Volver a la escuela
Cuando Maribel Sánchez tenía 3 años, su padre la separó de su mamá, la llevó a una familia en Quito, y la dejó ahí para que viva. Cuando cumplió 5 años se convirtió en la empleada doméstica de la casa. “Trabajaba porque me daban casa y comida pero nunca me pagaron por los quehaceres”, dice. Nunca la mandaron a la escuela, como los patrones le habían prometido a su padre. Tampoco la dejaban salir. Aunque tenía mucho temor de irse, cuando cumplió 15 años se escapó a Guayaquil, la mayor ciudad costera del Ecuador, donde intentó estudiar. Maribel recuerda que cuando las clases se ponían difíciles se desanimaba: era una adulta estudiando con niños de 6 años. “Ya me daba vergüenza, tan grande y en primer grado”.
Intentó varias veces, avanzaba de a poco, pero nunca terminaba. Años más tarde, regresó a Quito a buscar a su mamá, pero ella ya había muerto. Se quedó en la capital y empezó a trabajar en un local comercial. Un día, décadas después, cuando tenía 42 años, una mujer entró. Empezaron a conversar. La mujer era de La Escuelita Popular y Feminista, que da la posibilidad a mujeres adultas de terminar su educación primaria. “Me llamó la atención porque yo justo estaba buscando eso pero no me atrevía”, dice Maribel. De eso ya son seis años.
Maribel juntó letras para formar palabras sobre la mesa en La Escuelita Popular y Feminista. Fotografía de José María León para GK.
Desde entonces, Maribel ha ido a clases dos veces por semana. A comienzos de noviembre de 2018, ella y cuatro mujeres más —de entre 43 y 72 años— se graduaron de la primaria. “No me creía al principio, mi inconsciente sentía que era un sueño y me sentí muy feliz y muy agradecida a esa persona que tuvo la facilidad de ayudarme”, dice Maribel —de pelo corto castaño y ojos marrones— sentada en una biblioteca del centro de Quito donde funciona La Escuelita. Desde que la escuela abrió en el 2008, 120 mujeres han ido a las clases, entrando en diferentes momentos, y tomando las clases a diferentes ritmos. Quince ya se han graduado. Todas habían dejado de estudiar cuando eran niñas.
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La escuelita empezó en una prisión de mujeres de Quito. En 2004, en la cárcel del Inca, mujeres universitarias y mujeres encarceladas se aliaron. “Surge como un diálogo, reconociendo nuestra desigualdad”, explica Andrea Aguirre, profesora y una de las fundadoras de esta alianza. “Pero al mismo tiempo siendo capaces de encontrar lo que tenemos en común en términos de violencia sexista”. El primer nombre de la alianza fue Mujeres de Frente. Se convirtió en un colectivo que buscaba debatir el sistema penitenciario, la violencia y la desigualdad entre mujeres.
Cuatro años más tarde, la Asamblea Constituyente del Ecuador aprobó el indulto de mil doscientas mulas del narcotráfico. Los asambleístas consideraban que la pena de 8 años era desproporcionada al delito. Muchas de las mujeres que trabajaban en el colectivo y estaban en la cárcel por microtráfico salieron libres. Una vez afuera, dedicarse a algo distinto al microtráfico, fue un reto. “Ellas me dijeron: yo no he ido a la escuela, yo no sé leer ni escribir y es el trabajo que aprendí a hacer de mi madre, el microtráfico, porque no tenemos otro trabajo”, dice Gloria Armijos, integrante del colectivo. Armijos trabajó hasta el 2009 en la guardería de la cárcel de mujeres del Inca.
Que las mujeres no tengan una educación primaria es más una regla que una excepción. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, 15 millones de niñas en el mundo en edad de cursar la primaria no lo hacen. En Ecuador, según el Ministerio de Educación, en los últimos diez años, más de 200 mil niñas dejaron de estudiar cuando tenían 7, 8, 9, 10 años. Es como si todo Portoviejo, la octava ciudad más poblada del país, no terminase la escuela más básica.
Los motivos de la deserción son múltiples: un estudio de la organización no gubernamental Plan Internacional dice que son el matrimonio temprano, el trabajo y la violencia en el entorno escolar. A esto se suma que muchos padres consideran que no es necesario que las niñas estudien porque en algún momento serán mantenidas por su marido. En su lugar, las obligan a hacer las tareas de la casa y a atender a sus hermanos varones desde que tienen 5 años.
Blanca Moreno estudia en La Escuelita Popular Feminista desde hacía seis años. Fotografía de José María León para GK.
Esa fue la vida de Blanca Moreno, una de las mujeres que se graduó de La Escuelita en noviembre de 2018. Ella no es una expresidiaria pero, como muchas de ellas, dejó de estudiar cuando tenía 8 años. Sus padres creían que no era necesario: eran los maridos los que deben mantener el hogar. “Muchas de las compañeras no han podido acceder a la educación desde que son niñas y esto es súper marcado por el machismo dentro de sus familias”, dice Stephany Cárdenas del colectivo Mujeres de Frente. “En una familia, la niña se tenía que quedar con la mamá cocinando, lavando”. Los hijos varones, si es que había el dinero, explica Cárdenas, iban a la escuela. En el complejo andamiaje de la adversidad, el futuro de las niñas era —es— la primera pieza descartable.
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La falta de educación es el primer giro de un círculo malicioso: cuando crecen, esas niñas necesitan un trabajo para sobrevivir y, sin educación, es muy difícil conseguir uno que no esté ligado a la servidumbre o a la ilegalidad, como las mujeres microtraficantes indultadas en el 2008. Cuando salieron de la cárcel y no podían encontrar trabajo, pidieron a las universitarias del colectivo que creen una escuela para que las ayuden a terminar la primaria y, así, tener más oportunidades laborales.
La escuela abrió sus puertas ese año, en un espacio llamado La Casa Rosa Feminista en Quito. La dirigía Pascale Laso, una pedagoga. Para las clases, cuatro profesoras sacaban copias de los libros para cumplir con las materias del currículo del Estado. Las maestras acompañaban a las mujeres, sus madres y sus hijos a completar las tareas, les enseñaban cómo sumar, restar, dividir, leer.
La escuela iba bien y las mujeres aprendían mucho. Pero un año y medio después tuvieron que cerrar por falta de recursos. El colectivo, con el tiempo, también se fue rompiendo pero todavía quedaban algunas mujeres que querían seguir con esta iniciativa.
La Escuelita estuvo cerrada casi dos años. En el 2011, las integrantes que quedaban del colectivo, la reabrieron. Igual que antes, seguían el currículo oficial, pero adaptaron los textos y hacían fichas de trabajo para que sea más fácil de aprender para las mujeres adultas. A esta escuela no solo iban mujeres que habían salido de la cárcel sino que, en su mayoría, llegaban de barrios empobrecidos, trabajadoras domésticas pagadas y no pagadas o trabajadoras informales. Todas con el sueño de terminar (o comenzar) los estudios primarios que les fueron negados cuando niñas.
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El salón es amplio, con piso de madera y ventanas grandes. Hay un aire entre melancólico y esperanzador, producto de la mezcla de la antigüedad del edificio y los sueños de las estudiantes. En el centro hay dos mesas largas donde las mujeres están sentadas uniendo letras coloridas de cartulina para formar palabras. Otras leen sobre el homo sapiens y los dinosaurios en una computadora, otras responden un cuestionario en un papel. En el pizarrón blanco se lee “suma y resta de números enteros” y unas operaciones matemáticas resueltas. Ese es el campus de la Escuelita Popular y Feminista.
Aula de estudio en La Escuelita Popular y Feminista donde Maribel, Blanca y María Juana estudian. Fotografía de José María León para GK.
“Matemáticas es mi materia favorita”, dice María Juana Cuenca, una de las mujeres que se graduó en noviembre. Ella, de pelo largo lacio negro y ojos negros, dejó de estudiar cuando tenía 8 años.
“Mi sueño era ser doctora, y yo ya habría acabado”, dice María Juana refiriéndose a qué hubiera pasado si no dejaba de estudiar. Su mamá la llevó a trabajar con ella en el campo y cuando tenía 15 años se fue a Riobamba para trabajar como empleada doméstica. Unos años más tarde, sus empleadores la trajeron a Quito para que siga trabajando con ellos pero María Juana apenas sabía hablar en español —su lengua materna es el kichwa. Con el tiempo, aprendió lo básico para sus actividades diarias, pero siempre tenía pendiente el regresar a sus estudios.
María Juana estudia en La Escuelita desde que tiene 40 años. Dice que ha aprendido a “tener confianza, tener amigas” y que le gusta escribir, leer, y estudiar ciencias sociales. Fotografía de José María León para GK.
Cuando María Juana y una amiga estaban caminando por el centro histórico se encontraron con La Escuelita Popular y Feminista. Su amiga entró a averiguar y “ahí dice aquí abajo hay clase y está ahí mismo da material, da todo, tienen paciencia, ¡vamos!”. María Juana tenía 40 años cuando, por fin, retomó sus estudios donde los dejó: en el segundo grado.
La Escuelita Popular y Feminista trabaja con dos mallas curriculares de estudio. Laso explica que una de ellas es la necesaria para cumplir con los requisitos del séptimo año de educación básica y que la otra tiene una mirada feminista. “Proponemos espacios de reflexión sobre nuestro propia vida y las situaciones de opresión en el sistema”, dice la directora de la escuela. Por ejemplo, cuando enseñan matemáticas les enseñan con ejercicios para calcular cuánto del trabajo de ellas es remunerado o cuántas horas invierten en el cuidado de otras personas. Además, conversan sobre la violencia de género, lo que ha significado ser mujer para cada una, y cómo la educación les permite ser independientes y tener una vida libre de violencia.
Dicen las maestras de La Escuelita que una niña o una mujer no tenga educación es otra forma de incentivar la violencia en su contra. Como no pueden leer, siempre dependen de alguien para pedir una dirección, para seguir una receta de cocina, para tomar un bus, para saber qué están firmando. Como no pueden escribir, a veces no pueden llenar formularios para denunciar a sus agresores o comunicarse por correos electrónicos o mensajes de texto. Y como no pueden hacer estas cosas, se sienten menos. Según Laso, “esto es usado en las situaciones de violencia también como un agravante: tú que eres bruta qué me vas a entender, entonces toma por bruta”.
Uno de los mayores retos y logros de la escuelita, dice Laso, fue crear las condiciones para que las mujeres puedan estudiar sin importar sus horarios. Cuando María Chicaiza —una de las mujeres que se graduó en noviembre— casi deja de ir a clases porque solo tenía 30 minutos libres, Pascale decidió cambiar la forma en que se ofrecían las clases. “Yo vi en ella las ganas que tenía pero no le daba la vida para venir” dice Pascale. Entonces modificaron la escuela para que puedan ser procesos individuales: cada mujer recibe el material necesario para cumplir con la malla escolar pero avanza a su ritmo, dependiendo del tiempo disponible que tenga.
En la foto Maribel de espaldas, Blanca y María Juana estudiando los primeros textos y trabajando en ejercicios del primer año de secundaria. Fotografía de José María León para GK.
A veces, por distintos motivos hay mujeres que dejan de ir a la escuela pero regresan después de un año y siguen donde se quedaron. Pero otras, las mujeres no regresan porque, dice Laso, conocen a un hombre, se hacen su pareja y él les convence de que abandonen la escuela. “Nosotras conversamos con ella, le decimos cuáles son los riesgos, pero si ella decide irse, nosotros respetamos su decisión siempre”, dice Pascale.
María Juana Cuenca dice que lo más importante para ella es incentivar a sus hijos a que estudien, que terminen la primaria y luego la secundaria. Blanca Moreno, una mujer de 68 años, pelo blanco y corto, que se acaba de graduar de primaria, piensa igual. Sus hijas estudiaron y tienen una profesión. Es una forma de que la cadena de niñas que son privadas del estudio se rompa. Para Laso, esto y la graduación de las mujeres de la primaria son “una revancha de la justicia”, como un pequeño ajuste social por las violencias que sufrieron desde niñas. De cierta forma lo es, pero lo ideal sería que en unos años no se necesite una escuela como esta, que unos años todas las niñas terminen sus estudios y se gradúen cuando niñas.
Este reportaje es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Estancados
En Ecuador, el presidente Moreno ha hecho cambios pero, para el tamaño de la crisis que enfrenta, son insuficientes. El pobre desempeño económico del país (la proyección de crecimiento es del 1% para 2018 y 0,9% para el año entrante), su inflado endeudamiento y sus necesidades de endeudamiento para el 2019 que —según previsiones del FMI—, podrían ascender al 13% del PIB, le demandan reestructuraciones profundas. En esa tesitura, Moreno parece que no sabe hasta dónde debe llegar o quién quiere ser. La crisis de identidad de su gobierno parece radicar en cálculos políticos o en su miedo a ser catalogado como un representante de la izquierda mala.
Jorge Castañeda, politólogo y ex canciller mexicano, clasificó a los proyectos de la izquierda postsoviética en América Latina en dos categorías: una izquierda errada y una izquierda acertada, una izquierda buena y una mala.
La acertada es la que logró superar su radicalidad y los errores del siglo XX. Implementó políticas sociales de educación, de reducción de la pobreza, de salud y de vivienda, siempre dentro de un contexto, en mayor o menor medida, de economía de mercado. Forman parte de esa camada Chile, Uruguay y en menor medida, Brasil. Los tres surgieron, paradójicamente, de un pasado radical pero hacia inicios del nuevo milenio implementaron políticas modernas, reformistas, internacionalistas y democráticas.
