En una oficina amplia, en un edificio patrimonial en el centro histórico de Quito, la ministra Romo, espera que su equipo termine de organizar el espacio en el que se sentará: son varios minutos para encontrar el mejor fondo para las fotos. Ella, vestida con un pantalón oscuro a cuadros y una chaqueta color mostaza, camina de un sitio al otro mientras organizan. Responde llamadas, habla con un asesor y con otro, entra y sale sin cesar. Lleva el cabello corto y suelto, su rostro lleva el peso del cansancio. Se sienta en una silla que su equipo ha acomodado delante de las banderas de Ecuador y Quito.

Empecemos hablando de estos primeros dos meses frente al Ministerio. ¿Cuál le pareció el área que más requería su atención?

Todo.

Debe haber algo prioritario.

La ejecución presupuestaria.

¿En cuánto está?

En septiembre, 32 por ciento.

(La Ministra Romo nos pidió que precisemos que el 32% estaba ejecutado cuando llegó, “en el mes nueve”, como dice ella en la entrevista y que a noviembre de 2018, tras dos meses de gestión, el presupuesto está ejecutado en 67%)

Denos detalles de lo que eso significa.

Imagínese que su presupuesto para el año es cien y a septiembre le faltaba setenta por gastarse. Dependiendo de eso, el próximo año no le dan el presupuesto.

¿Y por qué no se ha ejecutado?

No importa, el problema es lo que está pendiente. Este es un ministerio muy grande en donde todos los temas son urgentes y tiene que ver con lo administrativo, lo que corresponde a la Policía Nacional, la parte civil que hace migración, la planificación y la política pública de seguridad, y tiene también que ver con una serie de tareas que hoy ya no son de la Policía —o al menos en teoría ya no son de la Policía.

Entonces, Policía Nacional tiene un pie dentro y un pie fuera. En Tránsito, según la Ley de Tránsito, las competencias de la Policía Nacional se terminaron en 2015, pero la Policía Nacional sigue a cargo del 69% del territorio.

¿Por qué?

Porque aún no ha culminado el proceso de transferencia, ya sea a los municipios o a la Comisión de Tránsito.

¿Pero eso es porque no han asumido sus tareas?

Así es. Hay explicaciones diferentes. Hay municipios que han decidido no hacerlo o que tienen otro calendario —puede haber cualquier explicación pero la realidad es que, aunque ya no tiene competencias legales, a no ser por dos transitorias en la Ley de Tránsito, la Policía todavía está en el 69% del territorio.

Se había hecho también una transferencia de lo que era la Secretaría de Drogas, antes Consep, que se dividió: una parte para el Ministerio de Salud, otra parte para este ministerio. Eso aún está en proceso. Está en proceso desde la evaluación de los funcionarios hasta la creación de una nueva dirección de control de drogas.

En otro tema en el que la Policía tiene un pie afuera es en el tema cárceles. Ya no es la responsable del control de las cárceles, son los guías penitenciarios, pero la Policía es responsable de la seguridad en los recintos, en los alrededores y también del traslado de prisioneros y demás. Los guías penitenciarios son un poco menos de dos mil y la Policía tiene destinados para temas de cárceles, más o menos dos mil quinientas personas.

Entonces en los que temas que en teoría, ya no hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad. Ni se diga en los que hay. Estoy tratando de poner un panorama general.

Está el tema de seguridad, el tema de control migratorio, pero la política no la define el Ministerio. El Ministerio ejecuta los controles migratorios, además los empleados migratorios están en las fronteras, en los puertos, aeropuertos pero la política de movilidad la define la Cancillería.

¿Cómo prioriza?

Es que todo es urgente. Nada puede esperar.

Es un ministerio muy grande, con muchas responsabilidades, con muy alta exposición política y creo que eso es parte de los malabares que hay que hacer. En estos meses me he dedicado a que se ponga en marcha todo, esa es mi tarea, a que se ponga en marcha temas administrativos, de presupuesto, cosas que no estaban pagadas, presupuesto que había que ejecutar.

La Policía Nacional es una institución que tiene su propia dinámica, entonces ahí hay temas que no se detienen. Y por supuesto, han habido temas sensibles. Había un ascenso que había que resolver. El día que me instalé se disolvió la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI). Esa fue mi primera conversación con el Comandante General de la Policía: informarle la decisión de disolver la UGSI.

¿Decisión del Presidente?

Es una decisión que se toma por decreto ejecutivo. Y luego hemos tenido que informar los resultados de la investigación interna de la disolución de la UGSI.

Se ha informado al Servicio de Seguridad Presidencial, eso ya está hecho. Los gobernadores también, como en otras cosas, son un poco del Ministerio del Interior, un poco de la Secretaría de la Política.

Entonces hay varios temas institucionales en marcha.

Estaba pendiente la entrega de un nuevo Código de Seguridad que lo estaba trabajando el Ministerio de Defensa. He comparecido cuatro o cinco veces en la Asamblea Nacional, en el pleno.

Tengo varios pendientes. He estado en Guayas, casi una vez por semana. Mañana voy a estar en Tena. He estado en Carchi, Imbabura, Loja, Azuay, y no sé si me escapa algún otro lugar. Hay un tema de trabajo nacional, de reunión con la Policía.

He retomado las videoconferencias quincenales que se hacen desde el Comando Nacional de la Policía.

¿Para qué son?

Para darle un seguimiento al cuadro de mando integral, que es un mecanismo para mirar cómo evolucionan las cifras en materia de seguridad, si es que se están cumpliendo las metas, eso es parte del funcionamiento habitual de la Policía. Tenemos un ascenso policial el día de mañana.

Es mucho trabajo. La próxima semana voy a la Asamblea Mundial de la Interpol. Hemos firmado algunos convenios. Ha habido reuniones con personas del Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de algunos convenios de cooperación.

¿Se van a mantener?

Están vigentes, se van a mantener y se van a profundizar. Parte de lo que hemos hecho estos dos meses es anunciar que estamos en las operaciones del Orion, que estamos haciendo una vigilancia del espacio marítimo.

¿Para combatir el narcotráfico?

