Cinco años y aún no hay justicia para Vanessa
El viernes 18 de octubre de 2013 Vanessa salió de su casa a las tres de tarde para cobrar a unos clientes a quienes les había vendido ropa. Después de un par de horas llamó a su madre y le dijo que volvería en la noche. Nunca regresó. A las 10 de la noche del día siguiente sonó el teléfono de su madre, quien estaba angustiada por no saber nada de su hija. Del otro lado del teléfono hablaba un desconocido. Le dijo que a Vanessa le había pasado algo. Su madre nunca imaginó que su hija estaría muerta.
Vanessa Landínez tenía 37 años, vivía con su madre y su hija de un año en Ambato, una ciudad de la sierra central del Ecuador. Su cuerpo fue encontrado sin vida la madrugada del 19 de octubre de 2013 en un hotel del centro de Ambato. Según se supo después por los exámenes forenses, murió por una hemorragia interna a causa de un golpe que laceró su hígado.
Han pasado casi cinco años de la violenta muerte y el caso aún no se ha cerrado.
El 25 de abril de 2018 será la audiencia de juzgamiento. Su caso se abrió luego de su muerte en octubre de 2013, pero un año después ese proceso fue declarado nulo por la Corte Provincial de Tungurahua luego de que la Fiscalía apelara el dictamen, en el que se declaró inocente al acusado, al demostrar que existieron irregularidades. Las investigaciones se reanudaron en octubre de 2016 y esta semana será la audiencia final.
Todas las pruebas señalan a un responsable de la muerte de Vanessa. Un testigo también reconoció al sujeto, sin embargo aún no se ha encontrado a un culpable.
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La madrugada del 19 de octubre de 2013 Vanessa estaba en el cuarto de un hotel de Ambato con tres personas que había conocido esa noche en un bar. Se habían reunido para terminarse una botella de whisky que uno de ellos compró. Un testigo que ocupaba otra habitación en el mismo hotel, cuya versión está en el informe de la audiencia de formulación de cargos del 6 de octubre de 2017, escuchó a Vanessa discutir con un hombre. “Se enfrentaron verbalmente y el hombre para defenderse empezó a gritarle ‘drogadicta’ y la golpeó”. Los gritos duraron cerca de quince minutos. Después de eso no se escuchó nada.
El presunto homicida dijo en la audiencia de juzgamiento que Vanessa estaba ebria, que a eso de las 3:00 de la mañana habría querido entrar sin su consentimiento a la habitación que él estaba ocupando junto a su pareja. Él reconoció que discutieron fuera de la habitación unos minutos. Luego él habría entrado al cuarto dejándola a Vanessa afuera. Luego, según el presunto homicida, Vanessa habría insistido en entrar a la habitación golpeando con fuerza la puerta. En esa ocasión, el acusado acompañado de su pareja, habrían salido para pedirle a Vanessa que se retire. Vanessa se habría ido y en ese momento él y su pareja habrían ingresado nuevamente al cuarto del cual no salieron hasta aproximadamente las 5 de la mañana. A esa hora él habría abandonado la habitación para pedir un cargador de celular en la recepción del hotel. Según la declaración del acusado, cuando salió a pedir el cargador, habría encontrado a Vanessa acostada en las escaleras del hotel. Intentó despertarla pero no reaccionaba. Dijo que inmediatamente pidió ayuda a los recepcionistas del hotel y llamó a la ambulancia. Cuando llegó, Vanessa ya estaba muerta, según el paramédico que la iba a atender.
Pro su versión no coincide con la de uno de los huéspedes, quien dice que el acusado salió de la habitación y tuvo una segunda discusión con Vanessa en la que hubo insultos, bofetadas, e incluso agresiones: él le pisó la mano a Vanessa.
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Todo proceso penal se concentra en cuatro etapas: instrucción fiscal, intermedia, juicio e impugnación. El caso de Vanessa ha atravesado todas estas fases y, después de cinco años, aún no existe una resolución final. Estefanía Chávez es abogada defensora de la familia de Vanessa y considera que el primer tribunal “no realizó un examen profundo” de todas las pruebas que tenía y que acreditaban el cometimiento de un delito. Por ejemplo, explica Chávez, en el primer proceso, se omitió analizar exhaustivamente las escoriaciones (piel irritada) del cuello para entender que no fueron “chupones” (como aparece en el primer informe forense) sino lesiones.
El primer informe médico entregado por el médico forense determinó que Vanessa murió por un trauma hepático. Luego, en los siguientes se planteó la probabilidad de que alguien pudo haberle propinado un puntapié que ocasionó un desgarramiento profundo en su hígado.
Durante la primera audiencia de juzgamiento, en junio de 2014, testigos del acusado intentaron desacreditar a Vanessa por el estado en el que estaba antes de su muerte. Sus argumentos se relacionaron con su presencia en el lugar (“un hotel no es un lugar para que una mujer esté en la noche bebiendo y menos acompañada de personas que apenas conoce”), el alcohol que había consumido esa noche, y la pelea a gritos que supuestamente tuvo.
No solo en las pruebas testimoniales se culpó a Vanessa de su propia muerte, también lo hicieron los medios de comunicación de Ambato. La Hora, en su edición digital, tituló “Una noche de copas terminó en tragedia”, El Ambateño publicó “La mata a puñetes y patadas”. La nota de La Hora decía que “una chica que se identificó como ‘Vanesa’, entre risas y coqueteos empezó a compartir tragos que iban y venían” y que “Vanesa estaba alterada con los tragos y por momentos se tornaba un tanto agresiva”. En el artículo nunca se mencionó que su muerte podía estar vinculada a la violencia machista, a esa violencia que muchas veces mata.
La familia del acusado también emprendió una campaña denominada “si pides justicia, pide la verdad” para defenderlo.
La abogada Estefanía Chávez dice que durante el proceso judicial, los jueces también se encargaron de recalcar que Vanessa estaba alcoholizada, que era violenta, insinuando que se merecía lo que le pasó.
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Al igual que el de Vanessa, el caso de Karina del Pozo, que ocurrió seis meses antes, fue abordado social, jurídica y mediáticamente de una forma en que la culpa se trasladó a la víctima. El de Karina ha sido uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra el femicidio. La joven fue asesinada por sus supuestos amigos luego de que asistieran a una reunión social. En la madrugada, Karina habría pedido que la lleven a casa. Estaba con una amiga a quien dejaron primero. Karina continuó su trayecto con sus amigos que le ofrecieron dejarla al final porque primero se quedarían los que vivían en el norte de Quito.
Karina nunca se bajó de la camioneta de su agresor. “¿Quieren ver cómo se mata a una puta?”, fueron las últimas palabras que Karina escuchó de sus femicidas. Su cuerpo fue encontrado el 27 de febrero de 2013, siete días después de la reunión, en la parroquia rural Llano Chico, al noroeste de Quito. Estaba en estado de descomposición y presentaba signos de tortura. Había sido violada y brutalmente asesinada seis días antes, el 21 de febrero. Sus asesinos la estrangularon y la golpearon con una piedra en la cabeza hasta causarle la muerte. Antes de llegar a este veredicto, sin embargo, las amigas de Karina —que fueron testigos del caso— dijeron que los investigadores de la Fiscalía les preguntaron si Karina en realidad era prepago —otra manera de referirse a una prostituta—, les consultaron cómo solía vestir su amiga y les pidieron describir la ropa que llevaba la noche que fue asesinada.
El 10 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha sentenció a la pena máxima de 25 años de prisión a David P. Lo encontraron culpable de ser el autor material y a José S. y Gustavo S. de ser cómplices.
A raíz de ese suceso, la sociedad civil organizó marchas y plantones exigiendo al Estado la tipificación de femicidio como delito. Finalmente se lo incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de agosto de 2014, casi un año después del asesinato de Karina y de Vanessa.
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Desde que el femicidio se tipificó en agosto del 2014 hasta diciembre de 2017, según la Subcomisión Técnica Interinstitucional de Seguridad y Justicia, —adscrita al Consejo de la Judicatura— se registraron 246 víctimas por este delito; 93 en el 2017. Pero esas cifras podrían ser más altas como lo expone el registro que realizó el 2017 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Red de Casas de Acogida, la Fundación ALDEA, Geografía Crítica y otras organizaciones. Según este conteo independiente, el año pasado hubo 153 víctimas de femicidio, una cada 57 horas.
Karina y Vanessa tuvieron el mismo final trágico y son el rostro visible de las 97 mujeres que fueron asesinadas en 2014, según el Ministerio del Interior. El rostro de las 55 mujeres asesinadas en 2015, las 118 asesinadas en 2016, las 93 asesinadas en 2017. Y las 27 mujeres que han sido asesinadas este año de acuerdo a un mapa de femicidios de la Red Nacional de Casas de Acogida, Fundación ALDEA, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
Vanessa no solo es Vanessa también es Samira, Lorena, Irene, Rosa, Cristina, Emilia, María, Paola, Jessica, Ximena, Johanna, María José, Marina, Gina, Blanca, Michelle, Gloria, Ana, Daniela, Yudelkys, Lázara, Yudeisy, Nancy, Rocío, Ericka, Ana, Irene —y el bebé que llevaba en su vientre—, Marianela, Mayra, Nelly, Valeria, Letty, Brenda, Rosa, Verónica, Cristina, Jenny, Blanca, Jessica, Lorena, Evelyn —de apenas once meses de edad—, Zoila, Elvira, Sandra, Flor, Betty, Esther, Tania, Kerly, Alicia y Victoria.
Vanessa es un sinnúmero de mujeres que también fueron silenciadas por la violencia machista.
Su prima Rosa Ortega dice que la sociedad ha naturalizado la violencia de género y que esto dificulta los procesos judiciales porque se tiende a culpar a las víctimas por su muerte, y a estigmatizar a sus familias cuando exigen justicia. Pocos entienden que es posible defender a una mujer que no se comporta como la sociedad (machista) manda. Las familias se enfrentan constantemente con acciones que entorpecen la investigación como los largos procesos y la falta de respuestas. En el caso específico de Vanessa, Rosa dice que en casi cinco años han tenido tres fiscales que no se preocuparon de realizar una investigación especializada en género —en la que se pueda determinar que Vanessa fue asesinada por el machismo de su agresor— y considera que el proceso ha sido “inoperante e ineficaz” y ha retrasado el caso.
En casi cinco años la madre, la hija, la prima y el resto de familiares de Vanessa no han accedido a la verdad de los hechos, no ha encontrado reparación y tampoco han podido continuar con sus proyectos de vida. Rosa cree que las acciones de lucha y activismo de las familias son importantes en el proceso de juzgamiento o desarrollo de un caso de femicidio porque permiten que la memoria y la existencia de las víctimas permanezcan visibles hasta por lo menos cerrar el caso. Si los familiares no articularan esfuerzos “las víctimas quedarían en el anonimato y sus casos en la impunidad”.
Como una medida alterna de lucha, en 2013 Rosa impulsó la creación de la plataforma Justicia para Vanessa en la que acompañada de jóvenes, mujeres de la sociedad civil y activistas buscó denunciar el feminicidio en el país. En el 2016 la plataforma ‘Vivas nos queremos’ se sumó a esta causa para acompañar a la familia y ayudar con la movilización social. “Si la justicia del Estado no responde, nosotras nos organizamos, visibilizamos la problemática y acompañamos a las víctimas de la violencia femicida, para alcanzar esa justicia y reparación que el Estado no nos está dando”, dice Rosa. Ahora Justicia para Vanessa y Vivas nos Queremos trabajan en la recolección de fondos y en el acompañamiento de las familias, especialmente de los hijos de las mujeres víctimas de femicidio.
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El asesinato de Vanessa no fue calificado como femicidio porque ocurrió antes de que se tipifique como delito. Su caso se está tratando como un homicidio preterintencional —cuando el agresor solo quiso provocar lesiones a la otra persona, pero termina provocándole la muerte. Desde las perspectivas de género el caso de Vanessa encaja con la figura de feminicidio. La antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde lo define como la acción de asesinar a una mujer solo por ser mujer. Pero esta definición se diferencia de femicidio porque tiene una connotación política que incluye la inactividad del Estado contra los crímenes y sus autores. Hay feminicidios cuando el Estado no garantiza la vida de las mujeres, cuando no brinda seguridad para las mujeres en las sociedades, en el hogar, en el trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio. Según Rosa, en el caso de su prima, el Estado no ha garantizado “justicia ni celeridad”.
Francisca Luengo, docente e investigadora de género, dice que cuando se habla de feminicidio la primera relación que se establece es el poder que existe a través de la violencia. La sociedad es machista por lo que en todas las instituciones se utiliza una serie de discursos y argumentos que intentan demostrar que una mujer es mala y que lo que le pasó fue por su culpa. Según la abogada Estefanía Chávez, en el caso de Vanessa, los jueces que declararon la inocencia del acusado y dijeron que ella estaba ebria, cuestionaron su presencia en el hotel, quisieron explicar a través de su sentencia que era una mujer mala, a la que le iba a pasar eso.
Este tipo de argumentos hacen que exista un sesgo en las instituciones y que se hagan más evidentes las inequidades sociales. “Ella por el simple hecho de ser mujer y por haber ingerido alcohol, ya es estereotipada y se fortalece el argumento que la culpabiliza, si esto le pasaba a un hombre hubiesen dicho lo mataron y ya. No hubieran dicho que estaba alcoholizado, tampoco hubieran cuestionado la forma en que estaba vestido. Pero en las mujeres eso sí es importante a la hora del veredicto”, dice Luengo.
Por lo general los casos como el de Vanessa están plagados de sesgos y estereotipos que cuestionan a las mujeres por lo que estaban haciendo. Luengo dice que el hecho de que esos argumentos sean usados por la justicia muestra que las relaciones de poder están cimentadas en estructuras sociales inequitativas y que en la práctica hacen evidente cuán importante es para la sociedad mostrar que todas aquellas mujeres que no encajan con lo socialmente establecido son malas y les va a pasar cosas malas, justificando la violencia en su contra.
Las relaciones de poder en el ámbito personal se pueden definir fácilmente si son entre una pareja, amigos, en situaciones que involucren una relación cercana entre la víctima y el victimario. Pero en el caso de Vanessa la relación de poder solo está en el ámbito físico y esto es menos simbólico. Solo se puede explicar entendiendo que hubo una persona más fuerte que ella, que la hirió hasta la muerte aprovechándose de que ella había ingerido alcohol .
No se puede saber por qué en el caso de Vanessa las instituciones no garantizaron justicia. Pero es posible que no lo hicieron porque se trató de una madre soltera que ese día estaba ebria en un hotel. Luengo dice que esto revela una clara discriminación en decir qué vidas son importantes y cuáles no. Karina del Pozo fue una joven modelo de clase media cuyo caso se hizo visible a través de redes sociales. Por eso existió presión social y concluyó con una sentencia en contra de sus asesinos. En el caso de Vanessa hubo incidencia por el trabajo de sus familiares. Quizás sin ese esfuerzo, el caso no se hubiera conocido porque la provincia donde queda Ambato, Tungurahua, es la segunda con mayores índices de violencia contra las mujeres (70,9%), en donde el 91,0% de las mujeres ha sufrido violencia física en sus relaciones de pareja y donde aproximadamente 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. “En lo que sí se asemejan es en que de las dos dudaron por las circunstancias en las que ocurrieron sus muertes”, dice Luengo.
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Cuando Vanessa fue asesinada tenía 37 años, un título en ingeniería comercial y una hija de un año y medio. Su prima Rosa Ortega la describe como una mujer alegre y amable. Su relación era muy cercana.“Más que primas éramos hermanas”. A Vanessa le gustaba cocinar y le encantaba bailar salsa. Su prima la describe como cálida, sensible, sencilla y siempre bondadosa.
Según los que la conocieron, Vanessa era graciosa y ese carácter lo heredó su hija que ahora tiene cinco años. La pequeña guarda con mucho cariño las fotografías de su madre. Rosa dice que con frecuencia le pregunta cómo era ella. La dibuja en base a las fotografías y en los testimonios de la familia. La hija de Vanessa sabe que su madre murió, visita la tumba y le lleva flores. Lo que no conoce son las condiciones en las que se produjo su deceso. Aunque aún no pregunta al respecto, Rosa sabe que pronto empezará a hacerlo y espera que cuando ese momento llegue, la justicia le dé las herramientas necesarias para contárselo.
¿Por qué hay gente que pensó que el secuestro de los periodistas era un montaje?
Cuando tres periodistas ecuatorianos son secuestrados por criminales y luego masacrados, una persona razonable esperaría que la división política que define a nuestra sociedad desaparezca mientras lamentamos, unidos, su injusta e innecesaria muerte. Pero no. Ni una ejecución extrajudicial hecha por narcoterroristas es suficiente para conmover a todos y alcanzar la solidaridad completa.
Como vimos en las últimas semanas, aún hay personas que encuentran la manera de polarizar hasta los crímenes más ruines. El chef quiteño Carlos Fuentes perdió su trabajo después de usar su cuenta de Twitter para validar el secuestro e insultar a los secuestrados.
Omar Ospina García, un experiodista residente en Quito, armó su propio escándalo al decir que el secuestro era un montaje. Capturas de los comentarios rápidamente circularon en redes sociales pero en el contexto ecuatoriano no nos sorprenden: después de diez años de un gobierno que satanizó al periodismo y legitimó ataques en su contra (pero tuvo una actitud indiferente hacia las FARC) la receta para producir comentarios de ésta naturaleza estaba escrita.
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Pero la tendencia de atacar a las víctimas no es un fenómeno que se limita a la geografía del Ecuador. En Estados Unidos, la presentadora de televisión Laura Ingraham cuestionó el registro académico de un adolescente sobreviviente del tiroteo en Parkland, Florida. Su ataque era una respuesta a la audacia del joven de exigir un mejr control de armas en su país. Aunque varios anunciantes desistieron de pautar en su programa, la audiencia de Ingraham aumentó un 20%: era el botín por llevar una teoría de conspiración marginal a un canal visto por millones de televidentes.
¿Qué le está pasando al mundo para que víctimas inocentes de violencia, personas que no eligieron ser protagonistas de debates políticos, sean blanco de comentaristas famosos y tuiteros comunes?
Al parece su crimen es existir en el lugar incorrecto al momento incorrecto, o en algunos casos, de haber dejado de existir en las condiciones incorrectas. ¿Es esto el nuevo normal?
Como escribí hace poco, la ubicuidad de aparatos digitales ha propiciado la redistribución del poder en la sociedad. En lugar de estar concentrado en las manos de pocos, plataformas como Twitter hacen que el poder mediático está distribuído y descontrolado.
Grupos tradicionalmente marginalizados pueden proponer sus propias narrativas y dirigir conversaciones nacionales e internacionales. Así llegamos a tener movimientos como #MeToo que provocan conversaciones sobre acoso y abuso de mujeres, y #BlackLivesMatter, que llama la atención del racismo sistemático de la policía norteamericana contra afrodescendientes.
El otro lado de la moneda de ese empoderamiento colectivo es la creación de un sistema de incentivos para ganar poder mediático. Con nuestra atención como público fragmentada entre distintas plataformas y una abundancia de contenido, quien gane nuestra atención es la persona que dice las cosas más escandalosas.
El premio de comportarse mal en redes es alto: fue así como Donald Trump ganó la candidatura del partido republicano y luego volverse presidente del país más poderoso del mundo. Hasta el día de hoy, él controla el ciclo mediático diciendo cosas indignantes y a veces repugnantes a través de su cuenta de Twitter, que luego reciben horas de cobertura en los canales de televisión y columnas ilimitadas en los diarios globales.
Sus palabras no vienen sin consecuencias: por primera vez en años en Estados Unidos, la cara fea del racismo organizado volvió a mostrarse cuando un grupo de neonazis organizó una protesta en Virginia que terminó en el asesinato de una activista antiracista. Trump creó el patrón para el uso del escándalo y antagonismo para ganar poder mediático y luego usarlo como vehículo hacia el poder gubernamental.
