Esto pasa todos los días
Estamos indignados por la violación de Martha en Quito y por el asesinato de Diana en Ibarra. Estamos indignados por los espeluznantes detalles de cada caso: una golpeada y penetrada con objetos por tres hombres; otra, con siete meses de embarazo, acuchillada por su pareja.
Estamos indignados.
Pero nuestra indignación no debe ser momentánea: los casos de Martha y Diana no son excepcionales. No son aislados.
Sus casos son los más recientes y visibles —porque han sido más reportados por los medios y difundidos en las redes sociales— de un problema estructural gravísimo que tenemos en el Ecuador: la violencia de género.
Esto pasa todos los días.
No podemos ignorar que en los últimos cuatro años en el Ecuador 600 mujeres fueron asesinadas solo por ser mujeres. Solo en 2018 fueron 88. No es el espacio para los detalles sórdidos pero muy por encima sabemos que de esas 88 mujeres, 7 fueron golpeadas, 3 quemadas, 3 asfixiadas, 3 ahorcadas, 3 envenenadas.
Cuando las organizaciones sociales que sistematizan y publican estas listas detalladas (a falta de una Fiscalía eficiente) dicen que las asesinaron solo por ser mujeres, quieren decir que los crímenes no se habrían dado si es que las víctimas habrían sido hombres. Quieren decir que mantenían con sus asesinos relaciones cercanas, de poder, en las que ellas, de alguna u otra manera, eran más vulnerables. Se refieren a que las mataron por celos, desacuerdos, venganza.
Las cifras lo explican mejor: el 66% de los asesinos fueron sus parejas, exparejas, esposos o novios; el 7% sus padres o padrastros.
Por eso, cuando hablamos de Diana, hablamos también de todas ellas. De las 600 víctimas de femicidio.
La violación sexual también es un mal de todos los días en el Ecuador.
Cuando hablamos de Martha, hablamos también de las 14 mil mujeres que fueron violadas entre 2015 y 2017 (y lo denunciaron en la Fiscalía, porque según un estudio, la mayoría de delitos en el Ecuador no se denuncia).
Cuando hablamos de Martha, hablamos también de las 7 niñas menores de 14 años que son violadas cada día, de Sandra y Laura, ambas violadas por sus padres, de Gaby, también violada por su padre cuando tenía once años, de Martina, abusada sexualmente por su padrastro cuando tenía apenas cuatro años. Y de miles más.
Cuando nos indignamos por Martha y por Diana, nos indignamos también por esta violencia que lleva ya mucho tiempo sin ser verdaderamente abordada en el país. Un problema que es tan mal enfocado y entendido que cuando sucede no faltan las preguntas sobre por qué la mujer acudió a ese lugar, por qué estaba allí a esa hora, por qué estaba vestida así, por qué estaba sola.
Es tan mal enfocado que el presidente Lenín Moreno se pronunció sobre el caso de Diana pero lo hizo de la peor manera posible: ignorando que se trataba de un femicidio —o dicho de otra manera, de la expresión más burda de violencia de género que es el asesinato— y poniendo la atención en la nacionalidad del asesino, levantando una ola irreflexiva y violenta de xenofobia.
Vivimos en un país donde elegimos enfoques equivocados. Nos olvidamos de atacar directamente al problema que es la desigualdad de género.
Los casos de Diana y Martha son son dolorosos indignantes repudiables vergonzosos. Lo son aún más porque son la más reciente expresión de un mal estructural. De un mal que se evidencia con los dolorosos indignantes repudiables vergonzosos 600 asesinatos de mujeres y las 14 mil violaciones que registra el país.
Cuando nos movilizamos, nos indignamos, nos horrorizamos, gritamos por Martha y por Diana también nos movilizamos, nos indignamos, nos horrorizamos, gritamos porque la violencia en contra de las mujeres, de una vez, se acabe.
De qué lado estará la Asamblea
Quizá no lo veamos, pero estamos un momento que podría ser histórico. En 2018 se creó la primera campaña en el Ecuador para promover el aborto libre. En 2018 por primera vez miles de personas marcharon el 28 de septiembre por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. El 2018 tuvo grandes avances para esta lucha pero no fue el año en que comenzó. Pensar que todo surgió de repente, que solo fue un contagio de la marea verde en Argentina (como se denominó a quienes apoyaban la despenalización del aborto en ese país debido a los pañuelos de ese color que usaron) también es un error.
Hay un pasado reciente que es importante recordar para entender por qué es tan importante esta discusión. Hoy en el Ecuador, el aborto es legal solamente en dos casos: cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada.
Lograr que el aborto por violación se discuta en 2019 entre las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es el resultado de una lucha de años desde colectivos, grupos y organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, que no debe ser ignorada.
Esa lucha tiene su flashback más reciente en 2013. En ese año tampoco comenzó la búsqueda para que las mujeres, adolescentes y niñas violadas puedan elegir, pero sí fue un momento relevante. El esfuerzo logró que la conversación llegue hasta la Asamblea. Y aunque no se debatió de manera formal, permitió que más personas se involucren.
A ratos provoca olvidar ese 2013 y ese intento de que se apruebe el aborto en casos de violación en la Asamblea Nacional. Provoca olvidar cómo un grupo de asambleístas de Alianza País —o de la Revolución Ciudadana, o aliadas a Rafael Correa— habló categóricamente sobre las razones por las que debía incluirse el tema en el debate. Provoca olvidar cómo ese grupo de asambleístas de Alianza País —o de la Revolución Ciudadana, o aliadas a Rafael Correa— fue silenciado. Provoca olvidar cómo el entonces Presidente le dijo a ese grupo de asambleístas de Alianza País —o de la Revolución Ciudadana, o aliadas a Rafael Correa— que eran desleales, y que renunciaría si seguían apoyando esta idea. Provoca olvidar cómo ellas fueron sancionadas por Correa, se retiraron por treinta días y no dieron declaraciones a los medios sobre el tema.
Provoca olvidar. Pero de alguna manera también provoca recordarlos.
Provoca recordar todos esos episodios para que sirvan influyan motiven las decisiones del debate actual en la Asamblea.
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Recordar este pasado reciente no solo ayuda a entender cómo llegamos aquí sino que permite sentir vergüenza (necesaria) por lo que pudimos evitar.
Si en 2013 se hubiese aprobado el aborto por violación, cerca de 10 mil niñas entre 7 y 11 años que fueron violadas en los últimos cinco años, habrían tenido la oportunidad de elegir si querían o no parir. Pero no. Esas miles de niñas tuvieron que, por obligación, interrumpir su infancia y ser mamás. La pregunta ahora es si los asambleístas, hoy en 2019, tomarán la misma decisión y permitirán que estas niñas tengan que obligadamente ser mamás.
En el Ecuador al menos siete niñas menores de 14 años quedan embarazadas cada día. De ellas, seis han sido víctimas de violación sexual. La Asamblea Nacional puede cambiar esta realidad pero ¿lo hará?
Seguramente no faltarán los conservadores que insistan en que las niñas paran a sus hijos y luego los den en adopción, ignorando que el sistema en el país es tan engorroso que esa opción casi no existe.
Al momento de votar en el Pleno, los asambleístas deberían considerar que una niña que ha sido violada y debe parir, corre riesgo de morir. Es muy fácil decir que abortar es peligroso y parir es seguro pero es porque en la comparación se piensa solo en abortos clandestinos. Un estudio determinó que las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante o después de un parto normal que debido a complicaciones de un aborto seguro. ¿Pueden los asambleístas ser responsables de que se reduzcan estos riesgos?
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Una discusión que debería ser más simple —si se consideran las cifras y los datos sobre las niñas y se suma que al día la Fiscalía recibe un promedio de 11 denuncias por violación sexual de adultas— se ha complejizado innecesariamente.
Los legisladores en el Ecuador y en el mundo tienen una responsabilidad que parecen no entender del todo. En Argentina, Nicolás Massot, diputado del Congreso, será recordado por comparar al aborto con los asesinatos durante la dictadura en su país, durante el último debate en 2018. Mientras que Romina del Pla, del partido obrero en Argentina, será recordada por apoyar la despenalización e insistir que “el objetivo es terminar con la muerte por aborto clandestino”.
El Senado de Uruguay legalizó el aborto en 2012. Desde que la ley entró en vigencia, se convirtió en el segundo país, después de Canadá, con la menor mortalidad materna en América. En Ecuador el 15,6% de las muertes maternas está relacionado a abortos inseguros.
¿De qué lado de la historia quieren estar los asambleístas ecuatorianos?
La Asamblea Nacional del Ecuador del 2013 es recordada por haber respondido a la presión de un Presidente que de frente influía en el poder legislativo, y por haber ignorado el sufrimiento de las niñas y mujeres violadas.
¿Por qué será recordada la Asamblea Nacional del 2019?
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El caso de Juan José Bayas —una de las víctimas de la dinámica del pecado practicada por el exsacerdote Luis Fernando Intriago— fue archivado por la Fiscalía el 14 de enero de 2019. La Fiscalía, dice, no haber encontrado suficiente evidencia de que el testimonio de Bayas se encuadre en el delito de abuso sexual.
La investigación la había abierto la misma Fiscalía en septiembre de 2017. Lo hizo luego de determinar que el testimonio que Bayas dio dos años antes —como testigo en otra investigación por abuso sexual en contra del mismo exsacerdote— debía ser indagada.
Esto es lo que la Fiscalía, como titular de la acción penal y dueña del proceso, hizo durante año y medio: recogió la versión de la presunta víctima y del sospechoso, hizo un peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos, una valoración psicológica y entorno social de la presunta víctima.
La Fiscalía no llamó a testificar a los otros hombres víctimas de la dinámica del pecado —como Andrés Viscarra, Diego Guzmán y Kevin Rivas— que entrevistamos en GK para la investigación publicada en mayo de 2018 que reveló que había un proceso canónico en marcha para expulsar a Intriago de la iglesia Católica.
La publicación también reveló que había al menos 10 hombres que, de adolescentes, pasaron por la dinámica del pecado, una práctica no reconocida por la Iglesia Católica. En ella, el entonces sacerdote les pedía a los menores de edad que se queden en ropa interior o desnudos mientras él los tocaba con diferentes objetos, los arrastraba por el piso, los abrazaba con forcejeos, mientras él también tenía el torso desnudo.
Viscarra, Guzmán y Rivas también contaron sus testimonios a medios nacionales que replicaron la historia —como Teleamazonas, Ecuavisa (incluso retomó la historia en un especial de Visión 360 en noviembre que, por algún motivo no está al aire como muchos de los episodios del programa investigativo), El Universo, El Comercio. La investigación también fue republicada en espacios internacionales como Ojo Público y El Comercio de Perú, Aristegui Noticias de México, El Espectador de Colombia.
En año y medio la Fiscalía tampoco llamó a Gustavo Noboa Bejarano, también citado en la investigación. El expresidente del Ecuador admitió que Intriago se había tomado su nombre cuatro años antes cuando denunció a Bayas y a su madre por injurias calumniosas.
La Fiscalía sí llamó a declarar a monseñor Antonio Arregui, exarzobispo de Guayaquil. Lo hizo recién el 18 de diciembre de 2018 (menos de un mes antes de archivar el caso). Al parecer no lo hizo antes porque no encontraban la dirección de su domicilio. Hasta antes de que la Fiscalía archivase su investigación, Arregui no había ido. ¿Por qué la Fiscalía se quedó de brazos cruzados si un testigo no acudió al llamado a declarar?
¿Quién sí acudió a la Fiscalía?
Un joven que testificó a favor de Intriago y en contra de Bayas, acusándolo de mentiroso y extorsionista. Henry Gallardo, exvicario de la Arquidiócesis de Guayaquil, quien habló de la causa canónica en contra de Intriago que, en ese entonces, no estaba resuelta.
De hecho, en su declaración ante la Fiscalía, a fines de mayo de 2018, Intriago justificó su inocencia diciendo que la Iglesia no lo ha encontrado culpable. Pero apenas dos meses después de esa declaración, el Vaticano notificó la expulsión definitiva de Intriago del sacerdocio.
En el Ecuador, la arquidiócesis de Guayaquil hizo pública la decisión. ¿La Fiscalía sabía de la existencia del documento? ¿Conocía que había otro oficio anterior en el que la Congregación para la Doctrina de la Fe le negaba a Intriago su segunda apelación? Un documento que también dice que desde 2003 Intriago había sido repetidamente amonestado de manera no formal por su comportamiento homosexual activo y en 2009 nuevamente por “el escándalo que provocaban en algunos fieles los continuos encuentros nocturnos con los jóvenes”.
Si la Fiscalía lo hubiese tomado en cuenta se habría percatado que allí Intriago fue encontrado responsable de los cargos que se le imputaban.
Según el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 5 de febrero de 2016 considerados “los elementos probatorios resultantes de la investigación previa y del sucesivo proceso administrativo penal canónico”, el expárroco de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa era imputable y culpable “de los diferentes y graves delitos que se la han atribuido; considerados por otra parte las circunstancias en que se dieron las comisiones de tales delitos, las cuales concuerdan siempre en el siguiente mismo modus operandi”. Por ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe resolvió rechazar “por manifiestamente infundado el recurso presentado por el Rev. Luis Fernando Intriago contra la dimissio in poenam del estado clerical”.
Esa fue la resolución que Intriago apeló y que, en julio de, 2018 fue definitivamente rechazada por el Vaticano, expulsándolo para siempre del sacerdocio. Así lo dio a conocer monseñor Luis Cabrera mediante un comunicado.
Pero, ¿por qué la Fiscalía obvió esa documentación en su proceso? ¿Por qué no ofició a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que remitiera el expediente?
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En su declaración en la Fiscalía, Intriago dice que es la primera vez que enfrenta ese “tipo de ataques”. Obvia que dos años antes, Kevin Rivas lo denunció por abuso sexual, una investigación que fue archivada por prescripción. Un proceso al que fueron al menos tres personas más como testigos —unos víctimas de la dinámica del pecado, otros testigos directos de los hechos.
La Fiscalía ha archivado el caso de Juan José Bayas por abuso sexual. Según el abogado penalista Stalin Oviedo, lo que debió hacer luego de archivarla, era abrir otra investigación por tortura, ya que el testimonio de Bayas también se enmarcaría en las características de este delito.
La Fiscalía ha archivado el caso de Juan José Bayas por abuso sexual. ¿Qué hará el juez que reciba el pedido de archivo? ¿Ignorar también toda la evidencia que demuestra que la Fiscalía, en realidad, no ha investigado suficiente?
Es incómodo, como periodista, tener que hacer esas preguntas a la Justicia cuando su trabajo debería ser investigar de forma exhaustiva: no somos fiscales, ni jueces. Después de una revelación como la de este caso —y muchos otros—, deberíamos solo ver cómo actúa el aparato judicial. Pero, ¿qué se debe hacer cuando la justicia, indigna de llamarse así, no se mueve?
El océano se está calentando mucho más rápido de lo previsto
Los océanos del mundo se están calentando mucho más rápido de lo que se creía, según algunos científicos. La conclusión tiene implicaciones funestas para el cambio climático: casi todo el exceso de calor que el planeta absorbe es almacenado en los mares.
Un análisis publicado en la revista Science el 11 de enero de 2019 determinó que el calentamiento de los océanos es, en promedio, 40% más rápido de lo calculado hace cinco años por un comité científico de la ONU. Según los investigadores, durante varios años consecutivos, las temperaturas oceánicas han roto récords. “El 2018 será el año más cálido en los océanos del planeta del que se tenga registro”, dijo Zeke Hausfather, analista de sistemas de energía de Berkeley Earth, un grupo independiente de investigación climatológica, y uno de los autores del estudio. “Así como 2017 fue el más caliente, y 2016 también”.
A medida que el planeta se ha calentado, los océanos han proporcionado un amortiguador crítico. Han reducido los efectos del cambio climático al absorber el 93% del calor atrapado por los gases de efecto invernadero que los humanos bombean a la atmósfera.
Los océanos se han convertido en un amortiguador fundamental de un planeta que se ha ido calentando cada vez más. Han desacelerado los efectos del cambio climático al absorber cerca del 93% del calor atrapado por los gases de efecto invernadero que los humanos lanzan a la atmósfera. “Si el océano no absorbiera tanto calor, la superficie de la Tierra se calentaría mucho más rápido de lo que lo hace ahora”, dijo Malin L. Pinsky, profesor adjunto del departamento de Ecología, Evolución y Recursos Naturales de la Universidad Rutgers. “De hecho, en estos momentos, el océano nos está salvando de un calentamiento masivo”.
Sin embargo, la creciente temperatura de los océanos está ya acabando con algunos ecosistemas marinos. Además, está elevando los niveles del mar, y ha vuelto más destructivos a los huracanes.
A medida que el calentamiento aumente, según los investigadores, esos efectos serán aún más catastróficos. Tormentas más poderosas en las que lloverá más —como los huracanes Harvey (2017) y Florence (2018)— serán más frecuentes. Las costas del mundo se inundarán más. Los arrecifes de coral, cuyas poblaciones de peces alimentan a cientos de millones de personas, estarán bajo mucha más presión. En los últimos tres años una quinta parte de todos los corales existentes ya murió.
Los habitantes de los trópicos —que dependen sobremanera del pescado como fuente de proteína— serán particularmente afectadas, según Kathryn Matthews, subinvestigadora en jefe del grupo ecologista Oceana. “La capacidad real de océanos más calientes de producir alimento es mucho menor. Estas poblaciones se aproximan con mayor rapidez a una inseguridad alimentaria”.
Como tienen un papel fundamental en el calentamiento global, los océanos son una de las áreas más importantes para la investigación del clima. Las temperaturas promedio del océano son también una forma eficiente para rastrear los efectos de las emisiones de gases invernadero porque, en el corto plazo, los patrones climatológicos no los afectan demasiado. “Los océanos son el mejor termómetro que tenemos para monitorear los cambios de la Tierra”, dijo Haufather, el analista del nuevo estudio.
Un informe de las Naciones Unidas, publicado en 2014 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentó cinco estimaciones diferentes del calor oceánico, pero todas mostraron menos calentamiento que los niveles proyectados por los modelos climáticos informáticos, lo que sugiere que las mediciones del calor oceánico o el clima Los modelos eran inexactos.
Pero entender las temperaturas del océano ha sido históricamente difícil. Un informe de las Naciones Unidas, publicado en 2014 por el Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático, presentó cinco estimaciones diferentes del calor oceánico. Sin embargo, todas mostraron menos calentamiento que los niveles pronosticados por modelos computacionales. Es decir, no había mucha certeza.
Desde principios de la década de 2000, los investigadores han medido el calentamiento de los océanos con una red de flotadores llamados Argo, bautizado así por la nave de Jasón en la mitología griega. Estos flotadores miden la temperatura y la salinidad a profundidades de hasta 2 mil metros. La información que recogen es enviada vía satélite.
Antes de Argo, los investigadores dependían de sensores de temperatura que eran introducidos en el mar desde embarcaciones con un alambre de cobre. El alambre transmitía la información del sensor al barco hasta que el cable se rompiera. Después, el sensor se perdía flotando a la deriva.
Ese método generaba incertidumbre sobre la precisión de la profundidad a la que se hacía la medición. Esas incertidumbres obstaculizan el trabajo actual de los científicos: tienen que correlacionar la información de la temperatura del siglo XX con el registro histórico.
Un sensor oceánico del proyecto Argo transmite datos vía satélite. Fotografía de Olivier Dugornay/IFremer/Argo Program
En el nuevo análisis, Hausfather y sus colegas evaluaron tres estudios recientes que explicaban las tendencias mejor que los antiguos instrumentos. Los resultados coinciden en que el calentamiento del océano es más elevado que lo que decía el informe de 2014 de las Naciones Unidas. Sus resultados estaban más alineado con los datos de modelos climáticos.
Las aguas más cercanas a la superficie son las que más se han calentado. Ese calentamiento se ha acelerado en las últimas dos décadas, según información de la autora principal del nuevo estudio, Lijing Cheng, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de Beijing.
Conforme los océanos se calientan, los niveles del mar suben porque el agua caliente ocupa más espacio que la fría. De hecho, el aumento en el nivel del mar observado hasta ahora se debe, en gran medida, a este efecto de calentamiento —y no al derretimiento de casquetes de hielo.
De acuerdo con los autores del nuevo estudio, sin una acción mundial para reducir las emisiones de carbono, el calentamiento provocará que los niveles de los mares crezcan cerca de 30 centímetros para 2100. El deshielo contribuirá aún más al aumento. Eso podría exacerbar los daños ocasionados por graves inundaciones y tormentas costeras.
Los efectos del calentamiento en la vida marina también podrían tener graves repercusiones, dijo Malin Pinsky, de la Universidad Rutgers. “Cuando el océano se calienta, los peces se ven obligados a migrar a otros lugares. Ya estamos viendo que esto está generando conflictos entre países”, dijo. “No solo está enviando a los peces a otros lugares. Está provocando guerras comerciales, se ha convertido en un conflicto diplomático”.
Un cuarto estudio revisado por los investigadores reforzó sus conclusiones. Esa investigación usaba un novedoso método para estimar indirectamente las temperaturas oceánicas. El estudio también encontró que estaban aumentando más rápido de lo que concluyeron los autores del estudio de 2014.
El estudio tenía un error inicial que hizo que sus autores estimaran sus predicciones a la baja. Pero resultó que esa estimación conservadora hizo que sus resultados estén mucho más cerca al nuevo consenso.
“La corrección lo hizo mucho mejor con los otros registros de observación”, dijo Hausfather. “Antes, mostraba un calentamiento significativamente mayor que cualquiera. Eso era potencialmente preocupante porque significaba que nuestras estimaciones observacionales podrían ser problemáticas. Ahora, su mejor estimación está bastante en línea con los otros tres estudios recientes”.
Los científicos que publicaron los cuatro estudios no intentaron alinear sus resultados, dijo Hausfather. “Los grupos que estaban trabajando en observaciones del calor del océano, no son modeladores del clima”, dijo. “No están particularmente preocupados por si sus observaciones están de acuerdo o no con los modelos climáticos”.
Laure Zanna, profesora asociada de Física del Clima de la Universidad de Oxford —y que no participó en el estudio— dijo que la nueva investigación fue “un resumen muy bueno de lo que sabemos del océano y hasta qué punto convergen las nuevas estimaciones”.
Zanna publicó un estudio que utilizaba información existente para estimar temperaturas oceánicas que había en 1871. El propósito era determinar lugar en los cuales la subida del nivel del mar sucedía aún más rápido de lo esperado por los forma que las corrientes marinas redistribuyen el calor. Saberlo permitiría que las regiones que están especialmente en riesgo pudieran planificar mejor ante esos cambios.”Estamos calentando el planeta pero el océano no se calienta a la par. Entonces, ciertos lugares se calientan más que otros, dijo Zanna. “Así que la primera consecuencia será que el nivel del mar será diferente en distintos lugares, según el calentamiento”.
Aunque los nuevos hallazgos dan un pronóstico sombrío para el futuro de los océanos,. Hausfather dijo que los esfuerzos para mitigar el calentamiento global, incluido el acuerdo sobre el clima de París 2015, serían de gran ayuda. “Creo que hay razones para confiar en que evitaremos los peores resultados”, dijo. “Incluso si no estamos en el camino correcto para los resultados que queremos”.
©The New York Times 2019
Contra los hinchas
Es de noche, y un muchacho vestido de azul y de amarillo llora sentado en el cordón de la vereda —en el bordillo de la acera—, la cara hundida entre las manos. Su equipo acaba de perder una final en un estadio madrileño. El muchacho mira a la cámara y le habla:
—Se murió mi mejor amigo el año pasado y ni ahí sentí tanto dolor.
Dice, y yo no puedo soportarlo. Lo entendí, como suelo, un poco tarde: “Me gusta el fútbol”, pensé, “pero hay momentos en que no me gusta que me guste”. Fue el efecto final de aquellos días intensos. Este diciembre el deporte sudaca tuvo su momento más global: Boca y River y la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Sudamericana y el Estado argentino fueron incapaces de organizar un partido de fútbol en Buenos Aires, así que ese partido se jugó en Madrid y el mundo habló de él.
Con él había llegado a la ciudad un leve pánico: miles y miles asustados por la amenaza de los hinchas argentinos en vivo y en directo, medios golosos, policías alerta. En esos días la cultura argenta hizo su aporte más reciente al léxico hispano: la palabra quilombo —lío, caos y, antes, prostíbulo y, antes, refugio de negros cimarrones— se instaló en el habla de los madrileños. El miedo se les mezclaba con cierta admiración: la “pasión” —cuánto despilfarro de la palabra pasión— que desplegaban los hinchas argentinos los remitía a un supuesto estado originario, natural, el hincha en su versión más pura, el hincha por excelencia, el hincha como debe ser: el hincha como bestia apasionada.
“Cuánto desperdicio de la palabra pasión”. Fotografía de depositphotos
Y la idea de que no hay como los argentinos para serlo. Nos lo hemos trabajado. Llevamos años armando nuestra imagen de nosotros mismos sobre ese postulado: que somos los que más sentimos eso que todos miran sin saber sentirlo. Nuestra vehemencia, nuestros cantos, nuestras hinchadas son el nuevo tango: la demostración de ese profundo sentimiento que se supone que nos identifica. El fútbol argentino es malo, pero sus hinchas son los más mejores.
El desarrollo del hinchismo argento tiene —como todo— sus razones. La principal sería el despojo: desde que el país se transformó en productor de carne de futbolista para la exportación, desde que su fútbol se volvió tan pobre —en todos los sentidos—, los futbolistas argentinos son seres transitorios. Cuando yo era chico los equipos —los once que hacían un equipo— eran canciones que duraban años, que aprendíamos de memoria, que recordábamos como marcas de fidelidad. Ahora —en los últimos veinte o treinta años— los futbolistas pasan raudos por los clubes en su camino a mejores destinos y los únicos que permanecen y duran son los hinchas. Sus propias canciones lo celebran: “[…] pasan los años, pasan los jugadores / la Doce está presente / y no deja de alentar”, se canta la barra de Boca.
O sea: el hincha es lo único firme en un mundo que se escapa incontenible. Por eso, supongo, los hinchas argentinos se han convencido de que lo más importante del fútbol son ellos, y que deben actuar en consecuencia. Lo cual, en general, significa declararse incondicionales, estar dispuestos a “matar o morir por los colores”, justificar por ellos todas las barbaries.
Así, la violencia que define al fútbol argentino —que lo vuelve el único en el mundo incapaz de organizar partidos con hinchas visitantes— está en las manos de unos pocos y en la cabeza de casi todos. Es cierto que la llevan adelante unos grupitos; también es cierto que la justifica el clima cultural, ideológico de la mayoría. Y supongo que no se acabará mientras esa cultura predomine: mientras se mantenga como modelo el mito del hincha a quien nada le importa más que su equipo, que cree que por él vale la pena cualquiera cosa.
Yo no sé qué hacer con eso. Creo que hay que poder ser hincha sin que eso signifique volverse un ser repugnante, un ser que representa tantas cosas que yo no querría representar. No ser alguien que cree que no hay nada mejor que ganar, no ser alguien que postula que cualquier medio es bueno para llegar a ese fin, no ser alguien que puede gritar “Negro de mierda”, no ser alguien que puede descalificar al adversario llamándolo puto, no ser alguien que tiene o contiene tantos problemas con la sexualidad que para decir “Te ganamos” dice “Te cogimos”. No ser alguien, sobre todo, a quien nada le importa más que eso.
No quiero resignar la posibilidad de seguir algo que me da gusto, que me interesa, que me excita. Pero me saca las ganas ver el lugar que ocupa para tantos. Que se les vuelva un mundo cerrado, autorreferente, donde el fútbol sirve para pensar en fútbol que sirve para no pensar en otras cosas. O para no sentir otras cosas: que sirva como sustituto, la fuente de supuesta intensidad en vidas resignadas. Que sirva como simulacro: la pasión en el lugar del juego, la aventura de no arriesgar nada importante, tanta energía para tan poquito.
Hinchas de Boca Juniors, de todas las edades, el día del primer partido de la final de la Copa Libertadores que su equipo jugó contra River Plate. Fotografía de depositphotos
Mientras siga siendo así, mientras siga ocupando más y más lugares, mientras siga justificando más y más vacíos, me será cada vez más incómodo. Sospecho que no estoy a la altura; lo empecé a sospechar en esos días madrileños de fastos futboleros, de despliegue orgulloso de la pasión por las pelotas. Cuando hubo muchos que se endeudaron, que se jodieron la vida para venir a ver ese partido, y se jactaron de su sacrificio: los hinchas verdaderos.
—Se murió mi mejor amigo el año pasado y ni ahí sentí tanto dolor.
Ustedes disculpen, pero me dio asco. Basta de relativismo cultural. Hay cosas que están mal. Si el fútbol es un tinglado capaz de hacer que un idiota sienta que una derrota —que el hecho de que once muchachos vestidos de blanco hayan introducido ese cuero en un arco más que los de azul— es más dolorosa que la muerte de su amigo, el fútbol es el enemigo. Y lo será mientras no consigamos repensarlo y empezar a disfrutarlo como se merece: con placer, con distancia, con orgullo, con la dosis justa de desdén. Como si nos importara que no nos importara demasiado.
El fútbol es un juego, un show, un entretenimiento, noventa minutos de tensión que cada tanto te sacan de tu vida —y se terminan y te vuelves—. Olvidarlo es caer en la más boba de las trampas, olvidar que la vida está en otra parte. Como dijimos aquí mismo entonces: hay muchas cosas por las que vale la pena jugársela; el fútbol no es una de ellas. Si alguien piensa que sí, no es ejemplo de nada: es un enfermo, habría que ayudarlo.
©The New York Times 2019
La eliminación del subsidio a los combustibles, explicada en contexto
La reducción del subsidio a las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís son, según el gobierno del Ecuador, producto de la elevada deuda fiscal y el gasto desmedido que heredó de su predecesor, dijo el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
En la rueda de prensa del 18 de diciembre de 2018, el Ministro de Economía y Finanzas dijo que en los últimos 10 años se han financiado 50 mil millones de dólares en subsidios a los combustibles. Según Sebastián Roldán, Secretario Particular del Presidente, esto pudo invertirse en 12 mil escuelas, 2 mil hospitales o 2 millones de casas. El informe del Plan de Prosperidad 2018- 2021 reporta una deuda superior a los 500 millones de dólares a los jubilados.
El Estado prevé ahorrar 400 millones de dólares con la medida. El dinero iría a una cuenta específica, dijo Sebastián Roldán.
En su cuenta de Twitter el expresidente, Rafael Correa, dijo que el incremento del precio de los combustible es producto de la “corrupción, ineptitud y despilfarro”.
Algunos expertos, como el economista Alberto Acosta Burneo han dicho que la medida era necesaria, aunque aún insuficiente. Dijo que era “irracional” gastar 4 mil millones de dólares anuales en subsidios al combustible e invertir apenas 3. 200 dólares en Salud, y que aún el tamaño del Estado era demasiado grande.
Los combustibles Extra y Ecopaís pasaron de 1 un dólar y 48 centavos por galón a 1,85. La gasolina Súper pasó de 2 dólares cerrados a 2,30. Luego subió a 2,98. Según el Decreto 619, el precio de la súper será determinado por la empresa petrolera estatal Petroecuador y variará mes a mes, según el costo de importación, transporte, almacenamiento y un margen de ganancia del 2% para Petroecuador.
El gas de uso doméstico y el diesel no subirán.
Los desafíos ambientales para 2019
¿Qué pasará con la consulta popular de 2018?
En febrero del 2018 los ecuatorianos fueron convocados a las urnas para decidir, a través de un referendo y una consulta popular, sobre siete temas cruciales para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Dos de ellos eran de gran importancia para la gestión ambiental: la limitación de la minería metálica y la protección del Parque Nacional Yasuní.
En la pregunta 5 las personas debían responder si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 5. El 68,62 % de los votantes dijo Sí. En el numeral 7 se preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. El Sí obtuvo un 67,31 %.