Así es. Es supervisar una extensión que es de muy difícil control, es lo que se está haciendo. Se necesita tecnología avanzada que nosotros no tenemos. Este avión es como un radar gigante que vuela, nosotros no tenemos esa tecnología.

Hay que mejorar las condiciones de respuesta pero es poner a caminar muchas cosas. Lo importante es poder atender las emergencias sin que esto deje de funcionar.

La presencia del narcotráfico

Usted se posesiona después de una crisis grande en cuanto a la situación de la frontera, quizás con el punto más álgido con el secuestro y asesinato de los colegas periodistas. ¿Cómo avanza la lucha contra el narcotráfico específicamente en la zona de frontera?

Este es un tema que se tiene que comprender como algo que es parte de nuestra realidad. No es algo que vamos a entrar, hacer una detención y se va a terminar.

La realidad del Ecuador es que tiene una frontera que está al norte, con Colombia, que tiene una realidad muy especial, relacionada con el tráfico de sustancia sujetas a fiscalización. Los informes de Naciones Unidas hablan de un incremento en la cantidad de hectáreas sembradas y la ubicación de los mapas. Esas plantaciones se concentran en Nariño y Putumayo, que son las zonas fronterizas con Esmeraldas y Sucumbíos.

No se puede cerrar los ojos ante esa realidad. La realidad del Ecuador es que ese es nuestro vecindario y tenemos que tener nuestras políticas diseñadas desde ese contexto.

Desde ese contexto, ¿cuál es la política del Ministerio del Interior?

Es combate pero no es entrar, resolver, salir. No es como desarticular una banda que roba autos. Es una realidad que está ahí.

En ese momento, una de sus asesoras entra al despacho. Le dice a la Ministra que tiene una llamada urgente de otra ministra. Romo pide disculpas, se levanta y sale de la oficina. Nos quedamos con la directora de comunicación, que ha estado sentada al otro extremo de la Ministra, grabando la entrevista. Pasados unos pocos minutos, retomamos la entrevista.

Yo le preguntaba acerca de la política del Ministerio del Interior, usted mencionaba lo que implica ser vecinos de Colombia.

No solamente vecinos de Colombia sino la posición del Ecuador en este continente, entre Colombia y Perú, y vivimos en una economía dolarizada. Las amenazas del narcotráfico están aquí. Entonces en este —como en muchos otros temas– yo soy de la idea de que hay que enfrentarlos, asumir cuáles son los riesgos y tomar las decisiones en consecuencia.

Hay muchos temas que no nos gusta ver, como sociedad. Cuando fue el secuestro de los periodistas de El Comercio, yo no era Ministra del Interior ni era parte del gobierno, y me preguntaron en una radio, yo decía que es como enterarte que hay un elefante en la casa y que no has querido verlo, ni discutir, ni darte cuenta. Lo digo como sociedad: a nosotros nos ha gustado más el discurso de la isla de paz y de preferencia no queremos saber y esa no es la realidad. Un episodio tan doloroso como el secuestro de los periodistas ya no nos permiten ver a otro lado.

Hay algunas decisiones de políticas públicas que se han tomado, que me parecei, son consecuencia directa de este episodio. Por ejemplo, en términos de política pública, antes del secuestro, el Comité de Seguridad, creado como una instancia de coordinación de los órganos de seguridad, emergencia y riesgos, estaba presidido por el Ministerio del Interior, y me parece que eso refleja que el abordaje de seguridad es un abordaje, no sé si equivocado, pero la prioridad está puesta en un tema de seguridad ciudadana y a partir de ahí se organizan una serie de sistemas. Después del secuestro de los periodistas, el Comité de Seguridad está presidido por el Ministerio de Defensa, y la seguridad se articula a partir de la política de Defensa. Me parece que eso es poner un énfasis muy importante en la frontera.

Usted dice que las amenazas del narcotráfico ya están aquí. La gente habla mucho, con miedo, con la posibilidad de convertirse en México, en cuanto al paradigma del narcotráfico. Se habla de los tentáculos del narcotráfico que pueden alcanzar la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras instancias del gobierno. Paralelo a esto hace unas semanas, se detuvo a militares vinculados al sistema de distribución del narcotráfico. ¿Hay policías involucrados en eso también?

Hay policías desde hace varios años. Hay policías, de varios rangos, sentenciados.

Me refiero ahora que usted está al frente. ¿Ha podido identificar otros casos similares al ocurrido con los militares, casos que pudieran dar la alerta de este riesgo inminente dentro de la institución que usted gestiona?

El narcotráfico presenta el riesgo inminente de infiltración en toda la sociedad por la manera en que funciona. Deberíamos estar conscientes todos de la amenaza. Su pretensión cotidiana es infiltrar todas las instituciones.

La amenaza de seguridad es una amenaza de otra naturaleza. No es la lucha contra un grupo que quiere destruir un Estado. No es la lucha contra un grupo que quiere trabajar al margen del Estado.

Es la lucha contra una lógica de organización criminal que quiere comprar los Estados, las sociedades, los medios de comunicación, los candidatos, los jueces, los fiscales, la Policía, las Fuerzas Armadas. Es así como se comporta.

Con eso yo no quiero normalizar las cosas, pero decir: esta es la amenaza. Lo más grave no es identificar que estas cosas suceden, lo más grave sería no identificarlo. Entonces hay mecanismos de controles de confianza, se llaman sistemas de control de confianza, internos en la Policía Nacional. ¿Me permite eso garantizar que tenemos 50 mil policías que no participan en una actividad determinada? No.

Así como yo creería que el Presidente del Consejo de la Judicatura no puede garantizar que ningún juez en el país no cometa alguna irregularidad. Nadie puede garantizar la integridad total de una institución. Lo que corresponde es garantizar que hay mecanismos para detectarlo y sancionarlo.

¿Y funcionan los mecanismos?

Algunos sí y otros no.