Al mismo tiempo, la abundancia de contenido digitales genera el impulso de relativismo en la interpretación de los eventos. El mismo Trump usa la frase “fake news” para clasificar cualquier narrativa que no obedece a sus interpretaciones o que no le favorece. Al igual que Rafael Correa cuando habló de “prensa corrupta”, Trump ataca a periodistas y al oficio, invitando a sus seguidores a hacer lo mismo.
Además, Trump promueve a gente como Alex Jones, un presentador de radio que encontró una audiencia masiva a través de YouTube. Jones ha hecho carrera con sus emotivos discursos y legitimando teorías de conspiración. Empoderado y celebrado por Trump, está siendo actualmente enjuiciado por difamación por un grupo de padres de las víctimas de la masacre de Sandy Hook.
Jones ha insistido en varias ocasiones que el asesinato de 20 niños entre 6 y 7 años es una falsificación de los padres. De perder, no sería la primera vez que Jones tendría que pedir disculpas por desinformar: hace poco tuvo que pedir perdón después de compartir una teoría de conspiración que decía que Hillary Clinton gestiona una red de prostitución infantil en una pizzería en Washington D.C. Una persona que creyó la historia llegó a la pizzería, y disparó una arma pensando que iba a salvar la vida de los niños esclavizados por Clinton.
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Las personas que se empoderan diciendo cosas escandalosas requieren de un respaldo epistemológico para poder construir su interpretación del mundo. Dependen del relativismo para generar dudas sobre versiones oficiales de eventos y promover sus teorías alternativas.
La muerte complica este deber. Mientras otros eventos pueden sujetarse a interpretaciones creativas, la muerte es objetiva y definitiva. Cuando la muerte de alguien contradice una interpretación del mundo, los promotores de esa visión sienten la necesidad de buscar un hilo que ayuda descalificar y descartar las verdades inconvenientes. Por ejemplo, las personas que resisten control de armas en Estados Unidos empezaron un rumor que los sobrevivientes del masacre de Parkland eran “actores de crisis”. La desesperación por contrarrestar información que contradiga su cosmovisión hace que nada sea sagrado. Ni siquiera la vida.
El correísmo también fue —es— una epistemología en evolución. Parte crítica de aquella epistemología es la idea que los periodistas son malos. Por ende, son blanco legítimos de violencia. Otro componente es que cualquier persona que profesa una ideología de izquierda merece simpatía y defensa.
Por eso Nicolás Maduro puede causar una crisis humanitaria que Rafael Correa luego niega. Es así que una banda de narcoterroristas pueden operar en nuestra frontera durante diez años sin molestias.
Aquellos dos hechos, combinados con la idea que cualquier cosa que pase en el Ecuador es parte de un complot de Lenín Moreno para sabotear la leyenda de Rafael Correa, generan la epistemología que respalda las declaraciones de fieles sirvientes del correísmo, como Fuentes y Garcia Ospina.
A pesar de haber perdido su aparato estatal mediático, o tal vez debido a ello, el correísmo depende de declaraciones aún más escandalosas y antagonistas para mantener su relevancia entre sus últimos creyentes.
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En el mundo predigital, los medios eran controlados por pocos. Aquella escasez brindaba a los medios una legitimidad, merecida o no, como fuentes válidas de información. Hoy, vivimos inundados por medios e información, en una maraña mucho más difícil de penetrar y manipular.
Parte de la fórmula para volverse mediáticamente relevante es usar el poder del escándalo para controlar y dirigir la conversación pública. Ese escándalo requiere de un respaldo intelectual que emerge con la producción de interpretaciones de sucesos diarios para respaldar las epistemologías alternativas.
El objetivo es controlar la agenda política, preferiblemente alcanzar el poder y usar el púlpito del Estado, para descalificar las verdades incómodas.
Como hemos visto en Ecuador y en Estados Unidos, ni las víctimas de violencia se salvan de esta batalla descarnada. Hoy más que nunca necesitamos buen periodismo para sostener la idea de la realidad objetiva. No hay paso atrás, y no está claro que viene después. Ésta batalla apenas comienza. Esta batalla es la batalla de nuestra generación.
Respuestas, justicia y reparación
Había pasado una semana de que se confirmó que los tres por los que habíamos estado esperando desde que fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia el 26 de marzo de 2018, ya no volverían. El dolor, la rabia, la impotencia y el shock ante su asesinato se convirtieron en gritos, demandas, consignas, canciones y fuerza para exigir al Estado las respuestas que nos debe sobre lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Los amigos, la familia, los colegas y los ciudadanos que nos sentimos dolidos por una pérdida inexplicable —y aún inexplicada—, salimos a marchar. Marchamos también por la libertad de Óscar Villacís y Katty Velasco. Por las vidas de Wilmer Álvarez Pimentel, Jairon Sandoval Bajaña, Sergio Elaje Cedeño, Luis Alfredo Mosquera Borja, los militares asesinados por una bomba el 20 de marzo.
Nos convocamos a las cinco y media de la tarde en el parque El Ejido de Quito y avanzamos hasta la Plaza San Francisco, en pleno centro histórico. Marcharon junto a nosotros quienes se han sentido abrumados por por el miedo de la violencia, por la angustia del silencio y el olvido.
Todos exigimos respuestas, justicia y reparación. Lo mismo que nos motivó a iniciar las vigilias en la Plaza Grande, desde la segunda noche del secuestro de los colegas, nos tuvo ahí, marchando, sin cansancio, sin tregua, sin miedo.
Porque por ellos, por los tres colegas, nadie se cansa. Porque seguiremos alzando nuestra voz, para exigir explicaciones al Estado, para demandar que regresen sus cuerpos. Porque tampoco callaremos por Óscar y Vanessa, aún en manos criminales. Porque no callaremos por los militares asesinados en Mataje. Porque no nos cansaremos ni nos callaremos. Por Paúl. Por Javier. Por Efraín.
Nadie se cansa.
*Texto de María Sol Borja
Promesas rotas
Cuando Aydee Cedeño perdió su casa en el terremoto de 2016, el gobierno del Ecuador le prometió —como a todas las 386.985 personas afectadas por el desastre— ayuda para reconstruir sus vidas: nuevos hogares, reparaciones domésticas, préstamos. Dos años después, la oferta jamás se cumplió.
Cedeño, una mujer de 79 años, vivía en un edificio del centro de Portoviejo, una de las ciudades más afectadas por la catástrofe: blanca, cuatro pisos, dos balcones daban a la avenida 9 de Octubre, una de las más concurridas de la ciudad. Cuando el terremoto de 7,8 grados de intensidad sacudió el Ecuador, el 16 de abril de 2016, Aydee esperaba que un doctor examinara a su esposo, diabético en riesgo de perder una pierna. Bajaron corriendo, y lograron salvarse del desastre (que dejó 663 muertos y 6 mil 274 heridos), pero tras el eterno minuto que duró el sismo, no tenían dónde vivir.
Todavía hay 6 mil 900 familias sin hogar. Y hay 900 que todavía no reciben su casa por los contratistas incumplidos.
Durante los días siguientes, el Comité de Operaciones de Emergencia censó la catástrofe. El censo incluía el estado de las edificaciones. Al edificio donde vivía Aydee le pegaron un sello rojo en la fachada: debía ser demolido. El 14 de junio del 2016, la que fue su casa durante 25 años fue derrumbada— Avarina guarda los videos de ese día: despacio, una excavadora destruyó el techo, las paredes, los balcones. Todo se convirtió en escombros.
Tras la catástrofe, el gobierno ofreció casas para los que la perdieron. Avarina y su madre Aydee llenaron los formularios para recibir una casa nueva pero, dos años después, aún no la han recibido.
Aydee Cedeño en la casa improvisada en la que vive. Fotografía de Lisette Arévalo
Ahora Aydee vive con su esposo Carlos, su hija Avarina y su hijo Luis en el terreno donde su casa solía estar. Lo que ahora llaman hogar es una choza que Avarina construyó con planchas de zinc como techo, dos paredes de caña guadua. Usan las paredes de ladrillo de sus vecinos para sostener la estructura.
Dentro de la choza, los cuartos están separados con un tablón de madera y una cortina dorada. Está llena de muebles que pudieron recuperar del terremoto: un sofá, la refrigeradora, una mesa de madera, cuatro colchones. Siguen esperando que el gobierno les entregue la casa que les prometió. No son los únicos.
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Después de seis meses de investigación encontré que la falta de organización y veeduría del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), y una falla en pedir garantías a los constructores contratados dejó a muchos damnificados varados, sin hogar.
Desde septiembre de 2017 a enero de 2018, entrevisté a treinta familias en Pedernales y Portoviejo —las ciudades más afectadas por el terremoto— y a media docena de veedores ciudadanos y autoridades del Miduvi. Visité la casa de estas personas, tomé fotos de las condiciones en las que vivían, recopilé copias de los documentos que entregaron al Miduvi, contrastando lo que dicen los reportes oficiales del gobierno y lo que pasa en el terreno.
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La falta de monitoreo de los contratistas contratados dejó a muchas familias viviendo en condiciones inseguras en las áreas afectadas por el terremoto. Muchas de ellas están viviendo en chozas improvisadas de caña; otras viven en carpas, construcciones incompletas, y muchos de los que recibieron una casa del Estado se enfrentan a goteras, puertas que no se cierran, fisuras en las paredes. El Miduvi, además, ha fallado en responder a estas quejas aunque el ex ministro, Adrián Sandoya (quien por orden del presidente Lenín Moreno terminó con su encargo del ministerio el 17 de abril de 2018) dijo en una entrevista que el gobierno del presidente Lenín Moreno estaba atendiendo estos casos.
Dos años después del desastre, 15% de las familias registradas para recibir o reparar sus casas siguen esperando. Esto no incluye a las familias que ni siquiera están en la lista de espera porque sus aplicaciones fueron extraviadas por los funcionarios del Miduvi, su aplicación no fue recibida, o les dijeron que no calificaban para recibir una casa pero no les dieron una explicación clara.
Según datos entregados por el ministro Adrián Sandoya en una entrevista, hasta abril del 2018 el Miduvi construyó y reparó 38 mil 500 casas. Aún faltan 6 mil 900 que están siendo construidas en este momento, otras que todavía no comienzan, y otras que están por contratarse. En pocas palabras: todavía hay 6 mil 900 familias sin hogar. Y hay 900 que todavía no reciben su casa por los contratistas incumplidos.
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El daño que causó el terremoto fue tan significativo que el ex presidente Rafael Correa calculó que la reconstrucción costaría tres mil millones de dólares que, en ese tiempo, representaba el 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. La reconstrucción, dijo, tomaría años. Para ayudar a los damnificados, Correa creó una ley de solidaridad que requería que todos los ecuatorianos contribuyesen económicamente para reparar y reconstruir las áreas afectadas. El impuesto al valor agregado pasó del 12 al 14% y quienes tenían propiedades avaluadas en un millón (o más) de dólares tenían que pagar un impuesto. Las víctimas fueron excusadas.
La ley estuvo en efecto hasta abril del 2017 y recaudó mil seiscientos millones. Además, según datos obtenidos de la Secretaría de la Reconstrucción, Ecuador recibió mil trescientos millones de distintas fuentes como donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno chino, Eximbank y el Banco de Desarrollo Chino. Para enero del 2018, el gobierno había recaudado 2 mil 800 millones para la reconstrucción.
Correa creó la Secretaría de la Reconstrucción mediante un decreto ejecutivo. Nombró a Carlos Bernal —quien en ese entonces dirigía la Secretaría Nacional del Agua en Ecuador— para que presida la comisión junto al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (hoy preso por asociación ilícita).
El trabajo de la comisión era aprobar los proyectos presentados por los alcaldes de las ciudades afectadas y por los ministerios, y hacer un seguimiento de cómo se gastaba el dinero en cada proyecto. En los cinco reportes trimestrales —aunque no han publicado más desde septiembre del 2017—, la Secretaría especifica que construir casas era la más grande prioridad.
“La vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa”. Por esta razón, la Secretaría asignó 576 millones de dólares para reparar y construir 45 mil 455 casas.
El último reporte publicado en diciembre del 2017 dice que, “la vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa”. Por esta razón, la Secretaría asignó 576 millones de dólares para reparar y construir 45 mil 455 casas.
Según el arquitecto Óscar Chicaiza, quien trabaja en la subsecretaría de hábitat y vivienda en el Miduvi, los funcionarios del ministerio e ingenieros voluntarios en Ecuador realizaron brigadas para evaluar los hogares afectados. El evaluador catalogaba cada casa con tres signos distintos: verde —seguro—, amarillo —necesita reparación—, y rojo —peligroso, no se puede habitar. El número de casas que necesitaba reparaciones y reconstrucción subió de 32 mil 351 en noviembre del 2016 a 45 mil 455 en junio del 2017 cuando las brigadas dejaron de evaluar.
“No pudimos cubrir todo el territorio afectado”, dice Chicaiza quien vio esto de primera mano. “Todavía hay viviendas sin ser atendidas que nunca fueron evaluadas porque están en un área rural, no los teníamos en nuestros registros o teníamos problemas logísticos”.
La casa de la familia de Aydee Cedeño a la derecha. Temían que el edificio a su lado se les desplomara encima. Fotografía de Lisette Arévalo
Chicaiza explicó que cuando los ingenieros voluntarios se fueron, los oficiales del Miduvi tuvieron que llenar ese vacío. El problema es que en lugar de tener expertos en construcción para evaluar las estructuras afectadas, tenían a contadores, geógrafos y economistas haciendo este trabajo. “Yo pienso que eso debilitó un poco el proceso”, dice Chicaiza. Y aunque los funcionarios siguieron la guía, la evaluación no fue la misma.
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El 12 de mayo de 2016, la entonces ministra de vivienda, María de los Ángeles Duarte, anunció el plan de construcción y reparación. Los que estaban en la lista de beneficiarios tendrían dos opciones: en terreno propio o en una vivienda en terrenos urbanizados por el Estado. Las últimas estaban destinadas a las personas que rentaban una casa que fue destruida en el terremoto o si tenían una casa en una zona de riesgo con suelo inestable o propensa a deslaves.
Entonces el MIDUVI actuó como intermediario entre los residentes y los contratistas y ofreció bonos de 10 mil dólares para construir cada casa. De este valor, 15% era para pagar al contratista y lo demás para los materiales de construcción.
Todas las casas tienen un baño, dos cuartos, una cocina y una sala pero varían en diseño. Las casas en terreno propio son de una planta, las que están urbanizadas son de dos pisos divididas en cuatro departamentos o divididas en dos departamentos dúplex. Una vez terminada la casa, los beneficiarios debían hacer un pago de mil dólares al gobierno en el lapso de 36 meses. El plan incluía un año de gracia. Para las reparaciones de viviendas, el ministerio ofreció bonos de hasta 4 mil dólares. En este caso, el beneficiario debía pagar un 10% del total de las reparaciones.
“Todavía hay viviendas sin ser atendidas que nunca fueron evaluadas porque están en un área rural, no los teníamos en nuestros registros o teníamos problemas logísticos”.
Una base de datos del Ministerio de Finanzas muestra que, hasta enero del 2018, el Miduvi contrató cerca de mil contratistas distintos para este trabajo. Las cinco compañías y entidades que recibieron la mayor cantidad de dinero para construir o reparar casas fueron: Empresa Pública Ecuador Estratégico —$13 millones—, Mapreco —$8,2 millones—, Dugoler —$6,7 millones—, Consorcio CC Constructores —$6,7 millones—, el ingeniero Edwin Patricio Ramos Hernandez —$5,5 millones. La lista continúa con nombres de grandes compañías y constructores independientes. Este proceso de contratación fue el origen de muchos problemas.
El ministro Sandoya dijo que después del terremoto muchos contratistas fueron contratados sin las garantías correspondientes. Cuando se decreta un estado de emergencia, las entidades públicas del Ecuador —como el Miduvi— pueden contratar a cualquier compañía o contratista sin pasar por el proceso oficial de compras públicas. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública, en estado de emergencia o de excepción las entidades pueden contratar de forma directa, a empresas nacionales o extranjeras sin pedir las garantías de fiel cumplimiento del contrato y del bueno uso del anticipo. Fue lo que ocurrió con todos los contratistas escogidos por las autoridades del Miduvi desde julio de 2016 hasta, según Sandoya, mayo del 2017 cuando se instauró el nuevo gobierno —aunque el estado de excepción por el terremoto duró hasta septiembre de 2017. Fue desde ese momento cuando todo empezó a salir mal.
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“En vivienda fue un abuso sin nombre el estado de excepción, de emergencia, un abuso a la tragedia. Un mes después del terremoto se comenzó a contratar viviendas de boca, se comenzó a dar anticipos a constructores, sin garantías, sin contratos, de una forma ex prolija”, dijo el nuevo Secretario de la Reconstrucción, José Herrera, en una entrevista con el periódico El Diario en febrero del 2018.
En una entrevista, el ministro Sandoya lo confirmó. Hasta el 4 de abril de 2018, el Miduvi ha identificado 43 contratistas incumplidos. Esto equivale a 972 viviendas no contratadas, y 8 millones 900 mil dólares que, por el momento, están perdidos.
Terreno urbanizado por el gobierno Ciudad Jardín, Pedernales. Hasta enero del 2018, las casas todavía no tenían agua potable. Fotografía de Lisette Arévalo
Sandoya dijo que el Miduvi está trabajando para recuperar este dinero, para que los contratistas cumplan con su contrato y que las familias reciban su vivienda. Pero dice que ha sido muy difícil presionarlos porque, sin las garantías, los incumplidos no tienen nada que perder.
Los nombres de los 43 contratistas fueron enviados a contraloría para que por vía de coactiva, se pueda recuperar los recursos públicos. Dos de estos contratistas ya están siendo procesados en la fiscalía de Pedernales y Chone. El Miduvi planea recuperar los recursos por este medio y, si esto sucede, esperará a que el Ministerio de Finanzas los asigne para cumplir con estas personas.
“Son una prioridad para los nuevos procesos de contratación y estos beneficiarios podrían ser atendidos con el programa del presidente Lenín Moreno Casa Para Todos”, dijo Sandoya.
Mientras tanto, estas 900 familias están a la espera con casas a medias, materiales regados o simplemente con su terreno vacío.
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Obtener esta información del Miduvi no fue fácil. Cuando estuve en Portoviejo y contacté a la coordinadora zonal 4, Katherine Viteri Mendoza, recibí una respuesta vaga. Cuando hablamos por teléfono me dijo brevemente que estaban investigando a los contratistas, que ellos son los culpables por las viviendas no entregadas. Me dijo también que haga una solicitud formal al departamento de comunicación del Miduvi para entrevistarla pero no recibí respuesta.
También entregué una solicitud de información pública pidiendo una lista completa de todos los contratistas, los contratos, copias de las actas de entrega de las viviendas. Después de varios correos y solicitudes, recibí un documento que no respondía a ninguna de mis preguntas sino hacía un resumen de lo que podía encontrarse en el informe trimestral de la Secretaría de la Reconstrucción.
Finalmente, envíe un último correo con preguntas específicas, aclarando que no se me entregó la información que solicité. Solo entonces, a principios de abril de 2018, el MIDUVI me contestó con una fecha y hora para entrevistar al ministro Sandoya.
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Tan pronto como el Miduvi anunció su plan, Aydee Cedeño se inscribió. Con la ayuda de su hija Avarina, recolectó todos los documentos que le pidieron: la escritura de su casa, fotos de cómo era antes y después de la demolición.
El gobierno le dio 150 dólares mensuales por seis meses para que pueda rentar un departamento mientras esperaba. Pero los meses pasaron, se le terminó el dinero y Aydee y su familia tuvieron que dejar el departamento que arrendaban. Avarina fue a la oficina de Miduvi en Portoviejo y le pidieron que entregue los documentos otra vez. Sin entender qué ocurrió con su solicitud previa, volvió a entregar lo que le pidieron. Mientras esperaban, Aydee decidió que ya quería regresar al terreno donde antes estaba su casa. Entonces Avarina construyó la choza donde viven ahora.