Del otro lado de la misma vereda, la izquierda equivocada entremezcla la gran tradición populista de la región y la izquierda de corte castrista: nacionalista, cerrada y estatista. Una izquierda miope de los fracasos pasados y de la inviabilidad o nocividad de ciertas de sus propuestas. Una izquierda que demostró amar más al poder que a la democracia y al Estado de derecho, y que lucharía para mantenerse ahí, a cualquier costo. Una izquierda que gobernó al Ecuador durante diez años y de la que el actual Presidente fue parte en los primeros seis.
Los devotos de esta tendencia, usando medios democráticos, buscaron concentrar el poder a través de la modificación de sus marcos legales. Intentaron hacerse con el control de los medios de comunicación, cooptar los poderes legislativos y judiciales con reformas electorales, constitucionales, entre otras. Una izquierda más amante de la retórica que de la sustancia al hacer políticas públicas. Más prendada del poder que de su ejercicio responsable.
Estos países manejados por la mala izquierda se ven hoy enfrentados a otra década de amargo desencanto. Si la “larga noche neoliberal”, como llamaba el expresidente Correa a la década de los 90, fracasó en brindar soluciones a los problemas de la región (y hasta cierto punto los acentuó, especialmente en desigualdad) la izquierda revolucionaria que le siguió estuvo muy lejos de traer el desarrollo prometido. Más bien, dejó como herencia descalabros económicos e institucionales.
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En su intento por superar la mala izquierda, Lenín Moreno ha dado signos de recuperación de las instituciones democráticas y ha hecho intentos de apostar por el sector productivo como principal motor del desarrollo económico del país. Moreno quiere ser un representante de la izquierda buena, aquella que “produce con la derecha, y reparte con la izquierda”.
Su miedo a ser el malo o sus cálculos políticos —¿elecciones seccionales? O acaso ¿piensa reelegirse?— le hacen rechazar cualquier ajuste mayor que la economía en este estado calamitoso exige. Moreno pomueve la limpieza tan necesaria de la imagen internacional a través de la inserción del Ecuador en procesos económicos e institucionales ambiciosos como el ingreso a la Alianza del Pacífico y a la OCDE, sin que los números le cuadren, pues una economía enferma es la peor propaganda internacional: los inversionistas no vienen al país porque hay tratados o acuerdos, sino porque ven y perciben que la economía está estable.
A Moreno le tocó la difícil tarea de tratar de enderezar el rumbo de la economía ecuatoriana, pero quiere hacerlo sin generar antipatías y sin asumir el costo político o ser tildado de “neoliberal”.
No es desconocido que el temor de los políticos locales a ese adjetivo nació con el nuevo milenio, tras el descalabro financiero de finales de los 90. La quiebra masiva de los bancos dejó a cientos de miles sin sus ahorros y generó una migración que se contó por los millones. El neoliberalismo fue achacado como el responsable de esa debacle, y le dejó al país un temor que le impide pensar con claridad.
Desde entonces, el neoliberalismo se convirtió en una categoría tan repetida como vagamente definida. Al igual que la garantía de todo derecho social equivale a comunismo para los republicanos estadounidenses, para la izquierda en América Latina, todo lo que suene a focalización de subsidios, reducción de aranceles o reactivación del sector privado es neoliberalismo. Mencionar al Fondo Monetario Internacional como opción de financiamiento es la expresión máxima de la venta de la Patria, la hipoteca de nuestro futuro, un despropósito que raya en la traición. Sin embargo, a finales de la segunda década del siglo, ¿son lógicos estos temores?
Trauma legítimo o no, luchar contra este enemigo casi imaginario le impidió al Ecuador, durante 10 años, echar mano de las posibilidades de las que disponen los países en la actualidad para desarrollarse.
Ahora, Moreno sufre también de los efectos de esa fobia social: cuando hace intentos de corregir la distorisión de los primeros años del siglo del Ecuador del siglo XXI —endeudado y con una economía desfigurada— se lo acusa de traición y de facilitar el retorno del neoliberalismo.
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En respuesta, lanza mensajes en exceso optimistas, ajenos a cualquier realidad nacional e internacional: la apreciación del dólar nos quita competitividad, y la caída del precio del petróleo merma nuestros ingresos. El riesgo país, por su parte, es un síntoma del verdadero estado de la economía del Ecuador. A noviembre de 2018, alcanzó 817 puntos: más alto que el de la Argentina de Macri. Esto implica que endeudarse en el mercado internacional es mucho más caro para el Ecuador que para otros países de la región, tanto en los mercados financieros internacionales .
La emisión de bonos en el mercado internacional es la principal fuente de financiamiento de nuestra deuda pública externa por el momento (46% de la deuda total). De darse una nueva emisión, las condiciones serían muy poco favorables porque los mercados no confían en nuestra capacidad de pago. De igual manera, China, otro de nuestros finacistas internacionales importantes —de quién esperamos tener un nuevo crédito pronto, quién sabe a qué costo y bajo que condiciones— nos presta a un costo más alto que que a otros países de la región porque no damos confianza y a pesar de los esfuerzos del gobierno, los mercados no perciben mejora en nuestra economía.
La política pública requiere gente dispuesta a hacer apuestas, generar cambios y tomar decisiones. Seguro harán bulla las clases medias y altas, que son las más beneficiadas del inflado gasto del gobierno, y de seguro harán bulla los cínicos que no descansaron hasta hundirnos en el hueco en el que estamos, pero la economía no sanará a punta de retórica. Lenin Moreno quiere lucir como un bondadoso representante de la “buena izquierda” cuando el país requiere un estadista que piense en el largo plazo. Es hora de que supere su crisis de identidad y tome las decisiones adecuadas.
Hablemos de Niñas
Cuando la ONU declara un día de algo es porque cree que es (generalmente, un problema) que necesita ser visibilizado en todo el mundo. En 2011, hace apenas siete años, esta organización declaró al 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. En el Ecuador es una fecha que pasa casi desapercibida para la mayoría, que es abordada en las agendas de algunos medios de comunicación a veces con enfoques revictimizantes, e incluido de alguna manera formalista por el Estado. Los otros 364 días es un tema del que no se habla.
Nadie regresa a ver a las niñas.
Hace dos semanas me senté con tres mujeres para hablar sobre por qué nadie las ve y qué podemos hacer para cambiarlo. Al conversatorio, que llamamos Hablemos de Niñas, fueron María Amelia Viteri, una antropóloga que ha enfocado su investigación en niñas, Kathy Ward, la embajadora del Reino Unido en Ecuador, y Érica Curicama, una adolescente representante del movimiento Por Ser Niña. Un mes antes, cuando estábamos organizando el conversatorio empecé a preguntar a conocidos, amigos, colegas recomendaciones de organizaciones que trabajan con las niñas en el país. Todos me decían que contactarían a otro conocido, amigo, colega pero regresaban diciendo: no conozco, no conocen. O me daban nombres de sitios enfocados en mujeres o niñez (niños incluidos).
La primera reacción cuando separamos a los niños de las niñas, y pedimos que se atienda solo a ellas es negativa. Primero porque está la idea de que trabajar con un grupo específico es ignorar o discriminar a otro. Premisa absurda que nos llevaría a reclamarle a los ambientalistas que se preocupen por la violencia de género o a los animalistas que aboguen por las personas con discapacidad. Si bien las causas son para los activistas, reportear sobre las niñas se ha convertido en uno de los ejes de nuestra política editorial.
La segunda reacción cuando separamos a los niños de las niñas y pedimos que se atienda solo a ellas es preguntar por qué. Esta columna se podría tratar solo de eso y se convertiría en una larga lista de cifras, estudios, problemas —no solo del Ecuador— sino de la región, del mundo. Por nombrar algunos: cada año en el Ecuador 2700 niñas quedan embarazadas, la mayoría víctimas de violación sexual. En el Ecuador, 27,3% de las niñas abusadas sexualmente nunca dio a conocer su abuso. Las niñas invierten 18 horas semanales en quehaceres domésticos, tiempo que podrían dedicar a estudiar, jugar, a ser niñas. En el mundo, cada dos minutos una niña es obligada a casarse. Y la lista podría seguir.
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En nuestro país, el Estado no regresa a verlas. Es tal la indiferencia que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura no tienen clasificados los delitos por género (o al menos no lo comparten públicamente con los periodistas). La lista de violaciones, abusos, acosos en contra de niños, y la pornografía infantil se cuentan en un gran total, sin género. Pero si se mira más de cerca las cifras o se consulta a especialistas se ve que de cada 10 delitos sexuales en contra de niños y niñas, 8 son en contra de niñas.
¿Cómo puede un Estado elaborar una política pública si no tiene los datos para identificar un problema?
Hay otras cifras que sí están disponibles pero no se difunden: entre 2012 y 2016, 50 niñas entre 10 y 12 años tuvieron un aborto no especificado, según el Ministerio de Salud. Son datos a los que se puede acceder con pedidos de transparencia pero que no están colgados en ninguna página web, ni son noticia. Es información que parecería que el Estado elige no tomar en cuenta. Y no lo hace porque el día que un alto funcionario del gobierno diga “2700 niñas quedan embarazadas cada año en el país” o “50 niñas abortaron en cuatro años” deberá hacerse cargo. Y parecería que no quieren que ese día, ni esa responsabilidad, lleguen.
Desde la sociedad civil la situación no es tan grave pero igual el trabajo es insuficiente. En un paneo rápido de organizaciones, fundaciones y grupos sociales se encuentran varios —cada vez más— enfocados en promover los derechos de las mujeres, y otros cuantos, quizás más, en defender la niñez (niños incluidos). Pero muy pocos tienen en su agenda como tema principal a las niñas.
¿Por qué?
Quizás porque no se conocen las horribles cifras. O porque no se termina de entender que si se quiere trabajar en la erradicación de la violencia de género, la mejor manera es empezar con las que se van a convertir en mujeres: las niñas.
Esta columna es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Mauricio Pozo: “Más de la mitad de la gente no sabe quiénes están de candidatos”
Mauricio Pozo casi no sonríe. En cuarenta minutos que dura la entrevista estuvo serio, casi imperturbable. Habla con la fluidez de quien ha estado acostumbrado a presentarse ante los medios de comunicación. Entre 2003 y 2004 fue Ministro de Economía del gobierno de Lucio Gutiérrez, y ha sido analista económico durante más de dos décadas. Fue docente universitario y decano en una universidad privada en Quito, y tras el gobierno de Gutiérrez, Pozo no volvió a ser funcionario público. En 2017 intentó llegar a la Vicepresidencia de la República, en binomio con Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, por el que ahora se postulará a Alcalde de Quito.
Tiene una oficina amplia en el centro norte de Quito, en un edificio moderno. Los espacios son amplios y casi no hay paredes; todo es de vidrio. La entrevista empieza más de cuarto de hora tarde; Pozo estaba despachando una reunión. Entramos a la oficina y allí está su asesora de prensa y un camarógrafo. A Pozo le ponen un micrófono corbatero y la cámara, de su equipo, se instala para grabar la entrevista completa, que tiene lugar en una pequeña mesa redonda. Al fondo, en su escritorio, su asesora espera.
Quisiera empezar con este tema que se ha discutido mucho estos días. Desde la semana anterior se ha cuestionado mucho sobre supuestas mafias que gobiernan a los transportistas. Hubo amenaza de que los taxistas iban a hacer un paro, finalmente se lo levantó. ¿Qué piensa usted sobre este tema del transporte público en Quito?
El objetivo fundamental de la política pública de cualquier Alcalde es, y tiene que ser, Quito y su gente. Cualquier cosa que atente contra el beneficio de la ciudad y contra el beneficio de la gente es un tema que no puede prosperar.
Dicho esto, cualquier sector de la ciudad —llámese taxistas, buseros, transportistas, artesanos, empleados, comerciantes, lo que sea— pueden generar sus propias demandas. Pueden establecer sus propios comentarios, pero eso de ninguna manera puede afectar el respeto a la ciudad y los derechos de la gente. No pueden, por ejemplo, bloquear la ciudad. No pueden, por ejemplo, generar caos o irrumpir en la tranquilidad de los ciudadanos. Eso es absolutamente inaceptable.
Eso obviamente no quiere decir que las autoridades, el Alcalde en este caso, establezca todos los canales de diálogo necesarios para resolver los problemas, pero finalmente es el Alcalde el que tiene que tomar las decisiones. Las autoridades públicas están para tomar decisiones, no para calentar los asientos; están para tomar las decisiones que beneficien a la gran mayoría.
Entonces, en ese sentido, que se analicen las peticiones y que se busque de alguna manera un canal de diálogo, de solución de controversias, me parece fundamental. Pero también quiero indicar que la ciudad sí necesita orden, sí necesita el establecimiento de normas claras, de políticas que busquen el mismo objetivo que mencionaba al principio.
El objetivo de beneficiar a la gente y la ciudad de Quito.
Hubo un escándalo incluso con los concejales involucrados e investigados por la Justicia, que supuestamente negociaron cupos para los taxis. ¿Cree que hay mafias enquistadas en el Municipio en sus dependencias o en entidades como el transporte público que tienen relación con el municipio?
Los problemas municipales no se concentran en los últimos años. Hay problemas acumulados a lo largo, diría yo, de casi décadas. No son temas que se pueden atribuir solamente a una administración.
En ese sentido, lo de fondo es que tengamos presente que la solución de los problemas de la ciudad y los problemas municipales se resuelven con una reforma integral y de fondo al Municipio y a los roles, competencias, funciones de sus concejales.
Los concejales están para legislar. Los concejales están para fiscalizar.
Los concejales están para ayudar al Alcalde a tomar las mejores decisiones, no están para tener roles administrativos o competencias que es parte de la propia gestión del alcalde y de su equipo de trabajo.
¿Eso qué implica?
Implica un poco de decisión política, un poco de liderazgo, un poco de apoyo, inclusive, ciudadano. El rato que se les otorga metros cuadrados de poder, termina abriéndose una puerta para temas como los que acaba de citar, donde la corrupción ha escalado a las altas esferas municipales —hay concejales con grilletes, lo cual es una vergüenza para la ciudad.
