La Asamblea del mazapán
El día en que la Asamblea Nacional debía decidir sobre el futuro de uno de los personajes más cuestionados de la década del correísmo, Carlos Ochoa, la asambleísta Norma Vallejo tenía otra prioridad: decidir sobre el futuro del mazapán. Por eso, antes de que inicie la sesión, la legisladora de Alianza País pidió un cambio del orden del día para emitir una resolución que reconozca el arte del mazapán como patrimonio cultural. Dio un discurso enredado y su moción se aprobó con 99 votos afirmativos y 5 abstenciones. Y allí quedó. El tema no se ha vuelto a tratar en la Asamblea aunque han pasado más de dos meses.
Como esa, hay decenas de mociones de cambio del orden del día, que terminan, en menor cantidad, en resoluciones aprobadas.
Tras un año de esta Asamblea, es necesario saber en qué aprovechan —o desperdician— el tiempo nuestros legisladores. Para hacerlo, es necesario desentrañar los intrincados y laberínticos procedimientos legislativos, desconocidos para la mayoría de los ciudadanos.
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Cada vez que los asambleístas asisten al pleno, antes de iniciar la sesión por el tema que ha sido convocada, se puede —según la Ley Orgánica de la Función Legislativa— cambiar el orden del día. El orden del día, es básicamente, los puntos que van a tratarse. Y cambiarlos es una costumbre legislativa que va de lo necesario a lo inverosímil sin ningún rubor.
Por ejemplo, el 24 de enero de 2018, día en que se debía debatir el proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, Mauricio Proaño pidió cambio del orden del día para reconocer el Paseo del Chagra de Machachi como patrimonio cultural intangible. Con 88 votos, su moción fue aprobada.
Ese mismo, Guillermo Celi, de SUMA, quería una resolución para definir una agenda legislativa. Fernando Callejas, de CREO, quiso votar para que el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comparezca al pleno para informar sobre la situación de esa institución. Ninguno de los dos pedidos tuvo votos suficientes: parece que era más importante declarar al paseo del chagra como patrimonio intangible que definir una agenda legislativa, o pedir explicaciones sobre lo que pasa en el IESS.
No es que la cultura o las costumbres locales sean asuntos de segunda categoría, pero es que, en la práctica, declarar al paseo del chagra o al mazapán como patrimonio cultural, sirve de muy poco. Ese día, Carlos Bergmann dio por clausurada la sesión dejando en el olvido a los chagras. Porque lo curioso es que aprobar el cambio del orden del día no implica que se vaya a debatir. Eso es potestad de quien preside la sesión (en esa época era Bergmann, vicepresidente encargado de la Presidencia vacante por destitución de José Serrano): la resolución del Chagra se debatió y aprobó recién el 4 de mayo.
Pero aún aprobada, esta medida es totalmente inútil. Isabel Rhon, Subsecretaria de Patrimonio, dice que son simples declaraciones políticas pues la competencia de declarar patrimonio cultural intangible es del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC). “La Ley Orgánica de Cultura establece que esas atribuciones son de esas instituciones. La Asamblea trata de hacer una declaratoria de algo que no está establecido en la Ley entonces entendemos que esto es meramente un reconocimiento y no va más allá de eso.”, dice.
Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo dice que “muchos políticos proponen ese tipo de resoluciones para tratar de quedar bien con sus electores”. Aunque en la práctica no tienen mayor valor, es un mensaje político, explica Espinel, “que les permite quedar bien en sus provincias”.
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Las mociones no son únicamente para quedar culturalmente bien. Entre el 1 de junio de 2017 y el 8 de mayo de 2018, hay 129 pedidos de cambio del orden del día. Más de la mitad de las mociones (el 53%) las hace la oposición, especialmente el movimiento CREO y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero.
De las 57 mociones de cambio de orden del día que planteó CREO, le negaron 38 —más del 66%. A los socialcristianos les han negado ocho pedidos de cambio de orden del día de 14 que han hecho, es decir, el 57% de veces.
En 2012, Rafael Correa ordenó a sus ministros que no contesten ninguna solicitud de información que provenga de manera directa de los legisladores, sino únicamente aquellas que se hagan a través del Presidente de la Asamblea, como representante del Legislativo. El presidente Lenín Moreno ratificó esa medida, según el Informe Anual de Gestión y Transparencia Legislativa del Observatorio Legislativo.
Pero con una resolución, la Asamblea Nacional desconoció esa prohibición. Ésta surgió de una moción de cambio del orden del día hecha por Fernando Callejas de CREO. Callejas ha pedido que se cambie el orden del día 12 veces. Solamente una fue aprobada. “Se ve una incidencia en el proceso fiscalizador de los legisladores. Hay cosas que pueden ser muy positivas realizadas a través de una resolución como este tema”, dice Espinel.
César Rohon, del Partido Social Cristiano ha pedido tres veces cambiar el orden del día. Ninguna ha sido aceptada. Las solicitudes de los legisladores electos por Alianza País corren otra suerte: los correístas (ahora llamados MANÁ) han hecho 19 pedidos, 16 se han aceptado; los morenistas han logrado que se aprueben 9 de 10 de sus pedidos.
Entre los que han sido aprobados están la resolución para definir mecanismos que eliminen todo tipo de violencia contra niñas y mujeres, propuesta por la correísta Mónica Alemán o la exhortación para que el Gobierno ratifique en la Conferencia Internacional del Trabajo su compromiso con los derechos de los trabajadores, en especial el tema de violencia y acoso en el ámbito laboral, propuesta por el morenista Carlos Cambala.
Lo que pide la oposición es variado. Ana Galarza de CREO solicitó que se tomen medidas de seguridad y se haga respetar la ley a los migrantes que llegan a Ecuador a propósito del asesinato de un taxista en Ambato. Su moción —de tufillo xenófobo— fue aprobada. Igual la de Mayra Montaño, del PSC, en la que condenaba la muerte de la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, Gavis Moreno, asesinada a tiros en abril de 2018.
A Byron Suquilanda de CREO se le negó el cambio del orden del día para convocar al entonces Fiscal General, Carlos Baca, para que explique los mecanismos de reparación económica en los delitos de administración pública. La petición de Esteban Bernal, del mismo partido, para llamar la atención a Patricio Rivera por no posesionarse como Superintendente de Economía Popular y Solidaria a pesar de haber sido nombrado siete meses antes, tampoco pasó.
El 24 de agosto de 2017, el manabita Guillermo Celi de Suma pidió cambio del orden del día. Quería que Carlos Bernal, Secretario Técnico para la Reconstrucción, fuera a la Asamblea Nacional a rendir cuentas sobre su gestión con respecto a los fondos y las acciones llevadas a cabo posterior al terremoto de 2016. Su pedido no tuvo el respaldo suficiente de los asambleístas. Solo 53 legisladores votaron a favor.
Como ese, ha habido 32 pedidos más: todos buscando que autoridades vayan a comparecer a la Asamblea sobre el tema que les compete. De esas, 21 han sido negadas. 21 veces la Asamblea ha evitado discutir siquiera sobre la posibilidad de que las autoridades del país vayan a dar explicaciones sobre su trabajo, pagado por todos los ecuatorianos.
En esas 21 veces la Asamblea tenía en sus manos la capacidad real de fiscalizar. No lo hizo. En lo que sí parece ponerse de acuerdo es cuando de trivialidades se trata: aprobaron cambiar el orden del día para decidir sobre la adopción de acciones por parte de la Asamblea Nacional en el combate a la corrupción, también para que la Asamblea Ecuador profundizara tarea de legislación en territorio, de forma abierta, participativa, para rechazar expresiones de Embajador de Argentina acreditado en Ecuador, que ofendió al pueblo Otavalo. Todas, propuestas por legisladores de Alianza País.
Pero no son los únicos. La oposición también pone su grano de arena. Todos estuvieron de acuerdo en cambiar el orden del día para recordar los 186 años de la anexión de las Islas Galápagos al territorio, propuesta por Washington Paredes de CREO, o para declarar el 16 de abril el Día de la Solidaridad, propuesto por Guillermo Celi, de SUMA. “Pueden existir temas que no son relevantes y lo que se busca es tratar de quitar nuestra atención sobre los temas de fondo”, dice Marcelo Espinel: “Son actos políticos más que normativos”.
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Las sesiones de la Asamblea no tienen un tiempo determinado. Pueden ser largas, de más de diez horas o breves, de apenas un par.
Cuando un asambleísta pide cambio del orden del día, el Presidente de la Asamblea es quien tiene a su cargo esa decisión. Antes de iniciar, la Secretaria de la Asamblea anuncia cuántos pedidos cambios del orden del día hay y los lee de uno en uno. Cuando finaliza el primero, es el turno de quien ha pedido el cambio de intervenir en el pleno y explicar su pedido. Luego, se vota. Con la mayoría simple (69 votos), se aprueba el cambio. Todo ese proceso, dura un promedio de nueve minutos.
Hasta el 5 de mayo, se habían utilizado 1161 minutos, es decir más de 19 horas únicamente para presentar mociones de cambio del orden del día.
Durante el primer año en funciones de la Asamblea, los legisladores han presentado 258 proyectos de ley, según el Observatorio Legislativo. Apenas nueve se convirtieron en ley (hay en total 16, pero 7 provienen de iniciativas del Ejecutivo). En ese mismo período, hubo 10 solicitudes de juicio político, apenas 3 prosperaron.
Cada uno de nuestros legisladores recibe anualmente, solo en salarios (sin contar sobresueldos o beneficios adicionales) más de 60 mil dólares. Por los 137 asambleístas, solo en sueldos pagamos al año más de 8 millones 200 mil dólares: eso es lo que nos ha costado profusa cantidad de resoluciones líricas, sin efectos prácticos. Los legisladores no se dan por enterados: caminarán sonrientes y elegantes el 24 de mayo, cuando el Presidente les presente en su informe en el pleno de la Asamblea del mazapán, que cumplirá un año con una grave deuda en sus tareas de legislar y fiscalizar (aunque esta última es un mal que arrastra hace una década).
Susana Alvarado: “Las víctimas de abuso sexual no solo necesitan una reparación psicológica sino una social y legal”
La psicóloga chilena Susana Alvarado es especialista en terapia reparatoria para niños víctimas de maltrato y de abuso sexual. En los últimos años ha trabajado de cerca con personas que hace décadas fueron víctimas de este tipo de violencia sexual por parte de sacerdotes. Pocos días después de publicar en esta revista una investigación que reveló una decena de casos de abusos sexuales por parte de un cura en Guayaquil, conversamos con Alvarado sobre la dimensión psicológica de este tipo de abusos: por qué la sociedad no les cree a las víctimas, cómo el abusador logra que el afectado calle, cuáles son las alertas que como sociedad deberíamos detectar para evitar estos casos y cómo debería ser el proceso de reparación para las víctimas.
Hace dos semanas en GK publicamos una investigación sobre un sacerdote que habría abusado sexualmente a una decena de adolescentes. En la mayoría de casos, el cura había sido su guía espiritual. En este contexto, ¿cuáles son las secuelas que un abuso deja en las víctimas?
En su reportaje efectivamente lo que uno ve es que hay abuso sexual pero en la base de eso probablemente, está el abuso de poder y en este caso particularmente algo que se denomina abuso de conciencia. Esto es someter al otro en función de la creencia de una religión y del poder que te da ser su acompañante espiritual.
Probablemente el daño aumenta en ese sentido. Aunque es súper difícil hablar de abusos más graves o menos graves (porque cualquier tipo de abuso es grave) acá se dan una serie de variables que lo complejizan: lo prolongado en el tiempo, el nivel de poder que llevaba el agresor, el tema de estar ligado a una idea casi de sacrificio (que entendí yo, era una idea de sacrificarse para obtener un beneficio de Dios), la instalación del secreto y el hecho que, al menos en el caso de uno, no le creyeron en un primer momento.
Las áreas que se afectan cuando hay abuso sexual son múltiples. La más evidente tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad, no entendido como orientación sexual o identidad sexual, sino con la posibilidad de experimentar la sexualidad como algo sano, normal, placentero. La gran mayoría de las víctimas reportan que su sexualidad se ve alterada, hablan de que lo ven como algo pecaminoso —si está ligado a lo religioso— o incluso se sienten culpables de sentir placer.
¿Qué otra alteración sufren las víctimas?
Si pensamos en el abuso sexual y particularmente en los casos que ustedes describen —que eran bien potentes no solo en el ámbito sexual sino en el físico por la agresividad a la que eran sometidos— ocurre que dejan de ser poseedores del cuerpo. La relación con el propio cuerpo se ve alterada. En general, se da un fenómeno que los psicólogos llamamos disociación, que es un mecanismo de defensa que usamos todos. Es como desconectar. Si yo estoy enfrentando una situación muy dolorosa y tengo que preparar una clase por ejemplo, no puedo llegar llorando a la clase, tengo que desconectarme de mi emoción para poder funcionar. En las víctimas de violencia sexual ese mecanismo de defensa que usamos ocasionalmente, en general está masificado. Es casi el único mecanismo de defensa porque para sobrevivir a experiencias tan dolorosas piensan “lo único que me queda hacer es desconectarme de mí mismo y particularmente desconectarme de mi propio cuerpo”. Por eso es muy probable que nos encontremos con víctimas que tienen dificultades para reconocer sus propias sensaciones, para reconocer el dolor.
Parte de la dinámica del abuso sexual es que el agresor convence a la víctima, por decirlo en palabras simples, de que lo que él percibe no es correcto y que quien percibe lo correcto es quien agrede. Entonces “esto que yo hago y a ti te molesta, es cariño” o “esto que hago y a ti te molesta es para ofrecerlo a Dios”. Entonces ahí las víctimas comienzan a desconfiar de sí mismos y a perder mucho poder y eso les dificulta su actuar en el mundo en diversas cosas. Ellos necesitan confiar en ellos mismos y no solo se trata de confiar en términos de lo que se conoce como autoestima sino de confiar en lo que ven y lo que sienten. En el caso de las víctimas es como si no pudieran creer en lo que ellos perciben.
Otro aspecto que suele alterarse en las víctimas de abuso sexual (sobre todo cuando se da una relación de confianza, como lo que ustedes investigaron) es que se altera muchísimo la capacidad de confiar en otros. Ahí ocurre hacia dos lados: nos encontramos con víctimas que desconfían de todo el mundo entonces son incapaces de construir relaciones de confianza, terminan muy solos en la vida, o nos encontramos con víctimas que confían en todo el mundo y no tienen la capacidad de discriminar quién es confiable y quién no. Ellos terminan entrando en relaciones donde repiten patrones de abuso, de violencia y en donde son traicionados muy fácilmente. Lo que sucede es que como no pueden confiar en su propio cuerpo, como están desconectados, las alertas que normalmente se nos prenden a todos seres humanos cuando otro nos traspasa un límite, muchas veces a ellos no se les prenden. Entonces no se dan cuenta que otro está traspasando el límite porque hay una alteración en ese sentido.
¿Cómo se explica desde la psicología que incluso la gente más cercana a las víctimas no les creen cuando les cuentan de un abuso?
Normalmente lo que se encuentra en cualquier caso de abuso sexual es que a las víctimas no les creen. Y tiene que ver con un fenómeno muy propio de los seres humanos: el abuso sexual es tan inconcebible que tendemos a creer que no es posible, que no es parte de nuestra realidad.
Por ejemplo, por muchos años se habló de que el abuso sexual sólo ocurría en sectores de pobreza. Y eso no es verdad sino que es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Por un lado está la imposibilidad de creer que esto es parte de mi realidad, por otro lado la gran mayoría de casos de se dan por personas que son de la confianza no solo de la víctima sino de su entorno.
Generalmente cuando los psicólogos describimos el proceso que hacen los agresores para el abuso suena súper sistematizado porque ellos lo hacen en automático. Pero no parten abusando inmediatamente sino que primero se ganan la confianza de las familias y del niño. Parten con una relación que parece sana, primero con transgresiones muy suaves. De hecho en el reportaje de ustedes se describía muy bien: la dinámica del pecado tenía un camino, no partía con lo más violento, era progresivo.
¿Qué suele pasar cuando una víctima cuenta lo que le ha pasado?
Cuando la víctima habla, dice algo terrible que no queremos creer porque pensamos “no puede ser parte de mi realidad”, (el abusador es) una persona en la que confiamos mucho y además, generalmente, las víctimas ya están debilitadas de alguna forma. Cuando son niños, socialmente les creemos menos. Si son adultos, pensamos que son adultos que al haber sido abusados han construido una estructura de personalidad, una forma de funcionamiento en el mundo y muchas veces los hacen menos creíbles. Los relatos suelen ser débiles porque como se produce esta disociación, el recuerdo no es tan exacto. A veces se contradicen, hay fallas de memoria, te dicen que fue a los cinco años y después que no, o sino lo cuentan una vez y a la vez siguiente no es igual. Tendemos a creer que un relato verdadero es siempre igual y eso no es verdad, porque nadie tiene la memoria así de privilegiada y estática. Los relatos que son exactamente iguales y que no varían más bien deberían levantarnos sospechas. Pero como no queremos que esto sea verdad lo vamos a descalificar.
Por otra parte cuando una víctima cuenta es un terremoto, es una bomba atómica tirada a su núcleo familiar, a la iglesia en la que participa, a su entorno y frente al terremoto lo que queremos hacer los seres humanos es volver al equilibrio, volver a la homeostasis que llamamos los psicólogos. Así empezamos, quizás no tan directamente, a presionar a la víctima para que se desdiga. Entonces lo que suele ocurrir es que las víctimas se retractan y cuando lo hacen, eso se lo creemos enseguida. No les creímos cuando dijeron que les había pasado el abuso, pero cuando dicen “no mira en realidad me equivoqué” eso lo creemos en dos segundos porque es lo que necesitamos para volver a nuestro equilibrio y seguir funcionando como si nada pasara.
La verdad es súper lógico no creer, es terrible. En general tenemos muy poca información socialmente, las personas no están preparadas para que esto sea parte de la cotidianidad. En Chile, por ejemplo, con todos los casos que hemos tenido últimamente ya como que uno ve que está socialmente más instalado. En Ecuador hasta donde yo sé no han tenido tantos casos.
En Ecuador hay quienes no comprenden totalmente qué es el abuso sexual. Después de la publicación, hubo quienes no identificaron a la dinámica del pecado como tal.
Todos estos relatos que ustedes recogen, si bien tienen muchos elementos de violencia y claro está la discusión si esto es tortura o abuso, son los dos delitos. No conozco la tipificación ecuatoriana pero efectivamente es abuso porque todas las víctimas relatan que después de terminada la dinámica y antes de desamarrarlos el sacerdote iba al baño. Uno podría pensar que iba al baño a masturbarse. Todas las víctimas relatan este rozamiento de la barba y obviamente lo hablan desde el dolor, pero uno podría pensar que también hay un grado de excitación sexual por parte del sacerdote y probablemente si uno indaga más finamente en los relatos, se podría distinguir otras variables de excitación sexual de él. Es un abuso de poder que tiene como objetivo la gratificación sexual del agresor. Esa es una de las variables del agresor sexual.
Una vez que el abuso termina, ¿qué pasa con la víctima?
Va a depender mucho de lo que pase en su contexto y en su entorno y de qué posibilidad de acceso tenga a psicoterapia. Hay víctimas que después de que se detiene el abuso no lo develan sino hasta muchos años después y esto sigue manteniéndose en secreto y por tanto no reciben ayuda de ningún tipo. Ahora en Chile, un caso que está muy mediático es el de los Maristas en donde hay víctimas que están contando treinta años después de ocurrido los episodios de abuso. Y las víctimas dicen “viví cuarenta años en un infierno”. Claro, dejaron de ser abusados pero el daño sigue funcionando, incrementándose y el dolor sigue así.