Cuando volvió a la oficina del Miduvi a preguntar cómo iba su trámite le dijeron que esperara. Tuvo que entregar los documentos dos veces más porque los oficiales del Miduvi no podían entregar sus papeles.
Para noviembre del 2017, más de un año después del terremoto, Avarina se acercó una última vez para saber qué pasó con su solicitud. Le dijeron que ya no estaba en la base de datos de los beneficiarios, que estaba en el grupo décimo primero y que solo ocho grupos fueron procesados para recibir hogar. Sin entender qué salió mal, dio la vuelta y salió de la oficina que la sumergió durante meses en la incertidumbre.
“Estamos cansados de esto. No tenemos vivienda y no sabemos por qué. No estamos en el sistema y mire cómo vivimos ahora”, dijo Avarina, señalando la choza alumbrada de la que cuelga, solitaria y titilante, un único foco amarillo.
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Cuando las entrevisté en enero de 2018, Avarina y Aydee decían que su mayor temor era el invierno. Las lluvias del invierno ecuatoriano, sobre todo en la Costa, pueden causar inundaciones tremendas. Con el agua vienen enfermedades, infestaciones de mosquito, pérdidas materiales y, en el peor de los casos, muertes.
Aydee y su familia no tienen una estructura adecuada para protegerse de estas lluvias: el invierno pasado la lluvia se filtraba entre las láminas de zinc y mojaba todo en su casa. Pero no tienen a dónde más ir.
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Katiuska Góngora también vive en Portoviejo y vive, también, una situación similar. Después de que su casa de una planta colapsara en el terremoto, tuvo que entregar su aplicación para vivienda cuatro veces.
Los funcionarios del Miduvi le dijeron que esperara. Mientras tanto, ella también rentó un departamento con la ayuda económica del gobierno, pero cuando los seis meses se terminaron, regresó a su terreno baldío. Construyó su propia choza con materiales que quedaron de lo que alguna vez fue su casa antes.
Katiuska Góngora construyó su casa con lo que quedaba de lo que alguna vez fue su casa. Fotografía de Lisette Arévalo
La última vez que escuchó del Miduvi fue en enero del 2018: le dijeron que ocho casas serían construidas en Ciudadela Margarita, su barrio. A mediados de marzo, el constructor apareció y dejó el material de construcción en el terreno de Katiuska. Le dijo que pronto comenzaría la construcción, pero nunca más regresó. Los materiales se han ido también, robados de a poco por ladrones.
“No me morí en el terremoto pero tal vez termine aplastada por estas paredes viejas de caña”, dijo Katiuska.
Cuando el ministro Sandoya escuchó lo que pasa con Aydee y Katiuska, dijo que el Miduvi se ha encontrado con casos similares. Dijo que el Ministerio está haciendo todo lo posible para identificar a todos los damnificados que están pasando en estas situaciones para entregarles una vivienda. Dijo que tomaría nota de sus nombres e investigará qué sucede, que sí están atendiendo estos casos, que los funcionarios que no eran eficientes y perdían las carpetas de aplicación han sido despedidos. Pero las víctimas del terremoto están cansadas de esperar. Y el Ministro ya no es Ministro.
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Para inicios de enero del 2018, ocho familias vivían en carpas o chozas improvisadas construidas de retazos de lonas publicitarias, madera y planchas de zinc en un terreno vacío al lado de un parque en Nuevo Pedernales, un barrio en Pedernales —una ciudad de 20 mil habitantes según el último censo— en la provincia de Manabí. Esta ciudad tiene, también, la triste marca de ser el lugar donde —según el Servicio Geológico de los Estados Unidos— fue el epicentro del terremoto de 2016. Las familias que vivían en este terreno eran numerosas: la más pequeña tenía dos hijos, la más grande tenía siete. Además de las ratas que saltaban en los colchones sobre el piso, los mosquitos y el lodo, las familias tenían miedo de vivir en el barrio donde estaban. Una banda de ladrones constantemente los asaltaba, llevándose sus pocas pertenencias —tanques de gas, ropa, comida, agua.
Joselyn Rodríguez y su hermana Angie han pasado por esto muchas veces. Cada una tiene un hijo menor de dos años, y prefirieron dejarlos con su madre —en una de las casas en terrenos urbanizados por el Estado en Pedernales, en un conjunto llamado Ciudad Jardín— a tenerlos en esas condiciones.
Carpas donde vivía Joselyn hasta ser traslada en enero de 2018. Fotografía de Lisette Arévalo
Joselyn es una mujer delgada y musculosa, bordea los veinte y tantos. Cuando hablé con ella, tenía un ojo morado porque uno de los ladrones la había golpeado.
“Les dije a los oficiales del MIDUVI que por favor nos ayude. Que estamos viviendo en estas condiciones horribles y en peligro y solo nos dijeron que esperemos”, dijo Joselyn.
Estas ocho familias finalmente fueron trasladadas a Ciudad Jardín el 16 de enero de 2018. Ahora viven en mejores condiciones: casa de concreto, cocina, una sala, dos dormitorios. Pero no tienen agua potable en la urbanización, a veces los baños se tapan, viven lejos del centro de la ciudad, lejos de sus trabajos, y sus hijos tienen que caminar a la escuela. Pero si se quejan, les dicen que deberían estar agradecidos por lo que tienen.
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Cuando la reconstrucción comenzó, se creó un grupo de veedores ciudadanos para inspeccionar cómo el gobierno invertía el dinero para la reconstrucción. Cerca de cincuenta personas se registraron como voluntarias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador —una institución creada en el 2008 para promover la participación ciudadana en el proceso de fiscalizar el uso de los recursos públicos, y duramente cuestionada en los últimos diez años. Contacté a veinte veedores para hacerles una entrevista pero solo seis accedieron a contarme lo que encontraron.
Mario Ramos fue el coordinador de estos veedores, vive en Portoviejo y ha recorrido todo Manabí. Ramos dijo que todavía hay muchas personas viviendo en canchas deportivas, en carpas, en chozas en terrible estado, casas abandonadas por los constructores. Para Ramos, los culpables de esto son las autoridades del Miduvi. Otros culpan a la Secretaría de la Reconstrucción por no asegurarse de que los proyectos aprobados y los recursos hayan sido invertidos de la mejor manera.
El interior de una casa improvisada de una de las ocho familias que fueron trasladadas recién en enero de 2018 a Ciudad Jardín. Fotografía de Lisette Arévalo
Hablé con Felipe Centeno, el subgerente de comunicación de la Secretaría de la Reconstrucción, sobre la responsabilidad de esta institución. Él dijo que la comisión de la reconstrucción no contrató a los constructores y que sólo coordina y planifica los proyectos en las áreas afectadas. Cuando le pregunté si es que la Secretaría hace seguimiento a los proyectos que aprueba me dijo que sí, pero que solo a través de los reportes que cada ministerio les entrega. Cuando le dije sobre las personas que aún no reciben vivienda me dijo que el Miduvi debería responder a estas quejas.
Adalberto Mendoza, también veedor, está de acuerdo con Ramos. Dice que ha visto que muchas familias que ni siquiera necesitaban un hogar lo consiguieron. Escuché esta queja varias veces durante mis entrevistas en Pedernales y Portoviejo. Abel Yoong, presidente de barrio Nuevo Pedernales, me dijo que hay varias casas del Miduvi que fueron entregadas a personas que ahora las están alquilando y que, mientras tanto, todavía hay muchas otras que viven en carpas.
Es el caso de Freddy Farias Chere, un hombre que perdió una de sus propiedades en el terremoto pero que aún tiene un edificio de tres pisos en el centro de la ciudad y una casa a una hora en las afueras de Pedernales. Recibió una casa del Miduvi más rápido que muchos otros que vivieron durante un año o más en carpas y chozas improvisadas construidas con materiales viejos.
Cuando le pregunté a su esposa, Nila Moreira, cómo la obtuvieron, me dijo que solo presentaron una solicitud. No está claro por qué alguien como Farias Chere, que todavía tenía un edificio en perfecto estado y un lugar para vivir, consiguió una casa antes que muchos otros.
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El ministro Sandoya reconoce que estos casos son recurrentes. En el reasentamiento de El Guabito en Portoviejo, muchos han denunciado que personas que no necesitaban vivienda están alquilando las casas de la reconstrucción.
Sandoya dijo en la entrevista que el Miduvi está investigando estos casos. “Tenemos seis casos con informe jurídico y técnico de familias que falsearon los documentos para obtener una vivienda”, dijo el ahora exministro.
Añadió que estos problemas se dieron por la desorganización que hubo al comienzo, ni bien sucedió el terremoto. Al mismo tiempo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las jefaturas políticas, los municipios, la Secretaría de Riesgo y el MIDUVI recolectaron los datos de los damnificados. Las familias fueron entrevistada varias veces por las distintas autoridades y esto causó que las carpetas se pierdan, que algunos datos no entren en el Registro Único de Damnificados o que no se realice la verificación adecuada de cada aplicación. Por esto, muchas familias que necesitaban vivienda no la obtuvieron y muchas otras que no la necesitaban, sí. Pero esta desorganización es solo una parte de los problemas con la reconstrucción.
Una gestora social independiente quien trabajó para el MIDUVI haciendo entrevistas a personas en diferentes áreas afectadas (Portoviejo, San Vicente, Bahía de Caráquez) vio casos similares. Ella prefiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Su trabajo consistía en determinar si estas personas cumplían con todos los requisitos necesarios para recibir una casa: la escritura de su terreno, estar registrados bajo el Registro Único de Damnificados, prueba de que tienen todas sus facturas al día. Según sus entrevistas, todos cumplen con los requisitos necesarios para recibir vivienda.
La mujer me mostró fotos de las personas que entrevistó. En las fotos aparece junto a familias con niños pequeños y ancianos que viven chozas de cañas de bambú, planchas de zinc, barro, tablones de madera o restos de viejos lienzos publicitarios.
Según los audios que me envió, el patrón se repite: llenaron los documentos, estaban en el sistema pero ya no, y todavía siguen esperando. Agregó que a algunas personas se les pidió dinero para incluirlas en la lista de espera o para construir sus casas más rápido.
“Una mujer me dijo que pagó 500 dólares al ingeniero por esto, pero se fue, y la casa ha sido abandonada por más de un año”, dijo.
Esa no fue la única forma en que los contratistas trataron de obtener mayores ganancias de la reconstrucción. Según mi fuente, muchos intentaron obtener mayores ganancias utilizando menos material para construir las casas o no cumplieron con las normas de construcción ecuatorianas. Ella escuchó quejas de personas que vivían en las casas entregadas porque las casas ya estaban agrietadas, dañadas y tenían goteras en el techo.
Freya Ponce recibió una casa en el sector Brisas del Pacífico en la ciudad de Pedernales. La empresa de construcción Esmo construyó y está completa: tiene pisos de cerámica, ventanas, puertas, un baño. Ponce vive allí con sus hijos y su esposo, pero dijo que dos pequeños temblores ya habían resquebrajado un poco las paredes de su nueva casa. También dijo que tiene goteras en el techo y que durante las fuertes lluvias de invierno probablemente tendrá mucha agua filtrándose en su casa.
Regis Cedeño, el presidente del colegio de arquitectos de Manabí, escuchó muchos casos como este. Una vez vio que el constructor usó escombros de ladrillo de la casa destruida por el terremoto como la base de los cimientos de las nuevas viviendas del Miduvi. “El ladrillo no es un material compactable y nunca debe usarse como base para cimientos”, dijo. Esto significa que algunas casas construidas después del terremoto posiblemente no sobrevivirían a otro sismo de igual o mayor magnitud.
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Uno de los primeros funcionarios en contestar a mi requerimiento de entrevista fue el ingeniero Marcos Paredes, director técnico de la oficina de Miduvi en Manabí. Él no tenía este trabajo cuando ocurrió el terremoto, pero comenzó a trabajar en la reconstrucción desde junio de 2017. Dijo que solo podía responder por lo que ha estado haciendo desde entonces, y no por la administración anterior.
Cuando le pregunté sobre las casas sin terminar, las personas desatendidas y por qué el proceso de construcción se retrasó tanto, dijo que se trata de una mezcla de factores. Dijo que el Ministerio y el país no estaban preparados para un desastre tan grande, que algunas casas estaban en áreas de difícil acceso debido a las lluvias de invierno, que los contratistas no trabajaron lo suficientemente rápido.
Paredes también dijo que los administradores del Miduvi en aquel entonces tenían que haber hecho seguimiento a los constructores contratados pero que no lo hicieron, que había mucha desorganización dentro del Ministerio.
Paredes dijo que cuando comenzó a trabajar en la oficina en Manabí, encontró a casi 70 contratistas que no habían cumplido su trabajo, pero no me mostró una base de datos que corrobore este número.
Dice que él, junto con los auditores del Ministerio, han presionado a los contratistas para que terminen las viviendas que se suponía debían y muchos han cumplido. “Los contratistas dijeron que no podían entregar debido a las condiciones climáticas, debido a las fuertes lluvias de invierno, pero esa no es una excusa lo suficientemente buena. Nunca tuvieron una buena excusa para explicar por qué les tomó tanto tiempo o no construyeron”, dijo Paredes.
El ministro Sandoya dijo lo mismo: se está haciendo todo lo posible por ayudar a los damnificados, por presionar a los contratistas, por arreglar lo que ha pasado. Pero a pesar de esto, muchas de las quejas no son escuchadas.
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Eduardo Zambrano, un hombre de 60 años que sufre de Parkinson, y su esposa, Ofelia Palacios, perdieron su casa de madera en Pedernales en el terremoto y solicitaron la vivienda del MIDUVI.
En septiembre de 2016 comenzó su construcción, pero se detuvo en mayo del año siguiente. La casa de Zambrano no tiene ventanas, puertas, ni pisos. Palacios colocó unas tablas de madera en las ventanas para protegerse del viento y algunas mantas para cubrir los huecos donde deberían estar las puertas de madera. No hay baño, y el piso está lleno de tierra y agujeros.
La entrada de la casa es una rampa de tierra que usa Zambrano para entrar. Él no escucha de su oreja derecha, y el lado derecho de su cuerpo tiembla constantemente.
Zambrano me mostró una copia de una queja presentada por escrito al Miduvi diciendo que el constructor solo levantó el 60% de la casa. Aún no ha tenido noticias del Ministerio.
“Me habría quedado con lo que quedaba de nuestra casa de madera. Al menos estábamos más protegidos”, dijo Palacios.
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Algunas compañías constructoras comenzaron a edificar las casas, pero las abandonaron durante meses —incluso un año. Esto le sucedió a Martha Ortiz.
Ortiz vive en las afueras de la ciudad de Pedernales. Las vigas de hierro para a la construcción de su casa están dispersas en el terreno de Ortiz. Las paredes de ladrillos de cemento están medio hechas. Una columna está doblada, a punto de quebrarse.
Ella piensa que un ingeniero con las iniciales ‘EM’ es el responsable de construir su casa porque estas letras están marcadas en las paredes externas. Pero ella no está completamente segura porque, como la mayoría de las personas a las que entrevisté, no recibieron ningún documento con la información del contratista.
El ingeniero responsable de construir su casa no ha regresado desde diciembre de 2016. En dos ocasiones, Ortiz fue a la oficina del Miduvi en Pedernales para presentar una queja. Le dijeron que enviarían a alguien para que revisara su caso.
“Vinieron a tomar fotos e inspeccionarla y dijeron que iban a terminar mi casa, pero aún no han llegado. No sé lo que sucederá. Si vienen, bien, si no, no puedo hacer nada al respecto”, dijo Ortiz.
Ella vive con sus seis hijos y su esposo en una casa que construyó con madera vieja de su antigua casa. Al igual que Ortiz, muchos todavía están esperando que se reparen o construyan sus casas incompletas.
Según el Miduvi, para diciembre de 2017, de las 31 mil 521 viviendas entregadas, 13 mil 132 fueron reparadas. Mientras tanto, 4 mil 719 siguen esperando reparaciones o en proceso de reparación.
Según el ministro Sandoya, el Miduvi está contratando constructores para realizar 2 mil 560 reparaciones. Una vez el contrato sea aprobado, el contratista tendrá de 60 a 90 días para cumplir la obra. Pero mientras tanto, algunas de las familias que viven en esas casas sin reparar están arriesgando sus vidas.
Ese es el caso de Jorge Luis Pinargote, vecino de Portoviejo, quien vive —con su esposa y sus tres hijos— en una casa con paredes rajadas (otras caídas), techos de zinc dañados, pisos rotos y el cartel de ‘uso restringido’ pegado en su puerta.
El letrero dice que la casa no es segura para vivir, que nadie debería entrar, especialmente en el dormitorio principal y el baño. Pero cuando la ayuda económica del gobierno se acabó después de seis meses, la familia tuvo que regresar. Entregaron los documentos necesarios para reparar su casa, y los funcionarios del Miduvi les dijeron que esperaran. Después de casi dos años no han recibido ayuda.
Cartel pegado en la puerta de la casa de Pinargote. La familia sigue esperando las reparaciones y, mientras tanto, vive con paredes quebradas, techos caídos. Fotografía de Lisette Arévalo
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El Secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, renunció a su cargo el 12 de enero de 2018. Dijo que lo hizo por discrepancias con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. No dio más entrevistas sobre el tema.
Ocurrió después de que de la Torre dijera en una entrevista con el Diario Manabita que el gobierno tomó 300 millones de dólares en diciembre de 2017 del fondo de reconstrucción y lo utilizó para gasto corriente, algo que según la Ley de Solidaridad creada después el terremoto, estaba prohibido. De la Torre dijo que decidieron esto porque el Estado no puede tener recursos ociosos. “No podemos tener inmovilizados 300 millones de dólares si no van a ser utilizados”, dijo De la Torre en la entrevista con El Diario. El 6 de marzo de 2018 renunció.
Esto, por supuesto, planteó muchas preguntas sobre cómo el Estado utilizó el dinero dedicado para la reconstrucción. En la última conferencia de prensa que dio Bernal, el 10 de enero de 2018, dijo que decir que hay recursos ociosos era ser negligente con las personas y los proyectos.
“Hemos demostrado que los recursos responden a proyectos planificados. No hay recursos ociosos y lo que ocurrió es que el Ministerio de Finanzas tiene sus propias atribuciones como órgano rector de finanzas “, dijo Bernal.
En la misma conferencia de prensa, una mujer preguntó a Bernal si es que la Secretaría hace seguimiento a la construcción de viviendas. Bernal respondió que el Miduvi es el que ejecuta los proyectos, pero que se siente responsable de que las cosas se hagan correctamente.
“Dar vivienda a todas estas personas es un objetivo ambicioso. Sí, tuvimos muchos problemas técnicos y legales porque la mayoría de los que necesitan vivienda no podemos probar que son dueños de una propiedad o la propiedad se encuentra en una zona de peligro”, dijo Bernal. “Primero terminaremos las casas que están en construcción y luego comenzaremos a construir las otras que necesitan estudios y servicios para funcionar”
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No es cierto que todas las casas no entregadas tienen que ver con la falta de prueba de propiedad. Luis Hidalgo, de 89 años, y María Luisa García, de 84, han vivido en su propiedad en Portoviejo durante 60 años. Tenían una casa de dos pisos donde vivían y trabajaban como zapateros, pero lo perdieron todo en el terremoto. Desde entonces, han estado luchando para conseguir una casa.
En mayo de 2016, su hijo Jonathan Hidalgo presentó los documentos para solicitar una casa al MIDUVI. En junio, los funcionarios del ministerio en Portoviejo le dijeron que sus padres estaban en la lista. Pero en octubre, cuando regresó a ver qué había pasado, le dijeron que los documentos de sus padres no estaban por ningún lado.
