GK 2018-09-17T02:58:39+00:00

Virginia Gómez de la Torre: “El Estado es encubridor y cómplice de los violadores sexuales”

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En el 2016 se publicó el informe Vidas Robadas que recogía el testimonios de 15 niñas que quedaron embarazadas y parieron, producto de una violación. Vidas Robadas —elaborado por Fundación Desafío, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos reproductivos en el Ecuador— rescató la escalofriante cifra que reposaba en los departamentos de estadísticas de instituciones públicas pero que no había sido difundida: cada año aproximadamente dos mil niñas menores de 14 años se embarazan en el Ecuador.

El 3 de septiembre de 2018, durante el lanzamiento de la campaña para visibilizar el incesto en Ecuador No más secretos familiares , la presidenta de fundación Desafío, la doctora Virginia Gómez de la Torre, dijo que hacía un mes habían corregido esa cifra: ya no eran dos mil sino 2 mil 700 niñas. Un día después, en su oficina en el centro de Quito, de la Torre explica que el cambio de número no corresponde a un aumento en estos dos años sino a una corrección de un estadista quien, vía Twitter, les dijo que su cálculo —hecho en base a cifras oficiales— estaba equivocado y que en realidad eran 700 más: de ellas, el 2% están por tener su segundo embarazo.

Ustedes son una organización independiente, el estadista que les corrigió la cifra también tiene una encuestadora independiente. ¿El Estado no cuenta con cifras sobre el embarazo de niñas?

Cuando uno pide las cifras al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  por ejemplo, te dan las cifras de las niñas que parieron, no de las que se embarazon. Y eso es distinto. Cuando pedí las cifras de las que se embarazaron, me contestaron ‘no le podemos dar, le podemos dar de las que dieron a luz’. Ahí hay una dificultad de voluntad política.

De no mapear esta situación…

Claro, porque también pedimos a la Fiscalía el número de niñas violadas y embarazadas y no nos dieron. Me dijeron que no, que era prohibido dar ese dato porque son niñas. Lo prohibido es revelar la identidad, pero estamos pidiendo una estadística, no estamos pidiendo los nombre de las niñas. Y no me la dieron tampoco. Me dieron solo el número de violaciones.

¿Por qué cree que hay este vacío estadístico sobre un tema tan urgente como el embarazo de las niñas?

No creo que hay un vacío estadístico. Creo que las estadísticas están, lo que no hay es una difusión de la información. Una difusión de las cifras reales. El estadístico Freddy Llerena corrigió el dato porque lo difundimos en una red social. Pero el Ministerio de Salud no se posiciona en el tema de cuáles son las cifras reales. Y no difundir la cifra real es no darle respuesta al problema. Es lo que yo ayer en el lanzamiento de la campaña contra el incesto planteaba: el Estado no hace nada por las niñas violadas peor si están embarazadas.

Por lo tanto es un encubridor y cómplice del violador. Sin querer acusar al Ministerio o sin querer acusar al gobierno anterior o qué sé yo, el tema es que hay temor, hay inseguridad, y no se quiere poner en la opinión pública la barbaridad que significa tener de promedio 2 mil 700 niñas embarazadas. Es como un estigma de país. Este es un país en donde violan a las niñas, las embarazan y nosotros no estamos haciendo nada. Claro, nos han dejado decir que son 2 mil. Porque ¿quién tenía que corregir la cifra?

El Estado…

Pero no lo hizo. Hay no sé si un ocultamiento pero sí una desinformación desde el Estado. Si nosotros dijéramos hay cinco mil niñas probablemente nos van a decir ‘bueno, ¿y dónde está la evidencia?’. No vamos a falsear esa cifra, pero lo que llama la atención es que cuando dijimos 2 mil, el Estado se quedó tranquilo. Ese es un indicador de que a nivel estatal no se han sincerando las cifras.

embarazo de niñas en Ecuador

Cada año en el Ecuador se embarazan 2700 niñas. Fotografía de José María León para GK.

Usted señala que no se sinceran, en parte, por la vergüenza que pueden significar estas cifras tan altas. ¿También podría ser porque no tiene una política o una solución a este problema?

Las dos cosas. O sea, tener las cifras de embarazo infantil que tenemos es un indicador: Ecuador es un país que permite que violen a las niñas, y además permite que las embaracen y continúen con embarazos forzados. Porque obvio a las niñas el Estado no las protege porque por la pobreza en la que viven son más vulnerables. Obviamente frente a la incapacidad y a la no respuesta del Estado, el otro resultado es ‘mejor no difundamos mucho, mejor que quede ahí la cifra’ que no sirve de nada porque en realidad incluso si nos quedamos en la dos mil es altísimo, es demasiado.

¿A qué se refiere con que el Estado no protege a las niñas? Si pensamos en cómo las podría proteger, ¿cuál es el escenario al que queremos llegar?

El Estado no está cumpliendo con una responsabilidad básica que nace de haber suscrito todas estas convenciones internacionales, haber hecho programas de protección integral, y haber puesto en la Constitución que garantiza el bien superior que es la niñez y la adolescencia. Si vamos a lo local, al barrio, a la comunidad rural, a la comunidad pobre urbana, y vemos el interior de la familia y vemos los indicadores altísimos de violencia contra las mujeres, es una la realidad que está ahí y la conocemos, ¿qué debe hacer el Estado?

Primero, debe proteger a las mujeres porque esas mujeres están pariendo niñas y niños que luego son violentados sexualmente. Claro, las niñas se llevan la peor parte porque en un momento dado pueden quedar embarazadas. Pero, a más de eso, el Estado no cumple con todo lo que ha puesto en la Constitución, un montón de derechos que están ahí para las niñas y adolescentes, para las mujeres. Todas las estrategias de prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia no se cumplen.

Se podría decir que en papel están las garantías…

Sí, en estos casos que hemos contado de cerca, de manera cualitativa, de las niñas que llegan embarazadas a los hospitales, ningún caso ha sido denunciado por el Estado, de parte del sistema de Salud. A excepción de una niña violada que el delito fue denunciado por la familia.

De hecho, la violencia sexual en las niñas es, para el Estado, poca cosa. No sé si tiene que ver con la violencia en las adultas. Es como que la violencia en todos sus aspectos es un problema de adultas, o sea cumplen 18 años y las empiezan a violentar. Ahí el Estado tiene establecidas sus políticas pero las políticas no deben ser solo para las adultas, sino también para las adolescentes o para las niñas. Y las niñas se llevan a la peor parte porque también mimetizan con las adolescentes. Las niñas no existen.

El Estado tampoco hace el esfuerzo de visibilizarlas y tal vez, en ese sentido, como sociedad civil, tengamos que hacer más esfuerzos para decirle ‘mire esto es lo que está pasando en el país’.

¿Las cifras podrían ser peores?

Sí. Solamente en Esmeraldas, 31 obstetrices dijeron que atienden niñas de menos 14 años todos los días. Todas estas obstetrices lo único que hacen es diagnosticar el embarazo y controlarlo.

A ellas llegan embarazos más tempranos pero la mayoría son embarazos avanzados con complicaciones de parto que no han podido resolverse en el primer y segundo nivel. En ninguno de los tres niveles le dan una respuesta a la niña que no sea que continúe el embarazo.

Por eso nosotros planteamos en nuestra primera investigación de Vidas Robadas que el Estado omite, invisibiliza a las niñas y, premeditadamente, hace que continúen con el embarazo.

Es premeditado porque nadie quiere hacer el esfuerzo de decir ‘bueno, esta niña es violentada, su familia es pobre, va a regresar a un entorno de violencia’. A nadie se le prende el foco y dice ‘esta niña tendrá otra respuesta de mi parte’.

¿Cuál podría ser esa respuesta desde el Estado?

Cuando nosotros hablamos del Estado nos referimos al Sistema de Salud Pública representado en un servicio de salud: hospital o un centro de menor nivel nivel que tiene que cumplir con una serie de protocolos que le dictan qué hacer en estos casos. En estos casos de violencia o en casos de interrupción terapéutica. Hay un protocolo que se llama Guía Clínica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo.

Pero, ¿qué pasa cuando llega una niña embarazada?

A nadie se le ocurre aplicar la guía de práctica clínica para interrupción de un embarazo porque hay todavía un imaginario que el aborto es ilegal en caso de violación en general.

embarazo de niñas en Ecuador

Según Virginia Gómez de la Torre, la ley de adopción en el Ecuador está diseñada para que la madre se quede con su hijo. Fotografía de José María León para GK.

Pero sí es ilegal en caso de violación…

Es ilegal de acuerdo al Código Integral Penal. Sin embargo no es ilegal interpretar. En el mismo artículo 150 dice que el aborto no será punible en una mujer para evitar un peligro para su salud o su vida. Si bien es cierto que el aborto es ilegal en caso de violación como una generalidad, lo que planteamos y se está planteando a nivel de América Latina —en donde la salud es entendida como la salud integral a la cual nos hemos adscrito como país tanto a la OMS, a los estándares internacionales— es hacer una interpretación de lo que significa un embarazo por violación y de lo que significa un embarazo en una niña menor de 14 años.

O sea si es que hubiese la voluntad política y mañana a un consultorio llega una niña de 13 años con seis semanas de embarazo, ¿el médico podría practicarle una interrupción del embarazo terapéutico, y no tener ningún cargo legal en su contra? Eso nunca ocurre.

Ocurre muy poco, y es producto de la maquinaria estatal que camina a pasos muy lentos. En otros países como Argentina está muy posicionado. En Rosario y en Buenos Aires, por ejemplo.

Ahora la idea es definir, como incluso lo dice la Ley en contra de la violencia a la mujer, que el embarazo de una niña o una adolescente es de alto riesgo. La ley lo está definiendo.

En ese marco, la sensibilización, la concientización, el aprendizaje de quienes están en el sistema de Salud debería ser que frente a los casos, ellos deben hacer una historia clínica más exhaustiva. Deberían llamar a la psicóloga, a la trabajadora social, deben pedir la opinión sobre ese caso porque incluso el médico está capacitado para encontrar riesgos físicos, sociales y mentales. Y se supone que la facultad de Medicina nos enseña a hacer un diagnóstico integral.

Podría poner un ejemplo…

Nos pasó con el caso de una mujer que había sido violada y tenía lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune gravísima. Hablamos sobre evitar un peligro en su salud y en su vida y nos han respondido ‘nosotros tenemos toda la evidencia y toda la experiencia para brindarle a la mujer con lupus un embarazo sin riesgos y que dé a luz finalmente su producto sin correr riesgos ni ella ni el producto’.

A ver le digo: usted está pensando solo en la salud física, porque cuando yo le pongo este caso específico, hablo por tres casos de mujeres con lupus que han venido a la Fundación a pedir ayuda porque no quieren continuar con ese embarazo, porque ellas más que nadie saben lo que es tener su enfermedad. La expectativa de vida de una mujer con lupus es menor que la del resto.

Son mujeres que están condenadas o que si no tienen las posibilidades económicas son propensas a sufrir daños renales. De las que nos han dicho, no quieren continuarlo porque no están en todas sus capacidades para ser mamás y para darle a ese hijo todo su tiempo y energía porque son mujeres con salud precaria. Entonces hay un componente de salud mental que no se considera.

Peor en el tema de las niñas.

Si no se considera a una mujer a adulta que lo sabe verbalizar, peor se considera en una niña. Nosotros vemos que las niñas no solamente llegan con el peso físico de su embarazo sino que llegan afectadas psicológicamente, aunque no parezca.

Están afectadas porque no es lo mismo un cuerpo de 12 o 13 años con un hijo, que un cuerpo pleno que desde los 18 años está en toda su capacidad para procrear. Los cuerpos de las niñas son más pequeños. Claro, obviamente, podemos decir que hay niñas de 12 que son altas pero eso no significa que internamente sus órganos reproductivos estén al máximo de su capacidad. Entonces, los médicos deben hacer una evaluación física y pedir el informe de la trabajadora social, de la psicóloga. Hacer la junta técnica, no la de bioética, sino la de el comité técnico.

Pero eso es el deber ser. Es más común que la atención se enfoque en priorizar la continuación del embarazo.

Sí, de la gestación. Ahí nos enfrentamos a otro tipo de desafío: que quienes hacen las evaluaciones tengan enfoque de derechos y de género, que sepan leer la realidad de una niña que básicamente no debería continuar con ese embarazo. Se le debería dar también esa oportunidad porque de lo que yo entiendo, no puedo asegurar, pero al parecer habría un caso de una niña que amenazó con suicidarse. Por ejemplo, el suicidio como un riesgo en estos casos es algo que se debería tomar en cuenta.

Las personas que se van a suicidar rara vez dicen que se van a suicidar. Una cuestión de suicidio está demostrada, por ejemplo, en estas cifras de suicidio del Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Me parece que la primera causa de suicidio en las adolescentes es la violencia, entre otras cosas, problemas relacionados con la salud reproductiva y el embarazo, hay una relación. Pero si usted va y pide a la morgue información de los suicidios de mujeres y pide que le digan cuántas mujeres de las que se han suicidado han estado embarazadas, tampoco le dan. Yo he pedido.

¿Están las cifras cortadas?

Están bloqueadas. Eso es obstaculizar la transparencia de la información para que el mismo Estado tome decisiones o la misma sociedad haga acciones de presión.

Para estar claras sobre esta interrupción del embarazo. Si llega una niña de 11 años con 6 semanas de embarazo y el doctor estuviese capacitado, podría decir ‘esta niña tiene un alto porcentaje de morir si pare, le voy a aplicar esto’. ¿Sería así de sencillo?

No, no es tan sencillo porque el imaginario que prima en la sociedad y en los centros de Salud es que el aborto es ilegal. Habría que hacer un trabajo de concientizacion y sensibilizacion. Hay que hacer un trabajo técnico legal de decir ‘a ver, la interpretación legal del artículo 150 del Código Penal del primer inciso es esta: esa niña de 11 años que viene con 6 semanas de embarazo a la que se le puede salvar la vida, hay que hacerle un diagnóstico exhaustivo físico psicológico y social que corresponde al consenso de salud que es al que nos hemos adscrito como país’.

Esa niña es una emergencia médica: hay que someterla a todos los dispositivos de diagnóstico psicológico, social y físico para ver la posibilidad de que califique para una interrupción terapéutica. Empezando porque a la niña hay que decirle y ella tiene que decidir. Uno no puede decidir por ella.

¿Si ella no quisiera no se haría?

Sí. Pero ella de plano va a decir que no, que quiere conservarlo por toda esta concepción que nos han metido. Ese es también el drama que viven estas niñas de que no hay nadie que les diga ‘a ver, aquí hay un Estado que se preocupa por ti’. Es un voto de confianza que nos tiene que dar al Estado, nos tiene que dar una respuesta. Y la respuesta sería: ‘el embarazo que estás viviendo no necesariamente tienes que continuarlo’ y desarrollar una asesoría, un espacio de información y decirle: ¿estás contenta, estás bien?

¿Pero todo esto en papel sí existe?

No existe la consejería para plantear las diversas opciones que tendría esta niña en su embarazo.

¿No hay ningún protocolo que lo especifique?

No, existe el protocolo para el parto pero es el mismo que aplican para la adulta. Ningún servicio en el país tiene diferenciada la atención del parto para la adolescente, peor para la niña. La niña va a pujar igual que la mujer de 30 de 25 están en la misma sala.

¿Cómo es la atención que reciben las niñas desde el sistema de Salud pública?

Depende de dónde. Por ejemplo, la maternidad Isidro Ayora (en Quito) tiene servicios de tercer nivel, de adolescentes embarazadas donde también van niñas. Tienen una propuesta interdisciplinaria, de preparación de profilaxis para el parto. Las preparan para que puedan aceptar de mejor manera el drama que van a vivir cuando van a parir o cuando le van a hacer una cesárea. Les hacen seguimiento: hay psicologa, trabajadora social. Es un servicio muy bien consolidado pero claro ahí no hay una distinción: la niña embarazada producto de una violación que va con su panza grande y va a tener que parir, es preparada para que acepte el embarazo también. La preparan para parir porque obviamente este es un país que no le da otras alternativas. Si fuera un país en donde la ley de adopciones fuera diferente, en donde la niña pudiera ser acompañada e informada, donde le digan ‘bueno cuando tu hijo vaya a nacer, ya va a estar ahí la pareja que lo va a adoptar, la vas a conocer’. Una ley de adopción diferente de la que tenemos ahora que es una ley que obliga a las mujeres a quedarse con los hijos. Esa es la ley de adopciones que tenemos. ¿Qué oportunidades tiene esta niña?

No tuvo la oportunidad de interrumpir su embarazo y después de parir no tiene la oportunidad de darlo en adopción. ¿Qué le queda?

Ni abortar ni dar en adopción. No hay ese chance en el Ecuador. La adopción es difícil por varias razones. Primero porque hay un imaginario que es muy latinoamericano y es muy ‘mariano’, muy de la Iglesia Católica, que es la glorificación de la maternidad. Para ese imaginario ser madre es un regalo —no solo un regalo, sino un don de Dios. Y cuando las mujeres desobedecen ese mandato social y religioso, son castigadas.

¿Cuál es el problema concreto con la adopción?

Las propuestas del Estado en el tema adopción deberían ir más allá de la ley. La adopción no es la ley. Debería tener subcomponentes porque hay diferentes clases de adopción. No creo que se pueda eliminar, pero sí disminuir el dolor que puede significar para la mujer que gestó un bebé y que no quiere tenerlo con ella. Se puede disminuir con unas propuestas psicológicas de acompañamiento y respuestas. Por ejemplo, hay propuestas que dicen ‘esta es una adopción abierta, usted va a poder seguir sabiendo de su bebé a lo mejor lo puede seguir viendo una vez al año’.

Recuerdo una película que se llama Día de la Madre, donde me llamó la atención la modalidad de adopción: parte del acuerdo al que llegaron entre la madre y la pareja que adoptó es que le manden una foto de su hija cada año a cambio de que no pregunte por ella. Ella vivió el proceso de su hija pero nunca pudo expresar que era su madre. Ese es un modelo.

Aquí eso no sucede porque, de lo que me han dicho, la ley de adopción está diseñada para que la madre en algún momento decida quedarse con su hijo porque le dan un plazo después de que pare, ven si de la familia más cercana alguien se  puede quedar con el bebé, y luego en la familia más lejana, y después de seis u ocho meses no ha habido como, recién ahí declaran al niño en abandono. Pero eso es brutal: violencia para ese niño y para la mujer porque ahí puede ser que se cree un vínculo, y si esa mujer no puede quedarse con ese bebé por la pobreza, porque es muy niña o por lo que sea. ¿Cómo se llama eso? Se llama premeditación. El Estado premeditadamente elabora una ley que no permite que la mujer dé a sus hijos en adopción.

Si volvemos a su comentario de que el Estado es encubridor de violadores. ¿En qué otra instancia se está equivocando o cometiendo negligencias en este tema?

El Estado no ha hecho un planteamiento para cumplir con el estatus de protección integral que es un subconcepto maravilloso que plantea que los niños, los adolescentes, las niñas y las adolescentes son ciudadanos y ciudadanas desde que nacen, e implica considerarlos como sujetos de derechos. Implica tomarlos en cuenta para las decisiones que ellos tomen, o sea es un concepto inmenso. La protección integral significa darles todos los derechos y darles el carácter de ciudadanos con derechos de niños y niñas y adolescentes. Eso no se cumple.

Lo que está haciendo el Estado es ejecutando esta doctrina de situación irregular.

Virginia Gómez de la Torre

En 2016 Fundación Desafío publicó su informe Vidas Robadas en el que recogió testimonios de 15 niñas que habían quedado embarazadas víctimas de violación. Fotografía de José María León para GK.

¿Qué implica que una niña esté en situación irregular?

Una niña en situación irregular está sujeta a la decisión de terceros. Son terceros los que toman decisiones sobre de ella: los adultos, el médico, la madre. Muchas madres querrán que la hija interrumpa el embarazo pero a las madres tampoco las toman en cuenta.

Las toman en cuenta para saber si la están apoyando en el embarazo pero no las toman en cuenta como sujetos de derecho en términos de decir: ‘señora, ¿y a usted qué le parece el embarazo de su hija?’.

¿Eso tampoco ocurre?

No, les preguntan si las van a apoyar. ¿Usted va a apoyar a esta niña? ¿Usted ha denunciado la violación? ¿Usted la va acoger en su casa? ¿Usted le va a a seguir dando el estudio? Eso le preguntan a las madres. No les preguntan ‘bueno, ¿y a usted qué le parece será posible hablar de una interrupción?

La información de los riesgos que implica el embarazo en una niña no debería ser parte de lo que les explican…

Nada de eso pasa.

¿Hay algún protocolo que mencione eso?

Eso saben los profesionales de la Salud. En los protocolos está eso: los riesgos que tienen las adolescentes y las niñas cuando quedan embarazada y obviamente que saben.

¿Basta con decir que la niña tiene más riesgo a morir si da a luz que si aborta?

Claro, porque eso incluso la OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha dicho que tienen un porcentaje, creo que es un 30% más, de complicarse e incluso de morir. Pero nada de eso se dice.

Si la niña va con la madre o con quien vaya, lo que hacen es hacerle la historia clínica, el chequeo clínico, darle las indicaciones, preguntarle si ha sido vacunada, preguntarle si bebe, fuma o si tiene algún problema de drogas, si hay violencia intrafamiliar.

¿Nada más?

Nada más. Porque además también sería como injusto decirles a ellos ¿por qué no hacen nada más? porque son equipos de soporte. Llegan a completar algo en la historia y siga la siguiente.

Estamos hablando de que ahí sería un problema de personal y atención.

Claro. Es que eso va además de la concientización y la capacitación. Por ejemplo, a una niña violada, la trabajadora social o la psicóloga escribe ‘vínculo maternal en proceso de estructuración’.

¿Con esas palabras?

Sí, eso ponen.  Lo que ellas intentan es lograr que haya vínculo y que la niña ame a ese hijo.

¿Es esa es la política del Estado?

Sí, o sea, es forzar el amor maternal. Porque muchas madres no quieren a sus hijos, y a estas niñas no se les puede pedir que quieran a sus hijos. Luego se ve cómo son niñas que rechazan al bebé, lo maltratan. En Vidas Robadas hay testimonios sobre esto.

¿Niñas que se sienten mal por golpear a sus bebés?

Y están colapsadas en términos del uso de su tiempo, de su energía. Y claro ven en el hijo, el culpable de todo ese sufrimiento que están viviendo. Ahora, paradójicamente algunas sí encuentran en el hijo un asidero. También es esta identidad materna que nos meten pero por todo lado, a algunas sí les resulta eso como factor protector.

Aunque es cruel que una niña tenga que encontrar como objetivo de vida proteger a otro ser, porque a ella no la han querido o nadie se ha preocupado por ella. Pero dicen ‘tengo a alguien ya por quien vivir’, no importa cómo lo ha parido, no importa de qué manera se embarazó.

En este tema del embarazo en la niñez hace falta profundizar más, en todas estas peculiaridades que viven las niñas, y hay que hacer una investigación a nivel nacional.

Para concluir, si habría que empezar por algo en el tema del embarazo en las niñas, ¿cuál sería el primer paso que el Estado debería tomar para evitar 2 mlil 700 niñas queden embarazadas cada año?

Es necesario que se notifique y se desdramaticen las notificaciones desde el sistema de Salud. Que los médicos denuncien. Lo otro es que se haga un mea culpa y digan ‘sí, aceptamos que no tenemos un programa específico para las niñas’.

Hay que sentarse a elaborar uno intersectorialmente, interdisciplinario, con diferentes niveles, que implementemos la ley contra la violencia en el caso estos de niñas, las protejamos. Esto significa un esfuerzo político y económico que el Estado debe hacer. Porque aparte de que son 2 mil 700 es terrible ver que son niñas que están en tránsito a la adolescencia y a la adultez, y su capacidad y sus habilidades para sobrevivir en una manera digna son mutiladas.

No son ciudadanas que están ejerciendo sus derechos en igualdad de condiciones. Son ejércitos de miles de niñas, adolescentes y mujeres que no van a poder aportar al desarrollo del país. Por lo menos por el tema económico deberían entender que estas son niñas que luego van a ser trabajadoras sexuales o trabajadoras domésticas, que van a ocupar los empleos de menor calificación, y no van a poder desarrollar su potencial para que este país camine porque la mitad de población en el país somo mujeres y seguimos en situaciones de desventajas.

No son pocas las que viven en esa situación: el promedio de adolescentes embarazadas al año en el Ecuador es de 50 mil.

Impaqto Quito

La religión, ¿concepto universal o invento académico?

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Si algo parece evidente en la cultura humana, es la amplia presencia de la religión: la gente hace cosas religiosas todo el tiempo —en todas las sociedades ha habido compromiso con los dioses, mitos y rituales. Esta prácticas y creencias, desde los sacrificios humanos aztecas hasta el bautismo cristiano son diversas, es cierto. Sin embargo, parecería que comparten una esencia común. ¿Qué llevó a  Jonathan Zittell Smith, quizá el más influyente académico de la religión del pasado siglo, a declarar en su libro De Babilonia a Jonestown (1982) que “la religión es simplemente la reacción del estudio del académico, y por ende “no tiene existencia independiente de la academia”?

Smith quería desbancar la suposición de que la religión no necesita definición.Mostró que el que ciertas cosas nos parezcan religiosas dice menos sobre esas ideas y prácticas que sobre los conceptos demarcatorios que utilizamos para su interpretación. Lejos de un fenómeno universal con una esencia distintiva, la categoría religión solo emerge a través de actos de clasificación y comparación de segundo orden.

Cuando Smith entró en la disciplina, en los tardíos 1960s, el estudio académico de la religión era aún bastante joven. En los Estados Unidos, había sido moldeado por el historia de religiones rumano Mircea Eliade, quien de 1957 hasta su muerte en 1986, enseñó en la Escuela de la Divinidad de la Universidad de Chicago. Ahí, Eliade formó a una generación de académicos en el acercamiento a los estudios religiosos que él había desarrollado en Europa.

Lo que caracterizaba a la religión, para Eliade, era ‘lo sagrado’ —la fuente suprema de toda la realidad. Dicho sencillamente: lo sagrado era ‘el opuesto de lo profano’. Sin embargo, lo sagrado podía irrumpir en la existencia profana en un número de predecibles formas en culturas e historias arcaicas. Las deidades del cielo y la Tierra eran ubicuas: por ejemplo, la Luna y el Sol servían como representaciones del poder racional y de los ciclos, ciertas piedras eran consideradas sagradas, y el agua vista como una fuente de potencial y regeneración.

Eliade también desarrolló los conceptos de ‘tiempo sagrado’ y ‘espacio sagrado’. Según Eliade, el hombre arcaico (u Homo religiosus) siempre contaba historias de lo que los dioses hicieron ‘en el comienzo’. Consagraba el tiempo a través de repeticiones de estos mitos cosmogónicos, y dedicaba espacios sagrados de acuerdo a su relación con el ‘simbolismo del Centro’. Esto incluía la ‘montaña sagrada’ o axis mundi —el punto de intersección arquetípico entre lo sagrado y lo profano— pero también ciudades, palacios y templos sagrados. Los mitos, rituales y lugares exactos eran cultural e históricamente específicos, por supuesto, pero Eliade los veía como un ejemplo de un patrón universal.

Smith fue profundamente influenciado por Eliade. Como un estudiante de grado, se propuso leer casi todas las obras citadas en las bibliografías de la magnum opus de Eliade, Patrones en la Religión Comparada (1958). Admitió que su movida para unirse a la facultad de la Universidad de Chicago, en 1968-69, estuvo en parte motivada por el deseo de trabajar junto a su ‘maestro’. Sin embargo, muy pronto empezó a delinear su propia agenda intelectual, que lo puso en contradicción con el paradigma de Eliade.

Smith cuestionó, primero, si las construcciones eliadeanas de tiempo y espacio sagrados eran realmente universales. No negaba que estos constructos eran muy bien trazables en algunas culturas arcaicas. Pero en su ensayo temprano El pivote bamboleante (1972), Smith notó que algunas culturas aspirabas a explotar o escapar del espacio y el tiempo, en lugar de venerarlos o cosificarlos. (Hay que pensar en las varias escuelas de Gnosticismo que se desarrollaron en los dos primeros siglos de la Era Común, que consideraban al mundo material el trabajo del demiurgo, un espíritu defectuoso e incluso malévolo espíritu que era inferior al verdadero y oculto dios).

Smith distinguía estos patrones ‘utópicos’ —que buscaban lo sagrado fuera del orden natural y social prevalente— de los ‘locativos’ descrito por Eliade, que los reforzaba —una movida que socavaba el vocabulario universalista de Eliade.

En segundo lugar, SMith introdujo una nueva conciencia de sí misma y humildad al estudio de la religión. En el ensayo Adde Parvum Parvo Magnus Acervus Erit’ (1971) —el título era una cita de Ovidio que significa “suma un poco a otro poco y habrá un montón”—, Smith mostraba cómo las comparaciones de la información ‘religiosa’ están atadas con valores políticos e ideológicos. Lo que Smith identificó como acercamientos de ‘derecha’, como los de Eliade, procuraban una unidad y compleción orgánicas. Entrelazadas con este deseo, decía, está el compromiso con autoridad y estructuras sociales tradicionales. Los acercamientos de ‘izquierda’, por otro lado, se inclinaban hacia el análisis y la crítica, lo que alteraba el orden establecido y hacía posibles visiones alternativas de la sociedad. Al situar el acercamiento de Eliade a la religión en el extremo conservador del espectro, Smith no quería necesariamente denigrarlo, sino distinguir estos acercamientos para prevenir que los académicos los combinaran sin cuidado.

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Detrás del trabajo de Smith estaba la motivante tesis de que ninguna teoría o método de estudio de la religión puede ser puramente objetivo. Más bien, los dispositivos clasificatorios que aplicamos para decidir si algo es ‘religioso’ o no, no siempre depende en normas preexistentes. La taxonomía selectiva de información ‘religiosa’ en las culturas, historias y sociedades, decía Smith, es, por ende, el resultado de los “imaginativos actos de comparación y generalización” del académico. Donde alguna vez tuvimos el obvio y universal fenómeno de la religión, tan solo queda un retaceo de creencias, prácticas y experiencias particulares.

Un vasto número de tradiciones han existido a través del tiempo que uno podría posiblemente categorizar como religión. Pero para decidir de una u otra forma, un observador primero tiene que formular una definición según la cual ciertas tradiciones pueden ser incluidas y otras excluidas. Como escribió Smith en la introducción de Imaginando la religión: “si bien existe una extraordinaria cantidad de información, o fenómenos, de experiencias y expresiones humanas que podrían caracterizarse en una cultura u otra, por un criterio u otro, como religioso, no hay información para religión”. Podría haber evidencia de varias expresiones de Hinduismo, Judaísmo, Cristianismo, Islam y demás. Pero estas se convierten en religiones solo a través de la reflexión académica de segundo orden. La definición de un académico podría incluso llevarlo a categorizar algunas cosas como religión, a pesar de que convencionalmente no sean considerados como tales (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos), y a excluir otras que lo son (ciertos derivados del Budismo).

Provocativo e inicialmente desconcertante, la aseveración de Smith de que la religión “ha sido creada para los propósitos analíticos del académico” es ahora ampliamente aceptada en la academia. Aun así, Smith reafirmó su aprecio crítico del trabajo de Eliade en sus dos últimas publicaciones antes de su muerte en Diciembre de 2017 y uno de los cursos finales que dictó en Chicago fue una detallada lectura de Patrones en la religión comparada. El propósito de Smith nunca fue exorcizar a Eliade de la disciplina. Su intención fue evitar las tentaciones de la obviedad, y enseñarle a los académicos de la religión —cualquiera que fuese su método predilecto o sus inclinaciones político-ideológicas— a ser claros sobre los poderes y límites de las decisiones que tienen que hacer. El estudiante de religión, decía Smith, debe ser consciente, por sobre todas las cosas: “De hecho, esta consciencia propia constituye su experiencia primaria, su principal objeto de estudio”.


