambiado en absoluto el modelo económico. Nosotros no podemos darle un cheque en blanco al Presidente de la República a que se siga endeudando y siga hundiendo el futuro de los ecuatorianos. Por ejemplo, en la Ley de Fomento Productivo, nosotros votamos en contra de que el Presidente de la República pueda endeudarse más allá de ese 40 por ciento que permite la Ley.

De hecho estamos mucho más endeudados que eso y nosotros no vamos a transar con el gobierno.

A nosotros no nos interesan cargos públicos, no queremos cuotas políticas. Nosotros fuimos elegidos para velar por los ecuatorianos y en oposición porque nosotros siempre hemos sido un movimiento de oposición: en la era del correismo y, por supuesto en la del morenismo, porque no ha cambiado nada.

Han cambiado las formas, no ha cambiado el fondo. Nosotros somos una oposición clara, no nos debemos a nadie.

¿El socialcristianismo no es una oposición clara?

Ellos tienen, algunas veces, posturas un poco más laxas.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, en el tema de la deuda pública, en donde un sector se beneficiaba entonces decidieron votar a favor de eso, sin pensar que si nos seguimos endeudando vamos a tener graves consecuencias a futuro.

Y dígame, ¿la Asamblea está fiscalizando al gobierno actual? Porque hay una obsesión con el correismo, con los exfuncionarios, buscar mucho todo lo que hizo el anterior gobierno, pero queda la duda, ¿a este gobierno se le está pidiendo cuentas?

Por nuestra parte sí.

En varios medios de comunicación he dicho: ya basta de echarle la culpa a Correa.

Ya sabemos que fueron 10 años nefastos; que Correa tiene culpa de un montón de cosas, temas de corrupción que no pueden dejarse de lado, tienen que seguirse tratando, temas de deuda, por supuesto tiene que seguirse tratando, la situación económica es culpa de Correa, por supuesto.

Pero llevamos año y medio de un nuevo gobierno y siguen hablando de Correa.

¿Y este gobierno qué ha hecho para empezar a mejorar o cambiar todo lo malo que hizo Correa?

El modelo económico sigue siendo el mismo. Los funcionarios siguen siendo los mismos. Entonces, seguimos oyendo que la mesa no está servida, que hay topos del correísmo. Pero, ¿qué está haciendo el señor Presidente? Tiene un discurso absolutamente contradictorio: un cosa es la que dice, otra cosa es la que hace.

La última pregunta, Asambleísta. En este año y medio que lleva como legisladora, ¿qué errores ha cometido?

Cuando comenzamos y somos absolutamente nuevos cometemos un montón de errores. Ventajosamente, creo no haber cometido un error tan grave todavía y espero mantenerme así.

Creo que nos falta mucho. En mi caso caso personal, los manejos políticos. Uno llega con una visión a la Asamblea y el error que uno comete es creer que lo que uno quiere va a salir de una forma sencilla, tranquila, porque uno tiene buena voluntad, porque no hemos aprendido aquella parte que hay detrás de la política que es el acuerdo, el manejo.

Entonces algunas veces que me he tropezado ha sido porque no he hablado con los otros asambleístas, o porque no he llegado a consensos con otros bloques. Son temas que estoy aprendiendo ahora. Para presentar una resolución y contar con los votos, yo ya no le pido la firma solamente a la gente de CREO, porque ellos van a votar conmigo, seguramente me apoyarán. Empiezo a buscar firmas de otros bloques, de otros asambleístas, explicándoles qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacer y eso me ha servido mucho.

Espero no cometer ningún error tan grave, sobre todo, para no violar la confianza de quienes votaron por mí.

¿Apostará por otro período?

Sí me gustaría poder servirle al país.

Estoy enfocada en este momento en cumplir, hasta el año 2021, todas las metas que nos hemos puesto: hacer leyes que generen empleo, hacer leyes que protejan a los niños.

Por ejemplo, ahora estoy con un proyecto de ley en base a lo que vivimos en mi ciudad, que es el tema del tranvía.

La idea es que cualquier ninguna megaobra que se vaya a hacer —porque ahora escuchamos del Tren Playero— no tenga un plan de contingencia para que las personas que tienen que cerrar sus locales puedan ser reubicadas sin mayor trámite, que exista promoción para sus locales, etcétera.

Estoy muy enfocada en los objetivos que nos hemos puesto. Nos quedan todavía dos años y medio y bueno, habrá que ver en ese momento la situación del país, cómo va y, sobre todo, si es que yo siento que he cumplido, tendré cara para presentarme a otro período.

De momento, ¿descartadas las seccionales entonces?

Sí. Tengo un compromiso hasta el 2021. Sería irresponsable. Hablo por mí, irresponsable de mi parte decir ‘bueno, hasta aquí llego y voy a postular para algo en las seccionales’. Yo fui elegida hasta el 2021 y hasta el 2021 estaré en la Asamblea Nacional.

Las vidas que no importan

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En 2007, la periodista Milagros Aguirre publicó ¡A quién le importan esas vidas!, un libro que revelaba cómo el tráfico ilegal de madera en Yasuní —el área protegida más grande del Ecuador— afectaba a los Waorani y pueblos indígenas en aislamiento. Once años después, las palabras siguen vigentes: ¿a quién le importan los pueblos indígenas en aislamiento?