Quito siempre se caracterizó —al menos en el pasado— por tener representantes que sean de alguna manera el espejo de lo que es la ciudad, que sean representativos, que sea un honor ser concejal de Quito.
Eso hay que recuperar eligiendo bien, pidiendo antecedentes de quienes están participando: sus declaraciones patrimoniales, un pago de impuestos —alguna manera para que la gente sepa en quién va a depositar su voto, y a quién le va a confiar sus aportes impositivos.
Es la segunda vez que Pozo se postula para un cargo de elección popular. Fotografía de José María León para GK.
Hemos visto pugnas en este último periodo entre los concejales y el alcalde. ¿Qué piensa hacer para lidiar con este asunto, buscar espacios para concejales del Partido Social Cristiano o cuál sería su propuesta para poder negociar lo que quiera ejecutar como alcalde?
Yo voy a participar en un movimiento suprapartidista: un movimiento eminentemente cívico ciudadano, donde uno de los actores va a ser el Partido Social Cristiano. Puede haber otros movimientos políticos, también habrá colectivos ciudadanos. Va a haber representantes de parroquias, líderes barriales, deportivos, etcétera.
Es decir, no es un tema de un partido, es un tema eminentemente ciudadano. Si uno entiende bien ese principio, los concejales tienen que respetar precisamente eso: que esto tiene un objetivo que se llama Quito y su gente.
Por lo tanto las ideologías, los colores, las apetencias partidistas quedan de lado, o deben quedar de lado, para trabajar sobre el espíritu de la ciudad.
Ese es el compromiso que voy a buscar que se aplique con los concejales que ganen las elecciones —sea que hayan estado en mi proyecto o sea que salgan electos por otras candidaturas. La idea es armar un equipo de trabajo desideologizado, eminentemente práctico, que busque resolver los problemas de la ciudad.
¿Pero es posible esto? Porque todo el mundo viene con un entorno y un peso ideológico.
No digo que sea un tema sencillo pero sí que es un tema posible porque se ha hecho en otras ciudades del país. No es que esto no ha pasado antes. Se cumple en Guayaquil, se cumple en Machala, se cumple en muchas ciudades. Sí es posible en Quito.
Además hay un tema de fondo: los problemas de la ciudad son pruebas tangibles, la basura un problema real, tangible. No es una discusión de la izquierda y la derecha.
¿Qué tiene que ver la basura con eso? O la seguridad, el transporte, la movilidad, las drogas, todo lo que tenemos aquí.
Pero puede ser que las soluciones sí tienen una orientación, si es que su línea es más bien de derecha o si es de izquierda. El ejemplo de Guayaquil que incluye hacer esto de alianzas público privadas o concesionado.
Usted tiene que hacer lo que funciona. Es lo que tiene que hacer. Si usted tiene que vaciar la empresa de aseo para darle un servicio adecuado de retiro de basura y que la ciudad esté limpia, pues tendrá que hacer eso. Si tiene que fusionar la empresa tendrá que fusionar; si tiene que hacerla mixta, tiene que hacerla mixta; si tiene que concesionar el servicio, concesiona el servicio. Hay que hacer lo que funciona. Esto no es izquierda ni derecha.
¿Qué sentido tiene si somos todos medio de izquierda y le hacemos dos veces más grande a la empresa municipal y no llega el servicio a la gente? No hemos ganado nada. Hay que hacer algo que funcione, algo que sea práctico.
Por eso decía que este es un trabajo eminentemente pragmático de servicio a la gente, independiente de cuál sea la orientación ideológica de los miembros.
¿Pero las decisiones son del alcalde o del concejo municipal?
Del Alcalde y del Concejo.
Es lo que le pregunto: ¿cómo equilibra esas decisiones? Si en las próximas elecciones usted ganase pero tuviese mayoría de concejales de Alianza País, ¿qué haría?
Dígame una cosa: Si usted les pregunta a todos los Alcaldes si su objetivo es que la ciudad esté limpia y sin basura, ¿que le van a responder? Todos le van a responder que sí .
Pero es el cómo en el que pueden diferir.
En el cómo va a diferir. Nosotros tenemos experiencia, larga, no es que es un tema reciente. No me refiero a mí, sino en la práctica de las empresas municipales: en la práctica de la gestión municipal de que, cómo están las cosas, no funcionan.
Hay que hacer cambios para que las cosas funcionen. Esto no necesariamente tiene que caer en una discusión ideológica.
Es que eso ya ha pasado.
Sí pero es que aquí lo de fondo es de servicios. Además, hay un tema que es mucho más fuerte que eso: qué es lo que piensa la gente, qué piensa el ciudadano ¿Cree que al ciudadano quiteño que camina le interesa que la empresa sea pública o privada?
No, le interesa que le den el servicio. Es lo que vamos a hacer.
Pasando a otro tema: el rechazo del Partido Social Cristiano en Quito. En una entrevista usted decía que en las últimas elecciones presidenciales el PSC tuvo un porcentaje superior al “del otro candidato”. Imagino que con el otro candidato se refería a Paco Moncayo, exalcalde de Quito que también fue candidato presidencial en 2017. ¿Usted ha analizado si realmente tiene opciones de ganar en Quito?
Por supuesto. Ya gané. Ya gané en Quito.
Pero hay una lógica distinta en elecciones nacionales de la que hay en elecciones seccionales.
Es otra cosa, pero lo que le dice ese resultado es la capacidad de apoyo que uno puede recibir. Fíjese, para las elecciones actuales, más del 50 por ciento de la gente no sabe que hay elecciones. Más de la mitad de la gente no sabe quiénes están de candidatos y al único que le nombran es a Moncayo.
No saben que yo estoy de candidato. Entonces cualquier cosa que le digan las encuestas no tiene ninguna validez este rato.
Lo que sí le puedo hablar es en base a la experiencia que yo ya viví, y digo yo, porque a la campaña de Cinthya Viteri, lo que yo aporte es ser de acá, de Quito. Yo no soy guayaquileño, entonces sí hay un antecedente. Además, lo que sí es verdad es todo lo que uno puede percibir en las visitas, en las reuniones, de las caminatas que he tenido.
“Jaime Nebot tiene sus métodos de administración, yo tengo los míos”.
¿Qué le dicen?
Muy bien, súper bien. O sea, yo le diría no solamente que me reciben bien sino que la gente tiene expresiones de cariño. La gente está muy abierta. Es gente de todo estrato social, me siento muy satisfecho de lo que estoy viviendo, de las visitas que estamos realizando.
Entonces, si usted me pregunta si creo que vamos a llegar, yo estoy seguro que puedo llegar. Percibo eso además porque, como le digo, ya tuvimos la experiencia anterior que nos dio un antecedente.
Obviamente es un proceso distinto, pero que sí demuestra la apetencia que puede tener la gente por una persona que reúne las características del perfil que los propios estudios demuestran.
¿Qué busca la gente en Quito? Una persona de mediana edad, que haya manejado empresas en el sector privado, que haya tenido experiencia en el sector público con buenos resultados, que tenga un perfil de buenos antecedentes, que no le puedan tildar ni de corrupto ni de deshonesto ni de nada. Y de alguna manera creo que podemos cumplir ese perfil que busca la gente.
¿Y este perfil del empresario sí tiene cabida? Porque se posicionó mucho esta idea en la última década, que el empresario era malo, que el banquero era malo, y de alguna manera sí ha habido una respuesta electoral en torno a esa idea. Desde su perspectiva, ¿en Quito cómo ha calado eso?
El empresario es el pequeño y el gran empresario.
Empresario es el que tiene una venta de salchipapas y es el dueño de una cadena de supermercados. Los dos son empresarios: el uno pequeño, el otro grande. Pero fíjese en algo que tenemos que entender: el quiteño, más que el ecuatoriano, el quiteño es un emprendedor por naturaleza.
Todos son emprendedores y eso hace que todos tengan un espíritu empresarial. Si usted está en una cola terrible en el tráfico, a los diez minutos están vendiendo aguas heladas. Todos tienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu de proyectos, de negocios y eso hace que la ciudad no sea para un político tradicional.
La ciudad tiene que ser administrada, tiene que ser gerenciada. Esto no es color azul, verde, amarillo o lo que sea. Esto es un tema de gestión, la gente requiere de servicios de calidad y esos servicios hay que darlos con una buena administración.
Usted mencionaba que el Partido Social Cristiano es simplemente una de las agrupaciones políticas que le está respaldando. ¿Qué otras organizaciones políticas o sociales están detrás de su candidatura?
Si me pregunta por los nombres no lo voy a decir, pero son colectivos, representantes de barrios de la zona de la circunscripción rural, de la corrupción del norte, del sur de Quito, de la zona céntrica.
Tengo el respaldo de líderes de opinión. Tengo el respaldo de políticos de buena opinión pública —es decir, el respaldo es bastante grande y lo van a ver justo en el momento en que hagamos pública la decisión de entrar a participar y nos inscribamos en el Consejo Nacional Electoral.
De todas maneras participar con un partido significa que sí se identifica con la ideología de este partido. ¿Usted se identifica con los líderes del Partido Social Cristiano?
Yo me identifico con lo que funciona y todo lo que tiene buenos resultados para el país. La gestión de Guayaquil es una gestión exitosa. El respaldo del alcalde es de la gente de todo estrato social. Él tiene sus métodos de administración. Yo tengo los míos. Guayaquil es Guayaquil, Quito es Quito. Jaime Nebot es Jaime Nebot, Mauricio Pozo es Mauricio Pozo.
Adoptaré las decisiones de acuerdo a mi estilo, a la idiosincrasia del quiteño, a la cultura de acá, a los problemas de acá. Hay cosas que hay que emular, sin duda. Hay que aprender de lo bueno, pero Quito tiene sus propios problemas, sus propias características, su propia dinámica y hay que entenderla.
Yo soy de aquí, conozco a mi gente y mi ancestro es de aquí también: yo sabré cómo resolver los problemas de aquí, pero sin duda yo me identifico con lo que funciona. Hay malas experiencias con gente que está más a la derecha y buenas experiencias con gente que está más a la derecha. Lo mismo a la izquierda: malas y buenas. Yo me identifico con lo que funciona y lo que es de beneficio para la ciudad.
Mauricio Pozo insiste en el discurso de la ausencia ideológica pero representa a un partido con más de cincuenta años de historia. No quiere ahondar en el tema. Se incomoda un poco. De rato en rato frunce el ceño y tiene un gesto recurrente: cada cierto tiempo baja la mirada y observa con atención su mano izquierda, como si estuviera concentrado, pensando en cada palabra que va a decir.
Entonces su ideología es la de un hombre pragmático.
Absolutamente pragmático, absolutamente.
¿Y se ubica en algún sitio: derecha, centro?
Eso ya no le importa a la gente, le juro que no le importa ya no en la gente. La gente no vota por partidos políticos, la gente vota por gente, por personas, porque cree que en la persona, en el candidato está la solución de sus problemas.
Yo me identifico básicamente bajo esos elementos, bajo esos principios, lo que funciona. Un ex socialista o de la Social Democracia brasileña, Fernando Henrique Cardoso, un buen expresidente del Brasil. Otro medio de izquierda, Lula, un desastre. Y así nos podemos ir a los otros extremos también.
Aquí lo que hay que pensar es que lo que importa es que funcionen las cosas y a la gente no le importa la política. Al 85% de la gente no le importa si el candidato es de izquierda o derecha. Lo que le interesa que no le asalten cuando va a la casa, que el niño llegue sano y salvo a la casa, que si va a un hospital le atiendan, que tenga cupo en una escuela pública y que la educación sea adecuada, que la calle esté limpia, que el pavimento esté bien puesto. Eso es lo que necesita la gente.
¿Y cuáles son los puntos principales en los que usted quiere enfocarse para Quito?
Quito tiene una montaña de problemas, pero yo le voy a decir los principales que hay que atacar, en el ámbito de la gestión: movilidad, transporte, contaminación, en el que está el asunto de la basura. Está, también, el tema de seguridad que atañe a todos. Pero yo quisiera que se entienda que la labor del Alcalde rebasa también esos temas que son del día a día, por llamarlo así.
El Alcalde tiene que ir a hacer política social en el campo de la salud y educación.
¿Qué significa eso?
Que tiene que tratar de mejorar la salud y la educación en la ciudad de Quito —más allá de que sea una competencia exclusiva o no del gobierno central.
Hay algunos proyectos que nosotros tenemos agendados que vamos a aplicar. El municipio tiene algunos centros de atención médica. Nosotros pensamos incursionar en la dotación de clínicas móviles que roten alrededor de la ciudad, básicamente lo que se llama medicina preventiva y algunos fijos para lo que se llama atención de primera complejidad: cirugías pequeñas, hernias o cosas así, lo que se llama hospital del día.
En el ámbito de la educación, queremos dotar a los bachilleres de colegios públicos fiscomisionales y municipales de instrumentos tecnológicos. Para que los chicos puedan emprender sus propios proyectos, o puedan utilizar la tecnología para su futuro, a través de cualquier sistema que puede ser una tablet o similar.
Pero estos temas que le menciono –salud, educación— son políticas sociales del municipio que tienen que ir acompañados de algo adicional. El alcalde de Quito, por ser la capital, está para más y ese más significa que el Alcalde representa a la ciudad, defiende a la ciudad. Debe estar en capacidad, con argumentos de peso suficiente para poder, con el Presidente la República, incidir en las políticas nacionales que beneficien a Quito, y evitar aquellas que la puedan perjudicar.
Ese es el perfil de Alcalde que requiere Quito, la capital del poder.
O sea desde su perspectiva, ¿el Alcalde de Quito sí debe tener un rol más político?