**Este texto se publicó originalmente en inglés en aeon magazine y fue traducido y republicado bajo licencia CC BY-ND 4.0.

¿Se redujo el déficit fiscal en 1.150 millones de dólares?

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Verdadero pero

Según el Ministro de Economía, Richard Martínez, el déficit fiscal se redujo en 1.150 millones de dólares. Lo anunció el 13 de septiembre de 2018 en su cuenta de Twitter. La reducción del déficit fiscal de 1.150 millones de dólares corresponde al periodo de enero y agosto de 2018 en comparación con el mismo periodo de enero y agosto del 2017. Según datos del Ministerio de Finanzas, su declaración es verdadera. Sin embargo, un estudio del Observatorio de la Política Fiscal muestra que esta reducción no es necesariamente sostenible.

Si bien el déficit ha disminuido en lo que va del 2018, las proyecciones del Observatorio señalan un posible incremento: para el periodo de septiembre a diciembre de 2018, se estima que el déficit será de 2 mil 449 millones de dólares —lo cual es mil 465 millones de dólares superior al periodo de enero a agosto. Esto quiere decir que, para finales del año, el déficit podría llegar a 3 mil 433 millones de dólares — equivalente al de 2017, que fue de 3 mil 480 millones de dólares, según datos provisionales del Banco Central del Ecuador. El Estado ecuatoriano podría llegar terminar el 2018 con el mismo déficit que el año anterior. Según el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, esto ocurriría si es que el Estado no consigue el financiamiento necesario para cubrir con todos los gastos presupuestados: 7 mil 027 millones de dólares.

La reducción del déficit fiscal para el periodo de enero a agosto de 2018 se explica, según el economista Carrera, porque hay menos gasto de capital del Estado —los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese fin— en comparación con el periodo de enero a agosto de 2017 —una reducción del 23,6%.

De enero a agosto de 2017, el gasto de capital fue de 4 mil 862 millones de dólares, mientras que, para el mismo periodo en 2018, de 3 mil 714 millones de dólares.

La disminución se hace evidente en la categoría “otros” dentro de los gastos de capital, la cual, de acuerdo con Carrera, incluye una reducción de la obra pública y, por lo tanto, de las plazas de trabajo sobre todo, si es que no hay inversión del sector privado para sustituirlo. Según Carrera, esto hará que la economía se estanque.

Me llamarán, y no responderé; me buscarán, y no me hallarán

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La madrugada del 5 de septiembre de 2018, el pastor evangélico Jonathan Carrillo  fue detenido por la desaparición de Juliana Campoverde, que sucedió  hace más de seis años. Hacía un mes, su casa —en el centro norte de Quito— fue allanada por orden de un juez penal. Entre sus cosas, encontraron un registro de llamadas hechas desde su celular. Según la fiscal Mayra Soria, el documento probaba que la última llamada del número celular de Juliana no se hizo desde su teléfono: poco antes de las ocho de la noche del 7 de julio del 2012 —el día de su desaparición— el pastor habría sacado la tarjeta SIM del celular de Juliana, la habría puesto en el suyo y marcado al buzón de voz.

Para la Fiscalía, ese era el “último eslabón” que vinculaba al pastor Jonathan con la desaparición de Juliana. Tras la detención del pastor, la fiscalía le formuló cargos por secuestro extorsivo y pidió su prisión preventiva. El juez Roberto Carlos Cueva acogió los argumentos. Desde el miércoles 5 de septiembre, cumple prisión preventiva. Él y su familia rechazan los cargos, y dicen que es producto de una persecución contra el clérigo.  

El registro de llamadas que produjo la detención del pastor podría haberse encontrado hace 6 años. “Es clara evidencia que en la misma triangulación de llamadas que yo pedía a la primera fiscal y después de 6 años vuelvan a hacer lo mismo, es clara evidencia que los fiscales anteriores fueron tan ineptos” dice Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana. “Fue una investigación tan ineficaz y, sobre todo, los fiscales fueron tan indolentes que ni siquiera les interesó la desaparición de mi hija”. Para Rodríguez, si los primeros once fiscales por los que pasó el caso en este tiempo hubiesen sido mucho más diligentes, hace mucho sabría ya qué pasó con Juliana.

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La historia de la desaparición de Juliana comenzó la mañana de un sábado en el sector conocido como la Biloxi, al sur de Quito. Ese día, ella y su madre, Elizabeth, se alistaron para ir a sus trabajos: cada una tenía un local donde vendían productos naturistas. Juliana —18 años, pelo castaño lacio y ojos café— guardó las llaves de su local, su celular, algo de dinero y su Biblia en un bolso a cuadros. Se puso una chompa deportiva fucsia sobre la blusa gris y —junto a su madre y uno de sus hermanos menores— salió de casa. Caminaron cuesta abajo por su barrio hacia la avenida Mariscal Sucre, a 20 minutos de distancia.

Juliana Campoverde tenía 18 años cuando desapareció en el sur de Quito. Fotografía de José María León para Gk.

En el camino, Juliana le contó a su madre cómo sería su día: ir al trabajo hasta la tarde y por la noche encontrarse con Fabián, su novio con quién había vuelto un mes atrás. En el camino se toparon con Jonathan el pastor de la iglesia evangélica a la que iban. Saludaron de lejos. A Elizabeth le pareció raro verlo ahí tan temprano porque la iglesia estaba cerrada y él vivía en el centro norte de Quito.

“Yo le vi a mi hija que se puso bien triste y a él como nervioso” recuerda Elizabeth. La tensión al momento de saludar con el pastor se debía a que, un mes y medio antes, Juliana y su familia dejaron de ir a la iglesia. Su relación no terminó bien.  

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Desde que Juliana tenía 10 años, ella y su familia asistían al templo que quedaba muy cerca de su casa en el sector de la Biloxi. Desde su inicio —en el 2000— la iglesia es manejada por la familia Carrillo. Juliana participaba mucho en las actividades de la comunidad: era parte del coro, nunca faltaba a las reuniones y a las charlas para jóvenes dictadas por el pastor Jonathan. Como era con quien más contacto tenía, con el tiempo él y su esposa, Andrea, se convirtieron en sus confidentes, sus consejeros, sus amigos.

Elizabeth dice que su hija iba a todos lados con ellos y los hermanos de Jonathan: de paseo al Cotopaxi, a comer, preparaban los agasajos navideños de la iglesia, chateaban por mensajes. “Para ella las palabras de los pastores era como ser palabra de Dios y los honraba tanto a ellos”, dice Elizabeth mientras ve una por una las fotos de su hija.

Los pastores tenían control sobre sus feligreses. Elizabeth recuerda que antes de tomar cualquier decisión —sea un proyecto, emprendimiento o viaje— siempre debían ir donde el pastor Patricio, padre de Jonathan, para pedirle autorización. Cuando no entregaban el diezmo, los pastores llamaban a presionar, o los visitaban en su trabajo diciéndoles que si no lo hacían las bendiciones no llegarían. Cuando se enteraban de algo —un viaje o un nuevo empleo— los llamaban a preguntar por qué no se lo habían contado.  

Juliana comenzó a sentirse incómoda cuando los pastores quisieron usar su autoridad para decirle quién debía ser su pareja. Más o menos cuando tenía 16 años, ella comenzó a salir con un chico, sin decirle a sus pastores. Cuando se enteraron, la expulsaron del coro de la iglesia como penitencia. Según el pastor Jonathan, lo que Juliana recibió fue “un tiempo de descanso para que ella pueda estabilizarse”. Elizabeth recuerda que su hija lloraba mucho: sentía que le había fallado a su pastor y a su iglesia.

Fotos de Juliana con sus amigas. Fotografía de José María León para GK.

Pasaron unos meses y la volvieron a integrar al coro y a la alabanza. En la misma época, Juliana conoció a Claudio, y se hicieron novios. Asustada por la reacción previa de sus pastores, otra vez no les contó nada. Cuando ellos se enteraron que Juliana tenía una nueva relación, a escondidas de ellos, la volvieron a castigar: la sacaron de la alabanza y el coro para que rectificara, según dijo en su versión el pastor Jonathan, porque pertenecía a la iglesia y debía “dar buen ejemplo”.  

Cuando Claudio fue llamado a rendir versión, en el 2013, dijo que su relación terminó porque los pastores Jonathan y Patricio se opusieron. Dijo que Juliana “era cuidada con mucho celo por la familia” y que  “Juliana sentía un temor reverencial ante el pastor Jonathan”. Después de esto, Juliana se alejó un poco del pastor Jonathan y dejó de buscar su consejo.

En diciembre de 2011 Juliana recibió una solicitud de amistad en Facebook de alguien que se identificó como el pastor psicólogo Juan Solano. Ella la aceptó, y comenzaron a conversar. Según el registro de esa conversación, que fue obtenido por su madre, Solano le hacía preguntas sobre sus novios, si había tenido relaciones sexuales, sobre sus planes a futuro. Según su madre, cuando Juliana le dijo que quería irse a estudiar a Argentina, él le convenció de lo contrario. Le dijo que si se iba, perdería tiempo con su familia y sus amigos: “hay sacrificios que es mejor no vivir”, le dijo. “Cuidado te puedes quemar”.  

El pastor Solano le dijo que tenía una esposa que murió y que se llamaba igual que ella: July. Le hacía preguntas sobre el pastor Jonathan y sobre las razones por las que se alejó de él. Cuando le contó el problema que tuvo por tener novio, Solano justificó a Jonathan diciendo que él reaccionó así porque es como “un león herido” que “daría su vida por sus ovejas”. Juliana le agradecía por los consejos y le decía que Dios lo había puesto en su camino para ayudarla. Pero en un mensaje Juliana le dijo a Solano:

“Te pareces mucho a Jonathan”

Un día, Juliana recibió un mensaje de Solano que cambiaría todo para ella. Le dijo que Dios le reveló que ella debía casarse con el hermano de su pastor Jonathan. Cuando Juliana fue a conversar con Jonathan y le contó esto, él dijo que iba a orar para ver si era verdad. Le confirmó que sí, que esa era la voluntad divina. Y aunque Juliana no quería, porque estaba enamorada de un joven llamado Fabián, los escuchó. Según la versión dada por Fabián en la Fiscalía, ella le dijo llorando que “en la iglesia han tenido una revelación, que tiene que casarse con alguien y que ella no puede desobedecer a Dios”. Dejaron de verse en diciembre del 2011.

Los pastores la presionaban para que se case con Israel. Le decían que salga con él y se den una oportunidad. Pero, según su madre, ella no estaba feliz ni convencida, no entendía por qué Dios le pedía algo que ella no quería. Cuando Juliana le contó  sus dudas a Jonathan en una conversación por Facebook, él le dijo que el problema era que que ella no asumía “con seriedad tu rol en este asunto”. Ella le respondió que trabajaría en ello. Como para cerciorarse, le preguntó cuál era ese rol. Ella le contestó:

“hija  obediente, ser esposa de Israel, lo que él tiene para mí”.  

A pesar de la presión, Juliana intentó pedirle permiso a Jonathan para que Fabián sea su novio. Según Elizabeth, él le dijo que no porque era mayor que ella y no pertenecía a la iglesia. Entre enero y febrero de 2012, Juliana sufrió mucho: trataba de obedecer lo que Dios quería pero seguía enamorada de Fabián. Elizabeth dice que llegaba a su casa por las noches y la escuchaba llorar. Cuando le preguntaba qué ocurría, ella respondía que nada. Hasta que un día no pudo más con el peso del designio divino y le contó a su madre lo que pasaba.

“Yo le recuerdo tanto que ella se hacía para atrás y decía ‘no, mami, yo no me quiero casar, yo no me quiero casar’.” cuenta Elizabeth. “Pero yo le decía: mija nadie te está obligando a que te cases, nadie te puede obligar a que te cases, lo que tenemos que hacer es salirnos de esa iglesia”.

Eso hicieron en junio de 2012, más o menos un mes antes de que Juliana desapareciera.

Juliana desapareció hace seis años y dos meses. Su madre no ha dejado de buscarla. Fotografía de José María León para GK.

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El 7 de julio, de 2012, después de encontrarse en la calle con el pastor Jonathan, Elizabeth y Juliana continuaron su camino hacia la gasolinera que está en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Ajaví. Eran las 9 de la mañana. Juliana tenía que caminar cinco cuadras para ir a su local y Elizabeth tenía que tomar un bus. Juliana le dio un beso en la frente a su mamá:

—Me dijo chao mami nos vemos en la tarde. Le di la bendición… y ella se fue, cruzó la calle y se fue.  

Nunca más vería a su hija.

Veinte minutos más tarde, Elizabeth recibió una llamada de su marido preguntando por Juliana. “Me dijo que la llamó y que escuchó a niños jugando con el teléfono y a un señor que decía que dejen el teléfono que no es de ellos” dice Elizabeth. Ella llamó a Fabián, el novio de Juliana, y le preguntó por su hija. Él le dijo que no estaba con ella, que la vería en la noche.

“Para mí fue como que me botaron un balde de agua fría”, dice mientras sostiene con las dos manos el volante de búsqueda de su hija.

Eran los primeros minutos de 6 años de dolor, búsqueda e indolencia de un Estado que no supo responder a tiempo.

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Elizabeth comenzó a llamar a todos los hospitales, a las clínicas, los amigos de la iglesia, pero nadie la había visto. Llamó al pastor Jonathan pero no le contestó el teléfono. La buscaron por el barrio, fueron a los hospitales, pensaron que tal vez tuvo un accidente y no la identificaron. No había indicios de que eso hubiera ocurrido en el barrio.  

En la tarde fue a la Policía para poner la denuncia de desaparición pero le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Elizabeth les insistió que por favor la ayudasen. Le contestaron con baldadas de frialdad:

— Se debe haber ido de farra.

— Debe estar embarazada, y va a aparecer otra vez en 8 meses.

— Se debe haber ido con el enamorado, espérele nomás.

Siguió buscando por donde podía. Llamaba sin parar al celular de Juliana. No había respuestas.

 A las 8 de la noche recibió un mensaje del teléfono de su hija:

 “conocí a una persona y me voy con él en cuanto pueda te hago llegar las cosas del local”.

Elizabeth estaba con Fabián, le enseñó el mensaje y le dijo “no es mi hija la que escribe y él me dice sí, ella no es”. Fueron a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en el Sur de Quito, donde les dijeron que no le podían recibir la denuncia porque estaba claro que Juliana le decía que se había ido, voluntariamente, con alguien. Elizabeth les insistía que no era su hija. La Policía le respondía lo mismo: que espere. Regresó a su casa y se puso a buscar en el cuarto de Juliana a ver si había una nota, un mensaje, algo que le ayudaría a dar con el paradero de su hija. Nada.  

A la mañana siguiente, fueron al local de Juliana y encontraron que todo estaba intacto: las uvas que compró el viernes, el dinero de la venta de ese día. Con Fabián y su marido, Elizabeth fue a la Policía Judicial para que les reciban la denuncia pero le respondieron lo mismo que en la UPC: seguramente se fue con el novio. Ella les dijo que el novio estaba ahí y le respondieron que “seguramente tenía otro”.

 Ante la insistencia de Elizabeth, le recibieron la denuncia pero de nada sirvió: recién le podían asignar un fiscal el lunes. Intentó ir a los medios de comunicación a que la ayuden a correr la palabra de que su hija estaba desaparecida pero tampoco la escucharon. “Lo más duro fue cuando mi familia me dijo que teníamos que sacar afiches y empezar a pegar”, dice Elizabeth entre sollozos.  “Hasta ahí yo no creía que mi hija estaba desaparecida”.

Elizabeth Rodríguez dice que los fiscales no investigaron bien la desaparición de su hija. Fotografía de José María León para GK.

 Mientras ella y su familia pegaban los volantes por la Biloxi, un policía le dijo que había cámaras en el sector, que vaya al Regimiento Quito para ver la grabación. Elizabeth fue, la dejaron pasar solo a ella y su hermana Margoth se quedó afuera. Mientras la esperaba, Margoth llamó al pastor Patricio, el padre de Jonathan, a contarle que Juliana había desaparecido y él le contestó: “eso yo ya sabía, era ya visto lo que iba a pasar, para qué se van de la iglesia”.Le preguntó que dónde estaban y fue al regimiento Quito. Patricio le dijo que para qué la buscan en las cámaras que deberían ir a Cuenca, a las fronteras, a Ambato a buscar a Juliana. En la versión que rindió en la Fiscalía, Margoth dijo que parecía que Patricio quería impedir que estén ahí y que vean las cámaras. Cuando ella le preguntó qué hacía ahí si no parecía que quería ayudarlas, él le respondió: “¿Qué está dudando de mí? Si quieren llevarme a la cárcel, de una vez llévenme”.

 Cuando Elizabeth salió del regimiento, no encontró nada en las grabaciones. No durmió la noche anterior buscando pistas de su hija, estaba agobiada y confundida. “Para mí todas podían ser mi hija”, dijo.

 Llegó el lunes y la fiscal le asignó un agente para su caso y mientras le contaban lo que había sucedido, Margoth recibió una llamada del pastor Patricio. Le dijo que había orado tanto que en 20 o 30 minutos tendrían noticias de Juliana.

 Enseguida le llegó un mensaje de texto a Elizabeth que decía: ‘estoy bien, estoy en Cuenca, en cuanto sepa la dirección les aviso, no tengo Internet’. El agente les aconsejó que le respondan y le digan que la están buscando con la Policía. El agente no sugirió hacer una triangulación de llamadas para ver de dónde salía el mensaje. Llamaron al celular pero estaba apagado. Nunca más recibieron un mensaje desde el celular de Juliana. Elizabeth se pregunta cómo el pastor pudo predecir algo como esto.

 Esa misma tarde la hija del pastor Jonathan, Michelle, llamó a Elizabeth y le dijo que su hija había publicado un estado en Facebook. Decía: “gracias amigos por sus preocupaciones, tomé mis propias decisiones y quiero que las respeten, no se metan en mi vida”. Elizabeth dice que no creía —que estaba segura— que no era ella. Seguía sin entender por qué toda la información de su hija venía de esa familia.

 En la noche, intentó meterse a la cuenta de Facebook de su hija con la contraseña que estaba guardada en la computadora pero no servía. La habían cambiado. Un amigo de Fabián los ayudó a irrumpir en la cuenta y encontraron la conversación con Juan Solano.

 Los últimos mensajes que él le envió tenían un mes de antigüedad. Juliana no los había respondido. Eso aterrorizó a Elizabeth. Solano le decía que no se salga de la iglesia, que ella pertenece ahí, que su mamá estaba siendo egoísta, que “la gente que se va de la iglesia muere”, que su corazón la estaba “llevando por el error más grande”, y que ella y Fabián destruyeron “lo que estaba preparado” para ella. Todas estas palabras, la forma de hablar, y los mensajes más antiguos le parecían a Elizabeth similares a los que Jonathan le mandaba a su hija.  Pero lo que más le preocupó a Elizabeth es un proverbio que le mandó Solano a Juliana diciendo: “Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová”. Para Elizabeth esa era una amenaza.

 Al día siguiente, el 11 de julio, llevó todos los mensajes a la fiscal y pidió que se solicite el registro de llamadas del celular de su hija, que se busque cuál era la dirección IP desde donde salían los mensajes y la última publicación de su hija. Además, como comenzó a sospechar de los pastores, en especial de Jonathan y Patricio, pidió que se los llame a rendir versión. La fiscal aceptó.

 Cuando la familia del pastor fue a rendir versión hablaron mal de Juliana y su madre diciendo que eran problemáticas, que tenían muchos conflictos en casa. Sobre Juliana decían que tenía malas amistades.  Jonathan dijo que ese día estaba por el barrio porque fue a limpiar la iglesia y que después fue a la casa de su padre y pasó el día ahí. Más tarde cambió su versión y dijo que ese día se fue a trabajar al Instituto Nacional de la Meritocracia, donde era ingeniero en sistemas.

 La primera Fiscal, la que tomó la versión de la familia, decidió no continuar con la investigación. Le dijo a Elizabeth que ella también era evangélica, que para investigarlos debía pedir permiso a su pastor pero que seguramente  ellos no eran culpables porque son pastores. Lo que la fiscal Soria llamó el ‘eslabón’ estaba en la investigación “desde el cuerpo 1 de la investigación pero justamente por la renuencia de esta fiscal de investigar a estos pastores, no se pidió el registro de llamadas de ellos a tiempo”, explica el abogado de Elizabeth, Daniel Véjar.  Elizabeth pidió que la cambien. Con el nuevo fiscal, la investigación tampoco avanzó rápidamente.

Elizabeth dice que no hay rincón en el Ecuador donde no hayan pegado el afiche de búsqueda de su hija. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Un mes más tarde, el 14 de agosto, Jonathan fue a fiscalía a rendir su versión. Dijo que el nueve de julio por la tarde Juliana se acercó a su oficina en el Instituto de la Meritocracia de forma sorpresiva y le dijo que estaba bien, con unos amigos. Dijo que le pidió que, como pastor, guardara el sigilo de consejería —algo que, según el abogado Véjar y la fiscal Soria no existe en la religión evangélica sino solo en católica— de que ella había aparecido. Dijo que Juliana le pidió utilizar su computador para publicar un estado en Facebook, y que le prometió que regresaría a casa.

 Además, confesó que él creó el perfil ficticio de Juan Solano para “aconsejarle o sugerirle cambios positivos en su vida” porque veía que Juliana estaba pasando por lo que llamó “múltiples problemas”. Terminó diciendo que él nunca obligó a Juliana a casarse con su hermano sino que le sugería que lo conociera para ver si podrían tener “una relación más seria”. Cuando se le preguntó si utilizaba esta técnica de consejería con alguien más en la iglesia, dijo que no. Para Elizabeth, los mensajes que él le mandó desde la cuenta de Solano eran amenazantes y manipuladores.

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Pasaron dos años hasta que Elizabeth consiguió la dirección IP de los mensajes que tanto había pedido. Venían del computador de Jonathan. Este documento y la presión de la abogada de Elizabeth, abrió camino para continuar con una investigación que de hacerse bien desde el comienzo, no hubiera demorado tanto. “No tenían ni idea cómo buscar personas. Fuimos nosotros los que fuimos recabando la información”, dice Elizabeth.

Este es el principal problema para los familiares de los desaparecidos: la falta de capacitación y de protocolo para la búsqueda de personas.  El abogado de la fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Daniel Véjar, está a cargo del caso de Juliana y trabaja en más casos de personas desaparecidas en Ecuador.

 Él explica que, cuando una persona desaparece, el problema es que no existe un proceso para su búsqueda. Como la desaparición no es un delito en Ecuador, su búsqueda es considerada una actuación administrativa. “Solo está contemplado en el estatuto orgánico por procesos de la fiscalía general en donde dice que se abrirán actuaciones administrativas en ciertos casos como autos perdidos, y personas desaparecidas”, explica Véjar.

 Esta falta de normativa ha afectado a más de un caso en el proceso de investigación. El presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador  (Asfadec), Telmo Pacheco, dice que “en todos los casos es así: los fiscales son cambiados a cada rato y eso significa que debe volver a estudiar el caso, por eso existen tantos cuerpos y expedientes para cada caso”.

 Además de esta rotación constante, los fiscales asignados no tienen una especialidad en personas desaparecidas y no saben qué hacer. “Muchas veces nos preguntan a nosotros qué queremos que hagan, y es que en todos los casos las pruebas que se encuentran es porque hemos tenido que estar molestando para que se haga algo”, dice Pacheco. Su hijo desapareció hace seis años y medio y desde entonces lo sigue buscando, presionando a la fiscalía, pidiendo audiencias en la Presidencia, en los ministerios, para que este proceso defectuoso cambie.

 Gracias a la presión de Asfadec, en el 2014, el Estado creó la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y la Fiscalía especializada de desaparecidos que solo existe en la provincia de Pichincha. Y aunque marcó un precedente, y es más ordenado que antes, Pacheco dice que no es suficiente. Dice que los funcionarios asignados a estas áreas le han dicho que no reciben capacitación suficiente y que no saben bien cuál es el protocolo. Además, en las otras provincias siguen asignando a cualquier fiscal sin experiencia en búsqueda de personas. Según Pacheco, le han prometido crear más unidades a nivel nacional, pero esa promesa no se ha cumplido hasta ahora.

Elizabeth Rodríguez y Telmo Pacheco en un plantón por la desaparición de Juliana el 21 de agosto de 2018, en el cumpleaños de Juliana. Cumpliría 25 años. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Para él los principales obstáculos son la rotación de fiscales, la falta de especialidad y de empatía, la demora en la reconstrucción de los hechos, la indolencia de los funcionarios, que no existan cifras claras de cuántas personas están desaparecidas —él dice que hay más de 4 mil casos abiertos. Dice que ahora sigue siendo igual de difícil y complicado que hace seis años. Los miembros de Asfadec quisieran que capaciten mejor a los agentes, que se pida ayuda internacional, que existan soluciones más puntuales.   “Quisiera que sintieran un poquito el dolor que uno vive y que con algo como esto una familia se destroza”, dice Pacheco. “Esto debe cambiar porque el Estado es el encargado de dar seguridad a todos pero nada ha cambiado, lo único son promesas que hacen y si uno quiere que se haga algo, tiene que seguir insistiendo”. Como Elizabeth, que nunca dejó de estar atrás de Fiscalía para encontrar a su hija.

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En el caso de Juliana, los agentes y los fiscales se demoraron demasiado en continuar con la investigación. Recién a los dos años se realizó una reconstrucción de los hechos, una búsqueda de Juliana por el sur, por el valle de Quito, por una quebrada, por Guangopolo —porque por ahí trabajaba el pastor Patricio—, y por los alrededores de la casa de Jonathan. No se encontró nada.

“Yo decía qué hacemos aquí, como si después de tantos años mi hija fuera a estar en las orillas”, dice Elizabeth. En el 2014, se hizo un primer allanamiento a la casa del pastor Jonathan en el que se llevaron celulares y computadoras. En ella, habrían encontrado muchísima pornografía, y fotos y videos de Juliana y otras chicas de la iglesia. Recién a los tres años se hizo la reconstrucción en el Instituto Nacional de Meritocracia para comprobar si es que ella realmente había ido a ver al pastor en su trabajo: no hay registro en el libro de visitas de que Juliana haya ido ese día, y el compañero de trabajo del pastor no recuerda haberla visto. También descubrieron que su registro de entrada y de salida del trabajo el día en que Juliana desapareció estaba adulterado.

Rodríguez se pregunta si el paradero de su hija se habría descubierto si todas estas diligencias investigativas se hubiesen hecho cuando Juliana recién desapareció.  “Ahora sé que los primeros días eran estratégicos para dar con el paradero de mi hija”, escribió en la Línea de Fuego contando su experiencia.  

En los 6 años de investigación, el caso de Juliana fue manejado por 11 fiscales, 8 agentes y se crearon 90 expedientes legales. Cada cierto tiempo, los fiscales rotaban porque, al ser una actuación administrativa, no había un solo encargado. Había veces, como en el caso de la primera fiscal que era evangélica, que la familia pedía un cambio porque la investigación no avanzaba. Durante todo ese tiempo se dieron algunos pasos que les permitían tener pruebas indirectas que, según Rodríguez, apuntaban al pastor Jonathan, pero nada que lo vincule directamente.

Mensajes de protesta en el plantón afuera de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Esta institución dijo que se solidariza con la familia de Juliana y que no se responsabiliza por las acciones de sus pastores. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

En el estudio criminológico de 2013, el perito psicológico dice que cuando Jonathan hablaba sobre la desaparición de Juliana se mostraba nervioso. Según el informe, él “expresa incomodidad, trata de aparentar espontaneidad y soltura” pero que se “observa claramente la tensión emocional manifestada” con el temblor de las manos y la mandíbula, los tics en la boca, y su manera de evitar el contacto visual. Además, según el informe, el pastor se contradecía: en una versión describía a Juliana como hija de una familia disfuncional, en otra como “una joven tranquila y constante en la iglesia”.  

En el “perfil criminal de un presunto agresor” hecho por el mismo perito, dice que Jonathan es una persona frustrada o molesta por las decisiones de Juliana, que tiene una visión machista sobre la mujer, y que es una persona con pensamiento obsesivos. En su conclusión, el perito dice que el pastor Jonathan —valiéndose de sus creencias— “ha instrumentalizado sobre Juliana Campoverde una serie de actos similares a los que utiliza cualquier secta coercitiva” como son aislarla del mundo ajeno a la iglesia, negarle la privacidad y producirle temor. Finalmente, dice que es altamente probable que Juliana esté “retenida por la fuerza en un lugar desconocido o ha sido asesinada”. En cualquiera de los dos escenarios, decía el perito hace 5 años, estaría relacionado el pastor Jonathan.

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El penúltimo fiscal que tuvo el caso de Juliana le dijo a Elizabeth que no podía continuar con la investigación porque no había un cadáver. Entonces, en enero de 2018 Elizabeth pidió otro cambio de fiscal. Ahí llegó a manos de  la fiscal especializada en género Mayra Soria. “Si bien se han denunciado varias irregularidades de los fiscales por la falta de empatía hacia la familia, la investigación en este último tiempo ha avanzado bastante y se han corregido varias cosas que la fiscal se ha dado cuenta de lo que ha sucedido con la investigación”, dice el abogado Véjar.

Soria pidió a la telefónica Claro el registro, pero la operadora ya no la tenía porque el sistema borra la información después de cierto tiempo. Entonces pidió una nueva orden de allanamiento a la casa del pastor Jonathan. Ahí encontraron en una carpeta la prueba que llevó a la formulación de cargos: el pastor había pedido el registro de llamadas de su celular en el 2012. En el documento constan los números a los que llamó en esa época, los días, las horas, la duración de cada llamada. También especificaba el IMEI —un número único que tiene cada equipo telefónico— del teléfono que tenía en ese entonces.

La fiscal Soria envió ese documento a Claro para certificar que el IMEI era de un equipo celular de Jonathan y que los datos eran correctos. Claro le contestó afirmativamente. Con esta información, Soria utilizó el registro de llamadas del celular de Juliana y comprobó que la última llamada que se hizo desde su número de teléfono a las 19:50 del día en que desapareció provenía del IMEI del pastor Jonathan.

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El 5 de septiembre de 2018, después de 6 años y 2 meses de la desaparición de Juliana, Jonathan fue detenido. Lo llevaron a la unidad de Flagrancia de Quito. Ahí, a las 10 de la mañana, en la planta baja del edificio estaba la familia del pastor y la familia de Juliana.  

En la parte de la izquierda, estaba Elizabeth con el papá de Juliana, Absalón Campoverde, esperando a que el pastor termine de rendir su versión. En el lado opuesto, a la derecha de la planta baja estaba el papá de Jonathan, sus dos hermanas, esposa, suegros y cuñado.

El padre de Jonathan, el pastor Patricio,  parecía ser el más inquieto. Estaba vestido con un terno color crema y una camisa blanca y caminaba de un lado al otro con las manos atrás de la espalda. Pero no salía de su lado de la planta baja. De vez en cuando se detenía para cruzar palabras con sus familiares o ver el reloj. En un momento, se detuvo y fijó la vista en Elizabeth que estaba al otro lado. Elizabeth se dio cuenta, “nos está viendo”, dijo. Y fijó su mirada, no se movió de ahí hasta que él se fuera primero. Tenía el mentón alzado, la boca cerrada y ajustada. Se veía desafiante, valiente.

Elizabeth Rodríguez sigue a la espera. Dice que no descansará hasta encontrar a su hija. Fotografía de José María León para GK.

Le pedí al pastor Patricio una entrevista. Me dijo que debían esperar a que salga el abogado y lo autorice. No tuve respuesta. Les mandé un correo y mensajes por Facebook pero no me contestaron.