Expertos consultados aseguran que estas decisiones eran de inmediato cumplimiento, pero al parecer el Estado no las ha acatado con la rapidez que muchos esperaban y el reto está en que, durante 2019, sí se cumplan. Yaku Pérez, dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), asegura que “la decisión de la consulta es vinculante y se debía acatar pero el gobierno no lo ha cumplido”. Según Pérez, el pueblo de Ecuador ya dio su veredicto a favor del futuro de las próximas generaciones y en contra de la contaminación ambiental, pero el Estado no está dispuesto a perder el dinero que dejan las actividades extractivas. “Pensar que el gobierno va a proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos sería una suprema ingenuidad”, dice.
A Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama y del colectivo Yasunidos, le preocupa la aplicación de la decisión popular este 2019. “En el caso del Yasuní todavía hay una lucha que dar. Está pendiente la posibilidad de que una consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos deje bajo tierra el crudo del bloque 43, que es parte del ITT dentro del Parque. Hay una fuerte capacidad de movilización ciudadana y de presión social que espera que el gobierno atienda la voz”.
Pero la preocupación también se extiende más allá del Yasuní. Para Bonilla, el reto es luchar por la protección de zonas que no son áreas protegidas, ni zonas intangibles, ni centros urbanos pero que poseen una importancia ecológica y ancestral para pueblos indígenas. Cita los casos de los Cofán de Sinangoe, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, que lograron revertir decenas de concesiones mineras en su territorio y de la comunidad de Río Blanco, en zona de páramo en el macizo de Cajas, en el sur del país. En ambos casos la consulta popular no los amparaba, pero la justicia ecuatoriana falló a favor de las comunidades y prohibió la minería metálica.
Otro desafío es lograr que los fallos sean respetados. María Espinoza, de Amazon Frontlines, dice que las autoridades que deben hacerle seguimiento a estas decisiones judiciales no las están cumpliendo.
Consultas previas en el ojo de la tormenta
El 2019 será un año en el que habrá que seguir de cerca lo que sucederá con tres grandes proyectos extractivos y los conflictos socioambientales que ya arrastran. Mirador, Loma Larga y Fruta del Norte debían empezar a explotar minerales en 2019, pero solo el último podrá hacerlo. Entre las principales causas de los retrasos figuran denuncias sobre incumplimientos ambientales y cuestionamientos a los procesos de consulta previa.
La consulta previa que se debe realizar a los pueblos indígenas cuando los proyectos extractivos se ubican en sus territorios se convirtió en un tema polémico el 2018 y, es probable, que esa percepción se agudice. Las comunidades se quejan de que los procesos de información de las empresas extractivas son escasos e incompletos. En el peor de los casos, muchas veces, sostienen, no son realizados. Las empresas, por su parte, dicen que las consultas terminan siendo cooptadas por personas que se oponen al progreso y buscan dilatar los proyectos.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, le dijo al periódico La Hora que “si no se enmiendan, en el corto plazo, los problemas judiciales y de mala aplicación de consultas previas y populares, las proyecciones de crecimiento y generación de ingresos del sector se verían ralentizadas y podría ponerse en gran riesgo. Hay una alta conflictividad interna, donde sectores sociales opositores han tomado partido en instancias de decisión como el Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría, y otras”.
Yaku Pérez dice que en diciembre de 2017 tuvieron la última reunión con el presidente Moreno, donde él se comprometió a archivar las concesiones mineras que no habían cumplido con aplicar la consulta previa. “Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha mandado a archivar ni una sola”, agrega. Según cuenta, han sido las comunidades las que tuvieron que presentar sus casos ante la justicia y, gracias a eso, se lograron suspender dos proyectos Mineros, el de Río Blanco y el de Sucumbíos en territorio Cofán.
En el caso de los Cofán, los indígenas desconocían que su territorio estaba concesionado a la minería. Solo lo supieron hasta el 12 de enero de 2018, cuando vieron por primera vez varias máquinas en el cauce del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca. Esto los tomó por sorpresa pues, de acuerdo con el líder indígena Alex Lucitante, nunca fueron consultados. Los Cofán descubrieron que había 20 concesiones mineras otorgadas y 32 más en trámite. El 22 de octubre las instancias judiciales les dieron la razón a los indígenas y fallaron a su favor. Algo similar ocurrió con el proyecto minero Río Blanco, donde un juez prohibió la minería a pesar de que la mina de oro ya estaba en explotación. En este caso, existían múltiples reclamos por contaminación y por no haber realizado adecuadamente la consulta previa.
Yaku Pérez dice que el gobierno se opuso a esas dos demandas, litigó en contra de los indígenas en los tribunales de justicia y, en dos instancias, presentó un recurso extraordinario de protección a favor de las empresas ante la Corte Constitucional. El gran desafío en 2019, para él, es lograr una mayor voluntad política de diálogo por parte del gobierno.
Mientras tanto, en el proyecto minero Cascabel, ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi, inició la fase de exploración avanzada para explotar oro y cobre sin cumplir con los requisitos de ley, entre ellos la realización de una consulta previa libre e informada con las comunidades de la zona.
Gestión y presupuesto para áreas protegidas
Este será un año difícil para las áreas protegidas en Ecuador. El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %: pasó de 6,7 millones de dólares en 2018 a 4,5 en 2019. Esta disminución en los recursos que destinará el Ministerio del Ambiente a este tema, preocupa a los expertos pues el SNAP abarca cuatro regiones del país ─Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía─ y alberga 56 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador.
Este recorte no solo afecta al sector ambiente sino que el gobierno ecuatoriano anunció una reducción en el presupuesto general de todas las entidades del Estado y esa es, además, una de las razones para la reestructuración de ministerios y entidades que ordenó el presidente Lenín Moreno en noviembre pasado. “Incluso se anunció un endeudamiento que se acerca a los 10 mil millones de dólares… En ese sentido es muy difícil pensar que va a haber más dinero para las áreas protegidas. El país estará en un escenario complicado este año”, comenta Benito Bonilla.
La disminución del presupuesto afectará la gestión que se haga de la áreas protegidas, y las marinas son las que más preocupan, ya que su control, vigilancia y conservación suponen unos costos mayores que los de las áreas continentales. Para Felipe Vallejo, biólogo marino de la Fundación Equilibrio Azul, en 2019 será un reto darle mayor prioridad a estas áreas, para que los decretos que las crearon pasen a la realidad. El mar ecuatoriano presenta grandes desafíos, sobre todo en términos de garantizar controles eficaces en la pesca y garantizar la reproducción de especies que se encuentran en peligro. “Es importante detener la matanza de tiburones en Ecuador, ya que están siendo explotados de una manera insostenible y muchos pescadores artesanales encuentran la forma de evadir los límites que se imponen”, dice Vallejo.
Algunos expertos consideran que se debe revisar y modificar el decreto 486 de 2007 que expide normas para la regulación de la pesca incidental de tiburón, su comercialización y exportación.
Por su parte, Bonilla ve un año retador para Ecuador no solo en cuanto a áreas protegidas sino para todo el sector ambiente, pues de enero a marzo el país se enfrentará a un escenario electoral con cambio de autoridades locales. También le preocupan algunas decisiones recientes. Por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deba coordinar y delegarle acciones al Ministerio del Ambiente, “eso significa que el Ministerio del Ambiente, que es la entidad gubernamental encargada de velar por la naturaleza y sus recursos, está subordinada a las competencias de un ministerio coordinador (el de Energía) que tiene intereses de explotación sobre ellos”.
Indígenas aislados en medio de la transformación del Ministerio de Justicia
A pesar de la incertidumbre que reinó durante varios meses sobre qué entidad adoptaría las competencias del extinto Ministerio de Justicia, entre ellas la de velar por los derechos de los indígenas aislados, a mediados de noviembre el presidente Lenín Moreno firmó un decreto donde le otorgó las funciones a una nueva entidad: la Secretaría de Derechos Humanos. Esta decisión, aparentemente, dejaba resuelto el problema, pero expertos en el tema consideran que aún hay muchas dudas y preocupaciones sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIA).
El asunto central es que no hay certeza de si la nueva Secretaría también tendrá, como lo era en la época del Ministerio de Justicia, un presupuesto y un personal escaso para atender las necesidades de protección de los PIA. Es muy poco lo que se sabe sobre cómo la nueva entidad entrará a manejar este tema, a pesar de que están próximos a concluir los 60 días que se tienen para organizar esta reestructuración estatal.
Desde el Equipo Técnico de la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia (en reestructuración) aseguraron que todavía “existe una debilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos que dificultan el control y la vigilancia y elevan el riesgo para el accionar del equipo de territorio”. También mencionaron que se deben realizar patrullajes de monitoreo para el control de actividades ilícitas o unilaterales que pueden provocar diferentes presiones a los PIA y se debe trabajar de la mano con las comunidades cercanas a ellos. Aún así, se desconoce cómo se ejecutarán estas actividades.
De acuerdo con los expertos consultados, otro desafío será que, las personas que integren la dependencia de la Secretaría que estará a cargo de los PIA, tengan un enfoque en Derechos Humanos. Para el antropólogo Roberto Narváez, investigador que lleva 20 años trabajando en tierras del pueblo Waorani, donde se encuentran los aislados, esto no será fácil mientras el Estado también tenga en mente la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra la zona intangible en que se mueven los PIA confirmados de Ecuador ─los Tagaeri y los Taromenane─. Según dice, esta actividad extractiva no es compatible con la protección de estas comunidades.
Paola Maldonado es una geógrafa que ha trabajado en temas de PIA y cree que estos pueblos tienen amenazas “por todo lado”. Para ella, en 2019 se enfrentarán principalmente a tres obstáculos: el primero es una sociedad que los ignora y los invisibiliza; el segundo es un Estado que niega evidencias y las oculta para justificar cualquier tipo de intervención; y el tercero es el acoso que viven sus áreas de desplazamiento por cuenta del petróleo, la extracción de madera, la apertura de vías, y el cambio de uso de suelo que viene con la colonización. “Si se observa un mapa, la zona intangible es como un lunar que está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”, concluye.
Amnistía para líderes ambientales
Durante el gobierno del presidente Rafael Correa una de las mayores críticas y denuncias que hicieron organizaciones de la sociedad civil e indígenas fue la de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales. A su llegada al poder, Lenín Moreno anunció una amnistía para todas esas personas, pero hasta ahora han sido pocos los liberados. Este será, sin duda, un tema que rondará constantemente durante 2019.
Yaku Pérez conoce bien el tema pues fue testigo de varias detenciones durante las protestas y denuncias que se hicieron contra el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay y que finalmente terminó con la prohibición de la minería en el lugar. “No ha habido más de cinco casos de amnistías en el Ecuador desde la llegada de Moreno. Lo más preocupante es que podrían resolverse con amnistía todos los casos, pero de qué sirve. Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas criminalizaciones”.
Pérez ha sido abogado defensor en algunos de estos casos y según sus cuentas, en 2018, hubo 31 casos, entre detenidos y acusados judicialmente “y no se han parado actividades en aquellas concesiones que la justicia ha ordenado frenar”.
Según el líder indígena y ambiental, en la última reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional quedaron más de 150 personas pendientes por amnistías “y a eso hay que agregarle los nuevos casos… Podemos decir que 2019 nos recibe con poco más de 180. Casi la totalidad han sido criminalizados por hacer resistencia a proyectos extractivos”, concluye.
*Este reportaje fue originalmente publicado en Mongabay Latam
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M. Night Shyamalan regresa a sus inicios
Cuando le preguntaron a M. Night Shyamalan cuál era el giro de trama más grande de su vida, el director hizo una pausa, pensando detenidamente.
La respuesta de Shyamalan —cuyo nombre es sinónimo de giros narrativos desde éxito inicial, El sexto sentido (1999) —fue regresar a donde inició. A hacer películas en su natal natal Filadelfia, de vuelta a los thrillers que llevaron a Newsweek a llamarlo, en 2002, el “próximo Spielberg”.
“Solo quiero hacer películas de suspenso”, dijo Shyamalan, de 48 años, en una entrevista telefónica. Después de años de filmar otro tipo de películas, agregó, regresar a lo que más amaba hacer le trajo una revelación: “Wow, desde un principio tuve todo lo que quería”.
Por eso, es apropiado que Glass, que se estrenó en enero de 2019, complete otro tipo de ciclo. Después del éxito de su predecesora, Split (2017), la película concluye una trilogía original de superhéroes. Comenzó en 2000 con Unbreakable, una historia originaria que llegó, quizá, demasiado pronto.
La sabiduría convencional decía entonces que una historia de superhéroes original no se vendería. Shyamalan dijo que Disney, que produjo Unbreakable, lo alentó a no comercializarla como una película de cómic, una estrategia impensable hoy. (Un presagio de la cultura que vendría, X-Men, lanzado ese mismo año, recaudó casi 300 millones). Unbreakable hizo dinero, pero quedó muy lejos de El sexto sentido. Tampoco logró resonar como Shyamalan esperaba.
Aun así, su instinto resultó estar en lo cierto: la licra se hizo comercial y Unbreakable —favorita entre los críticos— amasó una base de fanáticos leales, empezando con los asistentes a la Comic Con. Después, Shyamalan sorprendió a los fanáticos con Split, una secuela de terror protagonizada por James McAvoy. La película —con un presupuesto de 9 millones— recaudó más de 278 millones. Después de una racha de fracasos para los críticos, entre ellos The Last Airbender, The Happening y After Earth, se hablaba de un resurgimiento.
Ese ímpteu puso presión sobre Glass. Según Shyamalan, la película —con un presupuesto de 20 millones de dólares y un extenso guion—, fue la más difícil que ha hecho. Vía telefónica desde Europa, habló sobre el filme y sobre otras ideas del universo de Unbreakable. Además, habló sobre la posibilidad de dirigir una película de La guerra de las galaxias. Estos son fragmentos editados de la conversación.
Cuando filmaste Unbreakable, el mercado de las películas de superhéroes no se parecía en nada a lo que es hoy. ¿Por qué crees que tienen tanto éxito en Hollywood actualmente?
Tiene sentido. Me siento feliz de haber estado en la vanguardia y decir: “Oigan, hagamos una película basada en cómics, un filme acerca de cómics”. Y que todos respondieran: “Ese es un mercado muy marginal. No es una idea comercial. La gente común no va a ver ese tipo de películas”. Ahora están por todas partes.
Lo entiendo. Es una mitología que inspira confianza en sí misma en la gente. Son dioses entre nosotros. Son historias de gente normal que se convierte en un dios, básicamente, dicho de una manera común.
Naciste en India. Te criaron como hindú, pero fuiste a escuelas católicas. ¿Cuál es tu nivel de espiritualidad actualmente? ¿Ha cambiado desde El sexto sentido?
Se ha vuelto más claro en mi mente. Creo que me definiría más como un creyente ahora, en el sentido de que, después de El sexto sentido, siempre he creído en algo. Simplemente no podría ponerle una etiqueta más precisa.
Has sido agnóstico.
Así es. No soy religioso en lo absoluto. Me parece problemática la especificidad de la religión organizada y el tribalismo que invoca. Pero soy alguien que cree en algo, como quieras llamarle, el universo y nuestro lugar en él.
Cuando estás con tus familiares y amigos, ¿eres el comediante del lugar?
Sí, soy el que hace tonterías, claro. Pero me pongo muy serio cuando hablamos de cine. No soy muy divertido cuando sale ese tema. Si vas a ver una [mala] serie de televisión, no quieres verla conmigo. Vas a pasártela muy mal porque estaré haciendo muecas y comentarios. Para mí, es un arte. El cine debe honrarse. Esos ingredientes deben pensarse y entenderse como sagrados.
Se habló de The Visit y Split como si esas películas fuesen ‘resurgimientos’ tuyos. ¿Te resultó eso frustrante?
No. Tu carrera no se trata de lo que los demás digan sobre ti. No es posible. Eso te quita todo el poder. Ahí no es donde debería estar tu energía, sino en todas las cosas que controlas. Como escritor, tienes control sobre muchísimas cosas.
Después del estreno de Unbreakable, hablaste sobre cómo no creó una conexión con la audiencia de la manera en que esperabas. ¿Crees que sería diferente en la actualidad?
Sí, creo que le habría ido mejor ahora. Le habría ido incluso mejor cuando la estrenamos si la hubiéramos anunciado como una película de cómics.
“Wow, desde un principio tuve todo lo que quería”. Fotografía Tom Jamieson para el New York Times.
Unbreakable y Split tuvieron tonos drásticamente diferentes. Una era una película de cómics y la otra de terror. ¿Cómo uniste ambas en Glass?
Piénsalo de este manera: el tono de Unbreakable coincide con su protagonista, David Dunn [Bruce Willis], que tiene una suerte de epifanía sombría, introspectiva y progresiva. Después tenemos al protagonista de Split, un personaje cinético y pirotécnico que es violento, aterrador, divertido y extraño —además de amenazador. Tiene la vibra de una película de suspenso muy oscura, casi de terror, así que coincide con su protagonista.
Además, Glass representa a su personaje principal, el señor Glass [Samuel L. Jackson]. Es muy filosófico. Juega una partida de ajedrez, además de tener una sonrisa muy irónica. Así que espero que cada película represente a su protagonista.
El personaje de James McAvoy en Split y Glass secuestra adolescentes y a veces se las come. Sobre todo en Split, algunas de las escenas son bastante grotescas. ¿Qué tipo de actitud debes adoptar para crearlas?
He tenido más ganas de hacer cosas impactantes y de contrastar eso con la emoción o el humor de una secuencia. Es gracioso porque siento que los tonos que me interesaban, cuando estaba pensando en hacer la trilogía, son más apropiados en el cine de ahora que en el de 1999.
Apoyo mucho a mis personajes. Me dedico por completo a ellos. Quizá hagan algo espantoso, pero, en general, les demuestro mi apoyo. Me muestro comprensivo con ellos. A medida que la historia de Glass llega a su cierre, es posible sentir mucha empatía por todos los personajes.
Después de Split, el personaje de James McAvoy recibió críticas por parte de los profesionales de la salud mental, pues decían que estigmatizaba a las personas que sufren del trastorno de identidad disociativo. ¿Crees que fue justo?
Fue algo menor. De hecho, creo que esta es la mención más grande al respecto. Fue alrededor del uno por ciento del uno por ciento de las personas que hicieron esa crítica. Pero hubo una reacción muy positiva a la película. Obviamente, cuando ves Glass, se vuelve evidente la representación increíblemente positiva del personaje, su esencia y todo lo que sufre.
Cuando estabas filmando Split, ¿tenías idea de cómo querías que terminara Glass?
Así es. Tenía un par de ideas sobre dónde podría estar el punto de unión. Así que estuve jugando con esas ideas. Pero entre el momento en que terminé Split y su fecha de estreno —casi cuatro meses— estuve escribiendo Glass, y me dediqué a perfeccionar todos los detalles.
Cuando se estrenó Unbreakable, dijiste: “Esta vez tuve más control, pero sin divertirme”. ¿Te divertiste filmando Glass?
No me divierto mucho filmando mis películas. Me estreso mucho todo el tiempo.
En el pasado, bromeaste sobre dirigir una película de La guerra de las galaxias, así que hablemos en serio. ¿Dirigirías una?
Ay, Dios. Creo que lo mejor es que me dedique a hacer películas originales y trate de mantener el acento cinematográfico que me resulta más cómodo. Hay cineastas que no se ajustan fácilmente al sistema. Quizá yo soy uno de ellos. La idea de perder tu esencia es perder la noción de quién eres.
Por eso creo que esa es, quizá, la mejor manera de pensarlo. Pero nunca digas nunca.
Verónica Espinosa: “Hay farmacéuticas que actúan de forma antiética para lograr vender un medicamento al Estado”
Verónica Espinosa es la Ministra de Salud, la única funcionaria de ese rango que se mantiene desde el gobierno de Rafael Correa. Posesionada por el expresidente en enero de 2017, ha sido ratificada en el gobierno de Moreno por lo menos en dos ocasiones. Es médica de profesión y tiene una maestría en Salud Pública en la Universidad San Francisco de Quito. Nos recibe en un amplio despacho ubicado en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, en donde funcionan los ministerios de esa área, incluido el de Salud.
Esta semana se dictará sentencia sobre el caso de medicinas adulteradas. ¿Hay casos similares? ¿Cómo detectaron que esto estaba ocurriendo?
Esta incautación fue producto de uno de los operativos que realiza nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) junto con la Policía Judicial y la Fiscalía General. El operativo se llamó Fármaco 4. Esto indica que ha habido al menos tres operaciones anteriores de incautación de medicamentos falsificados, adulterados o con algún tipo de irregularidad en términos de su regularización en el proceso de registro sanitario, número de lote u obtención de permisos.
Sin embargo, sin duda, este ha sido probablemente el que más nos ha llamado la atención. No solo por la dimensión, la cantidad de productos que fueron incautados —son 18 toneladas de medicamentos—, sino también por el alcance que probablemente tenía su red de distribución.
Estamos hablando de medicamentos que se comercializaban en al menos cinco provincias del país. Que ingresaban a la cadena legal de medicamentos, lo cual es más peligroso aún porque no estamos hablando de medicamentos que se venden en lugares clandestinos, sino en farmacias. El riesgo para la ciudadanía era mucho más alto.
Esperamos que existan sanciones aleccionadoras, sanciones correspondientes al tipo de infracción. Hemos llevado este caso durante dos años en el sistema judicial. Pese a que no teníamos obligación de hacerlo como Ministerio de Salud, presentamos una acusación particular porque no queríamos que la causa quede solo en manos de un tercero. Queríamos nosotros intervenir con nuestros abogados y que se levanten todos los elementos de convicción para demostrar que hay causales suficientes para demostrar el delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
¿Y dónde se quebró el filtro? ¿En qué parte se rompe el control y pasa esto?
Hay que entender que la falsificación de medicamentos es un problema mundial que responde a mafias transnacionales de crimen organizado. Aquí no estamos hablando de un crimen artesanal, local, no. Estamos hablando de crimen organizado de redes interconectadas de crimen que funciona en varios países. Estamos hablando de millones de dólares que se movilizan y que, por supuesto, llegan a infiltrarse dentro de los mercados farmacéuticos legales.
De hecho, nos damos cuenta de esto porque dentro de los controles regulares que hace la Agencia de Regulación y Control Sanitario en las farmacias, se toman muestras, se verifica que los medicamentos que estén ahí tengan registro sanitario, que cumplan con todos los estándares. Ahí, en los controles regulares se empezó a ver sistemáticamente irregularidades: productos que no tenían registro, que no tenían el lote adecuado, que no coincidía el registro con la caja. A raíz de eso, se prendieron todas las alertas y se armó el operativo con la Policía Nacional y la Fiscalía.
¿Cómo funcionaba?
Aparentemente el modus operandi era que ingresaban medicamentos irregularmente a través de fronteras y puertos. Estos medicamentos caducados provenientes de otros países, eran ingresados hacia una planta clandestina. Ahí se los sacaba de sus empaques anteriores, reetiquetaba, reacondicionaba para luego venderlos a través de un distribuidor autorizado, que fungía de intermediario entre lo ilegal y lo legal para ingresar a las farmacias legales.
¿Como cómplice?
Como cómplice, aparentemente. Por supuesto, eso debe determinar la justicia.
Pocos días después de haber hecho esta entrevista, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a una de las personas involucradas a cinco años de prisión por falsificación y comercialización de medicamentos sin registro sanitario. La otra persona procesada fue ratificada inocente.
¿Cuántas personas están involucradas?
Actualmente hay solamente dos personas procesadas. Son a quienes se les ha determinado como autores intelectuales. Sin embargo, nosotros durante las investigaciones solicitamos que se procesen a más personas. La justicia ha decidido procesar a los dos autores intelectuales.
¿Y el Ministerio de Salud tiene mecanismos para evitar que otro caso así pueda repetirse? ¿Se han tomado correctivos que quizás no se estaban considerando?
Insisto: cuando existen ilícitos, cuando existe dolo, es decir, la voluntad de cometer un delito, los delincuentes siempre van a buscar la forma de salirse del marco normativo, de los controles.
Es como decir qué estamos haciendo para que no existan robos. Mientras haya gente que quiera irse contra los bienes de los demás, salvo que tengamos un policía en cada casa y ni así podríamos evitarlo, siempre va a existir el riesgo de que existan estos ilícitos.
Lo importante es que existan controles para determinar los tiempos y mecanismos para poder sancionar. Sobre todo en la vía penal, porque esto no es una falta administrativa, es un delito penal, es un crimen lo que se está cometiendo y por eso mismo se procesa en la justicia.
Sin duda hemos visto que es momento en el Ecuador de amplificar nuestra capacidad de control. Hemos fortalecido nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario para que las inspecciones sean más recurrentes, para que nuestro personal esté mucho más capacitado para identificar las señales de alarma. También el trabajo debe ser muy coordinado con la Policía Nacional. Hoy por hoy trabajamos con una unidad especial de la Policía que se ha creado y que tiene experticia específicamente en el tema de fármacos. Ellos se han capacitado para poder enfrentar este delito.
¿Desde cuándo está creada esta unidad?
Me parece que la unidad funciona desde 2012, le puedo confirmar el detalle.
Recientemente yo hice una condecoración a los miembros de esta unidad de la Policía Judicial por la valentía que ellos han tenido y además por la gran voluntad de capacitarse en una temática tan particular como son los falsificados.
Adicionalmente, estamos recibiendo apoyo de agencias de otros países que están trabajando de la mano con nosotros como la Agencia Regulatoria de Colombia, la Agencia Regulatoria del Perú e inclusive varias agencias regulatorias de referencia, la Organización Panamericana de la Salud que nos están acompañando para fortalecer nuestras capacidades de detección de falsificados.
Finalmente, el llamado al apoyo de la ciudadanía. Arcsa ha creado un aplicativo para los teléfonos inteligentes, se llama Arcsa Móvil. A través de este aplicativo uno puede verificar el registro sanitario del medicamento y si no es legítimo se puede poner la denuncia.
Esto nos ayuda a que todos los ciudadanos puedan apoyarnos a ser vigilantes del proceso de regularización de los medicamentos; es decir que no haya en las farmacias medicamentos ilegales.
¿Y cómo un ciudadano puede identificar irregularidades en el medicamento?
El medicamento tiene el número del registro sanitario en la cajita. Lo que hace el ciudadano en el aplicativo es poner el número de registro y verifica que ese registro coincida con el medicamento que ha comprado.
En el momento que vea que hay alguna irregularidad, puede notificarlo a través del mismo aplicativo y automáticamente Arcsa va a ir a hacer una inspección para identificar si es que ha sido falsificado y tomar acciones con la Policía Nacional y la Fiscalía.
Y como Ministerio de Salud, ¿pueden identificar otras fallas en este mismo ámbito?
Hay procesos y capacitaciones y ciertos criterios y estándares que nos permiten identificar cuando hay medicamentos falsificados pero no es tan sencillo.
La primera verificación y la más sencilla, insisto, es el número de lote y el número de registro sanitario.
¿Eso no es justamente lo que se falsifica?
Claro pero se inventan, ponen cualquier número. Entonces, cuando se contrasta contra los números que constan en nuestras bases de datos, el número no existe. Fácilmente se puede identificar pero a veces pueden haber copiado el número de registro sanitario de una caja válida, ahí hay otros datos que nos permiten verificar.
Por ejemplo, los medicamentos suelen venir con sellos de seguridad que garantizan la integridad de la caja. Y hay también controles que tienen las propias cadenas de farmacias.
Tenemos lo que se llama ‘buenas prácticas de distribución y almacenamiento’, que son ciertas reglas y ciertos procedimientos a seguir para que en las cadenas distribuidoras y las cadenas de farmacias también puedan identificar irregularidades, alertarnos y denunciarlos al tiempo.
Hubo también denuncias sobre la escasez de medicinas para ciertos casos. La entonces asambleísta Poly Ugarte dijo que faltaban medicinas para enfermedades catastróficas como el Alzheimer. ¿Siguen los inconvenientes en cuanto a los medicamentos para este tipo de enfermedades?
En realidad las acusaciones de la asambleísta en particular nunca tuvieron un asidero. Nunca se presentó una denuncia específica: en dónde, qué medicamentos.
Más allá de especulaciones y otros cientos de barbaridades que la señora decía contra el Ministerio, me parece que era, además, una estrategia de precampaña porque no tenían un sustento y nunca fueron presentadas como tal.
Sin embargo, nosotros sí hacemos un monitoreo continuo y frecuente del abastecimiento de medicamentos de nuestras unidades. Sin duda, ha habido momentos en los que uno u otro medicamento pudieron faltar. No es un tema generalizado, no es un desabastecimiento nacional, que ha fallado en la asignación de presupuesto, o que hayamos tenido que por una u otra razón descontinuar algún medicamento.
Lo que sí puede llegar a pasar, por ejemplo, es que uno realiza la compra de manera planificada y el proveedor queda mal. En vez de entregar en la fecha en que se tenía previsto en el contrato, se demora uno o dos meses, lo que genera un retraso en el abastecimiento de la Unidad Operativa, y como tenemos más de 2 mil unidades de salud, en alguna unidad que haya habido algún proveedor que haya quedado mal sí nos ha sucedido. Por ejemplo, que la industria descontinuó algún medicamento.
Hace un par de años el único proveedor nacional de ácido hialurónico lo descontinuó. Hasta que se pudo suplir hubo vacíos.
Hay que entender que el problema del acceso y el abastecimiento de medicamentos es de todos los días.
Todos los días se tienen que estar tomando acciones y correctivos para que nunca falten medicamentos. No es algo sencillo de hacer, y ese es el rol del Ministerio de Salud Pública. Estamos continuamente evaluando, monitoreando y dando solución cuando aparecen estos problemas.
Invitamos a que siempre la ciudadanía y los medios nos notifiquen pero con denuncias reales, en donde se diga en qué lugares, qué medicamento, en qué período de tiempo, información que nos permita realmente ir a atender esa denuncia y poderle dar soporte.
“Sin duda ha habido momentos en que uno u otro medicamento pudo faltar”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.
Pero sí ha habido quejas. Incluso en redes sociales la gente se queja, los usuarios de los hospitales públicos dicen: yo tengo esclerosis múltiple o cáncer y no puedo acceder a tal medicamento.
Primero, no confundir el Ministerio de Salud con el IESS.
Sí, son dos cosas diferentes.
De todas maneras, aunque fuera el IESS, nosotros siempre estamos atentos para apoyarlo en las dificultades que pueda tener, pero aquí hay dos problemáticas completamente distintas.
Una cosa es el desabastecimiento de los medicamentos que los hospitales deben tener, y eso, de acuerdo a la Ley, está en el listado de medicamentos esenciales que se publican a través del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos desde la década de los 70.
La lista de los medicamentos que el Estado ecuatoriano ha decidido que van en el cuadro, luego de una evaluación de calidad, seguridad y eficacia, son los medicamentos que en los hospitales no pueden faltar.
De ahí tenemos otros medicamentos que están en el mercado pero que debido a que no se ha cumplido con estándares de seguridad, calidad o eficacia, no están incluidos en el cuadro básico.
Le voy a poner un ejemplo. Para la gastritis existen alrededor de 30 o 40 versiones de los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol es la molécula clásica pero hay otras versiones del inhibidor de bomba de protones.
Cuando vemos la evidencia científica, todas las moléculas demuestran la misma eficacia. El omeprazol demuestra la mayor seguridad de todas ellas y la calidad es exactamente la misma para todas las moléculas distintas. Sin embargo en el precio, el omeprazol es muchísimo más barato que las otras versiones. Sirve exactamente igual.
Tal vez estas otras lo que tienen son más estrategias de marketing. Tal vez tienen la novedad de una marca específica pero en evidencia científica esta molécula es la mejor. Esa es la que el Estado ecuatoriano garantiza para el tratamiento de la gastritis. Basado en evidencia científica. El que el Estado ecuatoriano y los hospitales públicos no compren las otras moléculas, no significa que estemos desabastecidos. Significa que hay una decisión consciente y de política pública de la autoridad sanitaria nacional y del Estado ecuatoriano de que esos medicamentos no forman parte del arsenal de medicamentos con la que la salud pública atiende.
Eso es muy distinto de un desabastecimiento. Es una decisión de política pública que puede molestarle sobre todo a los dueños de esas moléculas que, obviamente, le quieren vender al Estado y algunas personas que consideran que el Estado ecuatoriano debería incluir esos medicamentos, pero no es un desabastecimiento, estemos claros.