Los pueblos en aislamiento son familias que viven en la Amazonía ecuatoriana que tuvieron que alejarse de lo que en Occidente llamamos progreso. Y sí, tuvieron. El verbo es rector y es imprescindible: fue una elección forzosa, no elegida como el Estado pretende decir cuando los rotula como pueblos “en aislamiento voluntario”. A menos que voluntario sea huir de evangelizadores y retroexcavadoras que devoran su territorio, el desplazamiento fue forzoso.

Los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) siempre han sido un tema incómodo para el gobierno ecuatoriano. Y no este gobierno. Ni el anterior. Sino todos. Son casi sesenta años de una combinación de indiferencia y abandono.

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El primer contacto con los PIA fue en la década de 1960. Casi cuarenta años después, en 1999, se declaró una zona intangible para protegerlos. Ese acuerdo, firmado por la entonces ministra de Ambiente Yolanda Kakabadse, daba 120 días para delimitar este área. Pero pasaron ocho años hasta que se definieron los límites: 758.051 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Yasuní.

Desde entonces, la competencia (si es que cabe la palabra) ha pasado por dos Ministerios: Ambiente y Justicia. En el primero se creó una oficina cuya génesis fue aplicar a las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El pedido de las medidas había surgido desde la sociedad civil en respuesta a una masacre en la que habían muerto cerca de 30 indígenas aislados. Pero doce años después, en este 2018, las acciones para proteger a los PIA siguen respondiendo a esas medidas cautelares. No hay una política pública.

Desde la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario —una oficina por debajo del Ministerio de Justicia, por debajo del Viceministerio de Justicia, por debajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos— me dijeron que habían acciones concretas para garantizar la protección de los PIA, pero no respondieron si existía o no una política pública. Revisando la información de transparencia queda claro que son acciones aisladas como patrullajes, análisis de territorio y enlaces radiales. Lo que sí reconocieron es que en los últimos años, el personal y presupuesto de la Dirección ha sido reducido lo que impide hacer monitoreo “continuo y completo”.

No hay suficiente personal. No hay suficiente presupuesto. No hay política pública. Y ahora (desde agosto que se anunció) el Ministerio que tuvo tres años la competencia, se va a disolver. Organizaciones de mujeres reclaman, organizaciones de niños reclaman (porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se encargaba de los presos, de la protección de niños y mujeres, de la regularización de las religiones, y de los pueblos indígenas en aislamiento). Nadie reclama por los PIA.

¿A quién le importan esas vidas?

Desde 2008, en teoría, al Estado deberían importarle: la Constitución los protege a ellos y a su territorio. Pero esa importancia, como muchos otros artículos constitucionales, es letra muerta. Tan muerta que ha habido funcionarios —el más recordado es el ex presidente de Petroamazonas y luego Ministro de Recursos no renovables, Wilson Pástor— que públicamente han dicho que tienen dudas de que en realidad los pueblos indígenas en aislamiento existan. “Hay una hipótesis de que no se trata realmente de pueblos no contactados sino movimientos más políticos para evitar la explotación de ese campo (Armadillo)”, dijo Pástor en una entrevista a al canal RTS.

En ese comentario es donde está la palabra clave, que lleva a las otras: Explotación. Campo. Petróleo.

Si los pueblos indígenas en aislamiento no viviesen en la zona con más reservas de petróleo del Ecuador, seguramente el Estado diría que “sí le importan esas vidas” y, quién sabe, invertiría en planes realmente efectivos para garantizar su protección, porque hacerlo no interrumpiría con su otro plan (que ha demostrado ser más importante): la expansión petrolera.

Si los pueblos en aislamiento no existieran seguramente la Amazonía ecuatoriana estaría repleta de proyectos extractivos. Hoy, en el mapa, la zona intangible es un lunar rodeado de 10 bloques petroleros en la frontera norte, sur y oeste. Alrededor de esos bloques hay otros diez. Alrededor de esos, diez más, y así… Durante siete años el Ministerio de Ambiente tuvo, al mismo tiempo, la competencia de proteger a los PIA y la de entregar licencias ambientales para nuevos proyectos extractivos (que aún tiene). No hay que ser muy brillante para entender lo difícil que es cumplir con ambos.

Ahora que el Ministerio de Justicia desaparecerá debería ser el momento de preguntarnos quién debe hacerse cargo de proteger a estos grupos. Es momento también de revisar dónde están las nuevas concesiones petroleras, a quiénes se las está entregando y cuánto se están respetando los límites de la zona intangible. Es momento, sobre todo, de responder si, como sociedad, nos importan esas vidas.

Natasha Rojas: “Las administraciones zonales no pueden seguir siendo botín político”

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Natasha Rojas suele aparecer en plantones o protestas de distinta índole: por la libertad de los llamados 10 de Luluncoto, por los periodistas secuestrados, por las firmas falsas registradas a nombre de varios partidos en el Consejo Nacional Electoral. Fue dirigente estudiantil en el colegio y luego en la universidad. Es más bien menuda y sonriente. Tiene el cabello oscuro corto y rizado, aunque a veces lo alisa. Me recibe, media hora tarde y prolijamente vestida con una traje sastre blanco y una blusa roja, en la sede del MPD de Quito, en la que cuelga un gran cartel que dice Unidad Popular, el nombre que adoptó luego de que el Consejo Nacional Electoral, le retirara su personería jurídica en septiembre de 2014.