En el piso superior, el pastor Jonathan estaba siendo interrogado por la fiscal Mayra Soria. Cuando le preguntó por qué la tarjeta SIM de Juliana registra en el IMEI de su equipo, él respondió “desconozco”. Dijo que él estaba a las 8 de la noche en su trabajo, en el Instituto Nacional de Meritocracia. La fiscal le preguntó por Juan Solano, por la iglesia, por su relación con Juliana. El cuestionario tenía 98 preguntas y sus respuestas tenía “ambivalencias y contradicciones que no esclarece ningún tipo de justificación lógica para que el teléfono de la desaparecida esté o haya estado en poder” dijo la fiscal Soria. Su versión duró casi 4 horas. 

Ese mismo día, hubo una audiencia de formulación de cargos contra el pastor Jonathan. Solo pudieron entrar pocas personas de cada lado: el pastor Patricio, Elizabeth, la esposa de Jonathan, Absalón, los abogados. Los demás que estaban apoyando se quedaron afuera. Los familiares de Jonathan gritaban cosas como “ah ahora sí viene el súper papá” refiriéndose a Absalón y diciendo que él y Elizabeth “nunca fueron a la iglesia”. La audiencia duró un poco más de 2 horas. Los que se quedaron afuera estaban sentados, callados, otra vez a la espera.

Cuando terminó, la fiscal Soria regresó a ver a Elizabeth antes de salir del edificio de Flagrancia y le susurró algo. Las dos salieron sin regresar a ver a nadie, directo a la avenida seguidas por los abogados. “Prisión preventiva”, dijo el abogado Daniel Véjar a los que se quedaron afuera. Elizabeth se detuvo unos metros más lejos de la unidad de Flagrancia y todos se acercaron a abrazarla. Ella sonreía a medias mientras agradecía a los abogados y a los que la acompañaban.  

En una rueda de prensa, la fiscal Mayra Soria informó sus hallazgos. Dijo que con el eslabón que faltaba pidieron prisión preventiva para continuar con la investigación. “Es el último eslabón pero es un eslabón contundente que no da pie a duda de la participación del señor Jonathan C. en esta presunta desaparición”, dijo Soria. 

El pastor Jonathan fue acusado por secuestro extorsivo. La fiscal dijo que la Fiscalía “está imputando que el señor Jonathan C. mantiene oculta en algún lugar el paradero y el cuerpo de la señorita Juliana”.  En los próximos 90 días, la fiscal Soria dirigirá una investigación más profunda para dar con el paradero de Juliana.Mientras la fiscal daba los resultados de la audiencia de formulación de cargos, Elizabeth y Absalón estaban serios. Los dos sostenían el volante fucsia de la búsqueda Juliana, mirando fijamente al frente. “Seis años en absoluta oscuridad”, dijo Absalón. Agradeció a la fiscal Soria y a la policía por su gestión y  dijo que nunca dudaron de su trabajo, que le gustaría decir lo mismo de los once fiscales anteriores que tuvieron el caso de Juliana pero que “cuando les tocaba afrontar huyeron cobardemente”. Pidió a los medios de comunicación que no los abandonen en lo que falta de la lucha porque este era solo el primer paso.

Elizabeth habló. “Son 2,249 días que yo estoy sin Juliana y espero dar con el paradero de mi hija”. La rueda de prensa se terminó, los medios se retiraron. Elizabeth no soltaba el panfleto fucsia de sus manos. “Que haya una persona detenida no cambia nada”, me dijo por teléfono después de la audiencia. “El dolor está ahí, la tristeza sigue como que peor porque sigue faltando mi hija pero por más dura y difícil que sea la verdad voy a seguir luchando hasta que mi hija aparezca.”

César Montúfar: “Quito es una ciudad gobernada por trogloditas”

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César Montúfar fue asambleísta entre 2009 y 2013 por la Concertación, movimiento político que lidera desde su nacimiento desde 2006. Montúfar es además docente y director del área de Estudios Sociales en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es en su oficina de la universidad en donde nos recibe. El espacio es pequeño. En la pared frente a la puerta de ingreso, están tres estanterías llenas de libros. Al frente, su escritorio, al lado un sillón y en el centro una mesa redonda que ocupa el poco espacio que queda libre. Durante la entrevista, el espacio se ve más pequeño. Además de Montúfar y yo, hay dos personas de su equipo, y el fotógrafo de GK.

Cuéntenos lo que ocurrió con Guillermo Lasso y el movimiento CREO. Usted dijo que ellos iban a apoyar su candidatura a la Alcaldía de Quito pero ya CREO anunció que su candidato sería Juan Carlos Holguín. ¿Qué pasó ahí?

Concertación y CREO hicimos un acuerdo en perspectiva de consolidar una alianza política, no solo para estas elecciones, sino una alianza política de mayor protección. Concertación es una organización que se ubica en el centro político, CREO es más bien en el centro derecha, y tuvimos muchas coincidencias en lo que fue la lucha del régimen de Rafael Correa. Compartimos espacios importantes, cofundamos Compromiso Ecuador en contra de las enmiendas y habíamos mantenido coincidencias. Por eso llegamos a un acuerdo entre Guillermo Lasso y yo, acuerdo que luego se plasmó en un texto que, más allá de pensar en las próximas elecciones, se proyectaba hacia ir fortaleciendo a una corriente desde el centro político hacia el centro derecha. En ese marco fue que CREO me propuso la candidatura a la Alcaldía de Quito y yo acepté. Luego de eso, hubo un rompimiento unilateral por parte del señor Lasso, él faltó a su palabra, faltó a lo que habíamos venido construyendo. Para nosotros hay que virar la página. Lo único que esto demuestra es la pobreza del liderazgo político ecuatoriano, que únicamente piensa los procesos electorales en función de cálculos muy pequeños. Yo le dije en la carta que le envié a Lasso que hay que pensar la política con P mayúscula no con p minúscula. La Alcaldía de Quito no puede ser pensada como un trampolín hacia la presidencia. La alcaldía de Quito no puede ser una pieza en una estrategia presidencial, eso es faltarle el respeto a la ciudad, es faltarle el respeto a la crisis, no dimensionar la crisis que vive Quito. Pero eso es parte del pasado, nosotros avanzamos, continuamos, y en esa perspectiva seguiremos.

Pero justamente esto que usted menciona del rompimiento de los acuerdos, ¿no demuestra una incapacidad de la oposición de concretar estos acuerdos y de alguna manera eso da la cabida a movimientos como el del expresidente Correa?

Por supuesto. Absolutamente. El problema no es solamente el correísmo y esa forma de pensar la política maniqueamente de que unos son los buenos y otros son los malos. En el fondo vemos la misma práctica. Personas que se creen dueños de partidos, personas que designan candidatos porque creen que un movimiento político se maneja como una empresa o como un banco. Yo creo que la clase política ecuatoriana se encuentra rezagada frente a una sociedad que innova frente a muchas cosas, que tiene muchas preocupaciones, que está vinculada a muchos procesos. Pero bueno, creo que este tema que es pequeñito, es la muestra de un problema mucho mayor, estructural de la política ecuatoriana.

Sin embargo esta no es la primera vez que algo así pasa entre Concertación y CREO, ¿no? En 2013 pasó cuando Auki Tituaña declinó la candidatura a vicepresidente con Lasso y se hablaba de que usted iría en su lugar pero no fue así. Juan Carlos Solines se desafilió de Concertación, la organización de la que ambos eran dirigentes, y se fue con Lasso. ¿Cómo después de eso, usted mantiene la alianza para que vuelva a pasar exactamente lo mismo cinco años después?

Yo creo que mi obligación como político es buscar acuerdos. El nombre del movimiento es Concertación que se fundó sobre el modelo de la concertación chilena, donde fue posible que hubiera políticas de Estado de 20 años seguidos, en una articulación política en la que estaba desde la democracia cristiana hasta el partido socialista. Así es como nosotros entendemos la política. Creemos que una sociedad moderna, con problemas tan complejos como los del Ecuador, merece salir a soluciones concertadas. Lo otro es el caudillismo que ya fracasó con Correa. Ese caso debería ser un ejemplo, una oportunidad para un aprendizaje político. Un caudillo carismático, aparentemente con mucha preparación, con las mejores condiciones en términos de contexto internacional totalmente favorable, un apoyo de la ciudadanía enorme, sin adversarios políticos de peso que pudieran obstaculizar su proyecto; es decir, condiciones excepcionales, pero ese modelo fracasó en Ecuador. Quizás es el fracaso más estrepitoso que ha tenido Ecuador. El problema no es si es de izquierda o de derecha, el problema es el modelo, la forma de hacer política que fracasó en las mejores condiciones como el caso del correísmo. Si las lleva adelante políticos con menor carisma, en condiciones mucho más adversas, el resultado va a ser peor. Por eso pensamos que la política debe cambiar de metodología, la concertación es una metodología de hacer política que implica la articulación de diversos, en función de aspectos comunes, pero manteniendo la diversidad. Eso, en perspectiva de encontrar soluciones de largo plazo a problemas complejos.

En noviembre de 2012, pocos días antes de inscribir su candidatura como vicepresidente de Guillermo Lasso, el líder indígena Auki Tituaña declinó su candidatura luego de que la Conaie, movimiento al que pertenecía, lo expulsara de sus filas por la alianza con Lasso. El nombre que se escuchaba tras bastidores, como reemplazo de Tituaña, era el de César Montúfar, líder de la Concertación y asambleísta en funciones. Sin embargo Lasso optó por Juan Carlos Solines, también miembro de la Concertación. En una movida rápida, Solines se separó de Concertación para unirse a la campaña de CREO. El binomio perdió frente a Rafael Correa y Jorge Glas.

Claro, pero usted habla de los caudillos o los dueños de los partidos. ¿No tenemos aquí lo mismo, por un lado Correa, y por otro, un líder que sin primarias decide quién va a ser el candidato a la alcaldía?

Yo no quisiera comentar sobre ese tema. Lo que sí le digo es que el comportamiento de Lasso en este episodio que ocurrió en esta alianza con Concertación, muestra la decadencia de una forma de hacer política, en la que las aspiraciones personales, los cálculos políticos pequeñitos, esta política con p minúscula, el pensar que un proceso tan importante como la Alcaldía de Quito puede ser mirado en perspectiva de una estrategia presidencial, deben primar. Pero opinar sobre lo que hacen otras organizaciones, no me parece que me corresponde.

Le pregunto sobre todo porque usted ha hecho un acuerdo. ¿Concertación ya nada tiene que ver con CREO?

Rompieron ese acuerdo, Lasso faltó a su palabra, mostró esta forma caudillista de hacer política pero ese es un problema del señor Lasso. Lo que fue interesante es que esta situación nos obligó a decir, esto va mucho más allá de eso. En mi caso personal, asumí un compromiso, un desafío que debemos llevar adelante pero como nosotros pensamos que se debe hacer política.

¿Eso quiere decir que ya no hay ningún tipo de acuerdo entonces?

No pues. ¿Qué acuerdo puede haber con una organización en la que una persona que se arroga la función de líder o dueño del partido rompe acuerdos y rompe su palabra?

"Lasso faltó a su palabra", dice Montúfar sobre el acuerdo que tenían para las elecciones seccionales de 2019. Fotografía de José María León para GK.

“Lasso faltó a su palabra”, dice Montúfar sobre el acuerdo que tenían para las elecciones seccionales de 2019. Fotografía de José María León para GK.

Pasemos entonces a ahondar en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito. ¿Usted va a ser candidato definitivamente? ¿Ya es una decisión tomada? ¿Tiene un movimiento que lo va a respaldar? ¿Cómo va a ser ese proceso?

El movimiento Concertación, en su convención nacional de marzo de este año, resolvió que me postularía a la Alcaldía de Quito. A partir de eso fue que iniciamos conversaciones con otros actores, entre esos CREO. A partir de ahí hemos venido construyendo un camino que tiene distintos andariveles. El primero, me parece que es el más importante, es la construcción de una propuesta, va más allá de poner un listado de ofertas. El segundo es el tema de articulación ciudadana: un proyecto para la Alcaldía de Quito requiere una sumatoria enorme de voluntades que va mucho más allá de lo que podría ser un movimiento político. En una ciudad en la que tienes cientos, miles de colectivos que tienen múltiples demandas de todo tipo, se requiere esta articulación ciudadana. Y en tercer lugar, está el trabajo territorial. Quizás lo peculiar y lo hermoso de la política en elecciones seccionales es que tienes que unir la demanda y la expectativa de una persona de un barrio que tiene un determinado problema de basura, transporte, con un proyecto de ciudad. Ese trabajo territorial es importantísimo. Nosotros estamos trabajando en los tres niveles. Una candidatura no es un problema de yo me lanzo, mi partido me apoya. El llegar a ser un candidato es un proceso de construcción, de sumatoria de voluntades, un proceso en el que tú como persona tienes que transformarte, más allá de lo cosmético, de lo publicitario. Tienes que cambiar tu forma de relacionarte con las personas en el sentido de que asumes el desafío de representar. Una candidatura es una construcción.  Va mucho más allá de que una asamblea te designe, más allá de que un caudillo te ponga el dedo encima. Nosotros estamos trabajando. Es el desafío político más complejo y más interesante que he asumido en mi vida política.

En este contexto que usted menciona, de articular distintos actores dentro de la ciudad, ¿han pensado en alianzas con otras organizaciones civiles y políticas?

Organizaciones políticas ya no. Sí vamos a conversar porque es necesario converger pero creemos que el tema principal ahora es esta articulación de voluntades ciudadanas porque Quito es una ciudad tan diversa, quizás eso es lo más interesante, rico y fascinante de Quito, donde tienes propuestas de grupos vinculados al tema seguridad, al tema movilidad, al tema derechos, incluso derechos de los animales. Quito no solo está hecha de casas. La fauna de Quito es fascinante, tienes hasta pumas. Hay que pensar a Quito como diversidad, en donde hay sectores que están movilizados en función de sus demandas. Para nosotros, dentro de ese proyecto de ciudad, el tema de una ciudad incluyente es fundamental. Quito es la ciudad más diversa del país, no solo por el hecho de ser capital. Aquí existen al menos 5 ecosistemas. Tú debes haber escuchado esa propuesta maravillosa de hacer de Quito la ciudad de los arupos. Es interesante pero Quito no puede solo ser la ciudad de los arupos porque si ves el ecosistema de Calderón y Carapungo es distinto al de los Valles, el norte es distinto al sur en términos de clima, vegetación, fauna. Somos tan diversos que debemos pensar en una ciudad que incorpore esas diversidades. En nuestra propuesta, la construcción de este proyecto. Estos dos criterios: inclusividad y diversidad son fundamentales.

¿Cuál es su visión de ciudad? Quizás una de las mayores críticas a esta administración es que no hay un proyecto de ciudad. ¿Cuál es su propuesta?

No es un tema solo de esta administración, es un problema que viene desde hace rato, desde la administración de Rodrigo Paz. Quito no ha tenido un proyecto de ciudad. Quito, la última vez que se pensó a sí mismo, en la época de Paz, era una franja longitudinal que iba de Chillogallo a Cotocollao. Quito ya no es eso. Están los Valles, Carapungo, el Sur, las parroquias rurales. Quito es una ciudad diversa. Quito es una ciudad productiva, Quito es la ciudad más rica del Ecuador, la que más aporta al Producto Interno Bruto, la que más aporta en impuestos. Si caminas por la calle América, desde el Colegio Mejía hacia la Mariana de Jesús, hay un montón de mueblerías, personas que incluso usan la vereda para pintar o terminar los muebles, no solo para vender. Detrás de eso, en las cuadras adyacentes, verás pequeños talleres vinculados a esa línea de negocio. Y eso tú encuentras en muchísimas partes de Quito. Es una ciudad tan diversa, incluso en términos productivos, pero sabemos que tenemos que dar un salto en productividad. Quito no puede seguir siendo la ciudad vinculada a la burocracia, al gasto público. Quito tiene un potencial turístico impresionante. Es la capital más hermosa de América Latina, pero no puedes decir que solo es turismo, es una ciudad gobernada, voy a decir una palabra fuerte, gobernada por trogloditas. El Concejo Municipal y el Municipio se transformó en lo mismo que el estado nacional: en un botín político. Quizás en Quito lo vemos con mucha más claridad. Mira cómo se maneja el Concejo con relación a la administración municipal, y eso hay que decirlo, desde la época de Paco Moncayo. En búsqueda de la llamada “gobernabilidad” se empezó a distribuir espacios de administración municipal a cambio de apoyo político.

¿A qué se refiere con eso?

Que el Municipio se transformó en una troncha. Tú ves en las distintas comisiones en las que están los concejales, pasan por el chantaje, por la corrupción, por mecanismos que imponen los concejales a la marcha de la administración municipal. Quito entró en un modelo de gobernabilidad totalmente corrupto y anacrónico, totalmente distinto al que se merece una ciudad con problemas tan complejos y con un potencial tan enorme como tiene nuestra ciudad.

¿En qué espacios se ve esa corrupción?

En el caso del Concejo Municipal, por mencionar algo. Por eso una de las propuestas que he hecho, es una propuesta fuerte: no vamos a ir al Municipio para repetir lo mismo. El correísmo en su afán estatista, de controlarlo desde el Estado todo, cambió el modelo y los concejales se transformaron en empleados municipales. Tienen sueldo del municipio, carros municipales, chofer municipal, tienen guardaespaldas; hay algunos concejales que tienen más de 20 asesores porque el Código Municipal permite que gente que trabaja en la administración pueda formar parte del equipo de concejales. Entonces en vez de ser representantes de la ciudadanía, en vez de estar cercanos a sus electores, son empleados más, empleados de la institución a la que tienen que fiscalizar. Hay un equívoco completo. Por eso nosotros decimos que esto tiene que terminar. En Chile, en Colombia, los cuerpos edilicios son personas que reciben dietas por las sesiones a las que asisten, y aquí también funcionaba así antes. No son empleados municipales, no están subordinados al Alcalde y nosotros planteamos que eso debe cambiarse;  los concejales deben recibir dietas por las sesiones a las que asisten, ya no pueden ser empleados municipales, no pueden tener chofer, carro. Tienen que ser fiscalizadores porque la mejor garantía de erradicar la corrupción es que tengamos un cuerpo dedicado a la fiscalización, al que el Alcalde tiene que responder todos los días, al que la administración tenga que responder transparentemente, pero si ellos son empleados y además manejan espacios de la administración, llegamos a institucionalizar un esquema de corrupción y de troncha política que tiene a Quito en la situación en la que está.

¿Su propuesta de que los concejales no reciban sueldos, se refería entonces a eso?

Sí pero el ahorro en eso va a ser poco, el problema no es económico, es político.

Montúfar se considera un hombre de centro izquierda pero su vínculo más mediático ha sido con el movimiento CREO, de derecha. Fotografía de José María León para GK.

Montúfar se considera un hombre de centro izquierda pero su vínculo más mediático ha sido con el movimiento CREO, de derecha. Fotografía de José María León para GK.

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César Montúfar enfatiza cada palabra cuando habla de troncha o corrupción. Alza un poco el tono de voz y las pronuncia haciendo breves pausas en cada sílaba Es una bandera que eligió levantar mediáticamente cuando se involucró como acusador particular en contra de Jorge Glas, en el juicio que terminó con la condena al entonces vicepresidente.

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Le pregunto porque vi que cuando hizo este planteamiento en su cuenta de Twitter, varias personas le respondían que es demagógico hacer una propuesta así.

Pueden decirme eso pero quienes lo dicen están defendiendo intereses. Quito no puede seguir en este esquema de gobierno. Podemos tener las soluciones más ajustadas. En los problemas urbanos hay poco que inventar bajo el sol, hay miles de experiencia y tú, más o menos puedes decir qué es lo que hay que hacer. El problema no es saber lo que hay que hacer, el problema es si se lo puede hacer y no lo puedes hacer si es que no cambias el modelo de gobernabilidad del municipio y haces que el modelo sea de una ciudad democrática, participativa, transparente y técnica. Las soluciones al problema de la basura, de la movilidad, de la ornamentación de la ciudad, de la seguridad, son soluciones técnicas. El problema es que el modelo de gobernabilidad corrupto que se instauró en el Municipio, no las permite. Por eso nuestra propuesta es que ya desde la Alcaldía, si la ciudadanía de Quito vota por nuestra propuesta, no va a ser repetir lo mismo.

El otro precandidato que entrevisté hace poco, hablaba de las mafias que gobiernan Quito. Él se refería a los transportistas. Usted dijo hace un rato que la ciudad está gobernada por trogloditas. No es un tema solo del Concejo. ¿Cómo se puede atacar a estas mafias que están en distintos poderes?

Lo de los concejales y las dietas es solo una parte. Quito tiene que aprobar un estatuto autonómico, siendo nosotros distrito metropolitano, el estatuto autonómico es algo así como la Constitución de la ciudad. En el momento en que lleguemos al Municipio vamos a activar todo el sistema de participación; desde las asambleas barriales hasta los gremios, las cámaras, la academia, los grupos profesionales, todos, en función de que Quito pueda tener un proyecto de estatuto autonómico que tendrá que tener la participación de todos. Tendrá que apuntar a que colectivamente definamos una visión de ciudad a futuro. Ese estatuto nos obligará a que hagamos una propuesta de reorganización de la administración municipal. Lo de los concejales es un punto; hay muchos intereses dentro del Municipio y fuera también que tienen atascada las soluciones que se requieren. La Constitución establece que ese estatuto autonómico tiene que ser votado en consulta popular. Entonces vamos a proponerle a la ciudad votar un estatuto autonómico junto a una propuesta de reorganización de la administración municipal para que sea un mandato de la ciudadanía, no una imposición ni del Alcalde, ni del Concejo ni de nadie.

¿Usted está pensando en una ciudad en la que los ciudadanos se involucren para plantear respuestas, entonces? No solamente que esperen las respuestas desde la persona que gobierna.

Es que todos los problemas pasan por la participación. Mire el tema de la basura. Es un problema tremendo, Quito está ahogado en basura. Hemos regresado a un sistema de recolección superado hace treinta años, en volquetas. Una cosa pavorosa, del cuarto mundo, no del tercer mundo, pero si los ciudadanos no participan, no reciclan, no reutilizan, no reducimos la cantidad de basura que producimos… Quito produce aproximadamente 680 mil toneladas de basura al año. No hay botadero que te aguante. Hoy tenemos la crisis en uno, se abrirá otro y llegaremos a lo mismo. La solución pasa por cambiar el modelo de gestión, por supuesto; por industrializar la basura, por supuesto, ahí hay un negocio, hay una fuente de empleo, de productividad, pero pasa por una actitud diferente de los ciudadanos. Tenemos que entrar en un modelo de participación, de reciclaje, de reutilización, de colaborar con el municipio para sacar la basura y que sea recolectada en sus horarios.

En el tema movilidad, una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Por supuesto, el metro implicará que el Municipio trabaje para organizar un sistema integrado de transporte, pero somos los quiteños que tenemos que empezar a pensar que no podemos vivir en una ciudad como que fuera un pueblito, en la que vamos en nuestro automóvil a comprar el pan. Tenemos que pensar como una ciudad moderna en la que el sistema público de transporte tiene que ser la principal forma de movilización.

De acuerdo pero para que se involucren los ciudadanos tiene que haber un liderazgo. Si voy a comprar el pan caminando y me asaltan o si utilizo el transporte público y con este tema de acoso en el transporte, me pongo en riesgo, ¿cómo me involucro?

Eso es fundamental, es un tema de liderazgo, un liderazgo que tiene que promover participación. Por eso es fundamental cambiar el modelo de gobernabilidad del Municipio. Si tú tienes un alcalde que tiene la fuerza política y la integridad para llevar adelante reformas fuertes, por supuesto que la ciudadanía va a reaccionar. Si tienes concejales con grillete que asisten a sesiones y el alcalde no responde ante una situación así, no hay cohesión. Una ciudad diversa tiene que estar cohesionada en una visión de proyecto. Por eso la reforma profunda, a través de un estatuto autonómico, de que la ciudadanía se pronuncie por un cambio radical del modelo de gobernabilidad de la ciudad es fundamental. El resto sería poner parches. Creo que la solución es política, las soluciones técnicas están ahí.

Pero tampoco se han ejecutado.

Pero, ¿por qué no se han ejecutado? Porque hay un problema político interno, porque tenemos una alcaldía sin liderazgo, un concejo hundido en el mayor desprestigio, una administración municipal tomada por la troncha política. Este sistema de corrupción institucionalizada que se creó en el gobierno nacional se ha reproducido plenamente en el municipio. Tienes dos formas de cambiar: o con el autoritarismo, como lo hizo Febres Cordero en Guayaquil; o lo cambias democráticamente, con voluntad popular, construyendo un mandato popular. Nosotros nos vamos por la segunda vía porque nos parece que Quito es una ciudad democrática. El modelo de gobernabilidad tiene que ser incluyente, participativo con liderazgo y decisiones. Para poder adoptar tomar esas decisiones necesitas fuerza política que te respalde.

Esta visión de cambiar el modelo de gobernabilidad, ¿no está un poco ligada a esta idea constante que se tiene a nivel de país de querer cambiar la Constitución cada cierto tiempo?

Yo te pregunto, ¿qué hacemos en Quito entonces? ¿Tú crees que es un problema solo de buenas intenciones? ¿Será que necesitamos decir que vamos a elegir una persona que reproduzca un modelo de hace veinte años? ¿O es algo que tú puedes improvisar porque eres simpático? Creo que no. Quito necesita soluciones de raíz y aquí tenemos un Concejo municipal tomado por un sistema de troncha política y corrupción y por eso Quito está en una decadencia desde hace 20 años. Es por eso incluso que Quito ha perdido su función como capital. Quito es una capital y eso le hace cualitativamente distinta. No digo ni más ni menos que otras ciudades pero una capital cumple algunas funciones. Desde que el correísmo se instaló en Ecuador, Quito se puso en neutro. Quito siempre había sido un centro de gravedad de la política nacional, un referente, un orientador de la política nacional. Esto tuvo una repercusión enorme porque permitió que el correísmo se institucionalizara en el país, que frente a lo que hizo Correa durante diez años, Quito estuviera callado. De lo que se trata es recuperar una ciudad, construir una ciudad que asuma también su función de capital.

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Por momentos, Montúfar habla atropelladamente. Empieza una frase y continúa con otra sin terminar la primera, como si sus ideas fuesen más rápidas que las palabras que brotan de su boca. Su experiencia académica de casi dos décadas se nota en la complejidad con la que formula sus planteamientos.

"No puedes tener solamente al caudillismo y personalismo como propuesta política". Fotografía de José María León para GK.

“No puedes tener solamente al caudillismo y personalismo como propuesta política”. Fotografía de José María León para GK.

Justo iba allá. Usualmente Quito ha tenido una participación política muy fuerte, incluso contestatario frente al gobierno nacional. ¿Usted cree que el Alcalde de Quito también debe participar en la política nacional?

Por supuesto. El Alcalde de Quito tiene que ser un líder nacional, una voz orientadora en el país. Quito es una ciudad región, el sur de Quito está orgánicamente articulado a la Sierra Central del Ecuador en términos familiares, culturales, económicos. No estoy diciendo que el Alcalde de Quito tiene que hacer oposición al gobierno; estoy diciendo que el alcalde y la ciudad de Quito, al ser capital, tienen una función orientadora de la política nacional. Mire el tema de los concejales: el correísmo cambió la Ley para transformar a los concejales en empleados públicos. Llega el alcalde y dice, yo voy a bajar la cabeza porque así está en la Ley. No pues, el Alcalde de Quito tiene que presentar un proyecto de ley, tiene que trascender. La acción de un alcalde de una capital trasciende el espacio de su ciudad. La capital no solamente es sede de gobierno, es el centro de gravedad de la política. Y las consecuencias la vimos durante la época del correísmo porque si en Quito hubiésemos tenido un alcalde, no de oposición, pero un alcalde que asuma esa responsabilidad que tiene, no hubiéramos tenido lo que tuvimos: de la manera más suave, se instauró en el país un sistema de delincuencia organizada.

Si hablamos de su trayectoria política, usted ha participado ya en candidaturas a puestos públicos. Participó como candidato en la Constituyente de 1998, luego en la de Montecristi en 2008. ¿Qué ha significado para usted este recorrido político? En el 98 usted participaba por Nuevo País, con Freddy Ehlers como candidato presidencial, en alianza con el movimiento indígena. Luego se movió hacia el centro y finalmente terminó en una alianza con la derecha de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted este recorrido no solamente en cuanto a la experiencia política adquirida sino también en cuanto al camino ideológico?

Yo tuve un origen político en la extrema izquierda. Comencé a hacer política a los 13 años, desde una posición muy radical de izquierda. Cuando participé en alianza con el movimiento Nuevo País era de centro izquierda y yo me he movido, desde 1997 en adelante entre el centro y el centro izquierda. Concertación es una organización de centro, yo más me ubico en el centro izquierda pero nuestro movimiento es un pluralista dentro de una tendencia. Para mí, la política es una vocación de articular voluntades, de construir sinergias en función de objetivos colectivos, que tienen que ver con el bien público y que se la hace desde la propuesta, desde la calle, desde la acción política. Mi objetivo, y el objetivo de Concertación que ya tiene 12 años de vida, no ha sido aliarnos para llegar al poder, sino construir una propuesta. Nosotros hicimos una experiencia interesante: dos caminatas largas, en 2006 una caminata de Quito a Guayaquil, nos demoramos 28 días. Estábamos construyendo una propuesta de reforma constitucional que se llamaba la sexta papeleta. Después en 2010, cuando yo era asambleísta, también por Concertación, fue el camino de regreso, de 19 días, trabajando en la propuesta del país hacia el postcorreísmo. La gente nos decía: con eso no van a ganar elecciones. Posiblemente tenían razón. Siempre ha estado el diálogo, uno tiene que dialogar con quien no piensa igual porque tú no haces política en monólogo, pero también hay que buscar formas distintas de hacer política. Nuestra respuesta era que el país necesita ver otras alternativas. No puedes tener solamente al caudillismo y personalismo como propuesta política. Mi hijo cínicamente me suele decir: tus verdades mal dichas suelen ser arrasadas por mentiras bien dichas. Yo me he hecho político en el activismo político. Esa es mi vocación. Yo hubiera podido acomodarme a las circunstancias, estar dentro del correísmo, pero hemos hecho política desde el activismo, quizás cosas no rentables en lo electoral pero enriquecedoras desde la perspectiva de innovar. Las caminatas fueron experiencias hermosas. En la época del correísmo, tal vez sin mucha resonancia mediática, hacíamos jornadas de silencio: imagínate un político que hace silencio. Hemos hecho plantones, plantada de árbol porque los ciudadanos ecuatorianos se merecen una política en la que no haya un caudillo dando un discurso redentor desde una tarima.

Pero para que eso funcione, ¿no se requiere un cambio incluso quizás estructural de la sociedad?

Pero hasta que haya ese cambio estructural, ¿seguimos haciendo lo mismo? En lo de la acusación particular a Glas, fue romper un esquema en el sentido de que era necesaria una intervención desde fuera de una estructura de justicia tomada por el correísmo, para producir una diferencia. Esa es la forma en que a mí me gusta hacer política. He tenido choques e incomprensiones. En las caminatas aprendí mucho. Cuando llegábamos caminando aprendimos lo que es entrar caminando a diferencia de lo que es entrar en caravanas, botando camisetas, papeles, bolsas de harina o entrar con una correa golpeando todo. Esa política yo no quiero hacer. Y claro, he tenido choques porque a veces no puedes cambiar una forma culturalmente establecida de pensar la política. Alguna vez llegué a una ciudad que no voy a mencionar para no resentir a estos amigos, y habían preparado una caravana. Me bajé del avión y estaba la camioneta. Yo dije que no me voy a subir y lo tomaron casi como un desaire. Tuve que ceder. A mí esa forma no me gusta, así no voy a llegar. A veces me toca tranzar, no es solamente lo que uno piensa pero los políticos tenemos la responsabilidad de presentar a los electores otros repertorios: no estamos condenados al caudillismo. Es más, la experiencia de los últimos diez años nos dice que el caudillo con las mejores condiciones, en todo sentido, fue el mayor fracaso que hemos tenido en la política del Ecuador.