Por ejemplo qué cosas están pendientes y son muy importantes. Según el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad y Orden Público (Codescop) no se pueden aplicar sanciones disciplinarias internas a la Policía en determinados casos y eso hay que ponerlo también como un problema estructural que no depende de la voluntad de una autoridad. Por ejemplo, cuando se comete una falta que no está relacionada con el servicio. Otro ejemplo: tres policías involucrados en la tentativa de secuestro de un niño en Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Esto ocurrió?

Esto ocurrió hace un mes, fue titular en todos los periódicos, sobre todo de las crónicas rojas. Cuando son detenidos se los identifica como policías: un oficial y dos policías. Sus fotos estuvieron en todas las portadas. Eso fue un fin de semana. Fueron llevados a órdenes de un juez y este juez o jueza dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, o sea tienen que presentarse cada cierto tiempo ante una autoridad.

Eso quiere decir que el lunes fueron al servicio, fueron a trabajar.

¿Eso, a pesar de estar relacionados a un delito de tentativa de secuestro?

Así es. Y la Policía no puede hacer nada porque la ley solo le faculta sanciones disciplinarias si es que está puesto el uniforme y está con algún Policía.

¿Y ahí que cabe entonces?

Estamos trabajando en coordinación con el ministro Oswaldo Jarrín, y por supuesto trabajando en un equipo con la general Tamayo que es la Inspectora General de Policía, identificando una serie de casos. Ya lo he comentado en la Asamblea Nacional: vamos a necesitar una reforma que nos devuelva facultades disciplinarias internas para Policías y me atrevo a decir que para militares también porque lo he comentado con el General Jarrín. En Colombia, la Corte Constitucional se pronunció hace poco, diciendo que es constitucional separar a miembros de la Policía antes de que haya sentencias.

¿Por lo delicado del trabajo?

Exactamente. Estamos estudiando los fundamentos legales para proponer la reforma porque no es solamente llegar y decir ‘tales personas se van’ —es que legalmente no tenemos las competencias.

¿Tienen cifras de estos miembros de la Policía que han incurrido en delitos?

Las estamos levantando. Desde violencia intrafamiliar hasta vinculación con posibles actos delictivos, investigaciones penales. Estamos levantando todas estas cifras como parte del fundamento para llevar el proyecto de ley. Tal vez suena demasiado desordenado pero es como pasar por las emergencias de los últimos días y los acontecimientos que han marcado el tema.

En el caso narcotráfico, que es algo que no quiero dejar de decir, y en el caso de la frontera norte, no tenemos una Policía pasiva frente a la realidad de la frontera norte. Hay una responsabilidad compartida en el control fronterizo. La Policía Nacional no ha dejado de hacer su trabajo y creo que hasta podríamos decir que ha actuado en búsqueda de desarticular el Frente Oliver Sinisterra y de aclarar lo que sea que esté pasando.

Hace unas pocas semanas cayó la jefa de logística de alias Guacho en un operativo que es el resultado de la investigación de meses de la Policía Nacional. Muchas veces, cuando se habla de si hay o no hay permisividad, uno de los datos más interesantes que da la medida del trabajo de la Policía en esta materia es la incautación de precursores.

En el tema de incautación de drogas, hasta el 4 de noviembre de 2018, tenemos 74 toneladas y 268 kilos de drogas aprehendidas. Para tráfico interno se aprehendieron 12 toneladas y para salir fuera 61. Pero el dato que quiero mostrar es este, al que no solemos ponerle tanta atención: sustancias químicas sólidas y sustancias químicas líquidas, son precursores. En 2017, 80 toneladas, en 2018, 153. En el 2017, 1800 litros, y en 2018, 17 mil.

El aumento es del 90 por ciento en el primer caso y del 800 por ciento en el otro.

¿Y eso qué significa?

Eso, en la estrategia de la Policía, significa asfixia logística. No es solamente drogas, no es solamente detenidos. Es que por las características de esta frontera impedir que cuenten con la logística o con los precursores es parte importante de nuestro trabajo.

¿Y qué implica esto dentro de una organización delictiva? Porque si regresamos a lo que hablamos brevemente hace un rato, lo que ocurrió en la frontera a los inicios de 2018, había ya amenazas de atacar a la población civil si les quitan sus insumos. Si ya les están quitando los insumos, ya fueron secuestrados y asesinados tres periodistas, ¿qué alertas habría en la zona?

Es exactamente el contexto. Cuando se produce el secuestro a los periodistas, ojo que no se vaya a leer esto como una justificación, pero se produce como una respuesta a una detención de cabezas de esta organización. Es importante enmarcar el secuestro en un Estado que combate las organizaciones de delincuencia organizada transnacional que en este momento están operando en la frontera.

Luego del secuestro, este combate se radicaliza porque si hacemos memoria lo que pasó a inicios del año, se hablaba un intercambio de prisioneros y una especie de amenaza a la zona para que no haya control. Esas pretensiones no pueden ser aceptadas por el Estado.

El tema de la logística de las drogas y, dependiendo cómo se analice la vinculación o no con el frente Oliver Sinisterra, tenemos más de 64 personas privadas de libertad que hacen parte de esta organización. Con el tamaño que la policía ecuatoriana y la colombiana presumen tiene ese frente, ese resultado es muy significativo.

Si regresamos a lo que ocurría a inicios del año, un policía que intercambia chats con Guacho o miembros de su organización, sí da una alerta. Cuando usted se hace cargo del Ministerio, ¿supo si había una estrategia para estos chats, una autorización, un plan, para que el policía pueda chatear con miembros de la organización delictiva?

Eso, en este momento, está siendo investigado por la Fiscalía.

¿Internamente eso no se ha investigado?

Internamente ese no es un funcionario del Ministerio del Interior, es un funcionario de la Policía y está siendo investigado por la Fiscalía.

Nosotros consideramos que así tiene que ser y no deberíamos interferir con una investigación de la Fiscalía.

¿Ni para detectar casos similares?

Claro. ¿Qué es lo que puede suceder? Siempre hay un riesgo de contaminación y para eso hay que tomar medidas claras.

Los controles de confianza incluyen polígrafos, pruebas toxicológicas, entrevistas directas y análisis socioeconómicos. Esos cuatro componentes se aplican todo el tiempo en la frontera y lo que se ha hecho es que se ha subido mucho la rotación de la frontera.