Si bien hay víctimas que son muy resilientes y pueden salir adelante por sus propios recursos ese no es el contexto ideal. Si la víctima habló va a depender qué pase en cuanto a credibilidad y reparación. No es solo una reparación psicológica sino también social y legal. Es una reparación que implica que como sociedad podamos decir “esto no debe ocurrir nunca” y que lo hablemos, y que haya también memoria histórica. Eso es lo único que posibilita que no siga ocurriendo. A veces tendemos a decir “bueno mejor no hablemos porque genera más dolor” y la verdad es que las víctimas necesitan que se hable y se reconozca.
¿Cómo se podría explicar ese largo tiempo que tardan las víctimas en hablar?
Es una de las variables del abuso sexual. Esta dinámica tiene algo que Barudy, que es uno de los autores más clásicos de abuso sexual, describe como la ley del silencio. Una de las cosas que hace el agresor con la víctima es instalar que esto no es algo que se pueda hablar y lo instala no necesariamente con amenaza física, que sería la que uno más fácilmente podía pensar “si lo cuentas te mato”, sino con una amenaza muy velada. En los casos que ustedes publicaron, este sacerdote les decía que si ellos contaban el sacrificio no iba a ser válido, como que aquello por lo que habían ofrecido esta dinámica no iba a llegar a Dios. Si yo me someto a eso es porque necesito mucho alcanzar esto otro, por tanto voy a guardar silencio, además me lo está diciendo alguien que tiene poder y en quien yo creo.
Las víctimas suelen sentirse muy culpables por haber aceptado participar, porque en la mayoría de los casos de abuso no nos encontramos con agresores que le ponen una pistola en la cabeza. Eso ocurre, pero es el menor porcentaje de los casos. Son agresores que seducen, que convencen y que hacen creer que la víctima está participando libremente, entonces las víctimas se sienten culpables y se sienten avergonzadas y los agresores se encargan de remarcar eso. Muchas veces en los casos de abuso sexual uno se encuentra que los mandan a confesarse después del abuso y les dicen “tú me hiciste pecar”. Eso en Chile lo hemos visto en el caso de Karadima, en el caso de los Maristas. Entonces si me tengo que confesar evidentemente el pecador soy yo, cómo voy a hablar de esto si ese hombre pecó por mi culpa.
Y además les dicen algo que como sociedad les confirmamos “si tú hablas no te van a creer” porque efectivamente cuando hacen algún intento de hablar o lo insinúan, normalmente no les creen. Y es algo muy difícil y doloroso de contar. Yo trabajo con víctimas cotidianamente y a las que han sufrido abuso les duele aunque lo estén hablando muchos años después. Cuando lo hablan, generalmente las primeras veces lo reviven, es volver a pasar por ahí, evidentemente es algo que toma mucho tiempo hablar. Es cierto que como sociedad les decimos “por qué no hablaste antes, por qué no lo contaste antes” y eso es una nueva victimización porque es poner la responsabilidad en quien no la tenía. Las víctimas no son responsables, no es su deber hablarlo, es deber del agresor no haber actuado, no haber agredido y es responsabilidad, de los que se denominan terceros (que somos todos los que de alguna forma podemos mirar todo esto) de no haber sospechado o no haber protegido.
¿Cuál es el rol que juega el entorno, no solo el inmediato sino también la sociedad en general sobre el abuso? ¿Qué ayuda a que este contexto sea posible y que hace que sea tan difícil para las víctimas denunciar?
Creer que esto no pasa y que es un tema tabú es lo que facilita que ocurra el abuso. Las estructuras de poder muy rígidas, sociedades muy machistas, muy patriarcales o donde los niños no tengan derecho a voz también lo facilitan. El tema de la obediencia ciega que esperamos que tengan los niños (“lo haces y lo haces porque yo soy tu mamá”) no funciona porque cuando les enseñamos eso es muy fácil que después obedezcan a cualquier adulto. También fallamos en cómo entendemos confiar en otro. En general entendemos confiar como confiar ciegamente, muchas veces se propone incluso desde la psicología dinámicas como que te vendan los ojos y otro te lleva, y la verdad es que confiar no es eso. Hay un concepto de confianza lúcida y tiene que ver con: “ok yo confío en ti, pero confío viéndote, a partir de la diferencia, confío a partir de aquello que me permite saber que tú eres confiable”. A los niños no les enseñamos eso porque los adultos tampoco lo sabemos entonces nos tiramos al vacío y no vemos las señales de alerta.
Por otra parte eso mismo les pasa a los adultos, confían ciegamente en estas personas que tienen poder. Debemos aprender a reconocer las señales. Hay víctimas adultas que dicen “yo me di cuenta de que esto que me había pasado era abuso cuando escuché el relato de otra víctima en un programa” porque como no formamos, no prevenimos, las víctimas no saben qué es adecuado y desde allí no tienen cómo develar, no tienen cómo contarlo y tampoco les enseñamos a los adultos en qué fijarse, a estar atentos para ver si a su hijo, sobrino o primo le está pasando algo que debería preocuparnos.
Todos estos factores hacen que realmente sea muy complejo, y los niños terminan quedando muy solos y nosotros como sociedad en lugar de protegerlos, generamos casi un caldo de cultivo para que se den estos abusos.
¿Hay ciertas características para que una persona sea más vulnerable al abuso?
Sí, hay personas que son más vulnerables y, en general, los agresores son súper hábiles en descubrirlos, yo creo que ellos no es que tengan un listado en la caja, pero tienen la sensibilidad, casi un radar para saber a quién agredir. A mí me ha tocado saber que al menos dos sacerdotes con los que yo estuve relacionada en algún momento de mi vida han sido denunciados por abuso después y claro a mí no me pasó nada, porque probablemente yo tengo muy pocas características de vulnerabilidad.
En general son niños más introvertidos o muy desordenados, por decirlo de alguna forma, que por lo tanto tienen muy poca credibilidad de los adultos. O son muy tímidos, casi no hablan y están medio aislados a nivel social. O son muy extrovertidos pero son como los chicos malos por decirlo de alguna forma, por lo tanto lo que digan no va a ser creíble. Niños con baja autoestima, con bajos recursos emocionales, que no tienen la capacidad de leer las alertas, con poca red social, con familias que no están disponibles por diversas razones o que no pueden estar disponibles, que pasan mucho tiempo solos. Ahí hay algo que hacen muy bien los agresores y es ir aislándolos, les van quitando su red social y ellos se van convirtiendo en la mayor red. Mientras más aislados mayor posibilidad de ser abusados tienen.
Son niños con carencias afectivas de diversos tipos que buscan afecto en los agresores, con poca capacidad de reconocer a los agresores, con poca capacidad de reconocer sus emociones. Son extremadamente obedientes que no saben reconocer sus propios límites. No sé cómo es en Ecuador, pero en Chile hasta hoy lamentablemente es común saludar a todos de beso en la mejilla y a los niños se los obliga a saludar así a pesar de que no quieran, eso lo único que enseña es a transgredir mi propio límite. Yo cuando era chica me acuerdo que tenía un tío que tenía una barba y me cargaba y la barba picaba. Mi madre fue lo suficientemente atinada como para no obligarme. Pero a la gran mayoría de niños sí los obligan. Entonces se va instalando el que tengo que traspasar mis límites para complacer a los adultos y eso los va volviendo más vulnerables.
Ahí se explica un poco mensajes que hemos recibido, por ejemplo, a través de redes sociales de quienes comentan “Pero yo estuve muy cerca del sacerdote Intriago y a mí no me pasó nada. ¿Cómo así a ellos sí y a mí no?”.
Claro, absolutamente. Los agresores son muy hábiles en saber a quiénes sí y a quiénes no porque hacen un tanteo. Si a la primera que es muy sutil el niño rápidamente se retira no van a seguir probando. Pero si no pasa, entonces no lo va a detectar como abuso y ahí sí va a seguir intentando. Los agresores no abusan de todas las personas con las que tienen contacto. Yo hice la primera comunión con el Tato, un sacerdote que abusó de muchas niñas en Chile y uno de los pocos que ha estado preso porque dejó embarazada a una y había prueba de ADN. Era muy fácil que fuera preso. Pero yo hice la primera comunión con él a los 10 años y no tengo ningún recuerdo de que él haya traspasado algún límite.
Yo vengo de una familia en la que nunca me obligaron a traspasar mis límites, donde fácilmente podía notar incomodidad si es que alguién se está pasando de algo que yo no quiero, tengo unos papás bien puestos, soy muy poco vulnerable. Pero no sé si alguna de mis compañeras de esa época, porque yo me cambié de colegio, pasó por eso y nunca nos enteramos.
¿Cuáles serían las alertas para los padres de niños y adolescentes a la hora de detectar un abuso?
Algo que es bien complejo en el abuso es que no existen (algo que en la psicología llamamos) indicadores patognomónicos. No hay un indicador exclusivo salvo las lesiones físicas que no están en todos los casos. Por lo tanto lo que hay que mirar es un conjunto de signos o de cambios que por sí solos no es posible decir “a este niño lo están abusando”.
Yo siempre digo, cuando doy capacitaciones en colegios o con otros profesionales, que si se me empiezan a presentar varios del conjunto yo al menos debiese tener como una de las hipótesis que a este niño lo pueden estar abusando. Qué debo mirar: conductas sexualizadas poco esperadas para la edad, los niños tienen interés en la sexualidad como jugar al papá y a la mamá, pero no juegan al papá y a la mamá imitando un acto sexual. Entonces si tenemos niños muy pequeños haciendo eso nos debiese levantar una alerta.
En adolescentes lo podemos identificar cuando hay promiscuidad. También en los adolescentes algo que vemos mucho son los trastornos alimentarios, adolescentes —hombre, mujer— que desarrollan anorexia o bulimia, porque como el cuerpo se ve atacado, empieza a cambiar. Las autolesiones, no sé si en Ecuador pasa mucho, pero en Chile se ve mucho que niñas se hacen estos cortes superficiales, que no son intentos de suicidio sino más bien descargas angustiosas. La correlación entre abuso sexual e intentos de suicidio es súper alta.
En niños más pequeños la enuresis, que es hacerse pipí, o la encopresis, que es defecar en los pantalones, luego de haber logrado el control de esfínteres, es llamativo. También niños que empiezan a presentar trastornos del sueño, que tienen muchas pesadillas o que les cuesta mucho dormir y claro tu dices esto puede ser cualquier cosa, sí, pero también puede ser abuso.
¿Y las alertas para el resto de la sociedad?
Lo otro de lo que hay que estar alerta es la dinámica. Por ejemplo, en el caso que ustedes describen que a uno le debió haber levantado alerta: chicos que iban tan de noche a la casa del cura. Eso es raro, porque no es una relación, es imposible una relación de amistad entre un adolescente de 15 años y hombre de 30 o 40 años. No hay amistad ahí, la amistad es entre pares y ahí no hay pares. Yo puedo ser amiga de un cura porque es un adulto y yo soy adulta, pero yo no podría ser amiga de un chico de 15 años. Puedo tener una buena relación, puedo ser cercana, pero no soy amiga y por tanto no debiese estar a solas en la noche, hasta tan tarde en un lugar. Probablemente si uno sigue los discursos de este sacerdote hay discursos dichos que a uno le empiezan a levantar una alerta, probablemente es muy vertical en el ejercicio del poder, es muy culpabilizador, es muy bueno para sancionar y juzgar. Esas cosas a uno le debiesen generar una alerta de que algo raro pasa aquí y de que quizás no hay abuso, pero sí abuso de conciencia.
Una vez que han pasado por este tipo de eventos, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo es el acompañamiento para que puedan procesarlo?
Son procesos de psicoterapia en general, las víctimas necesitan poder acceder a psicoterapia y muchas veces tener apoyo psiquiátrico porque hay una serie de sintomatologías, como el trastorno de estrés postraumático, que requieren fármacos para poder pasar por él de buena forma, porque o si no los montos de angustia son demasiado elevados. Una de las consecuencias del abuso es también este estado de hiperalerta, como si uno siempre estuviera pesquisando riesgos y vivir así es agotador y eso la psicoterapia lo trabaja. Pero nos demoramos montones en que eso baje y los fármacos también ayudan mucho. Normalmente deberían tener acceso a ambos tratamientos para tener un mejor resultado.
Ahora los procesos de psicoterapia, mientras más prolongado sea el abuso, más sistemático, es decir mientras más repetido sea, más largos van a ser estos procesos. En general duran años, no solo meses, y son procesos dolorosos donde no solo van a necesitar el apoyo del psicoterapeuta sino también el apoyo de su familia. Y en ese sentido general son procesos donde uno debiese poder incorporar a la familia no para que vayan a todas las sesiones pero sí para que entiendan lo que les está pasando, entiendan la sintomatología y sepan cómo acompañar.
¿Qué pasa cuando el abusador está en la misma familia? O en este caso algo tan cercano como el párroco de la iglesia con el que los chicos se confesaban.
Complejiza mucho más el tratamiento. Uno de los requisitos para el proceso es que el abuso esté detenido, no haya contacto con el agresor, a no ser que uno tenga casos muy excepcionales donde uno tiene un agresor que reconoció de verdad, se arrepintió y accede a tratamiento. En la gran mayoría de casos siempre hay un momento en el que se necesita la interrupción del contacto. Hay un autor que habla que lo que hacen los agresores es establecer una especie de hechizo, casi como generar un estado de trance y este no se puede romper si no hay un corte en el contacto con el agresor.
Quizá en casos como este que han sido abusados varios chicos, ya se han agrupado varios de ellos. Incluso sé que hubo una reunión en la que estuvieron otras personas abusadas por un sacerdote en otra ciudad y han hecho como un grupo.
¿Qué tanto puede ayudarles estos grupos? ¿No resulta contraproducente?
Ayuda, de hecho es lo que ha pasado en todas las partes del mundo. Si tú revisas los casos en Boston, donde fue primera explosión de abusos de la iglesia, se creó una agrupación, en Inglaterra hay otra, en Chile hay otra y es un movimiento lógico y ayuda. Ayuda básicamente porque algo que hacen muy bien los agresores es hacerle creer a la víctima que son los únicos, que esto no le pasa a nadie más y que son los únicos porque ellos tienen algo que hace que esto ocurra, entonces cuando aparecen más, forman un grupo. Y este grupo se convierte en un soporte emocional muy potente que los dota de una identidad que no es tan de víctima.
En Chile por ejemplo la Fundación para la Confianza ha acuñado el concepto de supervivientes. Ellos no hablan de abuso sexual, hablan de supervivientes y tienen razón porque muchas de las víctimas de abuso sexual se matan, se suicidan. Entonces el haber logrado sobrevivir ya es un logro muy grande y te da una identidad muy distinta a la de soy el único, estoy solo y te permite ver que hay varios y que acá el problema no eres tú. Entonces, en general las agrupaciones ayudan porque les permite construir un entorno no solo en la victimización de ellos sino un trabajo social. La gran mayoría de estas agrupaciones lo que han hecho es trabajar en función de la prevención, en apoyar a otras víctimas y eso te da un sentido distinto a tu sufrimiento. Ahora, diría yo, no reemplazan a la psicoterapia, son complementarios.
Y quizá en esta misma línea, ¿cómo pueden las víctimas recuperar el control de sus vidas? ¿Cómo salir de ese espectro del que fueron víctimas?
Primero sí o sí reconocerse como víctima, una víctima que no se reconoce como tal difícilmente puede dar el paso siguiente y en general la terapia al comienzo se enfoca en eso. En la medida que yo me reconozco como víctima y voy depositando la culpa en el agresor y voy pudiendo, por ejemplo, disminuir este mecanismo de defensa de disociación y voy pudiendo reconectarme con mi cuerpo, con mis emociones, recuperar recuerdos, muchas veces voy recuperando el control sobre mi propia vida. Pero es un proceso largo que se da en la psicoterapia y en el que apoya pertenecer a estas fundaciones.
¿Puede sanar una víctima de abuso sexual?
Sí, puede sanar. Bueno yo no hablaría de sanar, porque sanar es como si fuera una enfermedad. En general lo que se dice es que una víctima de abuso sexual puede superar el trauma, puede rearmar una vida que no esté definida por el trauma. Yo les digo a los niños “es como cuando te caes, luego te queda una cicatriz”, lo que hace la psicoterapia es que ya no te duela, pero vas a tener la cicatriz ahí siempre y vas a saber por qué te la hiciste.
Soy monarquista. Tú también deberías serlo
Lo confieso: soy monarquista. No es una proclama espontánea, surgida del fervor del matrimonio de Harry y Meghan Markle, ahora duques de Sussex. Tampoco fui siempre así: antes era republicano. Nací en Canadá, y ahí viví mis primeros 20 años. Luego hice mi postgrado en Inglaterra. Y ahí seguía pensando que las monarquías eran sistemas caducos, pero vivir la mayoría de mi adultez en el Ecuador me ha convencido del valor de la milenaria institución británica.
Es curioso que viviendo en Canadá yo haya sido republicano, y recién en América Latina haya cambiado mi noción de la realeza: mi país tiene una fuerte conexión con la monarquía británica. Canadá nunca tuvo una guerra independentista: su ruptura fue amigable. La reina Victoria le concedió independencia de funciones hace 150 años, y ella ahora es celebrada con un feriado nacional. Como si en el Ecuador celebrásemos a Fernando VII, rey de España en 1822. Los canadienses, como mi abuelo, pelearon en la Segunda Guerra Mundial bajo la bandera británica. Recién en 1982, los dos países se pusieron de acuerdo para quitarle a Gran Bretaña la autoridad constitucional de intervenir en asuntos canadienses.
Hoy, la Reina de Inglaterra sigue siendo jefa del Estado canadiense, aunque su poder constitucional está delegado a un representante elegido por el gobierno canadiense. En años recientes, los representantes de la Reina han sido personas que personifican el sueño canadiense bien ejecutado: una migrante haitiana que llegó como joven al país y luego se destacó como periodista en los medios ingleses y franceses del país, una periodista nacida en Hong Kong, y la actual es una astronauta retirada.
Pero aunque los terrenos públicos son considerados ‘terrenos de la Corona’ (crown land) y los fiscales del Estado son ‘fiscales de la Corona’, y las cosas se hagan en su nombre, su poder real es nulo: la Reina no tiene la autoridad de exigir un semáforo en una intersección peligrosa.
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Hay un error recurrente cuando se dice que la Reina es solo un símbolo, como si eso fuese algo hueco: en realidad, los símbolos son poderosos. En el caso del ejercicio del poder, lo que me convenció del valor de la monarquía es el obstáculo que representaría para una persona que pretendiese monopolizar el poder. Y por supuesto, esto lo aprendí viendo a los políticos latinoamericanos.
En los sistemas presidenciales, la jefatura de Estado y de Gobierno es ejercida por el Presidente. Algunos, como seducidos por un anillo mágico, intentan prolongarse en el cargo, creando lo que a la larga son dinastías enquistadas en el poder: formando nuevas familias reales.
En los países de monarquías constitucionales, en cambio, el jefe de gobierno el primer ministro que gobierna en nombre de la Corona. Su poder es mucho más endeble, porque siempre hay sobre ellos un poder que se manifiesta a través de la tradición representada por la monarquía.
El poder simbólico de la monarquía sirve, justamente, para quitar esa ambición de volverse todopoderoso. En la mayoría de los casos funciona: Gran Bretaña no tiene una constitución formal, pero ha evitado la tiranía, Canadá no tiene límites de mandatos de sus líderes, pero no sufre de caudillismo. Por supuesto, no siempre funciona así: Zimbabue era miembro del Commonwealth hasta que fue expulsado por las tendencias totalitarias del recién derrocado Robert Mugabe.
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Como símbolos, las monarquías también van cambiando: sobre todo ahora con el matrimonio de Harry y Meghan, que más que una boda es una declaración de la evolución de la casa real de Windsor.
El siglo 20 fue turbulento para la familia real. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el rey Eduardo VIII abdicó para poder casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. La Corona no aceptaba el origen ni el estado civil de la amante del Rey, y él se vio obligado a entregarle la corona a su hermano, y eventualmente dejar el país. La princesa Margarita —hermana de la actual Reina— fue prohibida de casarse con Peter Townsend, capitán del Ejército también divorciado y plebeyo.