Ya terminando la entrevista justo con este recorrido político, ¿qué errores encuentra usted?

Muchos errores. El principal error que veo en mi accionar político es que a veces actúo en el deber ser que en el ser. Un político tiene también la responsabilidad de producir respuestas y soluciones a lo que existe. Hablábamos hace un rato de la responsabilidad de ofrecer otros repertorios pero eso no tiene que estar desconectado de lo que la gente espera de un político.

Explíqueme un poquito más. ¿A qué se refiere?

Un político tiene también la responsabilidad de ganar. Un poco lo que mi hijo me dice: un político tiene también que ganar. A veces tiendo a moverme más en el espacio del deber ser, de la filosofía política que de la praxis política.

¿Ideas alejadas de lo que en la realidad puede implicar ser político?

Te pongo un ejemplo: la última elección presidencial. Nosotros intentamos un acuerdo, fracasó nuevamente, esa es un poco nuestra constante. Nos vimos solos. Teníamos varias opciones: no participar, esa no era una opción. La otra era lanzar una candidatura presidencial: podría haber sido yo el candidato presidencial o lanzarnos a la Asamblea sin candidato presidencial. Finalmente fuimos candidatos a la Asamblea sin candidato presidencial. Una campaña presidencial sin candidato presidencial, incluso para elegir asambleístas, está destinado al fracaso. Tuvimos un fracaso electoral muy grande. Si hubiéramos pensado de una manera más pragmática, más asentada en cómo la política ecuatoriana funciona, totalmente presidencialista, hubiéramos lanzado un candidato presidencial, igual hubiera ganado Lenín Moreno como ganó, pero quizás una candidatura mía o de una persona de la tendencia le hubiera quitado a los candidatos Lasso o Viteri un 2 o 3% pero hubiéramos quedado posicionados.

Justo en lo que menciona como un fracaso electoral, de alguna manera, ¿podría replicarse en su candidatura a la Alcaldía, que la gente diga si ha perdido tantas veces es en vano votar por él?

Esa es una posibilidad y los ciudadanos están totalmente en derecho de pensar así. Lo único que te diría es que lo otro sería adaptarnos, bajar la cabeza y decir que la política ecuatoriana funciona desde este patrón caudillista y personalista y nos sometemos. En ese contexto no tendría ningún interés en hacer política. Hace un rato me preguntabas sobre mis errores. Ese puede ser uno de mis errores: no encontrar el punto medio. A lo que voy es que en este trabajo de la política, siempre hay este divorcio, esta brecha que nos ha afectado muchas veces.

¿Y en estas elecciones a qué apunta entonces?

Vamos a ganar. Estoy seguro que vamos a ganar.

Hay un montón de precandidatos.

Eso no importa. ¿Sabes por qué vamos a ganar? Porque vamos a presentar una propuesta más clara, a diferencia de otras elecciones. Yo tengo una trayectoria enorme: la ciudadanía sabe mis errores y mis virtudes, sabe de que sí tengo la capacidad de dar vuelta la situación de entrampamiento que tiene el Municipio en este momento, que yo no tengo miedo de enfrentarme a los poderes más grandes, cuando me enfrenté a Glas y Correa en el momento de mayor apoteosis, de popularidad y de control institucional. Jamás he sido cómplice y creo que la gente puede identificar eso. Creo que puedo ofrecer la alternativa de tener la capacidad, el liderazgo, la honestidad para proponer un camino. Los ciudadanos, por supuesto tienen el derecho a escoger otras opciones y yo lo respetaré como siempre lo he respetado. Pero sí creo que tenemos la obligación de ir construyendo este proceso y mi obligación ética, personal y política es decir: aquí está esta propuesta, esta alternativa, esta trayectoria. La gente decidirá y la gente siempre sabe escoger.

El punto de no retorno

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En agosto de 2018, Lenín Moreno lanzó su plan económico con un hashtag: #elmomentoesahora. La frase muy pronto se reinventó del proselitismo a la burla: las medidas anunciadas  incluían  el incremento de la gasolina súper —de 2,26 dólares a 2,98 dólares—, la reducción de 20 instituciones gubernamentales y la eliminación de pago de tarifas de celulares a ministros, subsecretarios, asesores y directores. Según Moreno, le generarían mil millones de dólares en ahorro. De forma paralela, el gobierno lograba la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Fomento Productivo por la cual busca que la economía pase de estar impulsada principalmente por el Estado a una mayor participación del sector privado. Las medidas han generado reacciones divididas, en una lógica más parecida a la década de 1990: los sectores sociales cuestionando el ajuste, las cámaras de la producción, celebrándolo. Una vez más, la discusión está sujeta a la que parece ser la palabra favorita de los economista: depende.

Para entender cómo funcionará el ajuste económico hay que entender el contexto en que se da. En el 2014,  el precio del petróleo cayó más del 40%,  se apreció el dólar, y países como Perú y Colombia devaluaron sus monedas. Para afrontar el golpe,  el entonces presidente Rafael Correa redujo el presupuesto general del Estado para el 2015, implementó salvaguardias para controlar las importaciones, y endeudó al país. Según datos del Banco Central del Ecuador, de 2014 a 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 0,1% y del 2015 al 2016 decreció 1,2%.  Y aunque la economía comenzó a recuperarse en el primer trimestre de 2017 (con un crecimiento del PIB de 2,7% respecto al mismo trimestre de 2016), los efectos en empleo adecuado, subempleo y empleo no pleno son notorios: según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), el empleo adecuado en Ecuador bajó de 49,3% en diciembre del 2014 a 41,2% en diciembre del 2016. En el mismo periodo, el subempleo aumentó de 12,9% a 19,9%.

Al día de hoy la tendencia negativa no ha cambiado.

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El 28 de julio de 2017, el presidente Lenín Moreno dijo que  la situación económica del país  es “crítica”. Dijo que necesitará 8 mil millones de dólares anuales para amortizar la deuda que heredó del gobierno de Rafael Correa. Según Moreno, la deuda alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. A eso había que sumarle 8 mil millones de dólares de pasivos del Estado como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos. Correa le dedicó 44 tuits a Moreno: dijo que “el gobierno actual sabía perfectamente bien las cifras de deudas y pasivos” y que “hacer una cadena nacional para ‘anunciar’ lo que siempre supieron” era tan solo parte de un show. Dijo que él enfrentó la caída del precio de petróleo y desastres naturales “sin incremento de pobreza y desigualdad”, e insistió en su idea de que en los próximos meses habría un paquetazo.

En septiembre de 2017, Moreno decretó que la función Ejecutiva entraba en austeridad para reducir el déficit fiscal y el gasto público. Redujo el 10% de los sueldos de los funcionarios del jerárquico superior—que ganen entre 2 mil 368 a 6 mil 261 mensuales—, eliminó las vacantes de todas las instituciones del Estado, reguló la contratación de propaganda y publicidad, y una reducción del personal de seguridad de las autoridades públicas, entre otras más.  Pero los indicadores de empleo y de pobreza continuaron empeorando: según la ENEMDU (junio de 2018) entre junio de 2017 y junio de 2018, el empleo adecuado disminuyó de 40,1% a 38,9% —es decir que 161,689 personas pasaron a la informalidad.

El informe dice que esa variación no es “estadísticamente significativa”. Según Aldo Salinas, economista y profesor investigador de la Universidad de Loja, estadísticamente no significativo quiere decir que no se puede afirmar en un cien porciento que hay un deterioro de los indicadores que monitorean la realidad. Donde sí se ve un cambio significativo es el incremento del empleo no pleno: de 24,3% subió 26,5% en el primer año de gobierno de Moreno. Según Salinas, si bien a nivel nacional estas variaciones no son estadísticamente significativas, “a  nivel de las principales ciudades, como Quito y Guayaquil, sí lo son”.

La ciudad más afectada es Quito. Entre junio de 2017 y junio de 2018 el empleo adecuado disminuyó significativamente de 63,1% a 59,1%. En el mismo periodo, la pobreza en Quito ha subido significativamente (de 7,8% a 12,8%)  y la pobreza extrema pasó de 1,9% a 4,6%. En Guayaquil la pobreza subió de  10,5% a 14,1%. Mientras tanto, en Cuenca la pobreza disminuyó del 7,8% al 2,8% y el empleo adecuado creció de 60,1% al 66,5%.

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Si estas tendencias se van a revertir con los ajustes anunciados por Moreno, la gran respuesta es depende. Depende de a quién se le pregunte. Pablo Lucio Paredes, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, dice que estos cambios son normales: había una tendencia desde el 2014 y, además, es parte del ajuste económico a un Estado más pequeño: “Nadie va a estar contento en el año de ajuste, pero es necesario porque teníamos excesos y despilfarro”.

Según Lucio Paredes, el objetivo de las medidas económicas es que el sector público se achique y que, al mismo tiempo, el sector privado se reactive. “Pero la baja de uno y la recuperación de otro no se da al mismo tiempo”. Por tanto, dice, “tienes que sentir inevitablemente en la economía ese bajón y lo vamos a seguir viviendo durante un tiempo que se de ese reajuste de la economía”. Lucio Paredes dice que en un año o año y medio los indicadores mejorarán y se estabilizarán a medida de que el sector privado crezca.

Si el sector privado crecerá con las medidas anunciadas, está por verse. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, llamó a la Ley de Fomento  Productivo “un buen comienzo”, aunque no estaba totalmente conforme. Sin embargo, dijo “no podemos criticar todo”. Alarcón alabó, también, el regreso de los tratados bilaterales de inversión: “La única manera de atraer grandes capitales es dándoles acceso al arbitraje internacional.”

Aldo Salinas discrepa. Para él,  es muy probable que estos indicadores empeoren no solo a nivel de ciudades sino a nivel nacional. Sobre el retorno de los tratados bilaterales de inversión, el experto en arbitraje comercial internacional Alejandro  Herrera dijo que incluir al arbitraje como forma de resolución de conflictos es partir de  la misma premisa equivocada con la que los suscribió en la década de  1990: “que su suscripción sirve para incrementar la inversión extranjera directa”. Herrera calificó a la propuesta del gobierno como “apertura desordenada”. Salinas ve en la Ley de Fomento Productivo un retorno al corporativismo de finales del siglo XX: el Estado y los grandes grupos económicos  complaciéndose mutuamente, en detrimento de los más pobres.

Hay dos puntos principales que Salinas critica de la Ley Orgánica de Fomento Productivo: la remisión tributaria y la renuncia fiscal. La ley plantea que una remisión —es decir, la condonación o perdón— de intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y servicios básicos. Además prevé la anulación de intereses y recargos para pequeñas, medianas empresas y grandes contribuyentes (personas jurídicas, es decir empresas, compañías u otras organizaciones) que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 2 de abril de 2018, siempre y cuando paguen el capital adeudado.

Para Salinas el  gobierno de Moreno está entregando un subsidio a los ricos porque “está renunciando a un dinero que iba a entrar al fisco y ahora no va a entrar”. A esto le añade la exoneración al Impuesto a la Renta por 12 a 15 años a inversiones productivas en industrias básicas en el país. “Estamos renunciando a esos ingresos” —dice Salinas— “por lo tanto es como decirle te estoy entregando sector privado este impuesto”.

Las críticas que hace Salinas son similares a las que hizo la asambleístas independiente Mae Montaño —que llamó a la ley “un premio a los más ricos”. El ex ministro de Economía, Diego Borja, dijo que la merma por ingresos tributarios “bordea el 1,5 % del PIB del 2018. De ese monto el 82 % se concentra en los 100 deudores más grandes”.

La Ley, dicen, beneficia a los grandes grupos económicos. Salinas sostiene que eliminar el subsidio a los combustibles afecta directamente a la clase media y a los más pobres. Pronostica, además, que —como la economía ecuatoriana dependía mucho del gasto público, al reducir el gasto y la inversión pública— va a haber una caída en los ingresos de los más pobres. Pone un ejemplo: los despidos en el sector público son de los puestos ocupados por la clase media.

Pablo Lucio Paredes, en cambio, considera que si bien esta ley no es perfecta, marca un rumbo distinto al que se tenía con el gobierno de Rafael Correa. Más allá de  las medidas económicas, cree que los juicios por corrupción y los cambios en el gabinete ministerial de Moreno —cuyo ministro de Economía, Richard Martínez, lideraba el gremio empresarial antes de asumir el cargo—, significó un cambio radical en la política económica del país. Salinas es escéptico de  la gestión del Ministro, y cree que la lucha contra la corrupción no es suficiente para que el sector privado se reactive. “La inversión privada no ve solamente el tema impuestos, si no por otros como ser un país creíble donde hay Estado de Derecho “. Dice que se ha descorreiszado al Estado, en lugar de fortalecer un marco jurídico estable, o de exigir que el presidente Moreno mantenga el plan de gobierno con el que fue elegido.  

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El Ecuador estrena medidas económicas de ajuste mientras en Venezuela y Argentina, gobernadas por polos opuestos ideológicos, la inflación no para de crecer. El régimen de Nicolás Maduro ha creado una nueva moneda —el bolívar soberano— que ha atado al petro, una criptomoneda cuyo precio fluctúa con el mercado petrolero. El gobierno de Mauricio Macri ha tenido que elevar las tasas de interés al 60%, el 30 de agosto el peso registró su peor devaluación en 16 años y se han registrado los primero saqueos. A ambos extremos del espectro político- económico las culpas apuntan en sentido opuesto.

En el Ecuador, los espejos de ambos países producen incertidumbre ante el futuro económico. Hay un consenso en que alguna forma de ajuste era necesario. Aldo Salinas dice que es cierto que Moreno no recibió una economía con crecimiento sostenido y que era vulnerable “porque estaba basada en deuda pública”. Sin embargo, dice que se debieron implementar otras medidas: aumentar el Impuesto al Valor Agregado —cita el ejemplo de Colombia, que lo incrementó del 16 al 19%—,  o aumentar el Impuesto a la Renta  quienes más ganan, para cargar el costo del ajuste a los más ricos. Pablo Lucio Paredes ve a las medidas a los que menos tienen como necesaria pero temporal. Mientras tanto, los indicadores económicos en el Ecuador continúan a la baja, mientras que el desempleo y el empleo no adecuado suben.

Daniela Mora Hernández para GK.

Juan Carlos Holguín: “En un escenario de más cálculo político, yo tendría todos los ingredientes para perder”

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Juan Carlos Holguín viste un jean oscuro, una camisa blanca y un saco azul con cierre, que le da un aire juvenil. Tiene 35 años, pero parece un poco menor. Es moreno, tiene el pelo oscuro, muy corto. Es sumamente amable, habla pausadamente y con el tono de voz bajo. Sus gestos delatan nerviosismo, sonríe, mueve los ojos, mueve las manos. Entra solo a la entrevista —eso es poco usual con candidatos o autoridades, suelen siempre ir acompañados con un asesor que graba y toma fotos. Holguín nos recibe en una oficina ubicada en la González Suárez, que comparte con un socio. Ventanas amplias, mesas de vidrio, decoración futbolera en las paredes. Es puntual. Cuando llegamos está sentado frente a una computadora, se levanta rápidamente y saluda.

¿Se siente usted preparado para ser alcalde de Quito?

Sí. Indudablemente. La vida siempre te pone retos y cuando estás preparado y tienes la seguridad de que puedes asumirlos con eficiencia y responsabilidad, te sientes listo. Muchas veces eso surge de una intuición espontánea, pero también del conocimiento de haber sido responsable en prepararte para ese reto.

Sus detractores dicen que tiene muy poca experiencia en el sector público por su corto paso en la gestión del alcalde Rodas. ¿Eso lo limita?

Siempre va a ser una limitante el cuestionamiento de mi experiencia en el sector público. Yo soy muy respetuoso de quien dice ‘bueno, necesitamos alguien que no venga de la política’. Por el otro lado, hay personas que dicen: el que viene de afuera no tiene experiencia.

Uno siempre va a estar sujeto a esas críticas.

Lo importante es entender que la administración pública puede ser estudiada desde afuera. En mi caso, mi formación —tanto en políticas públicas como en el PhD, del cual soy candidato en Gobierno— me dan la experiencia para llegar a la administración pública que, considero, debe tener una nueva perspectiva.

También es muy importante con quién llegas. Se ha criticado mucho que en nuestra política hay personalismo. Por eso es importante prepararte con un grupo de persona y tener el objetivo de llegar en un equilibrio de experiencia. Eso va a darte una gestión exitosa.

Repite mucho eso, la importancia de quién lo rodea. ¿Usted de quién está rodeado?

Estoy rodeado de un grupo de jóvenes que creemos que debemos hacer política desde una nueva perspectiva. No son solo personas con una lógica de urbanismo distinta como Álvaro Orbea, Mateo Samaniego, Valeria Vergara. Personas a las que escucho mucho, como Jaime Izurieta.

Por otro lado, soy una persona que siempre ha estado interesada en temas políticos, incluso desde que empecé mi camino en la empresa privada. Tengo la convicción de que uno no puede desentenderse del ámbito público y siempre he tenido conmigo personas que han analizado este tipo de problemáticas como Luz Elena Coloma, Juan Carlos Solines. También Roque Sevilla.

Hace poco Fernando Carrión decía que es increíble pero hay más de 36 posibles candidatos a alcalde para Quito. Eso puede ser entendido como negativo, pero yo lo entiendo como muy positivo:en esa lista hay personas con la probidad necesaria para estar en la papeleta, por lo cual también te ilusiona entrar en un proceso electoral en el que puedes discutir con alturas las cosas que requiere esta ciudad.

Juan Carlos Holguin

Juan Carlos Holguín nos recibe en su oficina, que comparte con un socio, en la González Suárez, al noreste de Quito. Fotografía de José María León para GK.

¿Cómo fue su experiencia con Mauricio Rodas como Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad?

Yo separaría la experiencia en dos partes.

La experiencia en el servicio público como algo positivo. Terminé con una conclusión muy grande: se puede ser eficiente siendo transparente y realmente, desde el servicio público, se pueden lograr muchos cambios.

En el plano político, como todos los quiteños, con mucha decepción. Yo acepté la invitación del alcalde Rodas cuando él ya ganó. A esa administración entró mucha gente de bien, dispuesta a arrimar el hombro pero el andarivel político de él no tenía la visión de cambio que muchos de nosotros esperábamos.

En el contexto político se requerían también cambios en las formas y en las prácticas. Se suponía que era una persona que albergaba un discurso de gobernar responsablemente, pero yo vi que no habían cambios en las formas que tanto criticaba toda una generación política nueva.

Entonces, no tiene que ver con la edad. La victoria de Rodas significaba un cambio en el péndulo político de esta ciudad, y en la fuerza de Quito frente a un proyecto nacional. Esos cambios no llegaron.

¿A qué se refiere usted con que se repetían ciertas formas y prácticas?

Estar ligado netamente a temas comunicacionales y faltar al análisis profundo de temas por los que había que tomar una decisión. Elementos de aparataje propagandístico.

En las últimas administraciones se cedieron muchas de las decisiones al gobierno nacional y Quito fue una alfombra de ciertas políticas públicas, y eso se volvió a repetir.

No me olvido cuando el primer informe a la ciudad, el 6 de diciembre de 2014, el Presidente Correa entró con Patria, tierra sagrada, a un acto de la ciudad.

¿Esas cosas le incomodaban?

Por supuesto. Me incomodan muchísimo porque cuando uno entra con unos principios claros sobre cambios en las formas de hacer política, uno no se siente cómodo. Eso es lo interesante de tomar partido.

Ahora muchos me critican por hacer, por haber participado. En el caso del alcalde Rodas, yo lo habré visto muy pocas veces. Lo empecé a conocer en la transición y después en la administración. Cuando no te sientes cómodo tienes que salir con tus principios sólidos.

Yo creía que había que tomar decisiones en otro andarivel.

¿Cómo se vinculó a usted con Rodas?

Mauricio Rodas  había propuesto en primer lugar a Esteban Paz para candidato a la alcaldía de Quito. Yo trabajé muchos años con Esteban, lo respeto mucho. Creo que habría sido un gran alcalde.

Para las personas que estamos en mi generación, ha existido un vacío muy grande entre quienes hicieron política hace 20 años y quienes hemos querido vincularnos más recientemente.

En ese escenario podría identificar a dos políticos jóvenes: Rafael Correa y Mauricio Rodas.

En ese espacio se cristalizó ese vacío político de Quito. No solo nos retiró simbólicamente los partidos políticos, los líderes políticos que tuvo Quito. Fernando Carrión dice que ese vacío se reflejó no solamente en la política, sino también en el fútbol.

Fue una década en la que Quito perdió liderazgos en múltiples aspectos. Cuando Esteban Paz decidió cuestionarse sobre su participación política, él había tomado la decisión de conversar con Suma y ahí conocí a Mauricio Rodas por primera vez.

Unos meses más tarde decidió ser candidato él, y me propuso participar. Yo no acepté.

El día de las elecciones yo me encontraba fuera del país, y cuando regresé me llamó un empresario amigo en común y me dijo que hay que arrimar el hombro. Yo no dudé ni un minuto porque estaba en juego una generación dispuesta a asumir el mando que ponía en riesgo que el fracaso signifique que nos quedemos todos cuestionados que es lo que finalmente pasó. Yo acepté y dejé mis actividades particulares.

Juan Carlos Holguin

El empresario dice que siempre ha estado interesado en temas políticos, incluso desde que empezó su carrera en la empresa privada. Fotografía de José María León para GK.

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Holguín dice que empezó su trayectoria empresarial hace 17 años: cuando tenía 18. Estudió Comunicación en la carrera virtual de la Universidad San Francisco de Quito e hizo una maestría en políticas públicas en Georgetown. Ahora es candidato al doctorado en la Universidad de Navarra.

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En la alcaldía de Rodas, fue la primera vez que participó en la función pública.

Sí, por supuesto, la primera vez que ingreso al sector público. Ligado a la política he estado muchos años.

¿En qué sentido?

He estado ligado a procesos políticos. Pude estar cerca de Rodrigo Paz en 2004 en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito. Estuve cerca de Carlos Larreátegui cuando en 2006 volvió a la política.

Por eso decidí formarme en administración pública y políticas públicas, y también porque he cuestionado que aquí no existen espacios de formación de movimientos políticos distintos.

El correísmo marcó un Código de la Democracia que iba hacia un bipartidismo y era muy difícil que personas que queríamos hacer política desde cero, más desde el ámbito ciudadano, porque hacer un partido en este país era complejo.

Ya vimos el gran problema de las firmas o las afiliaciones que misteriosamente muchos ciudadanos aparecíamos en partidos en los que no éramos adherentes.

Guillermo Lasso es un político de derecha, al igual que varios de los que usted me ha mencionado. ¿En qué línea ideológica se ubica usted?

Yo he sido un humanista. Creo firmemente que el ser humano debe ser el fin último de cualquier política pública.

Dentro de aquello se requiere una discusión sobre cuáles son los espacios ideológicos en este momento. Yo soy una persona de centro.

Creo firmemente en la iniciativa privada como motor de desarrollo, creo en una economía social de mercado y creo que el fin último de la política es la construcción del bien común.

Dentro de su participación en la alcaldía de Mauricio Rodas, ¿qué aprendizajes sacó usted?

El primer aprendizaje es que para llegar uno tiene que tener principios muy claros de no cesión con grupos que después le van a quitar la libertad. Me refiero a llegar con la libertad absoluta de poder tomar las decisiones que uno debe tomar cuando está en el poder.

Juan Carlos Holguin

Holguín sobre la alcaldía de Rodas: “el andarivel político de él no tenía la visión de cambio que muchos de nosotros esperábamos”. Fotografía de José María León para GK.

¿Y eso se puede?

Esta ciudad ha estado secuestrada por ciertos grupos de poder que te quitan la libertad el momento de llegar al poder. Uno gobierno como llega.

La libertad es el principal valor de un político para tomar las decisiones con firmeza. En segundo lugar también tiene que ver con quién te rodeas. Alrededor de una persona tienes que lograr que haya ejemplaridad pública que nace del líder máximo. Alrededor de ello es muy posible que esas prácticas bajen hacia la sociedad.

Hoy me indigno cuando veo estos políticos que dicen: yo no sabía. Y me refiero a los políticos de esta última camada: alrededor de ellos se mentía, se robaba, se ejercía la corrupción como práctica diaria y no solamente en sus funcionarios sino también en su familia.

Uno tiene que ser lo suficientemente pendejo para no saber o ser una persona que deja pasar esas prácticas en pos de permanecer en el poder. Entonces ese es un aprendizaje: con quién vas a crear este proyecto político una vez que llegues.

Por eso también es importante el grupo de concejales con los que puedas compartir esta visión de ciudad porque se requiere un cambio de prácticas en ese escenario. Y el tercer aprendizaje es que sí es posible ser eficiente y ser transparente. Hay casos de referencia en nuestra ciudad que nos invita a pensar que lo que estamos viviendo ahora es una excepción en la administración pública.

Esta ciudad hace veinte años era un referente de la gestión pública no solamente en nuestro país sino a nivel regional.

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Además de pasar por la alcaldía de Rodas, Holguín no ha participado en la política. Dice que sí ha sido cercano a políticos que lo han hecho. En su libro, Juego Limpio, cuenta que estuvo en el equipo de comunicación de Rodrigo Paz cuando éste se lanzó a la Alcaldía en 2004.  

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¿Qué es lo que a usted le motiva a entrar en política?

La política es la forma más alta de servicio. Cuando uno tiene el interés de retribuir a la sociedad lo que nos ha entregado, se pueden pensar en múltiples formas de servir.

La política es indudablemente la forma en donde se puede cambiar más. La política, especialmente ahora, tiene un contexto supremamente negativo.

Yo tengo una anécdota. Dos semanas antes de que el alcalde Rodas me llame a entrar al servicio público, yo había recibido el premio extraordinario de la revista América Economía como emprendedor del año en Ecuador. A las dos semanas, ya estaba metido en lo público.Y viajé con el Alcalde a uno de sus primeros viajes, a Brasil, y luego tenía una denuncia que le acusaba al Alcalde de delincuencia organizada.

En medio de todo aquello yo pensaba cómo la política podía generar eso, y por quince minutos maldije el momento en que decidí meterme. Pero quince minutos después pensé que cuando uno tiene la entereza de poder demostrar cada uno de sus actos, así no exista confianza en las instituciones, la justicia y la transparencia, llega.

Con esa transparencia, uno tiene la tranquilidad de que puede seguir en este camino con solvencia. Hay políticos que utilizan este tipo de prácticas para no permitir que otra gente llegue pero en mi caso fue uno de los mayores aprendizajes.

Sí, la política tiene estos ámbitos tan negativos, no solo para uno, sino para su familia y sus amigos. Pero cuando uno puede demostrar solvencia y transparencia no tiene que tener miedo porque la justicia y la verdad siempre llegan. Hemos visto cómo, después de una década, para personas que se sentían intocables, la justicia llegó.

Usted se refiere al cuestionamiento que le hizo María José Carrión y usted le respondió con una carta pública.

Sí. Finalmente uno tiene que tener la tranquilidad de que las autoridades de control tienen que actuar. De eso se trata la transparencia. Lo importante es despolitizar a las autoridades de control para que haya un equilibrio en la democracia. A mayor transparencia, mejores funcionarios.

Yo vengo del fútbol. A mí me interesa analizar las analogías del fútbol y su impacto en la sociedad. En un libro que acabo de escribir hablo del concepto del VAR, eso viene de un concepto de transparencia pública muy grande. A mayor claridad en los actos y mayores mecanismos de control hay mejor comportamiento humano con las reglas claras.

Juan Carlos Holguín

Holguín hojea Juego Limpio, el libro que recién publicó en el que narra parte de su participación en procesos políticos. Fotografía de José María León para GK.

Por ejemplo, ¿cómo hacer una administración honesta si entregas el organismo de control del Municipio al Presidente Provincial de tu partido o a un familiar? Eso hizo Mauricio Rodas en lugar de entregarlo a una contraparte que genere un equilibrio de monitoreo a la corrupción —quizás de un partido opositor o de un movimiento ciudadano de lucha contra la corrupción. Me refiero a Quito Honesto.

Quito Honesto debe ser independiente, incluso de la función pública. La persona que lidere Quito Honesto debe ser elegida en el Concejo Metropolitano y debe estar exenta de vínculos con el Alcalde y los concejales. Yo siempre creo en un equilibrio de fuerzas por el bien de la democracia y por eso creo que es importante que el periodismo haga su trabajo con total libertad.

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Juan Carlos Holguín no ha perdido el nerviosismo de los neófitos. A veces alza la voz y sus palabras se enredan. Juega mucho con sus dedos, se mueve, abre y cierra los brazos. Quiere decir muchas cosas y no siempre termina sus frases. Parece que una idea corta a la otra.

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¿Fue una sorpresa para usted este anuncio que hace Guillermo Lasso en la UDLA o ya lo sabía?

El anuncio en sí mismo fue una sorpresa porque se dio en un contexto personal, en el lanzamiento de mi libro,  pero no fue una sorpresa la postulación porque públicamente, hace varios meses me afilié a CREO.

Lo hice en un evento público, como intento hacer todas mis cosas. Posterior a ello, había varios precandidatos dentro de la estructura del partido que estaban postulando a la candidatura de la Alcaldía.

Yo no he sido un militante en los procedimientos de directivas dentro de CREO, pero tomé el mensaje de Guillermo con un agradecimiento muy grande porque es difícil que el líder de un partido pueda jugarse por alguien que —si viésemos en un escenario de más cálculo político— tendría todos los ingredientes para no tener un éxito electoral.

Es decir, una persona desconocida, que viene de una generación en la que ser joven es mal visto porque representa, muchas veces, estas formas negativas de la política.

En ese sentido, la sorpresa fue porque Guillermo Lasso se juegue por ese perfil. Nos conocemos hace algunos años. Yo lo conocí en un contexto donde el estaba dispuesto a jugarse por un joven como candidato a la vicepresidencia y eso me ha sorprendido.

Por eso tomé partido por un líder que, siento, que es muy sincero en esas ideas. Más allá de aquello, esta postulación no puede ser tomada con un gesto espontáneo porque nosotros , y me refiero al equipo político, vamos trabajando muchos meses en un plan de gobierno.

Ahí hay la claridad absoluta de que estamos listos para asumir este reto, estoy listo para asumir este reto.

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En septiembre de 2016, Guillermo Lasso hablaba muy bien de Juan Carlos Holguín, ante la pregunta de quién lo acompañaría como candidato a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2017. El acuerdo finalmente no se concretó y Lasso participó junto al político Andrés Paéz.

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Juan Carlos Holguin

Holguín dice que ha estado ligado a procesos políticos desde hace más de 10 años: en 2004 estuvo cerca de Rodrigo Paz en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito, y en 2006 de Carlos Larreátegui cuando volvió a la política. Fotografía de José María León para GK.

Otra lectura que hacían algunos analistas es que parecía el caudillo decidiendo quién es el candidato sin un proceso de elecciones internas.

El Código de la Democracia dice que cada uno de los partidos puede tomar sus procedimientos internos para designar.

Lo que se ha visto en la prensa no es exactamente lo que sucedió en el evento cuando Guillermo postuló mi nombre con la posibilidad: Juan Carlos debería ser alcalde de Quito. Yo soy muy respetuoso de aquello. Vemos las cosas solo de un lado.

Yo tenía la misma preocupación, como militante, cuando salió otra candidatura públicamente a decir: yo soy el candidato.

¿Se refiere a César Montúfar?