Es un personal que rota con mucha rapidez precisamente para evitar que se quede en la zona y que pueda establecer unos vínculos de cercanía con personas relacionadas.

¿Y el perfil del policía que va a la frontera? ¿Hay algún perfil específico?

Procuramos que sean perfiles específicos en general. Es decir, no tener un policía comunitario en una zona de tan alto conflicto.

Sí se procura tener perfiles específicos para las distintas tareas. Hoy estuve en una charla en la Academia de Guerra, con militares, hablando sobre el tema de la amenaza que es el narcotráfico para las fuerzas policiales, para la sociedad, para los jueces. Es un tema sensible. Precisamente lo que comentaba con ellos y las cifras que les mostraba es que corremos el riesgo de mostrar gran interés en ciertos temas y abandonar otros.

Hay que mirarlos con mayor integralidad. Minería ilegal, por ejemplo. Es uno de las grandes riesgos de seguridad pública para Ecuador y todavía no lo estamos mirando.

¿En qué sentido?

Por ejemplo. El episodio de Mascarilla. Me refiero en estricto sentido a la investigación de la respuesta policial a un acontecimiento en el control de Mascarilla, en Urcuquí.

De pronto todos estamos pendientes de qué pasó, que por supuesto es lamentable y no debería ocurrir: que un ciudadano muera como consecuencia de la respuesta policial. La Asamblea Nacional emitió una resolución que vota toda la Asamblea en la que habla de ese episodio e incluso se le pidió al Ministerio información sobre si es que los policías son entrenados en contra del racismo. Y lo que hay ahí no es un contexto racista, es un contexto de minería ilegal. Lo que hay es un contexto de economía ilegal que está funcionando en la zona.

En lo que va del año hemos tenido 62 incidentes violentos de desobediencia o de ataque a la autoridad policial.

¿En zonas de minería ilegal?

En esa zona. Solamente en Imbabura. Solamente alrededor de Urcuquí, Buenos Aires, Imbabura. Es indispensable que miremos lo que está pasando.

Ya la Justicia tendrá que esclarecer ese episodio particular pero tenemos que mirar en el contexto que organizaciones ilegales están cooptando a la población civil, la están usando como su fuerza de choque, la están ‘contratando’ para la seguridad del transporte del material ilegal.

Y en esos casos, ¿trabaja el Ministerio del Interior con la Fiscalía para que ésta empiece investigaciones sobre la minería ilegal? ¿Hay ya un informe del Ministerio del Interior a la Fiscalía?

En eso estamos.

La confianza al interior de la Policía Nacional

Usted menciona las pruebas de confianza para los miembros de la Policía. En 2014, el ministro Serrano anunció a los medios la separación de más de 300 policías, precisamente como resultado de estas pruebas de confianza. Entregó además un listado con la cantidad de policías supuestamente vinculados a distintos tipos de crímenes. ¿Funcionan estas separaciones casi masivas?

Prefiero no referirme al caso como si fuera un caso concreto porque todavía el Ministerio tiene cientos de demandas de las que se defiende todos los días —entonces no quiero decir nada que vaya a ser usado como parte de esa discusión, como un alegato.

En términos generales sí me gustaría referirme a este tema. Lo que tenemos que lograr es que los controles de confianza sean integrales. Lo que está en debate en el mundo sobre estos temas es la validez de pruebas únicas.

Lo que deberíamos es alejarnos de un sistema de una prueba y tener un sistema de seguimiento al personal de la Policía. Esto se debería aplicar para jueces, fiscales, administradores de justicia, cualquiera que esté en este riesgo y que por la naturaleza de su trabajo pudiera perjudicarse.

La Inspectoría General de la Policía tiene un sistema de control de confianza, tiene un edificio completo que se dedica a esto, incluso les brinda a otras funciones y a otras instituciones del Estado ayuda para que hagan sus propios mecanismos de control de confianza.

Pero, ¿funcionan los que se aplican actualmente?

Funcionan y son de todas maneras insuficientes.

¿Y qué faltaría?

Seguir haciéndolo, hacerlo a más personas, tener una mayor capacidad para hacer estas pruebas.

¿No se aplica a todos?

Sí se aplica a todos, pero no a todos en el mismo momento, no a todos de golpe sino que diferentes unidades de la Policía o diferentes grupos de oficiales, según la solicitud que haga quien está a cargo de ese equipo.

¿Entonces se hacen a solicitud de alguien que empiezan las pruebas?

Así es y de todas formas se evalúa que haya un control permanente, pero sí podríamos mejorar mucho.

¿Y hay alguna propuesta concreta en cuanto a eso?

Estamos trabajando en eso.

María Paula Romo escucha con atención las preguntas antes de responderlas. Usa las palabras con mesura; su recorrido político se nota en la habilidad con la que escoge cada palabra para dar una respuesta. No alza la voz pero es firme. Acentúa las frases que contienen las ideas que quiere recalcar.

El secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio

El silencio de las autoridades, del ejecutivo, en su caso, en cuanto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso que está llevando adelante la relatoría es preocupante.

¿Es un informe? Es un boletín. Un boletín.

Lo importante es el contenido: hace un llamado a las instituciones, especialmente a la Fiscalía, sobre distintos puntos.

Es un boletín.

¿Y eso no significa nada para usted?

Es importante, tenemos que revisarlo, hemos tenido varias reuniones para analizar lo que dice. En este boletín se habla, sobre todo, del trabajo de la Fiscalía. Yo me resisto a decir que es un silencio. Este mecanismo especial de la CIDH hace comentarios sobre el trabajo de la Fiscalía. No solo que mal haría yo en salir a responder, sino que no me corresponde. No me corresponde referirme a un comentario de un tercero respecto del trabajo de la Fiscalía.

¿La Fiscalía tiene algo que decir? Seguramente. ¿Lo  va a decir? Seguramente, cuando venga la visita. No sé si es que haya tenido una comunicación directa, no lo sabemos. No sé si vaya a responder en el mismo formato de un boletín pero en este caso, corríjame si me equivoco, en este boletín no se hace un llamado de atención a una acción u omisión del gobierno.