El costo de mantener las apariencias en la familia real británica ha sido alto, pero con el matrimonio entre Enrique y Meghan Markle se ve la adaptación de los Windsor al mundo real. En pocas palabras, la Reina ya no ejerce poder ni sobre su propia familia: Meghan es americana, divorciada, mayor que el príncipe, mulata, y actriz, todas condiciones que le hubiesen impedido casarse con un príncipe hace apenas 50 años.
La ceremonia, que debemos recordarnos es un matrimonio real, celebró sus raíces afroamericanos con un coro de gospel y un pastor estadounidense que dio su sermón en la apasionada tradición de la iglesia negra, características impensables en un matrimonio de la monarquía —hasta ahora.
La familia emblemática británica cuyo único trabajo real es sostener tradiciones (Harry tuvo que pedir permiso de su abuela para llevar barba), va abriéndose a nuevas manifestaciones de britanidad, al mosaico cultural que es ahora Gran Bretaña.
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Y los ciudadanos se dan cuenta. Los periódicos han pasado las dos últimas semanas publicando notas sobre la importancia para los británicos afro, hispano, o asiático descendientes de tener un miembro de la familia real de raíces africanas: la homogeneidad étnica de la familia real era un recordatorio de su estado como ciudadanos de segunda clase, algo utilizado por grupos racistas británicos para argumentar en contra de la migración. El periodista británico Gary Younge entrevistó un líder neonazi que insiste que Gary no puede ser británico porque es negro. Ese argumento ya no cuenta con el respaldo simbólico de la familia real.
Más allá del romanticismo de aún dejarnos creer que puede haber príncipes, princesas, y matrimonios reales, la monarquía sirve un papel simbólico de crear un poder en tradición que puede prevenir la tiranía al poner límites al ejercicio real de poder.
Eso no significa que no deberíamos reconciliarnos con las verdades del pasado, sobre todos los crímenes perpetrados en el nombre de la institución. A la vez, podemos encontrar en la familia real británica un patrón de estabilidad. Visto lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua, y el fallido período de poder absoluto que terminó en el Ecuador hace un año, ponerse sombreros ridículos y reírnos de la pompa es un bajo costo que pagar para poner límites que impidan que nos volvamos víctimas de los sueños totalitarios de aquellos que se ven con las semillas de nuevas dinastías que jamás abandonen el poder.
Claves para entender el juicio político a Gustavo Jalkh
Con cuatro votos a favor y tres en contra, el 7 de mayo de 2018, el CALadmitió el pedido de juicio político contra Gustavo Jalkh y los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura —Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez y Alejandro Subía—. Esta solicitud, que contó con 6o firmas de respaldo, fue presentada por los asambleístas Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (BIN). El pedido se hizo por un supuesto incumplimiento de funciones por parte del presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales, además de una supuesta injerencia en el sistema judicial durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
El asambleísta Esteban Bernal dijo que se presentó como una de las pruebas un informe de la Contraloría General del Estado sobre la investigación al proceso de selección de personal, efectuado por la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2015. Según el organismo de control, se determinaron algunas irregularidades en la designación de fiscales —por ejemplo: la Fiscalía General del Estado, solicitó al Consejo de la Judicatura que se disminuyeran los puntajes mínimos requeridos que inicialmente rigieron este concurso, dejando fuera a los aspirantes con mayor puntaje obtenido—. Como parte de las pruebas también se entregó 18 expedientes en los que constan denuncias certificadas de jueces destituidos supuestamente de manera arbitraria, bajo la figura del error inexcusable, que se produce cuando los jueces intervienen en las causas con dolo o negligencia favoreciendo a una de las partes.
Ahora la Comisión de Fiscalización deberá notificar a cada una de las partes para que presenten las pruebas de descargo en quince días desde la fecha en que se admite el juicio político en el CAL.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo la mañana del 8 de mayo de 2018 que se había enterado del juicio político en su contra por la prensa. Dijo también que respeta la decisión de los asambleístas. “Se ha dado paso al inicio de este proceso que aún no nos ha sido notificado formalmente, pero entendemos que en los próximos días pasará a la mesa de Fiscalización. Nuestro derecho es plantear nuestra defensa cuando conozcamos la integralidad de las denuncias presentadas. Luego presentaremos las pruebas de descargo que sean necesarias” dijo.
El esqueleto en el clóset del ‘milagro israelí’
En 2009, los escritores estadounidenses Dan Senor y Saul Singer publicaron el libro Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Growth, una oda al aparente milagro en que se ha convertido Israel. Para estos autores (y otros como Jorge Cachinero) Israel es un milagro económico: “el faro de referencia y […] el ejemplo del desarrollo económico y empresarial que está por venir”. De tal forma, Israel se proyecta como una formidable economía que ha surgido a pesar de las circunstancias —geopolíticas, geográficas—, y una supuesta persecución en ciertos espacios multilaterales, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Unesco.
Lo que Senor y Singer obvian en su análisis son los costos del innegable desarrollo y progreso israelí. Es cierto que hay una próspera y bien posicionada industria israelí, conocida además por su galopante sector emprendedor, pero hay otro factor en ese desarrollo: la ocupación israelí de territorios palestinos en la creación y, sobre todo, sostenibilidad de este mal llamado milagro.
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Para entender cómo la ocupación es un factor determinante en el boom israelí, hay que entender el conflicto septuagenario en Medio Oriente: el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU expidió el Plan de Partición que sugería la división de la Palestina histórica —habitada por árabes júdios, musulmanes y cristianos— en dos: un Estado hogar judió a la luz de los acontecimientos del Holocausto, y uno árabe palestino. El plan fracasó dada la oposición de los árabes, y la aún creciente expansión israelí en territorio palesitno.
Los denominados Territorios Ocupados palestinos (TOp) están divididos en cuatro zonas: la Franja de Gaza y Cisjordania (a su vez está dividida en tres áreas, A, B y C). La división cisjordana obedece a las disputas aún existentes sobre dicho territorio por la presencia de asentamientos, colonias, puestos de control militar, así como recursos agrícolas de interés israelíes, principalmente tierra arable y acceso a fuentes acuíferas. Ello, por supuesto, sin dejar de lado tierras con importante significado para la religión judía – así como la cristiana y musulmana-, ubicados principalmente en las ciudades de Belén, Jerusalén, Jericó y Hebrón.
El área C es la de mayor utilidad para Israel. Está bajo control civil y militar israelí y constituye cerca del 60% de Cisjordania. Además, engloba a los territorios aledaños a la ciudad antigua de Jerusalén, lo que la hace valiosa también en términos políticos y religiosos.
El área A (un 18% de Cisjordania) es controlada civil y militarmente por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y no tiene presencia de asentamientos israelíes. El área B está supeditada al control civil palestino pero el militar lo ejercen las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, por su nombre en inglés). Constituye un 21% del territorio cisjordano.
Así, el área C es el principal espacio territorial que busca ser anexionado definitivamente por Israel, lo que a su vez explica su situación administrativa. Además de sus abundantes recursos acuíferos, que representan ⅓ de las reservas de agua de toda Cisjordania, lo que a su vez implica un alto potencial para el desarrollo agrícola e industrial y turístico – debido al Mar Muerto-, este territorio localizado sobre el Valle del Jordán es el hogar de 16 zonas industriales israelíes que producen unos 600 millones de productos al año, mismos que hasta 2016 inyectaban al menos unos USD 300.000 millones a la economía israelí.
Esto ha llevado a que, por un lado, en 2015 la Comisión Europea solicite a Israel incluir una etiqueta en los productos elaborados en asentamientos israelíes y a que, en octubre de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid ben Raid al-Hussein, remitió una carta llamada la “lista negra” y que contiene el nombre de al menos 150 empresas que tienen o mantienen actividades económicas o apoyan dichas actividades en los TOp. Del total de empresas listadas, figuran 25 empresas israelíes que se ubican y desarrollan su industria jsutamente en los territorios ocupados del área C, entre ellas la cosmética Ahava, la telefónica Cellcom. los Bancs Hapoalim, Leumi, Bezeq y Bezeq International, Amisragas, la Insdustria Aeronáutica Israelí (IAI), la gigante HP, entre muchas otras.
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Que el pueblo palestino tenga en jaque gran parte de sus tierras (y su uso) no es novedad. Lo que resulta ser un poco nuevo, es analizar el tipo de suelos de lo que se ha hecho Israel desde que iniciara su colonización, es decir, desde que se constituyera como Estado.
Luego de la Guerra de los Seis Días, Israel logró el control del 80% de fuentes de agua palestinas. De ahí beben 6 de cada 10 israelíes. Esto, además de afectar el desarrollo agrícola de los palestinos, ha tenido un efecto directo en la situación de saneamiento e higiene del país.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en promedio una persona debe consumir, para fines higiénicos y de salud, 100 litros de agua al día, muy por encima del promedio de 73 litros diarios de los palestinos y aún más si se toma en cuenta los 183 litros per cápita consumidos por israelíes, como lo reporta la ONG israelí B’Tselem.
El uso y abuso de agua palestina por parte de Israel, además de vulnerar el derecho al agua y a la salud reconocida por la ONU. También corroe el derecho de los palestinos al uso de sus propios recursos para el desarrollo de su pueblo.
El despojo y uso de tierras fértiles sobre las que ahora se construyen la vasta mayoría de asentamientos israelíes merece, también, atención. Desde 1948 —pero con mayor fuerza desde 1967— el crecimiento exponencial de Israel ha sido proporcional a las tierras que ha adquirido a través de confiscaciones ilegales.
En la recomendación de participación de la ONU, el territorio debía repartirse así: 56% para un Estado judío, 43% para un Estado árabe palestino, y un 1% para un Jerusalén proclamado territorio internacional. 70 años más tarde, esa propuesta es totalmente ajena a la realidad.
Este desalojo y sustracción de tierras ha significado la fragmentación casi irreversible del territorio palestino supuestamente destinado a la creación de su Estado. Pero, además, supone al menos tres violaciones a los derechos humanos: a circular libremente y elegir el territorio de su residencia, a no ser privado arbitrariamente de sus propiedades, y el derecho a la alimentación.
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Al tener el poderío militar —además del silencio internacional— de tomar control de territorios palestinos, Israel siempre busca atribuirse las mejores tierras palestinas en calidad; aquellas arables y adecuadas para la agricultura. Esto, además de contribuir a la industria agrícola israelí, va en detrimento directo de la dieta de los palestinos, además de debilitar su propio desarrollo agrícola.
Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su nombre en inglés), reconoce que si bien Israel y Palestina tienen similar clima y tipo de suelo, el sector agrícola palestino se ha quedado atrás con respecto al israelí “como un resultado directo de las restricciones impuestas por la ocupación, lo que, entre otros elementos es un resultado directo del inadecuado acceso a tierra y agua”.
El mismo reporte reconoce que el 81% de las tierras arables palestinas son destinadas a la siembra y cosecha de cultivos de bajo rendimiento, como los olivos. Y por si fuera poco, a más de la escasez de tierra productiva, existen segmentos territoriales inasequibles para los palestinos por los obstáculos físicos que impiden su paso —asentamientos, puestos de control militares, el Muro de Separación, entre otros.
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Un segundo elemento que aventaja al milagro israelí es la barata mano de obra tanto de inmigrantes, principalmente etíopes, como de palestinos o árabes israelíes.
En Israel, los palestinos son considerados ciudadanos de segunda clase, y en ciertas ocasiones, hasta de tercera. En el espectro laboral en el cual ocupan un escalón por debajo de los etíopes, considerados también como fuerza laboral barata, y pese a ser judíos que viajan a Israel bajo la figura de la Aliyah – es decir el derecho de inmigrar a Israel que mantienen todos los judíos en la diáspora-, son considerados como ciudadanos de segunda categoría, sujetos también a prácticas racistas.
Una encuesta elaborada en 2016 encontró que, en promedio, un árabe israelí (palestinos nacidos en lo que hoy es considerado territorio israelí) ganan un poco más de la mitad de lo que percibe su contraparte israelí. Además, ese estudio encontró que entre 2014 y 2016 la brecha en la diferencia salarial aumentó en casi diez puntos.
Emplear mano de obra de árabes israelíes o la de palestinos —aún más barata que la de árabes israelíes— rinde. A esto se suman las denuncias de trabajo infantil palestino en los asentamientos. En 2015, se conoció el empleo de niños para desempeñar labores agrícolas en condiciones arriesgadas y en temperaturas que rodeaban los 50 grados centígrados en granjas de asentamientos israelíes. Recibían sueldos de entre 12 dólares y medio y 19 dólares diarios, en un país donde, según datos del Buró Central de Estadística, el salario promedio de un ciudadano israelí es de 4 mil dólares, y el PIB per cápita es de $37 mil 180 dólares, de acuerdo al Banco Mundial.
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El desarrollo, industrialización y bonanza israelí tienen sus méritos: es innegable que Israel es un país pionero en el desarrollo de tecnologías y es oferente de un excelente nivel de educación. No obstante su progreso ‘milagroso’ ha tenido un fuerte elemento colonizador: hacerse de las tierras, recursos y mano de obra barata de palestinos. Una estrategia tan astuta como ilegal y reprochable.
La deuda que Israel y su pueblo mantienen con los palestinos es cada vez más alta, y directamente proporcional al hundimiento de Palestina.
Patrulla militar perdida en la frontera norte es hallada
La tarde del miércoles 16 de mayo de 2018 una patrulla militar ecuatoriana —perteneciente al Destacamento Soldado Santander de Carchi— desapareció mientras realizaba un recorrido en la zona fronteriza con Colombia. Otra patrulla militar salió esa misma noche en busca de los militares desaparecidos. La búsqueda duró hasta las dos y media de la mañana del 17 de mayo.
Según informó El Comercio, el ejército ecuatoriano dijo que posiblemente su desaparición se deba a las malas condiciones climáticas que existen en la zona. Ellos creen que esto obligó a los soldados a buscar un refugio y que por la mala conexión que existe en el lugar no se han podido comunicar.
Aún se desconocen los motivos de la desaparición y el número de soldados que integran la patrulla.
La tarde del miércoles 16 de mayo de 2018 una patrulla militar ecuatoriana —perteneciente al Destacamento Soldado Santander de Carchi— desapareció mientras realizaba un recorrido en la zona fronteriza con Colombia. Otra patrulla militar salió esa misma noche en busca de los militares desaparecidos. La búsqueda duró hasta las dos y media de la mañana del 17 de mayo.
Según informó El Comercio, el ejército ecuatoriano dijo que posiblemente su desaparición se deba a las malas condiciones climáticas que existen en la zona. Ellos creen que esto obligó a los soldados a buscar un refugio y que por la mala conexión que existe en el lugar no se han podido comunicar.
Aún se desconocen los motivos de la desaparición y el número de soldados que integran la patrulla.
La tarde del miércoles 16 de mayo de 2018 una patrulla militar ecuatoriana —perteneciente al Destacamento Soldado Santander de Carchi— desapareció mientras realizaba un recorrido en la zona fronteriza con Colombia. Otra patrulla militar salió esa misma noche en busca de los militares desaparecidos. La búsqueda duró hasta las dos y media de la mañana del 17 de mayo.
Según informó El Comercio, el ejército ecuatoriano dijo que posiblemente su desaparición se deba a las malas condiciones climáticas que existen en la zona. Ellos creen que esto obligó a los soldados a buscar un refugio y que por la mala conexión que existe en el lugar no se han podido comunicar.
Aún se desconocen los motivos de la desaparición y el número de soldados que integran la patrulla.
Entre el polvo y los bramidos
La venta de animales es uno de los negocios más antiguos de la humanidad. Y es una de las principales actividades económicas de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Todos los sábados, a las cuatro de la mañana inician las adecuaciones del espacio —en las afueras de la ciudad— para el comercio; a las cinco comienzan a llegar los compradores y vendedores. El lugar es polvoriento y desordenado: no existe separación clara entre las áreas de bovinos, porcinos y aves. Los vendedores llegan y se ubican donde pueden. El caos de los espacios no definidos aumenta con los agudos chillidos de los chanchos: como resistencia a ser trasladados o movidos de un lugar a otro, se tumban en el suelo para no caminar, sus dueños deben halar con fuerza para levantarlos y en esa ‘negociación’ aumentan los guarridos.
El ruido puede ser abrumador en este encuentro que, cada fin de semana, acoge entre 800 y mil visitantes.
Está previsto que para fines de mayo la feria se traslade a la comunidad Quinchuquí porque el lugar actual ya no alcanza. Según el municipio de Otavalo, en este nuevo mercado de animales esperan recibir 1200 comerciantes.
Los caballos son los animales que menos se venden y compran en la feria.
Detenerse a comparar animales mantiene a los vendedores distraídos de la espera.
La vista panorámica del mercado incluye el cerro Imbabura.
Los cuyes son parte de los animales más comercializados.
El área de los bovinos se reconoce por los mugidos.
Hay animales como las cabras que se venden por su carne, su leche y derivados.
Los pollos en la feria se venden desde un dólar
Los visitantes aumentan a medida que avanza la mañana.
Las ovejas son quizás los animales más tranquilos de la feria.
Los animales que no fueron comercializados, son llevados nuevamente la siguiente semana.
Una decena de acusaciones de abuso sexual en una iglesia católica de Guayaquil sigue sin resolverse
e hacía desnudar. Yo me quedaba desnudo, amarrado, porque te amarraba las piernas y las manos. La idea era hacerte sufrir porque si aguantabas, estabas haciendo una ofrenda. Cuando veía que se le estaba pasando la mano, paraba. En mi caso, me arrastró por una alfombra con los ojos vendados, las piernas amarradas, luego me llevó a la cama vendado. Esto es lo más asqueroso que me ha pasado, me da vergüenza… me trepó encima de él, como en una relación sexual. Nunca me penetró, no me tocó mis partes íntimas, por más que estuve desnudo. Pero me trepó encima de él, y con su barba como que me rozaba el pecho, el abdomen.” Quien habla es Gino P., hoy de 25 años, estudiante de Psicología. De quien habla es el reverendo Luis Fernando Intriago Páez, quien llamaba a estas prácticas la dinámica del pecado.
Por denuncias como esta, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano ratificó la expulsión del sacerdocio del “Rev. Luis Fernando INTRIAGO PÁEZ, acusado de abuso sexual de diversos menores”. En el decreto en que lo decide, la Congregación dice que este delito debe entenderse —según la Ley de la Iglesia— como el acto cometido por un clérigo contra el sexto mandamiento con un menor que no ha cumplido 16 años. Para la legislación ecuatoriana es el acto de naturaleza sexual —excluyendo la penetración— que se hace contra la voluntad de otra persona, y que si la víctima es menor de 18 años, el que haya consentimiento es irrelevante. En la Fiscalía General del Estado hay dos investigaciones en contra de Intriago: una por abuso sexual y otra por tortura.
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Durante 7 meses, recogimos 10 testimonios como el de Gino P. —jóvenes en sus veintes que fueron sometidos a la dinámica del pecado en su adolescencia. Conversamos con 9 conocidos y excolaboradores del reverendo Intriago, con los obispos que aún son sus superiores, con una autoridad del Sodalicio de Vida Cristiana —la orden religiosa fundada en Lima de la que Intriago fue asesor espiritual. Todos los entrevistados coinciden en las acusaciones en su contra.
Gino P. pidió ser citado así, pero ese es su nombre de pila verdadero y la inicial de su apellido. De los 10 entrevistados, Juan José Bayas, Diego Guzmán, Kevin Rivas, Andrés Vizcarra, Gabriel Voelcker quisieron decir con sus nombres y apellidos lo que vivieron. Roger, Adrián, Lucas y Pedro son nombres protegidos. Todos ellos dieron sus testimonios, de forma libre y voluntaria, fueron grabados, y las historias que contaron sucedieron cuando eran adolescentes —14, 15, 16, 17 años—, y coinciden con las prácticas por las que Intriago está suspendido por la Iglesia y es investigado por la justicia ordinaria. Sus relatos guardan similitudes con los de aquellos que fueron víctimas del fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, en Perú, y del sacerdote Fernando Karadima en Chile.