Ahora el MPD ha recuperado su personería jurídica. Sin embargo, durante el período en el que fue suspendido, sus simpatizantes crearon Unidad Popular. Entiendo que a las elecciones seccionales participarán con esta organización. Cuéntenos un poco de eso.

En primer lugar, estamos muy contentos de que el Consejo Nacional Electoral transitorio devolvió su personería jurídica al Movimiento Popular Democrático. Se ha demostrado que fue la acción que se la quitó fue ilegal, inconstitucional, arbitraria. Sin embargo, en las elecciones de 2019 vamos a participar con Unidad Democrática lista 2, y posteriormente discutiremos el proceso de fusión de las dos organizaciones políticas.

Sin embargo, los líderes son los mismos que lideraban el antiguo MPD, ¿no?

Hay variaciones. La dirigencia de Unidad Popular está básicamente integrada por jóvenes: Geovanny Atarihuana, Sebastián Salazar, Natasha Rojas, Sebastián Cevallos, entre otros. Y el MPD tiene sus dirigentes también: Luis Villacís, Ciro Guzmán, Gustavo Terán.

¿Los antiguos?

Sí, nosotros hemos siempre hablado de la vinculación de la experiencia y la juventud para lograr cambios importantes.

Uno de los cuestionamientos que se hacen al MPD es que hace varias elecciones no logran ganar sus candidatos. ¿Cree realmente que tienes posibilidades para las próximas seccionales?

Durante todo este proceso ha existido una persecución política a las organizaciones sociales y políticas que hemos luchado por la democracia, por la libertad y por los derechos de los ecuatorianos. En nuestra organización tenemos a una de las mejores prefectas del Ecuador, que es Lucía Sosa, de Esmeraldas. Allí queda demostrado nuestro modelo de gestión y las políticas a implementarse desde lo local.

Lucía Sosa ha sido duramente criticada también. Todavía Esmeraldas sigue en una situación precaria.

Ella ha sido Prefecta de la provincia de Esmeraldas, son distintas las competencias del Consejo Provincial a las competencias de los municipios. En lo que significa desarrollo rural, productivo y las competencias que le corresponden ha tenido una gestión muy importante —tanto es así, ahora que es candidata a la Alcaldía de Esmeraldas, tiene una intención del voto del 75%.

Hay más de treinta precandidatos a la Alcaldía de Quito, ¿usted cree realmente que tiene posibilidades?

Más allá de ver esa posibilidad, respeto a todos los candidatos y me pregunto qué tipo de ciudad queremos y qué modelo de gestión debemos implementar en nuestra ciudad. Nosotros partimos de un hecho: necesitamos que Quito sea una ciudad más humana, moderna, eficiente, productiva, linda, ordenada, segura, con oportunidades para todos y todas, una ciudad inteligente. Si queremos esta visión de ciudad, significa que hay que discutir el modelo de  gestión.

Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito y el modelo de gestión tiene que estar basado en el ser humano, en el quiteño, la quiteña, en la naturaleza y los animales; no en el capital, como ha sido la trayectoria de los últimos años en el Municipio de Quito. Eso significa un sinnúmero de reformas para recuperarle al municipio de la inoperancia de la corrupción. Necesitamos que en Quito sea una realidad el estatuto autonómico para que tenga más competencias la municipalidad y adicionalmente, que se implementen en nuestra ciudad las alcaldías menores como Lima, como Bogotá porque hay que entenderle a Quito como a una ciudad de ciudades: una realidad es la del centro, otra, el sur; otra el norte; incluso entre los valles. Entonces se requieren micro planificaciones entorno a una matriz central.

El otro aspecto en el ámbito institucional. necesitamos que las administraciones zonales cambien de visión. Primero, que los administradores vivan en la zona, que conozcan la realidad del sector; segundo, que sean elegidos de una terna presentada por el Alcalde de Quito al Concejo Metropolitano, que exista un Concejo Zonal integrado por los dirigentes barriales, sociales, deportivos de esa zona para que definan las políticas públicas que deben ser implementadas. Es decir, administraciones descentralizadas, eficientes y con transparencia.

Claro, pero no me ha respondido a mi pregunta. ¿Cree que puede llegar a ser Alcaldesa de Quito?

Nosotros creemos que es posible. Hemos hecho el lanzamiento de una precandidatura a la Alcaldía de Quito. Hacemos un llamado a los ciudadanos, a las distintas organizaciones sociales y políticas para trabajar entorno a un proyecto de ciudad, no a nombres.

Lo más importante para que exista gobernabilidad es que todos caminen en base a la misma propuesta. Hemos estado conversando con varios actores políticos candidatos a la Alcaldía y en su momento informaremos la decisión que, como UP, hemos tomado.

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Rojas fue dirigente estudiantil desde el colegio. Fotografía de José María León para GK.

A Natasha Rojas se le nota la militancia en organizaciones sociales y barriales. Habla de los barrios populares de Quito con mucha soltura como quien los conoce más allá de un recorrido obligado para intentar ganar unos votos durante la campaña política.

Me suena a que puede haber alianzas.