De todas maneras, el hecho de que no se hayan pronunciado cuando el manejo del tema estuvo dentro del Ministerio del Interior, ¿no puede interpretarse como indolencia o indiferencia?

Yo quisiera que no se interprete así porque no es ese el caso pero en ese boletín, no es un informe, no es un pedido de información, el boletín hace observaciones sobre el trabajo de la Fiscalía.

Yo soy de la idea que no le corresponde al Ejecutivo pronunciarse sobre un trabajo que es de la Fiscalía.

Pero hay algunos temas de información interna, del Ministerio del Interior. Ahí quisiera saber si usted ha vuelto a reunirse con los familiares de los periodistas o si es que se las ha proporcionado información que no se les había entregado. Una de las cosas que ellos habían solicitado al Ministerio del Interior es información acerca de los cuatro escenarios que se manejaban dentro del secuestro y que mencionó el entonces ministro César Navas. Ellos enviaeron un oficio que les respondió el viceministro Andrés de la Vega, que entiendo aún está en funciones, diciéndoles que no ha encontrado la rueda de prensa en la que el Ministro Navas se refiere al tema. ¿Cómo es posible que una institución de una respuesta de ese tipo?

Sí. Este es el único tema, desde lo que conozco, porque insisto, no hay un informe de la CIDH, hay un boletín. De todo lo que yo conozco, por conversaciones al revisar el caso internamente, por conversaciones con ustedes, con periodistas que han hecho investigaciones.

Me he puesto a disposición de los familiares, cuando me instalé en el Ministerio hablé con ellos por teléfono, les dije este es mi teléfono si es que hay algún tema pendiente, si necesitan que respondamos algo o simplemente si necesitan protección en materia de seguridad.

Pero no hay ninguna investigación que esté llevando adelante este ministerio, la investigación que se está llevando adelante está en la Fiscalía y el mecanismo especial de la CIDH hará lo propio.

El único tema pendiente, de todo lo que yo conozco, es la no entrega de un requerimiento sobre una conferencia de prensa dada por el entonces ministro Navas.

Bueno, son varios requerimientos.

Entiendo que este es el único no respondido. Sobre este tema, lo que se entregó fue un informe o certificado de la dirección de comunicación que decía que ese día no ha habido ninguna actividad de esa naturaleza. He pedido que vayamos un poco más allá, no es suficiente decir nosotros no planificamos una rueda de prensa. He pedido que averigüen si se organizó de algún otro lado.

Pero fue un conversatorio que se hizo público a través de todos los medios de comunicación, Ministra.

Así es. Y la respuesta que tenemos es que lo organizó la Secom. Le hemos pedido a la Secom que si tiene grabaciones nos entregue las grabaciones, la invitación y todo el material que tiene sobre este tema para nosotros poder entregarle a la instancia de investigación que corresponda o a la familia, si es que la familia así lo requiere.

¿No hay documentación física acerca de los cuatro escenarios, más allá de la rueda de prensa?

De todas maneras, en la visita especial, la CIDH va a reunirse con el exministro Navas. Nosotros estamos dispuesto a que nos digan qué es lo que necesitan y seguirlo buscando.

¿Ha podido usted, como Ministra del Interior, tener más información de la que se ha hecho pública sobre el caso?

No. No tengo más información.

¿Nada de lo que se manejó internamente como institución?

Lo que se manejó en el Ministerio fue entregado. Entiendo que fue entregado al Ministerio de Defensa que ya coordinaba el Comité de Seguridad y el Ministerio de Defensa hizo, a su vez, una entrega.

Lo que actualmente tienen los familiares de los periodistas, ¿es todo lo que hay? ¿No hay absolutamente nada más, en lo que respecta al Ministerio del Interior específicamente?

Así es, exactamente. Lo que faltaría es este tema de la Secom. Yo no conozco que exista nada más en este tema.

De lo que yo conozco, de lo que he podido averiguar e indagar, no ha habido una intención de no entregar algún documento o análisis que esté aquí.

La muerte del oficial César Coronel

En  2012, el oficial César Coronel murió con un disparo dentro de un recinto policial en Sucumbíos. Según la Policía fue un suicidio  pero el forense Roberto Meza, el mismo del caso Gabala, dijo en junio de 2018 que efectivamente no fue un suicidio y que esa era su conclusión. Dijo, además, que el informe que le fue entregado a la familia por parte del Ministerio del Interior hace cuatro años, no era el original. La familia Coronel dijo que se reunieron con usted y que se les había entregado un informe que aparentemente era el original, pero cuando ellos cotejaron con el que les entregó el ministerio hace cuatro años, se dan cuenta que es el mismo. ¿Qué pasó con el original, si es que hay un original?

Yo me reuní con los familiares, los recibí, yo misma los contacté, es un tema muy delicado, por supuesto tenemos toda la disposición para entregarles cualquier información que les pueda ayudar a conocer la verdad. Entonces les entregamos todo lo que existe en el Ministerio sobre este caso.

Yo no he hecho esta tarea de cotejarlo con el informe de hace cuatro años, no es una tarea que me corresponda, no sé cuál es el informe de hace cuatro años.

Nosotros les hemos entregado todo lo que está aquí y les he dicho a los familiares nuestra voluntad para transparentar el tema. También había un tema pendiente el Ministerio se había negado a hacer unos pagos a la familia, el montepío. Estamos haciendo un análisis interno para ver si hay fundamento legal para esa decisión.

En su momento, apelaron a que supuestamente César Coronel no había cumplido el tiempo de servicio.

Pero el tiempo de servicio era más del que dijeron en ese momento. Estamos revisando qué fue lo que se le dijo, en base a qué, con qué tiempo de servicio, para poder darle una respuesta a la familia.

La familia pretende reabrir el caso, pero tal como consta en este momento en la investigación de la fiscalía, se lo presenta como un suicidio. ¿Eso tendría incidencia en el hecho de no entregar el montepío?