Sin duda alguna. Es que Quito no está exento de las afectaciones que puedan causar las políticas nacionales.
Después de diez años de lo que vivimos, de excesos, acaso los problemas de empleo, de abuso de autoridad, de invasión a los derechos humanos, de la persecución al opositor político, ¿acaso esto no le afectó a Quito?
Es la capital política de Ecuador, aquí se respira la política, aquí la gente habla política en las esquinas, en las otras ciudades, en Guayaquil, se enteran cuando se cae un gobierno, por la prensa.
Por eso es que sí les importa la política. Usted decía, hace un momentito, que no les importa, pero sí les importa un poco.
¿Allá dice o aquí?
“Aquí la gente habla política en las esquinas, en las otras ciudades se enteran cuando se cae un gobierno por la prensa.” Fotografía de José María León para GK.
Tras la pregunta, duda un poco. Yo sonrío e insisto en que hace poco ha dicho que a la gente no le importan las ideologías. Es la primera vez que esboza una especie de sonrisa apenas perceptible. Enseguida vuelva a su expresión solemne. Parece no sentirse cómodo fuera de ese espacio de seriedad. Es incluso distante.
Aquí en Quito.
Claro que les importa, pero la política en términos reales: no el movimiento partidista que es distinto, si es izquierda o de derecha. Lo que le interesa a la gente es que le den los servicios adecuados. No es un tema partidista, no es un tema ideológico: es un tema de ver lo que hacen y cómo me afecta o me beneficia a mí, no por derecha o por izquierda, sino por lo que me perjudica o me beneficia.
¿Y usted se vería con esa capacidad de poder dialogar en ese ámbito de la vida política nacional y tratar con políticos de una tendencia absolutamente opuesta a ustedes, como el presidente Moreno?
Yo he tenido una presencia pública nacional durante muchos años.
Me refiero a una participación ya desde la gestión pública.
Sin duda alguna. Cuando estuve en el Ministerio hice eso. Igual cuando estuve de candidato. Hice eso en mis diez años de presencia pública. He hecho eso: entrevistas, conversación con medios.
Estuve hasta en un debate con el expresidente Correa. Es decir, más antecedentes de mi presencia pública es complicado no encontrar. He estado presente permanentemente, y como Alcalde yo diría hay una obligación de estar, porque siendo la capital política del Ecuador, el Alcalde, sin duda, tiene una opinión de peso en temas políticos y en temas económicos —que es donde yo tengo más fuerza.
¿Cómo ve usted la cantidad de funcionarios públicos que hay en el municipio? El urbanista Fernando Carrión decía que en Quito son 17 mil empleados públicos y lo comparaba con Guayaquil, que tenía cerca de tres mil quinientos. ¿Cree que sería necesario hacer un recorte de personal?
Fíjese que Guayaquil y sus alrededores tiene tres millones de habitantes. El cantón Guayaquil tiene una población cercana al cantón Quito. Pero allá el municipio tiene 3500 empleados, y aquí el Municipio de Quito con todos los nexos de empresa, de institutos, de agencias, tiene alrededor de 20 mil.
Hay un problema de que los servicios no llegan, y eso significa en términos prácticos que no está funcionando la gestión municipal como debe funcionar.
Si se concesiona un servicio, si se hace una alianza público privada, si se busca inversión extranjera para la dotación de algún tipo de servicio público en la ciudad, no necesariamente quiere decir que se va a sacar gente, sino que esa gente va a pasar de tener un empleador que ahora se llama Municipio de Quito a un empleador que se llama concesionario.
Lo que sí hay es necesidad de limpiar aquellas funciones y responsabilidades de las personas que no tienen ningún rol porque cada dólar que usted bota en eso, es un dólar menos para obra pública.
¿Pero sí hay esa posibilidad en caso de que sea necesario?
Yo haré lo que sea necesario hacer. Todo lo que permita darle el beneficio al ciudadano. Si eso significa concesionar, concesionaré; si eso significa hacer otras cosas, haré otras cosas, pero sin duda hay excesos.
Eso no puedo decir que no existen porque sí existen.
¿Excesos en cuanto a funcionarios públicos?
Le voy a dar solo un ejemplo: los concejales. Los Concejales tienen asistentes, asesores, oficinas, celulares, choferes, carros. Multiplique eso por veintiún concejales y solo ahí tienen una demostración de la falta de cuidado en el manejo de los recursos municipales. Eso no puede ser. Eso es imposible.
El concejal tiene que estar, como le dije al principio, fiscalizando, legislando ayudando al alcalde. Que se olviden que eso van a tener en mi gestión.
¿Pero no son necesarios equipos de trabajo para los concejales?
El equipo de trabajo es el equipo del municipio.
¿No hace falta que tengan asesores?
No, ellos lo que hacen es participar en comisiones pero con un rol, yo diría más de observador moral, pero ellos no son administradores: para eso está el Alcalde.
El Alcalde tiene que poner la mejor gente que pueda en los distintos ámbitos. Yo no soy ingeniero en transportes, ni experto en contaminación, o manejo residuos sólidos. Esa no es mi área, pero mi área sí es administrar. Entonces tengo que rodearme de la mejor gente que sean expertos de las áreas para poder coordinar ese trabajo y dar los mejores resultados.
¿Y en qué momento usted decidirá qué es necesario? ¿Una vez que llega al puesto y hace una especie de auditoría o en qué momento?
Ya estamos revisando cosas, aquello a lo que se pueda tener acceso, no es que tenemos el detalle de tantas cosas, pero el trabajo intenso se empieza a dar al rato que uno es electo. Entre el momento en que salga electo y el momento en que se sienten en el municipio, claro.
Después, obviamente, también hay que empezar a hacer un trabajo para tomar la mayor cantidad de decisiones que se puedan en el menor tiempo posible.
Mauricio Pozo está respaldado por el PSC. Fotografía de José María León para GK.
Hay una cantidad increíble de precandidatos a la Alcaldía. Algunos precandidatos han hablado de la posibilidad hacer alianzas y declinar sus candidaturas. ¿Usted estaría dispuesto a declinar la suya para juntarse con alguien que tenga mayor opción?
Buscar alianzas con quien se compartan proyectos por ciudad y dar una demostración de que hay cómo ponerse de acuerdo por un objetivo mayor que se llama la ciudad de Quito, me parece que es saludable y bueno.
Es más, yo he conversado con muchos otros candidatos buscando este proceso.
¿Con quiénes?
Con muchos, me he contactado con muchos. Tengo amigos son otros candidatos, a mi no me dividen estas cosas, así que no tengo problema en conversar con muchos pero sí quiero decirle algo: yo no estoy buscando trabajo. Yo tengo trabajo en mi actividad privada. Estoy de alguna manera metiéndome una actividad llena de riesgos personales, económicos, de toda naturaleza, porque creo que puedo ayudar a la ciudad.
A mí no me llama la atención decir ‘no voy a ser alcalde, sino mejor voy a ser prefecto o concejal, o lo que sea’, porque no estoy buscando puesto público.
Lo que estoy buscando es una actividad que me permita, en base a mi experiencia, resolver problemas. En ese sentido, no es que voy a renunciar para ponerme de otra opción, eso no lo voy a hacer.
Además, por un tema eminentemente práctico: por lo que veo, por los números que tenemos, por la estrategia que seguimos, veo que las posibilidades de llegar a la Alcaldía son bien altas. Entonces tampoco me parece técnicamente sólido salirme cuando veo que tengo buen chance de llegar.
¿En qué puesto está?
No creo que estemos en un puesto, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera ni de último ,porque los números, este rato, no me dicen mayor cosa.
Lo que sí le digo es que el que mejor calza dentro del perfil. Creo que soy yo porque ahí están las pruebas y las evidencias. Dígame usted, de los candidatos, ¿quiénes han manejado las finanzas públicas del país, quiénes han estado recorriendo el país, quiénes han sido gerentes de empresas privadas?
¿Entonces es puro altruismo el suyo?
No no no. Creo que puedo ayudar. Yo he sido un técnico. Esto es una consultora. Yo he sido profesor universitario y he sido empresario.
El firme objetivo es colaborar, apoyar e hice un trabajo que fue reconocido. Cuando estuve en la campaña presidencial anterior, el objetivo fue el mismo. En esta ocasión es lo mismo.
Si usted le quiere llamar altruismo, llámele altruismo.
No, no, yo le estoy preguntando a usted.
Es que yo le diría más bien que es una suerte de renuncia a la comodidad y al confort privado porque creo que puedo aportar.
No quiero que pasan los años y regresar a ver y decir: ‘yo pude colaborar y pude participar y pude ganar la elección, y no me metí porque preferí estar en mi comodidad personal’.
Eso va a caer sobre mi conciencia, y eso no quiero.
De todas formas salir de este espacio cómodo, como usted lo llama, ¿ no tiene también que ver con conquistar otro espacio? Quizás se podría pensar como que ya logró sus metas empresariales, llegó a la cumbre empresarial y ahora quiere llegar a la cumbre política. ¿No hay algo de eso?
Le voy a decir algo que he dicho en muchas presentaciones: a mí no me mueve ni el tema de aumentar mi curriculum vitae, ni la vanidad personal, porque yo no necesito de eso para sentirme cómodo donde estoy. Eso no me interesa.
Lo que sí creo es que si uno tiene la oportunidad de aportar tiene que hacerlo, y por eso me meto en esto. No me interesa ni me motiva nada más.
Yo no digo que la actividad privada sea fácil, pero para uno poder dar un aporte a los ciudadanos, uno tiene que tener poder político. Yo puedo hacer cosas, como de hecho las hago y no las divulgo, ayudando a la gente. Yo no digo nada. Pero tengo un espacio de gestión muy reducido, es un espacio minúsculo.
Pero si uno tiene un espacio de gestión pública, uno sí puede incidir en una gran mayoría de gente. Para eso hay que participar en un proceso electoral y para eso hay que ganar las elecciones.
Vuelvo a sonreír ante la calma que emana con su respuesta. Parece creer en sus palabras con honestidad. Él no sonríe aunque su mirada tiene una expresión más suave.
¿Qué pasa si pierde?
Pierdo.
Pozo ha sido empresario y académico. Fotografía de José María León para GK.
Abre los brazos, y se levanta ligeramente de la silla. Su respuesta es un poco brusca, pero es la primera que no parece fríamente calculada. Insiste:
Pierdo, pues, pierdo.
¿Se volvería a candidatizar otra vez…
No, no no.
Interrumpe la pregunta, ansioso de dar la respuesta. Alza un poco la voz:
Yo no estoy buscando candidaturas ni puestos. Yo haré lo que tenga que hacer en su momento. No le puedo decir ahorita qué pasa si pierdo, y luego llega el 2025.
La dinámica del tiempo dirá lo que pase. Eso es imposible aventurarse, anticipar acciones en un futuro.
Este momento estoy concentrado en llegar a la Alcaldía de Quito. Sobre esa base voy a trabajar.
Corta tajante. Está un poco impaciente. Tiene claros sus mensajes y le gusta regresar sobre ellos.
¿Cómo se va su campaña a financiar? Otro de los cuestionamientos que ha habido es que una vez que el candidato gana, debe devolver los favores a sus aportantes. ¿Cómo manejará eso?
Aquí no hay devolución de favores. Los que quieran ayudar pagando el transporte público que yo tomo, pues pagarán el transporte público y no tendrán ninguna devolución, ningún servicio específico.
Yo voy a trabajar por la gente, no voy a trabajar para los aportantes de la campaña. Eso no me interesa y el que quiera algún favor mejor que no me dé ningún centavo.
No necesito de esa gente. Necesito de la gente que quiere una mejor ciudad y que confíe en la gestión que yo voy a realizar.
¿Y eso está claro para las personas que van a aportar?
Absolutamente claro. Yo no soy empleado de nadie, y no voy a ser empleado de ningún aportante.
Yo voy a ser empleado de la gente de Quito que me va a confiar el voto.
La gente tiene la idea de que el que quiere ser político quiere robar. Hay incluso una falta de credibilidad en las instituciones, la posibilidad de que fuera del poder, le caiga la Contraloría, la Fiscalía y demás.
Vea, si usted se pone a analizar cada detalle de lo que le podría estar pasando no se meta a este proceso. Yo, en las cosas que he hecho en mi vida, me he puesto un objetivo: quiero ser economista, me gradué de economista; quiero sacar una maestría, la saqué. Que va a haber obstáculos, va a haber; que va a haber riesgos, va a haber. Pero si uno se pone, como dicen los jóvenes, muy picky, ahí no avanza, mejor no se meta.
Si yo quiero quedar bien con dios y con el diablo, mejor me quedo aquí, sentadito y no me meto en esta cosa. Yo voy a entrar para tomar las decisiones que correspondan. Por supuesto que hay riesgos, de desprestigio, de mil cosas pero si yo tomé la decisión de entrar, es porque estoy dispuesto a asumir esos riesgos.
Lo que sí le voy a decir es que mi objetivo no es económico. Los recursos que a usted le pueden llegar por su trabajo, son una consecuencia de, no un objetivo. Si usted hace un buen trabajo, es un buen profesional y después le valoran, tiene una remuneración adecuada. Pero ese es el resultado de su esfuerzo, no es el objetivo.
Ya para terminar, entonces ¿su visión global de ciudad cuál es?
Una ciudad con servicios de calidad, inclusiva, moderna. Una ciudad que dé oportunidades a las personas, que se preocupe por la gente de menor capacidad económica, que tenga un norte hacia donde va, que sepa cuál va a ser el Quito de 2050 y que vaya hacia esa dirección. Una ciudad con liderazgo, con presencia, con un Alcalde que sea representante de la gente, que la gente sienta orgullo de quién es el Alcalde y quién le representa.
Esa es la ciudad que yo quiero.