Juan José Bayas conoció al reverendo Luis Fernando Intriago a los 16 años. El sacerdote había dado una charla en su colegio, el Espíritu Santo de Guayaquil, donde les había hablado sobre cómo vencer al mundo. “Yo dije ‘bueno’. Él me dijo ‘yo creo que tú tienes algo interesante, qué tal si hablamos. Te puedo aconsejar muchas cosas porque eres un líder’”. Así empezaron las consejerías, sesiones individuales que ocurrían, por lo general, por las noches o madrugadas en la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa, al norte de Guayaquil, una ciudad portuaria —y la más poblada— del Ecuador. Al principio, dice Bayas, las sesiones se limitaban a charlas que iban “más que de un lado espiritual, de un lado psicológico”.
— Sabes qué, hagamos una dinámica.
— ¿En qué consiste?
— ¿Tú estás consciente de que tú puedes luchar por Jesús?
— Sí, obviamente.
— Pero, ¿crees que puedes vencer todo lo que tú quieras?
— Sí.
— Chévere, vamos a hacer algo: vamos a hacer la dinámica del pecado.”
Juan José Bayas dice que no recuerda cuántas veces fue sometido a esta práctica, en la que él —desnudo, atado de piernas y manos, con los ojos vendados— era golpeado por Intriago quien le decía “tú puedes vencer al mundo”.
En el 2013, Juan José Bayas fue la primera persona que enfrentó al reverendo Intriago.
Adrián tiene 28 años y aunque conoció a Intriago hace doce recuerda con detalles su primera dinámica: “Tenía un problema muy fuerte con mi familia y necesitaba hablar con alguien. Me dijo ‘vente’. Llegué a su casa como a la una y media de la mañana. Él estaba en pijama. Fue un diálogo bastante enriquecedor, me ayudó en ese momento, pero después me dijo ‘vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer la dinámica del pecado’. Me pidió que me quede en bóxer, yo estaba llorando, bastante asustado, balbuceaba y creo que él escuchó que balbuceaba ‘no puede ser, no puede ser que este man sea homosexual’, entonces seguramente eso lo asustó. Ese día me amarró, me vendó los ojos, comenzó a picarme el tórax con el dedo, para que sienta dolor. No me tocó mis partes intimas gracias a Dios. La dinámica pretendía hacerme ver cómo el pecado me tenía atado, ciego y orillado. Luego me soltó, se fue al baño. Luego me dijo ‘tranquilo, no pasa nada’”.
A Pedro —hoy de 29— Intriago le hizo la dinámica a sus 17. “Terminaba la misa y allí comenzaba el tema de ver este plan de vida personal. Él entraba de esa manera. Las dinámicas eran primero suaves, ya chévere, te ato, te hago algunas preguntas, te voy a convencer, te vas a rendir, ya chévere. Hasta allí yo lo veía normal. Ya cuando él me hizo una vez la dinámica completa, desde allí pensé ‘esto no está bien’.
—— ¿Cuál es la diferencia entre la dinámica suave y la completa?
–––– La completa tenía temas de electrocutarme, de hacerme llaves, de colgarme. Había una barra, entonces me colgaba en la barra, desnudo. Ese día si terminé mal.
Lucas, hoy de 23 años, dice que a él lo bañó en agua hirviendo. “Me arrastró desnudo por la alfombra, me dejó guindando de un palo, desnudo, de las muñecas. Mis pies no tocaban el suelo”. Tenía 16. Dice que buscó a Intriago para que lo aconsejase. Estudiaba en un colegio católico, donde le habían enseñado que la homosexualidad era un pecado, y él había descubierto que le atraían hombres y mujeres por igual. “Sufrí mucho bullying en el colegio por mi orientación sexual, era muy feo, mi etapa de colegio fue bastante oscura. Me salía de clases para ir a rezar y llorar y le decía a Dios ‘No hago nada malo, ¿por qué me tratan así?’. Entonces, con esta situación, decidí conocer a Luis Fernando Intriago”.
El reverendo Intriago le preguntó si quería ir a consejería. “Mi primera consejería fue súper suave. Hablar de Dios, vidas de la Biblia, confesarme, todo ese tipo de cosas”.
Dice Lucas que después de la sexta sesión, Intriago le dijo que Dios y la Virgen a través de Pachi Talbot —una mujer que en la década de los 90 decía ver y hablar a la Virgen en el Valle del Cajas, al sur del Ecuador— le habían dado un aceite que olía a rosas y le habían enviado un mensaje: tenía que formar un ejército de ungidos.
Romper el silencio
El 1 de septiembre del 2016, mi esposo y yo rompimos nuestro silencio: contamos que habíamos sido víctimas de abuso sexual. Nos presentamos como sobrevivientes y con nuestro testimonio rompimos también el silencio que existía en el Ecuador frente a este tema. En ese entonces no había apoyo a las víctimas —se ponía en duda sus testimonios, se las revictimizaba, no existían grupos de apoyo ni madurez psicológica para entenderlo— para atender a las víctimas de este desastre social. Quienes sufrimos abuso sexual en la infancia o en la adolescencia vivimos aislados y en silencio, tratando de sobrevivir al horror del trauma y a sus insidiosas secuelas.
La sociedad prefiere aún callar o culpar a las víctimas antes que hablar del tema, entenderlo y confrontar a los victimarios. Si los sobrevivientes decidimos hablar para empezar a sanar, faltan oídos atentos y adiestrados para respondernos de manera adecuada, especialmente porque casi todas las carreras de psicología en el país no incluyen el estudio del abuso sexual en su pénsum universitario.
Las víctimas necesitamos información, apoyo y acompañamiento especializado. En Ecuador nuestra caja de herramientas estaba prácticamente vacía cuando mi esposo y yo decidimos hablar. Fue por ello que creamos Ecuador Dice No Más, y tras una investigación de tres años, desarrollamos el programa de grupos de apoyo para víctimas de abuso sexual. Un sistema que ha funcionado ya en Europa, Estados Unidos y Centroamérica y que adaptado a nuestra realidad empezó a funcionar en Guayaquil el 1 de octubre del 2016 y que hasta la fecha ha atendido a 250 sobrevivientes de Guayaquil, Quito y Machala.
Los grupos de apoyo son un método en el que los y las sobrevivientes y sus palabras —las que dicen y las que escuchan— les permite comenzar a sanar. Compartir palabras nos hace más humanos. Ninguna herramienta o tecnología nos ha hecho avanzar tanto como la comunicación, pero para las víctimas de violencia sexual, hablar no es una opción fácil. Ellas y ellos aprendieron a callar a través de la manipulación, el miedo, la vergüenza, el aislamiento y el dolor. Ver a cientos de víctimas de violencia sexual, alrededor del mundo, romper públicamente el silencio este último año, después de años de aislamiento, nos debería enseñar una valiosa lección: El abuso sexual paraliza, congela y enmudece a quien lo vive en carne propia. Esta parálisis es el primer síntoma. Tal como aceptamos que cada enfermedad ataca el cuerpo de una manera definida, debemos aceptar que este mal social ataca la psiquis de una forma particular: la parálisis emocional. Por ello, la gran mayoría, demora años o décadas en romper el silencio.
Parte importante de esta incapacidad de expresar, radica en el tabú que existe frente a la sexualidad. Si hablar abiertamente de la sexualidad es una meta aún no lograda en esta época de desinhibiciones, hablar de abuso sexual es particularmente crispante y, reconocerse como víctima, resulta casi imposible. Da miedo hablar “de eso”, da vergüenza y duele. Muchas víctimas se mueren sin haber hablado nunca con nadie de “lo que les pasó”. Muchas eligen morir precisamente para no tener que hablar nunca de “eso”. Sin embargo, hablar de lo que pasó —con su nombre completo— es imprescindible. El silencio de la víctima y el silencio social favorece siempre a los abusadores. Hay que romper ese silencio para transitar el camino que va de ser víctima a sobreviviente. Hay que atravesar el infierno del dolor para dejar el sufrimiento atrás. No existen atajos. Lo que plantean los grupos de apoyo es hablar para sanar.
Hablar entre sobrevivientes y hablarle a la sociedad como sobrevivientes, dando la cara, es muy importante. Es por eso que nosotros no quisimos dar testimonios anónimos. Sentíamos que era necesario colocar el tema en la opinión pública, mover el piso y devolverle la vergüenza a sus legítimos dueños: los abusadores sexuales. Ellos cruzaron límites, violaron y destruyeron nuestra paz. Dejar de sufrir aislados y en silencio fue una decisión ética que defendimos con los gritos: #NoMásSilencio #NoMásExcusas #NoMásDolor #NoMásAbusoSexual #EcuadorDiceNoMás. Esa ha sido nuestra bandera de lucha.
La palabra siempre tiene efectos. Crea, transforma, construye. Confronta, obliga a reflexionar y naturalmente genera controversia. Cuando salen a la luz estos casos, contrario a lo que cualquiera pensaría, lo primero que hace la gran mayoría es cuestionar, atacar, desprestigiar y culpar a las víctimas. ¿Por qué? Porque el abusador es el 90% de las veces alguien que goza del afecto y confianza social: un enemigo conocido. Está camuflado en el corazón de las instituciones más legítimas e importantes de nuestro entorno: la familia, la escuela, la iglesia.
Muchos defensores de los perpetradores los defienden alegando que ellos o ellas nunca sufrieron abuso por parte de los acusados dejando de lado un hecho comprobado: todos los agresores sexuales son maestros de la manipulación. Estos expertos del engaño, inteligentemente escogen a sus víctimas entre los niños y adolescentes más vulnerables. Los que vienen de hogares abandonados, padres negligentes, bajos recursos, adicciones, etc. Casos mundiales como los de Bill Cosby y Harvey Weinstein demuestran que estos depredadores pueden vivir una larga vida atacando y destruyendo a decenas o cientos de víctimas, gracias a sus estrategias de camuflaje y manipulación, pero especialmente, contando con el silencio social colectivo.
Sin embargo, los tiempos están cambiando y hoy se empieza a comprender que quienes apoyan estos argumentos están defendiendo la pedofilia.
Puertas adentro, en los grupos de apoyo, el discurso es diferente. No se juzga o ataca a las víctimas. Sus pares las acogen, respetan y comprenden. Esta dinámica les permite sanar. Se trata de dejar salir un pasado que el silencio ha hecho insoportable. Ordenar en palabras los sentimientos para comprender lo que pasó les permite dejar atrás la ira, el dolor, la impotencia, la culpa y el aislamiento. El resultado de esto es: el abuso sexual nos destruye pero nuestra voz tiene el poder de reconstruirnos y fortalecernos.
Los grupos son coordinados por un terapeuta pero son los y las sobrevivientes quienes los lideran. Tampoco se conciben ni como sustitutos de la terapia ni en competencia con ella. Son un apoyo importante. En las sesiones, cada sobreviviente se hace responsable de entenderse y de entender a otros, de levantarse, de avanzar, de crecer, de sanar.
El manual para dirigir los grupos, creado por Ecuador Dice No Más, recomienda no superar los límites de tiempo fijados: 3 horas por sesión. Una o dos sesiones al mes. Se le da mucha importancia a cumplir los límites. Para tomar la palabra se sugieren “normas” y este respeto profundiza el empoderamiento personal. Un tema central es el reconocimiento de las fortalezas personales logradas a lo largo de los años por el hecho de haber sobrevivido (el abuso). Es fundamental la confidencialidad de todo lo que se hable en ese espacio. La regla es que todo lo que se dice se queda en el grupo. Y esa es la paradoja: contar a otras y otros lo que pasó aligerará el peso de una mochila demasiado pesada para cargarla a cuestas.
En cualquiera de los casos, estos grupos de autoayuda de sobrevivientes no se pueden imponer y sólo funcionan si nacen como iniciativa de los mismos sobrevivientes, cuando surgen de su propia convicción.
Lo más esencial del grupo es apoyarse en la vida cotidiana, sentir que no estamos solos. Haber sufrido abuso sexual en la infancia crea en los grupos una dinámica especial y específica: y esa es precisamente la clave para el cambio. El abuso sexual sufrido en la niñez te lleva a ser diferente de lo que hubieras llegado a ser sin el abuso. Es una huella perpetua.
Abrazar esta cicatriz imposible de borrar en mi vida le dio un sentido. El instante en que decidí dejar de preguntarme ¿Por qué fui abusada sexualmente? ¿Por qué a mi? ¿Por qué me traicionó quien nació para protegerme? ¿Por qué tantas personas me hicieron daño? ¿Por qué no puedo olvidar el dolor? ¿Por qué es tan difícil vivir cada día con este peso en mis espaldas? Ese mismo instante en que cambie el por qué por el para qué, nació una luz en mi interior: el propósito. Y esa misión es trabajar para que nadie vuelva a vivir lo que yo tuve que atravesar y para que ninguna otra víctima se sienta abandonada como yo me sentía. Ese cambio en mi manera de pensar y de sentir me hizo lo suficientemente fuerte para para exhibir mi cicatriz como un trofeo. Ese día abracé la palabra sobreviviente. Cambié mi historia y me dediqué a trabajar por una meta: No Más Abuso Sexual.
Sacramentar el abuso
La sociedad ecuatoriana está conmovida desde hace meses por las reiteradas noticias sobre casos de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes. Estas han movilizado a casi todos los sectores e instituciones del país que exigen y planifican procedimientos más rigurosos y expeditos para la investigación de estos deleznables hechos, el endurecimiento de las sanciones aplicables, y mayor transparencia en el manejo de las investigaciones. Casi porque hay una institución que goza de mejor reputación y mayor credibilidad pero que desde hace años hace todo lo contrario frente a este tipo de casos: la Iglesia Católica. Sus investigaciones carecen de rigor y son lentas hasta la inutilidad. Sus sanciones son risibles. Y, sobre todo, sus procedimientos y resultados son secretos.
En estas semanas en Cuenca y Guayaquil han salido a la luz relatos de muchas de las víctimas de dos sacerdotes que, aprovechando su autoridad como ministros de la iglesia católica y el temor reverencial que la misma inspira en mentes inocentes, abusaron de niños y adolescentes defraudando la confianza que las víctimas y sus familias habían depositado en ellos.
No son los primeros relatos de sobrevivientes en Latinoamérica. Y tampoco, lamentablemente, serán los últimos. No es verdad que los abusadores son unos pocos malos elementos. Las ‘ovejas descarriadas’ de una organización impoluta. Es todo lo contrario: son demasiados y en todas partes del mundo. Lo que existe es un patrón sistemático de abusos y encubrimientos institucionales.
Las víctimas han decidido contar sus historias luego de años, décadas en ciertos casos, de sufrimiento, vergüenza y frustración frente a la inactividad de las autoridades eclesiásticas que tras recibir las noticias de estos terribles hechos, se preocuparon más de apoyar y proteger a los perpetradores para que no enfrenten las consecuencias de sus actos y de ocultar a la opinión pública esta grave situación, en lugar de paliar al menos en parte, el trauma de las víctimas y colaborar con las investigaciones adelantadas por las autoridades civiles.
En la religión católica, los ‘sacramentos’ son ritos con un efecto supuestamente espiritual a través de los cuales, se dice, Dios obra en las almas. Una de las definiciones de ‘sacramentar’, según la Real Academia de la Lengua, es ocultar, disimular o esconder algo. La iglesia siempre se ha tomado muy en serio los sacramentos y al parecer piensa que su misión de administrarlos incluye encubrir a sus miembros que cometen delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes. Han sacramentado el abuso. Esta afirmación parece injusta, excesiva y seguro resultará muy polémica, pero tiene fundamentos.
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La iglesia católica, como institución, tiene su propio ordenamiento jurídico: el derecho canónico. Este regula las relaciones entre la entidad y sus súbditos —los fieles—, en particular aquellos que han optado por la vida religiosa y voluntariamente han asumido una serie de deberes relacionados con el cumplimiento de los fines y el mantenimiento del estatus de la organización eclesiástica. Dicho ordenamiento jurídico incluye, entre otras, una serie de disposiciones ‘penales’ que en realidad no son tales. Son un conjunto de prohibiciones cuya violación acarrea penas —que tampoco son tales en el estricto sentido de la palabra. También contempla procedimientos propios cuya celeridad, rigurosidad y efectividad son por decir lo menos, cuestionables.
La aplicación de las normas canónicas no impide que en forma anterior, paralela o posterior se aplique también a los mismos hechos las normas ordinarias. Por ejemplo, la anulación canónica de un matrimonio no impide la realización de un juicio de divorcio, y viceversa.
El problema es que, como ocurre con otros fueros funcionales —tribunales y procedimientos especiales establecidos para investigar y sancionar las infracciones directamente relacionadas con su función, de personas que integran una institución jerárquica (por ejemplo la Justicia Militar de muchos países)— quienes integran la iglesia católica como institución, no como fe, piensan que someter sus faltas a una investigación canónica y recibir una ‘sanción’ eclesiástica es suficiente y excluyente de una eventual investigación y sanción penal ordinaria.
Muchas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros religiosos católicos, movidos por su propia fe, acuden en primer lugar a las autoridades eclesiásticas, como lo hicieron algunas víctimas del sacerdote Luis Fernando Intriago que acudieron a la Arquidiócesis de Guayaquil. Las víctimas buscan que las autoridades eclesiales comuniquen los hechos a las autoridades civiles e impongan los primeros castigos a los perpetradores. Sin embargo, esta situación ha sido históricamente aprovechada por la iglesia, como en los casos de abusos del padre Intriago Páez, precisamente para garantizar impunidad tanto en el ámbito eclesiástico como en el civil. Al no instrumentar un proceso rápido y eficiente, y al obstaculizar o directamente impedir las investigaciones penales ordinarias sobre estos casos, la iglesia ha incurrido en su propia responsabilidad como institución.
El encubrimiento asegurado por la iglesia a los responsables de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes no es resultado del azar ni del infortunio, fue resuelto hace mucho tiempo en las más altas esferas del poder eclesiástico, y ha sido noticia (o mas bien escándalo) en diversos países del mundo sin que, hasta ahora, el problema haya sido superado.
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La Santa Sede como sujeto sui generis de derecho internacional —algo muy parecido a un Estado— ha sido invitada a ser parte de tratados internacionales en diversas materias, entre ellos, tratados de Derechos Humanos. Ha aceptado muchas invitaciones y hoy es miembro de algunos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura. Dicha membresía no es solo un estatus, como aparentemente las autoridades de la iglesia habían pensado, sino que implica asumir una serie de obligaciones para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las personas. Tales obligaciones van desde la presentación de reportes periódicos sobre los esfuerzos desplegados para cumplir con los términos del tratado, hasta responder ante los órganos de supervisión internacional respectivos por las violaciones e incumplimientos en que incurra.
La Santa Sede presentó en 1995, con tres años de retraso, su primer informe al Comité de Derechos del Niño sobre el cumplimiento de las obligaciones del tratado. El Comité, muy bondadoso, solo le realizó dos observaciones: una en materia de discriminación debido al sexo y otra de educación en materia de salud reproductiva. La Santa Sede, sin embargo, nunca se ocupó de implementar las recomendaciones del organismo. Ni el Comité ni la Santa Sede abordaron la cuestión de los abusos sexuales al interior de la iglesia católica que para esa época ya era bastante conocida.
Recién en 2012 la Santa Sede presentó su segundo informe, que debió hacerlo en 1997. Esta vez el Comité, notablemente disgustado por la demora, fue mucho más riguroso en el escrutinio de las actividades realizadas por este cuasi Estado para cumplir con las obligaciones del tratado. El 25 de enero de 2014, el Comité adoptó sus observaciones finales y dijo, entre otras cosas, que:
- […] está preocupado por que algunas de las disposiciones del derecho canónico no se ajusten a las de la Convención, en particular las relativas a los derechos del niño a estar protegido contra la discriminación, la violencia y todas las formas de explotación y abuso sexuales.