La Ministra interrumpe antes de terminar la pregunta. Habla muy rápido y a veces resulta difícil entender sus respuestas: sus frases son muy elaboradas y suelta demasiadas ideas a la vez.
Comprendo, pero entonces ¿no hay asidero en estas quejas de distintos pacientes con distintas enfermedades catastróficas? Varios dicen que hay algunos genéricos, por ejemplo, que están dentro del cuadro médico y no funcionan y que hay otras alternativas más eficientes que no están en el cuadro.
Pero ahí hay otra vez una confusión. Creo que en este tema es muy importante ir a las bases técnicas del tema de los medicamentos porque es un tema complejo, extremadamente técnico.
Cuando hablamos de medicamentos genéricos no es que en el cuadro hay genéricos o marcas, empecemos por ahí. El cuadro básico dice la molécula. La molécula es el ácido acetilsalicílico. De ahí, si el Estado ecuatoriano compra la marca Bayer o la marca Life, eso ya es un proceso de contratación pública. Entonces el tema de genéricos o no genéricos no está en el cuadro.
En este tema de que por qué se venden o utilizan genéricos en el sistema público hay una preocupación de la calidad que nada tiene que ver con el cuadro básico.
Es una desconfianza en los medicamentos genéricos que no tiene un asidero técnico, que no tiene un asidero científico. Toda la evidencia científica publicada en el mundo demuestra que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad que los medicamentos que tienen una marca porque la calidad del medicamento no lo determina que en la caja haya una marca o no. La determinan los procesos de fabricación, las normas, lo que se llaman ‘las buenas prácticas de manufactura’ y las normas que establece la Organización Mundial de la Salud para que en el proceso de fabricación del medicamento haya calidad.
Entonces cuando aparecen los genéricos aparece una gran campaña de desprestigio a los genéricos. Aquí hay varios libros, cientos de libros publicados, evidencia, personas que han estado presas, multas a nivel internacional por prácticas anticompetitivas, elementos que demuestran una campaña sistemática de desprestigio a los genéricos, pero el genérico se produce en la misma planta, con las mismas condiciones, con los mismos estándares de calidad.
¿Por qué el genérico va a ser malo solo por no tener el nombre en la cajita?
Que los medicamentos genéricos no tienen calidad no es cierto. Yo lo desmiento categóricamente. El país que tiene mayor penetración de uso de medicamentos genéricos en el mundo son los Estados Unidos: el 85% de los medicamentos que se consumen en los Estados Unidos son genéricos, aprobados por la FDA [Agencia Federal de Medicamentos, por sus siglas en inglés] y certificados en términos de su calidad.
Ahora, siguiendo a la otra preocupación, que es legítima, no es una preocupación que nosotros ignoramos. Algunos pacientes tienen preocupaciones sobre tratamientos a los que han sido expuestos. Curiosamente, esos tratamientos, son, muchas veces, de las propias farmacéuticas que quieren vendérnoslos como la solución a problemas de salud y que deberían estar en el cuadro de medicamentos básicos.
Por supuesto que nosotros atendemos la solicitud de estos pacientes. Hay un procedimiento de excepción para casos muy puntuales, y muy particulares, en los que por alguna razón hay medicamentos del cuadro no pudieron atender esa necesidad en particular.
Esto pasa por un proceso de evaluación muy minucioso porque estamos hablando de un medicamento que en términos generales no ha demostrado su calidad, seguridad y eficacia, y por lo tanto debemos evaluar ese caso. Si a ese paciente le llega a pasar algo, es responsabilidad del Estado ecuatoriano, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y en eso nosotros tenemos la obligatoriedad de cuidar la seguridad y la protección de los pacientes.
Hay muchos medicamentos que no están en el cuadro que hoy, a través de procesos excepcionales, se han aceptado para ciertos casos. Pero hay otros que han pasado por este proceso de evaluación y se ha decidido que no deben estar porque los beneficios no están sustentados en evidencia científica.
Nosotros no podemos tomar decisiones en base a evaluaciones empíricas, eso sería irresponsable.
Estamos hablando de millones de dólares en recursos del Estado. Le voy a hacer llegar la resolución que emitió la Organización Panamericana de la Salud. Firmamos una resolución atendiendo a esta problemática y uno de los acuerdos y recomendaciones que se da es que se tomen decisiones basadas siempre en evidencia científica.
Muchas veces al paciente le ofrecen —o no se le termina de explicar los riesgos a los que se somete por— el uso de ese medicamento.
Lastimosamente hemos visto también la vinculación y la estrategia de algunas casas farmacéuticas para incidir en la decisión de estos pacientes, farmacéuticas que buscan generar la demanda en los pacientes, lo cual obviamente es una práctica antiéticas.
Esto se ha dado no solo en el Ecuador: lo hemos conversado con algunos ministros de Salud de la región y lo que está detrás por supuesto es el interés de los dueños de estas moléculas de venderlos al Estado. El recurso público es limitado y deberemos destinarlo siempre a aquello que sea más costo efectivo y más beneficioso para la población.
¿De estos casos excepcionales que usted menciona, cuántos hay?
No tengo el número específico. Está publicado en la página web del Ministerio de Salud Pública cuántas moléculas hemos excepcionado.
No le podría decir para cada caso porque si excepcionamos una molécula, muchas veces es para muchos pacientes, pero le voy a dar el ejemplo de algunos medicamentos.
Si no me equivoco, para la hipertensión pulmonar, en el caso de niños y personas con hipertensión pulmonar, se han autorizado medicamentos específicos.
¿Entonces estas quejas de pacientes que dicen que no se les está atendiendo adecuadamente porque sus enfermedades no están siendo tratadas con la medicina que corresponde no tienen asidero?
Es difícil decirlo, no me gustaría hablar en absolutismos.
Habrá casos, le insisto, nosotros estamos siempre muy atentos a las necesidades de la ciudadanía.
Habrá casos en los que, como le digo, los pedidos son legítimos y a través del proceso excepcionalidad, se incluyen. También hay la aparición de nuevos medicamentos que estamos considerando incorporarlos en nuevas versiones del cuadro básico.
Pero también tenemos cientos de millones de atenciones a pacientes satisfechos y cientos de atenciones a pacientes con enfermedades oncológicas, cáncer y muchas otras, que han agradecido y están satisfechos con el tratamiento.
En 2017, usted fue muy enfática al decir que el personal médico tenía que atender adecuadamente a una mujer que llegara a un hospital en un proceso de aborto. Ellos estaban con este temor de que se los procese por toda la legislación alrededor del aborto. ¿Qué ha pasado en este año y medio?
Nosotros fuimos enfáticos con una disposición ministerial que es de obligatorio cumplimiento para todo el personal. Lo que hemos hecho es montar sistemas de evaluación, tanto por parte de nuestras autoridades locales, de nuestros coordinadores zonales, directores distritales, para verificar el cumplimiento de esa disposición y también hemos abierto todos nuestros mecanismos de denuncia ciudadana para conocer si en algún caso algún miembro del personal de salud ha incumplido con esta disposición.
No hemos tenido mayores reportes de este tema y hemos tenido algunos casos en los que hemos tenido que ir a capacitar a través de nuestra dirección de Derechos Humanos, asesorar a los hospitales para que ellos tengan la tranquilidad de que están actuando en el marco de la ley, y que lo más importante aquí es proteger la salud y el bienestar de los pacientes, que en este caso llegan con una situación que puede poner en riesgo su vida.
“Yo desmiento categóricamente que los genéricos no tienen calidad”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.
¿Se tiene contabilizado el número de abortos en curso que ha atendido?
Nosotros tenemos esos registros estadísticos, no los tengo a la mano, le podemos hacer llegar también cuáles son los datos del año 2017.
Del 2018 todavía no terminamos de procesar la información pero podríamos dar los datos preliminares de cuántas consultas y cuántas atenciones se brindaron por abortos en curso.
¿Y las capacitaciones a las que hacía mención dónde se concentran más?
Recordemos que el aborto en curso es una emergencia obstétrica. Cuando una mujer está en curso de un aborto, el riesgo de tener una hemorragia, de tener complicaciones, sepsis, un aborto incompleto, etcétera, que puede poner en riesgo su vida, amerita que esto sea tratado como una emergencia.
La atención que se puede dar en el área rural, principalmente en los centros de salud, es la estabilización de la paciente y su referencia inmediata al segundo nivel de atención. Estos casos siempre deben ser referidos salvo excepciones, al segundo nivel hospitalario en donde hay mayor capacitación y se conoce mejor el manejo del tema porque, insisto, es una emergencia obstétrica y hay riesgo de que ésta se convierta en una muerte materna.
Es un tema que vigilamos muchísimo y que estamos muy pendientes de reducir.
Hay muchos datos que la Ministra ofrece entregar pero no tiene a mano ni los entrega después. A veces empieza frases, cambia de opinión en la mitad y las deja inconclusas.
¿Y cuál ha sido la respuesta en este segundo nivel de atención a partir de su disposición?
Hemos tenido una reducción en el número de muertes maternas asociadas a todas las causas que incluyen los abortos.
Este año esperamos cerrar con cifras menores que el año pasado. Esta reducción de las muertes maternas da fe de que el sistema está respondiendo mejor a las emergencias obstétricas. Podríamos darles los datos preliminares de las cifras de reducción que estamos teniendo este año.
Asimismo, vemos una mayor capacidad en nuestras unidades de segundo nivel para atender inmediatamente los casos de abortos espontáneos. Podemos compartirles las cifras para ver cuáles han sido las variaciones. En general, yo creo que había una respuesta, había una atención pero había un temor generalizado del personal que atendía siempre con el miedo, con la espada de Damocles en el cuello de que si estaban atendiendo podrían estar cometiendo un delito.
Hoy hemos quitado esa barrera. Creo que eso, sobre todo, le da tranquilidad y certeza al funcionario y al personal, de que, mientras estén salvando la vida de la paciente, están haciendo lo correcto.
La entrevista a la funcionaria se hizo varios días antes de que un incendio en una clínica de rehabilitación para consumidores de droga provocara la muerte de 18 personas en el suburbio de Guayaquil.
Hace un par de años hubo un caso de un joven que desapareció y resultó que había estado en una llamada ‘clínica de deshomosexualización’ camuflada bajo supuesto centro de desintoxicación de drogas y alcohol. ¿El Ministerio está haciendo algún tipo de control sobre estos sitios?
Las clínicas de deshomosexualización están prohibidas. Eso es un delito porque la homosexualidad no es una enfermedad y de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, a varias declaraciones internacionales y a nuestro propio marco legislativo y constitucional, la tortura es un delito y esto corresponde a una tortura.
Por lo tanto, estas clínicas no solo que, digamos, son criticables sino que no pueden existir.
Sobre lo otro, nosotros hemos generado una normativa muy explícita del tipo de servicios, del tipo de tratamientos, los lineamientos que debe cumplir una clínica de tratamiento de consumo problemático de alcohol y drogas. Es decir, sobre el tipo de tratamiento que puede existir.
Cualquier otra cosa vinculada a modificar la religión, el género, la orientación sexual, está prohibido en nuestro país.
Hoy estamos en un proceso de licenciamiento a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios para que todas las clínicas de servicios tengan que tener una licencia por parte del Ministerio. Un licenciamiento, no sólo el permiso de funcionamiento sino el cumplimiento de todos estos estándares. Que haya protección de los derechos humanos, que no haya maltrato, que no exista vulneración a la voluntariedad del tratamiento, a nadie le pueden obligar a estar encerrado contra su voluntad, y temas de ese tipo.
Hay varias clínicas que ya han cumplido su proceso de licenciamiento, otras están en curso.
También hay que decir que el Ministerio cuenta hoy con este tipo de establecimientos de manejo del tratamiento. Tenemos ya doce establecimientos a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública que brindan este tratamiento, cumpliendo todos estos estándares y son gratuitos además, para favorecer a nuestra población más pobre, más vulnerable, quienes muchas veces no tienen para pagar varios miles de dólares por este tipo de tratamiento.
En el Ecuador no existían estos servicios públicos. El Ministerio de Salud Pública por primera vez en la historia tiene estos servicios y los hemos ampliado. Son doce y tenemos tanto para adolescentes, para hombres y mujeres.
¿En qué provincias?
Le puedo dar exactamente en dónde no más están, pero son 12 y están básicamente en cada en cada una de nuestras zonas.
La Ministra de Salud es médica de profesión. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.
¿Cuál es el número de consultas?
También ampliamos nuestros centros de atención ambulatoria, que es cuando no tienen que internarse para su tratamiento.
Hay personas que van a terapia ocupacional, hacen la terapia todo el día y en la tarde o noche regresan a sus hogares, y se trabaja también con los padres, con la familia, con la comunidad, para que estos chicos no requieran internamiento permanente.
Aquí lo importante es evitar el consumo. Muchas personas que consumen porque tienen problemas de ansiedad, depresión, problemas psicológicos, traumas. Si se atienden esos problemas psicológicos ni siquiera van a empezar a consumir, o están empezando el consumo, y si atendemos el problema probablemente no continúen con el consumo.
Tenemos 700 centros ambulatorios en donde se da contención y atención psicológica y también soporte para el consumo.
Hay otros 52 centros ambulatorios intensivos es decir tienen ya un psiquiatra itinerante. Son básicamente como los centros de rehabilitación pero no tienen que quedarse permanentemente ahí, pueden ir a su casa, inclusive pueden seguir yendo al colegio muchos de ellos.
Otra cosa linda es que nuestros centros de tratamiento para los adolescentes, incluso para los adultos, están vinculados con el Aula Hospitalaria del Ministerio de Educación. Mientras reciben su rehabilitación, las personas pueden hacer el bachillerato en línea. Tenemos chicos que se han graduado, que han sido inclusive abanderados mientras hacían su rehabilitación.
Y de aquellos centros que no tenían permisos, ¿se tienen cifras de clausura en los últimos dos años?
No tengo a la mano, eso hace la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. El Ministerio tiene dos agencias adscritas, también para no ser juez y parte ellos controlan nuestros establecimientos.
Podríamos solicitar que nos pasen los números exactos de cuántas clausuras han tenido, cuántos permisos y licenciamientos han otorgado.
¿Y clínicas de deshomosexualización?
No hemos vuelto a encontrar. Sin embargo, siempre estamos pendientes de las denuncias ciudadanas, recordemos que esto depende mucho de la proactividad de la ciudadanía, de la corresponsabilidad comunitaria y de que se denuncie para que las autoridades podamos tomar las acciones correspondientes.
Esto es un delito, un crimen.
A mí me llama mucho la atención, y lo digo con mucha lástima, que no haya una persona presa por esas clínicas de deshomosexualización. Generaron mucho daño y cometieron más de un ilícito en el tiempo que duraron.
¿Cuándo fue la última clausura que se hizo a alguno de estos centros?
Me parece que la última clausura fue en 2015 o 2016. Sin embargo, pese a que se clausuró y el Ministerio actuó con toda la potencia administrativa que tiene, me parece que ahí el sistema judicial se ha quedado corto.
La Fiscalía y los propios jueces que debieron haber judicializado y sentenciado en el ámbito penal, a los autores de estos delitos, lastimosamente no lo hicieron.
Hay una tesis publicada en 2018 que dice que los centros de la red del Ministerio de Salud no proporciona información adecuada sobre educación sexual. La referencia es a tres centros: en el centro, norte y sur de Quito. Una adolescente fue a pedir información, le dijeron que no tenía la edad suficiente para que se le entregara ese tipo de información. ¿Cuál es la política del Ministerio de Salud sobre la entrega de información en sus centros de salud, incluyendo aquella que la solicitan menores de edad?
Nosotros tenemos publicado el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva así como el Plan Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente.
En ambas políticas se garantiza la información expedita, oportuna, sin ningún tipo de barrera a todas las personas, independientemente de su edad.
Estas denuncias tienen que ser procesadas y llaman la atención. Es un incumplimiento expreso a la normativa y a la política pública del Ministerio de Salud.
A nadie se le puede negar consejería y asesoría sobre su salud sexual y reproductiva, mucho menos en base a su edad, género, orientación sexual, etnia. Tampoco se le puede exigir la presencia de sus padres, es un análisis de una interpretación que hizo la Corte Constitucional.
Esto está prohibido. Si está pasando es un incumplimiento por parte de los funcionarios. Esto nos sirve para fortalecer la capacitación y sancionar cuando corresponde porque también tenemos barreras culturales y tabúes dentro del propio personal. Me gustaría conocer esta investigación a profundidad para saber dónde estamos fallando para garantizar el cumplimiento de las políticas que han sido emitidas y que deben obligatoriamente cumplirse.
¿Pero qué tendría que hacer el Ministerio para garantizar su cumplimiento?
Este año nosotros postulamos a un proyecto de inversión que nos permite garantizar que estas políticas se cumplan en el territorio.
Esto implica capacitación, difusión de material, sensibilización, mecanismos de denuncia, una serie de elementos que nos ayuden a que lo que esté escrito en la norma, en la práctica se aplique. Eso no se puede hacer sin recursos, sin estrategias territorializadas, focalizadas en las zonas en las que tenemos más dificultades.
Pero, ¿qué significa esto, que tendrá un software para controlar o qué quiere decir?
Más que nada implica territorializar las acciones.
Capacitar al ciento por ciento del personal operativo que brindan nuestros servicios en la norma, en las prohibiciones, en las formas adecuadas para expresarse para un joven. Creemos que es sencillo, que a todos los médicos nos enseñan cómo comunicar una mala noticia. No siempre esto pasa y tenemos que dar herramientas a nuestro personal.
Este es un ejemplo puntual pero hay muchos otros elementos como la difusión de planes comunicacionales, la participación con el Ministerio de Educación en actividades con los adolescentes para que ellos se empoderen de sus derechos y los exijan en los establecimientos de salud.
“A mí me llama mucho la atención que no haya una persona presa por las clínicas de deshomosexualización”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.
¿Ahí no aparece justamente esta dificultad con los padres de los adolescentes que quieren informarse sobre su sexualidad? Hemos visto incluso rechazo por parte de ciertos padres para que sus hijos estén informados en ese ámbito. ¿Cómo maneja eso el Ministerio de Salud?
Como siempre, cuando hay tabúes o cuando se quiere estigmatizar una temática, eso parte del desconocimiento. Creo que la estrategia es llegar a los padres. No buscamos un sistema de salud que reemplace el rol de los padres o que los profesores eduquen a los chicos en lugar de los padres.
Lo que buscamos es una estrategia de vinculación comunitaria en la que demos herramientas de información a nuestros adolescentes pero también a los padres, a los líderes comunitarios. No hay forma que lleguemos con información a los adolescentes si no incluimos a los padres.
Se ha malentendido esto de que garantizar información es excluir a los padres. Muchas veces tenemos en nuestras consultas y en nuestras áreas especializadas para adolescentes, padres que vienen a consultar cómo hablarle a sus hijos sobre sexualidad, cómo preguntarles a sus hijas si están embarazadas, cómo educar a su hija a que se proteja si tiene relaciones sexuales. Por supuesto hay hogares en los que no se cuenta con este soporte familiar, hogares en los que los adolescentes son víctimas de violencia y que encuentran en los servicios de salud, en los servicios de educación o de asistencia social, quien pueda suplir esos roles en los casos de violencia.
Eso no quiere decir que reemplazamos el rol de los padres pero tenemos un rol de educar, de garantizar información.
Nuestra voluntad es hacer un trabajo comprensivo en el que no dejemos a nadie fuera. No dejar a los adolescentes fuera porque la estrategia es para ellos, pero tampoco dejar a las familias, a las comunidades, al clero, porque si vamos a alcanzar un logro en este tema es vinculando a todos.
Otro de los temas que no se cumple es la entrega de la píldora del día siguiente que por acuerdo ministerial y reglamento, debería ser de acceso gratuito obligatorio para quien así lo requiera. ¿Qué hace el Ministerio para estos casos?
Coincido con usted. Tenemos denuncias y nuestro personal no está libre de tener estigmas, tabúes, problemas de comprensión de aplicación de la normativa.
Recientemente hicimos un ejercicio interesante. Todo el jerárquico superior del país tuvo que hacer de cliente fantasma con cinco casos distintos, y uno de los ejercicios era precisamente pedir una píldora del día después en varios hospitales para verificar si les estaban entregando o no.
En la mayoría de los casos, para mi sorpresa, sí les entregaban sin poner barreras. Pero en otros casos no. Donde hemos identificado que no entregaron se han tomado sanciones y se están tomando correctivos para asegurarnos que en esos lugares, de aquí en adelante, se entregue libremente
Tenemos más dificultades en los hospitales que en los centros de salud. Los hospitales creen que es un tema que no les corresponde a ellos y hay que ir rompiendo esas barreras y capacitando. El Ministerio adolece de un problema: la rotación continua del personal y eso implica tener que estar capacitando una y otra vez.
No quiero dejar de mencionar el Código de la Salud. ¿Cómo ve usted que ha tardado tanto tiempo en aprobarse y sigue ahí estancado?
Mi pregunta es por qué. Creo que es la pregunta que deberíamos hacernos todos.
Por qué durante seis años una ley tan importante, tan necesaria, de una temática tan sensible para la comunidad no ha salido.
Yo lo digo públicamente, existen intereses particulares detrás de que no exista un Código Orgánico de la Salud. Leyes muchos más controversiales, polémicas, de temáticas sensibles en el país se han aprobado, sin embargo esta ley curiosamente no se aprueba.
La ley tiene casi 400 artículos y curiosamente en el último momento hay 4 artículos sobre los que gira el debate: el aborto, el cannabis, la eutanasia. Y curiosamente son temas que generan miedo, polémica, resistencia de la ciudadanía, basados en mentiras.
Que se aprueba el aborto, que se aprueba el cannabis para que todo el mundo fume marihuana, es mentira.
Pero se crea miedo para meter un pánico sobre el código para que se siga dilatando.
¿Pero de quién son los intereses?
Hay que ir a averiguar cuáles son los intereses que se tocan y que están evitando que se apruebe.
Este es un código extremadamente importante porque regula cosas como los precios de los medicamentos, los precios de los dispositivos médicos, habla de las regulaciones sanitarias a los medicamentos, a los alimentos. Habla también del etiquetado del semáforo de alimentos por el que Ecuador ha sido reconocido como pionero, y varios países del mundo lo están aplicando en seguimiento a los resultados que ha tenido aquí. Sin embargo, esto no está en la ley. Está en un acuerdo ministerial. Que esto vaya a carácter de ley, hay gente que no le gusta.
El tema de la regulación, que se puedan aplicar sanciones correspondientes. La única causal que nosotros tenemos para suspender la licencia a alguien que está incurriendo en prácticas graves en contra de la población, es la clonación. ¿Cuándo en la vida se va a dar un caso de clonación aquí en el Ecuador?
Sin embargo, tenemos casos de personas irresponsables que hacen quedar mal a todo el resto de gente que hace bien su trabajo, que han inyectado aceite de autos como implantes mamarios, y a esa persona nosotros no le podemos suspender el título porque no tenemos potestad administrativa.
Hay una serie de cosas beneficiosas en el proyecto entre las cuales hay un gran consenso de los profesionales de la salud. Todo el sector salud ha presentado un acuerdo nacional y sin embargo el código no se aprueba.
¿Qué intereses están detrás?
¿Usted cree que hay presiones para que no se apruebe?
Por supuesto. Y ha habido presiones durante seis años para evitar sistemáticamente que se apruebe el código.
¿Y hay forma de romper esas presiones?
Creo que la valentía de los asambleístas. Me siento orgullosa, felicito el rol de la Comisión de Salud que además es una comisión muy diversa, con muchísimas bancadas pero han tenido la valentía, pese a las críticas, pese a las presiones, pese a los intereses particulares, de seguir debatiendo el código, de aprobar un informe para el segundo debate.
Yo espero como ciudadana que nuestros legisladores tengan la valentía de aprobar un marco legal de salud para el Ecuador. Ahorita tenemos una ley vetusta. Todavía está vigente una ley que crea centros de eutanasia, o sea los centros nazis de mejora de la especie siguen vigentes en nuestro país.
La Ministra de Salud habla con tal rapidez que ni siquiera se da cuenta cuando dice eutanasia en lugar de eugenesia.
“No buscamos un sistema de salud que reemplace el rol de los padres”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.
Obviamente, seguramente la Constitución lo derogó tácitamente, pero cómo es posible que convivamos con legislación de ese tipo.
Confío que la forma de romper eso es con la valentía de la Asamblea Nacional. Creo que tenemos asambleístas valientes y confío en que ellos demostrarán que se preocupan por los temas más delicados por la nación.
La última pregunta. ¿Qué errores ha cometido en estos dos años frente al Ministerio de Salud?
Seguro un montón. Seguro la historia nos juzgará. Errores serán miles. A veces uno los identifica tarde en el tiempo. Quizás el que a uno más le pesa es que no alcanzó a hacer todo lo que quisiera. El que las metas que uno se plantea al final del día terminan quedando cortas.
Para mí, es no haber podido ir a la velocidad en que quisiera que las cosas avancen. Que hasta ahora sigan negando acceso a la información, el no haber podido acceder a cambios mucho más contundentes y más rápidos creo que es el error de la administración pública, no solamente mío.
Me podría sentar tres horas más a decirle, somos un equipo súper autocrítico, que estamos continuamente revisando, es parte de la ventaja de ser un equipo joven y es que no hay tanto miedo a cometer errores.
Solo el que no hace nada no se equivoca y creo que también hay que tener la valentía para asumir cuando se comete un error y tomar los correctivos sin esconderlo.
Los desafíos ambientales para 2019
¿Qué pasará con la consulta popular de 2018?
En febrero del 2018 los ecuatorianos fueron convocados a las urnas para decidir, a través de un referendo y una consulta popular, sobre siete temas cruciales para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Dos de ellos eran de gran importancia para la gestión ambiental: la limitación de la minería metálica y la protección del Parque Nacional Yasuní.
En la pregunta 5 las personas debían responder si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 5. El 68,62 % de los votantes dijo Sí. En el numeral 7 se preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. El Sí obtuvo un 67,31 %.
Expertos consultados aseguran que estas decisiones eran de inmediato cumplimiento, pero al parecer el Estado no las ha acatado con la rapidez que muchos esperaban y el reto está en que, durante 2019, sí se cumplan. Yaku Pérez, dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), asegura que “la decisión de la consulta es vinculante y se debía acatar pero el gobierno no lo ha cumplido”. Según Pérez, el pueblo de Ecuador ya dio su veredicto a favor del futuro de las próximas generaciones y en contra de la contaminación ambiental, pero el Estado no está dispuesto a perder el dinero que dejan las actividades extractivas. “Pensar que el gobierno va a proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos sería una suprema ingenuidad”, dice.
A Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama y del colectivo Yasunidos, le preocupa la aplicación de la decisión popular este 2019. “En el caso del Yasuní todavía hay una lucha que dar. Está pendiente la posibilidad de que una consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos deje bajo tierra el crudo del bloque 43, que es parte del ITT dentro del Parque. Hay una fuerte capacidad de movilización ciudadana y de presión social que espera que el gobierno atienda la voz”.
Pero la preocupación también se extiende más allá del Yasuní. Para Bonilla, el reto es luchar por la protección de zonas que no son áreas protegidas, ni zonas intangibles, ni centros urbanos pero que poseen una importancia ecológica y ancestral para pueblos indígenas. Cita los casos de los Cofán de Sinangoe, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, que lograron revertir decenas de concesiones mineras en su territorio y de la comunidad de Río Blanco, en zona de páramo en el macizo de Cajas, en el sur del país. En ambos casos la consulta popular no los amparaba, pero la justicia ecuatoriana falló a favor de las comunidades y prohibió la minería metálica.
Otro desafío es lograr que los fallos sean respetados. María Espinoza, de Amazon Frontlines, dice que las autoridades que deben hacerle seguimiento a estas decisiones judiciales no las están cumpliendo.
Consultas previas en el ojo de la tormenta
El 2019 será un año en el que habrá que seguir de cerca lo que sucederá con tres grandes proyectos extractivos y los conflictos socioambientales que ya arrastran. Mirador, Loma Larga y Fruta del Norte debían empezar a explotar minerales en 2019, pero solo el último podrá hacerlo. Entre las principales causas de los retrasos figuran denuncias sobre incumplimientos ambientales y cuestionamientos a los procesos de consulta previa.
La consulta previa que se debe realizar a los pueblos indígenas cuando los proyectos extractivos se ubican en sus territorios se convirtió en un tema polémico el 2018 y, es probable, que esa percepción se agudice. Las comunidades se quejan de que los procesos de información de las empresas extractivas son escasos e incompletos. En el peor de los casos, muchas veces, sostienen, no son realizados. Las empresas, por su parte, dicen que las consultas terminan siendo cooptadas por personas que se oponen al progreso y buscan dilatar los proyectos.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, le dijo al periódico La Hora que “si no se enmiendan, en el corto plazo, los problemas judiciales y de mala aplicación de consultas previas y populares, las proyecciones de crecimiento y generación de ingresos del sector se verían ralentizadas y podría ponerse en gran riesgo. Hay una alta conflictividad interna, donde sectores sociales opositores han tomado partido en instancias de decisión como el Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría, y otras”.
Yaku Pérez dice que en diciembre de 2017 tuvieron la última reunión con el presidente Moreno, donde él se comprometió a archivar las concesiones mineras que no habían cumplido con aplicar la consulta previa. “Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha mandado a archivar ni una sola”, agrega. Según cuenta, han sido las comunidades las que tuvieron que presentar sus casos ante la justicia y, gracias a eso, se lograron suspender dos proyectos Mineros, el de Río Blanco y el de Sucumbíos en territorio Cofán.
En el caso de los Cofán, los indígenas desconocían que su territorio estaba concesionado a la minería. Solo lo supieron hasta el 12 de enero de 2018, cuando vieron por primera vez varias máquinas en el cauce del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca. Esto los tomó por sorpresa pues, de acuerdo con el líder indígena Alex Lucitante, nunca fueron consultados. Los Cofán descubrieron que había 20 concesiones mineras otorgadas y 32 más en trámite. El 22 de octubre las instancias judiciales les dieron la razón a los indígenas y fallaron a su favor. Algo similar ocurrió con el proyecto minero Río Blanco, donde un juez prohibió la minería a pesar de que la mina de oro ya estaba en explotación. En este caso, existían múltiples reclamos por contaminación y por no haber realizado adecuadamente la consulta previa.
Yaku Pérez dice que el gobierno se opuso a esas dos demandas, litigó en contra de los indígenas en los tribunales de justicia y, en dos instancias, presentó un recurso extraordinario de protección a favor de las empresas ante la Corte Constitucional. El gran desafío en 2019, para él, es lograr una mayor voluntad política de diálogo por parte del gobierno.
Mientras tanto, en el proyecto minero Cascabel, ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi, inició la fase de exploración avanzada para explotar oro y cobre sin cumplir con los requisitos de ley, entre ellos la realización de una consulta previa libre e informada con las comunidades de la zona.
Gestión y presupuesto para áreas protegidas
Este será un año difícil para las áreas protegidas en Ecuador. El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %: pasó de 6,7 millones de dólares en 2018 a 4,5 en 2019. Esta disminución en los recursos que destinará el Ministerio del Ambiente a este tema, preocupa a los expertos pues el SNAP abarca cuatro regiones del país ─Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía─ y alberga 56 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador.
Este recorte no solo afecta al sector ambiente sino que el gobierno ecuatoriano anunció una reducción en el presupuesto general de todas las entidades del Estado y esa es, además, una de las razones para la reestructuración de ministerios y entidades que ordenó el presidente Lenín Moreno en noviembre pasado. “Incluso se anunció un endeudamiento que se acerca a los 10 mil millones de dólares… En ese sentido es muy difícil pensar que va a haber más dinero para las áreas protegidas. El país estará en un escenario complicado este año”, comenta Benito Bonilla.