Estamos haciendo una investigación de cuáles eran las normas que regían en ese momento para poder responderle a la familia, no solamente sobre el informe sino sobre esta negativa y todo el tiempo que se tardaron en darles respuestas, sobre un tratamiento que yo creo, personalmente, fue una revictimización a la familia. Fueron una serie de negativas injustificadas haciendole pasar a la familia por un trámite y por un dolor innecesario.

Considerando que esta muerte se dio dentro de un recinto policial y que hay una serie de irregularidades en lo que ocurrió, ¿usted ha pedido que se reabra la investigación interna para ver si caben sanciones a policías que pudieron haber estado involucrados?

Los policías que según algunas de las sospechas de este caso, si es que no se tratara de un suicidio, que es lo que la familia trata de verificar, ya no son parte de la institución.

¿Ninguno de los que estaban involucrados?

No.

¿Ni siquiera los de mayor rango?

No.

¿Y han salido por distintas razones?

Por distintas razones en distintos momentos.

¿Pidieron la baja voluntaria o qué ocurrió?

Puedo averiguar sobre la lista y contestarle sobre cada caso.

¿Con eso ya no habría investigación interna de este caso?

No se podría porque uno puede investigar a las personas que son parte de la institución.

Personas desaparecidas

Todos los días hay alertas de personas desaparecidas. ¿Qué se está haciendo desde la Policía porque persisten las quejas de los familiares sobre los procesos y la inmediatez de la respuesta? ¿Cómo se puede distinguir entre quienes están realmente desaparecidos o quienes simplemente se fueron una o dos noches?

No se puede distinguir. Hay que ser muy cuidadosos en que, al tratar de distinguirlos, no estigmaticemos a las personas.

En el momento en el que recibimos una denuncia de una posible desaparición, inmediatamente se activan los mecanismos de búsqueda. No debemos esperar, no debemos hacer un perfil, porque ahí empiezan las estigmatizaciones: era hombre, era mujer, dónde estaba, dónde le vieron. Se recibe la denuncia y se activan los mecanismos de búsqueda.

Hay algunas cosas que me gustaría decir sobre esto. Siempre empiezo diciendo que ninguno justifica la inacción.

En ese momento, Romo le pide a una persona de su equipo que le traiga una presentación con cifras exactas. Ella sale de la oficina mientras Romo continúa respondiendo los datos que recuerda. Es minuciosa y trata de hablar con precisiones.

Del 100 por ciento de personas que son reportadas como desaparecidas, el 97% son recuperadas.  De ellas, hay quienes regresan por su propia cuenta. Se había ido porque tuvo una disputa, porque no quiso regresar a la casa, la familia se alarmó pensando que había sucedido algo grave.

Hay un 4% de personas recuperadas, que la Policía las encuentra. El caso de Soraya C. fue emblemático. Sus familiares han participado en las audiencias de la CIDH en temas de desaparecidos y fue identificada por la Policía en otro país. Es una mujer adulta que se fue voluntariamente y nunca volvió a tomar contacto con su familia y prefirió dejar que su familia creyera que estaba desaparecida o le había pasado algo. La Policía, en cooperación con la Policía de otro país, la buscó durante más de tres años. La encontró, es una mujer adulta, no la va a devolver a ningún lado, simplemente la encontró. Le avisó a la familia, le enseñó una foto, le dijo que está bien pero que es una adulta que no quiere volver a contactarse. Ese es un caso de una persona localizada.

Otro caso, una joven en Bolívar que fue reportada como desaparecida y fue encontrada por la Policía en otra provincia. Era adolescente y menor de edad, como menor de edad, la localizó y la devolvió a su familia.

También un caso de recuperación es cuando uno de estos jóvenes es recuperado en Montañita. Tuvimos un caso, no recuerdo si era chico o chica, que cuando la Policía lo encontró en un hostal, se lanzó por la ventana porque no quería que la devolviesen a su casa.

Pero estos son casos minoritarios. Usted dijo el 4%. ¿Y los que no se recuperan?

La mayoría son los recuperados. También tenemos casos de reincidencia, personas que hemos recuperado seis o siete veces.

¿Pero esos no son casos de desaparecidos como tal entonces?

Todos estos casos se reportan como desaparecidos y luego se reportan como localizados. Me detengo a contar estos casos porque se puede pensar que localizados significa que había una actividad criminal. Y no, no necesariamente.

Una de las cosas de mayor preocupación cuando yo llegué al Ministerio era el número de personas desaparecidas: 1495 casos. Una de las quejas asociaciones de familiares era que las cifras no cuadran.

Cuando a uno le dicen que son 45 mil los desaparecidos, uno dice esto es un horror. Este es el total de casos reportados desde 1970, pero esto no estaba en ningún documento. Entonces una de las primeras cosas que estamos haciendo es entender las cifras.

El sistema que maneja la Policía y el sistema que maneja la Fiscalía no son compatibles, no se actualizan solos. La fiscalía está haciendo una actualización de su sistema. Entonces puede haber la denuncia de una persona desaparecida hecha en tres provincias distintas.

En la desesperación de la familia, la abuelita vive en un lado, el papá en otro, la mamá en otro y todos van a denunciar y eso no se empata en el sistema. Además hay denuncias que se reciben según el nombre del denunciante y otras en las que se recibe según el nombre del desaparecido.

¿Pero no hay un formato estándar?

Ahora ya, pero no había. Cuando los familiares se preguntan por qué hay cifras diferentes, esa es una de las explicaciones.

También tenemos casos, entre estos 1495 casos de personas desaparecidas, a personas que denunciaron que, por ejemplo, el hijo no volvió a la casa y quien tomó la denuncia pone el nombre completo del denunciante pero del hijo puso Carlos NN. No hay manera de identificar quién fue el denunciante, y no hay manera de identificar si ese caso ya se cerró. Seguramente son casos que nunca vamos a poder cerrar.

Pero al poner el nombre del denunciante, ¿no se le puede contactar?

Es que hay algunos que no tienen la cédula, no tienen el teléfono porque no había un protocolo claro sobre cómo tratar estos casos.

¿Ahora ya hay?

Ahora ya hay. Pero esto era parte del conflicto.