- Preocupa que la Santa Sede no haya tenido debidamente en cuenta el interés superior del niño como una consideración primordial en sus procedimientos legislativos, administrativos y judiciales, así como en sus políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia y que repercuten en ella. En particular inquieta al Comité que, como lo señalaron varias comisiones de investigación nacionales al examinar las denuncias de abuso sexual de niños, la Santa Sede haya preferido sistemáticamente preservar la reputación de la iglesia y proteger a los autores de dicho abuso, y no el interés superior del niño.
- […] expresa su profunda preocupación por los abusos sexuales de niños cometidos por miembros de la iglesia católica que responden a la autoridad de la Santa Sede, en que clérigos han participado en abusos sexuales de decenas de miles de niños en todo el mundo. El Comité está seriamente preocupado por que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos, y por que ha adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores.
Luego el Comité enumeró los obstáculos fácticos y jurídicos que la iglesia ha implementado para impedir el esclarecimiento y sanción de los casos de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes: el traslado de los presuntos responsables a otras diócesis, la falta de provisión de información sobre el tema al Comité, el carácter secreto del proceso canónico y las graves sanciones a quienes lo violenten, la falta de denuncia de estos hechos ante las autoridades ordinarias, etc.
Con tales antecedentes, el Comité exhortó a la Santa Sede a investigar estos casos en un proceso que involucre a las propias víctimas y a la sociedad civil, a separar del cargo a quien, se sepa o sospeche, haya cometido este tipo de abusos, a denunciar ante las autoridades ordinarias para que inicien sus propias investigaciones y eventuales enjuiciamientos, y a asegurar un intercambio transparente de información en estos casos. También incitó a reformar la legislación canónica para garantizar que estos abusos sean tratados como delitos y no como simple infracción moral, y para suprimir el carácter secreto de los procedimientos, adoptar políticas y programas de prevención así como planes de recuperación y reintegración social en beneficio de las víctimas. Estas recomendaciones, cuatro años después de emitidas, siguen sin cumplirse.
La Santa Sede, en lugar de reconocer las consecuencias negativas y muy graves de su encubrimiento sistemático de los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, respondió al Comité mediante un comunicado, el 23 de septiembre de 2014. Dijo que al ser una entidad soberana, se reserva el derecho de interpretar sus propias normas jurídicas y procedimientos —el derecho canónico— en los términos que considere más ajustados al derecho internacional, que los sacerdotes y religiosos abusadores están sometidos a la jurisdicción de los Estados donde ocurrieron los abusos y que son tales Estados los que deben investigarlos, juzgarlos y eventualmente sancionarlos. Respondió también que sólo es responsable de lidiar con los abusos de niños cometidos dentro de los límites de su territorio, la Ciudad del Vaticano, y, como si esto no fuera suficiente, invocando su soberanía al más puro estilo de los Estados represivos, cuestionó las conclusiones del Comité y sus motivos, desconoció la autoridad del organismo para emitir ciertas recomendaciones como la reforma del derecho canónico o la adopción de políticas de prevención. Finalmente anunció que evaluaría soberanamente la pertinencia de cumplir o no con las demás recomendaciones.
El tercer informe de la Santa Sede al Comité de Derechos del Niño debió presentarse el 1 de septiembre de 2017. A la fecha aún no ha sido remitido.
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La Santa Sede también firmó un tratado para erradicar la tortura y, como parte de sus obligaciones, entregó su primer informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Este comité, el 17 de junio de 2014, escribió sus observaciones finales y expresó su preocupación por:
- […] que el Estado parte no haya proporcionado los datos solicitados sobre el número de casos en los que facilitó información a las autoridades civiles en los lugares en que sucedieron esos casos y en los lugares en los que los sacerdotes en cuestión están actualmente. [y …] los informes de que funcionarios del Estado parte se resisten al principio de información obligatoria de esas denuncias a las autoridades civiles.
- […] los numerosos informes de casos en los que los sacerdotes acusados o condenados por las autoridades civiles por esos delitos fueron trasladados a otras diócesis o instituciones en las que permanecieron en contacto con menores y otras personas vulnerables, y que en algunos casos cometieron abusos en sus nuevos lugares de destino.
- […] que el Estado parte no haya señalado hasta la fecha ningún caso en que haya enjuiciado a una persona responsable de la comisión de una violación de la Convención o de
complicidad o participación en ella.
- […] los informes que ha recibido sobre casos en los que el Estado parte se ha negado a facilitar a las autoridades civiles información relacionada con procedimientos sobre denuncias de que miembros del clero habían cometido violaciones de la Convención, a pesar de que, desde 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, tenía la responsabilidad de recibir e investigar toda denuncia de abuso sexual de menores perpetrado por miembros del clero.
El Comité instó a la Santa Sede a investigar adecuadamente estos casos, denunciar los hechos ante las autoridades civiles, transparentar la información que disponga sobre el tema y reparar a las víctimas. Tales recomendaciones, en general, tampoco han sido cumplidas.
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En marzo de 1962, el papado de Juan XXIII emitió una carta dirigida a la jerarquía del clero titulada Criminis Solicitacionis que contiene instrucciones para encubrir casos de abuso sexual y amenaza con la excomunión a aquellos que den a conocer algo sobre las investigaciones. Su artículo 11 establece un “deber de silencio” en estos términos:
dado que en estas causas se debe mostrar un mayor cuidado y preocupación de que se traten con la mayor confidencialidad, una vez tomada una decisión y ejecutada, están cubiertas por silencio permanente.
La instrucción prohibía expresamente la entrega de tal información a las autoridades civiles.
En abril de 2001, casi 40 años después, El Papa Juan Pablo II promulgó la carta Sacramentorum sanctitatis tutela que sustituyó la instrucción de 1962. Bajo ella, el abuso de niños se convirtió en un ‘delito grave’, lo que significó que su investigación estaría a cargo directo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta oficina vaticana estaba bajo la dirección del Cardenal Ratzinger, señalado desde inicios de la década de los 90 como uno de los principales orquestadores del encubrimiento sistemático de los casos de abuso sexual al interior de la iglesia católica, y cuyo hermano, también religioso, es hoy centro de una polémica de abusos sexuales. La carta de 2001 plantea la necesidad de que tan pronto sean conocidos estos casos se avise a las autoridades civiles. Sin embargo, hasta ahora no existen disposiciones explícitas en el derecho canónico que obliguen a los obispos que conocen los procesos canónicos o las denuncias a remitir inmediatamente a las autoridades civiles los casos de presunto abuso sexual de niños. Tal remisión se ha vuelto más bien opcional de cada diócesis que desarrolla sus propias guías de actuación.
Hasta la fecha, la iglesia católica global no ha realizado esfuerzo alguno por crear una base de datos sobre casos de abuso sexual como su propia Academia Pontificia para la Vida le recomendó en el 2003. Esto, además de la intención deliberada de ocultar información a las propias víctimas, a sus familias, a las autoridades y a la sociedad en general, sobre las dimensiones del problema, y sobre sus responsables tanto por acción como por omisión.
En abril de 2010 el Vaticano publicó su nueva guía para tratar casos de presunto abuso sexual por parte de religiosos. La “Guía para comprender los procedimientos fundamentales de la CDF cuando se trata de las acusaciones de abusos sexuales” establece que el asunto debería derivarse a las autoridades ordinarias y que “el obispo local siempre tiene el poder de proteger a los niños mediante la restricción de las actividades de cualquier sacerdote de su diócesis”. No obstante, ni lo uno ni lo otro se cumple en la práctica pues el Código de Derecho Canónico, que describe el procedimiento ‘penal’ aplicable a estos casos, prevalece sobre la guía, y dicho código no contiene provisiones específicas sobre entrega de información a las autoridades civiles o protección cautelar de las víctimas, sino más bien un deber de secreto y una priorización del interés de la persona sometida a investigación.
En mayo de 2011, el Vaticano envió una carta a todos los obispos: “Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de niños por parte del clero”. Esta dio autonomía a los obispos y no tomó medidas contra aquellos que supervisan a los clérigos abusadores y que no cumplieron con las directrices de 2001 y 2010. Sólo recomendó a los obispos que remitan los casos a las autoridades laicas si se hace “sin prejuicio del foro interno o sacramental” y enfatizó en la supremacía del juicio de los obispos sobre los mecanismos de investigación, juzgamiento y sanción civiles.
En julio de 2013 el Papa Francisco emitió un nuevo decreto papal que amplía la definición de la categoría “delitos contra niños”. Este sólo obliga a los aproximadamente 5 mil miembros del clero y laicos que viven y trabajan en la Ciudad del Vaticano, y desde el punto de vista de jerarquía normativa, es inferior al Código de Derecho Canónico, por lo que en caso de contradicción prevalecería este último.
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A pesar de tanta carta y decreto no ha ocurrido mayor cosa. Denuncias recientes evidencian que la práctica sistemática de encubrimiento persiste. El Papa, pese a haber declarado públicamente su cometido de combatir el fenómeno de abusos sexuales al interior de la iglesia, ha tildado de calumnias algunas de las valientes denuncias de sobrevivientes de estos actos, se ha rehusado a reunirse con víctimas, y ha defendido públicamente a religiosos señalados como abusadores, generando tanto escándalo que después ha debido retractarse.
La frecuencia y cantidad de abusos sexuales cometidos por religiosos y la práctica de encubrimiento por parte de la iglesia ha motivado también que expertos internacionales planteen que dichas conductas, dada su sistematicidad —por su carácter planificado— y generalidad —por el número de víctimas perjudicadas— caracterizarían un crimen de lesa humanidad. La responsabilidad de estos crímenes recaería en las más altas autoridades de la iglesia por su rol de mando sobre los miembros de las diversas órdenes religiosas en todo el mundo que han participado por acción u omisión en estos actos, o al menos, violaciones de derechos humanos que exigen medidas de reparación por parte de la Santa Sede.
§
El Código de Derecho Canónico de 1983, en el canon 1395 sección 2, ‘castiga’ hasta con la separación del estado clerical, al sacerdote que cometiere un ‘delito’ contra el sexto mandamiento en perjuicio de un menor de edad. Dicha ‘pena’ no es la natural de la falta, es decir, el obispo que conozca el proceso y resuelva el caso podría aplicar alguna medida menos ‘severa’, como su simple traslado a otra diócesis. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en cambio, sanciona los delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes con penas que oscilan entre los 5 y los 26 años de prisión, atendiendo a la gravedad de la falta.
Como sociedad deberíamos preguntarnos qué preferimos: un pecadillo sometido a análisis de un colega de profesión del agresor sexual, en el marco de un procedimiento largo, tedioso e inútil que culmina en un remedo de sanción cuya verdadera finalidad no es reprochar la conducta de abusadores como los sacerdotes Cordero e Intriago (sino garantizarles impunidad), o un grave delito investigado de manera expedita y especializada por fiscales, que lleven a estos individuos ante tribunales de justicia de verdad, con un procedimiento de verdad, que ponga en el centro de la escena a las víctimas con sus necesidades y expectativas, y en el que se imponga sanciones que constituyan un verdadero reproche moral y jurídico de actos tan graves.
En cualquier caso debemos tomar una decisión pronto pues el silencio cómplice frente a estas injusticias sea por la fe ciega, por la devoción y respeto inquebrantable a la institución eclesiástica, o por el deseo de no incomodar a nuestra familia y amigos al señalar públicamente la responsabilidad que le cabe a la iglesia en este tema tan delicado, nos convierte en culpables indirectos de estas miserables acciones y de esta sacramentación del abuso.
UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO
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Juan Sebastián Roldán: “En la Presidencia anterior se decía hasta qué producto debía ponerse en los baños de los ministerios”
A Juan Sebastián Roldán el bicho de la política le picó muy joven: a los 25 años cofundó la Ruptura de los 25, una organización política de centroizquierda que llegó al poder en la coalición que convirtió a Rafael Correa en presidente en 2006. En el primer gobierno de Correa, Roldán fue Subsecretario en el Ministerio Coordinador de Seguridad en 2007, cuando Homero Arellano era el responsable de esa cartera de estado. Luego ocupó el mismo cargo en dos ministerios más: en 2008 en el Ministerio de Gobierno (cuando Fernando Bustamante, caído en desgracia del correísmo, era Ministro) y en 2009 en el Ministerio Coordinador de la Política de Ricardo Patiño, de quien ahora es su detractor. En 2011 fue Secretario de Transparencia. En ese año, cuando Correa decidió llamar a una consulta popular para “meter las manos en la Justicia”, la Ruptura se retiró del gobierno correísta y se convirtió en oposición. Desde entonces, Roldán se había mantenido fuera de la política, pero la picada —la mordedura— del bichito, como él mismo lo dice, fue más fuerte: en marzo de 2018 aceptó el cargo de Secretario Particular y Vocero del Presidente Lenín Moreno.
Roldán llega a la entrevista con un retraso de 15 minutos: estamos en una oficina amplia e iluminada en el segundo piso del Palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana. Tomó unos minutos más poder arrancar. Antes de empezar, la persona con la que coordinamos la entrevista dice, en broma “Ya me ofreció que no hará preguntas duras” y Roldán no desaprovecha el desliz para lucirse: “Entonces así no vale la pena la entrevista”. Le ofrezco que la entrevista valdrá la pena. Roldán asiente, sonríe y comenzamos.
Usted regresó a la política con Lenín Moreno, quien fue parte del gobierno de Rafael Correa, del que usted salió por discrepancias. ¿Qué le hizo tomar la decisión de participar en el gobierno de quien fue vicepresidente de Correa?
Decidí salir del gobierno del Presidente Correa porque yo era parte de Ruptura de los 25 que decidió en conjunto dejar el gobierno de Correa porque Correa había planteado tomarse la justicia en sus manos. Nosotros como organización y en términos personales, somos demócratas profundos: creemos que la democracia es uno de los elementos que puede juntar a la sociedad de la mejor manera. Tomarse la justicia en las manos no tenía ninguna justificación.
Dejé la política alrededor de siete años. Me dediqué a mi actividad particular: hacía consultoría política y vendía papás. Inicialmente vendía papas porque el día que salí del gobierno, miraba al techo y no sabía de qué iba a vivir. Entonces me dediqué a comprar y a vender papas.
¿Literalmente?
Sí, sí. Me dediqué a comprar papas de mi padre y de mis tíos. Eso sigue haciendo mi familia.
¿Por qué regresó?
Porque en el devenir de los hechos del gobierno del Presidente Moreno vi que la ética era uno de los elementos fundamentales para su gestión. Creo que este país necesita ética y verdad. Creo que el presidente Moreno las embandera con toda fuerza. No estuvo dispuesto a quedarse cómodo sin decir lo que había visto cuando llegó al poder. No estuvo dispuesto a tener esta lógica de gobierno transitorio que no mueve mucho las cosas. Cuando vi esa decisión, esa voluntad y esa claridad y me planteó entrar, digamos que el bichito de la política y del servicio no deja de estar presente: cuando creo merece la pena y que voy a poder servir, yo me apunto.
De todos modos es más fácil criticar desde el poder, ¿no?. El Presidente Moreno nunca le criticó al Presidente Correa cuando fue su compañero.
No sé si es más cómodo criticar cuando uno está en el poder. Creo que es más difícil criticar. Creo que él habría podido hacer como hizo mucha otra gente, quitado la mirada de los temas difíciles, y no ha tenido empacho en señalarlos con toda la fuerza, con toda la claridad y públicamente.
Pero cuando estuvo dentro no hizo mucha crítica —incluso lo que usted menciona, el tema de la metida de mano en la Justicia, ahí estuvo callado.
Creo que eso hay que preguntarle al presidente Moreno, qué criticó y qué no. Cuando yo estuve en el gobierno del presidente Correa, puedo afirmar que en muchas reuniones de buró, del que yo era parte, el presidente Moreno fue muy claro en términos de críticas. Públicamente, cuando los Secretarios de Comunicación prohibía a los ministros ir a los medios de comunicación privados, habíamos personas que no cumplíamos eso; el presidente Moreno fue uno de ellos. Fue uno de los que tendió todo el tiempo puentes con aquellos que se marcaban como enemigos de la Patria. Creo que sí hizo cosas en el gobierno de Rafael Correa y, más importante, está haciendo cosas ahora como Presidente de la República.
Usted dijo en una entrevista en Teleamazonas, poco después de su posesión, que el gobierno no tiene la intención de ocultar la información a propósito del anuncio de que la desaparición de la Secretaría de Inteligencia. ¿Ya no existe la Senain? ¿Ya no hay funcionarios trabajando allí, actividades en curso?
Hay una política de verdad en el gobierno. Entre los valores fundamentales de este gobierno, uno es democracia y otro es verdad. Esa política de verdad engloba muchos temas: la lucha contra la corrupción, la transparencia de los temas complejos y la discusión de temas difíciles que el correísmo dejó sin discutir.
El tema de la Senain es uno de los temas complejos. La Secretaría de Inteligencia, como tal, es una organización que debe funcionar porque debe juntar los temas de inteligencia militar, policial y delictiva. Para eso tiene que existir la Secretaría y para eso sigue existiendo, solamente que cambia el propósito.
La Senain, lamentablemente, durante mucho tiempo centró el tema en la investigación política y esa es una de las consecuencias por las que la frontera norte tiene poca capacidad de inteligencia.
Una Secretaría de Inteligencia tiene que existir. La Senain como tal tuvo que desaparecer, hoy hay que repensarla para que funcione en los términos en los que el Estado demanda por las necesidades de inteligencia específicamente.
¿Y la información de lo que allí se generó durante la década pasada relacionada a persecución de opositores, periodistas y demás, algún día tendremos acceso a saber qué fue lo que realmente pasó ahí?
La mayoría de esos documentos son secretos en términos judiciales. No es que mañana se pueden hacer públicos, pero en tanto y en cuanto la justicia permita que se transparenten, se van a transparentar.
¿Y hay la voluntad del gobierno para transparentarla?
El gobierno tiene toda la voluntad de decir la verdad en todas las áreas, por eso cerró la Senain, por eso es que aclaró los estudios actuariales de la Seguridad Social, por eso está discutiendo ahora cómo abrir las cosas del caso Gabela, la voluntad está más que clara.
¿Pero no hay plazos para el tema de la Senain?
Digamos que hubo plazos para otras cosas. Para esto no.
¿Va a haber plazos en algún momento o no es prioritario?
No le puedo responder. Es prioritario pero no creo que hay que poner plazo para entender la importancia del cierre de la Senain como tal.
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Antes de seguir, Juan Sebastián Roldán saca una pequeña libreta. Anota en ella, como para no olvidarse lo que quiere responder. Escribe con un esmero de estudiante aplicado. El secretario particular del Presidente de la República habla rápido y contesta sin perder el hilo de lo que dice, mientras su asesora graba la entrevista desde su teléfono.
Roldán fue funcionario en el gobierno de Rafael Correa y uno de los fundadores de Ruptura de los 25.
El secuestro y asesinato de los periodistas pusieron en evidencia la delicadísima situación de la frontera. El manejo de la crisis también fue muy cuestionado. ¿El Presidente tiene una estrategia para manejar la situación de la frontera?
El Presidente tiene Ministros que van a hacer un planteamiento específico con respecto de la frontera. Eso ya lo dijo el Ministro de Defensa: va a hacer una propuesta para la frontera y el resto del país. Igual el ministro Toscanini. Esa va a ser la respuesta que el Ecuador recibirá seguramente en los próximos días, ni siquiera en las próximas semanas, sino en los próximos días se podrá aclarar cuál es la situación fronteriza en el país.
De momento, ¿no hay mucha claridad sobre la situación en la frontera o se está trabajando en eso?
No, no. Sí hay claridad, se está trabajando en la frontera Hay cosas que se están haciendo, solamente que hay que redimensionar el problema. Lo que ha sucedido en el Ecuador es una cosa que ha sacudido las circunstancias del país, y por tal razón nosotros tenemos que entender cómo vamos a actuar frente a estas nuevas amenazas y sobre esa base habrá un plan. Sí hay claridad, sí hay planes, solamente que vamos a repensar los planes con los nuevos elementos.