La disminución del presupuesto afectará la gestión que se haga de la áreas protegidas, y las marinas son las que más preocupan, ya que su control, vigilancia y conservación suponen unos costos mayores que los de las áreas continentales. Para Felipe Vallejo, biólogo marino de la Fundación Equilibrio Azul, en 2019 será un reto darle mayor prioridad a estas áreas, para que los decretos que las crearon pasen a la realidad. El mar ecuatoriano presenta grandes desafíos, sobre todo en términos de garantizar controles eficaces en la pesca y garantizar la reproducción de especies que se encuentran en peligro. “Es importante detener la matanza de tiburones en Ecuador, ya que están siendo explotados de una manera insostenible y muchos pescadores artesanales encuentran la forma de evadir los límites que se imponen”, dice Vallejo.
Algunos expertos consideran que se debe revisar y modificar el decreto 486 de 2007 que expide normas para la regulación de la pesca incidental de tiburón, su comercialización y exportación.
Por su parte, Bonilla ve un año retador para Ecuador no solo en cuanto a áreas protegidas sino para todo el sector ambiente, pues de enero a marzo el país se enfrentará a un escenario electoral con cambio de autoridades locales. También le preocupan algunas decisiones recientes. Por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deba coordinar y delegarle acciones al Ministerio del Ambiente, “eso significa que el Ministerio del Ambiente, que es la entidad gubernamental encargada de velar por la naturaleza y sus recursos, está subordinada a las competencias de un ministerio coordinador (el de Energía) que tiene intereses de explotación sobre ellos”.
Indígenas aislados en medio de la transformación del Ministerio de Justicia
A pesar de la incertidumbre que reinó durante varios meses sobre qué entidad adoptaría las competencias del extinto Ministerio de Justicia, entre ellas la de velar por los derechos de los indígenas aislados, a mediados de noviembre el presidente Lenín Moreno firmó un decreto donde le otorgó las funciones a una nueva entidad: la Secretaría de Derechos Humanos. Esta decisión, aparentemente, dejaba resuelto el problema, pero expertos en el tema consideran que aún hay muchas dudas y preocupaciones sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIA).
El asunto central es que no hay certeza de si la nueva Secretaría también tendrá, como lo era en la época del Ministerio de Justicia, un presupuesto y un personal escaso para atender las necesidades de protección de los PIA. Es muy poco lo que se sabe sobre cómo la nueva entidad entrará a manejar este tema, a pesar de que están próximos a concluir los 60 días que se tienen para organizar esta reestructuración estatal.
Desde el Equipo Técnico de la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia (en reestructuración) aseguraron que todavía “existe una debilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos que dificultan el control y la vigilancia y elevan el riesgo para el accionar del equipo de territorio”. También mencionaron que se deben realizar patrullajes de monitoreo para el control de actividades ilícitas o unilaterales que pueden provocar diferentes presiones a los PIA y se debe trabajar de la mano con las comunidades cercanas a ellos. Aún así, se desconoce cómo se ejecutarán estas actividades.
De acuerdo con los expertos consultados, otro desafío será que, las personas que integren la dependencia de la Secretaría que estará a cargo de los PIA, tengan un enfoque en Derechos Humanos. Para el antropólogo Roberto Narváez, investigador que lleva 20 años trabajando en tierras del pueblo Waorani, donde se encuentran los aislados, esto no será fácil mientras el Estado también tenga en mente la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra la zona intangible en que se mueven los PIA confirmados de Ecuador ─los Tagaeri y los Taromenane─. Según dice, esta actividad extractiva no es compatible con la protección de estas comunidades.
Paola Maldonado es una geógrafa que ha trabajado en temas de PIA y cree que estos pueblos tienen amenazas “por todo lado”. Para ella, en 2019 se enfrentarán principalmente a tres obstáculos: el primero es una sociedad que los ignora y los invisibiliza; el segundo es un Estado que niega evidencias y las oculta para justificar cualquier tipo de intervención; y el tercero es el acoso que viven sus áreas de desplazamiento por cuenta del petróleo, la extracción de madera, la apertura de vías, y el cambio de uso de suelo que viene con la colonización. “Si se observa un mapa, la zona intangible es como un lunar que está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”, concluye.
Amnistía para líderes ambientales
Durante el gobierno del presidente Rafael Correa una de las mayores críticas y denuncias que hicieron organizaciones de la sociedad civil e indígenas fue la de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales. A su llegada al poder, Lenín Moreno anunció una amnistía para todas esas personas, pero hasta ahora han sido pocos los liberados. Este será, sin duda, un tema que rondará constantemente durante 2019.
Yaku Pérez conoce bien el tema pues fue testigo de varias detenciones durante las protestas y denuncias que se hicieron contra el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay y que finalmente terminó con la prohibición de la minería en el lugar. “No ha habido más de cinco casos de amnistías en el Ecuador desde la llegada de Moreno. Lo más preocupante es que podrían resolverse con amnistía todos los casos, pero de qué sirve. Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas criminalizaciones”.
Pérez ha sido abogado defensor en algunos de estos casos y según sus cuentas, en 2018, hubo 31 casos, entre detenidos y acusados judicialmente “y no se han parado actividades en aquellas concesiones que la justicia ha ordenado frenar”.
Según el líder indígena y ambiental, en la última reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional quedaron más de 150 personas pendientes por amnistías “y a eso hay que agregarle los nuevos casos… Podemos decir que 2019 nos recibe con poco más de 180. Casi la totalidad han sido criminalizados por hacer resistencia a proyectos extractivos”, concluye.
*Este reportaje fue originalmente publicado en Mongabay Latam
Entre ‘Narcos’ y el Chapo: la saga del México moderno
En noviembre de 2018, unos días después de que comenzara en Nueva York el juicio al narcotraficante más famoso de la actualidad, Joaquín el Chapo Guzmán, Netflix estrenaba la cuarta temporada de Narcos, que llegaba a México después de pasar por la Colombia de los carteles de Medellín y Cali. Por su poder mediático, es inevitable que estos dos eventos, aunque de naturaleza y objetivos tan diferentes, marquen en gran medida el imaginario del mundo sobre el poder del narcotráfico mexicano en nuestra época.
La narrativa dominante dice que el narco es la causa de todos los males del México moderno: su destino a través de una guerra particular, marcada por la sangre y el dinero. En ese discurso, las drogas y el cuerno de chivo (AK-47) son el equivalente mexicano al vino y el bistec sobre los que ensayaba Roland Barthes en Mitologías al hablar de la identidad de los franceses. Pero el narco no es el principio y fin de México, sino el catalizador que acelera el funcionamiento del sistema corrupto e impune de un país profundamente desigual. Y una ventana para asomarse a él.
Narcos: México se sitúa entre las décadas de los setenta y ochenta para contar la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, un expolicía que acaba fundando el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización de tráfico de drogas en México. Por el camino, además, hay una célebre reunión en la que un grupo de amigos y familiares, la mayoría sinaloenses, crean una corporación para repartirse el país en plazas para la distribución de droga hacia Estados Unidos.
Póster promocional de ‘Narcos México’. Cortesía de Netflix
En esta ficción sobre los orígenes de los cárteles, Guzmán Loera todavía es el Chapito, un campesino que con los años pasará de subalterno a ser la cara más visible del negocio. Unos años después, en la vida real, el Chapo será acusado de traficar drogas en cuatro continentes, protagonizará dos fugas espectaculares de cárceles de máxima seguridad en México —una en un carrito de lavandería; otra por un túnel—, aparecerá en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo y tendrá su propia serie en Netflix. Capturado por tercera vez en 2016 y extraditado a Estados Unidos, Guzmán Loera se encuentra ahora sentado en el banquillo en un juicio capaz de paralizar de vez en cuando las calles de la capital neurálgica del mundo.
Es entendible que la biografía de estos hombres de origen humilde se haya convertido en un gran producto de exportación. El crimen se las lleva bien con la ficción porque las vidas de los fuera-de-la-ley son fascinantes y porque la ficción nos muestra algo que la realidad solo nos ofrece a cuentagotas: ver los oscuros engranajes del poder.
En este segundo aspecto, tanto en Narcos como en el juicio a El Gran Narco hay un silencio que incomoda.
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En los primeros capítulos de la serie de Netflix su habitual ritmo trepidante decae porque, en contraste con Colombia —donde los gobiernos se devanaban los sesos para entender las estrategias del narcotráfico—, en México el poder estatal (representado por el Partido Revolucionario Institucional,PRI) absorbe la corrupción generada por el narco con una naturalidad pasmosa. En Narcos: México, ese poder estatal permanece casi completamente escondido tras la sombra, el anonimato y hasta unos bips que ocultan el nombre de un alto funcionario del gobierno en la escena en la que torturan a Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la DEA —la agencia antinarcóticos de Estados Unidos— que se convertirá en el primer mártir del narco mexicano.
Los espectadores percibimos una simbiosis entre lo ilegal y lo legal, pero no alcanzamos a entender el cómo ni el por qué. Ni se sabe si es que nadie escapa al poder de compra de Félix Gallardo o si este narco es solo una pieza de un sistema mucho más grande que su audacia, carisma y ambición.
El actor Michael Peña es Kiki Camarena, agente de l DEA y víctima del narco mexicano. Fotografía cortesía de Netflix
Lo que se sabe del narcotráfico en México tampoco permite explicar esta simbiosis por completo. El relato periodístico que conocemos es que los narcotraficantes han creado una industria, al margen de las circunstancias sociales y económicas de los lugares donde opera; como si la conquista del territorio y sus riquezas, el control social sobre las personas que habitan en él y los intereses políticos y económicos —que constituyen el modus operandi del narco— no hubiesen sido siempre el motivo principal de las guerras a lo largo de la historia.
Con el juicio del Chapo, los mexicanos tienen la esperanza de entender por qué muchas partes de su país están desgarradas. Hasta el martes lo que se había encontrado es la misma historia de unos criminales extremadamente violentos que se amigan, se enemistan y trafican droga por tierra, mar y aire del punto A al B, esta vez con detalles asombrosos contados por algunos de sus protagonistas: las latas de jalapeños usadas por el Chapo para esconder cocaína, sus vínculos con las Farc, las desorbitantes ganancias de un kilo de cocaína que viaja de Sudamérica a Nueva York, los asesinatos, los equilibrios de poder en el Cártel de Sinaloa. Un nombre surgió por encima de todos: Ismael “el Mayo” Zambada, alguien poco conocido fuera de México, pero que desde la sombra ha extendido el legado de Félix Gallardo.
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El juez del caso, Brian M. Cogan, con el argumento de que el objetivo es solo procesar al Chapo, había frenado la exposición pública de otras líneas argumentales que podrían arrojar luz a la parte más oculta del narcotráfico: las acusaciones sobre sobornos a altos funcionarios mexicanos y hasta a los dos últimos presidentes o el papel de la DEA, del tráfico de armas y de Estados Unidos en operaciones como Rápido y Furioso. El 15 de enero, sin embargo, un testigo, Álex Cifuentes Villa, afirmó que Enrique Peña Nieto había recibido un soborno de 100 millones de dólares del Chapo.
Si la acusación de Cifuentes Villa, traficante colombiano que trabajó con Guzmán Loera, es cierta, significaría que la corrupción ha llegado hasta el máximo escalafón. Podría convertirse en la primera línea de un nuevo relato para el país. La corrupción no solo sería una compra de voluntades de un poder legal rendido por la plata y el plomo de los delincuentes que han puesto en jaque al segundo país más poblado de América Latina; si se investigara y se probara el soborno al expresidente sería más bien una cuota que unos aspirantes pagan en un exclusivo club para ser admitidos.
El personaje que ni el periodismo ni la ficción ni la justicia acaban de perfilar y que solo aparece como un actor pasivo que se corrompe es el Estado —representado por políticos y funcionarios de todos los niveles, corrompidos hasta el tuétano—. Ese mismo Estado que inició una guerra que solo ha traído más violencia y sobre el que pesan denuncias de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Y, también, al que se le escapó dos veces el único preso que nunca se le debería haber escapado.
El problema con la saga del narcotráfico en México es que, a pesar de los más de 200 mil muertos en poco más de una década, aún no sabemos cuál es su extensión real ni tampoco qué lección nos enseña. Siempre que he entrevistado a víctimas y victimarios (muchas veces a personas que son las dos cosas) su última preocupación es si manda el grupo X o el Y. O si Joaquín Guzmán está preso o libre. Es una existencia carente de épica.
La libertad de la ficción en una serie como Narcos: México ayuda a poner el foco sobre la íntima relación entre el poder legal y el ilegal, aunque ese aporte suela quedar reducido a un lugar común fácil de digerir para sus audiencias masivas. En esta bruma, a medio camino entre la realidad y la ficción, lo único concreto es la violencia: amenazas, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones.
Una reunión de narcotraficantes en la ficción de ‘Narcos, México’. Fotografía cortesía de Netflix
Hay una corriente en el periodismo que piensa que abordar el tema alimenta el mito y ensalza a los criminales y que es mejor dejar de hacerlo. Y es que el reto de investigar y contar el narcotráfico y la corrupción a su alrededor es muy complicado. Si esta historia solo se tratara de traficantes de droga audaces, carismáticos y temerarios, ese riesgo de idealizar al criminal quizás no valdría la pena. Pero en un país donde se mata con tanta impunidad, incluyendo a los periodistas, la violencia obliga.
Lo que deberíamos hacer desde el periodismo, la academia y la sociedad civil es investigar para desentrañar esta saga mexicana, como hacen los arqueólogos con los mitos de la antigüedad. Solo así sabremos qué hay de verdad y qué de leyenda moralizante que el poder nos cuenta para defender sus intereses. Esa es la diferencia entre dejarnos asombrar por el mito o cumplir con nuestra función: contarle a la gente la compleja y sangrienta historia del presente.
©The New York Times 2019
¿Por qué cantan las ballenas jorobadas?
A veces una ballena simplemente quiere cambiar de melodía.
Es algo que los investigadores han descubierto recientemente al espiar a las ballenas en distintas partes del mundo y escuchar los cambios en sus patrones y sus tonos. En conjunto, los nuevos estudios indican que las ballenas no solo silban en el agua, sino que hacen evolucionar de manera constante una forma de comunicación que apenas estamos empezando a comprender.
La mayoría de las ballenas y los delfines vocalizan. Sin embargo, los delfines y las ballenas dentadas —en su mayoría— emiten sonidos de chasquidos y silbidos. Las jorobadas, y posiblemente las cabezas de arco, cantan canciones complejas con patrones repetidos, dijo Michael Noad, profesor asociado del Laboratorio de Ecología y Acústica de Cetáceos de la Universidad de Queensland en Australia.
Las aves pueden transmitir su jerarquía social entre poblaciones que comparten trinos al permitir al ave dominante elegir la lista de melodías y los compases. Pero cómo y por qué las ballenas pasan fragmentos de canciones a lo largo de cientos de kilómetros para miles de animales, sigue siendo un misterio.
La pregunta más importante es por qué cantan las ballenas.
“El asunto que me motiva cada mañana es conocer la función de la melodía” dijo Noad. “Me parece que la canción de la jorobada es fascinante desde el punto de vista de su evolución”.
La hipótesis principal es que las ballenas jorobadas macho (solo ellas cantan) lo hacen para atraer a las hembras. Aunque también podrían cambiar de melodía cuando otro macho está cerca. Aparentemente, para analizar su tamaño aptitudes físicas, dijo Noad, autor principal de uno de cuatro nuevos artículos acerca del canto de las ballenas.
Tampoco está claro por qué los patrones musicales de las jorobadas suelen ser más complejos que los de otras ballenas. Noad sugirió que podría ser resultado de una “selección desbocada”.
Las primeras jorobadas con canciones complejas tenían tanto éxito en el apareamiento que tuvieron una ventaja evolutiva importante sobre sus hermanas con vocalizaciones más simples. Esto dio como resultado animales muy grandes y, en ocasiones, bastante ruidosos.
Según Julien Bonnel, científico asociado del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts, las investigaciones muestran la importancia de recopilar datos durante muchos años. Esta recolección aporta información no solo sobre las ballenas, sino sobre las condiciones del océano que afectan a otras especies.
La tecnología para grabar ballenas se ha vuelto mucho más barata — y accesible para los investigadores— en los últimos doce años. El software que analiza grandes bases de datos han ayudado a interpretar, rápidamente, años de grabaciones.
Etiquetar a las ballenas sin lastimarlas ha producido más datos, según Noad. Pero las etiquetas solo permanecen en la ballena durante unas pocas horas, limitando la información que se recopila.
En uno de los estudios nuevos, dirigido por científicos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre con sede en Nueva York, los investigadores rastrearon a las ballenas jorobadas que cantaban en las costas este y oeste de África. Compararon las melodías entonadas frente a la costa de Gabón con las que estaban cerca de Madagascar. Publicado en la revista Royal Society Open Science, confirmó que las dos poblaciones interactúan. Los investigadores se dieron cuenta, además, de que sus vocalizaciones se superponen. Los científicos registraron melodías de forma anual entre 2001 y 2005 con hidrófonos sostenidos a mano desde botes.
“Las ballenas jorobadas macho de una manada suelen cantar la misma clase de canción, pero cambia y evoluciona con el tiempo”, dijo Melinda Rekdahl, autora principal del estudio e investigadora de conservación marina de la sociedad de vida silvestre. “Se considera uno de los mejores ejemplos de evolución cultural en el reino animal”. Rekdahl no estaba en el barco que recopiló el sonido para su nuevo estudio, pero ella sabe de primera mano que “puede ser una experiencia increíble”.
El sonido de un cantante cercano resuena en todo el casco del barco. “Si está así de cerca, puedes escuchar que la canción se debilita justo antes de que la ballena salga a la superficie” dijo. “Si no están tan cerca”, agregó, “a menudo puedes quedarte sentado durante horas grabando y escuchando la canción a través de tus auriculares, pero sin ver una ballena en ninguna parte”. Rekdahl basó su nuevo estudio en datos recopilados entre 2001 y 2005. Pensaba que esas grabaciones ofrecían la mejor oportunidad para comparar similitudes de canciones entre poblaciones vecinas. Dijo que la idea de utilizar canciones para identificar la mezcla y la conexión entre manadas es relativamente nueva. Dijo, además, que apenas en los últimos años ha demostrado ser valiosa.
Algunos animales repiten sonidos con más frecuencia que otros, algunos cantan melodías “aberrantes” y los más jóvenes pueden tararear tonadillas completamente diferentes de las de los adultos. Las jorobadas también cambian sus melodías con el tiempo.
Una razón puede ser la novedad —para ellos mismos, o para las hembras próximas. “Si estuviera nadando con quince mil ballenas y todos los machos comenzaran a cantar la misma melodía, me volvería loca”, dijo Rekdahl. “[Quizá] las hembras piensan: ‘¡Oye, cántame algo nuevo!’”.
Otros dos estudios recientes analizaron cómo cambian las melodías de acuerdo con la estación y a lo largo de los años.
En un artículo, Jenny Allen, quien era doctoranda junto con Noad, descubrió un compás inesperado entre las jorobadas. Una vez que sus canciones alcanzan un determinado nivel de complejidad, las jorobadas abandonan esa melodía por completo y eligen una nueva más sencilla. Su estudio es el primero que ha cuantificado la complejidad de las canciones. Se publicó en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. “Realmente no esperábamos ese evidente compás oscilante” dijo Allen, ahora investigadora de doctorado en la Universidad de Queensland y catedrática en la Universidad Griffith en Australia.
Si asumimos que las canciones tienen el objetivo de atraer a las hembras, “podría ser que una melodía completamente nueva sea mucho más sexi que seguir entonando la versión complicada de la canción vieja”, explicó. Pero, como es difícil memorizar toda una canción nueva, “la simplifican para facilitar el aprendizaje de tanto material nuevo de golpe”.
Las melodías de las jorobadas tienen muchos compases que se repiten. Eso podría hacerlas más fáciles de recordar, como sucede con las rimas al final de un verso que ayudan a su memorización, dijo Allen. La científica también descubrió muchos patrones predecibles. Los comparó con canciones pop que se basan en los mismos cuatro acordes.
En otro artículo nuevo, los investigadores de la Universidad de Brest, Francia, descubrieron que el tono de las vocalizaciones de la ballena azul del Antártico, la ballena azul pigmea y el rorcual bajó entre 2007 y 2016 en varias estaciones de grabación en el sur del océano Índico.
Por la anatomía de la ballena, un llamado a mayor volumen tiene un tono más agudo, mientras que uno a menor volumen tiene uno más grave. En esencia, las ballenas se han vuelto más silenciosas, dijo Emmanuelle Leroy, ahora investigadora en la Universidad de Nueva Gales del Sur y autora de la nueva investigación. “Las ballenas azules son principalmente solitarias, así que, para comunicarse a distancias largas, deben emitir llamados a una frecuencia muy baja y de mucha intensidad”, dijo. “Los llamados son muy fuertes y se propagan a lo largo de cientos de kilómetros”.
Su equipo tiene dos hipótesis para explicar la caída del tono a través del tiempo. Como la población comenzó a restablecerse después del fin de la caza comercial de ballenas, quizá las ballenas ya no tuvieron necesidad de que sus llamados llegaran tan lejos para que otras los escucharan.
O, quizá, con la acidificación de los océanos —por el cambio climático—, los llamados llegan más lejos de forma natural, permitiendo que las ballenas bajen el volumen. El equipo no cree que el cambio en el tono esté directamente relacionado con la actividad humana.
Su investigación, publicada en la revista Journal of Geophysical Research: Oceans, también demostró que el tono del llamado de las ballenas azules del Antártico cambia de acuerdo con la estación del año. Tiene tonos que varían entre los 0,1 hercios durante la primavera y el verano, y disminuyen en otras temporadas.
Esta podría ser la respuesta de las ballenas a la ruidosa fragmentación de los icebergs durante la primavera y el verano. Estos ruidos extremadamente fuertes (similares al quiebre de un hielo dentro de un vaso) dificultan que las ballenas se escuchen entre sí, por lo que aumentan el volumen, según Leroy.
Noad cree que la caída general en el tono podría ser un reflejo del envejecimiento de la población. Las ballenas de mayor edad producirían sonidos más profundos. (Contrariamente a otros científicos, también cree que las ballenas pueden escuchar ruidos producidos por humanos desde una distancia considerable, de la misma manera que las personas en entornos urbanos pueden escuchar el distante rumor del tráfico, incluso si no pasan automóviles directamente).
Las ballenas jorobadas han hecho un “gran regreso” desde que la caza comercial se detuvo con fuerza en la década de 1960, dijo Noad. Pero por razones desconocidas, las ballenas azules y los rorcuales todavía están luchando. Y sólo quedan unos pocos miles de ballenas azules antárticas.
En otro nuevo estudio relacionado a la canción de las ballenas, los investigadores de Woods Hole encontraron que el calderón de aleta corta —que vive en la costa de Hawai— tienen sus propios dialectos vocales. Esto sugiere que diferentes grupos se evitan a propósito.
Se sabe relativamente poco sobre el comportamiento de esta especie. La nueva investigación proporciona un mejor sentido de los lazos sociales entre los grupos de ballenas. Los investigadores dijeron que esto podría promover la comprensión de su diversidad y evolución genética, así como la su conservación.
Los desafíos ambientales para 2019
¿Qué pasará con la consulta popular de 2018?
En febrero del 2018 los ecuatorianos fueron convocados a las urnas para decidir, a través de un referendo y una consulta popular, sobre siete temas cruciales para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Dos de ellos eran de gran importancia para la gestión ambiental: la limitación de la minería metálica y la protección del Parque Nacional Yasuní.
En la pregunta 5 las personas debían responder si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 5. El 68,62 % de los votantes dijo Sí. En el numeral 7 se preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. El Sí obtuvo un 67,31 %.
Expertos consultados aseguran que estas decisiones eran de inmediato cumplimiento, pero al parecer el Estado no las ha acatado con la rapidez que muchos esperaban y el reto está en que, durante 2019, sí se cumplan. Yaku Pérez, dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), asegura que “la decisión de la consulta es vinculante y se debía acatar pero el gobierno no lo ha cumplido”. Según Pérez, el pueblo de Ecuador ya dio su veredicto a favor del futuro de las próximas generaciones y en contra de la contaminación ambiental, pero el Estado no está dispuesto a perder el dinero que dejan las actividades extractivas. “Pensar que el gobierno va a proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos sería una suprema ingenuidad”, dice.
A Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama y del colectivo Yasunidos, le preocupa la aplicación de la decisión popular este 2019. “En el caso del Yasuní todavía hay una lucha que dar. Está pendiente la posibilidad de que una consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos deje bajo tierra el crudo del bloque 43, que es parte del ITT dentro del Parque. Hay una fuerte capacidad de movilización ciudadana y de presión social que espera que el gobierno atienda la voz”.
Pero la preocupación también se extiende más allá del Yasuní. Para Bonilla, el reto es luchar por la protección de zonas que no son áreas protegidas, ni zonas intangibles, ni centros urbanos pero que poseen una importancia ecológica y ancestral para pueblos indígenas. Cita los casos de los Cofán de Sinangoe, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, que lograron revertir decenas de concesiones mineras en su territorio y de la comunidad de Río Blanco, en zona de páramo en el macizo de Cajas, en el sur del país. En ambos casos la consulta popular no los amparaba, pero la justicia ecuatoriana falló a favor de las comunidades y prohibió la minería metálica.
Otro desafío es lograr que los fallos sean respetados. María Espinoza, de Amazon Frontlines, dice que las autoridades que deben hacerle seguimiento a estas decisiones judiciales no las están cumpliendo.
Consultas previas en el ojo de la tormenta
El 2019 será un año en el que habrá que seguir de cerca lo que sucederá con tres grandes proyectos extractivos y los conflictos socioambientales que ya arrastran. Mirador, Loma Larga y Fruta del Norte debían empezar a explotar minerales en 2019, pero solo el último podrá hacerlo. Entre las principales causas de los retrasos figuran denuncias sobre incumplimientos ambientales y cuestionamientos a los procesos de consulta previa.
La consulta previa que se debe realizar a los pueblos indígenas cuando los proyectos extractivos se ubican en sus territorios se convirtió en un tema polémico el 2018 y, es probable, que esa percepción se agudice. Las comunidades se quejan de que los procesos de información de las empresas extractivas son escasos e incompletos. En el peor de los casos, muchas veces, sostienen, no son realizados. Las empresas, por su parte, dicen que las consultas terminan siendo cooptadas por personas que se oponen al progreso y buscan dilatar los proyectos.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, le dijo al periódico La Hora que “si no se enmiendan, en el corto plazo, los problemas judiciales y de mala aplicación de consultas previas y populares, las proyecciones de crecimiento y generación de ingresos del sector se verían ralentizadas y podría ponerse en gran riesgo. Hay una alta conflictividad interna, donde sectores sociales opositores han tomado partido en instancias de decisión como el Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría, y otras”.
Yaku Pérez dice que en diciembre de 2017 tuvieron la última reunión con el presidente Moreno, donde él se comprometió a archivar las concesiones mineras que no habían cumplido con aplicar la consulta previa. “Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha mandado a archivar ni una sola”, agrega. Según cuenta, han sido las comunidades las que tuvieron que presentar sus casos ante la justicia y, gracias a eso, se lograron suspender dos proyectos Mineros, el de Río Blanco y el de Sucumbíos en territorio Cofán.
En el caso de los Cofán, los indígenas desconocían que su territorio estaba concesionado a la minería. Solo lo supieron hasta el 12 de enero de 2018, cuando vieron por primera vez varias máquinas en el cauce del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca. Esto los tomó por sorpresa pues, de acuerdo con el líder indígena Alex Lucitante, nunca fueron consultados. Los Cofán descubrieron que había 20 concesiones mineras otorgadas y 32 más en trámite. El 22 de octubre las instancias judiciales les dieron la razón a los indígenas y fallaron a su favor. Algo similar ocurrió con el proyecto minero Río Blanco, donde un juez prohibió la minería a pesar de que la mina de oro ya estaba en explotación. En este caso, existían múltiples reclamos por contaminación y por no haber realizado adecuadamente la consulta previa.
Yaku Pérez dice que el gobierno se opuso a esas dos demandas, litigó en contra de los indígenas en los tribunales de justicia y, en dos instancias, presentó un recurso extraordinario de protección a favor de las empresas ante la Corte Constitucional. El gran desafío en 2019, para él, es lograr una mayor voluntad política de diálogo por parte del gobierno.
Mientras tanto, en el proyecto minero Cascabel, ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi, inició la fase de exploración avanzada para explotar oro y cobre sin cumplir con los requisitos de ley, entre ellos la realización de una consulta previa libre e informada con las comunidades de la zona.
Gestión y presupuesto para áreas protegidas
Este será un año difícil para las áreas protegidas en Ecuador. El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %: pasó de 6,7 millones de dólares en 2018 a 4,5 en 2019. Esta disminución en los recursos que destinará el Ministerio del Ambiente a este tema, preocupa a los expertos pues el SNAP abarca cuatro regiones del país ─Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía─ y alberga 56 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador.
Este recorte no solo afecta al sector ambiente sino que el gobierno ecuatoriano anunció una reducción en el presupuesto general de todas las entidades del Estado y esa es, además, una de las razones para la reestructuración de ministerios y entidades que ordenó el presidente Lenín Moreno en noviembre pasado. “Incluso se anunció un endeudamiento que se acerca a los 10 mil millones de dólares… En ese sentido es muy difícil pensar que va a haber más dinero para las áreas protegidas. El país estará en un escenario complicado este año”, comenta Benito Bonilla.
La disminución del presupuesto afectará la gestión que se haga de la áreas protegidas, y las marinas son las que más preocupan, ya que su control, vigilancia y conservación suponen unos costos mayores que los de las áreas continentales. Para Felipe Vallejo, biólogo marino de la Fundación Equilibrio Azul, en 2019 será un reto darle mayor prioridad a estas áreas, para que los decretos que las crearon pasen a la realidad. El mar ecuatoriano presenta grandes desafíos, sobre todo en términos de garantizar controles eficaces en la pesca y garantizar la reproducción de especies que se encuentran en peligro. “Es importante detener la matanza de tiburones en Ecuador, ya que están siendo explotados de una manera insostenible y muchos pescadores artesanales encuentran la forma de evadir los límites que se imponen”, dice Vallejo.
Algunos expertos consideran que se debe revisar y modificar el decreto 486 de 2007 que expide normas para la regulación de la pesca incidental de tiburón, su comercialización y exportación.
Por su parte, Bonilla ve un año retador para Ecuador no solo en cuanto a áreas protegidas sino para todo el sector ambiente, pues de enero a marzo el país se enfrentará a un escenario electoral con cambio de autoridades locales. También le preocupan algunas decisiones recientes. Por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deba coordinar y delegarle acciones al Ministerio del Ambiente, “eso significa que el Ministerio del Ambiente, que es la entidad gubernamental encargada de velar por la naturaleza y sus recursos, está subordinada a las competencias de un ministerio coordinador (el de Energía) que tiene intereses de explotación sobre ellos”.
Indígenas aislados en medio de la transformación del Ministerio de Justicia
A pesar de la incertidumbre que reinó durante varios meses sobre qué entidad adoptaría las competencias del extinto Ministerio de Justicia, entre ellas la de velar por los derechos de los indígenas aislados, a mediados de noviembre el presidente Lenín Moreno firmó un decreto donde le otorgó las funciones a una nueva entidad: la Secretaría de Derechos Humanos. Esta decisión, aparentemente, dejaba resuelto el problema, pero expertos en el tema consideran que aún hay muchas dudas y preocupaciones sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIA).
El asunto central es que no hay certeza de si la nueva Secretaría también tendrá, como lo era en la época del Ministerio de Justicia, un presupuesto y un personal escaso para atender las necesidades de protección de los PIA. Es muy poco lo que se sabe sobre cómo la nueva entidad entrará a manejar este tema, a pesar de que están próximos a concluir los 60 días que se tienen para organizar esta reestructuración estatal.
Desde el Equipo Técnico de la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia (en reestructuración) aseguraron que todavía “existe una debilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos que dificultan el control y la vigilancia y elevan el riesgo para el accionar del equipo de territorio”. También mencionaron que se deben realizar patrullajes de monitoreo para el control de actividades ilícitas o unilaterales que pueden provocar diferentes presiones a los PIA y se debe trabajar de la mano con las comunidades cercanas a ellos. Aún así, se desconoce cómo se ejecutarán estas actividades.