Lo que hemos hecho con las estadísticas que tenemos es: cuando las personas son localizadas se les somete a una entrevista rápida y se les pregunta por qué se fueron. De todas las personas localizadas el 90% dice: yo me fui. Hay momentos, como el fin de año, que se reportan más personas desaparecidas.

En estos dos meses hemos intentado entender las cifras. Hay casos que son gravísimos pero hay que entender mejor lo que está pasando. Entonces hay temas familiares, me peleé con mi marido, me peleé con mis papás o perdí el año, es decir: se fue voluntariamente.

El 8,2% son personas sin voluntad, que tienen una enfermedad mental, se extraviaron o niños que se perdieron, o alguien que se fue a escalar con los amigos y no apareció.

Hay algunos que cuando son localizados están muertos, ese es el 1,7%. De los 1495 casos que siguen en investigación, el 16% de los casos son niños. El 56% son adultos, el 15% son adultos mayores y en el 13% ni siquiera tenemos edad.

Todo eso porque antes no había protocolo, cada quien tomaba los datos como quería. Como son casos desde 1970, también puede ser que nadie vino a retirar la denuncia.

Y los casos que siguen abiertos, ¿hasta cuándo se mantienen así?

No hay un protocolo para cerrarlos.

¿Y se va a establecer un protocolo?

Es parte de lo que yo creo que se debe hacer.

Otra de las quejas de los familiares de desaparecidos es el tema de las preguntas: que si era mujer, que si se habrá ido con el novio, que si estaba de fiesta. Y digo esto porque recuerdo que cuando usted se posesionó dijo que uno de sus temas prioritarios era la lucha contra la violencia a las mujeres y a los niños. ¿Qué protocolos o qué capacitación se hace para que quienes reciben la denuncia puedan hacerlo con un enfoque de género?

Hay capacitaciones y hay mucho que hacer todavía porque los policías son parte de una sociedad que tiene ciertos estigmas contra las mujeres, que es machista. Los policías no son extraterrestres, son parte de esta sociedad.

La semana pasada, estoy tratando de acordarme quién fue, pero era un oficial de Policía que me dijo: ‘qué gusto conocerle porque siempre llama la atención una mujer inteligente’, y estoy segura que me lo dijo como un halago.

¿Y usted qué hizo?

Les digo sin que esto provoque una hecatombe. No es solo aquí. Yo fui decana en una universidad y yo era la primera mujer en ser decana.

¿Qué responde usted cuando le dicen eso?

Le digo: ‘lo que le sorprende es que sea inteligente o que sea mujer e inteligente o qué es lo que me está tratando de decir porque como lo dijo le salió terrible’. Trato de no enojarme, de no ponerme violenta porque lo comprendo como parte de un contexto. Es un comentario súper sexista pero no me lo tomo personal porque es el contexto en el que vivimos. No lo dejo pasar, siempre pongo los temas sobre la mesa.

En el tema de los desaparecidos, es un tema muy sensible. Comparemos con otros países. En otros países no hay cifras, los otros países están como probablemente nosotros estábamos en los setentas o los ochentas, pero no hay una unidad de desaparecidos. Ni siquiera hay cifras para poder comparar en la región. Esto no es un consuelo para aguien que tiene un familiar desaparecido.

Ahí no hay nada que decir excepto buscar la verdad pero en términos de política pública, se están haciendo cosas. Hay un sistema unificado en un portal, desaparecidosecuador.gob.ec. Se contesta una lista de preguntas. El portal produce afiches oficiales. Yo entro, miro la foto y puedo compartir en redes. Esto es muy importante porque significa que hay una sola foto, que el marco es de un color, que el número que aparece es el de la Policía porque hay muchas personas que sobre el dolor que provoca una desaparición, se aprovechan, entonces les extorsionan, les dicen que vieron, que son adivinos, que saben dónde están. Eso deja en vulnerabilidad a la familia. El tener el número de la Policía ayuda a que haya alguien que sabe cómo tratar el tema de forma profesional.

Todos debemos ser responsables. Hay que compartir afiches oficiales. Hace tres semanas estábamos haciendo un llamado a la calma, al día siguiente de lo de Posorja. Hay muchas publicaciones falsas asociadas a cuentas políticas, hay un intento de caotizar el país.

¿Por parte de quién?

Por parte de los correistas. Están empeñados en una campaña haciendo pensar en un desgobierno. Ellos que estaban acostumbrados a manejar redes, trolls y campañas de desinformación. La semana pasada prepararon un video que tiene un millón de vistas en Youtube hablando de un golpe que preparaban militares y policías y estamos tratando de identificar de dónde salió. No es casual. No es información de la farándula para engordar una cuenta para que haga marketing. No es.

Hay que investigar lo que está pasando, aquí hay una estrategia concertada para desestabilizar, creo yo.

El gobierno de Rafael Correa

¿No cree que el gobierno usa mucho esta estrategia de echar la culpa de todo al correísmo como para mantener la atención en otra cosa?

Yo creo que aún hay muchas cosas que seguimos descubriendo que tiene la culpa el anterior gobierno. Nosotros acabamos de matricular tres mil patrulleros que no estaban matriculados hace cinco años.

¿Por qué?

Porque no les matricularon. Entonces todos los días, le digo como un detalle, todos los días seguimos encontrando que era responsabilidad del anterior gobierno: sí había un manejo de los temas que no podemos dejar de mirar.

¿Pero no es eso muy cómodo porque siempre tenemos a  quien echarle la culpa, entonces en qué momento el gobierno se responsabiliza de lo que sí tiene que hacer?

No tiene nada de cómodo. Todos los días lo que hacemos es nuestra responsabilidad pero hay muchas cosas en donde la explicación no es posible si no se mira ese contexto. No tiene nada de cómodo.

Ojalá pudiéramos hacer las cosas y seguir gestionando pero no es posible porque hay un montón de cosas que se arrastran de administraciones anteriores y que hacen parte de nuestros problemas de todos los días. No es que uno llega y dice ‘veamos lo que estaba mal’ y lo resuelve en un día. Es que siguen saliendo cosas.

En su caso, ¿qué ha salido?