Las familias de los periodistas asesinados no está conforme con las investigaciones. Un familiar decía que cree que no se les ha entregado toda la información. El Presidente dijo que la información de los operativos y todo lo que sucedió durante el proceso de secuestro iba a ser desclasificado o hecho público. Más de tres semanas después, esa información sigue oculta. ¿Qué ha pasado con eso?
Esa información está lista para entregar solamente que se tiene que entregar en las circunstancias adecuadas. ¿Cuáles son esas circunstancias?
La Comisión Internacional que los mismos familiares plantearon. La reunión ayer en el Ministerio de Justicia —que es el que va a llevar este tema—, fue para dos cosas específicamente: para el tema de la comisión internacional —hoy tienen una reunión a las siete y media, la pregunta natural en todos los medios es que si estamos dispuestos a que la CIDH participe. Sí, el Ecuador ya mandó una carta solicitando eso específicamente para que sea la CIDH y otros muchos organismos internacionales los que establezcan quién puede ser parte de esa comisión y haga el mejor trabajo en términos de verdad, de transparencia, de develamiento de información.
Una vez que la comisión esté creada se le va a entregar toda la información. Sin embargo en estas reuniones con los familiares, toda la información que ellos necesiten se les va a entregar en el camino.
De todos modos, el Presidente se refería a hacer pública la información también de cara a los medios de comunicación.
Lo que pasa es que hay temas bien delicados. Es un tema de cuidado con las familias sobre todo. Como ustedes entenderán es información sensible de las personas que fueron asesinadas por este grupo criminal, y el gobierno eso sí lo va a cuidar. Pero si las familias estén dispuestas a hacer pública la información, el gobierno no tiene ningún problema. Sin embargo, sí vamos a cuidar con todo celo la identidad de las personas, el trato de las personas, el cuidado de quienes fueron secuestrados.
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Le insisto al Secretario, que se pone serio y endurece el tono. Su asesora, a la entrada de la sala, regresa a ver el intercambio. Sus ojos se mueven, inquietos hacia Juan Sebastián Roldán, luego hacia mí, de nuevo hacia él, y luego hacia mí, como constatando que la entrevista cumple con la promesa de valer la pena. Para Roldán, la vocería de la Preisdencia de la República implica enfrentar el escabroso asunto del secuestro y asesinato de 3 periodistas —Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, en el que hay una sensación (manifestada por familiares y colegas de las víctimas) de que la situación no se ha manejado de la forma más diligente.
Pero, ¿tampoco hay plazos para eso? Me parece que el Presidente dijo dos días.
No, lo que dijo es que se hará público. Nosotros no tenemos problema en hacerlo público hoy, pero ustedes entenderán que hay temas específicos para los familiares de los secuestrados que son muy graves.
No se tratan de si son dos días o si son cincuenta días.
Se trata de que hay tres personas que fueron asesinadas por un grupo criminal, que lo que hizo todo el tiempo es amenazar con las peores palabras con que les iba a matar.
Entonces si nosotros entregamos eso a los medios de comunicación, mañana va a aparecer en las crónicas rojas. Me imagino que usted como periodista —y la mayoría de los ecuatorianos— lo que queremos es cuidar que esas personas no tengan una doble victimización.
Eso es lo que el gobierno va a cuidar. Si hay que saltarse el plazo una, dos, cinco, cien, mil o un millón de veces, lo va a hacer, en tanto y en cuanto eso sea cuidar la dignidad de las personas que fueron asesinadas por un grupo criminal.
Sí, pero el interés es más allá de los detalles que puedan despertar el morbo, si quiere llamarlo de alguna manera. El interés está en el proceso de intervención, de negociación. Se supo que el Ministerio de Defensa no intervino, que el proceso estuvo totalmente a cargo de la Unidad Antisecuestro de la Policía (Unase). El interés está en saber cuál fue ese proceso, qué documentación hay, si se cuenta con una bitácora de lo que ocurrió cada día.
Es fundamental que miremos lo que ya ha sucedido. Después de la reunión del Cosepe (Consejo de Seguridad Pública y del Estado) del Presidente con los Ministros, el director de la Unase les explicó a los medios de comunicación paso a paso el secuestro. Esa explicación no fue escuchada porque fue un momento complejo en términos de dolor nacional. Posiblemente hay que volver a hacerlo, por supuesto que el Ministerio de Defensa no tuvo trato con los criminales porque la Unase es la institución que tiene que hacer eso y que ha hecho eso con mucho éxito en el país —a excepción de este caso específicamente.
Esos son los temas que vamos a discutir, primero con los familiares y luego con el resto del Ecuador. Para nosotros, en este primer momento, lo fundamental es precautelar la dignidad de las personas que murieron y el dolor de esos familiares que son los primeros dolientes de ese caso tan grave.
¿Los ministros de Defensa y del Interior salieron por el manejo de este caso?
Este es posiblemente el caso más grave que ha enfrentado el Ecuador en términos de amenaza internacional después de la guerra del Cenepa. Tiene otras condiciones, es una organización criminal que opera en Colombia y que entra provisionalmente en el Ecuador para, como hemos dicho varias veces, cometer el delito de transportar droga y sacarla por nuestros puertos.
Específicamente el tema del secuestro gatilla con toda fuerza el conocimiento nacional al respecto y gatilla también cuál tiene que ser la posición. Y es a partir de eso que el gobierno tiene una posición clara del plan que comenté hace un momento y que marca una diferencia sobre el pasado.
Ahí quizás hay una duda sobre los cuadros que se ocupan de esas carteras precisamente por el momento tan delicado. En el caso del Ministro Jarrín, se entiende el nombramiento de un exmilitar, pero el del Ministro Toscanini ha sido cuestionado. ¿Cómo decide el gobierno quién se hace cargo de la seguridad cuando el país enfrenta un escenario sin precedentes?
El general Jarrín no solamente es un exmilitar. Dirigió las operaciones en la guerra del Cenepa, en primer lugar. Segundo, fue un militar con todos los honores cuando fue parte de las Fuerzas Armadas.
Por eso le digo que su nombramiento está más claro.
Tercero, fue un académico que investigó los temas de seguridad con toda claridad. En el tema del ministro Toscanini, el presidente Moreno cree que si ya tenemos un perfil como Jarrín, con conocimiento puro y duro de la seguridad, con conocimientos de defensa de la frontera, en el área de seguridad, que ahora se va a volver a convertir en un Ministerio de Gobierno, lo que hay que hacer es gobernar la seguridad.
No solamente se trata de capacitar a la Policía (que sí tiene que darse para enfrentar este tema), sino que también hay que vincular a la Policía con la sociedad, con los empresarios, con los medios de comunicación para que el tema de seguridad se trate globalmente. La seguridad no se trata solamente con armas, se trata con arquitectura en las ciudades, se trata con alcaldes, con prefectos, con iluminación. Eso es lo que tiene que hacer el ministro Toscanini.
Es un hombre que tiene un vínculo académico que es un origen que le permite tener información suficiente para trabajar y, en segundo lugar, tiene una maestría en temas de gobernanza con la Universidad de Washington. No es una persona improvisada, como alguna gente ha querido dejar en el tintero. Es una persona que, nosotros creemos, va a poder hacer un buen trabajo.
En cuanto a recursos, ¿estamos en capacidad de entregar los recursos necesarios para trabajar en la frontera?
No se van a escatimar los recursos. Es verdad que el Ecuador está pasando por un momento difícil, que el gobierno anterior dejó en una situación muy compleja en términos económicos, sin embargo temas como seguridad, educación, salud, no se van a tocar.
Se van a cuidar porque eso es lo que llega directamente a la gente. Por eso es que el recorte del Estado, como ustedes vieron, se plantea en términos de asesores, de personas que están en el más alto nivel funcional, venta de autos. Son temas que no atañen a los servicios que el Estado le brinda a la ciudadanía.
Vamos a tocar ese tema también, pero no quiero saltarme algo que usted mencionó y que también el Presidente ha dicho sobre la permisividad en el gobierno anterior con respecto a la frontera.
Antes de terminar de hacer la pregunta, Juan Sebastián Roldán me corrige: me equivoqué al pronunciar la palabra permisividad. Me disculpo y repito la palabra pausadamente. Él, con el cuerpo estirado hacia el espaldar del asiento, extiende su brazo izquierdo y da un pequeño golpe en la mesa. Sonríe como satisfecho de que algo no le rebato.
Cuando termine de hacer la pregunta, responderá con agilidad. El fotógrafo que me acompaña no ha parado de retratarlo durante el cuarto de hora que lleva la entrevista. En cuanto termina de responder la pregunta, Roldán, lo regresa a ver. “Dos fotos más y te cobro”, le dice, riendo. “Es hasta que una salga bien”.
Roldán es vocero del Presidente desde marzo 2018.
¿Por qué, si el Presidente considera que en el gobierno de Rafael Correa hubo permisividad, ha mantenido cercanos a él funcionarios que se encargaron del sector seguridad como quienes fueron ministros de defensa: Miguel Carvajal y María Fernanda Espinosa o César Navas, Coordinador de Seguridad?
Hay cuatro temas que se dieron en el gobierno anterior que complicaron la situación de la frontera.
El primero fue que hubo un plan que planteaba reestructurar las Fuerzas Armadas a partir del año 2015. En ese plan, había un gran elemento de focalizar las Fuerzas Armadas en el crimen internacional vinculado a las drogas en las fronteras del país —sobre todo en la frontera norte.
Ese no se llevó adelante porque en ese momento ya estaban todos los delirios de lucha de los oficiales con la tropa, y todo lo que se generó sobre todo alrededor del exministro Patiño y también del exministro Ponce.
Como ese plan ya no se llevó adelante, entonces las Fuerzas Armadas reenfocaron para qué deben estar preparadas. En segundo lugar, hubo todos los temas de corrupción: los radares, los helicópteros. En tercer lugar lo que le acabo de mencionar de inteligencia: como la inteligencia se centró en los temas políticos en las grandes ciudades, perdimos la fuerza para trabajar y discutir los temas en las fronteras. Y el cuarto, el tema de necesidades de la gente en la frontera. Es decir, la gente tenía que tener las necesidades provistas para trabajar en una zona tan agreste.
Esos fueron los temas específicos que perjudicaron gravemente el trabajo en la frontera. Hoy día, el ministro Carvajal es el Secretario de la Política, la ministra Espinosa es la Canciller de la República. Aon funciones distintas a las de defensa, pero además los dos han sido claros con respecto a su posición con el gobierno anterior.
¿Es un tema salvable lo que pasa en la frontera? Hay varios analistas que dicen que ningún Estado ha ganado una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Sí es un tema salvable porque se tiene que enfocar desde tres ámbitos específicamente. Uno, desde el tema de seguridad. Dos, del tema de servicio social. Tres, desde la producción.
Lo que hay que hacer es poblar la frontera. Hay que lograr que haya suficientes empleos, suficientes servicios sociales porque la gente no tiene la cabeza vacía.
Al contrario de lo que plantea mucha gente; hay gente que dice si es que le ofreces a la gente tanta plata del narcotráfico, no importa lo que hagas, la va a coger. No, no es así, o de lo contrario todos los ecuatorianos nos dedicaríamos a las distintas actividades criminales. Si usted puede tener un trabajo lo que usted necesita para ser periodista, es periodista, no narcotraficante.
Es un absurdo poner el tema allá lejos, como si no se pudiera solucionar. Sí se puede solucionar. Eso también pasa porque yo soy un optimista contumaz, en esa lógica de optimista contumaz es que trabajo todos los días. Desde la lógica del pesimismo, me imagino que me habría quedado en mi casa y no habría aceptado ni el cargo.
Para eso hay que ofrecer garantías a la gente de la zona, para que se quede.
Es lo que estamos haciendo. Hay doce mil personas de las Fuerzas Armadas y la Policía apostados en la zona. Además hay un trabajo específico que se va a presentar la próxima semana sobre una intervención social específica desde el gobierno en toda la franja fronteriza. Ya han habido reuniones con empresarios y va a salir un plan específico para trabajar los temas de frontera también.
¿Enfocado hacia la producción?
Enfocado hacia la producción, hacia que la gente que tiene negocios ahí los pueda sostener, pueda permitir que crezcan y también permitir que otra gente se acerca a la zona para ofrecer empleo suficiente para que la gente no tenga necesariamente que ir a esta penosa situación de la criminalidad.
Hace un rato mencionábamos a la canciller Espinosa. Ella también ha sido cuestionada por sus posturas con respecto a Venezuela y, más recientemente, Nicaragua. El gobierno de Lenín Moreno, y usted incluso, se han desmarcado de lo que allí ocurre. Es contradictorio tener una Canciller cuyo discurso no es acorde a lo que dice el Presidente de la República, ¿o no?
El gobierno nacional tiene una posición clara con Venezuela y con Nicaragua y la postura es la misma: nosotros respetamos lo que pase en otros países pero no nos puede dejar de llamar la atención que hayan muertos, 60 muertos en Nicaragua la semana pasada es gravísimo. Que haya una marcha como la que convocó la Iglesia y salgan tantas personas a la calle y el gobierno no es chiste. En el caso de Nicaragua, ya está en un proceso de diálogo, ojalá eso conduzca a una salida a un problema tan grave.
En el caso de Venezuela no solamente nos preocupan las manifestaciones y los muertos, que es gravísimo, sino también la diáspora que se ha dado desde ese país. Es una preocupación sostenida de este gobierno sobre esos dos temas.
La Canciller está ahora participando para ser Secretaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvo en el debate la semana pasada. La elección es en un par de semanas. El Ecuador espera, el gobierno nacional espera que sea electa, porque creemos que esa es una buena decisión para el país.
¿Entonces el gobierno está alineado con la Canciller?
La Canciller está alineada con el gobierno.
“El Presidente pidió la renuncia a todo su gabinete porque es momento de repensar el rumbo del gobierno”
Es que hay de alguna manera una contradicción ahí. El actuar de la Canciller y su forma de verbalizar lo que ocurre parece contradecir lo que dice el Presidente Moreno.
El Presidente de la República es el que marca la pauta y todos los funcionarios que trabajamos para él tenemos que seguir la pauta que el Presidente plantea. Nosotros trabajamos para el Presidente de la República, para el país, pero para el Presidente de la República que es quien nos ha nombrado y sobre esa base es que tenemos que responder. Todo lo que yo le estoy diciendo parte de conversaciones con el Presidente de la República.
Ayer se supo que Miguel Carvajal presentó la renuncia la semana pasada a la Secretaría de la Política y se habla de renuncias de otros funcionarios. ¿Cómo está el gabinete presidencial? ¿Habrá cambios?
El Presidente pidió la renuncia a todo el gabinete porque es momento de repensar el rumbo del gobierno. Se va a cumplir un año, es normal que después de un año el Presidente mire cómo ha funcionado su equipo en términos de gestión, en términos de lineamiento político y sobre esa base va a tomar decisiones importantes al respecto del gabinete.
¿Ahora mismo ya todos han presentado su renuncia?
Incluido quien le habla. Yo soy quien está pidiendo las renuncias a nombre del Presidente y todos vamos a presentar la renuncia.
¿Y los nuevos cargos o la ratificación, si es del caso, cuándo se sabrá?
Antes del 24 de mayo. En el informe ya estarán todos los Ministros que estarán en el próximo año de gobierno.
El Presidente respaldó al Consejo de Participación transitorio en su espacio informativo de los lunes. Sugirió que quienes critiquen la actuación del CPCCS en ese sentido están teniendo una actitud ‘sospechosa’, quizás haciendo referencia a las voces que han surgido para decir que el Consejo se está arrogando funciones. ¿No es legítimo que organizaciones de la sociedad civil, políticos o prensa, se cuestionen sobre el actuar de los organismos?
Igual que es legítimo que el Presidente tenga una posición política de respaldo al Consejo de Participación.
Sí, pero ¿qué es lo sospechoso ahí?
Que el Consejo está cumpliendo la voluntad popular. La voluntad popular era que se revisen todos los nombramientos hechos por el Consejo de Participación Ciudadana anterior porque hay muchas dudas sobre esos nombramientos. Es este Consejo el que está haciendo una evaluación pormenorizada del tema y va a hacer los cambios que considere necesarios. Eso es lo natural.
Lo sospechoso es que haya gente que a partir del Twitter, que es el único espacio político que les va quedando, digan que eso marca una dictadura. El otro día veía un tuit que decía que eso es como que Diego Maradona encabece una campaña antidrogas. Por supuesto que es sospechoso. Lo que quieren es mantener a sus amigos en muchos de los cargos. El Consejo de Participación marca una gran diferencia. Cuando el presidente Moreno plantea una pregunta a los ecuatorianos lo plantea sinceramente y a partir de eso nombra gente independiente que hace su trabajo. Eso no significa que estén alineados con nosotros de ninguna manera. Nosotros podemos hasta discrepar con algunas decisiones del Consejo de Participación pero respetamos su labor porque están cumpliendo lo que la gente pidió en febrero de este año.
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Habían pasado 23 minutos desde el inicio de la entrevista, para la que habíamos pedido una hora, cuando Isabel, asesora del Ministro, con voz suave, dice: “Sol, nos quedan solo dos minutitos”. El Secretario Roldán había convocado la tarde anterior a una rueda de prensa.
Antes de iniciar la entrevista supimos que sería para hablar sobre el gabinete. Durante la conversación, nos diría lo que hizo público ante todos los medios en la rueda de prensa, convocada para las 10 de la mañana. “Empezamos tarde”, le dije yo. “Podemos hacer una pausa porque tenemos que ir a la rueda de prensa”, insistió ella. Roldán quería continuar hablando. Al apuro, preguntó a qué hora y cuánto faltaba. Ella le dijo que faltaban veinte minutos para que inicie. Continuamos.
Los espacios para discutir entre el Presidente y los periodistas han sido escasos a casi un año de su posesión. No lo hemos visto en entrevistas, nosotros también hemos pedido entrevista con él y no hemos obtenido respuesta. El Presidente ha atendido sobre todo a medios internacionales. ¿Cuál es su política con respecto a los medios y a ponerse frente a periodistas que le puedan hacer preguntas?
El Presidente está dispuesto a atender todas las entrevistas que sean necesarias, lamentablemente el ejercicio de gobernar es un ejercicio que demanda muchísimo tiempo. Me imagino que me pide ser su vocero para poder transmitir y tener una relación fluida con los medios de comunicación porque ese tiempo demanda el gobierno pero por supuesto está dispuesto a hablar con los medios de comunicación.
Retomando el tema de los funcionarios públicos y los reportes, en estos últimos días ha surgido una campaña por parte de varios comunicadores del sector público que aseguran que los despidos han empezado ya y que serán elevados. Es claro que se requiere liquidez, ¿cuál será la política de recortes de personal para los funcionarios públicos? ¿Quiénes se quedan, quiénes se van?
Esa es una evaluación que no pasa por mí, pasa por las distintas instituciones, cada Ministerio está haciendo una evaluación específica de quién debe quedarse y quién debe irse para que los servicios sociales sean preservados.
Es decir, aquellas personas que brindan servicios específicos para la población, se quedarán y aquellas personas que están brindando un trabajo cuidadoso con las líneas que plantea el ministro, también.
No hay un criterio único, cada Ministro está evaluando, sin embargo pasamos por un momento difícil.
No podemos bajar el gasto en inversión, no podemos bajar los servicios sociales, tenemos que cortar por una parte delicada que es ciertos funcionarios públicos. Eso sin duda será parte de una evaluación que será pública.
¿Hay un número específico?
Eso es parte de la evaluación de cada Ministerio.
¿No hay un direccionamiento desde la Presidencia sobre la cantidad de personal que se debe reducir por temas presupuestarios?
No. Eso pasaba en la presidencia anterior. En la Presidencia anterior se decía hasta qué producto debía ponerse en los baños de los ministerios, eso no pasa en éste.
Sotanas versus Impunidad
En las últimas semanas se publicaron en la prensa noticias sobre presuntos actos de violación, abuso sexual y tortura cometidos por sacerdotes contra niños y adolescentes. En menos de un mes, dos casos —uno en Cuenca y otro en Guayaquil— han traído luz a una situación que durante años ha permanecido en la impunidad. En parte, gracias a una aparente situación de encubrimiento desde las autoridades civiles y funcionarios de la Iglesia que, al parecer, ya conocían las situaciones.