De acuerdo con los expertos consultados, otro desafío será que, las personas que integren la dependencia de la Secretaría que estará a cargo de los PIA, tengan un enfoque en Derechos Humanos. Para el antropólogo Roberto Narváez, investigador que lleva 20 años trabajando en tierras del pueblo Waorani, donde se encuentran los aislados, esto no será fácil mientras el Estado también tenga en mente la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra la zona intangible en que se mueven los PIA confirmados de Ecuador ─los Tagaeri y los Taromenane─. Según dice, esta actividad extractiva no es compatible con la protección de estas comunidades.
Paola Maldonado es una geógrafa que ha trabajado en temas de PIA y cree que estos pueblos tienen amenazas “por todo lado”. Para ella, en 2019 se enfrentarán principalmente a tres obstáculos: el primero es una sociedad que los ignora y los invisibiliza; el segundo es un Estado que niega evidencias y las oculta para justificar cualquier tipo de intervención; y el tercero es el acoso que viven sus áreas de desplazamiento por cuenta del petróleo, la extracción de madera, la apertura de vías, y el cambio de uso de suelo que viene con la colonización. “Si se observa un mapa, la zona intangible es como un lunar que está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”, concluye.
Amnistía para líderes ambientales
Durante el gobierno del presidente Rafael Correa una de las mayores críticas y denuncias que hicieron organizaciones de la sociedad civil e indígenas fue la de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales. A su llegada al poder, Lenín Moreno anunció una amnistía para todas esas personas, pero hasta ahora han sido pocos los liberados. Este será, sin duda, un tema que rondará constantemente durante 2019.
Yaku Pérez conoce bien el tema pues fue testigo de varias detenciones durante las protestas y denuncias que se hicieron contra el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay y que finalmente terminó con la prohibición de la minería en el lugar. “No ha habido más de cinco casos de amnistías en el Ecuador desde la llegada de Moreno. Lo más preocupante es que podrían resolverse con amnistía todos los casos, pero de qué sirve. Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas criminalizaciones”.
Pérez ha sido abogado defensor en algunos de estos casos y según sus cuentas, en 2018, hubo 31 casos, entre detenidos y acusados judicialmente “y no se han parado actividades en aquellas concesiones que la justicia ha ordenado frenar”.
Según el líder indígena y ambiental, en la última reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional quedaron más de 150 personas pendientes por amnistías “y a eso hay que agregarle los nuevos casos… Podemos decir que 2019 nos recibe con poco más de 180. Casi la totalidad han sido criminalizados por hacer resistencia a proyectos extractivos”, concluye.
*Este reportaje fue originalmente publicado en Mongabay Latam
Las 14 reformas planteadas al Código Integral Penal, explicadas
El jueves 3 de enero de 2019 empezó el primer debate al proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP). La Asamblea Nacional, el legislativo ecuatoriano, tratará un total de 14 reformas en temas de integridad sexual, derechos reproductivos, violencia intrafamiliar,derechos humanos, salud y maltrato animal. También se incluirán reformas en los delitos relativos a la lucha contra la corrupción, delitos contra la propiedad privada, comercialización y uso de objetos y sustancias penadas, y una al Libro Segundo de Procedimiento.
El debate fue suspendido al día siguiente por falta de quórum —es decir, no hubo el número mínimo de asambleístas presentes para instalar la sesión. Se espera que en los próximos días se señale una nueva fecha para retomarlo.
El proceso de reformar comienza con la presentación del proyecto de ley que las contiene a la Presidencia de la Asamblea Nacional. Seguido, se envía el proyecto al Consejo de Administración Legislativa (CAL). En un periodo de 30 días, el CAL califica el proyecto para, después, ser enviado a la Comisión respectiva.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL debe calificar un proyecto si cumple los siguientes requisitos:
1. Que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte;
2. Que contenga exposición de motivos y articulado; y,
3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa.
Una vez remitido a la comisión, sus integrantes deberán “discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta los informes a los proyectos de ley previo a ser sometidos” al pleno de la Asamblea.
Según la Constitución, los ciudadanos que tengan interés en la aprobación (o no) de la ley podrán comparecer a la comisión a exponer sus argumentos. En un plazo no menor a 15 días ni mayor 45, la Comisión que debe pasar al pleno de la Asamblea su informe sobre el proyecto de ley.
El pleno tratará el informe de la Comisión en primer debate. Ese debate fue, en este caso, el jueves 3 de enero. Los asambleístas pueden presentar sus observaciones por escrito durante la sesión o máximo 3 días después. Tras el debate, el pleno “con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto”. De no ser así, la Comisión tendrá un plazo máximo de 45 días para presentar un informe para segundo debate. El informe será tratado en una sesión en la Asamblea, en la que se le añadirán cambios o se archivará.
Después del segundo debate, el proyecto será enviado al Ejecutivo (es decir, al presidente Lenín Moreno) para su aprobación u objeción total o parcial. Si es aprobado, se publicará en el Registro Oficial en los 30 días subsiguientes. Desde entonces, las reformas entrarían en vigencia.
Sin embargo, si el proyecto es objetado parcialmente la Asamblea tiene dos opciones: allanarse a las observaciones del Ejecutivo o acogerse al proyecto original en un plazo de 30 días. Si es objetado totalmente se discutirá el proyecto después de un año.
Archivado
El caso de Juan José Bayas —una de las víctimas de la dinámica del pecado practicada por el exsacerdote Luis Fernando Intriago— fue archivado por la Fiscalía el 14 de enero de 2019. La Fiscalía, dice, no haber encontrado suficiente evidencia de que el testimonio de Bayas se encuadre en el delito de abuso sexual.
La investigación la había abierto la misma Fiscalía en septiembre de 2017. Lo hizo luego de determinar que el testimonio que Bayas dio dos años antes —como testigo en otra investigación por abuso sexual en contra del mismo exsacerdote— debía ser indagada.
Esto es lo que la Fiscalía, como titular de la acción penal y dueña del proceso, hizo durante año y medio: recogió la versión de la presunta víctima y del sospechoso, hizo un peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos, una valoración psicológica y entorno social de la presunta víctima.
La Fiscalía no llamó a testificar a los otros hombres víctimas de la dinámica del pecado —como Andrés Viscarra, Diego Guzmán y Kevin Rivas— que entrevistamos en GK para la investigación publicada en mayo de 2018 que reveló que había un proceso canónico en marcha para expulsar a Intriago de la iglesia Católica.
La publicación también reveló que había al menos 10 hombres que, de adolescentes, pasaron por la dinámica del pecado, una práctica no reconocida por la Iglesia Católica. En ella, el entonces sacerdote les pedía a los menores de edad que se queden en ropa interior o desnudos mientras él los tocaba con diferentes objetos, los arrastraba por el piso, los abrazaba con forcejeos, mientras él también tenía el torso desnudo.
Viscarra, Guzmán y Rivas también contaron sus testimonios a medios nacionales que replicaron la historia —como Teleamazonas, Ecuavisa (incluso retomó la historia en un especial de Visión 360 en noviembre que, por algún motivo no está al aire como muchos de los episodios del programa investigativo), El Universo, El Comercio. La investigación también fue republicada en espacios internacionales como Ojo Público y El Comercio de Perú, Aristegui Noticias de México, El Espectador de Colombia.
En año y medio la Fiscalía tampoco llamó a Gustavo Noboa Bejarano, también citado en la investigación. El expresidente del Ecuador admitió que Intriago se había tomado su nombre cuatro años antes cuando denunció a Bayas y a su madre por injurias calumniosas.
La Fiscalía sí llamó a declarar a monseñor Antonio Arregui, exarzobispo de Guayaquil. Lo hizo recién el 18 de diciembre de 2018 (menos de un mes antes de archivar el caso). Al parecer no lo hizo antes porque no encontraban la dirección de su domicilio. Hasta antes de que la Fiscalía archivase su investigación, Arregui no había ido. ¿Por qué la Fiscalía se quedó de brazos cruzados si un testigo no acudió al llamado a declarar?
¿Quién sí acudió a la Fiscalía?
Un joven que testificó a favor de Intriago y en contra de Bayas, acusándolo de mentiroso y extorsionista. Henry Gallardo, exvicario de la Arquidiócesis de Guayaquil, quien habló de la causa canónica en contra de Intriago que, en ese entonces, no estaba resuelta.
De hecho, en su declaración ante la Fiscalía, a fines de mayo de 2018, Intriago justificó su inocencia diciendo que la Iglesia no lo ha encontrado culpable. Pero apenas dos meses después de esa declaración, el Vaticano notificó la expulsión definitiva de Intriago del sacerdocio.
En el Ecuador, la arquidiócesis de Guayaquil hizo pública la decisión. ¿La Fiscalía sabía de la existencia del documento? ¿Conocía que había otro oficio anterior en el que la Congregación para la Doctrina de la Fe le negaba a Intriago su segunda apelación? Un documento que también dice que desde 2003 Intriago había sido repetidamente amonestado de manera no formal por su comportamiento homosexual activo y en 2009 nuevamente por “el escándalo que provocaban en algunos fieles los continuos encuentros nocturnos con los jóvenes”.
Si la Fiscalía lo hubiese tomado en cuenta se habría percatado que allí Intriago fue encontrado responsable de los cargos que se le imputaban.
Según el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 5 de febrero de 2016 considerados “los elementos probatorios resultantes de la investigación previa y del sucesivo proceso administrativo penal canónico”, el expárroco de la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa era imputable y culpable “de los diferentes y graves delitos que se la han atribuido; considerados por otra parte las circunstancias en que se dieron las comisiones de tales delitos, las cuales concuerdan siempre en el siguiente mismo modus operandi”. Por ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe resolvió rechazar “por manifiestamente infundado el recurso presentado por el Rev. Luis Fernando Intriago contra la dimissio in poenam del estado clerical”.
Esa fue la resolución que Intriago apeló y que, en julio de, 2018 fue definitivamente rechazada por el Vaticano, expulsándolo para siempre del sacerdocio. Así lo dio a conocer monseñor Luis Cabrera mediante un comunicado.
Pero, ¿por qué la Fiscalía obvió esa documentación en su proceso? ¿Por qué no ofició a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que remitiera el expediente?
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En su declaración en la Fiscalía, Intriago dice que es la primera vez que enfrenta ese “tipo de ataques”. Obvia que dos años antes, Kevin Rivas lo denunció por abuso sexual, una investigación que fue archivada por prescripción. Un proceso al que fueron al menos tres personas más como testigos —unos víctimas de la dinámica del pecado, otros testigos directos de los hechos.
La Fiscalía ha archivado el caso de Juan José Bayas por abuso sexual. Según el abogado penalista Stalin Oviedo, lo que debió hacer luego de archivarla, era abrir otra investigación por tortura, ya que el testimonio de Bayas también se enmarcaría en las características de este delito.
La Fiscalía ha archivado el caso de Juan José Bayas por abuso sexual. ¿Qué hará el juez que reciba el pedido de archivo? ¿Ignorar también toda la evidencia que demuestra que la Fiscalía, en realidad, no ha investigado suficiente?
Es incómodo, como periodista, tener que hacer esas preguntas a la Justicia cuando su trabajo debería ser investigar de forma exhaustiva: no somos fiscales, ni jueces. Después de una revelación como la de este caso —y muchos otros—, deberíamos solo ver cómo actúa el aparato judicial. Pero, ¿qué se debe hacer cuando la justicia, indigna de llamarse así, no se mueve?
HABLEMOS DE NIÑAS | Un proyecto para visibilizar los derechos de las niñas del Ecuador, con el apoyo de la Embajada Británica de Quito.
Nadie puede defenderse de los monstruos que no conoce
Cuando la tía de Martina fue a un curso de educación sexual se dio cuenta que su sobrina podría haber sido víctima de abuso. Desde hacía algún tiempo, ella y la mamá de Martina habían notado que la niña de siete años se frotaba las partes íntimas contra los muebles, pedía a otros niños que la toquen y quería tocarlos. Cuando su mamá habló con ella, le contó que cuando tenía 4 años su papá le hizo ver videos “de personas desnudas” y le decía que hiciera lo mismo que las mujeres hacían en la televisión. Le decía que la amaba pero también la amenazaba: si le contaba a su mamá lo que hacían, le daría dos correazos. Martina nunca dijo nada. Su madre, quien trabajaba todo el día en un almacén de ropa, no se dio cuenta de lo que sucedía en su ausencia. Fue ese curso de educación sexual que recibió su hermana lo que evitó que la niña guarde la dolorosa historia de su abuso por más tiempo, que no reciba ayuda psicológica adecuada para superar el trauma, y que su abusador siga en libertad.
Hay muchas razones por las que la educación sexual debe existir. Nos enseña lo que es el consentimiento, a decidir cuándo y con quién comenzar nuestra vida sexual, cuándo no está bien que nos toquen, a prevenir enfermedades, a protegernos de la violencia, a disfrutar nuestros cuerpos. Es tan importante, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en un informe de 2011 que acceder a la información en materia sexual reproductiva es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Sobre todo, porque con ese conocimiento no solo se puede planificar —para que no hayan embarazos no deseados— sino también prevenir y proteger a otros de violencia sexual. Pero, a pesar de todos los beneficios que trae, la desinformación sobre la educación sexual ha causado mucho rechazo.
Cuando la Corte Constitucional del Ecuador notificó su fallo en julio de 2018 que decía que los adolescentes tienen libertad y derecho a tener salud reproductiva y educación sexual completa, los grupos denominados pro vida y pro familia se opusieron: “a mis hijos los educo yo”, dijeron. La presidenta de la Red Provida dijo que era, supuestamente, un camino para aprobar el aborto y promover la homosexualidad.
Pero la educación sexual integral está lejos de eso. Según la Unesco, es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudio que “versan sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad”. Busca dar a los niños y adolescentes el conocimiento para “disfrutar de salud, bienestar y dignidad”, y de “entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto”.
Es, además, una forma de comprender cómo protegerse “en un mundo de violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual”. Para ello, la UNESCO ha creado una guía completa, que especifica por grupo de edad qué temas —violencia, compromiso, relaciones, cómo funcionan los genitales— deben ser tratados y en qué forma. Porque, al ser un derecho, debe fomentarse, de forma consistente, a lo largo de nuestras vidas.
Como muchas otras educaciones, la sexual no termina nunca. El psicólogo Rodolfo Rodríguez, Vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual (Sesex), dice que es necesaria desde que somos pequeños hasta que morimos.
Los padres de los niños en la etapa de la primera infancia —entre los 3 y 8 años— deben enseñarles sobre las partes de su cuerpo: por qué las tienen, cómo se llaman, la diferencia entre niños y niñas, cómo cuidar su cuerpo y su higiene.
En los años de la primera adolescencia, la enseñanza es distinta: se habla de la pubertad, los cambios hormonales, cómo funciona el cuerpo para reproducirse, cómo vivir la sexualidad de forma placentera, los métodos anticonceptivos, la planificación familiar. En la adultez, dice el sexólogo, se debe trabajar sobre las relaciones, la comunicación, el amor, el intercambio entre personas. Pero una educación sexual integral, más allá del conocimiento del cuerpo y el sexo, ayuda a prevenir e identificar cuando un abuso está pasando.
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Cuando el abuso a Martina estaba ocurriendo, ella tuvo una infección vaginal. Su mamá la llevó a un centro de salud para que la atendieran. La doctora le dijo que era algo normal, que los niños de su edad se tocan con las manos sucias y se infectan. Le prescribió baños con agua de manzanilla. Y nada más.
Ni la doctora ni su madre sabían que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una infección en las vías urinarias o dolor al orinar pueden indicar que una niña o niño son víctimas de abuso sexual. La educación sexual podría habérselos enseñado. Podría haber ayudado a detener la violencia antes.
Cuando las niñas y niños no tienen una educación sexual, no pueden defenderse ni entender cuando algo está mal. Mayra Tirira, abogada de la fundación Surkuna y de Martina, dice que la niña “quizás en su época no sabía ni le parecía raro que su padre tenga estas actitudes hacia ella porque le decía ‘yo te amo’”.
A Martina nadie le explicó cómo funciona su cuerpo, que nadie podía tocarla, que nadie podía obligarla a hacer cosas que veía en una película pornográfica. Y si nadie le explicó, y su papá le decía que la amaba, era difícil para una niña entender el abuso al que era sometida. “Cómo el Estado, cómo la sociedad no van a intervenir en las familias cuando precisamente son las familias quienes agreden, quienes violan y quienes no quieren tampoco denunciar”, dice Tirira. “Una forma de intervenir es a través de la educación sexual integral que tiene que ser dada a los niños de forma inicial para que ellos puedan detectar situaciones extrañas”.
Pero esto está lejos de ocurrir en Ecuador. La Subsecretaria de Innovación Educativa y Buen Vivir del Ministerio de Educación del Ecuador, María Fernanda Porras, dijo que la asignatura de educación sexual no está en la malla curricular sino que es trabajada de forma transversal. Un documento enviado vía correo electrónico por el Ministerio dice que en la materia de Ciencias Naturales, por ejemplo, para que “los estudiantes comprendan el funcionamiento de los sistemas biológicos se incluye destrezas enfocadas en comprender el funcionamiento del cuerpo humano para mantener la salud integral con un enfoque de proyecto de vida”. En el currículo de esta materia, están temas como la menstruación, las enfermedades de transmisión sexual, la pubertad, la reproducción, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que determinan la sexualidad, entre otros temas más.
El sexólogo Rodríguez dice que esto no es suficiente: quienes dan clases de sexualidad deben ser personas con “formación académica, teórica y práctica” y no “profesores que les han dado algún tipo de curso”. Explica que es importante porque al hablar de sexualidad no solo es decir cómo funcionan los genitales o la menstruación, sino que para hablar de sexualidad se debe tener en cuenta la parte psicológica y afectiva. “No estás hablando de un animal, estás hablando de un ser humano”, dice.
Además, la educación sexual debe darse desde la educación inicial no solo porque es importante que desde pequeños conozcan su cuerpo sino porque si se espera hasta la secundaria, es muy probable que no reciban esta educación. Según datos del Ministerio de Educación, en el año lectivo 2016-2017, más 321 mil 600 niños y niñas dejaron de estudiar antes de entrar a la secundaria. Eso quiere decir que 300 mil niños y niñas no recibieron educación sobre su sexualidad. Pero, dice Rodríguez, el Ministerio de Educación tiene una guía de educación integral de la sexualidad desde la niñez, solo que no la utiliza.
A comienzos del 2018, la psicóloga clínica y sexóloga María de los Ángeles Núñez entregó una guía de educación sexual al Ministerio de Educación pero no fue acogida. Un año antes, un funcionario —que no reveló el nombre— le pidió que la escriba para poder implementarla en las mallas curriculares del Estado. Cuando la entregó, la persona que la había solicitado fue reasignada a otro ministerio, y la nueva encargada no aprobó su guía. “No lo quisieron recibir ni siquiera como una guía de referencia”, dice Núñez.
La guía de Nuñez se basa en la Declaración de Punta Cana de 2014. En ella, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (Flasses), proclamaron el derecho a la educación integral de la sexualidad adecuada a la edad, científicamente precisa, culturalmente competente y basada en los derechos humanos y la igualdad de género. Busca, sobre todo, tener un enfoque positivo de la sexualidad y el placer, abarcando la sexualidad desde los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales. Es una guía dividida por etapas, que explica a los profesores y padres qué debe enseñarse a los niños en cada edad, los beneficios de esas enseñanzas, los resultados positivos que se pueden obtener.
El Ministerio tenía en sus manos una herramienta que podría evitar abusos, violencias y enseñar pero decidió ignorarla.
Abordar la educación sexual desde la violencia no es lo ideal, pero historias como las de Martina nos obligan a hacerlo. Si Martina, su madre, sus profesores, o médicos hubieran tenido algún tipo de conocimiento, hubieran podido identificar lo que estaba pasando a tiempo.
Si seguimos pensando que hablar de sexualidad con nuestros niños es enseñarles a tener sexo estamos perpetuando una cultura donde la sexualidad es algo malo, oscuro, clandestino. Pero sobre todo, estamos repitiendo una aseveración sin ningún sustento.
Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes —entre 10 a 19 años— detrás de Nicaragua y República Dominicana. Entre 2010 y 2016, hubo 413 mil nacidos vivos de niñas y adolescentes. Un estudio realizado en Estados Unidos en 2012 reveló que una mejor educación sexual en el currículo escolar está asociada a menos embarazos adolescentes. Los estados con rankings más altos de religiosidad y conservadurismo tenían una tasa mayor de nacidos vivos de embarazos adolescentes entre 1997 y 2005.
Podríamos aprender, más bien, de países como Holanda donde por ley todos los estudiantes de primaria deben recibir educación sexual. Aunque puede ser flexible el cómo, debe tener ciertos principios fundamentales: respetar la diversidad sexual, protegerse de abusos, coerción e intimidación. El objetivo es claro: el desarrollo de la sexualidad es un proceso natural por el que todos pasamos y al serlo, todos tenemos derecho a tener información clara y confiable sobre el tema. Como resultado, en el 2006 por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, los abortos, y los embarazos fueron mucho más bajos —14 por cada mil adolescentes— que países como Estados Unidos —que fueron 61 por cada mil adolescentes.
Los monstruos no se barren bajo las alfombras. Tampoco se esconden debajo de la cama, o en el clóset. Muchas veces —la mayoría de las veces— están ahí, a plena luz, visibles, con el rostro descubierto. Si no les damos a las niñas y niños de este país las herramientas para identificarlos, seguiremos contando las tristes cifras de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que se acumulan en el Ecuador.
Después de todo, nadie puede defenderse de lo que no conoce.
Este reportaje es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Amaru y el desamparo de las niñas indígenas
Amaru, con su rostro pintado con líneas negras, llegó a mi oficina con los ojos vidriosos. Me contó que cuando apenas era una niña, un adolescente de 16 años de su comunidad se había metido en la cama donde dormía y la había violado. El hecho ocurrió hace más de 15 años, pero ese día, a pesar del tiempo, Amaru se dio cuenta que no lo había superado. Me contó que cuando la imprescriptibilidad de los delitos sexuales ganó en la Consulta Popular en febrero de 2018, sintió que debía “hacer algo”. Entonces decidió sentar un precedente para que ninguna otra niña de su comunidad indígena ancestral sufriera lo que ella había padecido.
Amaru, a pesar del doloroso episodio, había logrado salir adelante. Su fortaleza, sin embargo, se desmoronó este año cuando los directivos de su comunidad le asignaron que trabaje en el mismo grupo que el joven que la había violado —quien hoy es parte del consejo de gobierno de su comunidad. Los líderes, sin saberlo, la revictimizaron, haciéndola volver a sentir sus peores miedos.
El episodio revivió la impotencia que Amaru había reprimido por años. Dejarlo pasar era irse en contra de sus valores y límites de tolerancia. Encaró al agresor y les contó a sus dirigentes porqué no podía trabajar en el mismo grupo que él. Pero no la escucharon, a pesar de que insistió, no hicieron nada. No les importó. Frustrada, decidió hacer algo más.
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Como abogada, le expliqué sus posibilidades legales, y a través de documentos pude enterarme sobre lo que ocurría dentro de su comunidad. Luego de leer el estatuto y las normas de convivencia interna, concluí que la caza de dantas y el derecho que tiene cada familia a este animal es más relevante y trascendente que enfrentar la realidad de la violencia sexual con la que conviven sus niñas, adolescentes y mujeres.
No hay una sola norma en su estatuto sobre lo que deben hacer cuando una de sus integrantes ha sido abusada sexualmente. No conocen cómo recopilar información de la víctima, cómo brindarles apoyo, tampoco está escrito cuál es el canal legal adecuado que se debe seguir para no dejar el hecho en la impunidad. Especialistas de varias áreas en violencia de género me confirmaron que no existen estadísticas sobre violencia sexual en las comunidades indígenas.
¿Hasta dónde llega la autodeterminación de estos pueblos en cuanto a impartir justicia entre ellos, prescindiendo de las normas del Estado ecuatoriano?. ¿Qué significa realmente esta justicia propia e independiente para las comunidades indígenas ecuatorianas?. ¿Existe realmente una verdadera concientización por parte de los dirigentes en relación a las agresiones sexuales que sufren las niñas y mujeres? ¿Cuál es el verdadero alcance y límites de sus costumbres ancestrales? Lo cierto es que es un tema que muchos prefieren callar. Lo increíble es que éste silencio se da por los hombres que no quieren reconocerlo, y por las mujeres que, aunque entiendan que forzarlas a mantener relaciones sexuales es un acto que va en contra de sus derechos, prefieren no actuar.
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Amaru escribió su testimonio —en un documento formal— y lo entregó a las autoridades de su comunidad. Ellos convocaron al agresor y a ella a una audiencia de mediación para tratar de “conciliar” (lo inconciliable) entre los dos. Solo podían invitarlos a “solucionar” porque en el 2014 la Corte Constitucional determinó que la justicia indígena no es competente para resolver casos relativos a crímenes que atenten contra la vida o de los delitos sexuales. Así, el episodio más traumático de la vida de Amaru debía procesarse por las autoridades de su comunidad como un conflicto interno que estaba provocando roces entre sus miembros, no porque violar esté mal.
Amaru me pidió que le acompañara a la audiencia. Acepté. Al llegar vi a muchas niñas cargando a bebés. Me encontré con una comunidad no tan hospitalaria, a la que le molestaba nuestra entrada pese a que Amaru había anticipado que iríamos. En el pueblo pensaban que nuestra intención era hacer problema, remover cosas que estaban en el pasado, alterar su paz.
Durante el viaje, Amaru me relató de una ocasión en que estando en el pueblo se animó a hablar de violencia sexual con varios miembros del grupo de jóvenes. Los varones lo negaron. Las chicas, en cambio, se enojaron por esa reacción de ellos. Las chicas dijeron que eligen callar porque ven que no pasa nada si hablan. Un dato que los ciudadanos —no indígenas— no podremos jamás investigar, mucho menos corroborar.
Otra realidad dentro de las comunidades ancestrales indígenas es que están integradas por pocas familias. Los lazos sanguíneos o por afinidad fortalecen su sentido de pertenencia. Amaru era de una familia, el agresor era de otra. Esto hizo el tema demasiado difícil de manejar.
La noche anterior a la audiencia, le recordé a Amaru que ella es una mujer empoderada, fuerte, valiente e intelectual. Que de ninguna manera era responsable de lo que le había ocurrido. Le recordé que la finalidad o el objetivo de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales buscaba que la víctima se libere rompiendo el silencio aún cuando haya transcurrido el tiempo. Amaru confiaba en su Justicia, ya que la ordinaria cerró sus puertas con los barrotes de la prescripción. Tan sólo la Justicia indígena, que ella tanto protege, la podía ayudar. Al menos eso pensaba.
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Cuando inició la audiencia de “conciliación” por la violación cometida a Amaru, el conflicto ya había perturbado a la comunidad. Y como la gran familia que se supone son, Amaru confió que las partes se sensibilizarían y velarían por el equilibrio entre sus miembros aplicando su justicia y con equidad.
El ambiente en la casa comunal era de desconfianza, ira y miedo. Desconfianza de que personas ajenas a la comunidad observarían directamente sus costumbres jurisdiccionales. Ira de pensar en una posible divulgación de la utopía de su justicia. Miedo a que la fachada de constituirse como comunidad con reconocimiento internacional se vea cuestionada al descubrirse la violación de derechos humanos que en un momento dado fueron por ellos pregonados y defendidos.
La audiencia duró más de cinco horas. Y a pesar de que Amaru tenía defensa técnica, nuestro apoyo fue solo moral. La audiencia fue liderada por los dirigentes políticos, los reconocidos jueces ancestrales y los comuneros, quienes no permitieron que asesoremos a Amaru. Instalaron la audiencia en su propia lengua. La presencia de abogados los fastidió.
De los seis jueces ancestrales, uno era pariente del agresor; de los seis comuneros, dos eran hermanos del violador; de los siete dirigentes políticos, cinco eran hombres y dos eran mujeres: una tía y otra cuñada del agresor. El vicepresidente de la comunidad inició la audiencia recordando que la autoridad y capacidad para aplicar la justicia indígena nacía en la Constitución de la República, que estábamos ahí porque Amaru lo había pedido a pesar de que aquello que alegaba “no podía ser comprobado”.
En justicia ordinaria, si un juez está emparentado con una de las partes, debe excusarse de conocer el caso porque es evidente que no podrá resolverlo sin favoritismos. El sentimiento familiar es poderoso y objetivamente impide resolver un conflicto de manera justa. Sin imparcialidad no hay Justicia. Pero eso tampoco importó en la Justicia Indígena.
Amaru relató que fue violada. Lloró. Su madre, que nos traducía al español la audiencia, al verla y escucharla, también se quebró. Los presentes que escuchaban el relato transitaban de la frialdad a la indiferencia, de la incredulidad a la molestia, de la ira al reproche. No cuestionaron el acto de violación sino porqué Amaru lo contó luego de más de 15 años. No cuestionaron el fondo, solo la forma; el hecho ni la conducta no eran importantes, peor la agresión a la víctima. No cuestionaron al agresor ni lo reprochable de su acto. Atacaron solo a la víctima.
Amaru, un poco más tranquila, respondió el reproche de la comunidad: ¿Por qué ahora y no hace 15 años? Respondió que en esa época era solo una niña, que tenía miedo de no ser escuchada. Dijo que a los nueve años se quiso suicidar pero no lo hizo porque tenía que cuidar a su hermana menor. Terminó diciendo que no se puede sanar solo olvidando, que sabe que no es la única que ha sufrido este tipo de ataques y que, como comunidad, debían hacer algo, debían impartir Justicia y trabajar para que otro hecho como este no vuelva a suceder.
Amaru se equivocó al confiar en ellos. La acusaron de que hablar ahora era exagerado, que seguramente tenía la intención de dividir a la comunidad; que buscaba era reconocimiento político y generar rupturas internas.
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Luego, a favor de Amaru habló su madre, quien confirmó el dolor de su hija, explicó los cortes que se hacía en los brazos cuando era niña. Habló de las terapias psicológicas, de su habitual depresión, de la profunda tristeza de vivir con un agujero dentro del alma. De la imposibilidad de olvidar.
A favor del agresor en cambio, habló un tío. Contó que él conoció a una mujer que fue violada durante muchos años por su padre y que actualmente estaba tranquila, viviendo con su esposo que es médico y que ella no tenía dolores ni tristezas, como si aquello era un ejemplo que debía haber seguido Amaru antes de decidirse a hablar. Sugirió que quien debía ser castigada era ella por poner desorden en su pequeña sociedad, ya que les tenía allí escuchando acusaciones que no podía probar, en lugar de dedicar su tiempo a trabajar.
Uno a uno los dirigentes opinaron. De los siete, solo uno consideró que Amaru no estaba mintiendo. La cuñada del agresor dijo que era necesario fortalecerse como comunidad, no sólo desde las apariencias, porque el índice de madres jóvenes era elevado y esto revelaba que algo internamente estaba muy mal. La tía del agresor —también parte de la dirigencia— dijo que ella le habría creído a Amaru si ella lo hubiese contado antes. Dijo que si la acusación se hubiera realizado en contra de cualquiera de sus otros sobrinos, ella podría creerlo, pero no en contra de ése porque era el más tranquilo.
Al final de la audiencia hablaron los jueces ancestrales, quienes hasta ese momento, habían permanecido en silencio. El rostro de Amaru era desesperanza. Ella conocía dentro el pensamiento de su gente y la mentalidad machista de todos, incluso de las propias mujeres.
El primer juez ancestral instó a encontrar una solución. Otro adujo que el problema era de enamoramiento. Otro le dio el beneficio de la duda a Amaru, puesto que su relato había sido claro, a diferencia del relato del agresor, quien no se había defendido. Otro se acercó al podio y dijo que había tomado ayahuasca y que durante el evento tuvo una revelación que le decía que todo eso que estaban viviendo era falso, que Amaru era una vergüenza y que su motivo oculto era destruir la organización. Al final habló la jueza ancestral. Miró con reproche a Amaru y le dijo que no le creía, que sus lágrimas no eran reales, que ella misma se lo había buscado. Dijo que conocía cómo las niñas a esa edad persiguen a los chicos. Le advirtió que si ella quería hacerle daño a la gran familia y comunidad ancestral, se iba a quedar sola porque ellos eran más.