Los entregó nuevamente en noviembre. La última vez que fue en enero del 2017, le dijeron que sus padres no fueron seleccionados como beneficiarios de una de las 45 mil casas que serán construidas o reparadas, que no ingresó en el techo presupuestario, que puede aplicar al programa ‘Casa para Todos’.
“Les dije que es obvio que están eligiendo a quién beneficiar y quiénes no, porque presentamos la solicitud en mayo, un mes después del terremoto”, dijo Hidalgo.
Luis y María Luisa alquilaron por seis meses con el dinero que el gobierno les dio y luego vivieron en una iglesia. Pero querían regresar a su propiedad. Su iglesia los ayudó con 7 mil dólares para construir una casa pequeña. Jonathan y sus hermanos construyeron una especie de cabaña con materiales mezclados: planchas de zinc, tablas de madera, paredes de madera delgada, paredes de caña de bambú.
Luis no puede ver con un ojo y no puede caminar fácilmente porque ha tenido una sonda durante más de diez años. María Luisa pierde la memoria con facilidad. Pero cuando ambos ven la foto de su boda sonríen, y dan gracias a Dios por sobrevivir al terremoto. Ahora esperan que puedan sobrevivir a sus consecuencias.
Ayúdanos a investigar el uso de los fondos de la reconstrucción. Si tienes información sobre uso de fondos o sobre el estado de viviendas que debieron entregarse, escribe un mail a lisette.arevalo@columbia.edu.
**Este proyecto se realizó con el apoyo del Centro Stabile para el Periodismo Investigativo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia
Luto
Recién hoy consigo escribir algo, unirme por escrito a la tristeza de la redacción del periódico que fue mi casa durante doce años. Nada me gustaría más que estar ahí y abrazarlos a todos. Nos arrancaron a una parte de la familia y no puedo imaginarme cómo estará el diario.
Admiro la fortaleza de quienes cubrieron la propia tragedia y escribieron aún con los ojos nublados y el corazón adolorido.
No puedo creer que en estos días hubo quien culpase a las víctimas por ir a cubrir terreno peligroso o al diario por enviarlos allá. No saben sobre periodismo, punto. ¿Han pensado que allá, en ese terreno peligroso, también viven ecuatorianos? Es gente a la que es fácil ignorar porque están allá, tan lejos. No saben que sólo la prensa nos recuerda el terror que esos esmeraldeños sufren todos los días.
La culpa, en Ecuador, en México, en El Salvador, es de un Estado que por décadas ha descuidado el bienestar de la gente. Que permitió que la delincuencia entrase, que no ofreció alternativas ni protección. Del Estado.
Punto.
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Ahora quiero hablarles de ellos. No de Javier, a quien no conocí pero quien ha sido querido y respetado por gente a quien yo quiero y admiro. Quiero hablarles del señor Segarra y de Paúl.
Porque este también es mi luto: ellos fueron más parte de mi vida que mucha gente de mi familia. Y cuando uno está de duelo es bueno recordar los momentos lindos, perpetuar los recuerdos de aquellos que perdimos. En este caso, de aquellos que lloramos porque nos los quitaron.
El señor Segarra era un señor elegante y amabilísimo. Casi no viajé con él. Pero era querido por mis amigos. Una persona encantadora, bajita, con los cabellos plateados. Veo a mis amigos llorar por él y yo también lloro: era como un tío lejano que me inspiraba respeto y simpatía. Siempre intercambiábamos sonrisas. No puedo creer que ya no esté.
Con Paúl se ha ido una luz. Alguna vez lo definí como un hombre para la tormenta —cuando yo andaba con nubarrones sobre la cabeza él siempre me decía que todo iba a estar bien—, y cuando supe del secuestro me consolé pensando que él sería la roca que mantendría de buen ánimo al señor Segarra y a Javier.
Paúl era un sol capaz de iluminar el día más nublado. Un tipo talentoso y alto, flaco y desgarbado. Y con una sonrisa que provocaba sonreír. ¿Han visto sus fotos? Siempre ese rostro alegre, travieso o una mueca chistosa.
Paúl Rivas era un “hombre para la tempestad”.
Lo he pensado tanto.
He pensado en cuando me pasé medio año llamándolo Gatopardo —haciéndolo sonrojar— porque su foto de la erupción de un volcán fue elegida como una de las mejores del año por aquella revista. Yo tenía la suscripción y me puse tan contenta por él cuando me lo encontré en esas páginas. Y cuando se ganó —una y otra vez— el Jorge Mantilla. Y el premio nacional. Y cuando volvió de su maestría en España y me mostró los fotorreportajes que había hecho allá. Frente a la computadora, armando los pies de página y el texto, contándome detalles.
Y sus fotos de la gente vulnerable tras la erupción del Tungurahua.
Y las que publicó después del terremoto de 2016.
Y esa bellísima serie de retratos de las familias de los desaparecidos. Yo ya no estaba en el diario cuando las publicó, pero admiré esas imágenes de dignidad en la desolación. Paúl tenía una sensibilidad y una delicadeza que cualquiera puede intuir al mirar esas fotografías.
Hoy me arrepiento por no haberle escrito para decirle cuánto me habían conmovido esas imágenes. Él había puesto luz sobre un problema que la gente en Ecuador prefería ignorar. Nadie hablaba de los desaparecidos y sentí, que después de ese reportaje de Paúl Rivas, muchas personas se dieron cuenta de que existían. De que había muchas familias incompletas, a la espera de un cuerpo —vivo o muerto. Qué duro es saber que hoy las familias de Javier, Efraín y Paúl siguen a la espera de sus cuerpos.
Y pienso en la Redacción. En el equipo de fotografía. En sus familias y en sus niños. En todo el dolor y la incertidumbre.
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Cuando yo era niña, a un amigo de mi papá lo secuestró la guerrilla de Alfaro Vive Carajo. Yo tenía cinco años. La edad que tiene mi hijo hoy.
Yo tengo recuerdos de la tristeza, el temor y el horror de mi padre frente al desenlace: el gobierno de León Febres Cordero dio la orden de entrar a matar. Y los mató a todos. Hasta a la víctima.
Javier Ortega en un viaje de reportería por el río Mataje en febrero de 2018. Fotografía cortesía de Diego Pallero.
Nunca pensé en que me tocaría a mí. Nunca creí que secuestrarían y matarían a alguien con quien me reí, a quien abracé, al que fue el amor de una de mis amigas, alguien con quien conversé durante horas, esperando en una cobertura, alguien a quien admiré, alguien tan delicado, preocupado, sensible y liviano. Todo va a estar bien, me dijo varias veces. Todo va a estar bien, le dijo a una amiga la última vez que se vieron. Pero hoy, por primera vez, no puedo creer en las palabras de Paúl.
Siento que después de perderlo, de perder a Javier y a Efraín, nada va a estar bien.
Suenan las campanas
Cuando se confirmó el asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra traté de imaginar cómo habrían doblado las campanas para anunciar su inverosímil cruel injusta innecesaria muerte.
Fue un recuerdo ajeno y de otro tiempo, solo vivido a través de la tradición oral: mi abuelo fue director del hospital de una compañía minera al sur del Ecuador, y mi mamá nos contaba que, cuando había una tragedia en la mina, las campanas tenían un tañido particular. Era un repique desesperado e incesante —el llamado de lo urgente, de lo impostergable. Pero no era solo el aviso del desastre (por lo general, un derrumbe) sino que, en su lengua bronza, pedían a quien sea que escuchara que hiciera algo.
No tardé en suponer que en la hora triste del jueves 12 de abril de 2018, las campanas habrían repicado con desesperación. Tardé unos días en entender que, como los tañidos de las tragedias de los pueblos mineros del Ecuador, esas campanas nos llamaban —nos siguen llamando— a hacer algo.
Suenan las campanas. Por Efraín. Por Javier. Por Paúl.
Suenan y no se cansan.
Nadie se cansa.
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Ahora lucen graves, solemnes y estáticas pero, durante siglos, las campanas fueron lo que hoy son los medios de comunicación. Su potente tañido llegaba lejos. Era inconfundible: las campanas hablan con la úvula. En esos tiempos, la golpeaban contra su paladar fundido a 900 centígrados y no había que saber leer ni hablar idiomas propios o foráneos para entender lo que anunciaban.
Había un toque para advertir que alguien se había perdido, otro para abrir los días de fiesta, otro para informar que un niño que no había hecho la primera comunión había muerto. El que se habría escuchado en la hora más triste del periodismo ecuatoriano tiene nombre propio: a rebato.
Se tocaba con la urgencia de quien pide auxilio, y era tal su apremio que no había que esperar al campanero: debía tocarlo quien primero llegara al campanario. María Moliner, en su diccionario del uso del español —al que García Márquez llamó el más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana—, dice que a rebato es tocar las campanas para alertar al pueblo de una incursión enemiga. “Hacerlo para avisar de cualquier otro peligro o siniestro; por ejemplo, para llamar a apagar un fuego. 2 *Avisar de una catástrofe inminente”.
Cuando el sentido común mandaba huir de Mataje porque los soldados —valientes, preparados, armados— caían a manos de las disidencias narcotraficantes de la guerrilla colombiana, el oficio ordenaba enfilar en aparente contrasentido: había que ir a la frontera.
Y había que volver para contarlo. Nadie se va pensando en que no regresará, porque parte fundamental de este trabajo es retornar: para dar aviso del peligro, del siniestro, para avisar de la catástrofe inminente que se cuece (quién sabe desde cuándo, quizá desde siempre) en Esmeraldas. Para escribir y publicar a rebato. Para que acuda el pueblo —el país el Estado la sociedad pongan ustedes— a hacerlo algo.
Porque los medios de comunicación son lo que durante siglos fueron las campanas, que hoy lucen graves, solemnes y estáticas.
§
A la una de la mañana del 27 de marzo de 2018, nos despertó el primer anuncio de la desgracia: el gobierno nacional confirmaba que Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas habían sido secuestrados por un grupo armado comandado por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, un disidente de las FARC que opera en —y aparentemente controla— buena parte del suroeste de Colombia.
Para el Ecuador, Guacho era un desconocido. Según el comandante general de la Policía del Ecuador, se enteraron de quién era en octubre de 2017, cuando sus pares colombianos les notificaron que era el responsable de una masacre de campesinos en Tumaco, un puerto colombiano cercano a la frontera. Tumaco, doscientos mil habitantes en una concentración virulenta de problemas, según un reportaje de la revista Semana, es un lugar donde “se juntan todos los males del país: narcotraficantes, guerrillas, bandas criminales, laboratorios para el procesamiento de coca, rutas ilegales de exportación, cultivos de uso ilícito y homicidios, muchos homicidios.” La masacre de los campesinos aún no se esclarece: la Policía de Colombia dice que fue Guacho, y algunos campesinos —y el propio Guacho— dicen que fue la Policía.
Desde entonces, Guacho es pieza de caza mayor para militares y policías colombianos. No habían podido capturarlo porque conoce bien la zona, y entraría y saldría con facilidad de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Colombia.
El resto del Ecuador se enteró de su existencia a finales de enero de 2018, cuando voló un cuartel policial en San Lorenzo, el cantón esmeraldeño al que pertenece la pequeña parroquia de Mataje. Volvió a saber de él cuando atacó un destacamento militar, y cuando asesinó con un tanquero bomba a cuatro soldados de una patrulla que vigilaba la zona: Wilmer Álvarez Pimentel, Jairon Sandoval Bajaña, Sergio Elaje Cedeño, Luis Alfredo Mosquera Borja.
El 26 de marzo, los de Guacho —que sumarían, según expertos, al menos 500 combatientes— se llevaron a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
El 12 de abril supimos que era para siempre. Que no volverían. Que se quebró la regla esencial de volver para contarla. De vivir para contarla.
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Durante los días eternos del secuestro, a muchos nos cruzaron por la cabeza las mismas cinco palabras: me pudo pasar a mí. Pensamos en eso. Lo escribimos a todas manos, a todas voces. En un coro de tristeza y preocupación frente al espejo: pensamos en nuestras madres padres parejas hermanos hermanas hijos compañeros amigos amigos amigos viviendo la ausencia inexplicable de los que deben volver. Como la vivían madres padres parejas hermanos hermanas hijos compañeros amigos amigos amigos de Efraín, Javier y Paúl.
Pensamos en ellos. En la soledad del secuestro. En la humedad de la selva, en cuya inmensidad todos los sonidos se amplifican en ecos interminables. Eso es cierto.
Pero también pensamos que volverían. Cubríamos sin descanso lo que pasaba, esperando que cualquier rato, en el momento menos pensado, apareciera César Navas, ministro del Interior, Lenín Moreno, presidente de la República, diciendo que ya, que aquí estaban, flacos golpeados cansados pero vivos.
Nadie pensó que este desenlace inverosímil era una posibilidad. He perdido la cuenta de las veces que he dicho y escuchado que esto es materia de las pesadillas. No nos imaginábamos que esto era posible porque después de todo, a pesar de todo (muchas veces a pesar de sí mismo), cuando está bien hecho, el periodismo es el oficio de la esperanza.
El último fotoreportaje que Paúl Rivas hizo era, precisamente, sobre los destellos de esperanza en lugares donde es difícil imaginarla. Se publicó dos días después de que el presidente Moreno confirmara su asesinato bajo el titular Palma real, la cuna de la concha.
Hoy El Comercio publica el último fotorreportaje de Paúl #NosFaltan30
Posted by NosFaltan3 on Sunday, April 15, 2018
Son seis imágenes cotidianas de la población fronteriza de Palma Real, donde mil quinientas personas viven junto al conflicto colombiano. El sumario del reportaje dice “Su gente mira en el turismo la única forma de evadir los problemas de Colombia”. Aún en esas circunstancias había esperanza. Aún en el secuestro, había esperanza.
Por eso estábamos convencidos de que volverían. Cómo habrían sonado esas campanas. Qué maravilloso repique de gloria habría sido.
Cuánto lo esperamos.
Tal vez por eso estábamos tan poco preparados para las noticias que llegaron desde Colombia.
§
Fue en la vigilia del viernes 13, en medio del lucernario que amigos compañeros y colegas encendieron al pie de la catedral de Quito, cuando caí en cuenta que las campanas nos llamaban a hacer algo.
Avisados de la tragedia, las campanas de Efraín, Paúl y Javier nos piden que actuemos. Nos hemos asomado a un vacío que no pensamos que existía. Ahora tenemos que contar que es real, hay que mostrarlo, hay que tocar las campanas para que nadie más camine hacia el abismo. No podemos hacer nada más, no se nos ocurre nada mejor para honrar su memoria.
El gobierno del Ecuador ha desclasificado la información sobre el secuestro, y ha ofrecido entregarla para que podamos contar qué pasó. Eso es lo que vamos hacer: con lo que nos entreguen —y con lo que encontremos en Colombia, en la frontera. En quién sabe dónde.
Suenan las campanas.
Y la obligación es acudir a su llamado para que en un día —que ahora de tan lejano parece imposible—, las campanas doblen con la alegría festiva de quienes no descansaron hasta que se supo todo todo todo todo lo que pasó con Efraín, Javier y Paúl, y su cruel injusta innecesaria muerte.
Suenan las campanas. Por Paúl. Por Javier. Por Efraín.
Suenan y no se cansan.
Nadie se cansa.
La cobertura de nuestro propio secuestro
El cielo estaba gris sobre el enorme edificio del servicio de emergencias y seguridad ECU 911, desde el cual se han dado las peores noticias en los últimos días. Sobre el techo de la construcción principal, una bandera ondeaba a media asta en señal de luto. Era el viernes 13 de abril de 2018 y apenas una hora antes, un conmovido Presidente de la República había pronunciado las palabras que sentenciaban el trágico desenlace de la historia de los tres periodistas de diario El Comercio, secuestrados 19 días antes. “Tenemos elementos suficientes para confirmar que han sido asesinados”, dijo. El silencio cobijó la sala de operaciones, en donde la prensa había estado exigiendo respuestas desde el día anterior, cuando el medio colombiano RCN dijo que hasta su redacción habían llegado las imágenes de los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Habían pasado más de 24 horas de eso cuando Lenín Moreno confirmó que los tres por los que habíamos reclamado durante las últimas semanas, ya no volverían.
El papá y la hermana de Javier Ortega llevan un cartel con su imagen. Detrás, bajo la sombrilla, está su mamá.
El silencio se sintió pesado, doloroso, aplastante. Era una de las coberturas más difíciles para los periodistas. Esta vez no se trataba de muertes ajenas: eran las propias. La exigencia permanente de ser objetivos, de guardar distancia, de mantener la ecuanimidad y el equilibrio se había ido quebrantando con el paso de los días. La esperanza, esa llama guardada en el fondo del espíritu para poder resistir las intensas horas de trabajo, de rumores, de versiones, de contradicciones y de desinformación, se iba apagando, cada hora un poco más.
Los periodistas que cubrían la confirmación de la muerte de sus colegas, se quiebran
En la Plaza Grande, abajo del Palacio de Carondelet —la sede de la Presidencia, las velas, las consignas, los carteles y los gritos que exigían respuestas, habían empezado la noche del martes 27 de marzo. Un día después del secuestro. Conmovía ver cómo desde el inicio, periodistas, familiares y amigos, se autoconvocaban cada noche, bajo el despejado cielo quiteño o bajo la lluvia y el viento. Conmovía ver a Galo, el padre de Javier, pequeño, mayor, con el paso lento, la mirada triste, sosteniendo un cartel con la imagen de su hijo. Conmovía ver a Ricardo, el hermano mayor de Paúl, muy parecido a él, sostener una vela. Conmovía ver a Christian, el hijo de Efraín, un paso detrás de los carteles y la muchedumbre, silencioso. Y conmovía también, ver a sus amigos, a sus compañeros del diario, de otros medios, aplaudir, gritar, abrazarse en un solo grito:
— ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
— ¡Nos faltan 3, que vuelvan ya!
— Por el Javier, nadie se cansa; por el Paúl, nadie se cansa; por el Efraín, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa…
Y mientras, otros periodistas de radio, televisión y medios digitales, de pie ahí, haciendo de tripas corazón, evitando que las lágrimas nos superen, intentando mantener la compostura y registrar aquello para lo que jamás estamos preparados: el secuestro de los nuestros, la desaparición de los nuestros, la tragedia de los nuestros.
Periodistas en la vigilia por sus colegas secuestrados
¿Cómo le cuentas a tu audiencia, que han secuestrado a tu amigo, sin perder la calma? Guardas un poco de esperanza. Quieres creer que pronto los liberarán.
Todos nos organizamos rápido. Intentamos ocupar las horas en buscar mecanismos que, desde nuestro oficio de periodistas, podían ayudar a traer a nuestros compañeros de vuelta. Vivos. Enteros.
§
Pero el jueves 12 de abril fue difícil sostenerse en pie. A las salas de redacción empezaron a llegar las primeras noticias. Las pésimas noticias. Las noticias que no queríamos contar, que no queríamos creer. Nos llegó un mensaje desde Colombia. Era un periodista serio, comprometido con la libertad de prensa. Que lo siente mucho, que nuestros compañeros han sido asesinados, dijo. Tuvimos que escuchar una y otra vez el mensaje. No lo podíamos creer. No lo queríamos creer. Ya en los días pasados los rumores desde Colombia nos habían robado la calma una y otra vez: primero, con la noticia que resultó ser falsa, de que los habían liberado; después, con el video de la prueba de vida, en la que los tres aparecen encadenados y Javier habla, con un aplomo admirable para la situación.
Periodistas que cubren el secuestro de sus colegas exigen explicaciones
En la noche de ese jueves, en la sala habilitada para la prensa en el ECU 911 estalló la agonía. Habían llegado hasta ahí periodistas de todos los medios. Muchos de El Comercio. Mientras entraban las autoridades, una fila de periodistas, ubicados en el fondo, detrás de las cámaras, gritaban, desconsolados. Los gritos empezaron cuando las autoridades entraron y no cesaron hasta un par de minutos después de que se sentaron.
— ¡Nos faltan 3!