Sí. Y ojo, yo respeto mucho a César. Es de esas personas con las que yo he hecho política muchos años en términos de discutir, de tener ideas muy comunes en luchas que él ha dado, y de las que yo me he sentido partícipe por la democracia en el país.

Todas las acciones tienen dos lados y finalmente es el partido el que tiene que tomar una decisión y como militante de CREO he sido muy respetuoso de los procedimientos. Sobre aquello, la única manera en que nosotros podemos llegar a cambiar Quito, es con la posibilidad de llegar al Concejo con los mejores quiteños y quiteñas que muestren también desprendimiento político.

Una vez que ganemos, todos debemos ponernos la camiseta, todos los concejales que lleguen. Uno de los mayores problemas de la administración de la ciudad es que se ha politizado demasiado ese concejo y la labor administrativa de un Alcalde.

¿Entonces cuál va a ser el proceso interno para definir cuál será el candidato?

Es el partido el que maneja eso.

¿Pero usted no es parte del partido?

Por supuesto, pero no estoy en ninguno de los órganos directivos del partido y ellos tienen los procedimientos internos, como los han tenido desde que CREO fue fundado.

Es decir que de momento no sabemos. Puede ser usted como no puede ser usted.

Bueno, la inscripción de las candidaturas tiene un período y un cronograma. Sobre esta postulación estoy decididO a ganar esa Alcaldía de Quito, y estoy preparado con un equipo para hacerlo.

¿Pero ya es usted el candidato de CREO? Usted mencionó a César Montúfar y ahí hubo una polémica sobre las conversaciones que César Monge tuvo con él. Al final, la duda que queda es ¿quién es el candidato?

Durante estos días he tenido varias reuniones con los directivos del partido y han mostrado su apoyo a mi postulación.

Lo importante ahora es la discusión interna de cómo consolidar este proyecto que nazca desde CREO pero que sea un proyecto que nos dé la ilusión de que sea más ciudadano para llegar al poder.

Juan Carlos Holguin

Juan Carlos Holguín dice que, con un equipo, lleva varios meses trabajando en un plan de gobierno. Fotografía de José María León para GK.

Guillermo Lasso hizo un símil diciendo que usted y él son parecidos: clase media, empresarios. ¿Usted se siente identificado con él?

Hay diferencias fundamentales en nuestra vida. No somos dos historias idénticas pero yo me siento muy identificado con él.

Especialmente por este escenario en el que es una persona que toma una decisión de meterse a lo público en uno de los contextos más difíciles de la historia de este país, en medio del correísmo en su fase más agresiva.

¿Cómo alguien que tiene la tranquilidad afuera de la política puede tener la audacia de meterse?

Eso es lo primero que me identifica con él.

En la generación que me antecede hay muy pocas personas que han vuelto a ver a la política como símbolo de servicio y como que este es un lugar para construir el bien común.

Esa es la primera similitud.

La segunda similitud tiene que ver con las ideas que él pregona.

Yo me siento identificado a las ideas económicas que propone su proyecto político. Me siento claramente identificado a la manera en la que él hace política. Es difícil encontrar un proyecto político que crea que el vehículo electoral es importante pero que crea también que las ideas son importantes y genere un tanque de pensamiento. Yo soy director de Ecuador Libre hace varios meses, y esas son las formas de hacer política en las que más me asemejo a él.

Hay algunos legisladores de CREO que han sido criticados. Dos casos específicos. Roberto Gómez utilizando términos como feminazis para referirse a las feministas o la legisladora Ana Galarza que está de acuerdo con que se pida pasaporte a los ciudadanos venezolanos.¿Usted comparte ese tipo de opiniones?

Para vencer el caudillismo justamente lo que se requiere es que haya proyectos políticos con visiones distintas y que se puedan discutir.

Mae Montaño sostenía que tiene una postura muy clara sobre ciertos principios, que el partido los conocía y que alrededor de esas posturas podía discutir.

Lo interesante de un proyecto donde existan las divergencias es que se puede construir así una discusión pública.

Lo lamentable es cuando hay proyectos políticos donde alguien tiene una posición personal y de repente es suspendido del partido por esa visión personal.

Eso sucedió en Alianza País.

¿No le preocupa a usted ser poco conocido?

Para nada. Una campaña es el vehículo adecuado para darme a conocer. De eso se trata.

Una de las mayores críticas a la actual alcaldía es que no ha habido una visión de ciudad. ¿Cuál es su visión de ciudad para Quito?

Hay tiempos para ir enseñando lo que hemos trabajado y lo que proponemos para la ciudad. Yo empezaría con una generalidad: la alcaldía de Quito es en sí mismo el principio y el fin de la carrera de un político que entra con responsabilidad a tomar las decisiones que tiene que tomar.

Esa es la principal visión porque si vemos a Quito como la posibilidad de llegar a Carondelet, hay una equivocación muy grande al momento de tomar decisiones.

En segundo lugar, esa despolitización tiene que traer una nueva perspectiva del manejo en la gestión pública de nuestra ciudad.

Ha repetido mucho este tema de la despolitización. ¿A qué se refiere con eso?

No entregar parcelas de poder a concejales, no entregar administraciones zonales a personas que vienen de una alianza política.

Creo que la economía creativa nos permite generar reglas claras a través de la tecnología. Eso puede generar oportunidades para todos con las mismas reglas claras.

Hay que luchar contra estos grupos de poder que han sido nefastos, por ejemplo, al no pensar que el transporte público es el bien común sino el interés de unos pocos.

Un tuitero me preguntaba el otro día qué transporte usa. Yo le respondí la verdad: yo uso el auto particular, Uber y Cabify. Esta persona me decía que eso es totalmente contrario a una política pública de movilidad. Y yo le decía: yo sé, pero en una campaña no voy a mentir.

Creo además que la tecnología ha traído mejores condiciones de vida para todos. Aspiro que mi experiencia en la empresa privada, en la gestión, en la negociación y en aspectos tecnológicos, nos permita construir esta nueva visión completamente alejada de lo que ha sido la negociación política a la que nos han tenido acostumbrados en los últimos diez años.

El gremio de taxistas amenaza veladamente diciendo que no quieren llegar a medidas extremas, hablando de Cabify y Uber. ¿Está dispuesto a enfrentarse a  grupos que le podrían costar la Alcaldía?

O la vida. Muchas veces son mafias que están dispuestas a todo para seguir con sus intereses y manejando la ciudad.

Aunque sea una ironía, de eso se trata esta campaña, de ir con la verdad y enfrentarnos a aquello.

En nuestro análisis de estos meses, son justamente esos grupos de poder los que mantienen secuestrada esta ciudad. Con ilusión y alegría, hacia allá vamos.

Juan Carlos Holguin

Holguín cree que la edad no es una debilidad ni una virtud en sí misma y que no se puede juzgar a un candidato por cuántos años tiene. Fotografía de José María León para GK.

Para terminar, ¿cuál es su debilidad? ¿Qué defectos tiene?

Muchos defectos, como tenemos los seres humanos. La edad no es una virtud en sí misma ni una debilidad.

No se puede criticar a alguien por ser joven ni por llegar a una elección con 80 años. En mi caso, una de las debilidades más fuertes es quizás que por la edad, puedo tener mucho ímpetu y pasión y ahí solo el equilibrio generacional puede poner quizás una protección.

Soy una persona que toma los ‘sí’ demasiado rápido. Eso es justamente fruto de ese ímpetu. He aprendido, especialmente en los últimos años, a reflexionar mucho cada decisión y saber si es estoy preparado para hacer algo y con el equipo adecuado para llegar. Creo que una de mis debilidades podría llegar a ser…

En ese momento se detiene, pensativo. Parece dudar si debe continuar respondiendo a la pregunta. Junta sus manos a la altura de su rostro, de tal modo que los dedos le tocan los labios y parte de la nariz. Retoma el hilo de lo que dice:

Una de las debilidades es confiar mucho a veces en que los cambios se los logra con ímpetu. Tal vez es allí cuando la vida te va mostrando que es mucho más duro, que te vas encontrando con personas, especialmente en la política, en donde están los aspectos más negativos del ser humano porque en la política intervienen la vanidad, el ego, la ambición de poder y creo que ahí puedes tener varias decepciones.

Las decepciones humanas son las más importantes en la vida y creo que esa es una debilidad, muchas veces tener mucho dolor sobre relaciones que finalmente pueden tener un cambio inesperado porque nuevamente, en la política, la ambición, el ego, la vanidad, la búsqueda de poder, puede hacer sacar lo peor de los seres humanos.

Sobre la ambición política. Ha habido un constante interés de los políticos de controlar incluso la comunicación. Usted tiene empresas relacionadas a ese ámbito. ¿No puede haber un conflicto de intereses ahí?

Para prepararme toda la vida con esta vocación de servicio público, mis empresas nunca han hecho nada para el sector público.

Por eso tengo la tranquilidad de que puedo demostrar todo lo que he hecho en mi vida desde el campo privado con total transparencia. En segundo lugar cuando yo hablo de ejemplaridad, que es uno de los motores de esta nueva perspectiva, tiene que haber una lógica de transparencia muy grande para que no existan conflictos de intereses.

Cuando uno habla de la gestión pública transparente y eficiente tiene que tener mayores mecanismos de control y de crítica, y esos contrapesos son los que van a traer una administración adecuada. Yo no tengo dudas sobre mis prácticas. Lo que he hecho en mi vida lo he hecho con el objetivo de que cuando ingrese a la política, mis decisiones no se vean afectadas, ni haya un conflicto de interés en la Alcaldía.

El sistema que deja un presunto abusador prófugo, una familia sin alternativas y un niño sin reparación

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La pesadilla de Irene*, madre de Julián, comenzó al mediodía del viernes 27 de abril cuando fue a recoger a su hijo a la escuela Junta Nacional de la Vivienda. Julián tiene cinco años, la cara redonda y un problema de lenguaje, secuela de una convulsión. Su madre describe a su segundo hijo como juguetón. “Pero ese día estaba callado en el trayecto a casa que tarda, caminando, unos treinta minutos”. Cuando llegaron, Julián no quiso almorzar. Cuando lo iba a cambiar de ropa para llevarlo donde la psicóloga que lo ayuda con los rezagos que dejó aquella convulsión, su hijo le dijo que no quería. Con sus pequeñas manos presionaba con fuerza su pantalón a los costados de su cintura. Irene le bajó el pantalón y la pantaloneta blanca —que estaban limpios— y cuando le quitó el calzoncillo, vio una mancha de sangre en la parte delantera.

— ¿Qué te pasó ahí? ¿Te golpeaste?, le preguntó, nerviosa, intentando que su hijo no note la angustia que la acompañaría durante meses.

Julián empezó a llorar, mientras su madre, desesperada, sin saber a dónde ir, qué hacer, a quién llamar, decidió llevarlo, como todos los viernes, donde la psicóloga. Camino a la terapia, en el bus, Irene dice que aprovechó de nuevo para conversar.

— ¿Qué pasó?

—Luis tocó.

— ¿Cómo?

—Nada, nada, nada.

El recorrido en el bus era el inicio de un calvario de negligencias estatales, de servidores públicos que no cumplieron su trabajo, de una indolencia generalizada de preferir mantenerse al margen, de cuidar su puesto de trabajo antes que defender los derechos de un niño.

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En la sesión de terapia, Julián le dijo a su psicóloga los nombres de los amigos con los que había jugado ese día y las clases que había tenido. Cuando la psicóloga le preguntó cómo eran sus profesores, el niño respondió “Luis malo”.

Al terminar, la terapista le recomendó a Irene que fuese a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) a denunciar lo que podría ser un abuso sexual. Madre e hijo tomaron un bus al Comité del Pueblo, al norte de Quito, donde está la Dinapen. Allí le dijeron que no podían ayudarla, y que mejor llame a un patrullero.

Cuando lo iba a hacer, le dijeron que no llame desde ahí porque no era del sector, que mejor regrese a su casa y desde allá se comunique con el número de emergencias 911. Irene y su hijo emprendieron el camino de vuelta y, dos buses y dos horas después, llegaron a casa. Irene guardó el interior manchado en una funda, y llamó al 911. Pasadas las seis y media de la tarde tres policías los recogieron para llevarlos a la Fiscalía.

En el camino, ella les contó lo que había pasado.

— Me dijeron, como retándome, ‘¿y por qué no nos llamó antes?’ como si yo supiera qué debía hacer, a dónde tenía que ir.

Cuando llegaron a la Fiscalía ya eran las siete y media de la noche. Los policías repitieron a los funcionarios de la institución lo que Irene les había contado. “¿Está preso?”, le preguntaron. Ella les respondió que no, que no sabía quién había sido.

—No mencionaron nada de la denuncia y nos mandaron a que le hagan un examen físico y uno psicológico.

Irene no recuerda cuántas veces subió y bajó de ese edificio esa noche. En uno de esos ires y venires, le entregaron una copia del oficio en el que el fiscal de turno pedía al Laboratorio de ADN de la Fiscalía un examen para determinar la presencia de espermatozoides y material genético en las muestras biológicas extraídas a Julián.

También le dieron una orden para un peritaje psicológico. Cuando la entregó, la psicóloga le respondió “ese no es mi nombre”, y le dijo que acababa de entrar al turno. Irene bajó a pedir la modificación y subió con el documento corregido. Lo mismo ocurrió con el médico legal: el primer documento no llevaba su nombre. Bajó, de nuevo. Cambió los papeles. El recorrido lo hacía de la mano de Julián, aún asustado, aún en silencio.

La psicóloga y el médico legal interrogaron al niño, dice Irene, de forma brusca, invasiva, indolente.

—¿Qué te pasó?

—¿Cómo te caíste?

—¿Alguien te tocó?

—¿No te golpeaste de frente?

—¿Con algún clavo?

La psicóloga le dijo que veía al niño muy evasivo. “Eso voy a poner en el informe, no puedo hacer más porque el niño no quiere hablar más”. Dice que la médica le vio el pene hinchado e intentó apenas bajarle el prepucio. “Mi hijo gritaba, y ella me dijo ‘¿sabe qué? No le puedo revisar, no le voy a tocar, mandemosle al hospital’”, recuerda Irene con la voz entrecortada.  

Después de los exámenes, bajó con su hijo y preguntó a quienes la habían atendido inicialmente si debía hacer algo más en la Fiscalía. “Me respondieron ‘váyase al hospital’. En ese momento yo pensé más en mi hijo, quería descartar que había sido abuso. Pero ni cuando llegamos ni cuando nos fuimos de la Fiscalía alguien me dijo ‘ponga la denuncia’”.

Con la orden de la Fiscalía, Irene fue al Baca Ortiz —el hospital público pediátrico más grande de Quito. Allí tampoco tuvo mejor guía ni ayuda. “Me dijeron ‘pero esto es una orden judicial’ y les agarró el miedo, preguntaron que por qué venía el niño”. Finalmente llamaron al urólogo de turno, quien lo revisó y pidió que se quede una noche en observación para que al día siguiente lo revise su jefe. Esa noche, Julián durmió en los brazos de su madre, en una silla. A las cinco de la mañana le asignaron una cama.

Al día siguiente, el doctor le dijo que no podía arriesgarse a escribir en el reporte ‘abuso’ porque el niño no le hablaba. “‘Pero le puedo decir a usted que ha sido una erección y le han tocado, y ha pasado ese desgarro”, recuerda Irene que le dijo el médico.

Así fueron las primeras 24 horas de escollos burocráticos, falta de respuestas y angustia.

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Todo lo que vivió Irene es la realidad. La teoría de lo que debió suceder es casi perfecta, como sacada del mundo del deber ser. En su luminosa oficina, el subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Carlos Cisneros, habla de cómo el Ministerio está comprometido a ayudar a que los casos de violencia sexual se resuelvan. Dice que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) obliga al personal médico a denunciar un abuso sexual si es que sospechan que un paciente ha sido víctima de ese delito, pero que más allá de eso tienen “protocolos específicos y acciones que se siguen dentro de los establecimientos de Salud para identificar casos de violencia sexual”.

Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad

El Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Carlos Cisneros, dice que existen protocolos para que el personal médico notifique casos de violencia sexual. Pero no siempre se cumplen. Fotografía de José María León para GK

Luego, como si fuese una lista que ha aprendido de memoria, narra el procedimiento: dice que el primer paso —“desde nuestro deber como el MSP si hay un tema de abuso sexual”— es aplicar protocolos médicos: entregar anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo producto de la violencia sexual, antirretrovirales por el posible contagio de una enfermedad de transmisión sexual, e inmediatamente una prueba rápida de  VIH. Después de “asegurar la condición de salud del paciente”, se debe derivar el caso al sistema judicial. El personal médico que lo identificó, en coordinación con el jefe de la unidad operativa, debe informar a la autoridad correspondiente, explica y dice, como satisfecho de lo bien que suena la letanía que recita, “el Ministerio de Salud con Fiscalía tienen protocolos definidos”.

Pero el personal que atendió a Julián no hizo nada de eso: no le dio antirretrovirales, ni le hizo una prueba rápida de VIH. Los doctores que lo revisaron —un pediatra y un urólogo— escribieron en el reporte: diagnóstico “herida de prepucio de etiología desconocida”. Julián tenía una desgarro de un centímetro en su pene inflamado que a los médicos y enfermeras que lo atendieron no les causó alerta alguna. El reporte que llenaron tiene cuatro carillas y en ninguna está la frase ‘abuso sexual’ o ‘presunto abuso sexual’.

Tras su triste peregrinaje de la Dinapen a su casa, de su casa a la Fiscalía, de la Fiscalía al Baca Ortiz, los hijos del rigor burocrático despacharon a Julián a casa. Le recetaron Ibuprofeno, para el dolor, y Cefalexina, un antibiótico.  

Cinco días después, el niño de cinco años acudió a un chequeo. El diagnóstico del examen fue “trastorno del pene no especificado”.

El subsecretario Cisneros dice que la actuación en este caso “estuvo mal” y que el MSP está modificando reglamentos para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual. Reconoce que para el personal del MSP involucrarse significa convertirse en parte de la investigación: “El que un médico haga una notificación de un caso de violencia sexual implica que el profesional de la salud esté inserto en todo el proceso judicial”. Sybel Martínez, directora de la organización Rescate Escolar —que trabaja para erradicar la violencia del sistema educativo—, ha acompañado a los padres de Julián durante su viacrucis. Dice que en el Baca Ortiz, los médicos no escribieron la palabra ‘abuso’ porque —como admitió el subsecretario Cisneros— hacerlo implica vincularse en el proceso judicial. Y no quieren.

Martínez reprocha también la conducta de la Fiscalía: cuando Irene llegó con su hijo herido y el calzoncillo manchado de sangre, sus funcionarios debieron tratarlo como un delito flagrante. También cree que decir que no podían indagar más porque el niño no hablaba no es más que un pretexto. “La Fiscalía recibe a diario casos de abuso sexual donde deberían estar preparados para que el niño no hable”. Según Martínez, lo correcto era que los peritos tomen en cuenta que Julián tenía parálisis de habla, problemas de aprendizaje, y buscar las maneras de abordarlo. Nada de eso sucedió. Médicos, psicólogos y fiscales fueron lanzándose el caso de un lado a otro, evitando involucrarse.

— Nadie se la juega por los niños en este país, dice Martínez.

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El acusado, Luis, es mecánico automotriz. Para ser maestro en el sector público es necesario tener un título relacionado a la Educación, Pedagogía o afines. El 3 de julio, desde su despacho en la avenida Amazonas, la entonces subsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, habló también desde el mundo de la teoría y las explicaciones burocráticas. Dijo que Luis fue contratado para dar Física. “Una vez dentro de la institución, la autoridad le puede asignar otras tareas. En ese proceso, la autoridad le designó unas horas de Educación Física”. Cuando le dije que en las escuelas primarias no se da Física, Montalvo se justificó diciendo que a la escuela le faltaban profesores, y por eso a Luis se le asignaron esas horas. “No es correcto y estamos revisando y viendo cuáles son los procedimientos que se siguió para cambios de este tipo”, dijo.

Subsecretaría de Educación

La exsubsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, dice que el Ministerio no se demoró en separar al docente de la escuela y que se respetaron los protocolos. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

Montalvo confirmó que Luis no rindió las pruebas psicométricas a las que se someten a todos los aspirantes a entrar al sistema educativo. “Nosotros teníamos que llenar una cantidad de docentes que nos estaban faltando en asignaturas específicas: física, matemáticas, biología. Esos perfiles pudimos contratar como Ministerio de Educación, sin que haya concurso. Entran con contrato ocasional y para un contrato ocasional entran sin prueba. Nosotros no podemos dejar el sistema educativo sin docentes”.

— Pero tampoco se puede dejar entrar a cualquiera.

— Por supuesto, para eso hemos hecho algunas valoraciones de las hojas de vida y él cumplía con los requisitos.

Sobre por qué pasó más de una semana entre la denuncia en el Distrito educativo y la separación del profesor de la escuela, dice que se cumplieron los tiempos establecidos y, como si fuese una lista de pendientes completados, lee un papel:

“El 2 de mayo ponen la denuncia en el Distrito 5. El 3 de mayo la DECE distrital acude a la reunión con las autoridades de la institución educativa y le dan a conocer el hecho. El 4 de mayo la psicóloga de la institución educativa le solicita a los familiares el informe de la psicóloga particular. El 7 de mayo hay un abordaje con el estudiante. El 9 la directora de la institución educativa pone la denuncia en Fiscalía. El 10 que ya tenemos completos los dos distritos, tenemos la información, el distrito 5 le pasa el proceso al distrito 3, y el 11 (de mayo) avoca conocimiento y emite las medidas de protección para separación del docente”.

Los días que tardaron en retirarlo a Luis de la escuela, Julián volvió a clases porque la directora había convencido a Irene diciéndole que Luis ya no estaba en la institución. Pero era mentira. Por las pesadillas que tuvo las semanas siguientes y su comportamiento agresivo, Irene está segura que esos dos días, su hijo tuvo contacto con su abusador.

Dos semanas antes de la publicación de este reportaje, Montalvo dejó su cargo en el Ministerio de Educación.

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Alexandra Funnes, abogada de Julián y su familia, hace un recuento de los errores de la Fiscalía.

El primero fue no recibirle la denuncia a Irene la noche del 27 de abril, el segundo fue demorarse en vincular la prueba del calzoncillo manchado a la denuncia que días después interpuso la directora de la escuela. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto se cometieron durante la indagación previa.

Uno de esos errores retrasó casi un mes la formulación de cargos contra el presunto agresor. El 7 de mayo, la madre de un compañero de Julián le dijo a Irene que su hijo, Pedro, le había contado que el profesor de Educación Física lo había tocado a él. Según su madre, Pedro había visto, también, cómo Luis le había tocado el pene a Julián, sacándole sangre.

La abogada Funnes pidió una valoración psicológica de Pedro. Y esta fue, supuestamente, fijada para el 31 de mayo.  “Luego de dos horas de espera, la psicóloga le dijo que no conocía de esa valoración, que estaba ocupada atendiendo otra víctima. Luego la asistente de la Fiscal me dijo que había sido una confusión”. A Pedro lo citaron para el día siguiente, pero él y su madre no regresaron. Funnes dice que se perdió la oportunidad de tener “el único testimonio que contaba lo que había pasado y señalaba al acusado”.

El 25 de junio, a Julián le hicieron una valoración psicológica y le tomaron el testimonio anticipado en la Cámara de Gessel. La entrevista formal terminó sin que Julián dijese un nombre o contase ello que sucedió. Pero, después, le dijo a la psicóloga, casi susurrando, que Luis le había tocado el pene.

La abogada Funnes pidió que la psicóloga testifique en el proceso judicial. Lo hizo al día siguiente. Un día después, el  27 de junio, el juez dictó prisión preventiva para Luis. Pero era demasiado tarde. “Yo le dije a la Fiscal que, previo a la formulación de cargos, pida la detención, que era la única forma de que no se fugue. Cuando se formula cargos se tiene que notificar a la otra parte para no dejarlo en indefensión, y ahí se fugan, como en este caso”, lamenta Funnes. Desde el 29 de junio pedí —vía correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de Whatsapp— una entrevista con la Fiscalía General del Estado para que explique las irregularidades del caso.

En las siete semanas no tuve respuestas a mis preguntas.

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El domingo y lunes después de que Julián salió del hospital fue feriado. La mañana del miércoles 2 de mayo, Irene y su esposo Galo fueron a la oficina de la Fiscalía de la calle Ramón Roca, como le habían indicado la noche del 27 de abril, para preguntar por los resultados de la prueba de ADN.  Les respondieron que tardaría veinticinco días más, y les recomendaron hacer una denuncia en el distrito educativo, porque —les dijeron— su caso era administrativo.

Esa tarde lo hicieron. Al día siguiente, la directora de la escuela Junta Nacional de la Vivienda, y la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) citaron a los padres de Julián. “Nos recibieron muy amables. La directora dijo que no había podido dormir pensando en qué había pasado con nuestro hijo”. Según Irene, la directora les dijo que no habían visto nada, que no sabían qué había pasado. “Pero a los pocos minutos llegó una representante del Distrito 5, donde habíamos puesto la denuncia, y dijo que iban a investigar qué había pasado en la escuela, y a ellas se les deformó la cara porque no tenían idea que venía”.

La directora insistió que Julián regrese a la escuela la semana siguiente. Sus padres accedieron. El día en que Julián volvió a clases, la mamá de Pedro habló con Irene. Enseguida, ella y su esposo Galo fueron donde la directora de la escuela para decirle que Luis, el profesor de Educación Física, era el presunto abusador. Según los padres de Julián, la psicóloga del DECE habría abordado a Pedro y a dos niños más. Dos días después, el 9 de mayo, la directora puso cuatro denuncias en la Fiscalía  por abuso sexual en contra de Luis.

Una semana después de que Galo e Irene se enteraron la identidad del abusador, más de 10 mensajes de voz circularon por los grupos de Whatsapp de los padres de familia de la escuela. En todos se oye la voz de un hombre que se identifica como papá de una niña de primaria. En las grabaciones repite que el profesor ha sido declarado inocente, que no hablen con nadie más, que les puede caer una contrademanda.

“La Fiscalía ha estado ahí, le han sacado de culpa. Muchos padres tendrán que indemnizarle al licenciado. Si tienen un inconveniente hablen con la directora. Por favor, señores padre de familia. Es para que se enteren todos que al licenciado le han sacado de culpa, es mentira del niño y de la mamá”.

“El profesor Luis, él tiene sus abogados, él está ahorita siguiéndole un juicio igual a la señora que le ha puesto la denuncia lo cual yo tengo entendido que no hay pruebas. Es por lo que la Fiscalía a la señora le detectaron que está mal de la cabeza. Eso es mis señores. O sea, esto era una contra demanda que está haciéndole el profesor a la madre y a los padres que han puesto una firma para hacerle esta denuncia”.

Después de la difusión de los audios, los pocos padres de familia que apoyaban a Irene y Galo, incluida la madre de Pedro, se retractaron. Llamé a la madre de Pedro pero me dijo que “no quería tener nada que ver con el caso”. Otro padre de familia cuyo hijo fue también presuntamente abusado por el mismo profesor, no respondió mis llamadas ni mensajes de texto. A pesar de haberles pedido insistentemente una entrevista, la directora de la Junta Nacional de la Vivienda nunca respondió. La psicóloga del DECE me dijo vía telefónica que “estaba en su derecho de libertad de hablar” pero que elegía no hacerlo.

El 8 de julio, en una mesa de uno de los restaurantes fuera del centro comercial Quicentro, el abogado de Luis, Hitler Barragán, dice que su cliente es inocente. Que el testimonio de la psicóloga de la Fiscalía —ese que se consideró para la formulación de cargos un día antes de la audiencia— es inválido porque él estuvo detrás del espejo en la Cámara de Gessel durante el testimonio anticipado de Julián y el niño dijo que el profesor no le había hecho nada, y nunca usó la palabra pipí. Que seguramente ella se inventó. También cree que la psicóloga particular de Julián, quien lo atendió el día del supuesto abuso, lo indujo a ciertas respuestas.

— ¿Por qué está prófugo si es que es inocente entonces?

—Si a usted le acusan de algo que usted no ha cometido donde tiene cuatro denuncias de una pena de siete a diez años, le orden una prisión, no le dejan a usted defenderse, ¿usted va a venir a pasar prisión anticipadamente? Dígame una persona aquí en el país que ha hecho eso. ¿Quién le repone el honor, la dignidad?

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Entre que la denuncia fue presentada en la Fiscalía, el 9 de mayo, y la audiencia de formulación de cargos, pasaron 49 días. Según el COIP, la instrucción fiscal puede tardar hasta 90. Si la Fiscalía hubiese receptado la denuncia de Irene como delito flagrante, la instrucción habría durado máximo 30 días. La abogada Gisela Vaca —que ha patrocinado a niños víctimas de abuso sexual— dice que es un trabajo mediocre de la Fiscalía.

—Si hubieran querido detenerlo antes o evitar que se escape, podrían haber pedido una detención con fines investigativos para que declare, cómo lo hicieron con Fernando Alvarado recientemente.

Luego de dieciséis semanas de denuncias, reuniones, visitas al terapista, a la Fiscalía, de pedir una boleta de auxilio tras ser amenazada cerca de su casa por desconocidos, Irene y Galo recibieron, el 24 de julio, otra notificación de la Fiscalía: decía que el abogado del acusado había pedido que los juzguen por fraude procesal. El delito, según el COIP, consiste en inducir a engaño a la o al juez, ocultando “instrumentos o pruebas”, cambiando el estado de las “cosas, lugares o personas”. La pena a la que se enfrentarían Galo e Irene es de uno a tres años de cárcel.

Cuatro meses después de aquella tarde en que tomó un bus hacía la Dinapen, Irene está agotada. Lejos de la reparación que el sistema judicial se supone tiene que dar a las víctimas, ella siente que Julián ha sido revictimizado en el calvario que les ha tocado recorrer. A veces, dice, hubiera preferido no denunciar. A veces —demasiadas veces— los protocolos, manuales, procedimientos son una letra muerta que los funcionarios repiten como un credo memorizado.


*Todos los nombres de las víctimas y sus familiares son protegidos.

Ejecución extrajudicial

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Segundo 0: la persona que filma corre. En la primera toma se ve apenas el pavimento de la carretera. En el segundo 3, una persona habla con un policía, posiblemente discuten. Dos segundos después,  se ve, claramente, que estas personas corren en sentidos opuestos. En el segundo 7, el sujeto vestido de policía se da la vuelta, coge el arma y hace el ademán de apuntar. Un segundo después se detiene y, como se ve en la imagen y se escucha en el audio, dispara. La bala va directamente al otro sujeto, con el que hablaba y que corría, que cae fulminado. Al segundo 9, se da la vuela el policía. Corre en la misma dirección que antes. Se escuchan gritos. Hay insultos, la gente corre, unos autos dan vuelta y parecen escapar .El video dura 30 segundos,  y circuló el 23 de agosto de 2018. Lo vi varias veces y sin dudar, con sentimientos de horror, lo califiqué de ejecución extrajudicial.

Le di esa calificación bajo el supuesto de que quien dispara es un policía. Lo hace con un tiro certero, y la víctima es un ciudadano que murió. Si era montaje, pues era la representación de una ejecución extrajudicial. Si era realidad lo que circulaba, era una grave violación de derechos humanos  que debe llamar la atención pública y de la ciudadanía. Este hecho es injustificable y voy a explicar por qué.

El mismo día, El Telégrafo publicó una noticia que nos ayuda a dar contexto a los hechos. Cerca de las 6 de la mañana hubo un accidente de tránsito en Ambuquí, en la provincia de Imbabura, que dejó tres personas heridas. La Policía, como correspondía, llegó para hacer la rutina que siempre hace en accidentes de tránsito y llevarse los autos siniestrados. Un grupo de personas quiso impedir que se los lleven y lograron llevarse la grúa con que era remolcado. A la altura del control de Mascarilla, en el límite provincial entre Imbabura y Carchi, se enfrentaron con la Policía.  