Y en su candidatura, ¿quién gana, la imagen de Mauricio Pozo o el Partido Social Cristiano?
Yo creo que gana Quito.
Pero cuál es la imagen más fuerte: ¿usted o el Partido Social Cristiano? ¿La gente vota por usted o por el PSC?
Si usted logra que la gente tenga buenos servicios, que la seguridad aumente en la ciudad; que haya menos contaminación, que haya mejores servicios de salud y educación…
Me refiero a la campaña. Cuando usted se presenta ahí, ¿por quién vota el ciudadano, por Mauricio Pozo o por el PSC?
No, no no. La gente no vota por el PSC, vota por la persona. Vota por candidatos, porque creen en esa persona. Creen que esa persona les va a resolver sus problemas. ‘A este señor le creo por lo que dice, le creo por lo que ha hecho. Me da buena lectura ese señor, voy a votar por él porque confío en que me va a ayudar a que las calles estén más limpias, a que no me asalten, a que las calles estén menos contaminadas, a que los niños tengan acceso a las escuelas’
Votan porque confían en el candidato, no porque el PSC me va a arreglar las calles, olvídese de los partidos políticos.
O sea si usted fuera Mauricio Pozo por el Partido X, ¿igual votarían por usted?
Yo decidí entrar porque creo que puedo colaborar.
A mi me apoya el partido y me auspicia el partido pero no es que el partido me escoge y vos eres el hombre. No son así las cosas.
¿Y cómo son?
Como le estoy diciendo.
¿Pero hay primarias?
Sí obviamente, pero si uno no tiene chance, el partido simplemente dice no te veo en ese espacio.
¿Usted es afiliado al PSC?
No, no soy afiliado a ningún partido político. Nunca he sido ni voy a ser.
La última pregunta, cuando mira en retrospectiva su participación en la vida política, cuando fue ministro y su candidatura en 2017, ¿qué errores identifica?
¿Errores?
“La gente no vota por el PSC, vota por la persona”. Fotografía de José María León para GK.
La pregunta parece sorprenderle. Abre un poco los ojos y luego baja la mirada.
Sí, suyos, como para decir: esto no lo quiero repetir, lo voy a mejorar la siguiente vez.
Creo que debo ayudar a que gente de distintos estratos entienda bien el mensaje que quiero transmitir. A veces, cuando uno es académico, no gradúa bien el mensaje para que llegar a todos los sectores de la misma forma.
La gente no tiene la misma dotación de lenguaje. Si yo hablo con gente que trabaja en un mercado no es lo mismo que yo dé una charla en una universidad. Hago siempre los esfuerzos por llegar a todos al nivel que corresponde pero a veces a uno le falla.
Entonces creo que ahí pienso que se puede mejorar.
Ha cojeado por el lado de la comunicación entonces.
Yo creo que hay que mejorar en eso, hay, incluso que utilizar el léxico y las palabras para que a uno le entiendan más fácilmente. Como he sido profesor toda mi vida, normalmente sí tengo la facilidad para expresarme, pero hay que utilizar las palabras para que calcen bien en el estrato a donde uno quiere llegar.
Estamos yendo hacia un nuevo Cretácico, no hacia un ‘nuevo normal’
Un lugar común —‘¿es este el nuevo normal?’— ha estado dando la vuelta a medida que eventos climáticos extremos se han apilado en el último año. La respuesta debería ser: ‘es peor que eso: estamos camino a aún más frecuentes y más extremos eventos que los que vimos este año’.
Sabemos desde la década de 1980 qué es lo que nos espera. Las acciones tomadas para reducir las emisiones en un veinte por ciento para 2005 podrían haber limitado el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 centígrados. Sin embargo, nada se hizo, y la confusión de información climática acumulada entonces solo confirma y refina las predicciones originales ¿Dónde estamos ahora?
En noviembre de 2017, reunida en Bonn, la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) reportó que el incremento de 3 centígrados para el 2100 es ahora una expectativa realista. Sin control sobre las emisiones, estamos enrumbados a ver cómo los niveles preindustriales de CO2 se duplican (de 80 a 560 partes por millón, ppm)para el 2050. Y de ahí, cómo se duplican otra vez para el 2100. En breve, estaremos generando condiciones climáticas que se experimentaron, por última vez, durante el Cretáceo ( hace 145-65,95 millones de años), cuando los niveles de CO2 superaron las 1000 ppm. ¿Qué podría significar eso, dado que ya hemos alcanzado esos niveles de CO2 en los dormitorios por las noches y en lugares públicos concurridos y mal ventilados, y cuando sabemos que, bajo condiciones sostenidas de esa alta concentración de dióxido de carbono, las personas sufren de severos problemas cognitivos?
Sucede que el Cretáceo es uno de mis períodos geológicos favoritos. Nos dio los grandes cerros y colinas de tiza que se extienden por Europa. Nos dio higos, árboles de plátano y magnolias. Nutrió a pequeños mamíferos que florecieron de pronto cuando los entonces amos de la creación —tricératops, tiranosaurios y sus primos— se extinguieron al final del período. Fue también muy cálido, con temperaturas entre 3 y 10 grados más calientes que los niveles preindustriales.
Si volviese a suceder, una nueva era similar al Cretáceo no reflejaría precisamente la original. Para empezar, los continentes estaban en posiciones muy diferentes: India era una isla aún miles de millas al sur de su unión con Asia; un océano amplio separaba África (con Sudamérica aún pegada) de Eurasia.
Pero si volviera el Cretáceo, no habría, otra vez, hielo en los polos. Los niveles del mar subirían unos 66 metros de los actuales. Veríamos, también, la creación de vastos mares cálidos y poco profundos, con depósitos minerales similares a los que produjeron estratos de tiza gruesa de 400 metros en el primer Cretáceo. Y, en lugar de los mamíferos más grandes, que se extinguirían, los reptiles se propagarían por todo el mundo y crecerían, ¿Acaso una venganza adecuada de los dinosaurios?
La única manera que puedo concebir que los humanos vivan en un Nuevo Cretáceo es como un grupo de científicos y tecnólogos que trabajen en refugios artificiales y protegidos, como los habitantes de la ciudad invisible de Baucis, del novelista Italo Calvino, en la que la gente vive sobre pilotes sobre las nubes “contemplando con fascinación su propia ausencia”.
Estamos, hace poco, conscientes de la línea roja que los humanos vamos a pisar antes de llegar a condiciones cretáceas. En 2010, investigadores demostraron que nuestra especie no puede sobrevivir más de seis horas en lo que llama una temperatura de bombilla húmeda de 35 centígrados. Bombilla húmeda significa una humedad del 100% — es decir, no son 35 centígrados como los conocemos. En los grandes cinturones agriculturales del Indo y el Ganges las alta temperaturas cercanas a los 40 grados combinadas con una humedad del 50% (que se equipara a los 35 centígrados de bombilla húmeda) van a prevalecer en cuestión de décadas.
Mientras eso suceda en regiones agriculturales cálidas, el mundo urbano probablemente enfrente una catástrofe aún mayor. La predicción más probable del aumento de temperatura de la ONU, de 3 centígrados, significaría bosques creciendo en el Ártico y, para el final del siglo, la pérdida de la mayoría de las ciudades costeras por el aumento irreversible del nivel del mar.
Hoy está ampliamente aceptado, al menos por los científicos, que los seres humanos se han convertido en agentes geológicos, por lo que se ha creado una nueva era geológica: el Antropoceno. La influencia humana en el ambiente, incluyendo fertilizantes artificiales de nitrógeno así como el CO2, supera los ciclos naturales. La idea popular de que la las preocupaciones humanas y geológicas son totalmente inconmensurables ha sido desmentida por el hecho de que, en ciertos tiempos, la Tierra se ha movido muy rápido.
Dos grandes eventos de calentamiento —con un largo período de enfriamiento entre ellos— terminaron la última Era de Hielo hace 12 mil 600 años. Ambos produjeron picos de diez grados en las capas de hielo de Groenlandia. Lo primero sucedió en apenas tres años; lo segundo, que marcó el comienzo de las condiciones relativamente estables del Holoceno, ocurrió durante un período de alrededor de 60 años.
Una lección para hoy es que un cambio tan repentino y duradero del clima tiene consecuencias que perduran por miles de años. El primer calentamiento causó que un enorme lago se extendiera en Norteamérica, a medida que la capa de hielo Laurentino se derritió y eventualmente explotó, produciendo un incremento del nivel del mar de larga escala y formando los Grandes Lagos y las cataratas del Niagara unos 2 mil 500 años después. Bretaña fue finalmente separada de Europa 3500 años después del comienzo del Holoceno. Cuando las capas de hielo del norte se derritieron, la tierra debajo de ellas se elevó. Esto continúa hoy en Suecia a una tasa de casi 1 centímetro por por año.
Esta época, nuestra época, es técnicamente interglacial y siempre estuvo destinada a terminar. La Tierra ha sido, por lo general, violentamente inestable, u hostilmente estable, por largos períodos, o muy calientes o muy fríos para la civilización humana. Si no hubiésemos forzado las temperaturas globales hacia arriba mediante las emisiones de CO2 estaríamos enfrentándonos muy probablemente a una nueva Era de Hielo. Tal como está, el Holoceno está terminando tan rápido como comenzó, con un nuevo pico de temperatura durante una vida humana.
Así que mientras hablamos del ‘nuevo normal’, necesitamos reconocer que el Holoceno no tuvo nada de normal. El análisis experto de cómo se desarrolló la civilización humana durante el hechizo benigno de los 10 mil años del Holoceno se está convirtiendo recién ahora en conocimiento común. El genetista David Reich lidera el camino con su desmitificador recuento Quiénes somos y cómo llegamos aquí (2018), utilizando investigaciones de DNA antiguo ligado al movimiento humano con el desarrollo del lenguaje. Tal conocimiento profundo del período argumenta que nuestro problema no está confinado a las emisiones pos industriales de CO2 (calentamiento, de cualquier manera, empezó con la tala de bosques para la agricultura temprana). Sin embargo, insiste que el Holoceno fue un regalo monumental para la humanidad que hemos explotado y dado por sentado. Ahora estamos asistiendo a su funeral.
Si queremos evitar el dolor en el camino hacia un Nuevo Cretáceo, esta conciencia debe extenderse mucho más allá de los geólogos y biólogos que nos han enseñado de dónde venimos y hacia dónde, a menos que cambiemos, nos dirigimos.
**Este texto se publicó originalmente en inglés en aeon magazine y fue traducido y republicado bajo licencia CC BY-ND 4.0.
5 de junio, la comunidad que se resiste a la tentación de la palma
El teléfono timbra apenas una vez. Una grabadora con voz de mujer interrumpe y dice: gracias por llamar a Energy & Palma, si desea comunicarse con contabilidad digite 103, compras, 107, si desea enviar un fax, 104. Caso contrario marque cero para ser atendido. En el cero contesta otra voz, esta vez es un hombre y no es grabación. El reportero al otro lado de la línea le explica por qué llama: está escribiendo un reportaje sobre los conflictos entre la comunidad 5 de junio (también conocida como Wimbí), en la provincia tropical de Esmeraldas, y la compañía Energy & Palma, una de las mayores extractoras de aceite de palma del Ecuador. Le dice que ha enviado varios correos electrónicos y que hace unos días transfirieron una llamada suya a la plantación. Ahí le informaron que quien debía atenderlo, el ingeniero Caicedo, no estaba, que volviera a llamar. Pero tras varios días, ha sido imposible la comunicación.
— Ya, eh… Espéreme un ratito… Este reportaje, ¿es de prensa, o qué?
— Sí.
— ¿Prensa escrita?
— Sí.
La voz se aleja de la bocina para hablar con alguien que tiene al lado:
— Un señor dice que está llamando para hacer un reportaje de la palma, que ha llamado, que nadie le ha dado… que le pasaron con Luis Caicedo pero que…
Baja el tono de la voz, como para no ser escuchado y, en breve, vuelve a dirigirse al reportero:
— Verá, le vamos a pasar de vuelta a la plantación para que usted pregunte por Fernando Torres, si él no le da ninguna respuesta nos vuelve a llamar acá a Quito.
— ¿Quién es él?
— Es el gerente administrativo de allá.
— Gracias.
La voz cumple con pasar la llamada y después de unos minutos de escuchar una melodía sintética, otro hombre contesta. El reportero se identifica y pregunta por Fernando Torres.
— Un momentito, por favor.
Pasan unos segundos, y otra, o quizás la misma voz, se acerca nuevamente al teléfono:
— ¿Aló? Llámele después de unos 20 minutos, que el señor está en una reunión.
El reportero volverá a llamar a Energy & Palma para preguntar sobre las acusaciones de acumulación de tierras y persecución de líderes en la comunidad 5 de Junio. Le tomarán los datos, le pedirán su número de teléfono y le harán deletrear su correo electrónico. Al final, ni el ingeniero, ni el señor, ni el gerente estarán disponibles para ofrecer respuestas.
La palma ocupa cerca de 22 000 hectáreas en San Lorenzo. Fotografía de Braulio Gutiérrez Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai.
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5 de Junio es pobre entre los pobres. La comunidad, habitada por unas 300 personas pertenece a San Lorenzo, uno de los cantones ecuatorianos con peores índices de pobreza, acceso a servicios de saneamiento y la tasa más alta de homicidios por cada 100 000 habitantes del Ecuador. Apenas a media hora de la frontera con Colombia, otra de sus parroquias, Mataje, cobró infame notoriedad a fines de marzo de 2018: ahí fueron secuestrados tres periodistas del diario El Comercio de Quito por la narcoguerrilla autodenominada frente Oliver Sinisterra, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El 13 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó su asesinato. Semanas antes, la población había sido sacudida por la violencia de carros bombas que volaron cuarteles policiales y mataron a cuatro soldados de una patrulla.