— ¡Esto es un crimen de Estado!
— ¡¿No tienen cargo de conciencia de que no hicieron nada?!
— ¡Son 3 amigos!
César Navas, ministro del Interior, y Patricio Zambrano, ministro de Defensa, aguantaban, estoicos, el descontrol de una prensa dolida. Junto a ellos, autoridades policiales hacían lo mismo. Navas empezó. Dijo que el Estado ecuatoriano ha hecho todo lo necesario para liberar a Javier, Paúl y Efraín. La sala estaba repleta de periodistas que los miraban incrédulos, indignados, molestos. Fausto Olivo, coronel coordinador de Criminalística y Medicina Legal, dijo que habían analizado las imágenes del horror, unas fotografías que habían circulado desde la tarde en las que se veían los cuerpos heridos de muerte de Efraín, Paúl y Javier.
“A través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio del estudio biométrico del rostro, nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos”, dijo, en el lenguaje técnico y distante de un forense.
Periodistas reciben información sobre el secuestro de sus colegas
En la sala, los rostros se opacaron, las expresiones cambiaron de la angustia al terror, al dolor, a la desesperación. Llegó el llanto para unos, para otros, fue la piedra esa en el pecho que oprime tanto que cuesta respirar. Olivo agregó que para determinar con certeza sus presunciones, debían analizar con más detenimiento las fotografías. Navas le tomó la posta y continuó.
—No hay confirmación al momento, se van a continuar con las pericias. Todos estamos consternados.
Los periodistas empezaron a interrumpir mientras el Ministro comenzaba a hablar del crimen organizado, de la economía del narcotráfico. Los gritos no dejaban escuchar lo que decía Navas.
— ¿Están muertos?, gritó alguien.
— ¡Renuncia!
— ¡Lárgate!
Las autoridades salieron de la sala en medio de gritos y abucheos. La prensa, acostumbrada a obligarse a guardar sus opiniones a la hora de transmitir, estallaba en un grito de dolor. Una periodista, con lágrimas en los ojos, transmitía a una radio. A un fotógrafo, se le dificultaba sostener su cámara. Los camarógrafos dudaban entre enfocar a quienes lloraban o dejar de grabar. Un periodista de cabello rubio y largo, y lentes de marco negro, lloraba, desconsolado, junto a él, otro le ofrecía una botella con agua. En el fondo, otro periodista, alto, con el cabello oscuro recogido en una cola, se abrazaba con otro. Lloraban. El primero había sido su compañero en El Comercio; el segundo, el alto, cubría la misma fuente que Javier, —seguridad, en diario La Hora. A un costado, en un semicírculo, se veía a todos gritando lo que ya se había vuelto un mantra:
— Por el Javier, nadie se cansa; por el Paúl, nadie se cansa; por el Efraín, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa…
Sostenían hojas en blanco que dicen “Nos faltan 3”, el lema de las marchas y la cobertura desde su secuestro.
Mientras unos se desmoronaban, desconsolados, otros, sostenían la cámara y hacían fotos de sus colegas, de sus amigos, llorando; otros grababan con sus teléfonos, temblando, con los ojos rojos e hinchados; pocos, más aplomados, se veían pálidos, desencajados, con la mirada perdida.
A la misma hora, en la Plaza Grande, las imágenes eran similares. Llanto, dolor, angustia, desesperación, aturdimiento. ¿Cómo te secas las lágrimas y hablas frente a una cámara, ante un micrófono o ante un celular? ¿Cómo respiras y escribes una nota? ¿Cómo reportas cuando también te sientes una víctima del secuestro?
Los que los conocíamos y los que no, los que eran sus amigos y los que no, los que trabajaban con ellos y los que no, todos, llevábamos días sintiendo que una grieta se había abierto debajo de nuestros pies. Todos nos sentimos, por un momento, que pudimos ser nosotros. No eran solamente Javier, Efraín y Paúl; podían ser Miguel, Ana María, Vicente, Isabela, Fausto, Juan Carlos, Javier, Francisco, Sara, Susana, Eric, Patricio, Dolores, Luis, José María, Antonio, Marcelo, Manuel, Sol. Pudo ser cualquiera de nosotros. Pudo ser tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu padre porque sí, eran periodistas, pero primero, eran ciudadanos.
§
Casi a la medianoche, el presidente Lenín Moreno habló desde el aeropuerto Tababela. Había suspendido su viaje a Lima por la Cumbre de las Américas y estaba de vuelta en Quito. Visiblemente afectado dio un plazo de doce horas para que los secuestradores entregasen una prueba de vida. En la Plaza Grande, todos estábamos agrupados alrededor de una señora que sostenía un celular por el que se transmitían las declaraciones de Moreno. Un hombre sostenía contra el teléfono un megáfono, casi sin batería, por lo que se dificultaba escuchar lo que decía el Presidente con su voz baja y las palabras casi pegadas unas a otras. Indignados, quienes estaban allí, gritaban:
— ¡Los dejaron solos!
— ¡Nos quitaron 3!
En la Plaza Grande, periodistas y familiares de los secuestrados escuchan las declaraciones del Presidente Moreno
Un grupo de periodistas, algunas de El Comercio, se abrazaban, con los ojos vidriosos. La duda, la ambigüedad de las declaraciones de las autoridades, solo aumentaron el dolor.
— “¡Navas, hijo de puta!”, gritaba una señora que sostenía una bandera sin desplegar en la mano, “¡Lenín hijo de puta!”.
Los periodistas, acostumbrados a cubrir los insultos a los políticos, a registrar la indignación de quienes les reclaman algo. Ese día no sabían cómo actuar. Unos, en voz baja, decían:
— ¡Sí, hijos de puta, los dejaron solos!
Otros, tapándose el rostro, lloraban, sin saber si acusar o no a aquellos, a quienes esa noche, la mañana siguiente o los días posteriores, deberían volver a mirar, a entrevistar, a fotografiar. ¿Cómo te diriges a las autoridades, a las que estás acostumbrado a cuestionar sobre problemas ajenos, ahora que el reclamo es tuyo? ¿Cómo separas la cobertura de tu propia angustia? ¿Cómo evalúas la información cuando las vidas en juego son las de tus amigos? ¿Cómo le cuentas a una sociedad indolente que ellos, Paúl, Javier y Efraín, estaban ahí haciendo un trabajo sin el cual, nadie se informa? ¿Cómo respondes cuando te dicen que los tres fueron imprudentes? ¿Cómo explicas que ser periodista es ser imprudente?
Un grupo de fotógrafos protesta afuera de Carondelet
Esa noche nadie durmió. El país entero guardaba un poco de luz en su interior. Los rezos, los llantos, las súplicas eran para las horas de incertidumbre que terminaron pasado el mediodía del viernes 13. Ante una sala repleta de periodistas ecuatorianos y extranjeros, se confirmó aquello que sabíamos en silencio: los habían asesinado. Javier, Paúl y Efraín no volverían más. El silencio que se hizo luego de las declaraciones contrastó dolorosamente con el reclamo de la noche anterior.
— Gracias, señor Presidente, eso es todo lo que queríamos saber, gritó un periodista como en un aullido de dolor.
Moreno terminó su intervención con la voz quebrada. Los anuncios que hizo sobre el futuro del Guacho y las acciones que el Estado tomaría, fueron registradas mecánicamente. Yo grababa en una esquina y por mi cabeza pasaban las imágenes que no me habían dejado dormir: tres hombres inocentes, asesinados a sangre fría. Tres vidas apagadas. Tres compañeros que se habían ido con la promesa de volver. Tres periodistas con familia. Tres que pudieron ser otros tres. Tenía que sentarme unos minutos y respirar. Me ubiqué en una silla, contra la pared mientras hablaba alguna autoridad. Decía que el último contacto había sido el 7 de abril, 7 días antes. A mi lado, de pie, un periodista de radio, alto y corpulento, que había estado transmitiendo desde el inicio, se desmoronó. Cayó en cuclillas y su llanto nos ahogó a quienes estábamos junto a él. Lloraba solo, casi de rodillas. ¿Cómo sigues trabajando cuando a tu lado, tu compañero se desmorona? Lo abracé y su llanto era tan sostenido que se ahogaba en su pecho. A mi izquierda, en una silla, otro periodista, empezó a llorar. A su lado, una mujer que intentaba escribir su nota en el celular, tampoco se contuvo. El dolor era contagioso. Unos minutos después, nos levantamos, nos tragamos las lágrimas y seguimos trabajando.
§
La noche anterior, en la redacción de GK nos habíamos preparado para lo peor. Los textos que debían salir al aire, el luto que guardaríamos, la historia que debíamos contar a pesar del dolor, los amigos que debíamos nombrar a pesar del dolor, la cobertura que no podía parar, a pesar del dolor. Lo mejor y lo peor de esta pérdida es que la vida continúa para quienes estamos vivos. Con el corazón roto, con el alma estrujada, con el espíritu aplastado, pero continúa. El Comercio, el diario pateado, pisoteado, golpeado, ha tenido que seguir produciendo: las noticias se siguen escribiendo, las portadas se siguen haciendo. Los otros, los que pudimos estar en su sitio pero no estuvimos, también tenemos que seguir.
Con esto, todos los periodistas fuimos secuestrados, heridos, amenazados. Con esto, un país entero ha sido golpeado. Qué dolor por los amigos, qué dolor por el periodismo, qué dolor por los indiferentes. Qué dolor por los que no se duelen por las vidas humanas, por los que creen que no es su problema. Pero del dolor más profundo se puede sacar lo mejor o lo peor de una persona, de un periodista, de un país. Nosotros estamos convencidos de que ahora, más que nunca, nuestras voces deben ser las de Javier, Paúl y Efraín. En honor a ellos, nuestra respuesta será el periodismo. Así, riguroso, exigente, crítico, arriesgado, imprudente. En honor a ellos seremos valientes, insistentes, exigentes.
Por ellos no nos callaremos, por ellos haremos más y mejor periodismo porque matando periodistas no se mata la verdad.
UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO
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Café de Íntag
El Valle de Íntag está en la provincia de Imbabura, a 175 kilómetros de Quito. La mayoría de su población se dedica a la agricultura, y desde 1998 uno de los productos más populares en la zona es el café arábigo. Hoy 200 personas integran la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Íntag.
Iralda Quiguango tiene 58 años, es de la comunidad de Villaflora y es parte de la Asociación. Iralda cultiva café en su finca desde hace 14 años. Todos los días camina cerca de treinta minutos para llegar a su plantación de café y cuando el día termina hace en un recorrido similar para regresar a casa.
Cuando es época de cosecha, pasa todo el día en la plantación. “Es un trabajo minucioso”, dice, porque implica recolectar los cerezos, pasarlos por la despulpadora, lavarlos, sacarlos y comercializar los costales. Aunque le demanda mucho esfuerzo Iralda dice que vale la pena porque reconoce que no le gusta pasar en casa y prefiere estar en el campo, entre sus matas de café donde se siente ocupada y feliz.
El valle de Íntag pertenece al cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Se encuentra en la estribaciones de los Andes ecuatorianos y forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
Íntag se encuentra entre los 500 a 2400 msnm, su clima subtropical alberga más de 20.000 especies de plantas y 500 especies de aves y animales.
Iralda Quiguango lleva 14 años sembrando café en su tierra.
El café es uno de los productos que más se cultiva en la zona, Iralda tiene una plantación aproximadamente de 2 hectáreas.
Todos los días camina alrededor de 30 minutos con destino a su plantación, el recorrido lo hace con un machete en mano y compañía de “Beto”, su mascota.
Cuando es época de cosecha, Iralda recolecta únicamente los granos de café completamente rojos, en un día de reúne alrededor de 45 libras.
Después de la recolección los cerezos pasan a la despulpadora, una máquina utilizada para desprender y eliminar la cáscara y el mucílago de los granos, este proceso es conocido como despulpe.
Iralda separa las semillas tiernas, dañadas o afectadas por algún insecto a través del lavado, donde los cerezos maduros flotan y los defectuosos o verdes se van al fondo.
Los granos son lavados y colocados a secar por 12 días en tendales dentro de la marquesina, una construcción cubierta y protegida por plástico.
Las jornadas de cosecha pueden variar según varios factores, uno de ellos el clima, Iralda reconoce que es un proceso minucioso pero que le da mucha felicidad generar ingresos a raíz de su propio trabajo.
Drag King
En la calle es una mujer. Una actriz consumada, una madre, una esposa. En el escenario, es un hombre de ademanes violentos y barba de escarcha. En la calle es Carina Cadena, en el escenario Shakes Owl, un drag king.
Dentro del camerino se maquilla con lápiz negro sin quitar la mirada del espejo. Es un maquillaje con varias capas para oscurecer el rostro y simular el vello, pero ella lo conoce de memoria. El estrecho espacio está lleno de pelucas, boas de plumas, máscaras y vestidos verdes, morados, celestes y rojos con lentejuelas, escarcha y plumas. Carina es actriz de teatro desde hace nueve años pero ningún reto ha sido tan grande como el teatro drag. Aunque es más conocido por las drag queens—hombres que se disfrazan de mujer— también existen mujeres como Carina que desarrollan un personaje masculino.
La barba la dibuja con delineador negro. Luego, con goma de pestaña pega cerdas recortadas de hecha un cepillo para lustrar zapatos. Esta barba va acompañada por escarcha plateada para seguir la estridente estética drag. “Ser drag king también es refuerte”, dice la artista, “porque tienes que conocer la ideología, la psicología, la fisionomía de un hombre”. Carina estudia la vestimenta, las actitudes, la voz e incluso el lenguaje corporal masculino para su personaje. A través de este proceso , cree que ha llegado a sentir más empatía por los hombres que la rodean.
Su personaje se llama Shakes Owl. “Es un hombre que busca sus sueños, sus pasiones, que ama lo que hace.” A través de Shakes Owl, Carina interpreta a otros personajes masculinos y explora su propia identidad humana y artística. “Está basado en mí, en mi personalidad, en mi naturalidad, en mi naturaleza”. Shakes Owl está basada en cómo ella es fuera del escenario.
La actriz faja su torso y se viste con un traje con corbata y botas pesadas antes de salir al escenario. Con el traje completo, la personalidad de Carina se termina de transformar Ahora posa con arrogancia y ríe con estruendosas carcajadas: es Shakes Owl.
Carina Cadena hace su propio maquillaje antes de una presentación.
Oscurecer el área bajo los ojos y alrededor de la boca ayuda a dar una apariencia masculina al rostro.
Colocar una capa de base sobre los detalles de luz o sombra sirve para el maquillaje de drag king y de drag queen. Es para mantener la naturalidad del rostro.
Las sombras de la barba se crean con un delineador negro difuminado sobre la base.
La escarcha plateada en el bigote y las cejas es parte de la estética drag king.
Daniel Moreno es quien inició a Carina en el teatro drag y la ayudó a encontrar sus personajes.
Fajas, vendas y cinta adhesiva ayudan a los actores a simular el cuerpo del sexo opuesto.
El traje masculino incluye camisa, corbata, botas y un sombrero para ocultar el cabello largo.
Carina discute detalles del traje antes de salir al escenario.
Shakes Owl en la obra Mujer de casa, de Daniel Moreno.
La obra trata de una mujer abusada por su marido. En ella, Carina interpreta a varios personajes.
En eso llamado ‘versión oficial’ todo queda para después
El viernes 13 de abril de 2018, después del mediodía, Lenín Moreno dijo estas palabras: “Con profundo pesar lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”. Las leyó. Las dijo como el encabezado de un comunicado, como si fueran parte de algo más grande, o de algo que desde la oficialidad sirviera para justificar las decisiones que se tomaron sobre la frontera.
Como si lo demás no importaba.
En la Plaza Grande surgieron gritos de pesar e ira cuando se confirmó el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los miembros del equipo periodístico de diario El Comercio que fueron secuestrados 18 días antes, en la zona de Mataje, frontera con Colombia. El dolor se hace verbo. Cuando algo se enuncia, se vuelve real.
El jueves 12 circularon por redes sociales fotos que, supuestamente, evidenciaban la ejecución de los ecuatorianos. Por la noche, en rueda de prensa, el ministro César Navas, dijo cosas que no sé cómo entender. ¿Eran fotos verdaderas? ¿No lo eran? ¿Seguían vivos? Nada de eso contestó: solo atinó a decir que el Estado ecuatoriano estaba haciendo lo posible. Los gritos de periodistas, amigos y familiares de los secuestrados, lo opacaron. Uno se hace a la idea de que nadie puede ser tan indolente, pero el ministro Navas nos mostró otra capa de indolencia que pocos conocíamos.
Horas más tarde, antes de las once de la noche, Lenín Moreno habló en el aeropuerto de Tababela. Había regresado de urgencia desde Lima, donde iba a participar en la Cumbre de las Américas. Dijo que no se podía confirmar nada, y dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores entregaran lo que llamó “una prueba de existencia”. De lo contrario, dijo, empezaría una avanzada militar en la zona.
¿Cambió algo en las 12 horas que dio el Presidente de plazo?
Al parecer nada. La explicación que hizo el coronel Polivio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase) sobre cómo fueron los contactos con los secuestradores nos deja claro que estuvieron muy lejos de tener algún tipo de control real de la situación. ¿Cuál fue esa información adicional que se tuvo en esas horas para confirmar la muerte de los periodistas? No lo sabemos. La versión oficial es un camino lleno de espacios vacíos, baches, silencios.
§
La versión oficial es una versión trunca.
De acuerdo al Gobierno, los criminales “parecería” —ese fue el verbo y la conjugación que usó Lenín Moreno el viernes 13 de abril, en su intervención del mediodía— nunca quisieron devolver con vida a Javier Ortega, Paúl Rivas y a Efraín Segarra.
La versión oficial asegura que hicieron todo lo posible, que sí negociaron, que intentaron el canje. La versión oficial no quiso que supiéramos los nombres de los secuestrados de entrada, la versión oficial se aseguró —apenas confirmaron el secuestro— de dejarnos en claro que el equipo fue advertido de no avanzar, consignando su propia responsabilidad en el hecho. La versión oficial nos quiere decir, a pocos días de la confirmación de los asesinatos, que ya están haciendo algo en la frontera.
La versión oficial nos dijo, la semana pasada, que no había indicios de certeza en el supuesto comunicado de los narcos, en el que aseguraban que los habían matado. Dos días después, los compatriotas ya estaban oficialmente muertos.
La versión oficial quiere gestionar la idea de que hicieron todo lo posible, cuando el silencio en la comunicación del Estado ha generado dudas.
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Lenín Moreno cerró su intervención leyendo un par de ideas más: “Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz…”
De ahí levantó el rostro y decidió hablar por su cuenta:
Insisto, unidos por la paz. Hace un momento manifestaba que ese llamado a la unidad bajo ninguna circunstancia significa el hecho de que se quiera limitar la libertad de expresar lo que uno desee, la libertad de expresión, la frescura que da la libertad de expresión. No dejen de criticar. Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores, lo que no perdona es que se le mienta. Yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. El Gobierno no le va a mentir al pueblo ecuatoriano, no permitiremos que nadie le mienta al pueblo ecuatoriano. Si es que esto ocurre es preferible, como ha sucedido en algunas instancias que ustedes han podido corroborar, han tenido que dar un paso al costado, yo personalmente se lo he pedido. Vuelvo a recalcar esta unidad es por la paz. Insisto, estamos unidos por la paz.
Una declaración así es poderosa. No solo desentraña al poder político, lo vuelve inútil, incapaz, inhábil para manejar este tipo de situaciones a muchos niveles —humano, político, estratégico, comunicacional—. Lo revela como es. El error está desde el pedido que se hace para desentrañar los errores.
Uno siente que nos engañaron y que no tuvieron la valentía suficiente de reconocer su fracaso y decir el jueves por la noche que nuestros compatriotas habían sido asesinados; porque queda claro que no supieron establecer un contacto real con los secuestradores, porque decir que solo estuvieron hablando para ganar tiempo los ubica como los derrotados.