Cómo se enfrentaron no se ve en el video. Pudo haber sido un choque verbal, con piedras, incluso pudo haber sido con armas. Lo cierto es que, en esa protesta, recibió un disparo Andrés Padilla Delgado, un joven de 24 años que —cuando se produjo el disparo— no atacaba y estaba de espaldas. Padilla murió en un hospital de Ibarra. Según la versión polical, en Mascarilla “se pruduce un enfrentamiento entre policías y personas del lugar, quienes intentaron detener la marcha de la grúa. Producto del cual resultan heridos 2 policías y 1 persona civil que fallece en el hospital San Vicente de Paúl por impacto de arma de fuego”.  En un video de El Universo, se puede apreciar con mayor claridad el ataque a Padilla y también se escuchan varios disparos.

Ecuavisa reportó que, después de la muerte de Padilla, los habitantes de la zona quemaron el destacamento policial, un auto y cerraron la vía Panamericana por 7 horas.

El hecho deja muchas preguntas: ¿estaba justificada la actuación policial? Si no era así, lo que vimos, ¿era una infracción administrativa, un delito común o una grave violación a los derechos humanos. Saber si habíamos presenciado un homicidio, un asesinato, una ejecución arbitraria o una ejecución extrajudicial era parte de ese largo talonario de interrogantes.

Trataré de responderlas.

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Comencemos afirmando que no toda muerte producida por un agente de policía es ilegal o ejecución extrajudicial. De hecho, el Estado autoriza a la Policía para usar la fuerza física y reprimir. Pero el uso de la fuerza debe tener objetivos legítimos y límites.

El objetivo del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado siempre tiene que ser garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Por ejemplo, un policía que dispara a quien está haciendo un tiroteo, un policía que detiene a una persona que está cometiendo un delito. En estos casos, el uso de la fuerza tiene como objetivo proteger derechos.

Los límites, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), son dos: la necesidad y la proporcionalidad.

La necesidad implica que el agente use la fuerza porque no tiene otro medio para resolver una situación conflictiva, “cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”, según la regla 4 de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley dictados por las Naciones Unidas en 1990.

La proporcionalidad tiene que ver con un uso progresivo de la fuerza en relación con la gravedad del asunto a resolver. Por este principio, los agentes del Estado deben ante una situación conflictiva actuar, en este orden: utilizar medios no violentos, utilizar medios o armas incapacitantes no letales, utilizar armas de fuego solo en casos defensa propia, de terceros, de peligro inminente de muerte, evitar comisión de delitos graves que amenacen la vida, y —según la regla 9 de los Principios— “sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas.”

Para garantizar estos principios se ha desarrollado importante doctrina y jurisprudencia para precisar cuáles son las obligaciones estatales. Por ejemplo, en un caso resuelto contra Ecuador (Zambrano Vélez contra Ecuador, 2007), se estableció que el uso de la fuerza tiene que ser excepcional, restrictivo, proporcional, necesario y respetando el principio de humanidad. Todas estas cuestiones han sido recogidas por nuestra Constitución.

También se ha dicho que es importante considerar la intencionalidad del agente policial. La intencionalidad se produce cuando un agente decide usar la fuerza deliberadamente y no ofrece la posibilidad de rendirse o detener. En el caso Nadege Dorzema v República Dominicana (2012), la Corte IDH consideró como un uso ilegítimo e innecesario de la fuerza cuando la policía disparó a personas que huían.

También vale mencionar —porque es relevante al caso Mascarilla— que cuando se hace uso de la fuerza, la Policía debe prestar, lo antes posible asistencia, a la víctima del daño. Finalmente, no menos importante, cuando hay personas afectadas por el uso de la fuerza, siempre surge la obligación de investigar efectivamente los hechos y, de ser el caso,  sancionar a los responsables.

§

Con estos principios tenemos elementos jurídicos para apreciar y valorar los hechos de Mascarilla.

Vamos por partes.

La intervención que origina la presencia policial en el accidente de tránsito es legítima.

Un grupo de personas intenta evitar que la Policía cumpla su tarea. La Policía persigue a las personas y sigue siendo su actuación legítima. Hay confusión en la escena. Al parecer las personas ofrecen resistencia a la actuación policial.

¿Hay realmente enfrentamiento?

Unos quieren huir, y tratan de impedir el paso de la Policía, y otros quieren atrapar. La Policía afirma que hubo enfrentamiento. Se oyen disparos múltiples pero no se aprecia quién los hace y tampoco se puede observar a personas civiles armadas. Las escenas filmadas impiden tener certezas sobre estos hechos. Pero sí podemos ver la escena que provoca la muerte de Padilla.

El agente de Policía no usó la fuerza para protegerse de un ataque ni proteger la vida de un tercero: no tiene fin legítimo. Dispara y el agente que disparó no asistió al caído. El policía en lugar de garantizar la vida, la privó.

Ahora veamos la necesidad y la proporcionalidad. Padilla no atacó al policía. Estaba huyendo y de espaldas. ¿Qué pasaba si el policía no se daba la vuelta y seguía corriendo? En el análisis de la legítima defensa deberíamos decir que, para que sea justificada la muerte de Padilla, el policía moría. Pero Padilla no estaba atacando y no podía hacerlo de espaldas, sin armas y corriendo para el lado contrario. No hay, pues, legítima defensa al no haber una actual agresión ilegítima por parte de Padilla.

Ahora veamos la proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza. Hay que determinar si haberse evitado el disparo: ¿cuál era el objetivo y la intención del policía al disparar?

Supongamos que Padilla lo insultó, incluso que lo amenazó con matarle, ¿qué es lo que tenía que hacer el agente? La proporcionalidad mandaba a dialogar, detener, herir o matar, según la gravedad de la situación. El policía utilizó la forma más severa de intervención. No hay que olvidar que estamos ante una situación provocada por un accidente de tránsito. La gente no quiere atacar a la Policía, lo que quiere es que no se lleven un automóvil. La causa nos lleva a presumir que la medida adoptada fue desproporcional.

La protesta y el enfrentamiento se produce por la actuación policial y por la muerte de Padilla. No antes.

Por tanto, según los hechos conocidos, la muerte era evitable y el uso de la fuerza fue desproporcionado.

§

Un delito común se diferencia de una grave violación a los derechos humanos por el agente que comete la infracción. No es lo mismo un individuo común y corriente que dispara y mata, que un policía que mata.

El primero no recibe sueldo del Estado, no tiene un mandato de protección a los otros, no tiene entrenamiento. En Mascarilla, el policía cometió una infracción grave porque incumple su deber de protección y además fue entrenado —se supone— para usar las armas y para enfrentar conflictos de forma progresiva. El policía, en suma, es un profesional para el uso de la fuerza y para enfrentar conflictos de tránsito, de delincuencia organizada y para enfrentar manifestaciones públicas incluso violentas.

Por eso tiene más responsabilidad. Pagamos impuestos para que la Policía nos brinde protección a la vida, a nuestras libertades y nos de seguridad, no para que nos mate, nos detenga arbitrariamente o viole nuestros derechos.

La muerte de Padilla, en consecuencia, no es una infracción administrativa, no es un simple homicidio. Si es que no se prueba la necesidad, es una grave violación de derechos humanos.

La muerte injustificada de un ciudadano por un policía se llama ejecución extrajudicial. No es ‘ejecución arbitraria’ porque ésta se produce cuando hay una pena de muerte sin el debido proceso.

Para que sea una ejecución extrajudicial se requieren dos elementos fundamentales: que la persona que provoca el acto pertenezca a un cuerpo de seguridad del Estado y esté en ejercicio de su cargo, y que prive arbitrariamente de la vida.

La ejecución extrajudicial puede ser un acto aislado o con motivación política (delito de lesa humanidad). En el caso del señor Padilla, se trata de un acto aislado y se presentan los dos elementos.

§

Con la información existente, podemos sacar ciertas conclusiones en el caso Mascarilla.

La primera es que en un caso de tránsito siempre es desproporcionado que la policía intervenga con armas letales. Además, la escalada de la violencia hasta llegar a la muerte de un ciudadano significa que la Policía no manejó de forma adecuada el conflicto.

La muerte del señor Padilla—–al menos con los elementos de los hechos que se han hecho públicos— puede ser calificada como una ejecución extrajudicial, que es una grave violación a los derechos humanos.

El Estado en general, y la Función Judicial y la Policía Nacional, en particular, en lugar de esgrimir, sin investigación alguna, que hubo enfrentamiento, tiene la obligación de investigar y sancionar de forma seria y eficaz este hecho.

Si el Estado encubre este caso o lo deja en la impunidad, tendrá responsabilidad internacional por el hecho ante cualquier órgano de protección de derechos.

Y sobre todo, es indispensable que se haga justicia a Andrés Padilla Delgado y a su familia, y que este caso sirva como una ejemplar lección, para que no vuelva a repetirse.

UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Claves para entender el cesa de los jueces de la Corte Constitucional

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Nicole Caisatoa

¿Por qué el Cpccs cesó a los jueces de la Corte Constitucional?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ratificó el 31 de agosto el cese de las funciones de 9 jueces de la Corte Constitucional. La resolución es una negativa a los recursos de revisión que fueron presentados por los jueces luego de su destitución el 23 de agosto,  luego de que se descubriesen anomalías presentadas dentro de sus funciones como el número de causas que aún no han sido tramitadas y las irregularidades en su proceso de selección. Además se cuestionó la independencia de esta entidad con la Función Ejecutiva del Estado. Los nueve jueces destituidos son Roxana Silva, Pamela Martínez, Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Manuel Viteri y Alfredo Ruiz.

¿Por qué no se designaron jueces transitorios?

A diferencia de otros procesos, esta vez no se designaron jueces transitorios porque de acuerdo al artículo 434 de la Constitución el proceso para la elección de los nuevos funcionarios, se hará mediante una comisión calificadora conformada por dos representantes de la función Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. Esta se encargará de seleccionar a los miembros entre las candidaturas presentadas a un concurso público. Este será el único proceso para elegir a las nuevas autoridades. Sin embargo, los funcionarios administrativos —técnicos de procesos, coordinadores de áreas, asesores y asistentes— continuarán regularmente con sus funciones.

¿Cómo se realiza el concurso para asignar los jueces?

Una vez declarada la vacancia constitucional, el Cpccs dispone de 60 días para el concurso para elegir a las nuevas autoridades. Se abrirán las postulaciones en línea para el concurso y podrán participar quienes cumplan los siguientes requisitos: ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por mínimo de diez años, demostrar probidad y ética y no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político.

¿Qué es la Corte Constitucional?

Es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en materia constitucional. El principal objetivo de esta instancia es garantizar que se cumpla la constitución sobre los demás cuerpos legales mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. La Corte Constitucional es una instancia independiente por ello goza de autonomía administrativa y financiera.

¿Qué casos relevantes tendrá que resolver la Corte Constitucional que venga?

La Corte Constitucional entrante deberá  resolver los casos que quedaron pendientes como la Ley de Aguas o el Decreto 16 de la  base de datos unificada de las organizaciones sociales dentro del país que fomente la organización ciudadana. También deberá encargarse de casos futuros como el matrimonio igualitario para el que deberá presentar una postura oficial y empezar negociaciones frente a tratados internacionales en temas de inversión.

Fotos

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Claves para entender el incendio en el Museo Nacional de Brasil

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La vicerrectora del Museo Nacional de Brasil, Cristina Serejo, dijo que solo el 10% de las 20 millones de piezas no fueron consumidas por el fuego. El museo —con 200 años de historia— que se incendió el 2 de septiembre de 2018, es administrado por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y el gobierno federal. Tras el accidente, anunciaron el cierre indefinido de las exposiciones.

Hasta el momento se ha comprobado que el meteorito de Bendegó resistió al fuego. Esta roca extraterrestre de tipo metálica —que llegó al museo en 1888— fue encontrada en 1784 por un niño, cerca de la corriente de agua  Bendegó. Adicionalmente, en ese 10% que no se consumió por las llamas están la colección de invertebrados, el laboratorio de conservación y restauración, la colección del herbario, la biblioteca central y la mayor parte de la colección de vertebrados, porque  se encontraban en un edificio adyacente.

Claves para entender la Ley de fomento productivo

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Es una ley diseñada para “dinamizar la economía, fomentar el empleo así como la sostenibilidad fiscal a largo plazo a través de un ajuste en el marco jurídico”.  Fue un proyecto enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno, con el carácter de económico urgente.

Esa calificación implica que el proceso de creación de dicha ley es mucho más expedito que el trámite normal, por lo que reciben, también, el nombre de ‘decreto-ley’. Desde la constitución de 1929, ha existido en el Ecuador la facultad del Ejecutivo —de forma específica, del Presidente de la República— de adoptar este tipo de proyectos. Se conocen como ‘decreto-ley’ porque, si en 30 días de enviados, el Legislativo no los aprueba, modifica o niega, entran directametne en vigor.

María Fernanda Racines explica en su libro Los proyectos de ley tributarios «económicos urgentes» en Ecuador que para que el Presidente pueda enviar este tipo de proyectos de ley “requiere un pronunciamiento previo del Ministerio de Finanzas”.  Una vez que el Ministro de Finanzas emite este pronuciamiento, el Ejecutivo envía el proyecto a la Asamblea.

La Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal es una norma que entró en vigencia el 21 de agosto de 2018.

Dentro de la Ley de Orgánica de Fomento Productivo se contempla la anulación de intereses y recargos para pequeñas, medianas empresas y grandes contribuyentes (personas jurídicas, es decir empresas, compañías u otras organizaciones) que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 2 de abril de 2018, siempre y cuando paguen el capital adeudado.

Esta norma se aplica también a deudores de préstamos educativos con el Instituto de Fomento al Talento Humano (antiguo Instituto Educativo de Créditos y Becas, el IECE) y con el Servicio Nacional de Aduanas, Senae.

Incluye, además, la remisión —es decir, la condonación o perdón— de intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y servicios básicos.

La ley determina la condonación de deudas con BanEcuador, Corporación Financiera Nacional, CFN, y Banco Nacional de Fomento en liquidación por montos de hasta 50 mil dólares, a personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho que hayan fallecido. Para las mayores de 65, la condonación será del 50 % de dicho monto.

Otro punto importante dentro de la Ley es en cuanto a inversiones y exoneraciones. Las nuevas inversiones productivas que se hagan en todo el país —excepto en Quito y Guayaquil— estarán exoneradas por 12 años del Impuesto a la Renta.

Las inversiones que reciban los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativos tendrán exoneración del mismo impuesto por 10 años. En zonas fronterizas, ese plazo puede extenderse hasta 20 años.

Se establece también tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las importaciones de materia prima e insumos del sector de pesca.

La Ley también contempla que las inversiones productivas que se inicien a partir del 21 de agosto de 2018— fecha de puesta en vigencia de la ley— en sectores como industrias básicas (que transforman materia prima de origen extractivista como petróleo o madera)  tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Renta y su anticipo por 15 años.

La norma se concentró además en plantear reglas para la programación fiscal que buscan equilibrar el Presupuesto General del Estado, que no se podrá aprobar si es que hay déficit en la diferencia entre ingresos y gastos (dejando fuera los intereses pagados por deuda pública).

El total de la deuda pública no podrá superar el 40% del Producto Interno Bruto, PIB y en casos excepcionales en que se requiera endeudamiento, tendrá que haber autorización de la Asamblea Nacional.

Angélica Porras: “el momento de mayor tensión fue por la independencia judicial”

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Es sábado por la mañana y la oficina particular de Angélica Porras, en un edificio de la avenida 12 de Octubre, está casi vacía. El calor veraniego entra por las grandes ventanas, y hay una quietud que parece ajena a lo que Porras cuenta: dice que han encontrado un Consejo sin información, con un departamento dedicado a presionar jueces, e información faltante —y encriptada— a la cual aún no han podido acceder. Sentada a la cabeza de una larga mesa, toma café mientras  habla de su experiencia en el órgano que regenta la función judicial del Ecuador.

Empecemos hablando de la llamada Mesa de la Verdad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes pueden presentar sus casos?

Esta mesa está pensada para investigar a quienes actuaron desde la justicia, jueces, fiscales o miembros del Consejo de la Judicatura anterior, que utilizaron la justicia para perseguir políticamente a la disidencia, para perseguir a comunicadores sociales, líderes sociales o políticos que pensaban diferente.

Puede participar en esta mesa cualquier persona que haya sido perseguida por pensar diferente al régimen anterior y que hubiera sido enjuiciada por tal hecho, sentenciada o incluso encarcelada. Hay un grupo de personas que vienen del 30S, otro grupo que viene del periodismo, otro de líderes sociales.

El primer objetivo es dar voces a las víctimas y descubrir la verdad. Saber qué pasó, y llamar las cosas por su nombre.

Muchas de estas personas fueron llamadas terroristas, saboteadores, magnicidas cuando en realidad lo único que hicieron fue protestar, organizarse socialmente.

Y el segundo —un objetivo muy propio del Consejo de la Judicatura— es precisamente iniciar los procesos disciplinarios a los jueces y fiscales que hubiesen actuado de manera indebida en esos procesos.

Hay que tener claro que no podemos cambiar sentencias, ni las vamos a cambiar porque esa no es nuestra misión. Pero sí podemos sancionar a los jueces y fiscales que actuaron de manera indebida en el juzgamiento de estas personas.

angelica porras

Porras es catedrática universitaria y abogada. Hace dos meses fue designada vocal del Consejo de la Judicatura. Fotografía de José María León para GK

¿Es posible que haya casos de persecución menos visibles, que en su momento no tuvieron mayor cobertura mediática pero que también entren al análisis de la Mesa de la Verdad?

Nosotros estamos trabajando en la mesa ya un mes. En los últimos días, desde que la presentamos, hemos encontrado muchos más casos de los que nos imaginábamos.

Hay casos que han pasado, efectivamente desapercibidos porque son en provincias, entonces se ven minimizados o porque son personas que prefirieron declararse culpables, hacer una negociación con el fiscal, que permite la Ley, para reducir sus penas. Y ahora dicen: yo era inocente y me sentenciaron a tantos meses o tantos años.

Resulta, entonces, que la cuestión era más grande de la que nos imaginábamos, la dimensión es generalizada y sistemática. Realmente es terrible lo que ha pasado.

¿Se sabe cuántos casos hay hasta ahora?

Tenemos hasta ahora 103 ó 104 casos, pero tengo la impresión de que esa cifra se puede duplicar. Eso sin contar individualmente a las personas. Por ejemplo el caso 30S tiene varios cientos de personas dentro del caso.

¿Y ese se cuenta como un caso?

Claro, como un caso. Ese caso nos tomará mucho más tiempo. Habrá una comisión específica para este caso.

¿Quiénes forman parte de la mesa?

La mesa tiene dos componentes.

El primero, las organizaciones de las víctimas y las víctimas. El segundo, las organizaciones del Estado.

Pero en este segundo componente hay dos momentos. El primer momento estamos el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Procuraduría General del Estado.

En un segundo momento se van a ir integrando en las comisiones de trabajo los representantes de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia —además de los que ya mencioné en el primer momento.

Es importante que los posibles victimarios tengan voz, no queremos cometer el mismo error: si a nosotros no nos dieron la oportunidad de defendernos, a ellos sí les vamos a cumplir el debido proceso. Además estas organizaciones tienen información que ni nosotros ni las víctimas tenemos.

Es importante recabar información suficiente para que después de que salga el informe, las víctimas puedan buscar reparación judicial.

Entonces están las víctimas, las organizaciones del Estado y, además, habrá un acompañamiento técnico: con la Academia, reconocidos constitucionalistas y defensores de derechos humanos y organizaciones que se han caracterizado por luchar con las personas que en algún momento estuvieron solas cuando el régimen se abalanzó sobre ellos.

Entre estas está INREDH y hay conversaciones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para que nos acompañe en la mesa.

¿Cuál sería el proceso? Habría un primer informe en diciembre, ¿cuál sería su objetivo?

Vamos a trabajar por comisiones según el tipo de caso.

En la primera etapa vamos a recoger la información y elaboraremos una ficha para documentar cada caso. En una segunda etapa sistematizaremos la información para buscar los patrones de cómo sistemáticamente se operaba.

Usted recuerda, por ejemplo, salía una sabatina y ahí se decía cómo es posible que el juez haya dado la libertad en equis caso.

Entonces queremos definir cómo fueron los patrones para poder desmontarlos.

¿Y también se buscará saber quién actuó ahí?

Sí, y seguramente vamos a encontrar —digo esto a manera de hipótesis— que no fueron sólo los jueces o fiscales, sino que también actuó el Consejo de la Judicatura o la función Ejecutiva.

Una tercera etapa es entregar el informe con esos resultados: ahí debe decir estos son los patrones, estas son las recomendaciones para desmontarlos, estos son los responsables. Con ese informe, como Consejo de la Judicatura, nos tocará iniciar los procesos disciplinarios en cuanto a jueces y fiscales.

Muchos de ellos fueron premiados. Actuaban de una manera en un juicio y luego les premiaban con una notaría o con un puesto de juez superior.

Pero este informe tendrá otras recomendaciones a otras instancias del Estado que puede ser la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia o el propio Ejecutivo, porque si este informe nos da insumos suficientes quizás es necesario que el Ejecutivo y todo el Estado tenga una Comisión de la Verdad para saber qué pasó con los perseguidos políticos no solo del sector judicial, sino incluso gente que murió y en cuyos casos pesa la duda de si fue el Estado el que intervino.

Este informe debería servir para que las víctimas inicien acciones penales o judiciales no sólo sobre quienes los persiguieron, sino también para que el Estado o el Ejecutivo inicie una comisión que permita identificar qué pasó con la persecución.

Esta semana vamos a difundir públicamente los canales a través de los cuales se pueden hacer las denuncias y entregar la documentación. Esperamos que esto no nos lleve más de quince días y podamos empezar con la sistematización.

consejo de la judicatura ecuador

Porras dice que han hecho “hallazgos terribles”. Fotografía de José María León para GK

¿Qué otras cosas han podido identificar en la Judicatura?

En realidad los hallazgos son terribles. Esta forma de operar significó un mecanismo de presión orquestado desde el Consejo de la Judicatura.

Había un área dentro del Consejo de la Judicatura que se dedicaba a presionar a los jueces, donde estaba actuando al Estado.

Al mismo tiempo, presionaba a los jueces para beneficiar a algunas entidades privadas en las que había intereses directos del gobierno. Había, por un lado, control sobre los jueces: los convirtieron en jueces obedientes, salvo honrosísimas excepciones, que sí las hay pero la mayoría ha actuado con miedo a una sanción, a una destitución.

Se sabía que los jueces tenían que complacer al Estado.

Incluso hay cartas, 3 cartas.

Una enviada por el señor Alexis Mera en la que claramente dice que no se pueden conceder acciones de protección en contra del Estado. Las otras dos fueron enviadas por otros dos funcionarias del Consejo de la Judicatura. Lo primero que pedimos al llegar al Consejo fueron esas cartas, pero fueron destruidas.

Hay un montón de copias, ninguna certificada, solo las copias simples que nosotros también tenemos porque se destruyó información.

Esta dirección que le digo se encargaba de enviar a uno de sus funcionarios a las audiencias, solamente a sentarse allí. No hacía falta más. Y en algunos casos se acercaba al juez, a decirle vengo de tal parte, me ha mandado fulano, me ha mandado sutano y me parece que usted debe tener en cuenta los derechos del Estado.

Una dirección con más de 15 personas pensada para eso. No tiene ninguna otra función. Nosotros pedimos un listado de los datos, dijimos a ver cuáles son los casos en los que intervinieron, nos dieron el listado y son casos en los que intervenía el Estado.

¿Cómo cuáles?

No me gustaría dar esa información porque es parte de la investigación que estamos haciendo. Pero hay varios casos polémicos, muchos de persecución política en los que estuvieron haciendo ‘el seguimiento’ como ellos lo llamaban.

¿Y la dirección cómo se llama?

De Transparencia.

¿Fue instaurada o ya existía?

La verdad es que fue creada. Fíjese que lo que supuestamente hacía esa dirección, en el papel, lo hace la Dirección de Control Disciplinario —entonces, no hacía falta crearla porque no podía tomar ninguna acción: legalmente o reglamentariamente esta Dirección de Transparencia no podía decir hagan esto o hagan lo otro, lo que sí podía la Dirección de Control Disciplinario.

La de Transparencia se creó sin objetivo legal. El objetivo no era un procedimiento, el objetivo era acompañar, vigilar los casos en los que estaba interesado el Estado.

¿Y qué pasa ahora con esa dirección?

Esta dirección no está funcionando. Todavía no está resuelta la moción que presentamos Juan Pablo Albán y yo para eliminarla. No hemos logrado consensuar con los otros vocales para eliminarla.

Creemos que sí podemos llegar a ese acuerdo.

De momento existe pero no está haciendo nada, lo que también resulta un poco inconsecuente: necesitando tanta gente en tanto lugar para trabajar no podemos seguir manteniendo a esta dirección sin hacer nada.

¿Es decir que hay 15 personas sin funciones?

Sí, sin funciones.

¿Hasta que el Consejo de la Judicatura se ponga de acuerdo qué hacer con estas personas?

Nuestra posición es eliminarla. El rato que la eliminemos seguramente estas personas serán transferidas a otros lugares en donde se necesiten. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido decidir ese tema.

¿Qué pasa con esos funcionarios que actuaron de forma obsecuente con el régimen, no solamente hablando de parámetros éticos sino quizás también legales, cómo se les puede reubicar en lugar de que haya procesos disciplinarios?

Usted tiene toda la razón. En realidad me parece que lo correcto no solamente sería desaparecer esta dirección sino iniciar los procesos.

Deberíamos iniciar los procesos en contra de los funcionarios de esta dirección y si es que hay que destituirlos, habrá que destituirlos.

Porras es una mujer con una claridad didáctica para hablar. Antes de ser parte del Consejo de la Judicatura era docente  de la Universidad Andina, y tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.

juan pablo alban angelica porras

Porras dice hay 15 funcionarios del Consejo de la Judicatura que actualmente no tienen funciones. Fotografía de José María León para GK

Usted cuenta estas cosas que han ocurrido durante estos diez años y resulta preocupante escucharlo. ¿Cómo desmontar ese sistema? No hablamos solamente de 15 personas de una dirección, sino de un patrón de conducta como usted mencionó anteriormente. ¿Cómo se puede trabajar para tener una justicia en la que se pueda confiar?

Este no es un trabajo de pocos meses.

Nosotros no solamente  tenemos problemas con la justicia en los últimos diez años.

Quizás los últimos diez años fueron los más patéticos porque la función llamada a proteger los derechos humanos se utilizó contra todos. No solamente contra los políticos como había sido en regímenes anteriores sino contra cualquier ciudadano que osaba cuestionar de alguna manera al régimen.Nunca antes hubo una persecución tan fuerte a los jóvenes destruyendo su proyecto de vida inclusive.

Siempre hemos tenido un problema con la Justicia, siempre un problema serio ha sido la independencia. No ha habido independencia. El Legislativo o el Ejecutivo han intentado siempre tomarse la Justicia. Y de hecho estuvo tomada la justicia por diversos partidos políticos. Ahora hubo un cambio de color.

El problema con este cambio de color es que fue absoluto, no hubo ningún contrapeso, por eso llegó a los límites que llegó. Debemos diseñar un modelo más acorde a los parámetros internacionales de independencia judicial.

El eje, para nosotros, el la independencia judicial. Ese es un tema, no solo de diseño porque nosotros solemos creer en Ecuador que cambiando la Ley, cambiamos las instituciones. No es una cuestión de diseño. Es una cuestión de cultura política, cultura jurídica, difícil de construir. Esto no es a corto plazo.

Pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es mirarnos al espejo: lo que sucedió en estos diez años no solamente fue el resultado de un régimen autoritario sino de una sociedad que lo permitió, de una sociedad que prefirió quedarse callada frente a los atropellos, de una sociedad que dejó solos a quienes tenían que enfrentarse al gobierno, al poder estatal.

Eso indica que el autoritarismo no solamente está en nuestras autoridades sino también está en la sociedad. En esa medida, ¿qué elementos podemos aportar nosotros para que este sea un sistema independiente?

Primero no violar el principio de independencia judicial.

Ese es un compromiso nuestro, al que llegamos luego de arduas discusiones dentro del Consejo, pero es un compromiso de todos los vocales en este momento.

¿Qué significa eso concretamente?

Concretamente significa que no vamos a presionar a ningún juez ni a ningún fiscal para que decidan en la forma en que nosotros consideramos que es la correcta.

¿Pero la sanción a la jueza del caso Espinel no podría considerarse una presión?

Sí, con esa y dos cartas más que salieron posteriormente. Precisamente esos elementos generaron dentro del Consejo una fuerte discusión.

La ventaja es que esos dos eventos nos llevaron a tomar este compromiso que está elevado a resolución: cualquier información que se solicite a jueces o fiscales no puede tener calificación alguna sobre sus actos jurisdiccionales, debe ser decidido por el pleno y no de manera aislada por uno de los vocales o por el presidente, aunque en el caso del presidente tenía esa facultad pero, desde nuestro punto de vista, tenía que someterse a discusión porque es una cuestión polémica.

Entonces hemos tomado esa decisión. Es un compromiso de todos los vocales, que este tipo de cosas no se hagan, y cuando tenga que pedirse información se lo haga respetando la independencia judicial.

Vamos a ver.

Tengo confianza en que esto no se va a repetir porque en eso hemos quedado, pienso que todos los que estamos allí somos personas honorables y vamos a cumplirlo. Ese es un primer elemento: la independencia judicial.

Un segundo elemento es la formación de los jueces, y un tercer elemento es verdaderos concursos.

¿Qué pasó en los diez años anteriores?

En primer lugar, los concursos y las recalificaciones sobre todo, no atendieron solamente a los méritos. Hay concursos que se recalificaron hasta 3 veces, y una persona que tenía 20 puntos llegó a tener 40 o 50 puntos. Hay ciertos concursos en los que hay hasta 3 bancos de elegibles, con diferentes calificaciones cada uno porque calificaba la Escuela Judicial, calificaba Innovación y calificaba, además, la Dirección Nacional.

¿Pero no había un reglamento claro sobre eso o simplemente se lo saltaban?

Es una interesante pregunta porque los reglamentos eran muy generales, precisamente para permitir cualquier maniobra de este tipo.

Entonces hay muchas quejas respecto de que alguien tenía 50 puntos y era el mejor, y de pronto una persona que tenía 30 llegó directamente a los 50 puntos.

A veces no es fácil determinar cuál es el banco de elegibles correcto porque hay varias recalificaciones.

Los concursos fueron muy manipulados. Precisamente por estos amarres en los concursos, los jueces que llegaron (no todos, no siempre) no son los mejores. Además le deben el puesto a alguien. Si es que a alguna persona le ayudan a llegar a un puesto más allá de sus méritos, debe el puesto, está debiendo un favor y obviamente va a ser obsecuente. Ese es otro tema a solucionar.

Y otro tema es la formación. En otros países la formación de un juez no es la formación de la universidad. Si llega a juez tiene que iniciar un sistema de formación continua, de varios años, de tal forma que su bagaje jurídico sea mucho mejor del que obtiene cuando sale de la universidad, especialización o incluso de una maestría, porque además el juez tiene que tener otra serie de elementos formativos que van más allá del Derecho.

Un juez tiene poder: va a decidir la libertad o prisión de una persona, va a decidir sobre una herencia, sobre un contrato millonario. No es fácil ser juez, entonces la formación debe ser continua, acompañada de todos estos elementos que le ayuden a tomar una decisión en casos complejos.

Angélica Porras hace una pausa, da unos sorbos al café, hace un par de apuntes con una pluma roja en una libreta. Cuando habla usa un plural que haría pensar que en el Consejo de la Judicatura hay vocales que piensan —y votan— como ella, y otros que tienen ideas contrapuestas.