Cuando se le concedió la palabra al hombre que había violado a Amaru, habló d cómo tenía una carrera siendo dirigente, que siempre había ayudado a los jóvenes y por eso, su participación en la comunidad era activa. Le preguntó a Amaru por qué no le reprochó antes. Dijo que probablemente ella quería hacerle daño a su familia y buscaba separarlo de su esposa. No negó haberla violado, pero tampoco lo aceptó. Ni siquiera se disculpó.
La mamá de Amaru parecía arrepentida. El descrédito de los principales miembros de la comunidad en contra de su hija parecía haberla convencido de que las culpables eran ellas por no callar. Amaru estaba inmóvil. Después de tantas miradas inquisitivas, su indignación parecía haberse transformado en poder. Un poder que no la abandonaba. El mismo que la había llevado hasta allí para luchar por sus derechos y los de las niñas y mujeres de la comunidad.
Como mujer y abogada, conseguí que me dejaran hablar. Les expliqué, como observadora de su proceso jurisdiccional, lo irracional que era su posición frente a este tema. La incoherencia de su actuar. Los estándares que deberían respetar. El riesgo inminente de sus niñas. La tortura de pretender que lo callen y que piensen que todo va a seguir igual.
A puerta cerrada se decidieron los compromisos para Amaru y el agresor. Primero, se dictó una orden de alejamiento que no le permitía a él acercarse a Amaru ni a su familia de manera indefinida. Este además sería apartado del trabajo que realizaba en la comunidad por un año. Se acordó reformar los estatutos de la comunidad, para establecer que los abusos de tipo sexual son un tema que no se puede dejar de tratar. Se recalcó que cualquier persona acusada de un delito de esta naturaleza, no podría ocupar un cargo en la comunidad. Y se permitió que se “abra la puerta” a personas ajenas a su territorio —expertas en el tema— para que capaciten sobre ello a su gente. Amaru pidió que su caso no sea tratado como la excepción, que actúen de manera responsable si conocían de otros casos que salgan a la luz. La comunidad debía comprometerse a tratarlos con seriedad.
Hasta el cierre de esta columna, nada de lo que se comprometieron a hacer se ha concretado.
La brutal experiencia en esa audiencia terminó forzando a Amaru a firmar un documento en el que se comprometía a no volver a “hacer problemas” del tema nunca más. De lo contrario sería sancionada por la comunidad. Actitud que confirma que el espíritu de tan sui generis evento de conciliación no fue precisamente resolver un conflicto en justicia, sino evitar un inminente escándalo, y obligar a la víctima a callar para siempre. Pero después de esto ¿Qué esperanza les queda a las niñas, adolescentes o mujeres indígenas en un caso similar?
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Su denuncia corrobora una triste realidad: la violencia es parte de su sistema tradicional. Sus costumbres patriarcales implican conductas misóginas y son más poderosas que cualquier entendimiento social.
Amaru es un ejemplo de mujer. Tras haber sido linchada en una audiencia por su propia gente, siempre se mantuvo firme y respetuosa. Es un modelo a seguir para las niñas que habitan allí. Su historia, puertas adentro, tal vez constituya un aporte para que otras rompan el silencio y se evite que haya más víctimas de violencia sexual. Su historia, puertas afuera, nos alerta cuán desprotegidas y vulnerables están las niñas indígenas. Y además, de la triste ingenuidad con que algunos defensores de la justicia indígena cohonestan y encubren conductas delictivas.
El principal problema de la mujer indígena es que no conoce otra realidad. Crecen con la idea de que el hombre goza de superioridad.
Con una política gubernamental de cero tolerancia a los abusos sexuales no es aceptable invisibilizar este tema por nadie, menos aún por parte de comunidades indígenas. Su “autodeterminación” no les exime de pertenecer al territorio ecuatoriano y estar sometidos a una ordenamiento jurídico, constitucional y legal que no debería reconocer excepciones o exclusiones, menos aún para dar validez a una caricatura deformada de un remedo de justicia que no es tal. Aplicar su justicia ancestral les exige respetar todos los derechos, principios y garantías previstos en la Constitución en los tratados internacionales que garantizan los Derechos Humanos. En la Consulta Popular de febrero de 2018, ellos también fueron consultados sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Y la respuesta de la mayoría fue el Sí. Por lo tanto, conocen el alcance del término agresión sexual y saben que cometerlo no solo es un delito sino que además es reprochable por la sociedad, y debe ser sancionado con rigurosidad por jueces probos.
Es incoherente que estas comunidades indígenas ancestrales, pretendan hablar de autodeterminación y respeto a sus costumbres cuando omiten hablar o normar cómo proteger la santidad e inocencia de sus niñas. Defienden a la selva, a la Pacha Mama, pero no la indemnidad de sus mujeres. El respeto a los semejantes, por su condición misma de ser humano, es un derecho de tipo natural que no se puede negar, debe protegérselo y está por encima de cualquier costumbre ancestral.
Esta columna es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Volver a la escuela
Cuando Maribel Sánchez tenía 3 años, su padre la separó de su mamá, la llevó a una familia en Quito, y la dejó ahí para que viva. Cuando cumplió 5 años se convirtió en la empleada doméstica de la casa. “Trabajaba porque me daban casa y comida pero nunca me pagaron por los quehaceres”, dice. Nunca la mandaron a la escuela, como los patrones le habían prometido a su padre. Tampoco la dejaban salir. Aunque tenía mucho temor de irse, cuando cumplió 15 años se escapó a Guayaquil, la mayor ciudad costera del Ecuador, donde intentó estudiar. Maribel recuerda que cuando las clases se ponían difíciles se desanimaba: era una adulta estudiando con niños de 6 años. “Ya me daba vergüenza, tan grande y en primer grado”.
Intentó varias veces, avanzaba de a poco, pero nunca terminaba. Años más tarde, regresó a Quito a buscar a su mamá, pero ella ya había muerto. Se quedó en la capital y empezó a trabajar en un local comercial. Un día, décadas después, cuando tenía 42 años, una mujer entró. Empezaron a conversar. La mujer era de La Escuelita Popular y Feminista, que da la posibilidad a mujeres adultas de terminar su educación primaria. “Me llamó la atención porque yo justo estaba buscando eso pero no me atrevía”, dice Maribel. De eso ya son seis años.
Maribel juntó letras para formar palabras sobre la mesa en La Escuelita Popular y Feminista. Fotografía de José María León para GK.
Desde entonces, Maribel ha ido a clases dos veces por semana. A comienzos de noviembre de 2018, ella y cuatro mujeres más —de entre 43 y 72 años— se graduaron de la primaria. “No me creía al principio, mi inconsciente sentía que era un sueño y me sentí muy feliz y muy agradecida a esa persona que tuvo la facilidad de ayudarme”, dice Maribel —de pelo corto castaño y ojos marrones— sentada en una biblioteca del centro de Quito donde funciona La Escuelita. Desde que la escuela abrió en el 2008, 120 mujeres han ido a las clases, entrando en diferentes momentos, y tomando las clases a diferentes ritmos. Quince ya se han graduado. Todas habían dejado de estudiar cuando eran niñas.
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La escuelita empezó en una prisión de mujeres de Quito. En 2004, en la cárcel del Inca, mujeres universitarias y mujeres encarceladas se aliaron. “Surge como un diálogo, reconociendo nuestra desigualdad”, explica Andrea Aguirre, profesora y una de las fundadoras de esta alianza. “Pero al mismo tiempo siendo capaces de encontrar lo que tenemos en común en términos de violencia sexista”. El primer nombre de la alianza fue Mujeres de Frente. Se convirtió en un colectivo que buscaba debatir el sistema penitenciario, la violencia y la desigualdad entre mujeres.
Cuatro años más tarde, la Asamblea Constituyente del Ecuador aprobó el indulto de mil doscientas mulas del narcotráfico. Los asambleístas consideraban que la pena de 8 años era desproporcionada al delito. Muchas de las mujeres que trabajaban en el colectivo y estaban en la cárcel por microtráfico salieron libres. Una vez afuera, dedicarse a algo distinto al microtráfico, fue un reto. “Ellas me dijeron: yo no he ido a la escuela, yo no sé leer ni escribir y es el trabajo que aprendí a hacer de mi madre, el microtráfico, porque no tenemos otro trabajo”, dice Gloria Armijos, integrante del colectivo. Armijos trabajó hasta el 2009 en la guardería de la cárcel de mujeres del Inca.
Que las mujeres no tengan una educación primaria es más una regla que una excepción. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, 15 millones de niñas en el mundo en edad de cursar la primaria no lo hacen. En Ecuador, según el Ministerio de Educación, en los últimos diez años, más de 200 mil niñas dejaron de estudiar cuando tenían 7, 8, 9, 10 años. Es como si todo Portoviejo, la octava ciudad más poblada del país, no terminase la escuela más básica.
Los motivos de la deserción son múltiples: un estudio de la organización no gubernamental Plan Internacional dice que son el matrimonio temprano, el trabajo y la violencia en el entorno escolar. A esto se suma que muchos padres consideran que no es necesario que las niñas estudien porque en algún momento serán mantenidas por su marido. En su lugar, las obligan a hacer las tareas de la casa y a atender a sus hermanos varones desde que tienen 5 años.
Blanca Moreno estudia en La Escuelita Popular Feminista desde hacía seis años. Fotografía de José María León para GK.
Esa fue la vida de Blanca Moreno, una de las mujeres que se graduó de La Escuelita en noviembre de 2018. Ella no es una expresidiaria pero, como muchas de ellas, dejó de estudiar cuando tenía 8 años. Sus padres creían que no era necesario: eran los maridos los que deben mantener el hogar. “Muchas de las compañeras no han podido acceder a la educación desde que son niñas y esto es súper marcado por el machismo dentro de sus familias”, dice Stephany Cárdenas del colectivo Mujeres de Frente. “En una familia, la niña se tenía que quedar con la mamá cocinando, lavando”. Los hijos varones, si es que había el dinero, explica Cárdenas, iban a la escuela. En el complejo andamiaje de la adversidad, el futuro de las niñas era —es— la primera pieza descartable.
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La falta de educación es el primer giro de un círculo malicioso: cuando crecen, esas niñas necesitan un trabajo para sobrevivir y, sin educación, es muy difícil conseguir uno que no esté ligado a la servidumbre o a la ilegalidad, como las mujeres microtraficantes indultadas en el 2008. Cuando salieron de la cárcel y no podían encontrar trabajo, pidieron a las universitarias del colectivo que creen una escuela para que las ayuden a terminar la primaria y, así, tener más oportunidades laborales.
La escuela abrió sus puertas ese año, en un espacio llamado La Casa Rosa Feminista en Quito. La dirigía Pascale Laso, una pedagoga. Para las clases, cuatro profesoras sacaban copias de los libros para cumplir con las materias del currículo del Estado. Las maestras acompañaban a las mujeres, sus madres y sus hijos a completar las tareas, les enseñaban cómo sumar, restar, dividir, leer.
La escuela iba bien y las mujeres aprendían mucho. Pero un año y medio después tuvieron que cerrar por falta de recursos. El colectivo, con el tiempo, también se fue rompiendo pero todavía quedaban algunas mujeres que querían seguir con esta iniciativa.
La Escuelita estuvo cerrada casi dos años. En el 2011, las integrantes que quedaban del colectivo, la reabrieron. Igual que antes, seguían el currículo oficial, pero adaptaron los textos y hacían fichas de trabajo para que sea más fácil de aprender para las mujeres adultas. A esta escuela no solo iban mujeres que habían salido de la cárcel sino que, en su mayoría, llegaban de barrios empobrecidos, trabajadoras domésticas pagadas y no pagadas o trabajadoras informales. Todas con el sueño de terminar (o comenzar) los estudios primarios que les fueron negados cuando niñas.
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El salón es amplio, con piso de madera y ventanas grandes. Hay un aire entre melancólico y esperanzador, producto de la mezcla de la antigüedad del edificio y los sueños de las estudiantes. En el centro hay dos mesas largas donde las mujeres están sentadas uniendo letras coloridas de cartulina para formar palabras. Otras leen sobre el homo sapiens y los dinosaurios en una computadora, otras responden un cuestionario en un papel. En el pizarrón blanco se lee “suma y resta de números enteros” y unas operaciones matemáticas resueltas. Ese es el campus de la Escuelita Popular y Feminista.
Aula de estudio en La Escuelita Popular y Feminista donde Maribel, Blanca y María Juana estudian. Fotografía de José María León para GK.
“Matemáticas es mi materia favorita”, dice María Juana Cuenca, una de las mujeres que se graduó en noviembre. Ella, de pelo largo lacio negro y ojos negros, dejó de estudiar cuando tenía 8 años.
“Mi sueño era ser doctora, y yo ya habría acabado”, dice María Juana refiriéndose a qué hubiera pasado si no dejaba de estudiar. Su mamá la llevó a trabajar con ella en el campo y cuando tenía 15 años se fue a Riobamba para trabajar como empleada doméstica. Unos años más tarde, sus empleadores la trajeron a Quito para que siga trabajando con ellos pero María Juana apenas sabía hablar en español —su lengua materna es el kichwa. Con el tiempo, aprendió lo básico para sus actividades diarias, pero siempre tenía pendiente el regresar a sus estudios.
María Juana estudia en La Escuelita desde que tiene 40 años. Dice que ha aprendido a “tener confianza, tener amigas” y que le gusta escribir, leer, y estudiar ciencias sociales. Fotografía de José María León para GK.
Cuando María Juana y una amiga estaban caminando por el centro histórico se encontraron con La Escuelita Popular y Feminista. Su amiga entró a averiguar y “ahí dice aquí abajo hay clase y está ahí mismo da material, da todo, tienen paciencia, ¡vamos!”. María Juana tenía 40 años cuando, por fin, retomó sus estudios donde los dejó: en el segundo grado.
La Escuelita Popular y Feminista trabaja con dos mallas curriculares de estudio. Laso explica que una de ellas es la necesaria para cumplir con los requisitos del séptimo año de educación básica y que la otra tiene una mirada feminista. “Proponemos espacios de reflexión sobre nuestro propia vida y las situaciones de opresión en el sistema”, dice la directora de la escuela. Por ejemplo, cuando enseñan matemáticas les enseñan con ejercicios para calcular cuánto del trabajo de ellas es remunerado o cuántas horas invierten en el cuidado de otras personas. Además, conversan sobre la violencia de género, lo que ha significado ser mujer para cada una, y cómo la educación les permite ser independientes y tener una vida libre de violencia.
Dicen las maestras de La Escuelita que una niña o una mujer no tenga educación es otra forma de incentivar la violencia en su contra. Como no pueden leer, siempre dependen de alguien para pedir una dirección, para seguir una receta de cocina, para tomar un bus, para saber qué están firmando. Como no pueden escribir, a veces no pueden llenar formularios para denunciar a sus agresores o comunicarse por correos electrónicos o mensajes de texto. Y como no pueden hacer estas cosas, se sienten menos. Según Laso, “esto es usado en las situaciones de violencia también como un agravante: tú que eres bruta qué me vas a entender, entonces toma por bruta”.
Uno de los mayores retos y logros de la escuelita, dice Laso, fue crear las condiciones para que las mujeres puedan estudiar sin importar sus horarios. Cuando María Chicaiza —una de las mujeres que se graduó en noviembre— casi deja de ir a clases porque solo tenía 30 minutos libres, Pascale decidió cambiar la forma en que se ofrecían las clases. “Yo vi en ella las ganas que tenía pero no le daba la vida para venir” dice Pascale. Entonces modificaron la escuela para que puedan ser procesos individuales: cada mujer recibe el material necesario para cumplir con la malla escolar pero avanza a su ritmo, dependiendo del tiempo disponible que tenga.
En la foto Maribel de espaldas, Blanca y María Juana estudiando los primeros textos y trabajando en ejercicios del primer año de secundaria. Fotografía de José María León para GK.
A veces, por distintos motivos hay mujeres que dejan de ir a la escuela pero regresan después de un año y siguen donde se quedaron. Pero otras, las mujeres no regresan porque, dice Laso, conocen a un hombre, se hacen su pareja y él les convence de que abandonen la escuela. “Nosotras conversamos con ella, le decimos cuáles son los riesgos, pero si ella decide irse, nosotros respetamos su decisión siempre”, dice Pascale.
María Juana Cuenca dice que lo más importante para ella es incentivar a sus hijos a que estudien, que terminen la primaria y luego la secundaria. Blanca Moreno, una mujer de 68 años, pelo blanco y corto, que se acaba de graduar de primaria, piensa igual. Sus hijas estudiaron y tienen una profesión. Es una forma de que la cadena de niñas que son privadas del estudio se rompa. Para Laso, esto y la graduación de las mujeres de la primaria son “una revancha de la justicia”, como un pequeño ajuste social por las violencias que sufrieron desde niñas. De cierta forma lo es, pero lo ideal sería que en unos años no se necesite una escuela como esta, que unos años todas las niñas terminen sus estudios y se gradúen cuando niñas.
Este reportaje es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Hablemos de Niñas
Cuando la ONU declara un día de algo es porque cree que es (generalmente, un problema) que necesita ser visibilizado en todo el mundo. En 2011, hace apenas siete años, esta organización declaró al 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. En el Ecuador es una fecha que pasa casi desapercibida para la mayoría, que es abordada en las agendas de algunos medios de comunicación a veces con enfoques revictimizantes, e incluido de alguna manera formalista por el Estado. Los otros 364 días es un tema del que no se habla.
Nadie regresa a ver a las niñas.
Hace dos semanas me senté con tres mujeres para hablar sobre por qué nadie las ve y qué podemos hacer para cambiarlo. Al conversatorio, que llamamos Hablemos de Niñas, fueron María Amelia Viteri, una antropóloga que ha enfocado su investigación en niñas, Kathy Ward, la embajadora del Reino Unido en Ecuador, y Érica Curicama, una adolescente representante del movimiento Por Ser Niña. Un mes antes, cuando estábamos organizando el conversatorio empecé a preguntar a conocidos, amigos, colegas recomendaciones de organizaciones que trabajan con las niñas en el país. Todos me decían que contactarían a otro conocido, amigo, colega pero regresaban diciendo: no conozco, no conocen. O me daban nombres de sitios enfocados en mujeres o niñez (niños incluidos).
La primera reacción cuando separamos a los niños de las niñas, y pedimos que se atienda solo a ellas es negativa. Primero porque está la idea de que trabajar con un grupo específico es ignorar o discriminar a otro. Premisa absurda que nos llevaría a reclamarle a los ambientalistas que se preocupen por la violencia de género o a los animalistas que aboguen por las personas con discapacidad. Si bien las causas son para los activistas, reportear sobre las niñas se ha convertido en uno de los ejes de nuestra política editorial.
La segunda reacción cuando separamos a los niños de las niñas y pedimos que se atienda solo a ellas es preguntar por qué. Esta columna se podría tratar solo de eso y se convertiría en una larga lista de cifras, estudios, problemas —no solo del Ecuador— sino de la región, del mundo. Por nombrar algunos: cada año en el Ecuador 2700 niñas quedan embarazadas, la mayoría víctimas de violación sexual. En el Ecuador, 27,3% de las niñas abusadas sexualmente nunca dio a conocer su abuso. Las niñas invierten 18 horas semanales en quehaceres domésticos, tiempo que podrían dedicar a estudiar, jugar, a ser niñas. En el mundo, cada dos minutos una niña es obligada a casarse. Y la lista podría seguir.
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En nuestro país, el Estado no regresa a verlas. Es tal la indiferencia que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura no tienen clasificados los delitos por género (o al menos no lo comparten públicamente con los periodistas). La lista de violaciones, abusos, acosos en contra de niños, y la pornografía infantil se cuentan en un gran total, sin género. Pero si se mira más de cerca las cifras o se consulta a especialistas se ve que de cada 10 delitos sexuales en contra de niños y niñas, 8 son en contra de niñas.
¿Cómo puede un Estado elaborar una política pública si no tiene los datos para identificar un problema?
Hay otras cifras que sí están disponibles pero no se difunden: entre 2012 y 2016, 50 niñas entre 10 y 12 años tuvieron un aborto no especificado, según el Ministerio de Salud. Son datos a los que se puede acceder con pedidos de transparencia pero que no están colgados en ninguna página web, ni son noticia. Es información que parecería que el Estado elige no tomar en cuenta. Y no lo hace porque el día que un alto funcionario del gobierno diga “2700 niñas quedan embarazadas cada año en el país” o “50 niñas abortaron en cuatro años” deberá hacerse cargo. Y parecería que no quieren que ese día, ni esa responsabilidad, lleguen.
Desde la sociedad civil la situación no es tan grave pero igual el trabajo es insuficiente. En un paneo rápido de organizaciones, fundaciones y grupos sociales se encuentran varios —cada vez más— enfocados en promover los derechos de las mujeres, y otros cuantos, quizás más, en defender la niñez (niños incluidos). Pero muy pocos tienen en su agenda como tema principal a las niñas.
¿Por qué?
Quizás porque no se conocen las horribles cifras. O porque no se termina de entender que si se quiere trabajar en la erradicación de la violencia de género, la mejor manera es empezar con las que se van a convertir en mujeres: las niñas.
Esta columna es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
La Foca: Aborto, niñas y Soraya Montenegro (las fuentes)
Lanzamos nuestro cuarto episodio para hablar de la despenalización del aborto por violación. En el Ecuador cada año 2700 niñas quedan embarazadas, la mayoría de ellas víctimas de violación sexual. ¿Por qué el Estado y la sociedad insiste en que las niñas deben ser mamás aún cuando su vida corre peligro porque su cuerpo no está listo para parir? En La Foca tratamos de encontrar respuestas a esa pregunta, y estas son las fuentes que aparecen en el episodio.
- Cada año en el Ecuador 2700 niñas quedan embarazadas.
- El exministro Mauro Toscanini sobre el caso de la niña de 12 años raptada por su violador.
- Según el estudio del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, de 157 mujeres procesadas judicialmente desde 2013 por abortar en el Ecuador, cerca del 45% tuvo un aborto espontáneo (no provocado, que ocurre en las primeras 20 semanas de gestación).
- En 2017 hubo 9,950 mujeres que ingresaron al hospital por aborto no especificado.
- Luteranos y bautistas americanos no creen que el aborto es comparable con el homicidio.
- Hasta el año 1869 se creía que había diferentes grados de culpa para el aborto
- El premio Nobel de Medicina, Francois Jacob, sobre el inicio de la vida
- Carl Sagan sobre el inicio de la vida
- Intervención completa del biólogo Alberto Kornblihtt en el Congreso argentino
- Las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante o después de un parto natural que debido a complicaciones de un aborto seguro.
- Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo.
- El sistema de adopciones en Ecuador es engorroso e impide que las niñas puedan dar a sus hijos en adopción.
Ninguna niña sueña con lavar tus platos
Cuando Nelly tenía 10 comenzó a trabajar como empleada en una casa en Guayaquil: había dejado la escuela y su casa en el campo. Tras cumplir 12, fue abusada sexualmente por el dueño de la casa donde trabajaba y vivía. Nunca lo denunció. Clara, a los nueve años, era obligada por su patrona a pararse sobre un taburete para que alcance la hornilla en la que debía freír el arroz. Cuando Lucía tenía 13, dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar porque su mamá no podía pagar sus estudios y los de su hermana menor. A los 11 años, la madre de Carmen la mandó a trabajar como empleada doméstica. Mientras limpiaba y cocinaba, veía por la ventana cómo los niños de su edad jugaban en el patio. Según un estudio realizado por Care, una organización no gubernamental, como Nelly, Clara, Lucía, Carmen, la mayoría de empleadas domésticas del Ecuador comenzaron a trabajar cuando eran niñas: en promedio, empiezan a los 12 años, aunque se han registrado casos de niñas que trabajan desde los 6.
La idea de que las niñas y las adolescentes deben dedicarse al trabajo doméstico comienza en sus propios hogares. Según datos de la organización Plan Internacional, 10 millones de niños y niñas en el mundo trabajan en el servicio doméstico o en condiciones de esclavitud —el 67% de ellos son mujeres. Un estudio de Plan Internacional Ecuador revela que los padres cargan con el peso de limpiar, cocinar y arreglar la casa a sus hijas desde que tienen apenas 5 años. A sus hijos varones los dejan ir a la escuela y jugar con sus amigos.
Camila, una niña entrevistada por Plan en la provincia de Los Ríos, cuenta que a ella le hacen lavar, cocinar y arreglar todo mientras que a su hermano no. “Él come, no hace nada, mi mamá lo consiente… yo quisiera que mi mamá sea igual con todos, que no por ser mujer yo tengo que ser una esclava” dice en su testimonio. Camila es parte del 65% de niñas en Ecuador que dedican su tiempo al trabajo doméstico, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre el Uso del Tiempo de los ecuatorianos. Para muchos padres, tíos, vecinos, es normal, algo que les toca a las niñas por ser niñas: porque algún día serán mujeres. Y eso es lo que hacen las mujeres.
Según un informe de UNICEF las niñas que habitan en viviendas con servicios básicos inadecuados tienen mayor probabilidad de trabajar. “Esto puede estar relacionado también con el hecho de que las tareas domésticas se incrementan con la carencia de servicios básicos”, dice el estudio. En el mismo reporte se diferencia al trabajo doméstico (dentro de la casa de la niña) del mercantil —agricultura, comercio, manufactura, etc.— pero se especifica que “si bien ambas actividades pueden ser complementarias, no necesariamente la intensidad del trabajo mercantil reduce el tiempo de dedicación al trabajo doméstico en el caso de las niñas”.
Vivir privadas del juego, ocio y estudios para dedicarse al servicio afecta gravemente a estas niñas. “Genera un perfil psicológico de ‘yo no valgo, yo solo puedo hacer esto, yo no tengo otras opciones”, dice la directora de Plan Internacional Ecuador, Rossana Viteri. “Las niñas ni siquiera lo ven como un trabajo, sino como parte de la vida”. El estudio de Plan encontró que las niñas invierten 18 horas a la semana en los quehaceres domésticos. El problema no son solo estas extensas jornadas de trabajo, sino que lo que hacen es denigrado por sus familiares: si las niñas no cumplen con todas las tareas, son castigadas, y ellas piensan que lo merecen. “Esa niña ya no crece con lo que tendría que tener como recursos básicos: confianza en sí misma, seguridad y conocimiento de que nadie debe violentarla, derecho al descanso, a la educación, al ocio”, dice Viteri. “Todo eso queda vulnerado con esta dinámica del trabajo doméstico”.
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Muchas de estas niñas dejan de estudiar por su situación de pobreza o porque los papás las obligan a quedarse en la casa para cuidar a sus hermanos y servirlos. Según la directora de Plan Internacional, “hay un tema de inversión económica: dicen esa niña se va a casar y no va a aportar nada en esta casa, para qué invierto”. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, 44 mil 700 niñas y adolescentes mujeres abandonaron sus estudios en el periodo de 2016 al 2017. Los principales motivos son la falta de dinero, de trabajo, desmotivación, embarazo o matrimonio. Esta deserción se refleja en las trabajadoras domésticas: el 67% solo terminó sus estudios primarios o no tienen ningún nivel de educación.
Según Nubia Zambrano de Care —una organización no gubernamental dedicada a erradicar la pobreza— , hace unos 40 años era muy común que las mamás de zonas rurales enviasen a sus hijas a la ciudad. Llegaba a trabajar en casas, con la idea de que pudiesen acceder a educación. En otros casos, simplemente las mandaban a conseguir una ayuda económica para sostener a los que se quedaban en el campo. Y en muchos otros, hay niñas que escapan de sus casas porque viven en círculos de violencia y el trabajo doméstico es lo único que saben hacer para sustentarse. Pasan de un círculo de violencia a otro.
Las promesas educativas y dinerarias muchas veces no eran más que eso: promesas. Las niñas no iban a la escuela, eran golpeadas, obligadas a trabajar más de 12 horas diarias, y muchas veces no les pagaban. Si se quejaban, las amenazaban con denunciarlas con la Policía por hurto. Las niñas, por falta de experiencia e ignorancia de sus derechos, se quedaban calladas. Hay algo perverso en esa idea: una niña no tiene por qué saber cuáles son sus derechos laborales; debería estar en la escuela, tener tiempo para jugar, para crear, para imaginar. Las trabajadoras domésticas suelen ser víctimas de abuso, no pueden estudiar ni elegir otra profesión. No pueden ser niñas.
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El hombre que violó a Nelly cuando ella tenía 12 años era rector de un colegio en Guayaquil. Cuando su esposa salía de la casa, él le decía “¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, yo te quiero pagar más”. Un estudio sobre la situación del trabajo remunerado del hogar en Ecuador realizado por Care demuestra que el caso de Nelly no era aislado, sino que, por el contrario, muchas niñas y adolescentes mujeres fueron violadas, insultadas y golpeadas por sus empleadores. A su patrono, Nelly le decía que no, que no la moleste, lloraba repitiéndole que no. Pero a él no le importó: Nelly nunca dijo nada a su familia.
Lenny Quiroz, la secretaria general de la Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar dice que ha escuchado muchos casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a sus compañeras. Habla de Laura: “Empezó desde los 9 años a trabajar en casa, yo vine a saber que ella había sido abusada sexualmente y estaba yendo al psicólogo para recuperarse, a una chica los empleadores le quemaban con el cigarrillo, no le daban de comer, estuvo internada en una clínica”, dice Quiroz. “Esas historias le impactan a una y le llegan al corazón”.
Muchas de las mujeres que trabajaron desde niñas, se esfuerzan para que la historia no se repita con sus hijas, como Nelly. El estudio de Care recoge el testimonio de una mujer: “No quisiera que se haga empleada porque se sufre, se quedan solas en la casa”. Muchas mujeres ahorran lo que ganan para sacar a sus hijas de ese cadena generacional de trabajo doméstico. Aunque muchas otras no pueden hacerlo, según Zambrano, y el ciclo se repite. La Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar las acompaña en estos procesos de sanación por los abusos del pasado. Además, las acompañan con asesoría legal, emocional. También buscan darle valor al trabajo doméstico, por eso se autodenominan como Trabajadoras Remuneradas del Hogar, un término reivindicativo para darse valor como personas.
Quiroz explica que si bien antes era muy común ver a niñas que iban del campo a la ciudad a trabajar, ahora ya no es tan frecuente. Dice que esto se debe a la regulación de edad mínima para el trabajo—15 años— establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, dice que muchas personas igual buscan formas de saltarse las leyes para seguir empleando a niñas. “La gente las trae como si fueran sobrinas, o las ahijadas, para evadir la ley. Entonces si va una autoridad a revisar, como la niña es una familiar más no pueden hacer nada”. Dice que el patrón se repite: la niña cocina, limpia, lava, arregla a cambio del estudio y de la comida —y a veces ni eso. Lo, para Quiroz, es que a veces son niñas cuidando a otras niñas que sí estudian, sí juegan y no tienen que trabajar.
A pesar de que hay una legislación que prohíbe el trabajo infantil y existe más control del Estado sobre los derechos laborales, el tema de las niñas sigue al margen. Existe un mínimo de edad para el trabajo de menores de edad, pero Zambrano —de Care— explica que esto no quiere decir que no ocurra en la clandestinidad, en el abuso y el irrespeto. “Hay total invisibilidad. Solo puedes saber si ingresas al hogar y puedes hacer la constatación de que hay una niña trabajando”. Aunque ya no sea tan común que envían a niñas del campo a la ciudad para trabajar “puertas adentro”, las niñas siguen trabajando: “Las estadísticas no te revelan eso pero sí las historias de las compañeras que te dicen que tienen sobrinas, compañeras que ingresan cuando son muy chiquitas como una alternativa de sustento o independencia si es que viven mucha violencia en su hogar”. Como no existen cifras oficiales sobre el trabajo doméstico infantil, es casi imposible saber si es que realmente ha disminuido o no.