En el caso del cura Intriago, cuya historia fue reportada en este medio, espeluznan varias cuestiones, que sorpresivamente no han sido investigadas y sancionadas con la rigurosidad que estos hechos exigían. Primero, el hecho de que el modus operandi del presunto agresor consistiría en identificar y separar a jóvenes con problemas familiares o emocionales para quienes Intriago se convertía en una suerte de figura paterna —alguien a quien admiraban, en quien confiaban, y a quien, a falta de mejor guía, seguían casi de manera incuestionable— representa un abuso de confianza. Este es un factor agravante como también es la relación de subordinación entre Intriago y los muchachos. Segundo, los relatos reportados por GK dan cuenta de que, lejos de ser conductas puntuales y excepcionales, las agresiones cometidas por el religioso constituirían actos premeditados, planificados y calculados, y para su ejecución, el factor “confianza” —que en él depositaban los muchachos— era decisivo al momento de asegurar que sus perversas prácticas no sean siquiera cuestionadas, mucho menos denunciadas.
La posición de la Iglesia en este asunto es, por lo menos, vergonzosa. Escudándose detrás de la existencia de un proceso “canónico” en curso, decidieron mantener silencio, cuando su deber legal (por no decir moral), era poner en conocimiento de las autoridades penales del Ecuador los hechos apenas los conocieron. Por si eso fuera poco, ahora, inmersos en un escándalo ya imposible de ocultar, aún protegen al presunto agresor con eufemismos, llamando “conducta inapropiada” a una cuestión que claramente es un delito: agresión sexual y tortura contra adolescentes especialmente vulnerables.
El relato también preocupa porque señala que las autoridades nacionales civiles, desde 2016, conocían de los abusos cometidos por Intriago, y que hasta la fecha ninguna investigación ha sido debidamente adelantada. Y cuando digo “investigación”, no me refiero al mero trámite formal de abrir un expediente y dejarlo archivado por ahí, sino a la real ejecución de actos encaminados a la búsqueda de la verdad, la transparencia, la obtención de justicia y la no repetición. En este caso, la falta de acciones contundentes y concretas por parte de las autoridades de la justicia ordinaria, no solo aseguraron que hasta hoy Intriago no haya enfrentado un juicio, sino que posiblemente, hasta hayan permitido que estos actos —no “impropios” sino “delincuenciales”— se sigan repitiendo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que es un deber ineludible el Estado iniciar, de oficio, investigaciones en casos de tortura y agresión sexual, desde el momento que se enteran que hechos de esta naturaleza se han dado. El deber de investigar, indicó la CorteIDH desde su primera sentencia en el Caso Velázquez. Rodríguez v. Honduras (donde se responsabilizó al Estado hondureño por la detención y posterior desaparición de Ángel Manfredo Velásquez) es una obligación “de medio”, que se verifica cuando efectivamente las autoridades logran demostrar que llevaron a cabo todas las gestiones y buenos oficios para traer luz a la situación violatoria de derechos.
En el caso Villagrán Morales y otros (conocido como el caso de “Los Niños de la Calle”, donde hubo tortura y asesinato de niños de la calle por parte de policías), la Corte señaló que las violaciones al derecho a la integridad personal se agravan cuando las víctimas son niños o adolescentes, debido a su especial situación de vulnerabilidad. Señaló, además, que, “se debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, los hacen víctimas de una doble agresión”. Si bien no todos los adolescentes abusados por Intriago no tenían problemas económicos, su situación de especial vulnerabilidad se daba por su fragilidad emocional y por estar inmersos en situaciones familiares posiblemente dolorosas y conflictivas. Por tanto, requerían medidas especiales de protección.
Entre las medidas de protección que el Estado debe asegurar a los niños y adolescentes, está prevenir que ningún niño sea sometido a tortura, tratos crueles y degradantes, y a contar con un proceso legal adecuado para tutelar sus derechos cuando han sido conculcados. En el asunto de “Los Niños Privados de Libertad en el Complejo FEBEM” (relacionado al tratamiento de niños privados de libertad en custodia del Estado, en Brasil), la Corte aclaró que “tales obligaciones se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también frente a actuaciones de terceros particulares”, por ejemplo, un sacerdote como Intriago, y la estructura eclesiástica que lo protege.
En la consulta popular de febrero de 2018, los ecuatorianos decidimos terminar con la impunidad en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, volviéndolos imprescriptibles. Ello, porque posiblemente, era el paso del tiempo, y la demora de las víctimas en entender lo que les había pasado y denunciar, lo que impedía su posterior investigación y sanción. Ahora, las víctimas de este caso, y muchos otros que posiblemente lograron ocultarse gracias a las ventajas de la figura de la prescripción, podrán ser conocidos por las autoridades de turno, y estará en sus manos asegurar que en este, un Estado laico, las leyes se apliquen para todos por igual, incluyendo quienes visten sotanas. El estatus clerical, ni blinda, ni extrae a un posible abusador de niños de la justicia ordinaria, y como todos los ecuatorianos, deberán responder ante las cortes y ante la sociedad, y de ser necesario, deberán ser sancionados con la rigurosidad que merecen la gravedad de sus acciones.
La minería avanza sin freno en Esmeraldas
La minería ancestral en comunidades indígenas y afroecuatorianas en Esmeraldas ha existido desde hace siglos. Pero de esa práctica manual con mallas y sin impacto ambiental ya no queda nada. Hoy, en Esmeraldas, la última provincia al norte del Ecuador, se practica minería a pequeña y mediana escala —legal e ilegal— y hay áreas en proceso de remate para la minería industrial.
Elisa Levy es la coordinadora del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador y dice que la principal razón por la que las comunidades pasaron de practicar minería ancestral a la de pequeña y mediana escala —con maquinaria, dragas y mercurio para procesar el oro— fue y sigue siendo la falta de oportunidades en la provincia. Para entender cómo la extracción de minerales se convirtió en una alternativa hay que conocer lo que antes había allí. “Primero llegaron las madereras que deforestaron, construyeron las carreteras y dejaron, literalmente, las vías abiertas para las palmicultoras. Estas compraron las tierras de los pobladores a quienes se les dificultaba obtener algún ingreso de su predio. Lo que se dio fue un acaparamiento del territorio. Y como son grandes extensiones de monocultivo no se requiere mucha mano de obra y la poca que se necesita no se emplea todo el año porque depende de la época de cosecha”. Entonces, continúa Levy, la gente se quedó sin trabajo y sin tierra. La minería surgió como una opción laboral, una de las poquísimas que hay en esa zona del país.
Esmeraldas es una de las regiones —sino la más— excluidas y pobres de Ecuador. La provincia es la cuarta con mayor tasa de abandono escolar en primero de bachillerato y tiene: 15 % de analfabetismo (el indicador nacional promedio es 6,8%), el índice más alto de deforestación del país y la tasa de asesinatos más alta de Ecuador (96,2 por cada 100000 habitantes cuando la nacional es de 8,13). El acceso a servicios de saneamiento en Eloy Alfaro y San Lorenzo — cantones de Esmeraldas— es de 1,8% y 17,6% respectivamente, mientras que la media nacional está en 42,1%. Además, el 78,3% de la población de la provincia es pobre y en los cantones donde hay más presencia de palma africana y minería ese número aumenta: 94,5% de pobres en Eloy Alfaro y 84,6% en San Lorenzo.
En este contexto es que la minería se presentó casi como la única alternativa. Sobre todo si se toma en cuenta que un jornal en una palmicultora rodea los 15 dólares pero en la minería alcanza los 50, y si se considera que en la última década el precio del oro en el mercado aumentó. Braulio Gutiérrez del colectivo Geografía Crítica dice que en la última década la minería en Esmeraldas dejó de ser esa actividad a la que solo se recurría ante una emergencia. “Era el equivalente a una vaca para los indígenas de la Sierra, quienes la vendían cada vez que había una emergencia, por ejemplo, si se enfermaba la abuela. De la misma manera, acá los comuneros extraían un poco de oro para resolver algún asunto urgente”. Esa urgencia, sin embargo, pasó a ser cotidianidad.
Por lo general, luego de la extracción de minerales, el terreno no se remedia sino que los charcos con agua contaminada por los químicos quedan a cielo abierto y esto causa enfermedades en las poblaciones que viven cerca. Foto: Junta Parroquial Alto Tambo.
Legalizar lo ilegal
No existe un censo preciso para saber cuántas personas en la provincia hicieron de la minería su forma de sustento diario. Esta práctica, aunque comparada con la minería industrial parece pequeña, es muy agresiva con el ambiente porque emplea retroexcavadoras, succionadoras de gasolina, licuadoras pequeñas y químicos. “Un problema grave es que no hay una legislación que explique con detalle qué se entiende por minería a mediana escala. Por lo regular, la ley minera determina el tipo de minería por el número de hectáreas pero eso no es suficiente para entender los impactos de esta actividad”, dice Gutiérrez de Geografía Crítica.
Lo que ocurrió en la zona con este tipo de extracción, continúa Gutiérrez, es que gran parte de lo ilegal se legalizó. En 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP) entregó cerca de 38700 hectáreas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo a grupos como la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan). Según dice, esta cooperativa ya extraía minerales sin permisos y sin cumplir estándares ambientales. Lo único que cambió es que el Estado reconoció su actividad y le permitió continuar con ella.
Para Kléver Santana, del Vicariato de Esmeraldas, esa legalidad inmediatamente se convierte en ilegalidad porque los mineros no cumplen con las normativas ambientales. Por ejemplo, es conocido que el lavado de oro con químicos en el río mata a las especies que lo habitan y a esto se suman las consecuencias sociales. “El gobierno ha mandado a pelear a negros contra negros”, dice y explica que así como Coprosan obtuvo la concesión, hay otras pequeñas cooperativas que esperan obtener los mismos beneficios.
Pero no todos los pobladores quieren que se expanda la minería y allí está el principal conflicto social entre las comunidades. El panorama sería menos complejo si esta actividad estuviera vigilada desde el Estado a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), cosa que, según gente que conoce la zona, no ocurre. Pedí una entrevista con el vocero de esta institución para conocer cómo verifican que las cooperativas y los mineros a pequeña y mediana escala cumplan los estándares ambientales, sin embargo, durante cinco días la solicitud no fue atendida.
El suelo que se levanta para la extracción de minerales es muy difícil de recuperar incluso en Esmeraldas que se caracteriza por su tierra fértil. Foto: Junta Parroquial Alto Tambo.
Santana dice que la minería ilegal existe de manera paralela. “No les interesa obtener permisos de operación de quien tiene la concesión. Actúan bien al monte, operan silenciosamente en la noche y la madrugada. Minan hasta dentro del río, se comen sus bordes y cambian el cauce de sus aguas. Es muy peligroso”. Esto se suma a las enfermedades de la piel que sufren los pobladores producto de las aguas contaminadas.
Las consecuencias más palpables
A fines de 2010 un estudio que analizó la calidad de cuerpos de agua en Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.
Entre los resultados sociales destacan la inaccesibilidad a fuentes de agua para consumo humano por parte de las poblaciones de la cuenca del río Santiago, las relaciones sociales divididas y profundamente lastimadas y la desconfianza entre las familias por la posición que asumen frente a la presencia de las operaciones minero extractivas. Entre los resultados ambientales están la contaminación de los ríos y fuentes de agua por uso indiscriminado de metales pesados como mercurio, las posibles afectaciones a la biota (peces y macroinvertebrados con tumores) por la acumulación de metales pesados en su organismo y la pérdida de la cobertura vegetal. Como si esto fuera poco, entre las consecuencias, además de la pobreza crónica se menciona que la minería ilegal “genera actividades económicas que no son controladas por el Estado (evasión de impuestos, contrabando de insumos para la minería “redes de servicios”, fuga y blanqueo de capitales, internación de maquinaria sin registro, entre otras)”.
Después de ese estudio se realizaron tres más con resultados similares. Uno de ellos, elaborado en 2013 por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, reveló que en el estero María (un estero es una zona con condiciones de pantano generalmente en zonas planas con drenaje imperfecto) se identificó que la presencia de aluminio en el agua superaba en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; en 2,4 veces la norma de cobre, en 33 veces la norma de hierro y en 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.
Los ríos y otros afluentes de agua son los principales contaminados por la actividad minera. Todos los desechos químicos paran allí. Foto: Junta Parroquial Alto Tambo.
Los reclamos formales
Los altos índices de contaminación en las fuentes de agua llevaron a que 89 comunidades de la zona se juntaran para denunciar y solicitar medidas cautelares. En 2011 el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo falló a favor de los pobladores. Durante ese primer año parecía que el Estado tenía la intención de frenar esta actividad. Ese mismo año, 580 militares destruyeron con explosivos 67 máquinas que servían para la minería ilegal en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas. El entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que la destrucción era parte del cumplimiento de las medidas cautelares donde las comunidades pedían que se frenara la actividad minera porque había contaminado sus ríos. Las medidas también disponían, entre otras acciones, que “el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables suspendiera provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro”.
Natalia Bonilla de la organización ambiental Acción Ecológica dice que al principio el Estado sí tomó acciones en la zona. “Se dinamitaron las maquinarias, hubo operativos para controlar la minería ilegal pero la cuestión se dejó ahí, no se avanzó más. Los mineros regresaron y con ellos la contaminación”. Estas acciones incompletas que en teoría debieron cumplirse luego de 90 días del fallo llevaron a que seis años después, en octubre de 2017, un grupo de dirigentes presentara una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional en Quito porque no se habían aplicado las medidas. Los pobladores se quejaron porque la minería seguía contaminando sus fuentes de agua.
Intenté conversar vía telefónica con miembros de una de las comunidades que interpuso la acción de incumplimiento pero debido a la situación actual en la frontera —donde disidentes de la guerrilla colombiana FARC han secuestrado y asesinado civiles y se han generado desplazamientos humanos debido al conflicto armado—, los pobladores prefirieron no dar declaraciones. “La situación acá está tensa”, dijo vía telefónica una de las personas.
La minería que se practica en Esmeraldas ya no es artesanal sino pequeña o de mediana escala. Esta requiere necesariamente de maquinaria como retroexcavadoras. El movimiento de la tierra produce la sedimentación de los ríos. Foto: Junta Parroquial Alto Tambo.
La orden incumplida del juez incluía que varios ministerios —Ambiente, Minería, Defensa y Salud— y los municipios tomaran las medidas necesarias para garantizar la salud de sus habitantes, para que se prohíba la minería ilegal y para que provisionalmente no se entreguen concesiones.
La resistencia indígena Awá
Un grupo que se sigue resistiendo a que su territorio sea concesionado para la minería es la nacionalidad indígena Awá. En Esmeraldas habitan seis de estas comunidades y Olindo Nastacuaz pertenece a la de Guadualito, en San Lorenzo. El dirigente dice que la presión más fuerte que tienen hoy es la minería. Desde la Federación de Centros Awá conocen que hay cerca de 18 puntos en su territorio que están listos para ser concesionados. Sin embargo, en los últimos años, esta nacionalidad —presente en las provincias de Esmeraldas, Tulcán, Imbabura y Sucumbíos— ha manifestado su rechazo absoluto hacia esta actividad. “Pero los ministerios o instituciones como la ARCOM han venido a socializar que la minería es buena. Lo que hemos conversado en asambleas y pedido al Estado es que nos demuestren en qué país del mundo la minería ha sacado a la población de la pobreza sin contaminar”. Para el dirigente indígena, ni la tecnología de punta más avanzada puede evitar los fuertes impactos ambientales que causa la extracción.
Por eso, cuando las autoridades estatales han intentado convencer a miembros de esta nacionalidad indígena que acepten la minería porque, según ellos —el Estado se encargará de controlar la actividad, esta se regirá por una normativa y habrá remediación después de la explotación—, las comunidades responden cosas como: “vayan entonces allá donde ya contaminaron y remedien”. Se mantienen firmes en que no se van a dejar engañar.
El 20 de noviembre de 2010, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos elaboró un documento en el que argumenta por qué las concesiones mineras en territorio Awá —reconocido legalmente por título global otorgado por el Estado Ecuatoriano— son ilegales e inconstitucionales. Entre las razones principales mencionó que no se garantizó, de manera anterior al inicio del trámite, el derecho a la consulta previa. Por ende, el proyecto para concesionar el subsuelo del territorio Awá debía ser archivado.
En la Asamblea que se llevó a cabo en Mataje Alto, se repartieron imágenes de mapas del territorio Awá que actualmente está concesionado para la minería. Foto: Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador.
Los planes para la minería a gran escala
Las concesiones en la zona, sin embargo, no solo se dan a mediana escala. Según el catálogo minero del Ministerio de Minería de 2016, hay 18 “descubrimientos importantes” para practicar minería a gran escala en el país: cinco son proyectos estratégicos que están más avanzados y 13 que se espera “logren avances significativos a mediano plazo”. Entre los 13 está Tola Norte, en Esmeraldas, que estaría concesionado a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) donde se explotaría hierro y titanio. En otro documento de agosto de 2017 del Ministerio de Minería se identifica a Alto Tambo, ubicado en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, como área minera.
Y es que en los últimos años Ecuador se ha convertido en un destino amigable para la minería. Según el informe Alcance de las concesiones mineras recientes en Ecuador, en los últimos dos años las hectáreas de tierra disponibles para la exploración y explotación minera pasaron de 790 000 a 3 693 000, es decir, del 3 % al 13 % del área del país. No fue sorpresa entonces que en 2017 Ecuador ganara el premio como una de las mejores naciones en desarrollo minero, en los Mines and Money Americas 2017, en Toronto, Canadá.
El panorama político-ambiental, sin embargo, sigue teniendo contradicciones, ya que apenas en noviembre de 2017 el presidente Lenín Moreno incluyó en su consulta popular una pregunta para prohibir la minería metálica en centros urbanos; la cual tuvo el apoyo popular este febrero. Dos meses después ni los expertos en el tema entienden el alcance que tendría esta prohibición en un país cada vez más minero.
La minería y el crimen organizado
Esta apertura para la minería en los últimos años ha tenido sus complejidades en las zonas fronterizas debido a las actividades ilícitas que allí ocurren. El informe “El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina” de Global Initiative menciona que en la primera década del siglo XXI se intersectaron dos tendencias: el alza del precio del oro y la “Guerra contra las Drogas” liderada por Estados Unidos para acabar con el narcotráfico especialmente en Colombia y México. Esta lucha, señala el reporte, “redujo bruscamente la rentabilidad del tráfico de drogas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Como resultado, las bandas criminales que controlan el narcotráfico vieron un gran incentivo a volcarse hacia la explotación ilegal de oro. La fragmentación de la minería artesanal de oro en América Latina no hizo más que facilitar su entrada. Estos grupos entendieron rápidamente que tomar el control de grandes porciones de tierra alejadas de la mirada del gobierno y dominar las empresas que tenían sus minas en esas tierras les permitiría generar grandes márgenes de ganancia con riesgos mucho menores”. Según el mismo reporte, el porcentaje de oro extraído de manera ilegal en Ecuador alcanzaría el 77 %.
En la reunión de la Gran Familia Awá Binacional se recordaron los valores y formas de vida de la nacionalidad Awá que incluyen el cuidado de la naturaleza. Foto: Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador.
Este aumento de minería ilegal en la zona, que según el Environmental Justice Atlashabría tenido su auge en 2010, provocó “un fuerte deterioro de la seguridad en el área pues los grupos de personas armadas intimidaron a la población y silenciaron cualquier muestra de inconformidad”.
Sea de manera ilegal o legal, la minería ha demostrado consecuencias negativas en todos los aspectos posibles. Una de las evaluaciones ambientales —elaborada por el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua y la Universidad Católica de Esmeraldas— hechas en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (cuenca del río Santiago y Bogotá) concluye que “el modelo productivo y de explotación de oro desarrollado en la zona de estudio es inviable desde los puntos de vista económico, social y ambiental por lo que es necesario cambiar el modelo de explotación que hasta la fecha se ha venido desarrollando”.