Si queremos recuperar a Quito, necesitamos dos alianzas: una, con el pueblo de Quito y, en segundo lugar, con los actores políticos.

En las entrevistas a precandidatos que hemos hecho hasta el momento es que suelen tener visiones similares. Usted habla de una ciudad más humana, igual que Daniela Chacón; habla de la importancia del estatuto autonómico, igual que César Montúfar. ¿Hay la posibilidad de que converjan en algún punto y, en lugar, de que haya tantas candidaturas puedan darse alianzas basadas en esas visiones comunes?

Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo. Lo importante es dejar de lado los intereses de determinados sectores por los intereses de Quito. En este momento Quito necesita de sus ciudadanos.

Una sola persona no va a poder hacer todos los cambios que requiere Quito; el alcalde tiene dos manos pero en Quito hay 5 millones de manos porque somos dos millones y medio de habitantes y todos debemos trabajar para recuperar Quito. Uno de los ejes que me interesa mucho es la participación ciudadana entendida como la planificación, la toma de decisiones y el control de las autoridades. Con la participación ciudadana vamos a lograr un mayor desarrollo de la ciudad.

Y en ese marco, ¿habría la posibilidad de declinar su candidatura?

Todo por Quito. Estaríamos dispuestos a aquello, todo por mi ciudad.

El MPD, ahora Unidad Popular, fue una de las organizaciones que inicialmente apoyó al correísmo. En las elecciones de 2017, su partido inicialmente apoyó a Paco Moncayo, de la ID pero en la segundo vuelta llegó a pedir a los simpatizantes que voten por Lasso, un candidato de derecha. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente?

Yo soy una mujer humanista, una mujer demócrata y de izquierda. Siempre he desarrollado mi actividad en una sola línea política. Yo soy de las pocas personas que se ha mantenido por un solo andarivel.

Tengo 43 años, empecé a desarrollar acción social cuando tenía 14 años: son 29 años de mi vida que he estado vinculada a las organizaciones sociales, populares, a fundaciones, a colectivos de derechos humanos, de mujeres, de animalistas, ambientalistas. Es decir, toda una vida de servicio a la colectividad y eso me ha permitido conocer la ciudad de Quito, conocer los sueños y los intereses de los quiteños.

Además soy docente universitaria y eso me ha permitido conocer también a los jóvenes.

Con la otra precandidata, Daniela Chacón, conversábamos sobre lo poco que se ve a mujeres candidatas a cargos ejecutivos. ¿Cómo ve la posibilidad de ser la primera alcaldesa mujer?

Creo que todavía nuestra ciudad tiene actitudes patriarcales, misóginas, que no han permitido el desarrollo de las mujeres para los cargos ejecutivos. Sería muy importante que una mujer ocupe un cargo así, somos el 51% de la población.

En mi caso soy mujer, madre, jefa de hogar: eso me da otras características para entender la realidad de otras personas. Soy parte del movimiento de mujeres, conocemos la problemática sobre discriminación, temas de violencia.

Cuando hablamos de un municipio más humano también hablamos de un municipio que trabaje por las mujeres, por los LGBTI, por los sectores vulnerables. No es posible que a quince minutos de la Marín te encuentres con calles que no están pavimentadas, que a 30 minutos del centro de la ciudad haya barrios sin agua potable. Sí son pocos, pero esas son las prioridades que debe tener la administración municipal.

Otra cosa que usted menciona mucho es el tema del transporte. Usted es contraria al alza del pasaje del transporte público. Allí menciono a otro precandidato, Juan Carlos Holguín. Él decía que hay mafias que han gobernado el Municipio y hacía referencia al gremio de los taxistas. ¿Cree que hay esas mafias o que los transportistas están organizados como mafia?

Natasha es una mujer de palabra que hace lo que dice. En el ámbito de la movilidad tengo una característica distinta al resto de candidatos: soy usuaria del sistema de transporte público en la ciudad de Quito. A mi no me han contado, yo lo he vivido: siga para atrás que está vacío, atrás hay asiento, quítese de ahí, no estorbe, súbase mamacita, etcétera, etcétera. He visto cómo no paran los buses a los niños, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad.

Necesitamos trabajar en un sistema de transporte público masivo de calidad que cumpla cuatro parámetros inmediatamente: comodidad, seguridad, calidad y rapidez. Si mejoramos el sistema de transporte público, quienes tienen autos particulares van a dejar sus autos, va a fluir la circulación y va a reducir la contaminación.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

“Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito”, dice Rojas. Fotografía de José María León para GK.

Hoy, uno de los ejes en la movilidad es el metro pero tiene que estar acompañado de un sistema integral de recaudo, un sistema integral de transporte, una reorganización de rutas y frecuencias. Hay barrios que a partir de las siete de la noche ya no tiene transporte hacia allá, le pongo ejemplos: Cristo Rey, San Juan, Caupicho. Necesitamos trabajar en la señalética para evitar los accidentes de tránsito, en campañas fuertes de educación vial. Yo no comparto que se llame paso cebra, debemos llamar zona exclusiva de peatones, que entiendan quienes manejan que esas rayas que están en las calles son de los peatones.

Necesitamos una planificación urbanística de las paradas: qué va a haber en las paradas, qué negocios se va a implementar, cómo contribuimos con negocios, emprendimientos, a la generación de fuentes de empleos para la ciudad.