Todo. Todos los días, desde matricular los carros hasta unidades de policía comunitaria (UPC) que están construidas en terrenos que no tenían autorización, pasando por cuentas, deudas a CNT por líneas que se estaban usando en esas UPC y que no estaban a nombre del Ministerio del Interior, proveedores que no fueron pagados. Por ejemplo, Fabrec, que era una gran proveedora del Ministerio del Interior, y que acabamos de decidir su liquidación. Todos los días.

La fuga de Fernando Alvarado

Usted estuvo en la Asamblea por el tema del exministro Alvarado. ¿Usted de verdad cree que no hay responsabilidad política en ese tema?

Sí hay responsabilidades políticas pero no de todos los convocados. Algunos legisladores dicen: todos los ministros se lavan las manos.

Si es que yo convoco al ministro de Cultura, Salud y Educación, van a ir a decir por qué tengo que ir a la Asamblea, si no es mi responsabilidad. El control de los dispositivos de vigilancia electrónica es del Ministerio de Justicia.

¿Entonces la responsabilidad política es del Ministro de Justicia?

Sí, con el añadido de que el Ministerio de Justicia estaba encargado.

Claro, pero eso no quita nada.

Sí, es parte de la realidad.

Pero estamos describiendo sólo un hecho.

Sí, es como si yo llegase al Ministerio del Interior y a la semana hubiese un gran problema, la responsabilidad institucional sería del Ministerio del Interior.

Y por lo tanto, la responsabilidad política es de su cabeza.

Claro, ¿yo debo asumir la responsabilidad política? Sí.  ¿Una responsabilidad política que conlleve a la destitución si llegué hacía una semana? Tendrá que verlo la Asamblea, pero lo que no se puede esperar es que para evitar esta idea de que nadie es responsable, vayamos y nos hagamos responsables los que no somos responsables y la Asamblea dice: siguen viniendo funcionarios y ninguno es responsable. Es que siguen convocando funcionarios que no están relacionados. Entiendo las comparecencias para tratar de entender pero si se siguen convocando funcionarios no es que se van a descubrir responsabilidades.

Hay un Ministerio responsable del sistema. Si convocan diez ministros más, van a decir toditos se siguen lavando las manos. Evidentemente. No va a ir el Ministro de Cultura a decir yo soy el responsable si no es.

Ser mujer en política

Retomando un poco lo que usted mencionaba hace un momento. ¿Una ministra mujer tiene autoridad en un ministerio como este? Quizás en instituciones militares o policiales hay un poco más de resistencia a eso. ¿Cómo le ha ido en ese sentido?

Ser mujer en una sociedad machista es distinto que ser hombre y eso es evidente en cualquier lugar.

¿Pero en este tipo de instituciones no es más evidente?

Quizás. Como en otros donde ya he estado. La política también es un espacio sospechoso para las mujeres y aún con más mujeres en la política, la primera vez que fui a una campaña —y creo que todas las siguientes— he sido la única mujer en encabezar listas en Pichincha.

Los debates eran entre cabezas de listas, yo era la única mujer en la mesa. Yo he estado en entrevistas, sobre todo al principio porque ahora ya tengo muchos años de hacer política y creo que para bien y para mal, con simpatías y antipatías yo ya tengo un camino en la política, pero en las primeras elecciones iba a entrevistas en las que me preguntaban si sabía cocinar, si yo era virgen.

En las misma mesa rodeada de hombres. Esas son preguntas que no les hacen a los hombres.

¿En qué año?

2007, en mi primera campaña.

¿Ya no le preguntan eso?

No, pero todavía me siento en gabinetes donde me dicen señora o señora mientras a los ministros les dicen ministros. Eso no me quita ni me pone, lo que digo es, además por mis posturas políticas sobre los derechos de las mujeres, yo soy feminista y así me reconozco, tal vez me doy cuenta de cosas que mis colegas no, o que las personas que me dicen no se dan cuenta.

Cuando fui decana, entré a la página web de la universidad y vi que mi etiqueta decía decano. Le mandé un mensaje al encargado de la página y le dije ‘tenga la bondad de cambiar decano por decana’ y me contestó que la página web estaba diseñada para que los decanos sean hombres.

Vivimos en una sociedad machista, así es y yo vivo en esos espacios hace mucho tiempo. Qué creo que a veces nos toca, no es que nos corresponda, pero casi es la necesidad de trabajar el doble para dejar en claro por qué estamos ahí, y a eso yo no lo tengo miedo.

La última pregunta. En su largo recorrido político, ¿qué errores ha cometido?

Muchísimos, todos los días. Creo que mientras uno toma decisiones, se equivoca todos los días.

Si es que usted me pregunta qué hubiera hecho años atrás o qué cosas hubiera hecho diferente, tengo una lista inmensa pero creo que es el precio de decidir. Lo que yo no cambiaría es que yo tomo decisiones y tomo posturas, y hay algunas personas que ven la política como el arte de no tomar decisiones, de no tomar posturas, de no decir nada, de no pelearse con nadie.

Visto de esa manera yo soy una muy mala política.

Yo tomo decisiones todos los días, tomo posturas, digo cosas quizás políticamente incorrectas, asumo posiciones. Y prefiero hacer eso y equivocarme todos los días que ser una política que sonríe y saluda y quiere ser simpática pero uno nunca sabe de qué lado está, ese no es mi estilo.

¿Pero qué error reconocería ahorita, el que se le viene a la mente?

Todos. Un montón, hay un montón de cosas que haría diferente.

Dígame uno.

Estoy pensando en uno que pueda ser significativo porque se me ocurren muchos chiquitos. Eso tiene mucho que ver con cómo soy, qué digo esto debía haber hecho así, no me atormenta pero pienso, esto debí haber hecho diferente.

Tal vez pensando en una cosa grande sobre la que recapacito, me habría ido mucho antes del gobierno de Correa, y eso que me fui temprano.

¿Y por qué se quedó más tiempo?

Porque pensé que todavía había cosas que pelear.

¿Y creía que la pelea se hacía adentro?

Creía que todavía había peleas que valía la pena y creía que todavía se podía hacer la diferencia.