Los ríos que circundan a 5 de Junio, donde no hay agua potable, están contaminados por la minería indiscriminada que pasó de ser una actividad artesanal a considerarse de mediana y gran escala. Mucho antes, las madereras llegaron a Esmeraldas. “Entraron para arrasar con la madera fina, lo hicieron en una forma antitécnica, nada sustentable y después de que dejaron el territorio devastado empezaron a entrar las empresas palmicultoras” dice Nathalia Bonilla, de la organización ambientalista Acción Ecológica.
La cifra oficial dice que en Ecuador hay un poco más de 257 000 hectáreas de palma. Sin embargo, Bonilla dice que el problema afectaría a cerca de 400 000 hectáreas que “están fuera de los conteos oficiales, la mayoría de las cuales están en la provincia de Esmeraldas”. Según comenta, muchas palmicultoras están asociadas con las madereras. “Después de arrasar con todo lo que podía quedar de bosque, ponen herbicidas, fertilizantes y empieza el proceso de la plantación de la palma”.
Como resultado, Esmeraldas se ha convertido en la provincia de más alta deforestación de todo el Ecuador. Alberga, además, al 45% del total de plantaciones de palma africana: el cantón de Quinindé tiene más de 82 000 hectáreas de sembríos y lo sigue San Lorenzo con 22 000. En 2009, la antropóloga Verónica Cañas Benavides escribió “el paisaje se ha transformado, los bosques y su ecosistema prácticamente ya no existen, en la última década este panorama ha variado abruptamente. Ahora son inmensas plantaciones de palma las que se pierden en el horizonte”.
La comunidad 5 de junio es una de las más vulnerables de San Lorenzo en Ecuador. Fotografía de la Comunidad 5 de junio.
Si se suman tan solo esos dos cantones (Quinindé y San Lorenzo), son más de 104 000 hectáreas de palma: un área en la que cabría tres veces Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Consultado por Mongabay Latam, sobre los conflictos socioambientales generados por los cultivos de palma, el Ministerio de Agricultura del Ecuador contestó que no podía dar una respuesta, puesto que el problema era “competencia del Ministerio del Ambiente”. Este medio se comunicó con el Ministerio del Ambiente pero no recibió respuesta. Esta cartera lleva ya varias semanas sin un ministro en firme.
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Un poco más de la mitad de las 22 000 hectáreas de palma que hay en San Lorenzo están en manos de Energy & Palma. Más de 1000 de ellas enfrentan a la corporación con la comunidad de 5 de Junio.
Bonilla dice que la palma suele producir este tipo de problemas: “Las palmeras se instalan sobre territorios que, como en el caso de Wimbí, son ancestrales”. La mayoría de comunidades afrodescendientes se han asentado en la parte ecuatoriana del Chocó biogeográfico, una región megadiversa que baja desde Panamá hasta territorio ecuatoriano. Según los pobladores de 5 de Junio, sus antepasados arribaron a la zona en 1532, cuando llegaron los primeros esclavos africanos al Ecuador.
El conflicto por las tierras, que Energy & Palma reclama como suyas, empezó a inicios de este siglo. Para entonces, según un reporte del 31 de diciembre de 2000 de la organización ambientalista Acción Ecológica, “hubo una fiebre de compra de tierras en el cantón San Lorenzo. Estas eran compradas por los negociantes de la tierra, a precios bajos, para luego venderlas a las empresas palmicultoras, a un mayor precio”. Según el informe, había casos en los que “eran los mismos empresarios quienes compraban la tierra, directamente a los campesinos, a precios inferiores a los pagados a los intermediarios”.
Fue en ese año cuando la compañía Palmaceite Humbici S.A. le compró a Junior Bravo, un habitante de la comunidad, las hectáreas de la discordia. Roland Merlín, dirigente de 5 de Junio, dice que Bravo —hoy ya fallecido— dispuso ilegítimamente de las tierras. También dice que es sospechoso que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA, hoy evolucionado en la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria) le haya adjudicado los terrenos el 21 de febrero de ese año a Bravo y que, en apenas poco más de un mes, Bravo le haya vendido a Palmaceite. En una escueta respuesta, el Ministerio de Agricultura, al que pertenece esa subsecretaría, dijo que el conflicto socioambiental entre la comunidad y la palmicultora no está bajo su competencia, sino del Ministerio de Ambiente.
Miguel Egas Reyes, entonces representante legal de esa compañía, niega cualquier actuación indebida. “Un grupo de las personas que vive en la comunidad 5 de Junio, que es el pueblito que está junto a mi propiedad, me siguió un juicio con esta misma acción, diciendo que son tierras ancestrales. Llegamos hasta el Tribunal Constitucional que declaró que no lo eran”, le dijo a Mongabay Latam. La venta entre él y Bravo, dice, se hizo mediante escritura pública porque no eran tierras comunales, sino particulares. “Una cosa es que sean comuneros de 5 de Junio, pero los comuneros también pueden tener propiedades privadas, como personas naturales”. Años más tarde, Egas le vendería a Energy & Palma 1600 hectáreas.
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En diciembre de 2015 los pobladores de 5 de Junio se enteraron de que debían abandonar la zona. “Nos invitaron a una reunión a la empresa y ahí nos indicaron que tenían unas órdenes de desalojo”, dice Merlín. Pero pasaría un año hasta que la empresa las ejecutara. “Fue exactamente el 30 de diciembre del 2016” cuando asegura, “llegaron con 60 policías y metieron maquinaria a dañar nuestros cultivos, todo lo que era plantaciones de yuca, cacao, plátano, alambradas, corrales de ganado. Entonces la comunidad se les fue encima”, recuerda Merlín. Unos meses antes, Merlín interpuso, como representante de 5 de Junio, una acción constitucional de protección ante un juez de San Lorenzo. Su demanda fue rechazada.
En represalia por lo que consideraban una invasión, la comunidad retuvo una retroexcavadora de la palmera. Según dice el líder de 5 de junio, “se la arrebataron para que pagaran estos daños”, que los comuneros tasaron en 25 000 dólares. Energy & Palma denunció ante la Fiscalía al dirigente por la retención de la máquina y fijó en 90 000 dólares los perjuicios que, supuestamente, le habría causado la inoperatividad de su equipo.
En medio de esa fuerte tensión, a principios de 2017, una solicitud de medidas cautelares que presentó Merlín también fue desestimada. En la sentencia, el Juez que falló en contra dijo que no existía “amenaza eminente y grave que afecte los derechos Constituciones de la accionante en el presente caso”. Las palabras correctas que debió usar en la sentencia eran inminente y constitucionales. Pero el error tipográfico no cambiaba nada: 5 de Junio había perdido.
En septiembre de 2017, la comunidad y la corporación llegaron a un acuerdo: la retroexcavadora sería devuelta a cambio de que la palmera desistiera del juicio penal en contra de Merlín. “Ellos metieron una denuncia por robo de maquinaria en mi contra. Yo ni siquiera estaba cuando se las retuvieron, pero así pusieron en el juicio”.
A pesar de ese desistimiento, el enfrentamiento entre una de las comunidades más pobres del Ecuador y una de las palmeras más grandes del país no se detendría. Contra Merlín existe aún una indagación previa en la Fiscalía por tenencia ilegal de tierras. “Me acusan de invadir mis mismas tierras”, asegura. “Dicen que nosotros estamos invadiendo el territorio, pero no, son tierras ancestrales y por eso las estamos defendiendo, porque nos las han dejado nuestros abuelos y bisabuelos. Son herencia nuestra”. Según Merlín, hace unas semanas se hizo un peritaje y está esperando una resolución de la Justicia. “Pero por cómo va la cosa, lo más probable es que terminen diciendo que tengo que irme preso”.
Los relatos de comunidad y corporación son totalmente opuestos. En una entrevista de septiembre de 2017, el gerente general de Energy & Palma en el medio de comunicación Plan V dijo que todos sus empleados eran felices. Braulio Gutiérrez, del colectivo Geografía Crítica, discrepa: “En recorridos hemos visto gente armada, no con pistolitas, sino con armas grandes. ¿Para qué quieres un rifle de esa magnitud?”.
Roland Merlín dice que, hace unos meses, escuchó que había “gente malosa atrás mío. Cuando escuché esas versiones me fui a los medios de comunicación de Esmeraldas, creo que por eso no me ha pasado nada”. Mongabay Latam contactó a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa) para obtener una versión gremial sobre el conflicto entre 5 de Junio y Energy & Palma, a lo que respondieron que “no nos es ajena la problemática que enfrentan los cultivos industriales de palma, sin embargo, reiteramos en que todavía no se ha entendido la necesidad de fortalecer las relaciones entre la sociedad civil, la industria y las comunidades”.
La palma es, según los especialistas, una de las mayores causas de deforestación en el mundo. En América Latina está afectando bosques primarios que se ven mermados por la expansión de la frontera agrícola. “Cuando se habla de esta agresiva expansión de la frontera agrícola, hay que hablar de la palma”, dice Nathalia Bonilla de Acción Ecológica. Para ella, vivir al lado de una extractora es convivir con la putrefacción que producen los procesos químicos con que se trata la palma. “Hay un olor nauseabundo alrededor de las extractoras. Es un hedor que no es normal, no puedo describirlo, pero es terrible”.
Más allá de los daños ambientales, Roland Merlín ve también en la industria de la palma una amenaza cultural: los regímenes de trabajo han alterado los calendarios locales.“Uno de los problemas que ha causado es que se van perdiendo las tradiciones de las comunidades”. Dice que antes se respetaban los días de santo, “nosotros acá celebramos muchos procesos religiosos, pero en muchas comunidades la gente trabaja en la plantación, entonces se pierden esas costumbres”.
Otro de los problemas que Merlín ve es que el negocio de la palma ha fracturado a las comunas. “Los únicos que no trabajamos con ellos somos los de 5 de Junio; las otras comunidades respaldan a la palmera”. Los expertos están convencidos que dividir para vencer es una vieja estrategia que le ha funcionado no solo a la industria palmera, sino a la minera y a la petrolera.
Ambientalistas y activistas comunitarios ven con preocupación su capacidad de fragmentar el tejido social y poner en riesgo no solo tierras, ríos y bosques, sino culturas, tradiciones y prácticas ancestrales. También en Esmeraldas, muy cerca de 5 de Junio, otras comunidades originarias, pero esta vez indígenas—como los épera y los awá— ven con preocupación el cerco extractivo que asfixia cada vez más a sus pueblos. Para las comunidades, no solo es la palma sino la madera ilegal, el narcotráfico, la violencia y, sobre todo, la desidia de un Estado que ha hecho del abandono del norte de Esmeraldas su política pública más consistente. “El Estado no ha saldado su deuda histórica con estas comunidades”, dice Nathalia Bonilla. “Sigue ausente, sin hacer presencia, y sin proteger a las comunidades y a la naturaleza”.
Panorámica de las tierras deforestadas en San Lorenzo. Fotografía de Susana Morán.
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Cada vez hay menos gente en 5 de Junio. “El último censo dice que éramos más de 400, pero ahora no sé si lleguemos a 300”, afirma Roland Merlín. Los jóvenes prefieren ir a buscar suerte en otros lugares donde las perspectivas de futuro no se ven tan pálidas como las de su tierra. Le preocupa que los terrenos que asegura les legaron sus ancestros terminen abandonados, cubiertos solo de una espesa capa de palma.
Braulio Gutiérrez, de Geografía Crítica, cree que esa es una consecuencia de la puesta en marcha de una “maquinaria jurídica” destinada a forzar a los comuneros a vender sus tierras o irse. “Es un ciclo recurrente”, dice, al tiempo que recuerda que la indagación previa por tenencia ilegal de tierras en contra de Roland Merlín no se ha cerrado. Es como un recordatorio implacable de que la confrontación entre comunidad y corporación está vigente y parece no estar cerca, ni remotamente, de encontrar una solución.
*Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam
La deforestación por palma africana en Ecuador, explicada
En el Ecuador, más de 12 de las 26 millones de hectáreas totales del país está cubierto de campos agrícolas: es más del 45% de la superficie nacional.
Por encima de la media del resto del mundo que es 37% (fuente Banco Mundial)
El Ecuador continental tiene 91 ecosistemas: 65 boscosos, 14 herbáceos y 12 arbustivos. (fuente Universidad Andina Simón Bolívar)
Ecuador ha perdido cerca del 4% de sus bosques desde el año 2000 (fuente Global Forest Watch)
La deforestación en el Ecuador entre 2008y 2014 fue de 47.497 hectáreas por año (fuente Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO))
¿Cuál es la extensión de cultivos de palma en el Ecuador?
En el Ecuador, más de 12 de las 26 millones de hectáreas totales del país está cubierto de campos agrícolas: es más del 45% de la superficie nacional, por encima de la media del resto del mundo que, según el Banco Mundial, está 8 puntos por debajo. En paralelo, aunque pudiese parecer contradictorio, el país enfrenta un proceso de urbanización acelerada. Este fenómeno, según el Ministerio de Agricultura,“ha presionado a la población de las zonas rurales a incrementar la superficie cultivable en las zonas de laderas y montañas”. El fenómeno, dice la institución, ha incrementado el deterioro del suelo, la deforestación y la pérdida de las fuentes de agua.“Cuando se habla de esta agresiva expansión de la frontera agrícola, hay que hablar de la palma” dice Nathalia Bonilla de la organización acción ecológica. Ecuador es el segundo mayor productor de aceite de palma en América Latina.
¿Hay deforestación por palma africana en el Ecuador?
El Ecuador continental aloja unos 91 ecosistemas: 65 boscosos, 14 herbáceos y 12 arbustivos. Según una investigación de Pablo Mogrovejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, “el análisis de la deforestación en el Ecuador, apoyado en datos y cifras, presenta un alto grado de incertidumbre”.