Suena muy bien lo que usted dice pero parece que esas propuestas se quedan siempre en el papel. Son intentos que se han tenido ya anteriormente y regreso a lo que le decía hace un momento: estas negociaciones con los transportistas han sido un dolor de cabeza incluso para gobiernos nacionales. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Usted cree que ahí hay una mafia o cómo ve usted esa situación?

Existe una mafia en el sistema de transporte y esa mafia está también en el Municipio de Quito.

Dos concejales con grilletes por sobornos a los transportistas de esta ciudad. Si yo fuese alcalde de Quito yo hubiese iniciado un proceso de revocatoria, de destitución de esos concejales y de igual manera si yo estuviese en el Concejo Metropolitano.

Es posible y no se queda solo en los papeles pero es únicamente posible cuando usted vive los problemas del transporte, no cuando se ha subido a un bus para tomarse una foto y subir a las redes sociales; es posible cuando usted, cuando su familia, cuando su hijo, vive la realidad del sistema de transporte.

Yo creo en una tarifa socialmente justa y lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre: una tarifa justa para los ciudadanos y justa para los transportistas. No estamos en contra de los transportistas pero sí les decimos: calidad primero y luego discutir la tarifa de transporte. No puede ser al revés porque ese siempre ha sido el cuento: aumentan los pasajes y mejoramos la calidad. Ahora no. Pero hay cosas que no requieren ni un centavo de inversión.

Un modelo de gestión empresarial en el sistema de transporte. ¿Responsabilidad de quién? Del Municipio. En la recolección de la tarifa de transporte hay una evasión de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento que no llega al dueño final pero adicionalmente, para definir la tarifa de transporte este municipio ha incumplido porque deben ser convocados, de acuerdo a la Ley, los usuarios, el municipio y los transportistas, lo cual no se ha cumplido porque se caen en los chantajes de un grupo de transportistas que luego les financian las campañas electorales.

Hay una capacidad de presión importante allí, cualquier persona que llegue a la Alcaldía va a tener esa dificultad en cuanto a la negociación.

El transporte público, como en otras ciudades del mundo, debe municipalizarse.

¿Qué quiere decir con eso?

Que el Municipio sea el responsable, que el Municipio sea el que compre las unidades, que el Municipio sea el responsable del servicio que nos dan a los ciudadanos.

¿Es decir que no sean cooperativas privadas?

Que no sean cooperativas privadas y si cumplen los parámetros bueno, que sean cooperativas privadas pero si no cumplen, el Municipio debe asumir esa responsabilidad.

Basta de chantajes porque en esta ciudad, muchas personas han muerto por el pésimo servicio de transporte. Perdemos entre dos y cuatro horas al día en la movilización.

El otro día me fui a visitar a la mamá de una amiga que está con cáncer en Caupicho. Desde la Universidad Central hasta Caupicho me demoré una hora y cuarenta y cinco minutos y eso es lo que vivimos todos los días los ciudadanos.

Desde que inició la entrevista, una mujer acompaña a Natasha Rojas. Llegaron juntas y ella se acomodó en el escritorio del fondo de la oficina en la que nos atendieron. En este punto de la conversación, se levanta y con el celular, empieza a grabar parte de la entrevista. Natasha se distrae brevemente, pero continúa, sin perder el hilo de lo que dice.

Hay un cuestionamiento también al presupuesto que tendrá el próximo Alcalde. Se ha dicho que es un presupuesto que complicará ejecutar algunas de las propuestas que tienen.

Hay problemas presupuestarios muy serios por apostarle a una sola gran obra que ha sido el metro. De cada 100 dólares que tiene el Municipio de Quito, 60 se van en el metro y 40 dólares en salarios de los trabajadores que justamente se lo han ganado y para inversión en los barrios.

Cuando hablamos de una ciudad más humana, hablamos que esto se ejemplifique en el presupuesto. En la administración pública se hace lo que está escrito en el presupuesto. Hay que redefinir los presupuestos participativos en Quito. Hay una contabilidad social que no se toma en cuenta.

¿Cuánto representa el trabajo de la población en mingas y otras actividades que se desarrollan en los barrios? Hay que actuar con madurez, cabeza fría y experiencia para afrontar los problemas de Quito.

Quito vive una crisis institucional, producto de la inoperancia y la corrupción, en una crisis presupuestaria, producto de la improvisación y desconocimiento y una crisis de infraestructura: calles, recolección de basura, entre otros aspectos.

La semana anterior se reunió el Concejo Metropolitana para discutir la reforma presupuestaria. El Alcalde presentó una propuesta que disminuía recursos en áreas de educación, salud, etcétera. Los concejales presentaron una propuesta que reducía el presupuesto en los Guagua Centros.

A ninguno se le ocurrió plantear reducir los recursos en publicidad y propaganda que solo de la administración central son 7 millones de dólares y en el conjunto del Municipio, 20 millones.

¿En qué período?

Anualmente. Ahí, por ejemplo tienes un margen de recursos que debe ser invertido en el ámbito social si tienes una visión humana y de atender las necesidades prioritarias de la población.

Ahora que menciona el tema de los funcionarios públicos en el Municipio y las empresas municipales. ¿Usted cree que es adecuado el número de trabajadores que hay?