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La vocal Porras dice que hubo corrupción en el Consejo dela Judicatura en la década anterior. Fotografía de José María León para GK

Usted habló de un tema clave: los concursos. Hay esta discusión, incluso política, cuando Rafael Correa y Lenín Moreno se enfrentan diciendo, el primero que la justicia ya no es independiente, el segundo que ahora lo es. La discusión cae al vacío cuando vemos que la estructura es la misma. Quizás los vocales de la Judicatura ya no son los mismos, pero quienes están en los puestos de toma de decisiones, fallos, jueces y fiscales, son los mismos que entraron en estos concursos tan dudosos que usted menciona. ¿Qué va a pasar con estos jueces y fiscales? ¿Este cambio en la Justicia hacia dónde va y cómo se concreta?

El Consejo de la Judicatura ya conformó una comisión para receptar las denuncias de corrupción judicial.

Esta comisión —que está liderada por Juan Pablo Albán— busca responder a la corrupción judicial porque hay corrupción.

Pretendemos que en casos ya cerrados o en casos que están en proceso, se pueda investigar a los jueces y fiscales que están cayendo en corrupción.

La segunda arista es la evaluación de los jueces. Esta evaluación hemos dividido en dos partes, la primera es a la Corte Nacional de Justicia. El diseño de esta evaluación ya está más o menos concluido. Vamos a acompañarnos de expertos internacionales para que se vea que la intención no es perseguir a nadie sino evaluar. Entonces hay una comisión de expertos internacionales, una comisión técnica que se encargará de hacer la evaluación en sí que es, además, una comisión de carácter académico y una tercera arista que es las veedurías sociales —veedurías de abogados, ciudadanos, organizaciones sociales.

Esto para la Corte Nacional de Justicia porque es una alta corte de nuestro país.

Nosotros no podemos llegar y decirles ‘actuaron mal, váyanse a la casa’. No: tenemos que evaluarlos cómo se debe, identificar quiénes actuaron mal, quiénes actuaron correctamente y decidir entorno a eso.

Esta es la evaluación de la Corte Nacional de Justicia.

Estamos recién empezando a trabajar en la evaluación de jueces de primero y segundo nivel. Es un arduo trabajo. Tenemos que hacerlo.

Esta evaluación tiene que incluir la trayectoria de este juez, de dónde viene. Porque como usted ha visto, resulta que un juez de una alta corte era antes secretario particular del Presidente, posteriormente su representante en el Consejo de Participación, o en otros organismos del Estado y llegaba a juez nacional o constitucional, que además iba a controlar la constitucionalidad y los actos del gobierno.

Eso ya me indica que la independencia de ese juez ya está cuestionada.

Entonces creemos que en esta evaluación debe incluirse la trayectoria del juez porque la Corte Nacional y la Corte Constitucional son las más altas cortes de este país, van a controlar los otros poderes del Estado: se supone que allí deben estar las personas más intachables.

¿Cuándo se podrá tener estas evaluaciones?

Esta semana vamos a discutir el diseño para aprobarlo e iniciarlo, en el caso de la Corte Nacional de Justicia. La de jueces de primer nivel, recién estamos empezando.

Pero hay una tercera cuestión: la formación. Nuestro objetivo es que haya un proyecto a largo plazo en formación continua. No es cuestión de que sale el Código General de Procesos (Cogep) y le doy un curso y ya. No, tiene que ser continuo para que el juez tenga elementos para saber cómo actuar cuando cambia la ley, sin necesidad de ese rato de manera apurada hacer un curso de pocas horas para saber más o menos cómo actuar.

Entonces es una montaña el trabajo y son pocos meses pero hay que iniciar.

Si hablamos de una posibilidad de que hay actuaciones sistemáticas, ¿nos deshacemos de todos los funcionarios para traer unos nuevos?

Es muy complejo, es realmente difícil. Creo que hay que distinguir. En primer lugar está la responsabilidad de los órganos administrativos como el Consejo de la Judicatura.

Ahí estamos funcionarios públicos que no tenemos la calidad de jueces. Esa situación es distinta porque está regida por normas que corresponden a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), al Código Orgánico de la Función Judicial e inclusive al Código del Trabajo. Entonces allí estaremos frente a dificultades legales porque hay falta de pruebas: eso tiene que resolverse en el ámbito judicial, hay situación de prescripción de las acciones.

Eso en el caso de quienes trabajan en el Consejo de la Judicatura, que pueden ser responsables también. Ojalá logremos establecer responsabilidades al menos de carácter administrativo porque ahí sí nos corresponde a nosotros mismos como Consejo de la Judicatura, sancionar a nuestros propios funcionarios. Si logramos tener pruebas, podemos lograr hasta destitución.

El otro caso es el de los operadores judiciales: jueces, secretarios, amanuenses. En ese caso, nosotros tenemos la potestad de investigar, sancionar e incluso destituir. No sé cuán grande sea la sanción, los despidos o las destituciones.

No sé si son tan grandes.

Me parece más bien que hay jueces y fiscales determinados que estuvieron en un caso, y al mismo fiscal que ya se prestó para eso, le pusieron en otro y luego en otro.

Lo que sí pasó es que nadie hizo nada. Presionaban a todo un tribunal: la opción era, te quedas callado y te mantienes en el puesto o te vas.

Y aquel que no cumplía uno de los dos caminos, le destituían.

Sí hubo fiscales y jueces que, como resultado de actuar en varios casos  haciendo lo que le mandaban, tuvieron como premio llegar a juez titular o provincial, y así. En este segundo caso no creo que podríamos tener una situación masiva.

Lo que sí hubo es mucho temor de los otros jueces para quedarse callados y dejar solos a quienes sí se oponían. Hubo eventualmente un juez que decía yo no estoy de acuerdo, venía la sanción y los otros jueces se callaban.

Eso sí es masivo.

Y cuando uno escucha a los jueces dicen ‘bueno, yo gané bien el concurso, yo tengo familia’, y sabían que si hablaba no iba a encontrar otro trabajo. Y eso les pasó a varias personas: no pudieron volver a trabajar en ninguna otra parte.

La escuché también decir que ni siquiera hay información confiable sobre la cantidad de funcionarios que hay en la Judicatura. ¿Qué pasa con la transparencia informativa al interior de la Judicatura?

Hay tantas cosas en el Consejo de la Judicatura que hay cosas que hemos dejado un poco de lado esta que usted menciona, que es fundamental: no hay información certera casi en nada. Lamentablemente tengo que decirlo de una forma tan dura.

Hay una serie de proyectos de inversión que más de dos meses estamos aquí, no sabemos cuántas personas trabajan en esos proyectos.

Es que son proyectos de inversión en los que se empezaron a dar cargos tan bien remunerados, incluso mejor remunerados que nuestros asesores, entonces uno pregunta dónde está esta persona, dónde trabaja. No están físicamente allí.

Hemos pedido que nos den esa información pero está guardada. Ya por lo menos tenemos información sobre los proyectos de inversión, las personas que están trabajando allí.

Lo que pasa es que esos proyectos tienen unos objetivos específicos que no se han cumplido. Ese es un problema en cuanto a la transparencia que realmente no hemos atendido por las mil cosas que tenemos que hacer.

Imagínese que en uno de los concursos —no le voy a decir en cuál porque está dentro de la evaluación— el reglamento que emana del propio pleno de la Judicatura anterior dice que se va a utilizar la plataforma del departamento de TICs. Pero a último rato, la dirección general anterior dice ‘vamos a utilizar esta otra que está a mi cargo’ y el director anterior dice: ‘yo voy a manejar esta plataforma’. Viene el concurso, TICs pierde el control y hace dos semanas yo pedí el sistema que se utilizó para hacer el concurso.

Me dan el de TICs, me dicen que ahí no están los exámenes, que ese manejaba la dirección general. Nos costó mucho trabajo identificar este otro sistema, que es un sistema que no está donde debía estar, y nadie sabía dónde estaba.

Yo pido ver los exámenes, me dicen está difícil porque están encriptados. ¿Cuánto se van a demorar en desencriptar eso? Parece que es un trabajo de dos meses. Así se manejaban las cosas.

porras angelica

Porras dice que permanecerán en el cargo hasta mayo de 2019. Fotografía de José María León para GK

Es decir que el control estaba bajo la dirección general y ellos tenían el acceso a unos datos encriptados, ¿dónde queda la transparencia?

Exacto. Además públicamente no se sabía que se había utilizado este sistema. Nosotros descubrimos porque pedimos el sistema a TICs y nos dicen tomen el sistema pero ahí no están los exámenes.

Si yo quiero saber cuánto sacó alguien ahorita no puedo saberlo, lo están desencriptando. Desenmarañar, desanudar es un trabajo titánico.

Esto los ciudadanos no lo saben pero debemos tomarnos el tiempo necesario para desenmarañar eso porque sino nunca vamos a cambiar.

¿Qué implica? ¿Cuál es el tiempo definido para esta transición?

No tenemos un tiempo definido pero no podemos quedarnos más allá del Consejo de Participación, o sea en mayo. Ese sería el tiempo máximo.

Tenemos dos o tres misiones fundamentales. Una, la evaluación de los jueces, de la Corte Nacional y de los otros jueces. Esa es nuestra primera misión. Nuestra segunda misión es buscar quiénes son los responsables dentro de la justicia, de la persecución política y de la corrupción.

Hacia el final de la entrevista, Porras narrará los momentos más surreales que le ha tocado vivir en estos dos últimos meses. Si la situación de la Justicia en el Ecuador es como la describe, la dimensión de la tarea del Consejo de la Judicatura que integra estriba entre lo titánico y lo imposible.

Usted hablaba en algunas entrevistas de algunos contratos que quedaron en el aire. ¿Cómo van a trabajar este tema de contratos mal dados o confusos o con irregularidades?

Hemos hecho ya alguna investigación sobre los contratos polémicos, por decir lo menos.

Son contratos de corrupción.

Un contrato muy conocido, el de Justicia 2.0. Y otros contratos de montos pequeños, mucho en volumen, pero que también son dudosos, mucho en la forma en que se concibieron y ejecutaron.

De eso ya levantamos un primer estudio, ahorita estamos haciendo los exámenes respectivos para pedirle a la Contraloría que amplíe los exámenes anteriores porque en uno de estos contratos la Contraloría ya hizo su examen, pero dijo algo como miren, están amontonados los equipos en tal parte, hay que utilizarlos. No analizó la parte más importante: se pagó por un sistema 30 millones de dólares, dónde está ese sistema, qué está haciendo, qué podemos utilizar. Eso no hizo la Contraloría. Hay una serie de construcciones con unos precios altísimos. Una construcción de similar tamaño que cuesta seis veces menos.

Ya hemos identificado estos casos que están con informes de Contraloría.

¿La Contraloría determinó que todo estaba bien?

La del doctor Pólit. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Estamos buscando los mecanismos jurídicos para que amplíen los objetos de investigación y vamos a buscar aquí algo de lo que se llevaron.

He solicitado al pleno que enviemos una comunicación al Consejo de Participación, porque ellos tienen una Secretaría Técnica Anticorrupción, para decirle que estos son los contratos que queremos que el Contralor actual estudie e identifique si hay alguna irregularidad para iniciar acciones legales, penales, en contra de quien corresponda.

En el caso de Justicia 2.0, el informe del contralor solamente dice que hay posibles responsabilidades administrativas. Y todas recaen sobre el administrador del contrato, que es un funcionario de segundo o tercer nivel dentro del Consejo de la Judicatura.

En ese contrato mínimamente debería ser el director general, sino todo el pleno, porque 30 millones de dólares es muchísimo dinero y no funciona ese sistema.

¿Hay consenso dentro del pleno sobre todos estos temas? ¿Están de acuerdo en las prioridades?

No hay consenso en todo. Uno de los temas de menor consenso es el tema que fue un momento de tensión muy fuerte, el tema de la independencia judicial. Yo hablo por mí, pero sin lugar a dudas Juan Pablo Albán también, tenemos como eje rector la independencia judicial.

Lo cual no quiere decir que vamos a permitir la corrupción, precisamente por eso estamos pensando en este otro mecanismo.

Tenemos que lograr que nuestros jueces asuman su poder, asuman su responsabilidad y estén dispuestos a asumirla posteriormente si es que hubieran incurrido en una falta ante las autoridades competentes, pero no podemos decirle al juez ‘usted ha actuado bien o mal’. Lo que sí podemos decirle es que ha violado la Ley pero pedirle que cambie la sentencia, no podemos.

Ese es un punto de diferencia —o lo fue hasta hace pocos días. En cuanto a las prioridades también hay diferencias, menores, creo yo sobre todo que teniendo en cuenta que la independencia judicial es el eje central, para nosotros la cuestión de la transparencia, del apoyo técnico de organismos internacionales y de derechos humanos es sustancial.

En eso ha habido unas diferencias no muy profundas pero ha habido por ejemplo en el tema de la evaluación. Yo desde el principio me opuse a que la evaluación la hagan con el mismo sistema que lo han hecho durante todos estos años y con las mismas personas que lo han hecho.

¿Y había vocales que estaban de acuerdo con hacerlo con el mismo sistema?

Sí, decían ‘vamos a gastar menos’. Yo decía sí vamos a gastar menos pero vamos a quedar bastante deslegitimados porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de evaluar a una Corte Nacional de Justicia, la corte más importante del país.

Hubo algo de discusión, parece que ya estamos casi en el consenso de que tiene que haber organismos internacionales mirando aunque nos cueste un poco de dinero traer al experto, por decir algo al relator de independencia judicial de la OEA, que venga a mirar el proceso porque no tenemos miedo, porque no estamos persiguiendo a nadie.

Lo que queremos es que ese proceso sea súper transparente.

Una cosa es decir, tenemos al relator de independencia judicial o a tal jurista reconocido en todas partes y que la academia —que ha estudiado diez, quince, veinte años el tema de las cortes— sean quienes lideren el sistema de evaluación.

Esa ha sido un poco la pelea, sí, nos va a costar más pero es necesario.

¿Y hay presión de la opinión pública o de sectores que exigen que se resuelva rápido?

Claro, porque básicamente el cuestionamiento que nos hacen es queremos una medida inmediata y sí podríamos hacerlo pero creo que esa no es la forma porque es el efecto mediático inmediato sin tomar las precauciones debidas. Ha habido muchísimas presiones.

¿De qué tipo?

Básicamente eso: se dice por qué se demoran tanto, hay que cambiar los jueces. Sí, hay que hacerlo, pero no podemos decir nosotros ‘este juez es malo, este juez es malo y afuera’.

Hay que hacer un concurso pero resulta que las seguridades para las preguntas están totalmente vulneradas.

Hubo una jueza que me llevó los bancos de preguntas y me dijo que había comprado todos los bancos de preguntas. Ya no es jueza. Dijo que para todos los concursos compraba el banco de preguntas con las respuestas. Así es que quería que le restituyan a su puesto. ‘Yo pagué lo que tenía que pagar’, dijo.

corrupción judicial ecuador

Según Porras, algunos jueces han confesado que compraron las preguntas de los concursos o recibieron coimas. Fotografía de José María León para GK

¿Una jueza que había comprado los bancos de preguntas estaba pidiendo que le restituyan en su puesto porque había comprado los bancos de preguntas?

Sí. Sí. Y cosas así. Una jueza que nos dijo que solo ha recibido dos mil dólares y que cómo es posible que le hayan destituido si eso era una falta leve.

Dos mil dólares de una coima. Eso es un delito. Un dólar no puede recibir. Por un dólar usted puede ir a la cárcel. Imagínese el grado de distorsión. Dijo que era una falta leve.

Nosotros nos quedamos fríos. No podíamos creerlo. Así de mal estábamos.

Tenga en cuenta que nosotros sí debemos cumplir los procesos judiciales cueste lo que nos cueste. No se trata de que todos afuera porque son correístas o porque actuaron mal o suponemos que actuaron mal, que parece que sí. No podemos hacerlo.

¿Si tienen la libertad para hacerlo?

Poco, porque la mayoría o bastante de estas personas tienen nombramientos definitivos. Hay nombramientos provisionales pero tenemos la obligación por ley de hacer el concurso para ver si es que estas personas pueden o no quedarse. Lo que sí vamos a hacer es abrir el concurso para que otras personas de afuera puedan competir.

Es decir que hay funcionarios de la Judicatura que tienen que quedarse y se van a quedar?

Si es que tenemos una prueba, no tienen que quedarse. Por eso son necesarias personas que estén dispuestas a poner su firma. La mesa de perseguidos políticos funcionó porque la gente estaba dispuesta a poner la cara.

En el caso de la corrupción contra los jueces ya tenemos tres investigaciones en marcha porque hubo gente dispuesta a poner la firma, gente que dijo ‘me voy a arriesgar y voy a arriesgar a mi familia’. Por esa gente es que vamos adelante con esto.

Cómo se fabrica un suicidio

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César Coronel tenía 27 años. Medía un metro 87 centímetros, tenía el pelo oscuro, la piel trigueña, la sonrisa amplia. Su madre, Fabiola Olivo, lo recuerda todos los días.

— Era alto mi guambra, grandote. Yo me le colgaba del cuello, le daba besos y abrazos y él, riéndose me decía: Ya pues, señora, no me beses tanto.

César Augusto Coronel Olivo era subteniente de la Policía Nacional. Se había graduado de la Escuela Superior de Policía en 2009. Respetaba a la institución. Le gustaba ser policía aunque su padre, de quien heredó su nombre, siempre se opuso. El padre, César Augusto Coronel Vega, es capitán de la Fuerza Aérea en servicio pasivo, y estaba contento con la decisión de su hijo de estudiar en la universidad. En 2002, cuando terminó la secundaria, se fue un año de intercambio a Estados Unidos, y al regresar a Quito entró a la Universidad Israel en donde estudiaba Ingeniería en Sistemas. Un día, sin mayor explicación, anunció que quería ser policía.

— Yo nunca estuve de acuerdo, cuando él iba a entrar, fuimos a la entrevista y yo fui muy duro con la institución. No quería que lo admitan, pero lo admitieron.

Recuerda su papá y su tono de voz se eleva, sus ojos azules se entrecierran, sus labios se contraen. Fabiola, su esposa, lo escucha, y mira a un punto indefinido del suelo. Ella es profesora jubilada. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando se acuerda de su hijo, el último de tres, el único varón, a quien vio por última vez en junio de 2012, cuando dejó la casa de sus padres, en el Valle de los Chillos, en Quito, para regresar a Lago Agrio, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde vivía hacía nueve meses. Unas semanas después, la vida de los Coronel Olivo cambió para siempre.

— Ese 8 de julio fue fatídico. Estábamos en la playa cuando mi hija nos llamó.

Han pasado seis años y el dolor sigue igual porque la muerte de su hijo menor aún no se esclarece: César Augusto Coronel Olivo apareció con un disparo en la nuca, sobre su cama, en su habitación en la Comandancia Policial de Sucumbíos.

La Fiscalía determinó que fue un suicidio.

Sus padres creen que César Coronel fue asesinado.                                                                                       

§

Ese 8 de julio era domingo. Se suponía que el subteniente César Augusto Coronel Olivo estaba franco (es decir, liberado por unos días de sus obligaciones policiales). El día anterior debió llegar al aeropuerto de Quito para encontrarse con Verónica Vallejo, su enamorada desde hacía ocho meses. Habían quedado en pasar juntos el fin de semana y tenían reservaciones para las Termas de Papallacta, pero Coronel no había aterrizado en la capital ecuatoriana.

— Ese domingo era la final de Wimbledon. Teníamos planeado ver el tenis juntos.

Recuerda Verónica, una mujer trigueña, cuya edad es difícil de adivinar pues su rostro tiene un aire juvenil que ronda la cuarentena. Cuando Verónica habla de César sonríe. Sentada en el comedor de la casa de los padres de su enamorado, recuerda al detalle la historia que le cambió la vida.

El viernes 6 de julio lo llamó a las cinco de la tarde.

— Alguien quiso hacerse pasar por César y me dijo, sí, mañana nos vemos, bebita. Yo le dije: pásame con César. Entendí que era una reunión social porque había música y voces al fondo.

Intentó tres llamadas más al Blackberry de Coronel.

— Me contestaba una chica con acento colombiano, y me decía que César no estaba o que estaba en la ducha. En la última llamada me puse seria: le dije que estaba bien para broma pero que necesitaba hablar con él.

Más tarde, él la llamó desde su Iphone y le aseguró que desde las 3 de la tarde estaba en su habitación. Le dijo que no sabía qué había pasado con su Blackberry.

— Como nos íbamos a encontrar el sábado, le dije: bueno, no quiero saber nada más.

Vallejo tenía pensado conversar al día siguiente. Cerca de las seis de la tarde él la volvió a llamar, pero ella no contestó y él le dejó un mensaje: “Te repito que he estado desde las tres de la tarde en mi habitación; no he hecho nada, no sé qué mierda pasó con mi teléfono”.

Nunca más volvieron a hablar.

§

César Coronel yacía sobre su costado izquierdo. La bala que lo mató entró a la altura de su nuca, en el lado derecho, como si se hubiese disparado con su mano derecha. Sobre su rostro y parte de su cabeza había una almohada. Su brazo derecho estaba casi totalmente doblado sobre la almohada y la mano derecha junto a la pistola. Su brazo izquierdo, debajo de la almohada, y su mano izquierda doblada por debajo de la barbilla. A la altura del pecho había un peluche con una camiseta amarilla y un control remoto. Su rostro y la almohada estaban cubiertos de sangre.

Eran las dos y media de la tarde, recuerda Vallejo, lágrimas en el rostro, cuando llegó a Lago Agrio. Había salido desde Quito tres horas antes, cuando el oficial que había entrado al cuarto y hallado muerto a su enamorado, dejó de contestarle el teléfono. Afuera de la habitación, unos oficiales la esperaban. Le dijeron que no podía entrar hasta que llegara un equipo de Criminalística de Quito.

Horas antes, guía telefónica en mano, Vallejo empezó a llamar a todos los teléfonos en Sucumbíos que le pudieran llevar a Coronel. Él debía haber llegado un día antes, y estaba desesperada.

— En uno me contestó el rastrillo.

El ‘rastrillo’ es el encargado de controlar las armas y municiones dentro de un cuartel. En la Comandancia de Sucumbíos, era el cabo Luis Ghindini. Cuando un policía sale franco, debe dejar su arma. Según el parte de novedades del 7 de julio de 2012 firmado por Ghindini, Coronel no había dejado su arma. En su versión ante la Fiscalía y la Policía, Ghindini dijo que a las cinco y media de esa tarde (cuando Coronel habría estado franco ya varias horas) el arma aún no había sido entregada. La irregularidad no fue reportada a ningún superior. Nunca se supo por qué.

El ‘rastrillo’ puso a Verónica con el llamado ‘oficial de semana’ —el policía a cargo de las actividades del cuartel—, el subteniente Juan Pablo León, que le dijo que estaba fuera del cuartel y que en media hora regresaría. León asegura que ese sábado pasó lista a las siete de la mañana y que allí estaba César Coronel. Dice que fue entonces cuando habló con él por última vez.

— Mi subteniente, ¿usted no irá a salir franco?

— Ayer mandé a lavar ropa y me olvidé de retirar, pero ya retiro y me voy.

Ni los padres ni la novia de Coronel creen que ese diálogo haya existido. Cuando Vallejo volvió a llamar a León, la mañana del domingo 8, el oficial de semana estaba entrando a las habitaciones de la Comandancia. León golpeó la puerta de Coronel: “Mi teniente, mi teniente”. Vallejo le dijo que marcaría a los celulares por si los escuchaba. León le dijo que no, que se oía como si estuviese encendida la televisión. Vallejo le dijo que entrara por la ventana, pues Coronel le había dicho que se podía:

— El subteniente León se asomó por la ventana y lo vio dormido. Me dijo ‘aquí está, está dormido’. Ahí escuché que logró entrar a la habitación y me cerró el teléfono.

Vallejo volvió a llamarlo, pero León ya no le contestó. Eran las nueve y media de la mañana. Desesperada, le escribió un mensaje, León le contestó:

“Lo siento mucho, parece que se ha disparado.”

§

Los claroscuros de la muerte de César Coronel no dan paz a su familia. Hay piezas de la historia que no encajan. Verónica Vallejo recuerda que a las siete y cuarto de la mañana del sábado 7 de julio lo llamó para ponerse de acuerdo para recogerlo en el aeropuerto. Sabía que él madrugaba para pasar lista. Coronel no contestó. Intentó llamar desde Skype. Nada. Eso no era habitual según Vallejo. “Si no me podía contestar en ese momento, me mandaba un mensaje o me devolvía la llamada inmediatamente”.

Según la versión que rindió el subteniente Juan Pablo León para la investigación interna de la Policía, Coronel sí estuvo a las siete de la mañana pasando lista antes de salir franco. Pero Vallejo insiste que eso es extraño: no sabía de él desde el día anterior.

Los hechos del viernes 6 de julio son parte del caldo de la confusión. Esa tarde, en el edificio de la Policía de Migración de Sucumbíos, frente a la Comandancia, varios policías se reunieron en la habitación del teniente Patricio Esparza para, supuestamente, planificar un viaje en la playa. Según la versión de Esparza —que coincide con la de otro de los asistentes, el mayor Edison Galiano— Coronel estuvo ahí.

Sin embargo, en el libro de registro de visitantes al edificio, el nombre de Coronel no aparece. Y a pesar de que hay cámaras de video, no hay evidencia gráfica alguna. La Policía certificó el 13 de julio de 2012 —cinco días después de que se encontrara el cadáver de Coronel— que nunca funcionaron desde que fueron entregadas e instaladas en noviembre del año anterior.

El teniente coronel Walter Salguero, de la Comandancia de Policía de Sucumbíos, le dijo a la Fiscalía que recibió un mensaje de texto de un número desconocido que le advertía que el ‘oficial de semana’ que terminaba su turno, Patricio Esparza, estaba ebrio.

Cuando llegó al cuarto de Esparza, encontró dos botellas de whisky vacías. Esparza le dijo que se la habían tomado los policías que estuvieron en la tarde en su habitación y “dos chicas”.

Nunca se supo quiénes eran, aunque la familia de Coronel cree que una de ellas podría ser la mujer que le contestó el teléfono a Verónica Vallejo. También suponen que podrían ser dos colombianas detenidas el día anterior por irregularidades en su documentación migratoria. Son solo suposiciones, pues la Fiscalía no indagó esos hechos.

Además de los huecos fácticos, la familia Coronel (y sus abogados) dicen que el parte que se levantó tras hallar su cadáver tiene inconsistencias. Por ejemplo, el informe dice que la postura del cadáver era “decúbito lateral derecho”, pero en las fotos se puede ver que está sobre su izquierda. En un parte posterior, del 21 de julio, se habla de una “falla de digitación” y se corrige la postura. El parte dice que el disparo salió de una pistola Glock 9 milímetros, pero no se especifica quién era su dueño. Además, si Coronel estaba franco, como asegura la Policía, debía haber entregado la suya el día anterior, antes de salir a sus días libres.

César Coronel: Suicidio u homicidio encubierto por la policía nacional

Inconforme, su familia reclamó. Pidieron audiencia con el entonces ministro del Interior, José Serrano. La cabeza del ministerio al que responde la Policía los recibió, escuchó y ofreció revisar el caso, según César Coronel padre. Pero el tiempo pasó sin que nada sucediese. La familia Coronel volvió a reunirse con Serrano, quien les dijo que un perito extranjero vendría para determinar si había sido un suicidio o un asesinato.

El perito que llegó era Roberto Meza, ahora célebre por el caso del  general Gabela, otra muerte que no ha sido esclarecida.

§

César Coronel Vega dice que Serrano les prometió crear un comisión técnica.

— De técnica no tenía nada. Fue una farsa.

En junio de 2013, se creó la comisión y en 30 días, se suponía, debía presentar un informe. Pero pasaron meses sin respuesta, a pesar de que el perito Meza había entregado su informe en noviembre de 2013.

En enero de 2014, 7 meses después de creada la comisión, César Coronel Vega pidió por escrito al Ministerio del Interior que le entregara los resultados. Al parecer, los Coronel no eran los únicos a los que el Ministerio no respondía. En mayo de 2014, Forensic, la empresa de Meza, publicó en su página web un comunicado que se recoge en la denuncia ante la CIDH, en el que decía que, tras entregar el informe, no supieron más de los funcionarios ecuatorianos: “Desde esa época no tenemos más respuesta de ninguna autoridad, consideramos inclusive una clara falta de respeto no dar respuesta a los innumerables contactos por varios medios.”

César Coronel: suicidio u homicidio encubierto por la Policía Nacional

César Coronel tenía 27 años cuando murió. Su familia aún espera que se investigue el caso. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

Coronel Vega insistió pero tampoco hubo respuestas de Serrano. El 22 de octubre, luego de un año de espera de los resultados de la comisión técnica, la familia Coronel Olivo interpuso un recurso constitucional de acceso a la información pública para tener una copia del informe del perito Meza.

Un mes después fue la primera audiencia. Allí, los representantes del Ministerio del Interior dijeron que el informe no había podido ser entregado porque aún no habían cumplido con un “trámite interno”, sin especificar cuál. Dijeron además, que la funcionaria a cargo del caso se encontraba de vacaciones, por lo que la entrega del informe podría tardar entre 2 y 3 meses más, y que el Ministerio había cumplido en atender todos los requerimientos de la familia, aunque no pudieron presentar ningún documento que respaldara esa afirmación.

Los recursos que interpuso el Ministerio para evitar entregar los documentos prolongaron la incertidumbre de la familia hasta marzo de 2015. Un año y medio después de creada la comisión y dos años ocho meses después de la muerte de César Coronel, la Corte de Pichincha ratificó la sentencia del Juez de Garantías Penales dictada tres meses antes: el Ministerio debía entregar lo solicitado en ocho días. Pero el informe fue recién entregado el 28 de julio, dos años después de creada la comisión. Para los Coronel, la conclusión era decepcionante.

“En el caso estudiado no siendo compatible con un disparo de tipo suicida tampoco permite afirmar con certeza que no lo sea” dice en la página 52 del informe, citando al perito Meza.

Pero cuando Meza regresó por el caso Gabela a Ecuador, en junio de 2018, dijo sobre su examen forense en la muerte de Coronel:

— Se confirmó que era un homicidio, y no entregaron la pericia a la familia.

§

La Fiscalía archivó el caso definitivamente el 14 de mayo de 2013, diez meses después de la muerte de Coronel, porque consideraba que no había suficientes elementos para considerar un homicidio. Pero la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito tomó el caso, y los Coronel presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).

Los Coronel enumeraron ante el órgano regional las inconsistencias del caso de su hijo: no se levantaron rastros dactilares en la pistola —que entró a la cadena de custodia pero no se investigó si fue entregada o no por Coronel antes de, supuestamente, salir franco. Tampoco se habría investigado la trayectoria de la bala, ni la empuñadura del arma, ni la distancia del disparo.

Todas estas inconsistencias están en el informe de Meza. El perito argentino dice cosas como que la “posición de la mano derecha, no existe empuñadura o agarre del arma para que técnicamente pueda producirse el disparo. El agarre debe ser absolutamente constante, tanto en lo que respecta a la empuñadura del arma como al esfuerzo desarrollado por la muñeca”.

Además, Coronel era zurdo. Comía con la izquierda, cargaba a su sobrino con la izquierda, escribía con la izquierda, portaba su arma a la izquierda.

— Nunca abrieron ciertas líneas de investigación.

Dice Daniela Salazar, una de las abogadas de los Coronel y cuenta lo que parece el inicio de una historia escabrosa.

—A César Coronel se le dio un pase a Sucumbíos de forma bastante irregular.

“Dar el pase”, en jerga militar y policial, es trasladar a un efectivo a un lugar determinado. Según Salazar, Coronel fue trasladado a la provincia amazónica como una retaliación por haber terminado una relación sentimental con la hija de lo que Salazar llama “una persona de alto nivel”.