La versión oficial no reconoce error alguno. La versión oficial se va a mover por el terreno que mejor le parezca o le convenga. Pero es hora de entender que el silencio, cuando es calculado, manipulador, también es un enemigo.
La versión oficial en este momento se decanta por la idea de no encontrar otros culpables que no sean los narcos secuestradores, comandados por ‘alias Guacho’. Por eso hicieron ayer una rueda de prensa para anunciar que han detenido a sospechosos ligados al criminal. Ahí también dijeron que cumplirán con la orden presidencial de mostrar toda la información que se manejó durante el secuestro, que quieren darle total transparencia, que lo que se reservaron era por seguridad, que toda la culpa de una de las más grandes tragedias del periodismo ecuatoriano es de Guacho y sus secuaces.
Porque si se le pregunta a alguna autoridad sobre cuáles fueron los errores del proceso —como hizo José María León ayer, en la rueda de prensa, al ministro Navas— se recibirá una respuesta como esta: “habrá otro espacio para que puedan ustedes conocer a detalle todo, porque hay mucho detalle de por medio (…) Esos detalles los podremos conocer después”.
“Si hubo errores se reconocerán”, dijo ayer el secretario de Comunicación, Andrés Michelena.
Así que todo queda para después, como siempre.
¿Se equivoca el gobierno en la frontera norte?
El remanente comandado por Walter Arizaga alias ‘Guacho’ no es solo una organización criminal: son combatientes irregulares, como tantos otros en la historia militar. Tampoco son nuevos en el mapa criminal de la región como los ha querido clasificar una analista ecuatoriana. En el caso concreto del Ecuador, buscan mezclarse y habitar entre los pobladores esmeraldeños para reclutar colaboradores y ganar conocimiento de las operaciones militares ecuatorianas.
Con esa información, deciden dónde, cuándo y cómo atacar. De manera cruel pero estratégica, apuestan a la desesperación de las tropas atacadas para que progresivamente sospechen y vulneren los derechos de la población. De esa forma, buscan ganarse la neutralidad o el apoyo de los habitantes del sector.
Este es un movimiento propio de adversarios políticos, y no nuevas modalidades de crimen organizado. La imposición de una voluntad política por la fuerza es el propósito de la guerra. Y es lo que tenemos con estos grupos desde el inicio de las hostilidades en noviembre 2017: una guerra no convencional.
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En la frontera norte, nuestros enemigos están luchando una guerra no convencional contra el Ecuador. Utilizan activamente la fuerza militar, pero también lo que se conoce como el uso pasivo de esa fuerza: provocar miedo para que cedamos ante su voluntad de operar impunemente en nuestro territorio. Esto explicaría el giro de atacar blancos militares y apuntar a la población civil, mediante el secuestro de periodistas y la destrucción de nuestra infraestructura eléctrica.
Ambos delitos envían un mensaje de los remanentes a los ecuatorianos: estamos a su merced, las Fuerzas Armadas no pueden protegernos por más que el Gobierno desee proyectar la imagen de una situación bajo control, y que es mejor ceder a sus demandas. El enemigo usa la amenaza de castigar directamente a la población civil para que aceptemos su voluntad.
No es nuevo: lo hicieron, por ejemplo, los soviéticos en 1962, cuando ubicaron misiles nucleares de rango medio e intermedio en Cuba, a apenas 90 millas de la Florida. La diferencia es solo de sofisticación militar, pero la intención es la misma: usar la fuerza activa y pasivamente para lograr la concesión a sus demandas. Tampoco es nueva la lucha entre un actor no estatal híbrido y un Estado. Tanto Al-Qaeda como el Talibán afgano han combinado actividades lícitas e ilícitas en su lucha contra el gobierno estadounidense por 15 años.
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Frente a esto, la reacción del Gobierno ecuatoriano ha continuado el legado de la administración del presidente Correa.
El Ministro del Interior, César Navas, mantuvo la tesis que los ataques son solo reacciones a operativos policiales contra el narcotráfico, resaltando la complejidad de nuevas amenazas criminales. El presidente Lenín Moreno hizo eco de la tesis del Ministro y ha ido más allá: aseguró que el Gobierno en su compromiso con la paz está preparando las medidas para ceder a las demandas de los remanentes, quienes han exigido la liberación de sus detenidos así como el fin de los convenios colombo-ecuatorianos para luchar contra el narcotráfico.
Estas declaraciones muestran niveles de ingenuidad extraordinarios.
Por un lado, suponer que el secuestro de los periodistas es parte de una tendencia reactiva de los remanentes es cerrar los ojos ante la realidad de que ellos son los que han decidido lugares, horas, y fechas para atacar a una variedad de blancos ecuatorianos. La realidad es que desde el inicio de hostilidades, el gobierno nunca logró desactivar, apresar, o eliminar a los operativos guerrilleros antes de que los atentados sucedan.
Eso sería tener la iniciativa: obligar al adversario a reaccionar a tus movimientos.
Pero el Gobierno no ha logrado retomarla, y al parecer no está encaminado a hacerlo en el futuro cercano. Su incapacidad lo ha puesto en una encrucijada de la que difícilmente saldrá ileso: por un lado tiene la presión de la sociedad civil de traer vivos de vuelta a los 3 periodistas, y por el otro la presión de no ceder ante exigencias hechas a punta de secuestros.
La reacción del Gobierno indica que no entiende que los remanentes colombianos nos han declarado una guerra. El Ministro de Defensa, Patricio Zambrano, se rehúsa a ponerle nombre a la crisis. Prefiere los sofismos académicos y la cataloga como una situación compleja producto de nuevas amenazas de seguridad: mientras los remanentes colombianos están cerca de lograr sus objetivos militares con el intercambio de prisioneros, nuestro gobierno no está luchando una guerra sino lidiando con un “problema de delincuencia nuevo, complejo, y nunca antes visto”.
El problema de esto, más allá de la académicamente interesante pero operativamente irrelevante discusión sobre la mejor tipología para clasificar estos grupos, es que perdemos tiempo en retomar la iniciativa. Se necesita una estrategia militar clara que irrumpa y neutralice las operaciones ofensivas de los remanentes. Solo así volverá la calma y la seguridad a la población fronteriza.
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La incómoda posición del gobierno del Ecuador es que sus alternativas parecen una situación de perder-perder.
Si cede y libera a un irregular, los remanentes colombianos habrán logrado una victoria estratégica. Militarmente, esto podría devenir en nuevos ataques contra tropas ecuatorianas orientadas a secuestrar personal militar o nuevas emboscadas contra unidades militares. Las unidades blindadas desplegadas en San Lorenzo son blancos ideales contra explosivos improvisados porque están ubicadas en calles estrechas y porque sus chasis no son lo suficientemente altos, curvos y blindados para tolerar explosivos en el suelo. Parecería que el alto mando de la Fuerza Terrestre ha olvidado que es un serio error táctico desplegar tropas blindadas sin entrenamiento especial en combate en zonas urbanas para lidiar con irregulares preparados para ese tipo de enfrentamiento.
En el caso de los secuestros, los remanentes podrían apuntar a autoridades locales esmeraldeñas: alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, o miembros de la sociedad civil como periodistas, religiosos, activistas sociales. Las operaciones serán relativamente fáciles debido a la cercanía de la frontera internacional de los centros urbanos esmeraldeños o de provincias como Carchi e Imbabura.
Si no cede a la presiones de los secuestradores, su postura frente a la sociedad civil parecerá cruel y repudiable para un país que valora la paz y la vida. Más aún cuando todavía permanece en la memoria colectiva el rescate armado de Nahim Isaías que terminó, en 1985, con la muerte del rehén.
Si esa fuera la decisión del gobierno, su actuación tendría que ser de precisión quirúrgica para no repetir ese trágico desenlace. Necesitaría comprar tiempo para que las operaciones de inteligencia encuentren el lugar donde están los periodistas, y definan el mejor lugar para que el operativo sea exitoso.
No ceder a las demandas de los secuestradores tendría un fundamento militar: hacerlo podría generar un mayor riesgo. Pondría en riesgo a la gente de Esmeraldas, y potencialmente, a la de Carchi, Imbabura, Manabí, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos porque el mensaje que entenderían estos remanentes de guerrilleros (con capacidades probadas para usar tácticas terroristas e irregulares contra la población civil) es que secuestrar funciona. Vendrían más secuestros y atentados. Esta forma de sopesar los posibles escenarios es algo que sucede con frecuencia en los conflictos: cuando Alan Turing descifró el código Enigma nazi, no podían impedir todos los ataques contra convoyes logísticos británicos —hacerlo les habría revelado a los alemanes que el código había sido descifrado, lo que los llevaría a mejorarlo.
El rango de acción del gobierno ecuatoriano es muy estrecho: las dos opciones que maneja contraponen la cuestión humanitaria con la que todos nos solidarizamos (el retorno con vida de los 3 periodistas) y la cuestión militar (de fortalecer al enemigo).
Ambas podrían tener gravísimas consecuencias. En la del rescate, el mal récord de nuestras fuerzas supone un riesgo que las familias, amigos, colegas —y los mismos secuestrados— no querrían soportar, y que potencialmente podría terminar en desgracia. En la de la negociación, podría significar la validación del secuestro como una herramienta de negociación.
Esa es la precaria situación de seguridad que vivimos.
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Para no volver a tener una situación de esta naturaleza, es necesario cambiar el enfoque de la estrategia militar del Gobierno.
Basta de hablar de nuevas amenazas de seguridad o de crear capas de burocracia como los nuevos Consejos de Seguridad y de Seguridad Fronteriza creados por el presidente Moreno. Ambas acciones lo único que hacen es retardar el trabajo necesario y venderle a la población una ficción que muestre acción por parte de su gobierno.
El cambio de enfoque es aceptar que estamos en guerra y que la estamos perdiendo: los remanentes están teniendo éxito en socavar el ánimo y confianza de nuestra población.
En este cambio de enfoque es esencial que el Ministerio de Relaciones Exteriores pase a ser más activo y asertivo en obtener una ofensiva militar colombiana en el suroeste de su país. En lugar de darle la vuelta al mundo buscando ser nombrada Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ministra María Fernanda Espinosa tiene que buscar incrementar la presión sobre Colombia para que sus tropas lancen una campaña ofensiva que irrumpa las operaciones de los remanentes que están atacando al Ecuador. Si esto no es posible, entonces la Ministra debe lograr que Colombia acepte que es una situación en la que el Ecuador no podrá honrar compromisos como el respeto a la soberanía colombiana.
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Es indispensable que el Gobierno y la sociedad seamos más constructivamente críticos de nuestros militares. El secuestro de los periodistas fue un error militar y esto no ha sido observado por ningún actor político que ha criticado la labor del gobierno. Lo fue porque demostró una falta de sensibilidad operacional y estratégica por parte del oficial o voluntario a cargo del retén por donde pasaron los periodistas toda vez que no se les ofreció una escolta que fácilmente pudo haber sido coordinada.
Este error se suma al totalmente inepto empleo de unidades blindadas en San Lorenzo, el empleo de tácticas contrainsurgentes anticuadas como patrullas temporales, y otorgar el comando de operaciones más de carácter contrainsurgente y contraterrorista a un contralmirante especializado en operaciones submarinas.
Si no somos constructivamente críticos de nuestros militares no veremos resultados estratégicos favorables. Aquí hay que recordar que Von Clausewitz explicó que las guerras son luchadas por la nación, el gobierno, y el ejército… No solo el último.
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Hay que considerar una estrategia militar que combine operaciones clandestinas de inteligencia con operaciones de guerra no convencional.
Las primeras deben dirigirse a la decapitación del liderazgo de los remanentes que han atacado a civiles y tropas ecuatorianos. Deben ser de tal naturaleza que hagan que estos pasen más tiempo tratando de protegerse en lugar de planificar atentados.
Se debe poner especial cuidado en atacar solo a irregulares extranjeros: emplear tales acciones contra ciudadanos ecuatorianos sería difícil de justificar incluso si los mismos han emprendido acciones de guerra contra el Ecuador. Para quienes tienen nacionalidad ecuatoriana se debe considerar la cooperación con Colombia para su captura.
Estas operaciones deben entrelazarse con operaciones no convencionales en Esmeraldas, Carchi, y Sucumbíos dirigidas a asegurar los pueblos pequeños remotos que forman el cordón fronterizo.
El objetivo es realizar acciones militares que recuperen la confianza de los pobladores. Solo así se convertirán en proveedores de inteligencia para detectar a los irregulares y neutralizarlos. Para lograr esto es necesario cambiar la estructura de mando actual poniendo el peso de las operaciones no convencionales sobre el Comando Operacional Norte al mando del general Angel Proaño.
El general Proaño debe cambiar nuestras actuales tácticas y operaciones. Hay que terminar con las operaciones de patrullas temporales y de los puntos de seguridad sin sentido. Es necesario destacar tropas en localidades remotas clave para que ejerzan presencia, y hay que operar sin complicar la ya difícil vida que tienen los habitantes de la frontera.
También hay que priorizar al Comando Norte para que disponga de todos los medios de transporte aéreo táctico de las tres fuerzas. Esto significa eliminar el empleo de todos los helicópteros militares en tareas subsidiarias, e inclusive desplegar aquellos que estén destacados en el centro o sur del país. Lo mismo se debe hacer con las aeronaves tripuladas y no tripuladas de vigilancia que estén operativas.
Además, hay que buscar cooperación adecuada. Esto implica aceptar que Estados Unidos —a pesar de todos sus modernos sistemas de reconocimiento y combate— no tiene un buen récord en ganar guerras no convencionales. Fueron derrotados en Vietnam de la manera más clara e impactante, han sido incapaces de derrotar al Talibán en Afganistán, y nunca supieron si estaban luchando una contrainsurgencia o una guerra civil en Irak.
Sin embargo, existen países con un buen registro en este tipo de guerras: Vietnam, el Reino Unido, y Brasil. Vietnam fue el país que precisamente logró combinar magistralmente las capacidades operativas y tácticas de sus guerrillas y ejército para formar un potente instrumento de combate que derrotó a Vietnam del Sur y Estados Unidos.
El Reino Unido es conocido por su magistral desempeño en operaciones de contrainsurgencia tales como la supresión de la rebelión comunista en Malasia en los años cincuenta. Brasil, por otro lado, tiene una experiencia importante en luchar contra bandas criminales que usan la amplitud y vegetación de la selva amazónica para ocultar sus actividades ilícitas. Esas son las puertas que debemos toca para obtener cooperación táctica, operacional y estratégica para ganar esta guerra.
Si no tomamos lo que sucede en la frontera norte con la seriedad —humanitaria, diplomática y militar— que exige la situación, muy pronto estaremos lamentando nuevas víctimas de grupos como los que dirige Guacho. Este es, quizá, uno de los más grandes desafíos que enfrenta el Ecuador.
El Ecuador no sabe qué hacer con su ejército de PhDs
Una serie de reportes de prensa ha puesto en duda el impacto y beneficio del programa de becas implementado en el gobierno anterior. Según una de las notas periodísticas, el gobierno ecuatoriano habrá invertido 105,6 millones de dólares en becas para estudios universitarios en el 2017 e invertirá otros 90 millones en 2018. Es cierto que al país le beneficia tener ciudadanos más y mejor educados, pero es necesario saber cuáles son los resultados de una de las políticas públicas que más atención ha llamado en los últimos años.
¿De qué sirve tener miles de másters y PhDs? Y, ya que la inversión está hecha, ¿qué se puede hacer para obtener más beneficios de ella?
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La narrativa del gobierno anterior decía que la investigación llevaría al país al desarrollo. Que para hacerlo se requerían PhDs —investigadores entrenados para contribuir el conocimiento en alguna área del saber. La universidad ecuatoriana tenía pocos, y por ello el Estado debía invertir en su formación. Es más, la política de becas debía ser un elemento adicional para ‘el cambio de la matriz productiva’. El alto precio del petróleo financió PhDs para generar investigación científica e innovación, para diversificar la economía del país, y con ello, conducir al Ecuador al desarrollo. Ese era el plan.
Sin embargo, la evidencia que tenemos hasta ahora sugiere que la política de becas no estuvo conectada con una política de diversificación productiva. A esa conclusión llega Christian Escobar en un artículo publicado en la revista Mundos Plurales. Escobar dice que las áreas de conocimiento a las que se asignó más becas no coinciden con los sectores que se debían supuestamente incentivar.
Es más, la implementación del programa de becas parece tampoco ir de la mano con parte de la política de Educación Superior actual. La ampliación del plazo para que las Universidades contraten docentes con PhD a tiempo completo (en la propuesta de reforma a la ley de Educación Superior) tampoco es consistente con un número creciente de becarios retornados y por retornar: el Estado modula la demanda de PhDs mientras que su oferta crece (gracias a un subsidio del mismo Estado).
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Si la política de becas parece desconectada de otras, ¿hacia dónde va?
Temo que nadie sabe, ni siquiera los que la dirigen. Según una noticia reciente, algunos becarios enfrentan problemas para conseguir trabajo. Es cierto, esta nota muestra algunos casos específicos, y no sabemos si existen diferencias significativas entre becarios y no becarios en el mercado laboral, si los becarios son más o menos propensos a conseguir un empleo formal, y si tardan más tiempo en encontrarlo. Pero deberíamos saberlo. Debemos conocer cuál es el retorno que ha generado este programa.
Un primer paso sería, como un grupo de exbecarios sugirió, realizar un censo. Es más, el gobierno y el país debemos estar interesados en una evaluación total del programa de becas (me fue imposible encontrar el presupuesto ejecutado en becas de los últimos años cinco años, tanto en la página web de la Senescyt como en la del Ministerio de Finanzas).
No se puede reajustar una política si no contamos con evidencia para evaluar su implementación. Es probable que una evaluación de esta política traiga algunas decepciones. Por ejemplo, un mal proceso de selección de becarios. Pero debemos transparentar los aciertos y los errores.
Una digresión sobre la investigación académica es necesaria: los investigadores contribuyen al conocimiento de un área disciplinaria o temática específica. Es obvio que para investigar se requiere investigadores. Pero lo que no es tan obvio es que con eso no basta. Además de contar con personas con conocimientos específicos, se necesitan recursos (insumos, laboratorios, software, trabajo de campo, conferencias, etc.) y experiencia. Lo que no necesita el país es un ejército de PhDs que no investigue, que esté desempleado, o inundado de horas de clase y de trabajo administrativo. Sería un torpe uso de los cien mil a quinientos mil dólares que seguramente costó, individualmente, su formación.
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Para buena suerte de las autoridades, no tienen que inventar la rueda: se puede aprender de programas similares. Colombia, Chile o México, por citar algunos casos, pueden informar a cualquier persona interesada y con acceso a Internet.
En Colombia, por ejemplo, el esquema de ayuda para estudios de cuarto nivel incluye un componente de beca y un crédito; es más, becarios pueden convertir su beca en un crédito educativo. Dependiendo de algunas condiciones, la sociedad colombiana puede obtener un mayor beneficio recuperando el dinero invertido (con intereses) que condenando a un PhD en robótica al subempleo. El retorno social es más alto en el primer caso.
En Chile, los becarios tienen un plazo de ocho años para retornar a su país: de pronto es mejor contar con un investigador con experiencia, con capacidad de aplicar a fondos de investigación internacionales, con publicaciones (relevantes) a su haber, y con una red de contactos global tras ocho años, que tener un PhD recién graduado que apenas podrá dar continuidad a su tesis doctoral, que difícilmente emprenderá proyectos de investigación de mediano plazo y que dedicará sus años de investigador de mayor productividad al trabajo administrativo y a la docencia.
El país requiere transparencia y sinceridad sobre los resultados de la política de becas. Son recursos públicos los que se han invertido en ella. La voluntad de escuchar y enderezar que las nuevas autoridades de educación superior tuvieron en otros casos también debe manifestarse en, al menos, una evaluación al programa y, sobre todo, cómo mejorarlo para que el país obtenga el mayor beneficio posible.
El asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas conmociona al Ecuador
Los periodistas secuestrados desde el 26 de marzo fueron asesinados, según confirmó el presidente Lenín Moreno al mediodía del viernes 13 de abril. Las primeras noticias sobre el asesinato se difundieron la tarde del jueves 12 de abril a través de medios colombianos: el canal de televisión colombiano RCN dijo que había recibido imágenes en las que se veían los cuerpos de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra y que éstas habían sido remitidas a dos organizaciones de defensa de la libertad de prensa: Fundamedios, en Ecuador, y la Fundación Para la Libertad de Prensa, en Colombia. Otros medios colombianos como Caracol Radio replicaron la noticia.
La detención de Iván Espinel en Contexto
El ex candidato presidencial y ex ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel fue detenido la madrugada del sábado 7 de marzo de 2018. La detención se produjo luego del allanamiento de su casa, ubicado en una urbanización de la vía a Samborondón, un sector de alta plusvalía en las afueras de Guayaquil. Espinel es investigado por un presunto lavado de activos. Por el mismo caso fue detenido Walter Andrade Muñoz.
Iván Espinel renunció como Ministro de Inclusión Económica y Social el 12 de diciembre de 2017, luego de que fuera cuestionado por no poder justificar el origen del dinero con el que compró su casa. Además, tenía varios informes de Contraloría en su contra.
Anunció su renuncia en el Consejo Nacional Electoral, al que acudió junto a simpatizantes de su movimiento Fuerza Compromiso Social, para inscribirse para hacer campaña por el Sí en la consulta popular de febrero de 2018. Dijo que dejaba el cargo para dedicarse al proselitismo por el Sí.
En una entrevista al diario español ABC, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo sobre Espinel: “Fue un muy buen aliado, un aliado leal, tenemos una buena amistad” y explicó que el exministro se había “hecho a un lado para defenderse de las acusaciones sin que haya injerencia y para que no afecte a la confianza en el Gobierno”.
¿Qué se decidió en la audiencia de formulación de cargos?
El 7 de abril de 2018 se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Iván Espinel y Walter Andrade. Duró tres horas. La Fiscalía solicitó a la Jueza de Garantías Penales de Samborondón, Paola Dávila, que se acepten los cargos por lavado de activos en contra del exministro y su asesor. Como medidas cautelares, solicitó la prisión preventiva de los involucrados, y también pidió la prohibición de enajenación de un bien inmueble y de un vehículo, y el congelamiento de fondos.
Entre las pruebas que la Fiscalía presentó están el reporte de operaciones inusuales e injustificados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del periodo 2010-2016, el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado (2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) entre 2010 y 2016. La jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra de los dos acusados.
En caso de que los procesados sean declarados culpables, serán sancionados de acuerdo al artículo 317 del Código Integral Penal (COIP): una pena privativa de libertad de hasta 13 años.
¿Qué decían los informes de la Contraloría en su contra?
La Contraloría General del Estado realizó varios informes a la gestión de Iván Espinel como director del IESS en la provincia del Guayas. El sitio web de la entidad publica una nota de diario La Hora de noviembre de 2017, en la que se mencionan 11 informes. En una publicación de diario El Comercio de enero de 2018 se reportaban seis informes.
Entre las presuntas irregularidades determinadas por la Contraloría, están los pagos excesivos a clínicas privada. Un informe de Contraloría de agosto del 2016 dice que habría 393 mil dólares de presunta sobrefacturación en perjuicio del Estado. Por ese caso, la Fiscalía formuló cargos en enero de 2018.
¿Quién es Iván Espinel?
José Iván Espinel Molina nació el 20 de marzo de 1983 en Chone, provincia de Manabí. En esa ciudad, cursó la primaria en la Escuela Fiscal República de México y la secundaria en el Colegio Nacional Amazonas. Estudió medicina en la Universidad de Guayaquil, y es magíster en gerencia en servicios de la salud por la Universidad Católica de Guayaquil.
Es el último de tres hermanos. Sus padres son Carolina Molina y Rodolfo Espinel. Es primo de Fernando y Vinicio Alvarado, exministros de Rafael Correa, quienes también son investigados por la Fiscalía y la Contraloría por sus patrimonios. Está casado con Verónica Alchundia, con quien tiene 2 hijos.
Fue director del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Durán en 2011. En 2013, fue director del IESS en Guayas. Es por su actuación en este cargo que es investigado.
En 2017, fue candidato presidencial por el movimiento Fuerza Compromiso Social que él mismo fundó. Iván Espinel fue el candidato más joven de la historia que intentó llegar a la presidencia. Obtuvo 299 mil 840 votos (un poco más del 3% del padrón total).
La explosión en Quinindé, en Contexto
¿Qué pasó en Quinindé?
La Secretaría Nacional de Comunicación informó que el 4 de abril de 2018 hubo una detonación cerca del puente sobre el río Viche, en Quinindé, Esmeraldas. Este atentado se produjo aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, no hubo víctimas.
¿Qué dijeron las autoridades?
El ministro del Interior, César Navas, dijo que la detonación se dio con un dispositivo artesanal conocido como anfo aunque “al principio se pensaba que su objetivo era el puente, después de las investigaciones se descubrió que era una torre eléctrica”, para dejar sin luz a toda la población —la torre abastece a seis de los siete cantones de Esmeraldas—. La explosión dañó las bases de la torre, que quedaron suspendidas en el aire por los cables, luego de la explosión.
¿Hay detenidos?
El 4 de abril, el Ministro de Defensa, Patricio Zambrano, informó que se capturó a cuatro de los presuntos autores de la detonación —tres ecuatorianos y un colombiano— en el puente de Viche, del cantón Quinindé, en Esmeraldas. Dos fueron detenidos en el sector Villa Bonita y los otros en los cantones Río Verde y Palestina.
¿Quiénes son los detenidos?
Los detenidos serían parte de las filas del grupo Oliver Simisterra comandado por alias el Guacho, disidente de las Farc y a quien las autoridades ecuatorianas y colombianas responsabilizan por los atentados en Esmeraldas y del secuestro del equipo periodístico de El Comercio. Según informó el Ministerio de Defensa de Colombia, uno de los detenidos sería pariente de alias el Guacho.
En la noche del 4 de abril, también se detuvo a una mujer en el sector Tiwintza, al sur de Esmeraldas, porque en su domicilio se habrían elaborado los explosivos usados en el ataque.
La Fiscalía informó que la madrugada del 5 de abril de 2018 se detuvo, en un allanamiento, a tres personas —Eliecer D., Winner A., y Carlos M.— en el cantón de San Lorenzo, en Esmeraldas. Tenían “rollos de cable que presuntamente fueron utilizados para elaborar la mecha de los explosivos, baterías, 223 municiones y teléfonos celulares” que se usaron en el delito.
En caso de que se demuestre su culpabilidad los detenidos enfrentarían una pena de 10 a 13 años de prisión por el delito de terrorismo, como lo establece Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 366.
El secuestro de los tres periodistas en Mataje, explicado
Según un comunicado del Gobierno Nacional, el delito se habría cometido el lunes 26 de marzo de 2018.
El 26 de marzo de 2018, dos periodistas y un conductor de El Comercio habrían sido secuestrados en Mataje mientras reporteaban en la zona. Así lo informó el gobierno del Ecuador mediante un comunicado difundido la noche de ese mismo día. “Frente a estos hechos, el Gobierno Nacional ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos” dice el boletín.
Según la información divulgada por la Secretaría Nacional de Comunicación, los ministros de Defensa e Interior y el Fiscal General del Estado se han reunido con los familiares de los dos periodistas y del conductor, y con los directivos del diario.
Según un comunicado del Gobierno Nacional, el delito se habría cometido el lunes 26 de marzo de 2018.
El 26 de marzo de 2018, dos periodistas y un conductor de El Comercio habrían sido secuestrados en Mataje mientras reporteaban en la zona. Así lo informó el gobierno del Ecuador mediante un comunicado difundido la noche de ese mismo día. “Frente a estos hechos, el Gobierno Nacional ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos” dice el boletín.
Según la información divulgada por la Secretaría Nacional de Comunicación, los ministros de Defensa e Interior y el Fiscal General del Estado se han reunido con los familiares de los dos periodistas y del conductor, y con los directivos del diario.
Según un comunicado del Gobierno Nacional, el delito se habría cometido el lunes 26 de marzo de 2018.
El 26 de marzo de 2018, dos periodistas y un conductor de El Comercio habrían sido secuestrados en Mataje mientras reporteaban en la zona. Así lo informó el gobierno del Ecuador mediante un comunicado difundido la noche de ese mismo día. “Frente a estos hechos, el Gobierno Nacional ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos” dice el boletín.
Según la información divulgada por la Secretaría Nacional de Comunicación, los ministros de Defensa e Interior y el Fiscal General del Estado se han reunido con los familiares de los dos periodistas y del conductor, y con los directivos del diario.
¿Cuándo es el periodismo?
Conversaba con estudiantes sobre lo que implica el periodismo y lo que significa la ética profesional en ese campo. Cuando hablo con ellos los escucho, discutimos, conversamos alrededor de los distintos criterios que aparecen en el salón. Las conclusiones suelen ser interesantes, especialmente porque surgen de ese diálogo, que también es parte del periodismo. El periodismo, antes que el mejor oficio del mundo —un lugar común a estas alturas—, es una experiencia comunitaria. Por eso, en clase discutimos que la ética sobrepasa a ‘decir la verdad’, contar ese mundo objetivo, presentar los hechos como son. La ética es siempre. Es hacer el trabajo. Entender que tratamos con seres humanos y buscamos informar a seres humanos. Que somos seres humanos en ese nivel. Ética periodística es comprender la dimensión de lo que hacemos, su importancia y la responsabilidad que nos endilga. Ética es también tener un buen manejo del lenguaje, por ejemplo —tal como lo ha recomendado Javier Darío Restrepo—, es manejar las herramientas, es no cambiar una coma para alterar el sentido de una oración. El periodismo es ética.
Esa ética nos vuelve responsables con el acto de contar el mundo. La ética nos lleva a pensar en los rigores del oficio, en el esfuerzo necesario para ser un buen profesional, en el compromiso de ir a lugares o espacios complicados para contar lo que está sucediendo. Esa ética nos obliga a buscar ese por qué profundo.
Hablamos sobre la posición en que eso nos coloca como seres humanos. Cómo la profesión nos interpela todo el tiempo. Cuán necesario es que el periodista cuestione sus ideas y no crea que tiene la única versión posible de las cosas. Hablamos sobre que el mejor periodista es el que duda y el que busca resolver esa duda a través de la investigación. Y me dijeron que eso también significaba que ejercer el oficio nos expone como personas.
No lo había pensado así. No en ese nivel. La realidad más cercana no nos daba razones para verlo de esa manera.
Hasta el martes, cuando nos levantamos con la noticia de que un equipo periodístico de diario El Comercio, compuesto por tres personas, había sido secuestrado en la frontera con Colombia, en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas. Zona que, es evidente, ya no está en control de las autoridades ecuatorianas.
Varias bombas, enfrentamientos, amenazas de bombas, heridos y fallecidos. La situación es para nada sencilla, pero debe ser informada, contada, reconstruida a partir de sus pedazos para volverse periodismo.
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Discutimos el secuestro en clase, si es que se puede discutir algo sobre este hecho noticioso sin sentirnos afectados. Hay riesgos en la profesión y ahora son más reales en el país. Y la exigencia al Gobierno sigue siendo fuerte, porque deben volver los tres, deben estar ya aquí entre nosotros. Antes estas cosas parecían tan lejanas, ahora las tenemos a la vuelta de la esquina.
¿Se puede enseñar periodismo en estas circunstancias? ¿Cómo quitar el temor en el rostro de jóvenes que te miran como si no pudieran creer lo que está pasando? No lo sé.
Solo entiendo que el periodismo se vuelve mucho más necesario en circunstancias así. Existe.
El periodismo está junto a nosotros cuando lo necesitamos. El periodismo es real cuando nos muestra el mundo, no lo que alguien quiere que se vea —ni siquiera tu jefe o editor—, sino los hechos. Por eso no hay mucho sentido en que ayer, en la rueda de prensa que dieran autoridades del país sobre el tema, el ministro del Interior, César Navas, hiciera referencia a que a los periodistas de El Comercio se les advirtió del peligro que corrían al estar en esa zona. No tiene sentido porque esa es una advertencia que no está en el ADN de la profesión, la escuchamos, tomamos recaudos, pero debemos ir. No interesa el resto. Hay que sacar datos, mostrar lo que pasa ahí.
Un Estado responsable le da resguardo a los periodistas en espacios así, para reducir cualquier posibilidad de peligro real. Las advertencias no importan. Las advertencias nos dicen que lo que sucede en Mataje debe contarse con profundidad. Incluso hoy con más fuerza, cuando tres colegas están retenidos en contra de su voluntad.
Entendemos esa responsabilidad, hacer periodismo es algo que les debemos por ese esfuerzo y este terrible momento que están pasando ahora tres colegas. Hay que ser más periodistas.
El periodismo es ahora.
Debemos ser ese periodista que entienda que es un ciudadano más, que está en capacidad de exigir a las autoridades que esto se solucione rápido. Un periodista que cuente qué está pasando en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de hoy, 28 de marzo, que nos revele las razones detrás del secuestro, si es o no ‘alias Guacho’ —el líder de este grupo disidente de las FARC— el responsable.
Solo el periodismo se salva con más periodismo.
Nuestros colegas regresarán. Deben regresar. El periodismo necesita que estén entre nosotros.
Hablar de periodismo con los estudiantes te hace pensar de mejor manera en la profesión. Entenderla desde el idealismo, que es lo que nos queda en estos momentos de miedo.
Los taxistas contra sus usuarios
Todos tenemos una historia con un taxista. La mía es esta: hace poco me volví a subir, por primera vez en meses, en un taxi amarillo. Enfocado en enviar tuits sin mayor importancia y tratando de ignorar la radio a todo volúmen, llegué a mi destino sin darme cuenta de que el chofer no había puesto el taxímetro.
—Tres dolares, me dice el chofer, sin regresarme a ver.
—Pero la carrera cuesta 1,50. La hago dos veces a la semana.
—Son tres dólares señor, ya es de noche, me responde, agregando datos adicionales de la hora para tratar de justificar su mini-estafa.
Juré que me dijo “buenas tardes” cuando me subí, pero me di cuenta que la pelea no se ganaría con un informe técnico de lo sucedido.
—¿Y por qué no puso taxímetro?
—¿Por qué no me dijo que ponga?
—¿Cuántos años lleva usted de chofer?
—10 años.
—¿Y por qué después de 10 años aún necesita que la gente le recuerde que ponga su taxímetro?
Al final nos ponemos de acuerdo en un precio que le favorece. Antes de bajarme, le pregunté si entiende por qué los usuarios como yo preferimos Uber y Cabify. Me respondió que él ofrece un nivel de profesionalismo y seguridad que ellos no podrían ofrecer. “Atentan contra nuestros derechos”, me dijo.
Me bajé del auto reflexionado sobre una diferencia lingüística entre el inglés, mi idioma natal, y el español, mi idioma adoptado, con la palabra “derechos”.
En inglés, la palabra para derechos puede tener dos acepciones: rights y entitlement. La primera se refiere a los derechos humanos, propiamente, aquellos consagrados en la Declaración Universal de Derechos. La segunda, entitlement, se define como la creencia de que uno merece ciertos privilegios.
Los choferes de taxis en el Ecuador parecen confundir entre una definición y otra. Por eso es tan difícil llevar a cabo una conversación productiva con los miembros de ese gremio.
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Había una época cuando los choferes de taxis tenían el poder de paralizar Quito. Su poder de convocatoria podía poner de rodillas a los gobiernos de turno, pero su marcha de hoy convocó apenas a cientos (y no miles) y ha durado apenas un par de horas.
Antes de la época del Internet, los taxistas eran influyentes. Pasaban horas enteras evangelizando a sus clientes. Sus opiniones podían esculpir la opinión pública. Cuando un político tenía al gremio taxista de su lado era el equivalente a tener hoy en un monopolio en redes sociales.
Pero a raíz del internet, los taxistas son simplemente un sector más que perdió el poder. Sus historias ya no pegan porque su audiencia los ha abandonado. No importa la historia que cuenten los taxistas, su enemigo no es la tecnología: es la viveza criolla con que dominaron su negocio.
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La primera plataforma que entró a Ecuador para actuar como un intermediario entre la oferta y demanda de transporte fue EasyTaxi. EasyTaxi tuvo un éxito de corto plazo porque hizo más eficiente la búsqueda de un Taxi, pero fue muy rápidamente reemplazada por Cabify.
A diferencia de EasyTaxi, Cabify se preocupa por la experiencia de sus usuarios desde que el instante que ‘pide’ un carro hasta que llega a su destino. Cabify se toma el tiempo de capacitar a sus choferes, y los mismos usuarios dan retroalimentación constante sobre la efectividad de aquella capacitación.
Los choferes de Cabify se preocupan por el volumen de la radio, que el usuario tenga agua, que la temperatura de la unidad sea de la satisfacción del cliente. Usan Waze —un posicionador satelital— para asegurar un viaje en el mínimo tiempo posible. Los precios de Cabify en general son predecibles y constantes. No hay necesidad de llevar monedas. Si pierdes alguna pertenencia en un Cabify, hay forma de rastrear la unidad y el chofer y tratar de recuperarla. Las unidades están en buenas condiciones. Todos aquellos detalles son condiciones básicas de buen servicio que el gremio de taxistas no ha sentido la urgencia de implementar.
En lugar de gastar tiempo y energía organizándose para ofrecer un mejor servicio, los taxistas prefieren organizar una marcha y usar lo que queda de su poder político para presionar a las instituciones del Estado para proteger sus privilegios de otros tiempos.
A las puertas de un año electoral, los políticos que se asustan con facilidad, como el invertebrado Alcalde de Quito, les prometen seguir acosando a las multinacionales invasores con multas. Y como no tienen el coraje de cerrar servicios que son buscados y celebrados por la ciudadanía, esos políticos prefieren multar e incautar autos de gente honesta para que parezca que hacen algo. Y sí están haciendo algo: castigando la innovación.
Las plataformas de Uber y Cabify no son perfectas. Una vez, por ejemplo, me subí en un Cabify y me di cuenta de que había dos personas adentro, el chofer y un pasajero. Me sentí incómodo, pero como mi viaje no era largo, puse la dirección y seguí con los dos. Me bajé del auto y califiqué con la nota más baja posible (1 de 5) al chofer.
En pocos minutos, me llamó alguien de servicio al cliente, preguntando sobre mi evaluación. Expliqué el escenario y me dijeron que iban a suspender inmediatamente al chofer hasta investigar qué pasó. Era un domingo de noche, y aún así estaban pendientes de mi bienestar.
Esa es una diferencia clave entre los taxis amarillos y sus adversarios: cuando un usuario tiene una mala experiencia en un taxi amarillo, no hay quién se responsabilice. El gremio taxista quiere los beneficios de la formalidad, pero no quiere aceptar la responsabilidad de brindar un servicio responsable, seguro y de alta calidad. Cuando un taxista en Guayaquil me amenazó con violencia por insistir en el uso del taxímetro (“aquí no usamos” fue su excusa), no hubo un número al que llamar, una evaluación que realizar, un agente de servicio al cliente que se preocupe del caso.
En el imaginario del transportista urbano, los taxistas y los choferes de bus tienen el derecho de abusar. Lo piensan porque ciertos políticos, incluyendo los alcaldes de Guayaquil y Quito, prefieren sacrificar el bienestar de sus ciudadanos con tal de mantener el decreciente poder del gremio taxista. Muy pronto su mezquindad les pasará factura.
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Hay varias historias que podemos contar sobre la pelea entre el gremio de taxis y las empresas multinacionales Uber y Cabify. Podemos hablar de los choferes de taxis amarillos que se sienten que su bienestar y el de su familia está amenazado por poderosas multinacionales que se aprovechan de la informalidad para ofrecer una competencia desleal.