La organización Global Forest Watch calcula que el Ecuador ha perdido cerca del 4% de sus bosques desde el año 2000. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la deforestación en el Ecuador, en el período 2008-2014, fue de 47.497 hectáreas por año, una cifra significativamente inferior que las casi 93 mil anuales reportadas en la década entre 1990 y 2000.
Sin embargo, según Mogrovejo, “para el periodo 2008-2014 la deforestación bruta se encuentra en 97.917 ha/año, que corresponde a una tasa de extremadamente alto en relación a la superficie del país”. El mayor agente deforestador, según la investigación de Mogrovejo, es la tierra para pastar. El 3% procede de los cultivos de palma: cerca de 4 mil hectáreas de deforestación anuales, lo que según la declaración del Primer Encuentro Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera celebrado en Ecuador en octubre de 2018, es “la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica”. El área a la que la palma amenaza es al bosque del Chocó, que se abarca territorios desde Panamá a Ecuador.
¿Cuál es la extensión de cultivos de palma en el Ecuador?
Según el censo nacional palmero 2017, en el Ecuador existen más de 257 mil hectáreas de plantaciones divididas en 8149 predios. El censo es elaborado cada año por el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a la Asociación de Productores de Grasas y Aceites del Ecuador y tres asociaciones de empresas dedicadas a la plantación de palma y la extracción de su aceite. Sin embargo, Bonilla dice que el problema afectaría a cerca de 400 mil hectáreas que “están fuera de los conteos oficiales, la mayoría de las cuales están en la provincia de Esmeraldas”.
A nivel nacional la superficie cosechada de palma africana, registró una baja del 1,34% según el censo palmero. La producción, sin embargo, creció casi 5% respecto al año anterior. “Lo que indica un mayor rendimiento por hectárea, en 2017 se produjeron 152 mil toneladas métricas adicionales que en 2016”. Las provincias en las que se concentran la producción son Esmeraldas, con cerca del 50% del total, Los Ríos y Sucumbíos que suman casi un cuarto más. “El crecimiento de la palma hacia la Amazonía, en Sucumbíos”, dice Bonilla “se está volviendo cada vez más agresivo”.
Braulio Gutiérrez, del colectivo Geografía Crítica, dice que las primeras plantaciones se establecieron en 1953 en la provincia central de Santo Domingo de los Tsáchilas. Para 1978, dos grandes empresas —Palmeras del Ecuador y Palmoriente— recibieron tierras del Estado, según Gutiérrez, para Sin embargo, la expansión agresiva de los cultivos no empezaría sino casi tres décadas más tarde. Esa expansión, dice Gutiérrez, se volvería aún más fuerte en la última década “El gobierno de Rafael Correa, y el actual, también, han sido los grandes promotores de la palma, no solo para el consumo humano, sino para la industria de los biocombustibles”.
¿Cuánto dinero produce la palma?
La palma genera cerca de 330 millones de dólares al año —casi el 4% del PIB agrícola del Ecuador, que sobrepasa los 8 mil millones. Entre 2010 y 2016, la producción de palma ha crecido a un ritmo sostenido de 8% anual. Es el séptimo producto agrícola del Ecuador, según el censo palmero, que, además, reporta que de cada 100 litros de aceite crudo, 58 se exportaron, en su mayoría, a Colombia, Venezuela, Unión Europea, México. El resto fue destinado a consumo interno.
¿Cómo está dividida la propiedad de las plantaciones de palma en el Ecuador?
Hay 6.558 productores de palma en el país. Más de la mitad, tiene apenas entre cero y diez hectáreas de plantación. Apenas un 0,5% posee más de 500 hectáreas. Son empresas que pertenecientes a grandes corporaciones, y son, según Gutiérrez y Bonilla, quienes dominan la industria. El censo palmero no distingue entre tamaños de empresas, pero cuenta 42 en todo el país: 20 en la provincia de Esmeraldas, 15 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas — el resto repartido en otras tres provincias. En los últimos 5 años, según el censo, la industria le dejó al país más de 270 millones de dólares en divisas. “Habría que analizar más a profundidad los beneficios que le reportan al país las empresas de palma”, dice Natalia Bonilla, “ellos reciben subsidios, beneficios para importaciones, grandes créditos del Estado. Eso hay que considerar antes de sacar conclusiones sobre su aporte”.
Cambiar de lentes para mirar a Bertolucci en la hora de su muerte
No sé qué es el arte. Tampoco me interesa una definición a estas alturas del partido. Me interesa, eso sí, nuestra relación con el arte, con lo que consideramos valioso, con los artistas que amamos. Sobre todo cuando somos unas máquinas para justificar las acciones detrás de aquellos que amamos porque no podemos concebir un mundo en el que lo adorado sea también vehículo de crueldad.
O, mejor aún, hacemos el ejercicio de asumir que cualquier crítica a un artista, alrededor de la confección de una obra—como si la estética estuviera peleada con la ética— es un ataque a la libertad creadora o un pedido de censura. Como si ser un consumidor activo, reflexivo y crítico significara limitar la creación.
Como si la crítica, como acción individual, atentara contra la creación artística. Como si hacerlo fuese una acción clara de censura. Es complicado, desde luego. Mejor es evitar el pensamiento, la discusión u otra lectura en función de nuevas sensibilidades. Por eso lo ignoramos, lo reducimos, no le damos importancia.
Parece difícil asumir que detrás de una obra de arte que consideramos imprescindible se esconda un desgraciado o desgraciada, como si los hijosdeputa no hicieran arte.
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Lo primero que pensé al enterarme de la muerte de Bernardo Bertolucci fue la escena de la violación con mantequilla de El último tango en París. En pantalla vemos cómo Paul (Marlon Brando) penetra analmente a Jeanne (Maria Schneider) en contra de su voluntad; detrás de pantalla y con las declaraciones que han ido apareciendo a lo largo de estos años, esa parte del metraje se vuelve complicada para mí.
En 2007, Schneider aseguró que se sintió violada haciendo la escena: “Debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero yo no lo sabía”. Años después, Bertolucci diría que se puso de acuerdo con Brando para realizar la escena. No hay claridad sobre qué estaba o no escrito en el guion, pero al menos todas las partes han dejado en claro que el uso de la mantequilla fue convenido por los dos hombres antes del rodaje, pero no con Schneider: “Me porté de una manera horrible con Maria, porque no le dije nada de lo que iba a suceder. Quería su reacción como niña y no como actriz, quería que reaccionara al acto de la humillación. Quería que María sintiera, no actuara” dijo en 2013 en una entrevista.“Me siento culpable, pero no arrepiento. En las películas, para obtener algo creo que tenemos que ser completamente fríos. No quería que María fingiera su humillación, quería que Maria sintiera, no actuara. Por eso me ha odiado toda la vida”.
Esa escena complica mi relación con Bertolucci. Sí, un maestro. Little Buddha fue una revelación para mí cuando era adolescente.
Incluso esa escena inicial de El último tango en París me sigue pareciendo brutal.
Pero mi relación con Bertolucci en este momento es complicada y así la acepto. No puedo moverme como consumidor de arte de la manera en que sermoneó Maradona —la pelotudez de que “la pelota no se mancha”—, como si no hubiera otras posibilidades en mi experiencia ante la obra.
Ya no se puede ser tan ignorante. Hay circunstancias, datos, contextos que afectan nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de consumir. Hay otras sensibilidades que explotan en mí y me colocan de una manera particular ante obras nuevas y obras que ya viví antes. No es revisionismo. Es una forma de consumo.
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Entre formas de consumo lo que queda es el diálogo, la discusión. Una perspectiva crítica que afecte a varios espacios de la sociedad y nos haga entender otras cosas. ¿Eso significa censurar una obra? No, se trata solo proponer otras lecturas. Y ya.
En este momento de la historia no todos consumimos todas las obras artísticas producidas por la humanidad. No hay cuerpo ni vida que lo soporte. Entonces, ¿cuál es el drama en que miremos críticamente las acciones de Bertolucci en medio de la creación? ¿No hacemos eso siempre con todo? ¿No consumimos desde nuestras pasiones?
Si no hay empatía no hay nada. Y mi empatía se mueve por Maria Schneider, porque ella se sintió violada, porque sus lágrimas fueron reales, porque dos hombres —y qué hombres, ambos nombres en la industria— se pusieron de acuerdo para que ella hiciera lo que ellos querían, sin tomar en cuenta cómo se sentiría y, fundamentalmente, sin su consentimiento. Eso se llama violencia. Simple y llana violencia sexual. Y Bertolucci dijo no arrepentirse. Dijo que hay que ser frío en las películas para conseguir algo. Es realmente estúpido verlo así —y es realmente estúpido no contextualizar la película ante estas declaraciones.
Una obra de arte que parte de la violencia sexual no me dice nada, es accesoria, no vale la pena.
Pero ese soy yo. Hablo por mí. Si por eso soy un censurador, un tipo que está al borde de definir qué arte hay que consumir, pues estás equivocado. Que cada cual consuma lo que quiera, pero estamos en la obligación de saber lo que consumimos.
Eso no significa que no se deba ver El último tango en París. Solo significa que podamos discutir estas películas y quienes las quieran ver, que las vean. Pero conociendo y aceptando lo que ven.
No sé si vuelva a ver películas de Bertolucci. Ahora no lo sé. No tengo necesidad de hacerlo. No sé mañana. Sin embargo, cuando lo haga sabré qué estaré viendo, y no voy a ser tan ingenuo para suponer que una obra de arte es el ejercicio humano más grande solo por ser arte. Porque no es así. Nunca fue así, nunca será así.
Hay una humanidad más razonable y justa que podemos ejercer desde varios niveles. Hasta como espectadores de películas.
Ciudades discapacitantes
Cruzar una calle en Guayaquil, Lago Agrio, Quito o Cuenca causa, la mayoría de las veces, un dolor de cabeza. No hay suficientes pasos cebra, semáforos y señalización, y lo peor es el irrespeto al peatón, que debe correr, rogar que le den paso, lanzarse y esperar un bocinazo. Lo que parece grave para la mayoría puede ser aún peor si ese cruce lo hace un ciego, un sordo o alguien en silla de ruedas: se convierte en un peligro de muerte. “Una persona con discapacidad sufre en el espacio urbano; en el Ecuador las ciudades son hostiles para ellos”, dice Israel Idrovo, antropólogo e investigador cuencano que ha trabajado más de ocho años con ciegos. Aunque admite que en algunas ciudades del país se hacen esfuerzos, la realidad es que no están diseñadas para ellos.
A nivel local e internacional, Cuenca es retratada como una mejor ciudad en muchas aspectos. Pero en su relación con ciegos y quienes usan sillas de ruedas, queda debiendo. El antropólogo Idrovo dice que luego de que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999, se empezaron a tomar decisiones de infraestructura que priorizaron mucho más el nivel estético que funcional. Un ejemplo es haber eliminado las veredas para que las plazas y parques estén al mismo nivel de la calle. “La referencia de un ciego para caminar son las veredas que tocan con su bastón y lo guían. Cuando no las hay, se exponen a peligros enormes”.
Una investigación próxima a publicarse, analizó 214 segmentos de calles en Cuenca y cuánto cumplían los parámetros de la NSAPE (Estándar nacional para la accesibilidad en un ambiente físico, por sus siglas en inglés). Según el estudio —realizado por el investigador Daniel Orellana y colaboradores del grupo de LlactaLAB de la Universidad de Cuenca—, ningún espacio cumplía con los estándares al cien por ciento, ocho de cada diez cumplía con menos de la mitad, y de esos, el 25% tenía un nivel de cumplimiento cero —principalmente, por la falta de aceras.
En Cuenca, según el Conadis (Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades), hay 19.919 personas con discapacidad; en el país son poco más de 451 mil. De esos, casi el 12% son ciegos, más del 14,% sordos, y sobre el 46% tienen discapacidad física. Estos tres grupos viven en sus ciudades como pueden —más que vivir, es sobrevivir.
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Margarita Manobanda tiene 51% de discapacidad física, vive en la ciudad amazónica de Lago Agrio y trabaja en la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. El primer obstáculo que encuentra en su ciudad son las rampas. No solo porque no hay en todas las calles y edificios sino porque, donde hay, no se pueden utilizar. “Los muros son muy altos, otras tienen una inclinación imposible de usar. Por eso, explica Manobanda, sus compañeros prefieren ir por las calles que usar esas rampas mal hechas.
Instalar las rampas no es tan sencillo como podría suponerse. Xavier Torres es el presidente del Conadis y desde su experiencia como un ciudadano en silla de ruedas, explica, mientras dibuja en un papel, cómo las veredas en Quito son tan angostas que, si es que se planteara construir rampas en todas, resultaría imposible porque bloquearían el paso de los caminantes y no habría suficiente espacio para que la silla de ruedas curve. La infraestructura es el obstáculo más evidente para quienes tienen discapacidad física, auditiva y visual. Sin embargo, la lista de fallas que impiden que una persona sin todas sus capacidades pueda transitar y disfrutar su ciudad es larga.
Otra de las deudas principales para las personas con alguna forma discapacidad es el transporte. Alfredo Luna tiene una discapacidad del 50%, usa bastón y vive en Quito. Dice que lograr que un bus responda a su pedido en una parada es casi imposible. “Imagínese si son así conmigo, cómo serán con una persona en silla de ruedas”. El transporte público en Quito no es amigable para las sillas de ruedas: mientras que los buses no tienen rampas ni espacios para ellas adentro, los articulados tienen accesos a medias. “A la entrada de la Ecovía hay una rampa pero para ingresar a la parada hay un torniquete por donde no pasa una silla”, dice Luna. En el Trole sucede algo igual. Si un ciudadano en silla de ruedas logra embarcarse en un articulado, es probable que no pueda bajarse en la parada que quiera porque en muchas no hay elevadores ni rampas de acceso. El camino para las personas con discapacidad casi siempre está incompleto.