Que una niña trabaje tiene un costo demasiado alto para ella. Por un lado está no tener educación, no poder perseguir una carrera profesional distinta al trabajo doméstico. Y por otro están las cicatrices que deja ser vista como alguien que solo sirve para un trabajo por ser mujer, y que, por hacer ese trabajo, la denigren, la maltraten, la abusen. Hacer que una niña trabaje es minar su camino al futuro y dejarla estancada en el de los estereotipos. Es, sobre todo, negarse a entender que ninguna niña sueña con lavar tus platos.
Este reportaje es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de
Perpetuando la violencia contra las niñas, en corto
La nota que preparó En Corto, de Teleamazonas, por el Día Internacional de la Niña es una combinación de indolencia, estereotipos e ignorancia. También es una muestra de pésimo periodismo y la banalización y sexualización que permiten que las niñas sigan en riesgo en el Ecuador.
Desde hace siete años, el 11 de octubre es la fecha para visibilizar y exigir más derechos para un grupo doblemente vulnerable —por su edad y por su género. Pero el segmento de farándula y humor parece haber olvidado estas dos ideas básicas.
En el minuto y pocos segundos que dura la nota, la reportera Alejandra Boada —jean*, dos cachitos en el cabello, oso de peluche en mano— habla con una voz aguda (fingiendo ser menor de edad) y aborda a cuatro funcionarios públicos, a quienes llama “mis tíos de la política farandulera nacional”.
Primero se acerca al secretario nacional de comunicación Andrés Michelena. Le dice “tío Andy”. Él se ríe (reacción inmediata por su atuendo y tono de voz), le pregunta si es una niña y luego la felicita. Enseguida saluda a Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, a quien también le dice tío.
Más allá del vacío diálogo (nunca se menciona el motivo de la conmemoración a las niñas, ni se habla de sus derechos, ni nada de nada) el acercamiento (llamar tío a todo el mundo) es el más equivocado que se puede elegir: según manuales de prevención de abuso sexual infantil, los padres no deben obligar a sus hijos a tratar con cariño a adultos desconocidos, saludarlos con beso o decirles tíos. Pues en ese ambiente de confianza es donde se producen la mayoría de abusos. La nota de En Corto, consciente o inconscientemente (eso lo sabrán casa adentro), recurre de forma evidente a la fantasía sexual de una adulta vestida de menor de edad.
El programa degenera con dos encuentros más. Cuando llega a saludar al Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, él la mira dudoso, cuando ella dice que es una niña.
— ¿Niña?, pregunta Campana.
— Niñota, lo corrige la reportera, mientras mira a la cámara con un gesto de inevitable doble sentido.
— Niñota, feliz día de la niñota, continúa Campana.
La escena de un incómodo y desagradable coqueteo —de una supuesta niña con un adulto— no concluye la nota. Finalmente, la periodista le pregunta al ministro de Economía Richard Martínez si tiene hijas.
— Dos hijas maravillosas, responde Martínez.
—Hasta que le hacen suegro, dice Boada y regresa a ver a la cámara con una mueca.
Una respuesta y una mueca que ignoran que el 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casará antes de cumplir 15 años.
Una respuesta y una mueca que ignoran que en el Ecuador cada año 2700 niñas menores de 14 años quedan embarazadas y que esas son, según la ley, 2700 violaciones sexuales.
Una respuesta y una mueca que ignoran que el embarazo y el matrimonio de niñas es un problema real y que el Día Internacional de la Niña intenta denunciar estos problemas para que más niñas acaben la escuela y estén libres de violencia.
Ese círculo de violencia en el que seguramente sus madres, abuelas y bisabuelas han estado y que solo ellas, las niñas, cambiando el presente, podrán romper. La burla y la farándula no pueden ser argumentos para defender programas que denigran a las niñas. Programas como este crean narrativas equivocadas en los televidentes: es probable que la próxima vez que alguien hable del día de la niña haya un grupo de personas que lo único que recuerde es a Alejandra Boada con cachitos.
*En la primera versión de este texto decía que Alejandra Boada vestía un short jean. Hemos corregido la información porque lo que parecía un short en la pantalla era un jean con huecos, lo cual no cambia en absolutamente nada el análisis.
Seremos madres o no seremos
Cuando tenía once años Gaby fue violada por Alberto, su padre: en su cuarto, en la sala, en cualquier lugar de la casa donde nadie se diera cuenta. Su padre la golpeaba a ella y a su madre. Les decía que las iba a matar. Pero cuando Gaby le contó a su mamá sobre la violación, ella no le creyó. No es poco común en el Ecuador: según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec), a 1 de cada 3 víctimas de abuso sexual no les creen. Cuando Gaby quedó embarazada de su padre, su mamá tampoco le creyó. Cuando parió estaba terminando el quinto grado. Tenía apenas 12 años y un 60% de discapacidad mental. Su madre decía que era el hijo de un compañero de la escuela. Víctima de incesto, fue forzada a parir. Fue obligada a ser mamá. Y cuando intentó dar a su hijo hermano en adopción, un juez le negó la posibilidad.
No pasó mucho tiempo para que la escuela de Gaby se enterara del abuso y lo denunciara a la Fiscalía. La investigación previa duró dos años. Dos años en los que Gaby siguió conviviendo con su abusador, en la misma casa. Alberto fue llevado a juicio y sentenciado a 29 años de prisión por el delito de abuso sexual a una menor —el incesto como delito no está penado en Ecuador. A pesar de las pruebas, su madre siguió sin creerle a Gaby. Su casa ya no era un lugar seguro. Ella y su hijo, Adrián, fueron trasladados por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) a una casa de acogida en Quito. Pero las cosas no mejoraron mucho para Gaby ahí: su hijo era el recordatorio de la violencia que sufrió.
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Dos años después del nacimiento de su hijo, Gaby seguía sin quererlo. Sentía rechazo hacia él porque se parecía mucho a su padre. Las trabajadoras sociales y psicólogas de la casa de acogida escribieron en sus reportes que en las sesiones de terapia Gaby decía que quería darlo en adopción para que su hijo tenga un hogar donde lo cuiden mejor que ella, que en la escuela sus compañeros la molestaban diciéndole ‘señora’. Cuando le preguntaron cómo se sentía tener un bebé, respondió que no le gustaba, que ella no quería ser madre ni sabía lo que le pasaba. Ese rechazo a su maternidad comenzó a proyectarse en negligencia hacia Adrián: no le hacía caso cuando lloraba, no le tenía paciencia, lo maltrataba, no le daba el amor que el niño le pedía. Era una niña que no sabía cómo ser mamá. La niñas no tienen por qué saberlo. Las trabajadoras sociales y psicólogas de la casa de acogida solicitaron judicialmente la separación de Gaby y su hijo. Pero el juez la negó: dijo que no podía irse en contra del concepto de familia consagrada en la Constitución y separar a una madre de su hijo .
El juez que ordenó que Gaby fuese a terapia psicológica para que pueda “superar el posible trauma psicológico y propender que la madre acepte a su hijo”. Según Mayra Tirira, abogada de Gaby, la decisión y la voluntad de Gaby quedaron completamente anuladas. “Es una maternidad forzada”. Como si querer ser mamá es un afecto que se pudiese generar por orden judicial.
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La tragedia de Gaby y Adrián empezó mucho antes de que ambos pisaran este mundo: a finales de la década de 1980, hubo denuncias de que niños ecuatorianos eran entregados en adopción a extranjeros sin seguir el proceso de adopción establecido en la ley: llegaba un gringo, le entregaban al niño y se iba.
En paralelo, crecía el número de denuncias de niños desaparecidos a manos de una banda que los secuestraba y los vendía fuera del país al mejor postor. Para detener la trata, el Congreso ecuatoriano aprobó una propuesta de reforma al código de la niñez impulsada por el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES), la organización sin fines de lucro Defensa de los Niños Internacional y Unicef. La reforma prohibía la adopción directa con tres excepciones: cuando el niño era adoptado por sus familiares, por el cónyuge del padre o la madre, o cuando había estado bajo cuidado de la persona en acogimiento familiar por más de dos años. “La idea es que los niños entran al programa nacional de adopciones para que sea este programa el que encuentre la mejor familia para el niño”, explica el abogado Farith Simon. “Pero la formalidad no significa que se respeten los derechos de los niños. En Ecuador se ha reemplazado la esencia por la forma”. Por seguir las reglas establecidas, se ha olvidado el objetivo principal de garantizar el derecho de los niños a tener un hogar donde sean cuidados, protegidos y respetados.
Desde la reforma de finales del siglo pasado, dar en adopción a un niño en Ecuador es un proceso más largo y, a veces, tedioso. Un niño o adolescente puede ser declarado ‘en adoptabilidad’ en cuatro circunstancias: si está en orfandad, si es que es imposible determinar quiénes son sus padres o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, si sus padres han sido privados de ejercer sobre él la patria potestad (derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos para su desarrollo integral), o por consentimiento del padre, la madre o ambos (si es que no han sido privados de la patria potestad). Una vez que un niño o adolescente está en una de estas circunstancias, las Unidades Técnicas de Adopciones manejadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los jueces de Niñez, Familia y Adolescencia siguen un proceso para que el niño sea declarado apto para ser adoptado. El recorrido que se escribe tan breve en papel, en la realidad puede tardar meses, años, y los procesos no siempre funcionan sin fallas.
Si una mujer o una niña quiere dar a su hijo en adopción debe ir a la Unidad Técnica de Adopciones y decir que no quieren cuidarlo. Ahí, se supone, le dicen que el proceso no es revocable, el niño recibe una medida de protección —ordenada por un juez para evitar que sus derechos sean vulnerados— y es llevado a una casa de acogida. Según la directora de adopciones del MIES, Indira Urgiles, la madre solo tendría que presentarse dos veces para que el proceso avance: cuando se da el consentimiento para la adopción y en una audiencia en la debe ratificar su decisión ante el juez.
Si la mujer ratifica, el juez puede ordenar la reinserción familiar, e intentar que los familiares cercanos y lejanos cuiden al bebé. Este proceso ocurre porque, según la declaración de los principios para la protección y bienestar de los niños en adopción de las Naciones Unidas de la que es parte el Ecuador, la prioridad del Estado es que los niños estén a cargo de sus padres. Para la abogada de de Gaby, Mayra Tirira, esto es “gravísimo porque si tú lo quieres dar en adopción es porque tu no quieres ver al niño”. Según el MIES, hasta junio de 2018 se lograron 330 reinserciones familiares a nivel nacional. Todavía hay más de 2 mil 200 niños en proceso. Cuando los familiares no responden a la reinserción de forma positiva, y no hay las condiciones necesarias para que un niño pueda desarrollarse en ese entorno, el Estado declara la privación de patria potestad y el niño es declarado ‘adoptable’.
Los intentos de que la reinserción funcione puede tardar meses o años. “Nos demoramos mucho en darnos cuenta de que una familia no responde a restituir los derechos de los niños entonces son intentos fallidos tras fallidos de reinserciones familiares”, dice Urgiles.
Según el abogado Simon, como los jueces no confían lo suficiente en el trabajo previo que se realiza en las casas de acogida hay muchos retrasos. Además, dice que como los jueces son de ‘niñez, familia y adolescencia’, los asuntos de niñez son menos importantes. “En un divorcio es dos adultos disputando, pero en el caso de protección de niños no hay quiénes empujen esos procesos”, explica el abogado. “Entre la desconfianza en el sistema y falta de prioridad de los casos de niñez y adolescencia hace que esto sea un nudo, una traba”.
Mientras dura el proceso para la declaratoria de adoptabilidad, la mujer o niña sigue al cuidado del bebé, obligada a cuidarlo, siendo ignorada en su deseo de no hacerlo. “La ley de adopción está diseñada para que la madre en algún momento decida quedarse con su hijo”, dijo Virginia de la Torre sobre este proceso en una entrevista en GK. Dice que es brutal: no solo es violencia para la mujer sino para el niño que espera por un hogar.
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Gaby no está sola: como ella hay dos mil setecientas niñas menores de 14 años son embarazadas cada año. Según la ley ecuatoriana, cualquier relación sexual con una menor de catorce es una violación. Ninguna de ellas podía abortar porque está penalizado en Ecuador. Tampoco podían dar en adopción a sus hijos antes de que nazca porque tampoco está permitido. No les queda más que parir y hacerse cargo de un niño que nunca quisieron.
La directora de adopciones del MIES, Indira Urgiles, acepta que hay dificultades en el proceso. Ella dice que son necesarias varias reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en especial a cómo se aplica la reinserción familiar porque “debería existir una excepcionalidad en los casos en los que haya sido producto de violencia sexual”. Además, considera que debe haber un número límite de intentos con los familiares para que el proceso no se demore tanto. Cuando le hablé del caso de Gaby, respondió que se debería dar la “supremacía del interés superior del niño y en este caso al niño debería asegurarsele una familia”. Agregó que la reinserción no funciona si es obligada. Es exactamente lo que pasa con Gaby.
A pesar de las terapias ordenadas por los jueces, Gaby seguía rechazando a su hijo. Lo ignoraba, lo maltrataba, le gritaba. Después de un año, Gaby ahorcó a su hijo porque no paraba de llorar. La casa de acogida solicitó al juez que se revise la negativa de la separación. A comienzos del 2018, el juez aceptó separarlos temporalmente, no sin antes decir que “el Estado garantiza y protege a la familia como célula fundamental de la sociedad”. Adrián fue enviado a una casa de acogida diferente y Gaby se quedó en la que estaba. Todo mejoró para ambos.
Gaby estaba mejor sin Adrián, ni siquiera preguntaba por él. Se sentía libre, más relajada, contenta. Adrián también estaba mejor: cuando estaba con su mamá se ponía tenso y retraído pero lejos de ella, era más alegre y relajado. Era evidente que la separación es lo mejor para los dos. Pero llegó el día de la última audiencia a finales de agosto y el juez no les concedió la separación definitiva. “El día de la audiencia Gaby estaba nerviosa, y cuando el juez le preguntó, ‘¿quieres ver a tu hijo?’, ella dijo que sí porque se sentía presionada y confundida”, explica la abogada Tirira.
Esa única respuesta bastó para que el juez ordene visitas entre Gaby y Adrián. Dijo que “no separaría a una madre del seno de su hijo”, y que no le habían puesto suficientes informes de que fuese necesario. Ignoró todo: los maltratos, la negligencia, los reportes de las psicólogas que confirmaban que los dos están mejor separados, los deseos constantes de Gaby de darlo en adopción.
El problema, según Tirira, es también que la maternidad es glorificada en el Ecuador. La ley vigente y las decisiones que toman los jueces lo demuestran. Una mujer (o niña) es madre antes que nada más. Por su discapacidad mental, Gaby recibe el bono de desarrollo humano. Pero el dinero era cobrado por su padre. Cuando él fue a la cárcel, por su madre. No le daban nada a Gaby por lo que, en la misma audiencia, Tirira solicitó que se le entregue directamente a Gaby. El juez dijo que no porque seguía siendo menor de edad. “No puede cobrar el bono porque es una niña pero no es una niña para ser madre”, dice Tirira. Ahora están buscando qué estrategia utilizar para que Gaby y su hijo puedan acceder a una reparación integral.
La imposición de la maternidad en Ecuador sucede casi a diario. No importa si es una niña de 11 años, como Gaby, víctima de incesto, o si es una mujer pobre de 40 años que no puede mantenerse sola. Si quedamos embarazadas, el Estado nos obliga a ser madres: no podemos abortar de forma segura, si abortamos vamos a prisión, y si queremos dar en adopción, los procesos son tan enredados que el simple paso del tiempo nos obligará a llevar esa maternidad. La realidad que nos obliga a ser madres. Como Gaby. Como las más de dos mil niñas que son madres cada año en Ecuador. Seremos madres o no seremos.
*Los nombres de Gaby, su padre y su hijo son nombres protegidos.
COBERTURA
HACIA LA ALCALDÍA DE QUITO 2019
Natasha Rojas: “Las administraciones zonales no pueden seguir siendo botín político”
Natasha Rojas suele aparecer en plantones o protestas de distinta índole: por la libertad de los llamados 10 de Luluncoto, por los periodistas secuestrados, por las firmas falsas registradas a nombre de varios partidos en el Consejo Nacional Electoral. Fue dirigente estudiantil en el colegio y luego en la universidad. Es más bien menuda y sonriente. Tiene el cabello oscuro corto y rizado, aunque a veces lo alisa. Me recibe, media hora tarde y prolijamente vestida con una traje sastre blanco y una blusa roja, en la sede del MPD de Quito, en la que cuelga un gran cartel que dice Unidad Popular, el nombre que adoptó luego de que el Consejo Nacional Electoral, le retirara su personería jurídica en septiembre de 2014.
Ahora el MPD ha recuperado su personería jurídica. Sin embargo, durante el período en el que fue suspendido, sus simpatizantes crearon Unidad Popular. Entiendo que a las elecciones seccionales participarán con esta organización. Cuéntenos un poco de eso.
En primer lugar, estamos muy contentos de que el Consejo Nacional Electoral transitorio devolvió su personería jurídica al Movimiento Popular Democrático. Se ha demostrado que fue la acción que se la quitó fue ilegal, inconstitucional, arbitraria. Sin embargo, en las elecciones de 2019 vamos a participar con Unidad Democrática lista 2, y posteriormente discutiremos el proceso de fusión de las dos organizaciones políticas.
Sin embargo, los líderes son los mismos que lideraban el antiguo MPD, ¿no?
Hay variaciones. La dirigencia de Unidad Popular está básicamente integrada por jóvenes: Geovanny Atarihuana, Sebastián Salazar, Natasha Rojas, Sebastián Cevallos, entre otros. Y el MPD tiene sus dirigentes también: Luis Villacís, Ciro Guzmán, Gustavo Terán.
¿Los antiguos?
Sí, nosotros hemos siempre hablado de la vinculación de la experiencia y la juventud para lograr cambios importantes.
Uno de los cuestionamientos que se hacen al MPD es que hace varias elecciones no logran ganar sus candidatos. ¿Cree realmente que tienes posibilidades para las próximas seccionales?
Durante todo este proceso ha existido una persecución política a las organizaciones sociales y políticas que hemos luchado por la democracia, por la libertad y por los derechos de los ecuatorianos. En nuestra organización tenemos a una de las mejores prefectas del Ecuador, que es Lucía Sosa, de Esmeraldas. Allí queda demostrado nuestro modelo de gestión y las políticas a implementarse desde lo local.
Lucía Sosa ha sido duramente criticada también. Todavía Esmeraldas sigue en una situación precaria.
Ella ha sido Prefecta de la provincia de Esmeraldas, son distintas las competencias del Consejo Provincial a las competencias de los municipios. En lo que significa desarrollo rural, productivo y las competencias que le corresponden ha tenido una gestión muy importante —tanto es así, ahora que es candidata a la Alcaldía de Esmeraldas, tiene una intención del voto del 75%.
Hay más de treinta precandidatos a la Alcaldía de Quito, ¿usted cree realmente que tiene posibilidades?
Más allá de ver esa posibilidad, respeto a todos los candidatos y me pregunto qué tipo de ciudad queremos y qué modelo de gestión debemos implementar en nuestra ciudad. Nosotros partimos de un hecho: necesitamos que Quito sea una ciudad más humana, moderna, eficiente, productiva, linda, ordenada, segura, con oportunidades para todos y todas, una ciudad inteligente. Si queremos esta visión de ciudad, significa que hay que discutir el modelo de gestión.
Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito y el modelo de gestión tiene que estar basado en el ser humano, en el quiteño, la quiteña, en la naturaleza y los animales; no en el capital, como ha sido la trayectoria de los últimos años en el Municipio de Quito. Eso significa un sinnúmero de reformas para recuperarle al municipio de la inoperancia de la corrupción. Necesitamos que en Quito sea una realidad el estatuto autonómico para que tenga más competencias la municipalidad y adicionalmente, que se implementen en nuestra ciudad las alcaldías menores como Lima, como Bogotá porque hay que entenderle a Quito como a una ciudad de ciudades: una realidad es la del centro, otra, el sur; otra el norte; incluso entre los valles. Entonces se requieren micro planificaciones entorno a una matriz central.
El otro aspecto en el ámbito institucional. necesitamos que las administraciones zonales cambien de visión. Primero, que los administradores vivan en la zona, que conozcan la realidad del sector; segundo, que sean elegidos de una terna presentada por el Alcalde de Quito al Concejo Metropolitano, que exista un Concejo Zonal integrado por los dirigentes barriales, sociales, deportivos de esa zona para que definan las políticas públicas que deben ser implementadas. Es decir, administraciones descentralizadas, eficientes y con transparencia.
Claro, pero no me ha respondido a mi pregunta. ¿Cree que puede llegar a ser Alcaldesa de Quito?
Nosotros creemos que es posible. Hemos hecho el lanzamiento de una precandidatura a la Alcaldía de Quito. Hacemos un llamado a los ciudadanos, a las distintas organizaciones sociales y políticas para trabajar entorno a un proyecto de ciudad, no a nombres.
Lo más importante para que exista gobernabilidad es que todos caminen en base a la misma propuesta. Hemos estado conversando con varios actores políticos candidatos a la Alcaldía y en su momento informaremos la decisión que, como UP, hemos tomado.
Rojas fue dirigente estudiantil desde el colegio. Fotografía de José María León para GK.
A Natasha Rojas se le nota la militancia en organizaciones sociales y barriales. Habla de los barrios populares de Quito con mucha soltura como quien los conoce más allá de un recorrido obligado para intentar ganar unos votos durante la campaña política.
Me suena a que puede haber alianzas.
Si queremos recuperar a Quito, necesitamos dos alianzas: una, con el pueblo de Quito y, en segundo lugar, con los actores políticos.
En las entrevistas a precandidatos que hemos hecho hasta el momento es que suelen tener visiones similares. Usted habla de una ciudad más humana, igual que Daniela Chacón; habla de la importancia del estatuto autonómico, igual que César Montúfar. ¿Hay la posibilidad de que converjan en algún punto y, en lugar, de que haya tantas candidaturas puedan darse alianzas basadas en esas visiones comunes?
Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo. Lo importante es dejar de lado los intereses de determinados sectores por los intereses de Quito. En este momento Quito necesita de sus ciudadanos.
Una sola persona no va a poder hacer todos los cambios que requiere Quito; el alcalde tiene dos manos pero en Quito hay 5 millones de manos porque somos dos millones y medio de habitantes y todos debemos trabajar para recuperar Quito. Uno de los ejes que me interesa mucho es la participación ciudadana entendida como la planificación, la toma de decisiones y el control de las autoridades. Con la participación ciudadana vamos a lograr un mayor desarrollo de la ciudad.
Y en ese marco, ¿habría la posibilidad de declinar su candidatura?
Todo por Quito. Estaríamos dispuestos a aquello, todo por mi ciudad.
El MPD, ahora Unidad Popular, fue una de las organizaciones que inicialmente apoyó al correísmo. En las elecciones de 2017, su partido inicialmente apoyó a Paco Moncayo, de la ID pero en la segundo vuelta llegó a pedir a los simpatizantes que voten por Lasso, un candidato de derecha. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente?
Yo soy una mujer humanista, una mujer demócrata y de izquierda. Siempre he desarrollado mi actividad en una sola línea política. Yo soy de las pocas personas que se ha mantenido por un solo andarivel.
Tengo 43 años, empecé a desarrollar acción social cuando tenía 14 años: son 29 años de mi vida que he estado vinculada a las organizaciones sociales, populares, a fundaciones, a colectivos de derechos humanos, de mujeres, de animalistas, ambientalistas. Es decir, toda una vida de servicio a la colectividad y eso me ha permitido conocer la ciudad de Quito, conocer los sueños y los intereses de los quiteños.
Además soy docente universitaria y eso me ha permitido conocer también a los jóvenes.
Con la otra precandidata, Daniela Chacón, conversábamos sobre lo poco que se ve a mujeres candidatas a cargos ejecutivos. ¿Cómo ve la posibilidad de ser la primera alcaldesa mujer?
Creo que todavía nuestra ciudad tiene actitudes patriarcales, misóginas, que no han permitido el desarrollo de las mujeres para los cargos ejecutivos. Sería muy importante que una mujer ocupe un cargo así, somos el 51% de la población.
En mi caso soy mujer, madre, jefa de hogar: eso me da otras características para entender la realidad de otras personas. Soy parte del movimiento de mujeres, conocemos la problemática sobre discriminación, temas de violencia.
Cuando hablamos de un municipio más humano también hablamos de un municipio que trabaje por las mujeres, por los LGBTI, por los sectores vulnerables. No es posible que a quince minutos de la Marín te encuentres con calles que no están pavimentadas, que a 30 minutos del centro de la ciudad haya barrios sin agua potable. Sí son pocos, pero esas son las prioridades que debe tener la administración municipal.
Otra cosa que usted menciona mucho es el tema del transporte. Usted es contraria al alza del pasaje del transporte público. Allí menciono a otro precandidato, Juan Carlos Holguín. Él decía que hay mafias que han gobernado el Municipio y hacía referencia al gremio de los taxistas. ¿Cree que hay esas mafias o que los transportistas están organizados como mafia?
Natasha es una mujer de palabra que hace lo que dice. En el ámbito de la movilidad tengo una característica distinta al resto de candidatos: soy usuaria del sistema de transporte público en la ciudad de Quito. A mi no me han contado, yo lo he vivido: siga para atrás que está vacío, atrás hay asiento, quítese de ahí, no estorbe, súbase mamacita, etcétera, etcétera. He visto cómo no paran los buses a los niños, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad.
Necesitamos trabajar en un sistema de transporte público masivo de calidad que cumpla cuatro parámetros inmediatamente: comodidad, seguridad, calidad y rapidez. Si mejoramos el sistema de transporte público, quienes tienen autos particulares van a dejar sus autos, va a fluir la circulación y va a reducir la contaminación.
“Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito”, dice Rojas. Fotografía de José María León para GK.
Hoy, uno de los ejes en la movilidad es el metro pero tiene que estar acompañado de un sistema integral de recaudo, un sistema integral de transporte, una reorganización de rutas y frecuencias. Hay barrios que a partir de las siete de la noche ya no tiene transporte hacia allá, le pongo ejemplos: Cristo Rey, San Juan, Caupicho. Necesitamos trabajar en la señalética para evitar los accidentes de tránsito, en campañas fuertes de educación vial. Yo no comparto que se llame paso cebra, debemos llamar zona exclusiva de peatones, que entiendan quienes manejan que esas rayas que están en las calles son de los peatones.
Necesitamos una planificación urbanística de las paradas: qué va a haber en las paradas, qué negocios se va a implementar, cómo contribuimos con negocios, emprendimientos, a la generación de fuentes de empleos para la ciudad.
Suena muy bien lo que usted dice pero parece que esas propuestas se quedan siempre en el papel. Son intentos que se han tenido ya anteriormente y regreso a lo que le decía hace un momento: estas negociaciones con los transportistas han sido un dolor de cabeza incluso para gobiernos nacionales. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Usted cree que ahí hay una mafia o cómo ve usted esa situación?
Existe una mafia en el sistema de transporte y esa mafia está también en el Municipio de Quito.
Dos concejales con grilletes por sobornos a los transportistas de esta ciudad. Si yo fuese alcalde de Quito yo hubiese iniciado un proceso de revocatoria, de destitución de esos concejales y de igual manera si yo estuviese en el Concejo Metropolitano.
Es posible y no se queda solo en los papeles pero es únicamente posible cuando usted vive los problemas del transporte, no cuando se ha subido a un bus para tomarse una foto y subir a las redes sociales; es posible cuando usted, cuando su familia, cuando su hijo, vive la realidad del sistema de transporte.
Yo creo en una tarifa socialmente justa y lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre: una tarifa justa para los ciudadanos y justa para los transportistas. No estamos en contra de los transportistas pero sí les decimos: calidad primero y luego discutir la tarifa de transporte. No puede ser al revés porque ese siempre ha sido el cuento: aumentan los pasajes y mejoramos la calidad. Ahora no. Pero hay cosas que no requieren ni un centavo de inversión.
Un modelo de gestión empresarial en el sistema de transporte. ¿Responsabilidad de quién? Del Municipio. En la recolección de la tarifa de transporte hay una evasión de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento que no llega al dueño final pero adicionalmente, para definir la tarifa de transporte este municipio ha incumplido porque deben ser convocados, de acuerdo a la Ley, los usuarios, el municipio y los transportistas, lo cual no se ha cumplido porque se caen en los chantajes de un grupo de transportistas que luego les financian las campañas electorales.
Hay una capacidad de presión importante allí, cualquier persona que llegue a la Alcaldía va a tener esa dificultad en cuanto a la negociación.
El transporte público, como en otras ciudades del mundo, debe municipalizarse.
¿Qué quiere decir con eso?
Que el Municipio sea el responsable, que el Municipio sea el que compre las unidades, que el Municipio sea el responsable del servicio que nos dan a los ciudadanos.
¿Es decir que no sean cooperativas privadas?
Que no sean cooperativas privadas y si cumplen los parámetros bueno, que sean cooperativas privadas pero si no cumplen, el Municipio debe asumir esa responsabilidad.
Basta de chantajes porque en esta ciudad, muchas personas han muerto por el pésimo servicio de transporte. Perdemos entre dos y cuatro horas al día en la movilización.
El otro día me fui a visitar a la mamá de una amiga que está con cáncer en Caupicho. Desde la Universidad Central hasta Caupicho me demoré una hora y cuarenta y cinco minutos y eso es lo que vivimos todos los días los ciudadanos.
Desde que inició la entrevista, una mujer acompaña a Natasha Rojas. Llegaron juntas y ella se acomodó en el escritorio del fondo de la oficina en la que nos atendieron. En este punto de la conversación, se levanta y con el celular, empieza a grabar parte de la entrevista. Natasha se distrae brevemente, pero continúa, sin perder el hilo de lo que dice.
Hay un cuestionamiento también al presupuesto que tendrá el próximo Alcalde. Se ha dicho que es un presupuesto que complicará ejecutar algunas de las propuestas que tienen.
Hay problemas presupuestarios muy serios por apostarle a una sola gran obra que ha sido el metro. De cada 100 dólares que tiene el Municipio de Quito, 60 se van en el metro y 40 dólares en salarios de los trabajadores que justamente se lo han ganado y para inversión en los barrios.
Cuando hablamos de una ciudad más humana, hablamos que esto se ejemplifique en el presupuesto. En la administración pública se hace lo que está escrito en el presupuesto. Hay que redefinir los presupuestos participativos en Quito. Hay una contabilidad social que no se toma en cuenta.
¿Cuánto representa el trabajo de la población en mingas y otras actividades que se desarrollan en los barrios? Hay que actuar con madurez, cabeza fría y experiencia para afrontar los problemas de Quito.
Quito vive una crisis institucional, producto de la inoperancia y la corrupción, en una crisis presupuestaria, producto de la improvisación y desconocimiento y una crisis de infraestructura: calles, recolección de basura, entre otros aspectos.
La semana anterior se reunió el Concejo Metropolitana para discutir la reforma presupuestaria. El Alcalde presentó una propuesta que disminuía recursos en áreas de educación, salud, etcétera. Los concejales presentaron una propuesta que reducía el presupuesto en los Guagua Centros.
A ninguno se le ocurrió plantear reducir los recursos en publicidad y propaganda que solo de la administración central son 7 millones de dólares y en el conjunto del Municipio, 20 millones.
¿En qué período?
Anualmente. Ahí, por ejemplo tienes un margen de recursos que debe ser invertido en el ámbito social si tienes una visión humana y de atender las necesidades prioritarias de la población.
Ahora que menciona el tema de los funcionarios públicos en el Municipio y las empresas municipales. ¿Usted cree que es adecuado el número de trabajadores que hay?
Primero hay que discutir qué elementos de carácter social y de infraestructura atiende el Municipio de Quito. El Municipio atiende la entrega de agua potable, tiene 20 instituciones educativas municipales como el Benalcázar o el Fernández Madrid, tiene instituciones de salud como el Patronato San José que antes era de una calidad extraordinaria. Es decir, hay varios proyectos de carácter social que requieren de personal.