Podemos hablar de la gran cantidad de personas desempleadas o migrantes venezolanos que han encontrado en Cabify y Uber una boya salvavidas en tiempos difíciles. Podemos conversar de los choferes honestos de taxis amarillos que son manchados por sus compañeros abusivos.
Podemos hablar de los políticos debiluchos que piensan en la seguridad de los ciudadanos sólo después de contar votos.
Podemos hablar de casos de éxito como Uruguay que logró encontrar soluciones a través de políticas públicas que permiten la operación de empresas como Uber junto al gremio de taxis formales, evitando la pelea innecesaria que ahora vemos en Ecuador.
Todas son historias verídicas y válidas.
Pero al final, la historia que cuentan los ciudadanos es una historia de abuso por viveza criolla, y ese antagonista nace aquí, en el Ecuador. No es un invasor extranjero: en el mundo de negocios las empresas no mueren, se suicidan. Se matan por no adaptarse al cambio que se da al nivel mundial, al nivel social, y también a los cambios que se an dentro de su industria.
En el caso de los taxistas que se tomaron las calles de Quito para hacerse escuchar, la tecnología es una distracción, una narrativa que no produce un fin creíble: no son las aplicaciones las que los están golpeando, es el abandono de sus usuarios que ahora tienen una alternativa a su mal servicio.
En el corto plazo puede ser que sus tácticas de intimidar a un débil Municipio funcionen. Capaz los funcionarios harán eco de sus llantos: a ellos les encantan las historias del ecuatoriano como inocente explotado por fuerzas extranjeras; sus militantes incluso pueden grafitear “¡Fuera X del Ecuador!” en los muros de la capital. Pero en el largo plazo los taxistas encontrarán a su enemigo en el único lugar que no han buscado: el espejo.
César Cedeño: “La de Guacho es un híbrido entre organización criminal y organización insurgente”
El nivel de violencia en la frontera con Colombia está en uno de sus puntos más altos. Las tres muertes y los cuatros atentados con bombas elevan la vara del terror en una zona históricamente conflictiva. Una célula disidente de las FARC colombianas que no se acogió al proceso de desmovilización ha plantado cuatro bombas en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. La última de estas detonaciones asesinó a tres infantes de marina que patrullaban una vía de la población de Mataje. ¿Qué poder militar tiene el grupo que sería responsable del ataque y que estaría bajo las órdenes de un ecuatoriano conocido como ‘Guacho’? El experto en operaciones militares César Cedeño responde a esa pregunta.
¿De qué tamaño es esta fuerza que comandaría alias Guacho?
De acuerdo a lo que yo he leído del proceso de desmovilización, y de la organización de combate de las FARC, es básicamente una unidad operacional bajo el mando de Gaucho. Por una unidad operacional me refiero a la organización que agrupa las capacidades de combate de mayor peso que son los frentes.
Los frentes tienen unidades tácticas que son suborganizaciones de combatientes que tienen armas más ligeras y que operan coordinadamente para avanzar las aspiraciones del frente. El frente se convierte en una especie de gran subsidiaria y las unidades tácticas se convierten en especie de agencias de esta gran subsidiaria.
De lo que he leído, se calculaba que esos frentes antes de la desmovilización tenían entre 5 a 10 mil combatientes. Supongamos que el proceso de paz ha logrado que al menos el 50% de los combatientes abandonen las armas. Es una premisa un poco optimista porque al parecer la desmovilización ha sido solo para los altos jerarcas de las FARC, para los comandantes de estos frentes, pero para los fines de esta pregunta digamos que se desmovilizó la mitad. Yo diría que el frente comandado por Guacho, debe tener entre 1500 a 2500 efectivos, porque con la desmovilización los frentes se han dedicado más a tareas criminales, que requieren que se descentralicen, y ahí surgen rivalidades entre los cabecillas, por lo que podríamos decir que ese es el número, entre 1500 y 2500, el primero en un escenario optimista, y la segunda cifra en un escenario conservador.
Quiere decir que uno de los efectos colaterales de la desmovilización de las FARC es esta creación de estas células, ¿cómo debemos llamarlas?
Nuestras Fuerzas Armadas las llamaban, hasta antes de los ataques de Mataje, Grupos Armados Irregulares de Colombia. Ahora, después de los ataques, los llaman Grupos Armados Operativos Residuales. Formas de llamar a estos remanentes de las FARC vas a encontrar muchísimos. Yo les llamaría remanentes.
¿Son un producto del proceso de paz?
Voy a responder con otros casos. En la guerra civil salvadoreña pasó lo mismo: las maras que hoy día son tan famosas por su incidencia en la seguridad ciudadana de América Central y Estados Unidos, fueron producto de ese proceso de paz. Exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que no se desmovilizaron, usaron sus habilidades de combate para dedicarse a actividades criminales. Eso son las maras.
Ese caso muestra que, en efecto, esto es lo que puede estar pasando en el proceso de paz colombiano. Es probable que estos remanentes de las FARC hayan tomado una decisión simplemente racional para no desmovilizarse: un cálculo de utilidades esperadas versus costos esperados. Si se mantenían en la insurgencia, los retornos podían ser muy importantes en términos del comercio de estupefacientes y armas. El costo es el que ya tenían: el acoso constante del ejército y la policía colombiana.
Alguien en esa situación puede decidir, de forma racional, mantenerse en la actividad criminal. Entonces, desde una perspectiva teórica y desde el caso empírico de El Salvador, en efecto el proceso de paz colombian ha criado eso: remanentes que son un híbrido entre organizaciones criminales y organizaciones insurgentes.
Volviendo al tema de este grupo residual de las FARC que se mantiene por los motivos que fuere en combate. ¿Cuál es la capacidad militar que ellos tienen?
La capacidad militar promedio que tenía un frente combate las FARC era básicamente de combate ligero: armas pequeñas y ligeras de infantería, pistolas de 9mm o subametralladoras 9mm, rifles de asalto mayoritariamente. El rifle de asalto es su principal arma, su principal herramienta. El que usan las FARC es el AK-47 con un milimetraje, de 7.62 milímetros. Un milimetraje un poco mayor al que usa nuestras Fuerzas Armadas, que es de 5.56.
¿Qué implica esa diferencia?
El 7.62 del AK-47 es de mayor alcance, mayor penetrabilidad y mayor destrucción en el impacto. 5.56 es un milimetraje con menor alcance pero es más ligero. Para el combatiente es mucho más fácil moverse, menos desgastante y también es un arma que permite que el combatiente pueda operar en espacios más reducidos. El 7.62 aunque tiene un alcance y destrucción mayores le da al combatiente un ritmo más pesado, un poco más largo, le reduce un poco su capacidad de moverse en espacios reducidos.
¿Y qué otras armas tienen estos grupos?
Granadas incendiarias y granadas fragmentarias, morteros especialmente. Yo supongo que las FARC nunca tuvieron que lidiar con un ejército colombiano que opere contra ellos con vehículos blindados, entonces supongo que su principal mortero es el de 50 milímetros, ligero que necesita máximo dos personas para operar, una persona carga el tubo, otra carga el pedestal. Un carga el tubo, mientras el otro le provee más municiones. El mortero tienen un alcance aproximado que debe estar entre los 300 ó 400 metros.
Esa debe ser la principal arma de fuego indirecto que tienen las FARC. Las FARC nunca operaron piezas artillería significativa porque tiene sentido operativo para donde ellos estaban: la selva, donde no hay muchos caminos, y es muy difícil transportar cosas pesadas. Y las FARC nunca quisieron combatir convencionalmente contra el ejército colombiano.
Esas son las principales capacidades militares que debe tener el frente que lidera el supuesto Guacho. Se me olvidaba: también lanzagranadas que fácilmente puede aniquilar grupos de 3 a 4 personas si es que están bien cercanos el uno al otro mientras hacen patrulla.
¿Cuando dices artillería a qué te refieres?
La artillería es un sistema de combate de fuego indirecto. El mortero no es propiamente artillería, pero es un sistema de combate fuego indirecto por su peso. El mortero en el peor de los casos debe estar pesando, todo el mortero, el de 50 milímetros, 27 libras. Una pieza de artillería lo más ligera de digamos 45 milímetros debe estar pesando un poco menos de una tonelada.
Pero la artillería es un sistema de combate de fuego indirecto que ofrece mayor rango que el mortero, el mortero te ofrece entre 200 a 400 metros, la artillería te ofrece rangos efectos que van desde 3 a aproximadamente 12-15 kilómetros, dependiendo de los sistemas de artillería. Sistemas de artillería con ojivas, que básicamente parecen balas muy grandes, extraordinariamente grandes, pueden llegar a los 20 kilómetros, artillería con cohete puede llegar a 40-30 kilómetros dependiendo de sistemas complementarios para apuntar.
La artillería es un sistema de combate de fuego indirecto. Se llama así porque el artillero no puede ver a qué le está disparando, lo que puede ver es una serie de coordenadas donde le dicen que tiene que colocar y luego opera su pieza de artillería para elevarla de tal manera que pueda dispararla y va hacia esa coordenada. Él no puede ver qué está en esa coordenada, al menos que tenga un sistema súper sofisticado como los sistemas que tienen los ejércitos rusos, europeos y estadounidense y brasileños, donde los artilleros tienen radares de contrabatería y también reciben información en tiempo real de naves no tripuladas de vigilancia.
¿Cómo calificarías la capacidad militar de las FARC y de esos remanentes?
Para empezar, la capacidad militar de las FARC nunca fue tan grande. Pero eso lo tienes que tomar con pinzas porque cuando estamos hablando de capacidades militares, asumimos que estamos hablando en términos convencionales.
Entonces, ¿eran suficientes las capacidades militares de las FARC para derrotar a un ejército convencional? No, por eso nunca quisieron luchar convencionalmente contra el ejército colombiano.
Así mismo, las capacidades militares de este frente que nos está causando problemas hoy, tampoco son suficientes para decir que el ejército ecuatoriano va a colapsar en algún momento.
Las capacidades militares de las FARC fueron importantes en el contexto del tipo de combate que hicieron. Usaron lo que se conoce como combate irregular asimétrico, en el cual se borra la división que existe entre el combatiente y el civil para precisamente penetrar la retaguardia del enemigo, acosar, desgastarlo y desmoralizarlo. Para eso, las capacidades militares de las FARC eran extraordinarias, y las de este frente también son extraordinarias.
No importa tanto el armamento que tienen el frente de Guacho. Lo que importa es cómo quiere usar ese armamento en el contexto de sus operaciones. En ese contexto, las capacidades de las FARC eran súper buenas, extraordinarias hasta cierto punto. Sobrevivieron durante años años en esta lucha.
Si se suma eso al dinero del narcotráfico, diría que las capacidades militares de este frente no se pueden subestimar. Son considerables.
Y no va a ser lo mismo que luchar con Alfaro Vive Carajo, por si acaso alguno de esos opinadores socialcristianos quieren volver a la mano dura. Algunos ya lo han dicho como René Yandún que ayer pedía en una entrevista acciones agresivas contra la guerrilla. Paco Moncayo decía que se desmontó el sistema de defensa nacional efectivo, que ya se desactivó ese tipo de amenazas hace muchos años en Ecuador.
Pero una cosa es luchar contra un movimiento insurgente incipiente que no tiene mucha experiencia. Son más vulnerables cuando recién están naciendo porque son más propensos a cometer errores tácticos. Montoneros Patria Libre en Argentina es un ejemplo de esto: decidieron lanzar una ofensiva convencional en centros urbanos, sin darse cuenta que por la naturaleza de los centros urbanos ellos se ponían justo en la mira del Estado y fueron aniquilados fácilmente. Las FARC no cometieron ese error. Más bien usaron el espesor y la impenetrabilidad de la selva colombiana.
AVC fue más como Montoneros Patria Libre. En ese sentido, no es que lo que funcionó en los años 80 va a funcionar ahora.
¿Por qué?
Para comenzar, este frente no opera en Ecuador, opera desde Colombia contra Ecuador. Eso crea una desventaja estratégica terrible para el ejército ecuatoriano y para el gobierno nacional, porque simplemente no tenemos iniciativa: no podemos marcar el paso de las operaciones, no podemos robarle la iniciativa a Guacho.
Guacho decide cuándo, cómo y dónde atacarnos. Y decide cómo, cuándo y dónde desgastarnos.
Eso es lo que muchos militares ahorita como Paco Moncayo y Wagner Bravo no entienden. Es lo que René Yandún no entiende: lanzar acciones agresivas es hacerle un favor a Guacho porque la población de su lado se pondrá de su lado. Así de sencillo.
¿Por qué se pondría la población de su lado?
Si se lee la obra de grandes expertos en contrainsurgencia, como David Kilcullen o Robert Thompson, se dice algo que parecería no tener sentido: que la insurgencia y la contrainsurgencia se deciden a nivel local, porque si el contrainsurgente no le puede asegurar a la población de que lo va a proteger contra el insurgente, el poblador tiene que decidir quién le puede ofrecer su seguridad con mayor probabilidad de éxito.
Entonces, si no se puede ofrecer esa alta probabilidad al poblador como ejército contrainsurgente, el insurgente se lo va a robar. Le va a decir “mira, si tú cooperas con el contrainsurgente” —no tenemos un contrainsurgente en este momento pero digamos que Guacho le dice a un poblador— “si tú cooperas con el Ejército ecuatoriano, ellos van a dar un par de vueltas en la tarde en San Lorenzo pero ellos regresan a su destacamento” (en efecto eso es lo que están haciendo por el momento que es un error estratégico terrible) “pero cuando ellos se vayan yo vengo en la noche, yo mato a tu familia y te mato a ti y te hago de ejemplo para el resto de la gente. Yo vengo, mato, ellos no me pueden golpear porque yo estoy el Colombia y lo puedo seguir haciendo hasta que ustedes entiendan que no deben cooperar con el ejército ecuatoriano”. En el peor de los casos, Guacho les dice “conmigo puedes ganar dinero porque necesito proveedores para mi operación de combate insurgente y de narcotráfico criminal, y yo no les voy a hacer nada si cooperan. Si no cooperan obviamente que los voy a matar”. Eso ha pasado en Afganistán, Vietnam, El Salvador, Irak.
En todo tipo de conflicto asimétrico esa es la gran lección: si no le ofreces al poblador de la localidad seguridad y alta probabilidad de protección contra el insurgente, el insurgente se lo va a llevar. Eso pasó con las FARC. Es más: ante la inoperancia del ejército y el gobierno colombiano, en los años 70 y 80 nacieron las Autodefensas, pero después las autodefensas después más bien pasaron a competir con las FARC.
¿Por qué crees que no ha habido un ataque contra la población civil sino solamente contra objetivos policiales y militares?
Porque Guacho no es tonto. Guacho sabe y bueno, supongo que sabe, una gran cantidad de movimientos terroristas, insurgentes también han reflejado que saben discriminar y saben la importancia que tiene discriminar blancos militares de civiles para ganarse al menos la neutralidad de la población civil. Un politólogo estadounidense, Max Abrahms, escribió un artículo muy bueno llamado ¿Por qué el terrorismo no funciona?
Después de hacer un análisis súper largo de distintas operaciones terroristas, concluye que el terrorismo no funciona porque no discrimina entre blanco civiles y militares. En cambio, cuando se ataca solo blancos militares es como decirle a la población “mira el problema no es con ustedes, es con los militares, yo no soy una amenaza para su estilo de vida”. Pero la gran cantidad de movimientos terroristas no logran hacerlo. Más bien atacan a la población, que es como decirle “tu estilo de vida está siendo amenazado”, y necesitas que alguien tome una medida súper radical.
Guacho y una gran cantidad de movimientos no terroristas pero insurgentes, como las FARC, no en los años 90, 2000, sino los 70s, 80s (como el movimiento Farabundo Martí) entendieron que si atacaban a la población, se ponían en contra de quien precisamente necesitaban asegurar, por lo menos, su neutralidad.
De cierta manera es lo que hizo el Vietcong: intentó restringir las actividades de sus comandantes locales contra los pobladores de asentamientos pequeños de Vietnam del Sur. Así logró que cuando el ejército estadounidense cometía atrocidades en esos pequeños asentamientos por la frustración de no encontrar al Vietcong, ponían a esa gente a favor del Vietcong.
Por esto supongo que Guacho ha tratado de atacar solo blancos militares y policiales. Si seguirá haciendo eso, no lo sé.
Si es tan desigual la capacidad del ejército convencional ecuatoriano o colombiano con estos grupos armados, insurgentes y ahora estos residuales, ¿por qué es tan difícil derrotarlos?
Lo voy explicar pero debemos hablar sobre al menos tres temas distintos antes de hablar de esto. Primero: vamos a tener que hablar de qué es la guerra para después de eso diferenciar qué son las guerras convencionales y no convencionales para entender finalmente por qué entonces un grupo que lucha de manera no convencional puede ser tan difícil de derrotar.
Primero ¿qué es la guerra? Aquí me gustaría mucho que quien lea esto piense en las grandes cabezas militares como Paco Moncayo, Wagner Bravo, o Lucio Gutiérrez —que ya no sé quién lo ve como experto militar—, y que entiendan que la guerra no es más que la política por otros medios.
Von Clausewitz fue súper claro en esto, hace casi doscientos años. La guerra no se trata de segmentar lo que es militar técnico de lo que es solo político. La guerra es toda política. Desde la acción de un escuadrón de infantería tratando de tomar una posición de una compañía de infantería en una guerra convencional hasta lo que está haciendo Guacho, todo es política. Es política, es querer imponer tu voluntad sobre la otra persona, otro grupo de personas.
La guerra que propone Guacho es una guerra no convencional. Lo mismo que está haciendo Guacho hicieron los habitantes españoles cuando Napoleón invadió la península ibérica en 1806, la segunda invasión fue la intervención imperial, en 1808. El término guerrilla viene precisamente de la campaña ibérica, de la campaña peninsular.
Dicho esto, hay que entender cómo luchan los ejércitos entre sí: primero avanzan en un frente, una línea que separa las posiciones de tu enemigos de tus posiciones y básicamente tratas de empujar esa línea a través del tiempo hasta conquistar el territorio de tu enemigo, lo que te permitirá poner tu voluntad política sobre él. Aún esa guerra convencional que parecería ser netamente técnica, es política por otros medios. Por medios de balas y sangre.
Los habitantes de España en 1808 se dieron cuenta que no podían hacer eso y ganarle al ejército imperial. Entonces decidieron no mantener una línea frente al ejército napoleónico, sino no uniformarse —que es otra manera importante en la que los ejércitos modernos combaten, usando uniformes distintivos para permitir un nivel de orden, seguridad operacional— y diluirse entre la población, y empezaron a matar mientras los soldados napoleónicos dormían.
Ahí es cuando nace lo que se conoce como guerra no convencional: fuera de estas tácticas y operaciones, diluida la separación que hay entre los combatientes y civiles, rotas las tácticas y operaciones que mantienen líneas de frente para medir el progreso de operaciones contra el enemigo, operando en su retaguardia sin ninguna consideración sobre tu propia seguridad operacional, y usando a la población civil como un escudo para que tu enemigo no te pueda encontrar. Eso es la guerra no convencional. Y no es nada nuevo.
¿Por qué Napoleón no pudo derrotar nunca estos grupos? Porque precisamente Napoleón operaba en un estilo en que su ejército estaba organizado jerárquicamente con ciertos niveles de centralización de autoridad y su ejército estaba luchando en una manera en que no podía encontrar a su enemigo. Los guerrilleros españoles al ver el éxito que tenían sus operaciones en desgastar al ejército napoleónico, entendieron que podía ser usado en unión con las operaciones británicas comandadas por el duque de Wellington, Eo hizo el Vietcong, los guerrilleros árabes contra la ocupación británica en la Primera Guerra Mundial, los partisanos en Yugoslavia.
Lo que hace Guacho no es nada nuevo.