Primero hay que discutir qué elementos de carácter social y de infraestructura atiende el Municipio de Quito. El Municipio atiende la entrega de agua potable, tiene 20 instituciones educativas municipales como el Benalcázar o el Fernández Madrid, tiene instituciones de salud como el Patronato San José que antes era de una calidad extraordinaria. Es decir, hay varios proyectos de carácter social que requieren de personal.

Es necesario un proceso de reingeniería del municipio, optimizar el recurso humano garantizando su estabilidad, pero si hay funcionarios municipales que no cumplen los objetivos de la institución, se deberá discutir con ellos. Necesitamos que los funcionarios municipales se sientan motivados para entregar un mejor servicio a la colectividad.

Otro asunto que ha generado polémica en esta administración es el Concejo Municipal, como usted lo mencionaba hay dos concejales procesados por la justicia. ¿Cómo van a conformar sus listas, quizás habrá alianzas con otros partidos para tener gobernabilidad?

Tan importante es el alcalde como los concejales para tomar decisiones. Todas las decisiones en el municipio se toman a través de ordenanzas; este concejo metropolitano es corresponsable de la crisis que vive Quito, no pueden hacerse a un lado. Deben cumplir sus funciones, legislar a través de ordenanzas y fiscalizar a la máxima autoridad, en este caso al alcalde. Considero que no deben cumplir funciones de carácter administrativo porque eso les quita neutralidad frente a los procesos de fiscalización. El alcalde es el administrador, los concejales son los legisladores.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

Natasha Rojas tiene 43 años y es administradora pública. Imagen de José María León para GK.

Si usted llegara a la Alcaldía, ¿reorganizaría eso? Incluso algunos precandidatos hablaban de Quito Honesto como un ejemplo de lo que no funciona para fiscalización pues su cabeza es nombrado por el alcalde.

Es terrible. Quito Honesto tiene un presupuesto anual de cerca de un millón de dólares y no han hecho absolutamente nada para prevenir la corrupción y para implementar procesos de investigación de hechos que son de conocimiento público.

Los concejales deben cumplir sus funciones: legislar y fiscalizar y el alcalde, con liderazgo, debe hacer cumplir cada una de las competencias. Las administraciones zonales no pueden seguir siendo troncha, no pueden seguir siendo botín político: yo voto por tu proyecto si me entregas esta administración zonal, yo te apoyo si me entregas esta administración zonal.

Natasha se expresa mucho con sus gestos. Usa lentes pero a través de ellos, se puede ver sus ojos ir y venir, abrirse y cerrarse. No mueve las manos, no alza la voz. A veces parece más concentrada en sí misma cuando da las respuestas. Otras veces, hace una pausa, como para recordar que está en una entrevista y que debe ser concreta.

¿Y eso ha ocurrido en este período?

Eso ha ocurrido en este período, tanto es así que Quitumbe ha tenido ocho administradores en cuatro años: eso significa que no hay un proyecto a largo plazo. Un proyecto de planificación y ordenamiento territorial tiene la administración central y, como los administradores zonales obedecen a distintos concejales, hacen cosas totalmente distintas a las establecidas en los parámetros centrales, lo que no permite tener un proyecto a largo plazo.

¿Y a quién han terminado respondiendo estas administraciones zonales? ¿A los partidos políticos de los concejales?

A los partidos políticos de los concejales que han recibido eso como parte del gran reparto y de la troncha y no han respondido a los intereses de la ciudad. Las administraciones zonales tienen que ser instancias de puertas abiertas. Ándate tú a cualquier administración zonal, no puedes hablar con el administrador porque abajo tienes un guardia privado que se ha contratado y no puedes ingresar. Tienes que pedir audiencia, a veces.

Hablar con algunos administradores está más difícil que hablar con el alcalde. Esa realidad con Natasha Rojas va a cambiar.

¿Usted ha intentado hablar con administradores zonales?

Yo, permanentemente desarrollo actividades con los barrios, he estado muy vinculada a la organización barrial en la ciudad de Quito.

Y a través de esas organizaciones, ¿ha sido difícil acceder a los administradores zonales?

Sí. Hay administradores zonales que te dicen: tú, como tienes otra tendencia política, nosotros no te podemos atender. Están equivocados.

Al momento que uno llega al municipio de Quito, tiene que sacarse la camiseta de su organización política y ponerse la camiseta de la honestidad, el trabajo y el amor por Quito.

Otro de los temas que se ha discutido mucho sobre quien gane la alcaldía es este de retomar el rol político que ha tenido Quito como capital. Históricamente Quito ha tenido una participación política muy fuerte, sobre todo en cuanto a cuestionar a los gobiernos nacionales. Desde distintos sectores se ha cuestionado que Quito ha perdido este rol en los últimos años. ¿Cree usted que Quito debería retomar ese rol?

Quito siempre ha sido una ciudad que tenía liderazgo. Sus modelos de planificación, sus modelos de desarrollo local eran tomados en cuenta en otros municipios en el país. Hay que recuperar el liderazgo.

¿Qué ha pasado en estos años? El expresidente del Ecuador le gritó al alcalde Barrera que no debía cambiarle el nombre al nuevo aeropuerto de Quito, Barrera agachó la cabeza y obedeció.