A pesar de esto, según el Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador solo en Carchi, Imbabura y Esmeraldas, hasta septiembre del 2017, existían 596 concesiones mineras, la gran mayoría para extraer oro del subsuelo.
- Este texto fue originalmente publicado en Mongabay Latam
¿Mejoró o empeoró la calidad democrática del Ecuador en la década pasada?
Para medir la calidad de la democracia ecuatoriana tras diez diez años de correísmo, es útil recurrir a Francis Fukuyama. El sociólogo estadounidense dice en en su ambicioso libro Instituciones Políticas y Decadencia Política que se necesitan tres elementos: un Estado fuerte, el imperio de la ley y la accountability, un concepto que resulta difícil de traducir —y explica parte del problema de las democracias de hispanoparlantes.
Con Estado fuerte se refiere a un estado capaz de cumplir con sus obligaciones: garantizar las libertades individuales, defender las fronteras, mantener un entorno económico favorable, entre otras. El imperio de la ley implica la existencia de un sistema de justicia en el que todos los ciudadanos son tratados igualmente y la existencia de reglas que aplican a todos —incluyendo a quienes gobiernan. Con accountability (que se podría traducir vagamente como responsabilidad) se refiere a que el Estado —y sus funcionarios— respondan por sus acciones a los ciudadanos.
En la década pasada, el correísmo promovió mucho, el primer elemento; los otros dos, muy poco. Durante sus 10 años de gobierno se extendió la capacidad estatal de dotar servicios como Educación, Salud y Seguridad. Al mismo tiempo, reguló —en algunos casos, de manera excesiva— a sectores como medios de comunicación, organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional, entre otras.
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Para entender si el Estado se fortaleció en la década pasada, revisemos cifras de dos sectores trascendentales: Educación y Salud.
En 2006 (el más antiguo que encontré en la web del Ministerio de Educación) el 24% de los colegios en Ecuador eran privados y el 25% de los estudiantes del país asistían a dichos colegios.Para el periodo 2016-2017, ese porcentaje había caído: el 19% de los alumnos van a colegios privados, que representan el 18% del total de escuelas y colegios ecuatorianos.
Todo esto en un periodo en el que el número de alumnos enrolados en el sistema educativo (público más privado) no ha parado de crecer: en 2016-2017 existían casi 4 millones 700 mil alumnos, versus los 3 millones y medio de 2006). El nivel de escolaridad en el Ecuador pasó del 92% en el 2007 al 97% en 2017 en educación básica; en bachillerato, pasó del 73% en 2006 al 92% en 2017.
¿Hay alguna evidencia de mejoras en la calidad de la educación pública? En el índice de Competitividad del Foro Económico Mundial Ecuador escaló varias posiciones desde el 2008 hasta el 2016 en las categorías relacionadas con calidad de la educación, aunque desde posiciones muy bajas, como se puede ver en la siguiente tabla.
Ahora miremos lo que sucedió en Salud. Entre 2005 y 2015, el porcentaje de hospitales públicos pasó del 80% a 84% del total de centros médicos. Por el contrario, el número de hospitales y clínicas privadas bajo de 789 a 661. En esa década, el número de atenciones médicas anuales en la red de salud pública no ha hecho más que crecer: desde 16 millones en 2006 hasta 44 millones en 2015, según el Ministerio de Salud Pública.
Dos de los servicios más importantes que un Estado debe proveer a los ciudadanos aumentaron en la década del correísmo. Digamos que en la materia Estado fuerte, el correísmo aprobó.
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Sin embargo, en la asignatura del imperio de la ley, los diez años de correísmo reprueban.
La constante búsqueda de Correa de judicializar la política, a través de juicios a periodistas, medios de comunicación, políticos de oposición (o cualquiera que denunciara casos de corrupción) son muestras de que el expresidente entendía que la Ley y el sistema judicial estaban para servirle.
En una democracia madura, las diferencia se resuelven mediante debate y las acusaciones se aceptan o niegan después de que las instituciones las investigan. El solo hecho de que un Presidente en funciones enjuicie a otro ciudadano se puede entender como una presión al sistema judicial: es difícil para cualquier juez olvidarse de la idea de que fallar en contra del gobierno puede significar el fin de su carrera.
El caso de diario El Universo y su desproporcionada sentencia de 40 millones (y la rapidez con la que el juez la dictó) es uno de los puntos más bajos de la presión del Ejecutivo al sistema judicial, pero no fue el único: los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón recibieron una sentencia de 15 millones de dólares por decir en su libro El Gran Hermano, que Correa conocía de los negocios de su hermano con el Estado. Correa, además, increpó públicamente a un creador de memes llamado Crudo Ecuador, y el asunto terminó ridiculizado a nivel internacional cuando el comediante John Oliver lo convirtió en un segmento de su programa Last Week Tonight.
La criminalización de la protesta, la disolución de ONGs que le parecían amenazas —como la fundación Pachamama o Fundamedios—, la descalificación de las firmas recogidas por el movimiento Yasunidos para llevar a consulta la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, son casos icónicos de una larga lista de ataques contra el imperio de la ley que recordaban aquella frase atribuída a varios autócratas latinoamericanos: para mis amigos, todo, para mis enemigos, la ley.
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La principal forma de accountability que existe en una democracia son las elecciones libres y justas: es la forma más efectiva del mandante de castigar la mala gestión de un partido político en el poder.
La existencia de límites al número de mandatos es otra forma de limitar el poder que una persona puede llegar a acumular. Que un político el poder busque cambiar las reglas de juego para eliminar ese límite es —por definición— un político que no entiende (o no quiere entender) el juego democrático. En 2015, Correa promovió la eliminación de la reelección indefinida —y lo hizo sin convocar a Consulta popular, algo que muchos constitucionalistas consideraban una violación de los procedimientos establecidos en la Constitución.
La forma más vergonzosa de irrespetar la responsabilidad de los gobernantes hacia los gobernados es la corrupción, que no es otra cosa el apropiamiento de lo público para beneficio de quienes ostentan el poder.
Glas. Pólit. Capaya. Espinel. Mosquera. González. Cientos de millones de dólares del Estado (muchas veces adquiridos con deuda) terminaron en bolsillos privados por corruptelas que Correa no tuvo empacho en negar minimizándolas a la categoría de “acuerdos entre privados”.
Estas son las muestras del más claro desprecio por la accountability, que no es otra cosa que un profundo desprecio de una buena parte de quienes gobernaron durante los pasados diez años hacia sus electores y hacia las instituciones que debían servir. Un desprecio que se ha camuflado bajo la triste excusa de que se mejoró la capacidad del Estado para proveer servicios básicos.
Es una pésima lección para los jóvenes que quieran gobernar en el futuro: para tener un Estado fuerte hay que prescindir de la accountability.
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El Ecuador heredado de Correa es un país con un estado con mayor capacidad de actuación, aunque con excesiva presencia en ciertos sectores de la sociedad. La consulta popular de febrero de 2018 es un paso en la dirección correcta en cuanto a mejorar la calidad democrática: reinstaurando el límite al número de mandatos y extendiéndolos a los gobiernos locales, planteando consecuencias más duras a quien están involucrados en actos de corrupción y permitiendo el nombramiento de nuevas autoridades que no respondan al gobierno saliente.
Fukuyama menciona otros dos aspectos necesarios para consolidar una democracia: el crecimiento económico y la movilización social. El modelo correista perjudicaba al primero y castigaba el segundo, y eso explica —en parte— por qué Correa fue perdiendo apoyo.
Una democracia es un proceso que se construye continuamente y que requiere de la combinación de varios elementos, sin garantías de que una vez conseguida no se pueda perder. El gobierno de Rafael Correa atacó algunos de los cimientos de cualquier democracia: alternabilidad, división de poderes, participación ciudadana.
Lo hizo pregonando la necesidad de fortalecer el Estado y mejorar los servicios públicos, cuando en el fondo lo que se buscaba era implementar un modelo autoritario y corrupto.
La Foca: El incesto se calla siempre. Pero estas cifras dicen que es hora de hablar
En La Foca, Ave Jaramillo habla esta semana sobre cuán frecuente es el incesto en el Ecuador (y el mundo), pero nadie quiere hablar de esto.
Estas son las fuentes de todo lo que se dijo en el programa.
Serviránse.
Lo de Lot y sus hijas.
Sucedió en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos del 30 al 38
30.Después Lot salió de Soar con sus dos hijas, pues no se sentía seguro allí, y se fue a vivir al monte, en una cueva. 31.Entonces dijo la hija mayor a la menor: «Nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotras como se hace en todo el mundo. 32.Ven y embriaguémoslo con vino y acostémonos con él. Así sobrevivirá la familia de nuestro padre.» 33.Y así lo hicieron aquella misma noche, y la mayor se acostó con su padre, quien no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó. 34.Al día siguiente dijo la mayor a la menor: «Ya sabes que me acosté anoche con mi padre. Hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acuestas tú también con él, para que la raza de nuestro padre no desaparezca.» 35.Le hicieron beber y lo embriagaron de nuevo aquella noche, y la hija menor se acostó con él. El padre no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó. 36.Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. 37.La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab: éste fue el padre de los moabitas, que todavía existen hoy. 38.La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammí, y es el padre de los actuales amonitas.
De cada 10 delitos sexuales contra menores de edad, 8 son contra niñas
Está en el reportaje En el Ecuador se cometen al menos 2 delitos sexuales contra menores cada día
“De ese total, el 90% serán niñas y adolescentes. En el mundo, la media es apenas inferior: según datos de las Naciones Unidas, ocho de cada diez menores agredidos sexualmente son niñas y adolescentes. Las que más los padecen son las niñas.”
28 mil denuncias entre 2014 y 2017
Están también en El silencio más grande de todos
“Los casos denunciados en las fiscalías de todo el país de abuso sexual y violación a niños y niñas de cero a diecisiete años entre 2014 y septiembre de 2017 suman veintiocho mil doscientos cuatro. De esos, cuatrocientos cuarenta y siete fueron registrados con el agravante de “miembros del núcleo familiar”. Cada dos días hubo un incesto en el Ecuador. Pero podrían ser más, muchísimos más: hay veintisiete mil setecientos cincuenta y siete casos sin detalles sobre el perpetrador. “No es una información que esté a disposición del público”, dice la fiscal provincial Patricia Morejón y agrega que esos datos son para “uso interno”. Según una funcionaria de comunicación de la Fiscalía General del Estado, en las estadísticas donde no se especifica quién es el perpetrador, este podría ser un familiar.”
En En el Ecuador se cometen al menos 2 delitos sexuales contra menores cada día se explica además que, según un estudio, en el Ecuador no se denuncian ocho de cada diez delitos. Por eso el número de incestos podría ser aún mayor.
“Además, como en varios países de América Latina, muchos delitos no se denuncian y, por tanto, no se registran. Según el laboratorio de políticas públicas Ethos de México, en el Ecuador de cada diez delitos apenas se denuncian dos. El país empata en un triste tercer lugar con Brasil, apenas superados por México y El Salvador. Si bien las autoridades judiciales locales niegan que la cantidad sea tan alta, lo cierto es que el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma violencia sexual podrían ser muchas más que las que aquí se anotan”.
El incesto no es un delito en el Ecuador, sino solo un agravante.
Está en el Código Penal ecuatoriano, en el artículo 175, numeral 2.
“En los casos en los que la o el presunto agresor sea ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, excónyuge, conviviente, ex conviviente, pareja o ex pareja Código Orgánico Integral Penal 79 en unión de hecho, tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona a cargo del cuidado o custodia de la víctima, el juez de Garantías Penales como medida cautelar suspenderá la patria potestad, tutoría, curatela y cualquier otra modalidad de cuidado sobre la víctima a fin de proteger sus derechos. Esta medida también la podrá solicitar la o el fiscal, de oficio o petición de parte la o el juez competente.”
El incesto en otras partes del mundo.
Estados Unidos (no Trump, sino datos duros)
A las niñas no le creen.
Las fuentes están también en El silencio más grande de todos
“De todos los problemas a los que se enfrentan las niñas en el Ecuador, el incesto es uno de los más dolorosos: no solo ocurre dentro de casa sino que, si se atreven a hablar, las niñas son repudiadas y expulsadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador a una de cada tres víctimas de abuso sexual nunca le creyeron. En 2016, se cometieron 3502 abusos sexuales en el Ecuador. En 2016, a 1155 niñas les dijeron mentirosas.”
83% de madres encuestadas dicen que sus hijas no podrán evitar ser víctimas de violencia.
Están también en El silencio más grande de todos
“Ese fue el círculo que Paola decidió romper, pero ser una niña —o una mujer— valiente está mal visto en el Ecuador: la violencia está tan naturalizada en el país que un estudio de 2017 encontró que el 82% de las mamás encuestadas creía que sus hijas iban a ser víctimas de violencia sexual. Esta normalización del delito —que lleva al silencio e impunidad— hace que los casos de incesto sean tantos.”
17 mil partos de menores de 14 en los últimos 7 años:
El link para el estudio que encontró esa cifra.
Las relaciones con menores de 14 son una violación por definición legal
Está en el Código Penal ecuatoriano, en el artículo 171, numeral 3.
Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:
- Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.
- Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.
- Cuando la víctima sea menor de catorce años.
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Por Dios juro sagrada bandera
Un plato es un símbolo patrio. Tiene más sentido pensar que una combinación de sabores, texturas, aromas y temperaturas, representa a una nación mucho mejor que un pedazo de tela o un escudo de armas compuesto, diseñado o dibujo hace casi dos siglos. Con la comida es diferente: el ceviche sabe a Perú. El olor de la parrilla es una escencia del Río de la Plata. México pica como sus tacos. En el Ecuador, intentar elevar una receta a ese pedestal no es tan sencillo: ¿cuál es el plato emblemático del Ecuador? ¿El ceviche, el locro, la guatita, el maito?
En nuestra abundancia, es difícil escoger un solo plato que nos represente. Dimitri Hidalgo, decano de la Facultad de Hospitalidad y Servicio de la Universidad Tecnológica Equinoccial, dice que lo podría hacerse es escoger un plato por región. Pero hacer esa selección no puede ser un ejercicio caprichoso, ni siquiera sometido a voto popular: hay que investigar, tener datos reales de productos y preparaciones. Por ejemplo, sabemos que nuestro camarón es competitivo, pero si se exporta la larva a Vietnam, y allá usan este ingrediente en su comida, en sí el camarón no tiene el valor agregado para ser el abanderado gastronómico del país.
La clave de todo será determinar, a través de la investigación y el estudio, qué plato (o platos) son únicos y reflejan la diversidad del país.
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Esta discusión no es nueva. En años recientes, los cocineros locales se han centrado en determinar si el Ecuador puede aplicar el modelo peruano: posicionar un plato único —su ceviche— a través de un embajador, que en su momento inicial fue Gastón Acurio.
En el Ecuador, la búsqueda ha tenido incipientes y aisladas iniciativas. En el 2014, el Ministerio de Turismo lanzó el mundial del hornado, un concurso —paradójicamente— nacional que buscaba la mejor preparación de esta receta de cerdo cocido a la leña y acompañado de choclo, tortillas de papa, maduro frito, aguacate. . Tres años después, tuvimos un mundial —también local— del encebollado, una sopa de pescado con yuca y cebolla colorada encurtido.
La idea de estos concursos era mostrar cómo un mismo plato suponía casi infinitas variantes en su preparación, según en qué parte del país se hiciese. André Obiol, chef y empresario hotelero, dice que “el problema con estas iniciativas es que no son parte de una política pública gastronómica”. Sin una articulación y un claro propósito, estos concursos quedarán como simples apuntes en la agenda, parte de un anecdotario culinario. Y nada más.
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Antes de pensar en un plato emblema, primero hay que estructurar una estrategia que una al sector público, privado y académico —algo que nunca se ha hecho en Ecuador. Solo después de eso, podremos posicionar un plato que compita internacionalmente con otras recetas icónicas. Y hay que elegir uno, por la simple razón de que es más fácil posicionar uno que cuatro.
Hay que entender las fortalezas y debilidades del país. Los envueltos (humitas, tamales, maito,entre otros) se comen en Asia y en otros países de América Latina. Igual ocurre con el hornado, que a fin de cuentas, es una reinterpretación del cochinillo español que nos llegó de los conquistadores.
El plato emblema debe reflejar la identidad de Ecuador. También es importante que no se coma en ningún en otro lugar. Dos buenos candidatos son el ceviche Jipijapa —con maní y aguacate— y el encebollado.
Pero las opiniones de los chefs ecuatorianos apuntan a la imposibilidad de elegir un solo plato. Santiago Granda, director de la Escuela de los Chefs en Guayaquil, escoger un plato es una tarea compleja. “Hay varios que merecerían ser el plato bandera, y en ese proceso habría un gran desacuerdo entre regiones”.
El Ecuador es una país chiquito: de apenas poco más de 250 mil kilómetros cuadrados, entraría unas tres veces en Texas. Pero es, también, uno de los países más biodiversos del planeta. Es como tener a toda la vida en un puñado de tierra: playas kilométricas, volcanes activos, selva profunda y, joya, las Galápagos. Sus paisajes cambian en cuestión de horas —su comida también. La diversidad entre los platos de verde de la Costa, los granos serranos y los maitos amazónicos complica la elección. ¿Quién podría elegir al plato de su región sin parecer sesgado?
Por eso Granda propone es que se hable de la diversidad de guisos, sopas, piqueos y otras preparaciones de la cocina ecuatoriana. Con él concuerda Rodrigo Pacheco, chef del restaurante Bocavaldivia en Las Tanusas, un hotel de lujo con concepto sostenible en Puerto Cayo, Manabí. “Encasillar no es la solución porque no se expresaría la verdadera riqueza de Ecuador, y eso es lo que hay que mostrar al mundo” dice Pacheco.
Julio Cruz dirige el festival Cuchara Brava en la provincia de Los Ríos y tampoco cree que es posible. Dice que en su región hay platos desconocidos a nivel nacional, pero que tienen el potencial. “Un solo plato bandera es una apuesta injusta en Ecuador”, dice Cruz. A la hora de jurar la bandera gastronómica del país, parecería que por primera vez la abundancia nos juega en contra: hay demasiados estandartes ante los cuales arrodillarse a jurar lealtad culinaria.
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La discusión puede también cambiar de estado de la materia. Samuel Ortega, excocinero del prestigioso restaurante catalán El Bulli —y que ahora dirige su restaurante, ShamuiCo, en Saraguro, al sur del país— rompe con la propuesta de un plato: dice que la chicha —una bebida fermentada ancestral hecha a base maíz o yuca— podría posicionarse como el emblema gastronómico ecuatoriano. Dice que la chicha está en casi todas las regiones y tiene el mismo concepto, aunque su técnica de preparación varía.
Enrique Sempere, chef del restaurante Pacha Tapas con Identidad, dice no se debería hablar de un plato típico sin antes conocer lo que tiene el país. Por ejemplo, el caldo de calavera que se prepara con borrego o la uchumanga —una sopa de pescado ahumado y picante de la Amazonía— son platos desconocidos para muchos comensales ecuatorianos.
El plato bandera es una discusión bien sazonada y recién servida. Aún necesita masticarse para que podamos entender sus consecuencias. Lo que menos necesita la cocina ecuatoriana es división, porque hay una ola de de nuevos cocineros que se eleva con buen augurio. Hay que plantear estrategias claras para mostrar al mundo el potencial de los ingredientes y técnicas de cada región.
Quizá el primer paso es crear un mapa de platos. Serviría como una ruta, un suerte de mapa de tesoros, para descubrir esas preparaciones y que sean los comensales quienes escojan uno, hablen de él y lo valoren. Cuando hayamos construido ese imaginario, podremos difundir la palabra. El riesgo está en que la abundancia de palabras sea tal que vivamos en una torre de babel gastronómica, deliciosa pero, al mismo tiempo, sin determina una receta icónica que diga, en cualquier rincón del mundo en que se sirva, esto es Ecuador.