Los taxis también son un problema. Margarita, en Lago Agrio, y Alfredo, en Quito, dicen que si un taxista acepta una carrera a una persona que está en silla de ruedas, sabe que debe bajarse a ayudarlo cuando se sube y cuando se baja, y que en ese proceso pierde al menos dos carreras más. Por eso, dice Margarita, prefieren no parar. Torres dice que desde el 2017 el Conadis trabaja en un proyecto para que los conductores puedan darle servicio a personas con discapacidad. “Se ha pensado en, por ejemplo, camionetas de doble cabina donde puede entrar la silla de ruedas y la persona con más comodidad”. Pero aún no hay nada concreto.
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En el Ecuador no existe un ranking sobre ciudades amigables para personas con discapacidad. A pesar de que hay ordenanzas que exigen que los espacios sean más accesibles, no se cumplen en su totalidad. O, lo que es peor, resultan a veces esfuerzos inútiles. Idrovo recuerda que en el Malecón 2000 de Guayaquil hay monumentos con placas en Braille. “Cuando veo las placas me suelo reír y digo que parece una broma de mal gusto esperar que un ciego llegue hasta ahí… si cruzar una calle en esa ciudad es de vida o muerte para los peatones que no tienen ninguna discapacidad”. Idrovo dice que ese ejemplo demuestra cómo se entiende la inclusión y cómo que “no existen personas con discapacidad sino lugares discapacitantes”. La discapacidad, dice, no está en la persona sino en la interacción indebida que el espacio público, sus administradores y los demás ciudadanos proponen.
La interacción de peatones sin discapacidad con la ciudad ha sido analizada por la arquitecta Cristina Bueno. Dice que las ciudades más grandes del Ecuador tienen problemas gravísimos en el uso del espacio público. “Si el peatón no tiene las suficientes seguridades, imagínate el que tiene discapacidad, está completamente ignorado”. Bueno señala a las veredas como un “obstáculo grave” por cómo están concebidas en Quito. “La acera no es parte de la política municipal, la calle sí, por eso se dice que el propietario debe respetar y limpiar su acera”. Dice que, incluso, el presupuesto para el espacio público peatonal siempre es menor al del espacio vehicular. Por eso si el gobierno local planifica una rampa para discapacidad pero es dañada por autos que se parquean encima, se convierte en un obstáculo peligroso para alguien en silla de ruedas y el Municipio no tiene prioridad por arreglarla porque “la vereda es un poco jurisdicción de nadie”.
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Además de las veredas y el transporte público, las áreas verdes en Quito tampoco son amigables con las personas con discapacidad. Alfredo Luna menciona al Parque Metropolitano y dice que si bien hay cómo llegar y estacionarse, el resto del área no puede ser disfrutada por alguien en silla de ruedas sino un mínimo espacio. Manobanda dice que en Lago Agrio el parque Nueva Loja es asequible en su mayoría pero por ejemplo, al mirador, no pueden llegar quienes están en silla de ruedas. Bueno explica que la falta de conectividad entre sitios de la ciudad se da porque se tiende a pensar el espacio público como si fuera un punto o varios aislados: un parque, una plaza. Se olvida que debe haber corredores y conexiones para que el tránsito por la ciudad sea completo.
El mayor problema de que una ciudad no tenga parques, veredas, espacios y transporte amigables con las personas con discapacidad es que las obliga a quedarse encerradas. “En mi experiencia con ciegos, me dicen que salen a la ciudad lo estrictamente necesario y si alguien puede comprarles el pan, le piden”, dice Idrovo. Es una reacción evidente: ¿quién quiere salir a una ciudad que lo maltrata?
Este reportaje se hace gracias al apoyo del programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de
El legado de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña
María Alejandra Vicuña se va de la vicepresidencia por la misma puerta por la que entró. Tras once meses de gestión, deja el cargo con un escándalo —otro para el gobierno— porque, según su antiguo colaborador Ángel Sagbay, ella le exigió pagos que iban entre los cien y los mil y tantos dólares a cambio de ser su asesor cuando ella era asambleísta. Tras la difusión de un reportaje de Teleamazonas el viernes 26 de noviembre de 2018, empezaron las horas tensas para Vicuña —y probablemente para Moreno, que pierde por segunda vez en menos de 18 meses de gobierno, a un vicepresidente, ambos enlodados por acusaciones de corrupción.
El lunes 4 de diciembre, al final de la posesión de nuevas autoridades, el presidente Lenín Moreno anunció que la “liberaba” de sus funciones. En un acto que parecía desesperado —y que informó en un tuit que luego borró— Vicuña intentaba subsanar el retiro de apoyo político que Moreno acababa de anunciar. Vicuña dijo que había pedido una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre. La licencia no alcanzó a hacerse efectiva. Al día siguiente tuvo que renunciar, aunque apenas cinco días antes, vehemente como era, dijo que no lo haría. Que no había razón alguna para hacerlo. Pero el martes se vio sin salida. Sin el apoyo de Moreno, con el inicio de un proceso de juicio político en la Asamblea y con una ciudadanía ávida de respuestas ante la corrupción, Vicuña sólo podía irse.
Antes fue Jorge Glas. A principios de octubre de 2017, cuando no había cumplido ni cinco meses de posesionado, ingresó a la Cárcel 4 de Quito por una orden de prisión preventiva, dentro de la investigación de la trama Odebrecht en Ecuador.
Unos días después, tras declarar ausencia temporal en el cargo, Moreno decidió encargarle las funciones —que había retirado a Glas en agosto de ese mismo año— a la entonces Ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña. Lo que vino después quedó para la historia: la sentencia en contra de Jorge Glas y el nombramiento definitivo de Vicuña, luego de que 70 votos en la Asamblea —el número exacto necesario— la eligieron de una terna que incluía a las entonces ministras de Justicia, Rosana Alvarado, y de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Las tres, correistas convencidas. Las tres, convertidas en morenistas.
¿Qué nos quedará para la historia de la gestión de María Alejandra Vicuña? Poco o nada. A ella, Moreno le encargó ocuparse de cuatro temas específicos que, al leerlos, parecen más encargo obligado que confianza política.
Entre ellos estaba: hacerse cargo de las políticas relacionadas a la economía popular y solidaria, representarlo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presidir el comité a cargo de la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016, y dar seguimiento al cumplimiento de los resultados de la consulta popular de febrero de 2018.
Esta última fue quizás una de las primeras responsabilidades que le trajo serios cuestionamientos. Una de las preguntas de la consulta popular era aquella que pretendía —y lo logró— dejar inválida la reelección indefinida, que fue parte de un paquete de enmiendas aprobadas por la Asamblea en diciembre de 2015 e impulsadas por el entonces presidente Rafael Correa. En ese momento, Vicuña era asambleísta de Alianza País, y fue una de las mayores defensoras de la reelección indefinida. Su férrea voluntad de impulsarla dio un giro de 180 grados: la misma vehemencia que usó en la campaña de 2015 para convencer sobre las maravillas de la reelección indefinida, utilizó en 2018 para convencer a los ecuatorianos de eliminarla. Antes ya había acomodado su discurso para permanecer en Alianza País.
En octubre de 2013, algunas asambleístas de la organización proponían debatir la despenalización del aborto en caso de violación, entre ellas, Alejandra Vicuña. Bastó que Rafael Correa dijera que estaba en contra y amenazara con renunciar si se insistía en el tema, para que Vicuña diera marcha atrás. Parecía que tenía claro su objetivo: mimetizarse con la naturaleza para sobrevivir. Como el camaleón o el saltamontes, que son capaces de asemejarse a otros organismos, o a su propio entorno, para obtener alguna ventaja. Comer. Esconderse. Sobrevivir.
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La segunda mujer en ocupar el cargo —la primera fue Rosalía Arteaga en 1996 con Abdalá Bucaram como Presidente— mantuvo un perfil poco mediático.
Los periodistas no olvidaremos su metida de pata, cuando al día siguiente del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, se presentó en el plantón en la Plaza Grande, en donde familiares, compañeros y amigos de los tres secuestrados, exigían su liberación. “El equipo de comunicación que fue secuestrado de El Telégrafo”, dijo con un megáfono. Al unísono la prensa le corrigió: “¡De El Comercio!”. Las críticas le llovieron.
El chat de prensa de la Vicepresidencia de Vicuña, tampoco se caracterizaba por ser popular entre los periodistas. Tenía poca información de interés periodístico. Se enviaban reiterados boletines de prensa de actividades como la firma de un convenio con la Universidad de la Rioja —cuestionada por algunos académicos y representantes del sector universitario— para otorgar 210 becas a ecuatorianos o la invitación a la rueda de negocios para exponer la oferta productiva de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria a los principales representantes de las cadenas hoteleras del país.
Tan simbólicos eran varios de los eventos a los que asistía, que caían en el ridículo: “La Vicepresidenta de la República participó en la inauguración del Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad, impulsado por la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas”. Como si la gobernabilidad se pudiese acordar en una reunión de ocho horas. Como si la presidenta de uno de los órganos más cuestionados, precisamente por los actos de corrupción que se denunciaron con el escándalo de los diezmos (al menos 10 exasambleístas y asambleístas en funciones tienen procesos abiertos en la Fiscalía por supuestos cobros indebidos a colaboradores) fuera la indicada para convocar a la gobernabilidad. Como si la presencia de una Vicepresidenta con funciones casi invisibles ante la opinión pública, tuviera alguna relevancia en ese intento vano.
Tan desapercibidos pasaban sus convocatorias —e incluso lo que decía ante la prensa— que poco o nada se supo de las declaraciones que hizo en un conversatorio con medios de comunicación el 17 de octubre.
Como política que se adelanta a lo que pueda pasar, respondía ante una pregunta sobre los cobros indebidos por parte de varios legisladores: “Los cobros abusivos que rayan en la extorsión por parte de los asambleístas o ex asambleístas son repudiables y tienen que ser sancionados. Nadie puede tocar el salario de tu equipo de trabajo. Por otro lado está el aporte voluntario de los militantes. Lo digo con conocimiento de causa porque he sido militante”. Su respuesta, mes y medio después, se oye con la certeza de quien se cree intocable. Verla en su contexto parece hoy incluso cruel. Las palabras que en ese momento no significaban nada, hoy cobran su real dimensión.
En octubre, parecía que Vicuña se quedaría hasta el 2021. Se va mucho antes. Y la forma en que lo hizo le quita la imagen de patriotismo y entrega que intentó construir en su carta de renuncia, en la que pretende posicionarse como una mujer política de relevancia nacional.
Más recordadas que sus acciones como vicepresidenta estarán el nombramiento de su padre, Leonardo Vicuña, presidente de Alianza Bolivariana Alfarista (organización para la que supuestamente iban las contribuciones pedidas por su hija), como presidente del directorio del Banco del Pacifico, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, tiempo que casi coincide con el período de Vicuña en la vicepresidencia. Se recordará también su salida: la renuncia obligada y el inicio de una investigación no solamente en la fiscalía sino también dentro de la Universidad de Guayaquil, ante las denuncias de supuestas irregularidades en la obtención del título de maestría.
¿Qué le deja al país la ahora ex vicepresidenta? La amarga sensación de que, para estar en política, hay que saber mimetizarse. La desconfianza en quienes ejercen la política desde el espectro público. El descontento por una figura cuyas funciones parecen meramente decorativas. La preocupación de ver un país con representantes investigados —o sentenciados— por casos de corrupción. Eso es lo que deja. No la imagen que pretendió construir en sus últimos minutos frente al poder. La mujer luchadora de izquierda, comprometida con su país, sacrificada por la institucionalidad. Esa no ha existido más que en su propia imaginación.
La renuncia de la vicepresidenta del Ecuador, explicada
María Alejandra Vicuña presentó su renuncia el martes 5 de diciembre de 2018. En un video decía que no podía tolerar los insultos recibidos durante las últimas semanas. “Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita”, dijo. Además aseguró que el Presidente Moreno le ha reiterado su cariño y que entiende que “al liberarle de sus funciones pretende garantizar mi legítimo derecho a la defensa”. En el video que tenía un poco más de seis minutos de duración aifrmó también que prefiere que él pueda contar con alguien más para que asuma “las grandes responsabilidades que me encargó”. Dijo también que se defenderá como ciudadana, que todo la “canallada” es por el cargo que ocupa.
La Asamblea Nacional aceptó la renuncia, al día siguiente, con 94 votos a favor y recibió la terna enviada por el Ejecutivo para poder elegir al sucesor de Vicuña. La terna está compuesta por: Otto Sonnenholzner Sper, Nancy Vasco Noboa y Agustín Guillermo Albán Maldonado.
¿Para qué habrían sido los pagos?
El 29 de noviembre de 2018, en una entrevista con Radio Majestad, la vicepresidenta admitió la existencia de depósitos de su ex asesor en su cuenta personal. Dijo que ese dinero era para la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Que, como la organización no tenía ni RUC ni cuenta bancaria —en los años 2011 a 2013— ella recibía las contribuciones de los militantes en su cuenta personal. Sin embargo su organización política no estaba registrada en el Consejo Nacional Electoral, tal como ella lo reconoce en la misma entrevista, por lo tanto no podía tener una cuenta a nombre de ABA.
Ha dicho que se rotaba la responsabilidad de recaudar los fondos, sin embargo no ha dicho qué otras personas han estado a cargo de la recaudación.
Según Sagbay, los pagos eran condición indispensable para mantenerse en el cargo.
Una investigación tras el rastro de los periodistas secuestrados y ejecutados en la frontera con Colombia, con la participación de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia y varias organizaciones internacionales.
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