En la actualidad, el gobierno le debe varios millones de dólares en transferencias presupuestarias a la ciudad y el actual alcalde no dice absolutamente nada. Eso es no tener liderazgo.

Hay que tener una buena relación con el gobierno nacional pero hacer respetar los intereses de Quito. Primero Quito, luego los otros aspectos. El liderazgo lo ganas cuando eres honesto, cuando tienes capacidad, cuando tienes experiencia y tienes el apoyo de Quito.

Usted decía que la persona que llegue a la Alcaldía de Quito debe quitarse la camiseta de su partido. ¿Quiere decir eso que si usted llegara, dejaría de responderle a su partido?

Yo voy a responderle al pueblo de Quito, a las necesidades que tiene Quito y a construir una ciudad con todos los actores: los sectores populares, el sector empresarial, porque todos construimos ciudad.

Uno de los aspectos fundamentales es la generación de empleo a través de distintas iniciativas. En la actualidad hay un sinnúmero de trámites en ConQuito: la ciudadanía no encuentra el respaldo del Municipio para realizar sus proyectos.

Ahora un gran porcentaje de la población, sobre todo jóvenes, han incursionado en emprendimientos, pero de cada 10, 8 quiebran a los dos años porque no son producto de un estudio, porque no son producto de una investigación ni atiende a las demandas del mercado. ConQuito debe asesorar a los ciudadanos que tienen proyectos de emprendimiento y crear una bolsa de incentivos para estos emprendimientos. Hay recursos, en vez de malgastarlos, se deben usar en proyectos de emprendimiento.

Natasha Rojas tiende a evadir algunas preguntas, quizás más por la efervescencia con la que habla de sus ideas que por una voluntad de esconder respuestas.

De todos modos no me ha respondido la pregunta. El elector vota por Natasha Rojas pero también vota por Unidad Popular. Entonces cuando usted llega a la Alcaldía, su equipo será probablemente de UP y habrá algunos lineamientos del partido que también, es posible, que sean respetados durante su gestión.

Yo ahí tengo una propuesta y es la propuesta de UP, que la recogimos en seis meses en visitas a barrios y la denominamos Juntos Transformemos Quito. Los ciudadanos nos decían cuáles son sus aspiraciones y sus sueños.

El equipo que me acompañe en el Municipio de Quito será un equipo técnico de primer nivel. El 50% de los funcionarios de libre remoción será con los propios funcionarios municipales que tienen experiencia, que conocen la realidad de Quito y el otro 50% será con técnicos que pueden contribuir con una visión distinta al desarrollo de la ciudad. No habrá imposición de nadie y se trabajará por la ciudadanía y se recogerán los mejores criterios ciudadanos.

¿Y las cuotas políticas de la campaña?

En nuestra organización no nos manejamos por cuotas políticas de campaña. En nuestra organización nos manejamos a través de objetivos que nos planteamos y de recoger a las mentes más lúcidas para poder gobernar. Esa es la diferencia que tenemos con otros sectores.

Otra de los temas importantes, incluso en esta etapa de precampaña, es sobre el financiamiento de su campaña. ¿Quién le va a financiar? ¿Cómo llega sin financiamiento o cómo evita que el financiamiento se convierta después en cuota política?

No habrá financiamiento del gran capital. No habrá financiamiento de Odebrecht. Yo, Natasha Rojas, fiscalizaré la obra del metro, los grandes proyectos y los pequeños proyectos. No se despilfarrarán los recursos. Varias personas han acudido a nosotros diciendo que quieren contribuir en distintos ámbitos en la campaña electoral. Hay tantas cosas por cambiar en nuestra ciudad. Todos los días martes escucho a los ciudadanos sus opiniones a las ocho y treinta de la noche, a través de Facebook Live. Ayer estaba conversando con destacados dirigentes barriales y ellos decían que en Quito hay aproximadamente 400 canchas deportivas y que a 50 se les ha entregado césped sintético, las otras no tienen baños ni infraestructura ni nada. Esa realidad debemos cambiar.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

“El transporte público debe municipalizarse”, Natasha Rojas. Fotografía de José María León para GK.

Alrededor de los grandes centros comerciales encuentras grandes obras. En el Centro Comercial El Bosque, un puente a desnivel, en el Quicentro Sur un gran redondel para que ingresen rápidamente los autos; en el Quicentro se tomaron parte de la vía, no importa el tráfico con tal de que haya un boulevard y permita el ingreso rápido a quienes compran. Están bien esas obras pero deberían ser pagadas por quienes se benefician y no por la colectividad.

Nosotros creemos que también es fundamental la atención a los sectores populares. Yo soy madre y por eso digo que los Guagua Centros tienes que ser fortalecidos y tienen que crecer porque benefician a la mujer del pueblo, a la madre trabajadora que sale en la mañana y regresa en la noche, dejando a sus niños ahí. Pero hemos dicho, necesitamos pasar de los Guagua Centros a los Guambra Centros porque en los centros de desarrollo infantil los tienes a los niños hasta los cinco años, luego van a la escuela y al colegio y toda la tarde pasan solos, sin ningún acompañamiento. Si tuviésemos guambra centros tendríamos la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios en donde van a ser asesorados en el ámbito educativo, psicológico, de recreación, etcétera. Eso es pensar en una ciudad más humana.