— Siempre hubo mucho hostigamiento hacia él después de haber terminado esta relación y nunca se investigó si es que eso pudo haber generado un acto de violencia contra él.

Dice Salazar, y explica que, además, Coronel habría sido testigo de delitos cometidos por sus pares, que llevaban con frecuencia prostitutas al cuartel. El Subteniente habría tenido evidencia de trata de mujeres en las que estaban inmiscuidas las fuerzas a las que él pertenecía. Salazar ve ahí potenciales motivos:

— Él tenía información sobre eso, había hecho denuncias y esa fue otra línea de investigación que jamás se abrió.

En la declaración del mayor Edison Galiano para la investigación interna de la Policía, habla de los “negocios de los bares que tenemos tanto el mayor Diego Coba y el suscrito”. Según César Coronel padre, a esos —bares “parece que traían chicas de Colombia”. La familia y sus abogados presumen que en el  computador de Coronel estaba la evidencia —e incluso la denuncia— que habría hecho. Pero la laptop nunca fue devuelta a la familia.

§

La joven con la que Coronel había terminado es hija del general Rodrigo Suárez, quien a la fecha de la muerte de Coronel era Comandante General de la Policía. La relación de su hija con César Coronel había terminado de forma conflictiva, según los Coronel, pues ella lo llamaba insistentemente a casa de sus padres y lo esperaba por horas en su auto.

Por su cargo, Rodrigo Suárez tenía control sobre la investigación interna de la muerte de Coronel. Había sido el mismo Suárez quien meses atrás ordenó su pase a Sucumbíos.

— A mi hijo le dieron 4 pases en un año. Eso no era normal, dice César Coronel.

En septiembre de 2011, a Coronel le dieron el pase a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), un cuerpo élite de la Policía. Había regresado hacía pocos días de Colombia, en donde había hecho el Curso de Operaciones Especiales Antisecuestro y Antiextorsión de 600 horas. Estuvo un poco más de tres meses en la Unase como investigador, según un certificado que la entidad emitió en diciembre del 2011, 7 meses antes de su muerte.

Ahí comienza una serie de contradicciones por parte del coronel Juan Carlos Iza, entonces Comandante de la Unase.

Tras la muerte de Coronel, su padre pidió certificados de honorabilidad a distintos departamentos en los que se había trabajado su hijo César. Uno de ellos fue la Unase. Se lo pidió al coronel Iza, quien dispuso que sea entregado. El 10 de septiembre de 2012, la Unase emitió la certificación diciendo que Coronel fue investigador de la unidad entre el 22 de septiembre de 2011 y el 23 de febrero de 2012, y que había demostrado “en todos sus aspectos ser eficiente, honesto, leal, y responsable en las actividades que a él han sido encomendadas”.

Cinco meses después, en la versión que rindió ante la Fiscalía, Iza se desdijo de la certificación y de su versión en la investigación interna de la Policía. “En la Unase estábamos muy preocupados en cuanto a su designación ya que su pase presentaba ciertos vacíos que se requieren cumplir necesariamente”, dijo. Además, dijo que Coronel “no demostró interés en el trabajo que esta unidad desempeña, ni tampoco mostró preocupación por tratar de superarse dentro de las distintas áreas que esta unidad mantiene”. También dijo que Coronel fue designado ayudante del policía a cargo de los asuntos civiles y las relaciones públicas, y que jamás se le encargó ningún caso de investigación “por las razones ya descritas que tienen que ver con la falta de preparación y conocimientos en el área investigativa”.

Para los Coronel, eso fue desconcertante. Hacía apenas unos meses, Iza había ordenado y supervisado la entrega del certificado en el que la Unase se refería en los mejores términos a su hijo y existía también el certificado en el que decía que fue investigador (y no ayudante de relaciones públicas).

Hay además, un memo del 15 de diciembre de 2011, en el que Iza le encarga a Coronel las investigaciones sobre un caso específico. ¿Por qué ninguna investigación —ni de la Fiscalía, ni de la Policía, ni del Ministerio del Interior— notaron estas contradicciones?

Estas inconsistencias están estrechamente relacionadas a los otros tres pases que le dieron a Coronel en menos de 3 meses. En enero de 2012 , lo enviaron al Comando Policial de Sucumbíos, en Lago Agrio a “prestar servicios urbanos”, es decir a patrullar.

El documento que ordena su traslado, está firmado por el Director General de Personal de la Policía Nacional, Edgar Machado, y en él se incluyen 3 pases más, todos de generales. El traslado se dio, según el documento, por orden verbal del entonces comandante general Fausto Franco.

Dos meses después, por disposición del Ministro del Interior, José Serrano, Coronel y otros 15 miembros de la Policía recibieron un pase. Coronel fue a Quito, pues —según un informe dirigido al Jefe de Designación y Traslados de la Dirección General de Personal de la Policía Nacional— había aprobado el proceso para ser instructor en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Pero once días después de ordenado, su pase fue dejado insubsistente por orden del general Rodrigo Suárez, entonces Director General de Operaciones de la Policía Nacional.

César Coronel: Una línea de tiempo del crimen encubierto por la policía nacional

Hay otro detalle atípico: el 27 de marzo de 2012, Coronel rindió pruebas psicológicas para el cargo de Instructor de la Escuela de Oficiales para el cual ya había sido designado 14 días antes. ¿Cómo se explica que dio las pruebas para un cargo para el que ya se le había otorgado el pase?

Otra inconsistencia se evidenció en agosto de 2012. La familia Coronel le pidió a la Policía el detalle de su hoja de vida y en ella no se registraban los títulos, ni los méritos, ni los nombramientos ni las comisiones de César Coronel Olivo. Lo que sí aparecía era un arresto disciplinario.

—Nada de eso era cierto, dice Coronel. Mi hijo era un profesional. Nunca lo arrestaron.

Además, según la investigación interna de la Policía Nacional y el informe del Ministerio del Interior, Coronel no pasó los exámenes físicos ni la evaluación psicológica—en la que tuvo una calificación de  49/100— para ser instructor de la escuela de oficiales. Sin embargo, la Policía Nacional llamó a Coronel el 23 de julio de 2012 —15 días después de su muerte— a presentarse junto a otros 55 suboficiales para participar en el curso de ascenso.

¿Cómo es posible que un oficial cuya evaluación psicológica es de 49 puntos sea considerado para ascender, o más grave aún, se le permita seguir portando un arma?  La denuncia presentada ante la CIDH por sus padres tiene una hipótesis:

“porque en realidad César Coronel no tenía problema alguno”.

§

Los padres de César Coronel supieron de la muerte de su hijo mientras estaban en Esmeraldas, de vacaciones, con su pequeño nieto. El regreso fue abrupto. César Augusto manejaba a toda velocidad. Fabiola lloraba a gritos. No podían creer que su hijo, joven, enamorado, con la vida entera por delante ya no estuviera para abrazarlos, para hacerles bromas, para jugar con los niños de la casa. No podían creer que se hablara de suicidio.

— Desde el inicio yo pensé que algo pasó ahí, y que ejecutaron a mi hijo.

Sus ojos azules se humedecen. Baja un poco el tono de voz. Está sentado en el sillón de su casa, en el Valle de los Chillos, a las afueras de Quito. Su esposa mueve de un sitio a otro los documentos con los detalles del caso. En una caja grande tiene todo: la instrucción fiscal que se abrió en Sucumbíos, las fotografías del cuerpo sin vida de su hijo, los análisis forenses, el informe que el Ministerio del Interior les entregó, el que luego les dio la Policía, los títulos que avalan los estudios de César, las líneas de tiempo con los hechos que ellos han intentado reconstruir en su búsqueda de justicia.

César Coronel era zurdo. Aquí lleva su arma con la mano izquierda. En la escena del crimen, el arma con la que supuestamente se disparó estaba sobre su mano derecha. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

César Coronel era zurdo. Aquí lleva su arma con la mano izquierda. En la escena del crimen, el arma con la que supuestamente se disparó estaba sobre su mano derecha. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

César Coronel debe bordear los sesenta años. Es alto y corpulento. Aguanta las entrevistas y las preguntas casi con estoicismo. Su formación como militar debe tener algo que ver con su capacidad de resistir.

— Usted ve que los dedos de él no están engatillados, como que estuviera agarrando un arma. Él tiene los dedos cerrados. Está en las fotos.

Habla con indignación. Tose mientras narra la historia.

—Nosotros vimos varias manchas de sangre en el piso en las imágenes. Cuando fuimos a la reconstrucción ya había desaparecido todo.  Quemaron las almohadas, la cama, el colchón. Habían pintado la pared.

Atropella una palabra tras otra. Sus ojos se entrecierran, aprieta los dientes.

—Hicieron la reconstrucción con un hombre diestro, mi hijo era zurdo. Con las almohadas encima, el hombre no podía agarrar bien el arma. De lo que yo he investigado, esa pistola Glock para salir un disparo, tiene que estar bien agarrada, si no, se traba.

César Coronel padre no recuerda con exactitud cuándo le empezaron a hablar de un suicidio pero dice que muy pronto. En la reconstrucción de los hechos, el 13 de julio de 2012, cinco días después de que la familia supiera de la muerte de César, asistió el fiscal del caso, Alejandro Orellana, y personal de Criminalística que había llegado desde Quito.

Según la denuncia ante la CIDH, cuando se hizo esa reconstrucción, las paredes de la habitación de César Coronel habían sido pintadas: ya no daba resultado la reconstrucción de la escena con luminol, un compuesto químico para detectar sangre y otros fluidos sobre distintas superficies. Dice, además, que el piso de la habitación estaba mojado, como si hubiese estado inundado, un detalle que no consta en el Informe de Inspección ocular hecho por la Policía Judicial por orden de la Fiscalía y firmado por el perito, teniente Diego Hernández.

La explicación de la Policía es que del 6 al 9 de julio no hubo agua potable en el edificio de los dormitorios de los oficiales de la Comandancia de Sucumbíos. “Por lo que probablemente en uno de esos días el señor subte. César Coronel habría dejado abierta la llave de agua de su dormitorio” dice un comunicado de la institución. Cuando regresó el agua, se habría rebosado el lavamanos del baño. “Tal vez sea la razón por la que el día 13 de julio de 2012, en el reconocimiento del lugar del fiscal, el personal de Criminalística de Quito y los familiares habían encontrado mojado el piso del dormitorio del señor oficial”.

César Coronel se indigna. Una explicación para tontos, dice.

En la denuncia ante la CIDH, los abogados citan un documento del Departamento de Logística del Comando de la Sub Zona Sucumbíos en el que se certifica que: “ni con fecha anterior o posterior al día 08 de julio de 2012, la habitación no.2 (de César Coronel) del dormitorio de señores oficiales de policía, en ningún momento se ha inundado dicha habitación y que por tal motivo no han realizado ningún parte policial”. La denuncia ante la CIDH enfatiza en la importancia de esa evidencia porque “en el piso se encontraban huellas de sangre y había la tesis de que una de ellas correspondía a una pisada”.

El perito Meza, en su informe, dice que la configuración de la escena del crimen es altamente improbable para un suicidio.

“Un disparo a corta distancia, implica que el disparo se efectuó con el arma separada del cuerpo, no apoyada sobre la piel. Considerando que a mayor distanciamiento, aumenta la probabilidad de errar en el blanco, situación que en su calidad de Policía era conocida. Esto sumado a la utilización de una mano contraria a la habituada para efectuar disparos y una almohada interpuesta en el camino es contraria con la lógica suicida, en el sentido de lo que se busca es no errar, acercando el arma al cuerpo para garantizar el blanco sobre un órgano vital y la muerte”

La familia Coronel tiene más dudas. A su hijo lo encontraron muerto en su habitación, dentro de un recinto policial, al que la Policía controla el acceso de todo personal externo. ¿Cómo es que un oficial de policía se dispara dentro de un cuartel y nadie escucha el sonido del tiro?

En su versión para la investigación interna de la Policía Nacional,  el Comandante encargado del cuartel —el teniente coronel Lenín Villarreal— dice que a las dos de la mañana del domingo 8 de julio de 2012 escuchó el ruido de patadas en una puerta. “Me imaginé que algún señor oficial se había olvidado su llave y trataba de romper la seguridad de la puerta, por lo que no presté atención y continué descansando”.

Para los Coronel es inverosímil que Villarreal haya escuchado que un oficial quería romper la seguridad de la puerta y no se levantase a ver qué pasaba. Tampoco hallan explicación al hecho de que, cuando el cuerpo fue encontrado, en la habitación, el aire acondicionado estaba a su máxima capacidad y había un fuerte olor a pesticida.

—Él tenía rinitis alérgica. El aire acondicionado le perjudicaba mucho.

Dice Verónica, su enamorada. Recuerda que Coronel prendía un momento el acondicionador de aire, esperaba que se enfríe la habitación y lo apagaba enseguida.

—Para nosotros fue muy raro que estuviera el aire a la máxima potencia en la temperatura más baja, el olor a insecticida que tenía la habitación, el volumen de la televisión estaba muy alto. Los teléfonos de César estaban alineados de cara a la televisión. Su cuerpo estaba en la posición exacta en la que dormía, lo que hace pensar que es bastante probable que lo mataron mientras dormía.

El perito Meza, en su informe para el Ministerio del Interior, dice que en las fotos entregadas por Verónica Vallejo “puede observarse la posición en la cual la víctima dormía” y que es “de similares características a la posición encontrada en el lugar de los hechos, inclusive con la mano en la misma posición en la que descansa, cuestión que llama la atención”.

Pero el informe que el Ministerio entregó a la familia dice que hay indicios de que la posición de su mano, al momento de la muerte, “es el resultado de un posible espasmo cadavérico”.

Eso, a la familia, jamás le convenció. Verónica Vallejo dice que el análisis pericial de rastros de pólvora en la mano de Coronel no se podía hacer en Quito y fue enviado a Colombia, lo que rompió la cadena de custodia. Cuando se pidió un nuevo informe, explica, había desaparecido el pad de donde habían tomado la muestra.

Todas las pericias fueron hechas por la Policía Nacional, lo que genera suspicacias. La abogada Daniela Salazar dice que la institución tuvo total control sobre las evidencias, lo que generó irregularidades.

—Toda la cadena de custodia de las evidencias estuvo siempre a cargo de las mismas personas que podrían estar involucradas. Eso generó que el caso tenga total impunidad.

Tampoco se explican las contradicciones en las versiones de el Lenín Villarreal; en la primera que dio a la Fiscalía, el 12 de julio, 4 días después de la muerte de Coronel, dijo que el viernes 6 de julio de 2012, dos días antes de que muriera Coronel, el mayor Galiano no había estado en la lectura del orden de las seis de la tarde, ni había pasado lista una hora después. No dio ninguna explicación para la ausencia de Galiano. Sin embargo, en la versión que dio para la investigación interna de la Policía, su testimonio es distinto: allí dice que Galiano le había dicho que tenía un compromiso familiar por lo que le pidió permiso para no acudir a la lectura del orden y que él se lo había dado de forma verbal. ¿Cómo cambió la versión sin que a ninguna autoridad le llamara la atención el hecho?

Las dudas saltan por todas partes.  A la pistola del supuesto suicidio no le tomaron los rastros dactilares. En ella solo aparecía la huella del pulgar izquierdo, y la mano derecha se encontraba absolutamente imposibilitada de disparar. En su denuncia ante la CIDH,  los Coronel dicen que “Esa situación nos lleva a presumir que el arma fue superpuesta en la mano derecha, con el fin de alterar la realidad de los hechos”.

El perito Meza dice en su informe entregado por el Ministerio del Interior que “la presencia de partículas de componentes de pólvora en la mano derecha de la víctima y en la cuantía en la que aparece, no es determinante para concluir que haya disparado con la mano derecha, ya que puede existir la posibilidad de que haya salpicado en su mano por la corta distancia del disparo”.

Si no hay certeza de que Coronel disparara ni con la mano derecha, ni con la mano izquierda, ¿cómo se suicidó?

Habría, además, cuatro rastros (máculas de sangre, huellas, marcas de zapatos) en la superficie de las ventanas corredizas del cuarto de César Coronel que no fueron analizados, según reconoce el informe del Ministerio del Interior. Por último, el informe que se entregó a la familia no incluye en sus 53 páginas el informe completo del perito Meza, lo que ahondan las preguntas de la familia Coronel.

César Coronel: Suicidio o asesinato encubierto por la policía nacional

Hay además, ofrecimientos que no se cumplieron. En el informe del Ministerio del Interior, se ofrecía investigar y hacer pruebas de polígrafo a tres oficiales: a dos coroneles, identificados solo como Ignacio Benítez y Cabrera Ron (entonces jefes de la Policía) y al teniente coronel Lenín Villarreal. La investigación tenía que hacerse porque la familia había denunciado que Cabrera Ron les había dicho que los suicidas no tienen honor. A Villarreal se lo debía investigar por las supuestas patadas que escuchó a la madrugada en la Comandancia de Sucumbíos. A la familia Coronel Olivo nunca les llegaron los resultados de la ofrecida investigación ni supieron si, en efecto, se hizo.

Tan solo supieron, por las conclusiones del informe del Ministerio del Interior, que por la muerte de su hijo hubo sanciones a 5 oficiales y un policía de tropa. La mayor sanción era un arresto disciplinario de 96 horas para 4 de ellos, y 72 horas para el mayor Galiano. El sexto miembro era el teniente coronel Villarreal, a quien no alcanzaron a sancionar porque fue desvinculado de la institución, al igual que Galiano. De Villarreal no se especificó la causa. De Galiano sí: intento de violación.

La Policía Nacional y la Fiscalía nunca respondieron a nuestras solicitudes de una entrevista sobre este caso. El Director de Comunicación de la Policía Nacional, Henry Ponce, respondió vía WhatsApp: “Respecto a su solicitud me permito informar a usted. que para el presente y otros casos, es la Fiscalía la que dirige la investigación procesal y dispone las diligencias periciales que estime pertinente. En ese sentido, nuestra Institución a través de sus servicios competentes, se transforma en un cuerpo auxiliar de la Administración de Justicia. En tal virtud, estaremos prestos a realizar las diligencias legales que se dispongan que permitan aclarar, sostener o puntualizar el trabajo desarrollado por nuestro personal especializado”.  Hasta la publicación de este texto, la Fiscalía no respondió a los pedidos hechos por email y a los mensajes enviados a encargados del departamento de comunicación.

La falta de respuesta ha sido una constante en el caso, pero también la entrega de respuestas a medias. El informe que les dio el Ministerio del Interior no aplacó la indignación de los Coronel.

—Todo el informe pericial que entregaron es mentira. Todas las conclusiones que dio el perito no constan.

Dice Coronel padre, que vio en el retorno del perito Meza —en junio de 2018— la confirmación de sus dudas: que la comisión que nombraron para esclarecer la muerte de su hijo, en realidad la crearon para encubrir un crimen.

— Similar al caso Gabela. Los dos casos que investigó el perito Meza tienen el mismo procedimiento: artistas en desvanecer evidencias.

§

Era un mediodía de 2014. O quizás una mañana. Ni Fabiola ni César Augusto lo recuerdan bien. Miran las fotos y les cuesta reconocerse. Él, con un cartel en mano. Ella, con otro, junto a sus dos hijas. En los cárteles, se ve la imagen de un César Coronel Olivo sonriente, al lado, otra imagen: la de su cuerpo sin vida. Se lee en letras mayúsculas: Justicia. 2 años sin respuesta.

Junto a ellos, los familiares de personas desaparecidas. Todos de pie, en la Plaza Grande, abajo del Palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana. Gritando consignas.

En 2014, su peregrinaje apenas había comenzado. Buscaron respuestas en tantas instituciones públicas que ya no recuerdan con precisión cuáles fueron. Iban buscando razones, explicaciones, pruebas que expliquen qué pasó con su hijo.

La Familia Coronel Olivo escribió cartas a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura, a varios Ministerios pidiendo justicia. En la fotografía de la familia Coronel, se ve a las hermanas y a la madre de César.

La Familia Coronel Olivo escribió cartas a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura, a varios Ministerios pidiendo justicia. En la fotografía de la familia Coronel, se ve a las hermanas y a la madre de César.

Escribieron más de cincuenta cartas: a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía. Tienen las respuestas de Omar Simon, entonces Secretario de la Presidencia. Que por su agenda, el presidente Correa no los podía recibir, y le remite al caso al Ministro del Interior, primero, al de Seguridad después. En otras, firma Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia, Edwin Jarrín, Subsecretario General de Despacho Encargado, Jorge Troya, Subsecretario de Despacho. Un Ministro de Estado, cuencano, les recibió en su despacho por orden presidencial.

— Su hijo ya está muerto, yo no puedo hacer nada. Soy arquitecto, no sé nada de seguridad. Esto es igual que con los desaparecidos, ya no se puede hacer nada. Pregúntele a su abogado, él les ha de poder ayudar, yo no.

Intentaron contar su historia a la prensa. Recuerdan con dolor que nadie se conmovió. Un reconocido presentador de televisión de la época les dijo que no podía ayudarles. “Sin sentencia no hay forma”, les respondió.

§

Luego de conversar durante casi una hora, y de revisar documentos durante media mañana, César Coronel Vega se quiebra. Sus ojos se llenan de lágrimas. Tiene dificultades para retomar el hilo.

— Además de doloroso ha sido muy traumático. Uno pide justicia y se la niegan. Se la niega el estado. El que tendría que defender nuestros derechos.

Hay una larga pausa. Coronel se mira las manos. Fabiola, sentada diagonal a él, se seca las lágrimas. El camino en estos últimos años se les ha hecho largo. Han sentido que a nadie le ha importado la muerte de un oficial, de un ser humano, de su hijo.

Según la abogada Salazar, la Fiscalía puede decidir reabrir el caso internamente. “Debería hacerlo si es que quiere evitar que haya una condena internacional al Estado. Si se quiere evitar indemnizaciones y que además, de todas formas tengan que reabrirlo, debería hacerlo ahora”. Según ella,  la información que el perito Meza tiene, debería ser suficiente para reabrir el caso. Dice que si el Estado hace eso, los Coronel desistirían de su reclamo ante la CIDH.

Por si todo el dolor y la falta de respuestas no fuese suficiente, la Policía le ha negado a los deudos de César Coronel Olivo cualquier derecho póstumo. Fabiola Olivo me extiende  una hoja firmada por el director de prestaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía en la que dice que Coronel no accede al beneficio del montepío por haber fallecido con 3 años, 4 meses y 5 días de servicio y que la ley ordena que para tal prebenda debía haber cumplido al menos 5 años contados desde que se graduó de la Escuela de Policía.

Coronel prestó servicio, en efecto durante 3 años, 4 meses y 5 días. Según la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, si un policía muriese “a consecuencia de accidente o enfermedad no profesional” su familia tendría derecho a una pensión con el requisito de que el oficial haya cumplido más de cinco y menos de veinte años de servicio. La Policía optó por usar ese articulado de la Ley, el 39. Si la interpretación hubiese sido la establecida en el artículo 37 del mismo cuerpo legal, es decir que su muerte era un “accidente o enfermedad profesional”, su familia habría recibido “una pensión de montepío equivalente al setenta por ciento (70%) del sueldo imponible de un policía, sin considerar tiempo de servicio”.

Sin honor, sin pensión, sin respuestas claras. Ese parece ser el mensaje de la Policía para los familiares de César Coronel Olivo.

§

Empieza a caer la tarde en la casa de los Coronel Olivo. En su jardín están en pie los árboles frutales que César padre cuida. Desde la ventana de la sala se ve la casa del árbol que construyó para su nieto, el pequeño que César hijo carga con su brazo izquierdo en varias fotos. Era su padrino de bautizo. César Coronel padre habla:

—Estamos esperando que los culpables paguen por la muerte de mi hijo. No puede ser justo que un joven honesto esté bajo tierra y los ladrones, sinvergüenzas, pillos, estén deambulando libremente y sin remordimiento alguno.

Sus palabras caen, secas, dejando un largo silencio tras ellas. Fabiola vuelve a secar sus lágrimas. Él la consuela con la mirada, con un breve movimiento de la cabeza. No pierden la esperanza de encontrar respuestas aunque saben que el camino es aún largo.

—En la lucha por un hijo es imposible cansarse.

Dice Fabiola e intenta una media sonrisa. Su esposo reafirma lo que buscan:

— Así como quieren sacar a la luz lo que ha pasado con el caso Gabela, queremos que este también sea importante.

Esto pasa cuando se despenaliza el aborto

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Verdad de perogrullo: la gran mayoría de mujeres que terminan en la cárcel por abortar son mujeres jóvenes y son pobres. El debate tan intenso —en la calle, en la sobremesa, en las redes sociales— debería abordar ese hecho como un pilar esencial para discutir la despenalización del aborto, tan vigente hoy gracias al movimiento argentino. Es en realidad, el asunto de fondo: decidir si una celda es el destino para una mujer que ha interrumpido su embarazo.

Frente a este dilema hay dos posturas. La primera (apoyada por 7 de cada 10 adultos jóvenes en Argentina) es que la mujer no debe ir a la cárcel. Según diario el Clarín, “65% de los consultados confían en que la ley será útil para disminuir las muertes por abortos clandestinos”. La otra postura —que mira a la vida desde su concepción como algo sagrado— dice que se debe mantenerla para evitar la muerte de bebés.

Olvidemos los porcentajes de opinión por un momento y centrémonos en las metas que tienen ambos grupos: reducir la mortalidad materna y reducir el número de abortos. Con esto en mente, revisemos la evidencia histórica sobre el efecto de la despenalización del aborto en ambos desenlaces.

¿Mueren menos madres si el aborto es legal?

El gobierno de Rumanía decidió penalizar el aborto en noviembre de 1965. Además. se implementaron medidas para hacer cumplir la ley: examen ginecológico obligatorio en sitios de empleo a mujeres en edad fértil, insercióń de informantes en hospitales de maternidad, visitas sorpresa a mujeres embarazadas y penas a médicos que practicaran abortos.

Como resultado, las mujeres que abortaban empezaron a morir mucho más: la tasa de muertes maternas relacionadas al aborto por cada 100 mil habitantes pasó de 15 a 140 en cuestión de años. Si bien la mortalidad materna por otras causas (principalmente sangrado e infección posparto) descendió, las muertes por aborto se incrementaron tanto que el total de mortalidad materna incrementó: 10 mil mujeres murieron como consecuencia de estos abortos inseguros en 23 años.

Rumanía se convirtió en el país con mayor mortalidad materna de Europa Occidental por un margen muy elevado. En 1989, tras la revolución rumana, se despenalizó el aborto y la mortalidad materna descendió drásticamente. Este no es un resultado aislado: Sudáfrica despenalizó el aborto en 1994. El número de muertes por aborto se redujo de 425 a 40 por año.

¿Mueren menos bebés si el aborto es legal?

Se puede responder esta pregunta desde diferentes perspectivas. Una de ellas sería comparar las tasas de aborto en países donde es legal realizarlo con las tasas de los países donde es ilegal. Los datos en este tipo de análisis no son definitivos: Europa occidental, donde el aborto es legal, tiene tasas muy bajas (12 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva) comparado con Sudamérica (32) o África (28-36). Sin embargo, los países de Europa oriental son una excepción a esta lógica y presentan la tasa de abortos más alta en el mundo (43).

mapa de leyes de aborto en el mundo

Leyes de aborto en el mundo. Mapa del
Centro para los Derechos Reproductivos.

¿Es esta una excepción que confirma la regla? Quizá. Muchos de estos países aprobaron el aborto legal en la segunda mitad del siglo XX. En la gran mayoría de casos, no disponían de métodos anticonceptivos como los actuales. Esto quiere decir que no existía un punto medio entre el embarazo y el aborto. Esta hipótesis se apoya parcialmente en que las tasas de terminación del embarazo (que eran extremadamente altas) se redujeron a la mitad tras la introducción de métodos anticonceptivos en los sistemas de Salud.

Para salir de dudas, los científicos realizaron un análisis estadístico para determinar si la legalización, como parece, disminuye el número de abortos. Su conclusión fue que “las leyes de aborto restrictivas” —es decir, las que lo mantienen penalizado— “no están asociadas con tasas de aborto más bajas”. Otro estudio de la base de datos de abortos no seguros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) obtuvo resultados similares: “Las restricciones legales sobre el aborto seguro no reducen la incidencia del aborto”. Según el estudio, la probabilidad de que una mujer se practique un aborto es casi igual, viva en una región donde el aborto “esté disponible o donde esté altamente restringido”.

Efecto de la legalización en las tasas nacionales

Otra manera de responder si legalizar el aborto aumenta el número de mujeres que abortan es observar el efecto de su despenalización a través del tiempo en un solo país. Lo que sucede es lo siguiente:

Los países que despenalizan el aborto sufren un incremento inicial en el número de casos reportados: sucedió en España, Francia e Italia (donde el efecto duró cerca de tres años) y, más drásticamente, en Turquía. Pero ese incremento es temporal, y tiende a caer con el tiempo a niveles inferiores a aquellos previos a la legalización.

abortion Turkey

Número de abortos en Turquía (despenalización hasta la semana 10 aprobada en 1983)

No existe certeza de por qué, pero es bastante probable de que lo que aumenta es el número de casos reportados, y no el número de casos totales. La lógica es simple: si alguien comete un delito, no va corriendo a contarle a todo el mundo (peor al Estado). Pero si el Estado pasa de ser un persecutor a una fuente de ayuda —y el destino es el hospital y no la cárcel— esa persona puede ir a pedir ayuda, y su caso quedará registrado en las bases de datos. En Portugal, donde la ley de aborto se volvió ampliamente liberal en 2007, el número de abortos bajó de 18 mil en 2008 a 17 mil 414 en 2013. En este país, 72% de las mujeres que solicitan un aborto lo hacen por primera vez y sólo 1,7% lo han hecho más de una vez durante en un año (cifras de 2013).

¿Por qué legalizar el aborto reduce el número de abortos?

Según los investigadores Iqbal Shah y Anibal Faúndes, cuando el aborto es un delito y se lleva a cabo clandestinamente, los médicos que realizan abortos están principalmente motivados por el dinero. En consecuencia, no están interesados en que las mujeres dejen de abortar ya que esto reduciría sus ingresos.

Es por ello que estas clínicas no ofrecen servicios de educación sexual a sus pacientes, incrementando así las posibilidades de que regresen. Por el contrario, cuando el aborto es legal y accesible dentro del sistema de Salud, los médicos buscan activamente reducir las posibilidades de que una mujer vuelva a abortar: aconsejan a sus pacientes al respecto y mejoran la provisión de métodos anticonceptivos. Dado que al menos 40% de todos los abortos inducidos se producen en mujeres que han tenido un aborto previo; despenalizar el aborto tiene el efecto (aparentemente paradójico) de reducir los abortos aquellas pacientes que se lo practican bajo condiciones adecuadas.

§

La discusión sobre el aborto se ha llevado como un asunto visceral. Pero las políticas públicas no se hacen con el hígado, ni con los principios morales de determinado grupo social, sino revisando datos y experiencias análogas que permitan tomar las decisiones que beneficien, en su conjunto, a la sociedad.

En el Ecuador hay, en la actualidad, 184 mujeres enjuiciadas porque los médicos que las recibieron en los centros de salud a los que llegaron con abortos en curso las denunciaron. La gran mayoría era joven y pobre. Quienes quieren practicarse un aborto y tienen los recursos para hacerlo, simplemente toman un avión y viajan a un destino donde es legal. Esto no es reducir la dificultad que conlleva la decisión de abortar, simplemente evidencia que al mantener la penalización del aborto, son las más pobres las que sufren las consecuencias de no tener más opciones. Para legislar, hay que tener presentes estos datos que muestran que la despenalización produce una reducción del número de abortos a largo plazo y reduce, también, el número de muertes asociadas al aborto. Mueren menos mujeres, mueren menos bebés.