Suavemente, evita la confrontación. Usa los mensajes que quiere posicionar para volver a evadir preguntas. Sonríe mucho, suaviza su voz y su elocuencia demuestra que los años en política le han enseñado a responder lo que quiere, no lo que le preguntan.

Usted ha mencionado dos cosas: que trabajará por una ciudad que se concentre en el ser humano y no en el capital y dijo también que trabajará con las mentes más lúcidas. Me recuerda un poco al discurso de Rafael Correa, y yo sé que usted ha sido una dura crítica del expresidente pero ¿no cree que este discurso de la izquierda se desgastó precisamente por estas figuras que propusieron un tipo de gobierno y luego se fueron por otro rumbo?

De ninguna manera, no utilicemos el término lúcido, digamos que trabajaré con aquellos hombres y mujeres que tienen propuestas. Yo, por ejemplo, admiro en el ámbito del urbanismo a Fernando Carrión porque creo que es uno de los mejor urbanistas que tiene la ciudad.

En ese mismo ámbito, en la Universidad Central, en la Universidad Católica, tú tienes académicos que saben lo que hay que hacer en Quito. Si tú eres inteligente, te juntas a personas que son inteligentes y te permiten que tu proyecto se desarrolle en mejores condiciones.

Pero usted se guía por una ideología de izquierda según me dijo al inicio, ¿no?

Sí, una ideología de izquierda que te plantea una cosa: pensar en el ser humano como primer aspecto. Hay que disminuir las brechas, las diferencias. Hay que dar oportunidades a quienes no las tienen; trabajar en una ciudad que piense en los hombres, mujeres, LGBTI, niños, jóvenes, en las personas con discapacidades.

Usted mencionaba que lleva 29 años en política. Cuando mira su recorrido, ¿puede identificar errores?

Yo me siento más bien feliz. Cuando voy a los barrios a mi no me dicen doctora, bienvenida, sino me dicen niña Natashita, señorita Natasha. Cuando me dicen así me siento tan contenta porque hay una parte importante de la población que me vio crecer. Yo me incorporé jovencita al consejo estudiantil del colegio Consejo Provincial de Pichincha en Solanda, luego en la universidad, luego en los barrios, he estado relacionada con los trabajadores autónomos —es decir, con distintos sectores.

Me siento contenta de lo que he hecho y pienso que puedo servir muchísimo más desde el Municipio de Quito. No me arrepiento de absolutamente nada, y si hay algo que revisar en el desarrollo de la vida, con madurez hay que revisar porque los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Lo importante es el servicio.

Recuerdo en este momento cada vez que el expresidente Correa hablaba mal de mí, yo me sentía contenta porque me decía: estoy haciendo bien las cosas. En una investigación que se realizó yo estaba entre las diez mujeres más agredidas y víctimas de linchamiento mediático por el expresidente Rafael Correa. Pero cuando salgo a la calle, yo camino por cualquier lugar. Me levanto a las cinco de la mañana para dejarle a mi hijo listo el desayuno, luego atiendo medios de comunicación, después voy a mercados, barrios, asociaciones. Me doy tiempo para trabajar en la docencia universitaria, bueno, recién salí de la docencia universitaria, ahora estoy en temas de consultoría.

Yo he sido asesora externa de la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, he trabajado en varios municipios. Salgo en la mañana y llego en la noche pero me pego mis escapadas los miércoles 2×1 para irme al cine con mi hijo. Los fines de semana me saco tiempo para estar con mi hijo. Es una vida en la que a veces no tienes tiempo para pensar en otra cosa que cómo servir mejor a la gente.

¿Qué errores ha cometido Natasha Rojas?

¿Errores? ¿Qué errores? No hacer mucho deporte.

Políticamente, en su trayectoria.

¿Políticamente? ¿Errores?

Repite las palabras intentando hallar una respuesta que no le llega con facilidad. Escarba un poco en su vida personal, pues le cuesta encontrarlo en su vida política. Se pone un poco tensa. Intenta ganar tiempo, parafraseando mi pregunta. Sonríe. Está incómoda.

César Montúfar nos decía que quizás su error ha sido no apuntar a ganar elecciones, que puede estar dispuesto a tener un discurso y construirlo pero que al momento de las elecciones, pierde. Él decía que es importante ganarlas. A eso me refiero. Si usted mira estos 29 años en los que ha hecho política, ¿en qué cree que ha fallado? ¿Qué pudo haber hecho mejor?

¿Qué he fallado?

Les cuesta un poco a los políticos encontrar sus errores, ¿no?

Sí. No me he puesto a pensar en aquello. ¿En qué he fallado? De pronto en momentos determinados, debí actuar con mayor audacia. Pienso que eso porque en el resto he estado vinculada a la organización social, y estar vinculada a la organización social es plata y persona.

¿Sabes qué de pronto? Una de las cosas que me ha impedido desarrollar el accionar político, de pronto no centrarme más en mis cosas personales. No centrarme más en mi hijo, pero es un costo. Cuando tú decides servir a la gente, dejas de lado el resto de elemento.

De pronto una limitación que hay es que no estamos en los grandes medios de comunicación, a diferencia de otros actores políticos. No porque no queremos sino porque muchas veces no existen esos espacios para actores políticos desde los sectores sociales.