Es necesario un proceso de reingeniería del municipio, optimizar el recurso humano garantizando su estabilidad, pero si hay funcionarios municipales que no cumplen los objetivos de la institución, se deberá discutir con ellos. Necesitamos que los funcionarios municipales se sientan motivados para entregar un mejor servicio a la colectividad.
Otro asunto que ha generado polémica en esta administración es el Concejo Municipal, como usted lo mencionaba hay dos concejales procesados por la justicia. ¿Cómo van a conformar sus listas, quizás habrá alianzas con otros partidos para tener gobernabilidad?
Tan importante es el alcalde como los concejales para tomar decisiones. Todas las decisiones en el municipio se toman a través de ordenanzas; este concejo metropolitano es corresponsable de la crisis que vive Quito, no pueden hacerse a un lado. Deben cumplir sus funciones, legislar a través de ordenanzas y fiscalizar a la máxima autoridad, en este caso al alcalde. Considero que no deben cumplir funciones de carácter administrativo porque eso les quita neutralidad frente a los procesos de fiscalización. El alcalde es el administrador, los concejales son los legisladores.
Natasha Rojas tiene 43 años y es administradora pública. Imagen de José María León para GK.
Si usted llegara a la Alcaldía, ¿reorganizaría eso? Incluso algunos precandidatos hablaban de Quito Honesto como un ejemplo de lo que no funciona para fiscalización pues su cabeza es nombrado por el alcalde.
Es terrible. Quito Honesto tiene un presupuesto anual de cerca de un millón de dólares y no han hecho absolutamente nada para prevenir la corrupción y para implementar procesos de investigación de hechos que son de conocimiento público.
Los concejales deben cumplir sus funciones: legislar y fiscalizar y el alcalde, con liderazgo, debe hacer cumplir cada una de las competencias. Las administraciones zonales no pueden seguir siendo troncha, no pueden seguir siendo botín político: yo voto por tu proyecto si me entregas esta administración zonal, yo te apoyo si me entregas esta administración zonal.
Natasha se expresa mucho con sus gestos. Usa lentes pero a través de ellos, se puede ver sus ojos ir y venir, abrirse y cerrarse. No mueve las manos, no alza la voz. A veces parece más concentrada en sí misma cuando da las respuestas. Otras veces, hace una pausa, como para recordar que está en una entrevista y que debe ser concreta.
¿Y eso ha ocurrido en este período?
Eso ha ocurrido en este período, tanto es así que Quitumbe ha tenido ocho administradores en cuatro años: eso significa que no hay un proyecto a largo plazo. Un proyecto de planificación y ordenamiento territorial tiene la administración central y, como los administradores zonales obedecen a distintos concejales, hacen cosas totalmente distintas a las establecidas en los parámetros centrales, lo que no permite tener un proyecto a largo plazo.
¿Y a quién han terminado respondiendo estas administraciones zonales? ¿A los partidos políticos de los concejales?
A los partidos políticos de los concejales que han recibido eso como parte del gran reparto y de la troncha y no han respondido a los intereses de la ciudad. Las administraciones zonales tienen que ser instancias de puertas abiertas. Ándate tú a cualquier administración zonal, no puedes hablar con el administrador porque abajo tienes un guardia privado que se ha contratado y no puedes ingresar. Tienes que pedir audiencia, a veces.
Hablar con algunos administradores está más difícil que hablar con el alcalde. Esa realidad con Natasha Rojas va a cambiar.
¿Usted ha intentado hablar con administradores zonales?
Yo, permanentemente desarrollo actividades con los barrios, he estado muy vinculada a la organización barrial en la ciudad de Quito.
Y a través de esas organizaciones, ¿ha sido difícil acceder a los administradores zonales?
Sí. Hay administradores zonales que te dicen: tú, como tienes otra tendencia política, nosotros no te podemos atender. Están equivocados.
Al momento que uno llega al municipio de Quito, tiene que sacarse la camiseta de su organización política y ponerse la camiseta de la honestidad, el trabajo y el amor por Quito.
Otro de los temas que se ha discutido mucho sobre quien gane la alcaldía es este de retomar el rol político que ha tenido Quito como capital. Históricamente Quito ha tenido una participación política muy fuerte, sobre todo en cuanto a cuestionar a los gobiernos nacionales. Desde distintos sectores se ha cuestionado que Quito ha perdido este rol en los últimos años. ¿Cree usted que Quito debería retomar ese rol?
Quito siempre ha sido una ciudad que tenía liderazgo. Sus modelos de planificación, sus modelos de desarrollo local eran tomados en cuenta en otros municipios en el país. Hay que recuperar el liderazgo.
¿Qué ha pasado en estos años? El expresidente del Ecuador le gritó al alcalde Barrera que no debía cambiarle el nombre al nuevo aeropuerto de Quito, Barrera agachó la cabeza y obedeció.
En la actualidad, el gobierno le debe varios millones de dólares en transferencias presupuestarias a la ciudad y el actual alcalde no dice absolutamente nada. Eso es no tener liderazgo.
Hay que tener una buena relación con el gobierno nacional pero hacer respetar los intereses de Quito. Primero Quito, luego los otros aspectos. El liderazgo lo ganas cuando eres honesto, cuando tienes capacidad, cuando tienes experiencia y tienes el apoyo de Quito.
Usted decía que la persona que llegue a la Alcaldía de Quito debe quitarse la camiseta de su partido. ¿Quiere decir eso que si usted llegara, dejaría de responderle a su partido?
Yo voy a responderle al pueblo de Quito, a las necesidades que tiene Quito y a construir una ciudad con todos los actores: los sectores populares, el sector empresarial, porque todos construimos ciudad.
Uno de los aspectos fundamentales es la generación de empleo a través de distintas iniciativas. En la actualidad hay un sinnúmero de trámites en ConQuito: la ciudadanía no encuentra el respaldo del Municipio para realizar sus proyectos.
Ahora un gran porcentaje de la población, sobre todo jóvenes, han incursionado en emprendimientos, pero de cada 10, 8 quiebran a los dos años porque no son producto de un estudio, porque no son producto de una investigación ni atiende a las demandas del mercado. ConQuito debe asesorar a los ciudadanos que tienen proyectos de emprendimiento y crear una bolsa de incentivos para estos emprendimientos. Hay recursos, en vez de malgastarlos, se deben usar en proyectos de emprendimiento.
Natasha Rojas tiende a evadir algunas preguntas, quizás más por la efervescencia con la que habla de sus ideas que por una voluntad de esconder respuestas.
De todos modos no me ha respondido la pregunta. El elector vota por Natasha Rojas pero también vota por Unidad Popular. Entonces cuando usted llega a la Alcaldía, su equipo será probablemente de UP y habrá algunos lineamientos del partido que también, es posible, que sean respetados durante su gestión.
Yo ahí tengo una propuesta y es la propuesta de UP, que la recogimos en seis meses en visitas a barrios y la denominamos Juntos Transformemos Quito. Los ciudadanos nos decían cuáles son sus aspiraciones y sus sueños.
El equipo que me acompañe en el Municipio de Quito será un equipo técnico de primer nivel. El 50% de los funcionarios de libre remoción será con los propios funcionarios municipales que tienen experiencia, que conocen la realidad de Quito y el otro 50% será con técnicos que pueden contribuir con una visión distinta al desarrollo de la ciudad. No habrá imposición de nadie y se trabajará por la ciudadanía y se recogerán los mejores criterios ciudadanos.
¿Y las cuotas políticas de la campaña?
En nuestra organización no nos manejamos por cuotas políticas de campaña. En nuestra organización nos manejamos a través de objetivos que nos planteamos y de recoger a las mentes más lúcidas para poder gobernar. Esa es la diferencia que tenemos con otros sectores.
Otra de los temas importantes, incluso en esta etapa de precampaña, es sobre el financiamiento de su campaña. ¿Quién le va a financiar? ¿Cómo llega sin financiamiento o cómo evita que el financiamiento se convierta después en cuota política?
No habrá financiamiento del gran capital. No habrá financiamiento de Odebrecht. Yo, Natasha Rojas, fiscalizaré la obra del metro, los grandes proyectos y los pequeños proyectos. No se despilfarrarán los recursos. Varias personas han acudido a nosotros diciendo que quieren contribuir en distintos ámbitos en la campaña electoral. Hay tantas cosas por cambiar en nuestra ciudad. Todos los días martes escucho a los ciudadanos sus opiniones a las ocho y treinta de la noche, a través de Facebook Live. Ayer estaba conversando con destacados dirigentes barriales y ellos decían que en Quito hay aproximadamente 400 canchas deportivas y que a 50 se les ha entregado césped sintético, las otras no tienen baños ni infraestructura ni nada. Esa realidad debemos cambiar.
“El transporte público debe municipalizarse”, Natasha Rojas. Fotografía de José María León para GK.
Alrededor de los grandes centros comerciales encuentras grandes obras. En el Centro Comercial El Bosque, un puente a desnivel, en el Quicentro Sur un gran redondel para que ingresen rápidamente los autos; en el Quicentro se tomaron parte de la vía, no importa el tráfico con tal de que haya un boulevard y permita el ingreso rápido a quienes compran. Están bien esas obras pero deberían ser pagadas por quienes se benefician y no por la colectividad.
Nosotros creemos que también es fundamental la atención a los sectores populares. Yo soy madre y por eso digo que los Guagua Centros tienes que ser fortalecidos y tienen que crecer porque benefician a la mujer del pueblo, a la madre trabajadora que sale en la mañana y regresa en la noche, dejando a sus niños ahí. Pero hemos dicho, necesitamos pasar de los Guagua Centros a los Guambra Centros porque en los centros de desarrollo infantil los tienes a los niños hasta los cinco años, luego van a la escuela y al colegio y toda la tarde pasan solos, sin ningún acompañamiento. Si tuviésemos guambra centros tendríamos la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios en donde van a ser asesorados en el ámbito educativo, psicológico, de recreación, etcétera. Eso es pensar en una ciudad más humana.
Suavemente, evita la confrontación. Usa los mensajes que quiere posicionar para volver a evadir preguntas. Sonríe mucho, suaviza su voz y su elocuencia demuestra que los años en política le han enseñado a responder lo que quiere, no lo que le preguntan.
Usted ha mencionado dos cosas: que trabajará por una ciudad que se concentre en el ser humano y no en el capital y dijo también que trabajará con las mentes más lúcidas. Me recuerda un poco al discurso de Rafael Correa, y yo sé que usted ha sido una dura crítica del expresidente pero ¿no cree que este discurso de la izquierda se desgastó precisamente por estas figuras que propusieron un tipo de gobierno y luego se fueron por otro rumbo?
De ninguna manera, no utilicemos el término lúcido, digamos que trabajaré con aquellos hombres y mujeres que tienen propuestas. Yo, por ejemplo, admiro en el ámbito del urbanismo a Fernando Carrión porque creo que es uno de los mejor urbanistas que tiene la ciudad.
En ese mismo ámbito, en la Universidad Central, en la Universidad Católica, tú tienes académicos que saben lo que hay que hacer en Quito. Si tú eres inteligente, te juntas a personas que son inteligentes y te permiten que tu proyecto se desarrolle en mejores condiciones.
Pero usted se guía por una ideología de izquierda según me dijo al inicio, ¿no?
Sí, una ideología de izquierda que te plantea una cosa: pensar en el ser humano como primer aspecto. Hay que disminuir las brechas, las diferencias. Hay que dar oportunidades a quienes no las tienen; trabajar en una ciudad que piense en los hombres, mujeres, LGBTI, niños, jóvenes, en las personas con discapacidades.
Usted mencionaba que lleva 29 años en política. Cuando mira su recorrido, ¿puede identificar errores?
Yo me siento más bien feliz. Cuando voy a los barrios a mi no me dicen doctora, bienvenida, sino me dicen niña Natashita, señorita Natasha. Cuando me dicen así me siento tan contenta porque hay una parte importante de la población que me vio crecer. Yo me incorporé jovencita al consejo estudiantil del colegio Consejo Provincial de Pichincha en Solanda, luego en la universidad, luego en los barrios, he estado relacionada con los trabajadores autónomos —es decir, con distintos sectores.
Me siento contenta de lo que he hecho y pienso que puedo servir muchísimo más desde el Municipio de Quito. No me arrepiento de absolutamente nada, y si hay algo que revisar en el desarrollo de la vida, con madurez hay que revisar porque los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Lo importante es el servicio.
Recuerdo en este momento cada vez que el expresidente Correa hablaba mal de mí, yo me sentía contenta porque me decía: estoy haciendo bien las cosas. En una investigación que se realizó yo estaba entre las diez mujeres más agredidas y víctimas de linchamiento mediático por el expresidente Rafael Correa. Pero cuando salgo a la calle, yo camino por cualquier lugar. Me levanto a las cinco de la mañana para dejarle a mi hijo listo el desayuno, luego atiendo medios de comunicación, después voy a mercados, barrios, asociaciones. Me doy tiempo para trabajar en la docencia universitaria, bueno, recién salí de la docencia universitaria, ahora estoy en temas de consultoría.
Yo he sido asesora externa de la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, he trabajado en varios municipios. Salgo en la mañana y llego en la noche pero me pego mis escapadas los miércoles 2×1 para irme al cine con mi hijo. Los fines de semana me saco tiempo para estar con mi hijo. Es una vida en la que a veces no tienes tiempo para pensar en otra cosa que cómo servir mejor a la gente.
¿Qué errores ha cometido Natasha Rojas?
¿Errores? ¿Qué errores? No hacer mucho deporte.
Políticamente, en su trayectoria.
¿Políticamente? ¿Errores?
Repite las palabras intentando hallar una respuesta que no le llega con facilidad. Escarba un poco en su vida personal, pues le cuesta encontrarlo en su vida política. Se pone un poco tensa. Intenta ganar tiempo, parafraseando mi pregunta. Sonríe. Está incómoda.
César Montúfar nos decía que quizás su error ha sido no apuntar a ganar elecciones, que puede estar dispuesto a tener un discurso y construirlo pero que al momento de las elecciones, pierde. Él decía que es importante ganarlas. A eso me refiero. Si usted mira estos 29 años en los que ha hecho política, ¿en qué cree que ha fallado? ¿Qué pudo haber hecho mejor?
¿Qué he fallado?
Les cuesta un poco a los políticos encontrar sus errores, ¿no?
Sí. No me he puesto a pensar en aquello. ¿En qué he fallado? De pronto en momentos determinados, debí actuar con mayor audacia. Pienso que eso porque en el resto he estado vinculada a la organización social, y estar vinculada a la organización social es plata y persona.
¿Sabes qué de pronto? Una de las cosas que me ha impedido desarrollar el accionar político, de pronto no centrarme más en mis cosas personales. No centrarme más en mi hijo, pero es un costo. Cuando tú decides servir a la gente, dejas de lado el resto de elemento.
De pronto una limitación que hay es que no estamos en los grandes medios de comunicación, a diferencia de otros actores políticos. No porque no queremos sino porque muchas veces no existen esos espacios para actores políticos desde los sectores sociales.
Daniela Chacón: “Con el alcalde Rodas empecé a tener problemas pronto. Creo que fui muy dócil.”
El despacho de Daniela Chacón, en el Municipio de Quito, tiene una ventana que da a la Plaza Grande de Quito. En un sillón bajo la ventana, permanecerán sentadas dos de sus colaboradoras mientras dura esta entrevista. Chacón nos recibe con una camiseta en la que se alcanza a leer la palabra Girl y una chaqueta de cuadros. Se sienta en su escritorio, arrinconado al fondo de la oficina, sobre el cual hay dos portaretratos en las que se la ve, sonriente y vestida de novia, el día de su matrimonio.
Chacón va todos los días a ese edificio desde que llegó a la concejalía de Quito en 2014 por el partido SUMA, al que fue invitada por Mauricio Rodas. Fue vicealcaldesa por dos años, pero en 2016 hizo pública su ruptura con el Alcalde y renunció a la vicealcaldía para convertirse en una dura crítica de Rodas.
Las críticas a esta gestión municipal han sido muy duras, no únicamente con el alcalde Rodas, sino también hacia los concejales. Usted como concejala, ¿esta administración, incluido el Concejo Municipal, queda en deuda con los quiteños y quienes viven en Quito?
En 2014, cuando fueron las elecciones, nosotros recibimos un mandato muy claro por parte de los quiteños: hacer política de una manera distinta, planteando una nueva visión de la ciudad. Lamentablemente eso no se dio.
Esa fue una de las razones por las que yo presenté a disposición mi cargo de vicealcaldesa, me separé de Suma y ejercí mi cargo de manera independiente. En ese sentido, sí ha habido una falta de visión que no ha permitido implementar una serie de cambios y que ha profundizado otros problemas de la ciudad.
Sin embargo yo puedo responder por mi gestión: yo soy de las concejales con mayor producción legislativa, la mayoría de iniciativas que yo he presentado han sido aprobadas por unanimidad a pesar de no tener un partido detrás —o a pesar de tener, supuestamente, un Concejo conflictivo, hemos podido llevar adelante iniciativas que marcan una visión de ciudad. Creo que cuando hay proyecto, visión y liderazgo es posible superar las diferentes posiciones políticas que existen en los órganos colegiados.
Pero hay aún ese cuestionamiento de que la administración no ha logrado los objetivos que se planteó. Hay temas delicados como el transporte, la recolección de basura. ¿Cómo se puede subsanar si usted pasa de Concejal a Alcaldesa?
Una de las cosas que yo he vivido —y he visto en estos años— es cómo la capacidad de liderazgo sí permite hacer cosas. No es que el municipio no puede hacer las cosas: por supuesto que hay una serie de dificultades, que hay un aparato institucional muy lento que no le responde a los ciudadanos.
Sin embargo muchas de las crisis que ha vivido la ciudad, como el tema de la basura o la falta de decisión en el tema de transporte público, han sido principalmente porque no ha habido un liderazgo que guíe esos procesos y porque muchas de esas decisiones se han tomado en contra de una planificación. Se han tomado decisiones que. realmente, cuya única explicación es que responden a temas personales o políticos: eso es lo que ha hecho que se agrave una situación y que no se pueda salir adelante.
¿Usted ya ha tomado la decisión de ser candidata a la Alcaldía de Quito? ¿Es una decisión tomada?
Nosotros empezamos un proceso desde hace muchos meses que se alimenta de los años de trabajo que hemos tenido, no solo aquí, en esta administración. Yo antes de venir a Ecuador, cuando estaba en Estados Unidos, después de mi maestría, trabajé en la Alcaldía de Denver (en el estado de Colorado). Estaba encargada de proyectos de desarrollo y recuperación de espacios públicos para el arte, la cultura, el turismo. Esa es es una experiencia sumada, que de la mano que hemos hecho con organizaciones barriales, sociales, civiles, con ciudadanos de a pie, nos ha llevado a asumir el reto.
¿Entonces sí es una decisión tomada?
Sí. Es una decisión tomada. Pero no es una decisión tomada de la noche a la mañana ni es una decisión tomada simplemente por una proyección política personal. Es una decisión tomada en función de un proceso de ver el potencial de las cosas que se pueden hacer en Quito, y de sentirnos completamente listos y capacitados para enfrentar los retos a futuro.
¿Y qué le mueve a hacerlo?
Siempre me ha gustado la política: creo que los políticos tenemos la política en las venas. Es una vocación, y desde que estoy en política local he podido palpar la capacidad que tiene la política local de transformarle la vida a la gente.
Usualmente a través de mis redes sociales me pongo en contacto con quiteños. Los acompaño en su recorrido en transporte público, entonces hemos hecho viajes por toda la ciudad, desde madrugar muy temprano hasta salir muy tarde. Hace un par de años que acompañé a una chica que se llama Génesis que vive en Guamaní. Ella me contó que se siente más segura desde que está implementado la lucha contra el acoso sexual en el transporte público. Solo el hecho de que ella diga que algo por lo que yo trabajé y tuve la oportunidad de implementarlo desde la función pública, hay una mujer, aunque sea solo una que se siente más segura, eso es lo que me mueve a mi a seguir trabajando y a seguir aspirando a crecer y tener nuevas responsabilidades.
Una vez que usted se plantea la posibilidad de ir a la Alcaldía, ¿qué organizaciones la acompañarán, con qué respaldo político va?
Ese también ha sido un proceso interesante porque a mi salida de Suma yo tomé la decisión consciente de no entrar a otra tienda política hasta tener claro que esa tienda política realmente represente los valores, los principios y proyectos que me inspiran. Ha sido una búsqueda hecho durante todo este tiempo. Hemos buscado un espacio político que represente una nueva alternativa, no solo en el discurso sino que en la forma también represente un cambio.
En estos últimos meses que hemos dialogado con varias organizaciones políticas nos encontramos con una que representa esa visión: es un movimiento provincial, el movimiento Ahora.
Una de las cosas que más me gustó cuando he hablado con la directiva, con la militancia es que ellos son —bueno, somos— ciudadanos queriendo hacer política no políticos queriendo parecer ciudadanos.
Estamos en proceso de cumplir con los requisitos que establece la normativa para las participar en elecciones; se irán cumpliendo las próximas semanas y eso nos llevará hacia finales de octubre o inicios de noviembre a hacer una presentación oficial de la candidatura.
“Empecé haciendo discursos y sirviendo café”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
¿Quiénes son parte de este movimiento? ¿Quién es su líder, quiénes lo conforman?
No es un movimiento que tiene un líder. Por ser provincial, es un movimiento que se crea bajo la lógica para llenar un vacío que existe en la provincia, especialmente en Quito.
¿Cuándo se creó?
Es un proceso que inició hace un par de años pero finalmente se inscribió en 2018 para participar en estas elecciones. A raíz de la desaparición de la Democracia Popular y la Izquierda Democrática de la política local, específicamente, ha existido un vacío de una visión y de un movimiento que tenga una visión de ciudad para la política local.
El movimiento Ahora se crea bajo la lógica de ocupar un espacio. Las personas que conforman el movimiento son personas entre 30 y 40 años, todos profesionales, algunos han trabajado en el sector público, otros en el privado. Decirte que hay nombres rimbombantes, pues no, no hay, sino que nos hemos encontrado en un camino que queremos seguir.
Usted inició la Concejalía como parte del movimiento SUMA, ¿no hubo oportunismo político al unirse a esa organización para, una vez logrado el objetivo, separarse?
Recuerdo que cuando yo ingresé a la precandidatura del alcalde Rodas, la posibilidad de que gane era ninguna. Yo empecé sirviendo café y escribiendo discursos, sin candidatura y sin posibilidad de candidatura. En su momento, Mauricio fue muy directo conmigo y me dijo ‘nosotros ya venimos trabajando con el Movimiento Vive y las candidaturas ya están asignadas’.
¿Por qué le dijo eso? ¿Usted le había planteado la posibilidad de participar con una candidatura?
Yo le dije que me interesaba la política y que para mí dar el paso de entrar en un movimiento significaba que yo aspiraba en algún momento a una representación pública. Creo que los políticos debemos definir si somos políticos de representación o políticos más técnicos. Para mi, la representación, siempre fue mi vocación.
Yo le había comentado a Rodas mi interés, y le dije que quería ser transparente con ese interés. Él me dijo: me encanta pero las candidaturas están ya definidas. Yo le dije perfecto, yo lo que quiero es empezar a hacer política ya. Esa entrada mía, por la que yo siempre estaré agradecida con Mauricio Rodas y con el movimiento SUMA, fue lograda por mi propio esfuerzos. Una vez que yo me dediqué a hacer investigación, discursos, trabajar en el plan de gobierno…
¿Discursos para quién?
Par él, para Mauricio Rodas. Cuando de la noche a la mañana surgió una posibilidad —al parecer una de las personas que estaba definida para participar en una candidatura decidió declinar— Mauricio Rodas me ofreció la candidatura a la Concejalía.
¿Esto ocurrió al cuánto tiempo de que usted empezara a participar en la organización?
Al poco tiempo. Yo entré cuando Mauricio estaba definiendo su alianza con Vive, cuando estaba definiendo la candidatura. Yo fui invitada al movimiento por un amigo en común. Una de las cosas que yo siempre voy a reconocer es que nunca se me exigió absolutamente nada, y más bien fue por mi esfuerzo y mi trabajo que me ofrecieron la concejalía.
¿Luego qué pasó? Llegó a la concejalía, incluso llegó a ser Vicealcaldesa. ¿En qué momento se quebró esa alianza que parecía prometedora según el contexto que nos cuenta?
Sí, parecía prometedora porque para mí SUMA representaba la posibilidad de hacer una nueva política. El haber obtenido esa votación tan abrumadora en 2014 era una suerte de reafirmación de que teníamos esa posibilidad.
En la práctica había una gran diferencia entre lo que se decía y se hacía y con el tiempo empecé a tener grandes diferencias con el Alcalde y su equipo.
¿Como cuáles?
Sobre cómo se tomaban las decisiones. Se privilegiaba una postura política y no una visión de ciudad, entonces empezamos a tener conflicto sobre el proyecto Quito Cables, sobre el proyecto Guayasamín. Ya cuando, con el pasar del tiempo, se empezaron a hacer expresas unas quejas de la ciudadanía, respecto de proyectos que no solo estaban siendo mal planificados y mal ejecutados sino que tenían serias sospechas de actos de corrupción y estaban ignorando a la población afectada sistemáticamente, yo tomé la decisión. No fue fácil, pero tampoco fue una decisión que me costó en términos éticos o personales, porque una de las razones por las que yo entré a SUMA y a la política fue para hacer una política distinta y para cambiar la ciudad.
Eso no se estaba haciendo, entonces había un divorcio completo entre las razones por las cuales estoy en política y lo que estaba pasando.
El cargo de vicealcaldesa no es de elección popular, es un cargo que se otorga en función de una relación de confianza y sobre una visión conjunta. Cuando eso dejó de existir, me parecía poco ético mantener un cargo solo por mantenerlo entonces puse mi cargo a disposición del Concejo y del Alcalde y me declaré independiente. Yo no estuve afiliada a SUMA entonces no tuve que desafiliarme, pero sí separarme y es fue en agosto de 2016.
Usted coincide con su posible rival, Juan Carlos Holguín, en el dibujo del panorama que ambos hacen. En ese sentido y considerando además que hay una treintena de posibles candidatos, ¿ha considerado la posibilidad de hacer alianzas con candidatos que puedan tener un proyecto similar o un pensamiento político similar o no?
El hecho de que existan coincidencias sobre la evaluación de una gestión no quiere, necesariamente, decir que haya una misma visión de ciudad. Considero que la posibilidad de establecer alianzas es factible pero únicamente en la medida en que existe una coincidencia en la visión y en la forma de hacer política. Yo no creo que la unidad por la unidad es deseable.
Ya hemos visto unidades en las cuales, simplemente por el interés de llegar a tener el poder se unen, y al momento que llegan al poder, es la repartición. Yo discrepo en la idea de que la fragmentación puede ser un problema porque hay que presentarle al ciudadano las opciones y son los quiteños quienes deben decidir frente a esas opciones. No creo que, cuando existen personas o equipos que quieren asumir el reto de gobernar la ciudad, tengan que declinar de ese sueño porque simplemente al parecer no tienen posibilidad de acuerdo a las encuestas. Hay que presentarle responsable y seriamente a la ciudad una propuesta, no solo para salir de esta crisis sino para encaminarla hacia el futuro, y que sean los quiteños quienes escojan.
Daniela Chacón fue electa en 2014 concejala de Quito por SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo.
La voz y la expresión de su rostro se endurecen, como si tras la respuesta sobria intentara evitar que sus ideas sean comparadas a la del otro posible candidato. Responde con firmeza, con un tono de voz un poco más alto, como imponiéndose.
¿No estaría dispuesta a declinar su candidatura por una alianza entonces?
Estoy dispuesta a trabajar en alianzas pero, insisto: esa es una posibilidad solo si existe una coincidencia en la visión de ciudad y en la forma de hacer política.
¿Usted cree que tiene posibilidades de ganar las elecciones?
Yo confío en que podemos ganar. Hay un absoluto abandono. Los quiteños estamos completamente abandonados. Estamos en un momento de mucha frustración y desesperanza en el que no necesariamente vemos una posibilidad de cambio, pero es en esos momentos cuando más se generan espacios para encontrar oportunidades de salir adelante.
En ese sentido nadie, independientemente de su trayectoria política, de su edad o de su posicionamiento, tiene una elección ganada. Creo que todo va a depender de la capacidad de quienes estamos aspirando a la Alcaldía para presentar una propuesta sólida, que nos permita volver a soñar en que Quito puede ser una ciudad que supera sus problemas básicos y que, además, se encamina en una senda de desarrollo que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, que seamos una ciudad inclusiva, segura, resiliente.
Para lograr una candidatura, darse a conocer, a pesar de que usted ha tenido la visibilidad que le da la Concejalía, ¿quiénes le van a financiar?
Por lo pronto los financistas son la gente que nos quiere y nos apoya, familiares, amigos, la gente del movimiento. No tenemos una campaña millonaria ni mucho menos. Lo que estamos haciendo ahora sale de nuestros ingresos personales, por ejemplo si contratamos un video o ponemos una pauta en Facebook o redes sociales, que además son el principal medio a través del que me comunico con los quiteños.
El financiamiento es un reto. Creo que en la medida en que se presentan propuestas serias para la ciudad es perfectamente factible hacer un llamado a los ciudadanos para que hagan sus aportes independientemente del valor que puedan aportar. Una de nuestras propuestas será transparentar esa información.
Me encanta el ejemplo de Bernie Sanders o de Obama. Ellos llamaron a los ciudadanos a que sean quienes aporten a un proyecto de ciudad y con ese aporte, que puede ser desde un dólar, y estableciendo por supuesto un límite, también nos comprometemos con la construcción del proyecto. Es importante que se conozca quién está detrás de una campaña. Ahora la tecnología nos permite transparentar al ciudadano que lo que nosotros tenemos es un proyecto de ciudad, no un proyecto de políticos que quieren llegar al poder, no un proyecto de partidos que quieren salvar el partido, o de personas que quieren apuntalar una carrera política para algo más. sino un proyecto político propio. Quito no tiene proyecto político propio hace años y esa es una de las principales razones por la que estamos atravesando esta crisis.
¿No es un poco ingenuo pensar que los ciudadanos van a financiarla, si es que por otro lado tienen otros candidatos con grandes financistas de la empresa privada o la banca?
No es ingenuidad: es expresión de la nueva política que no solo tiene que ser sino parecer. Cada una de las acciones debe reflejar esa nueva política. Estoy segura que habrá candidatos que tienen padrinos, que tienen acceso a muchos recursos. La nuestra será una campaña austera pero no creo que el dinero sea el solo factor que garantiza una ganancia.
Entonces los videos que ahora vemos en redes, ¿quiénes los están financiando?
Un equipo pequeño de personas que me quieren, incluye mi familia, mis amigos, incluye mi propio sueldo: estoy bien endeudada. Tampoco son videos muy costosos, los videos que hacemos son donados, de personas que creen en nosotros y que nos prestan la producción y nos donan sus servicios o su trabajo como parte de su apoyo a este proyecto político.
Ríe al inicio de su respuesta, pero se pone nuevamente seria y retoma el hilo de lo que dice. Esa forma es repetitiva durante la entrevista. Sonríe mucho, ríe incluso en algunos momentos, pero retoma la seriedad del rol al que aspira.
¿Pero esas donaciones no son en mayor o menor medida, según lo que se done, lo que comprometen a un político? Una vez que el político llega, ¿no es cuando piden que devuelvan esas donaciones?
Creo que estamos mal acostumbrados a pensar que la política tiene que ser así. Yo establezco las reglas claras con las personas que trato. Hace dos semanas estuve en mi alma mater, en la Universidad San Francisco de Quito, dando una charla en Jurisprudencia. Nos invitan a los graduados a contarles a los futuros profesionales sobre cómo ha sido la vida del ejercicio de la profesión desde los diferentes ámbitos. A mi me invitan a hablar desde la política.
Una chica que estaba ahí me dice que me había conocido hace dos años en un foro y que me había preguntado cómo hago para enfrentar las posibilidades de la corrupción y esta idea de que todos los políticos que entran son corruptos. Yo le había respondido que no hago favores. Ella me preguntó esta vez cómo me había ido con esto de no hacer favores. Y claro, hay gente que no me quiere.
¿Pero qué quiere decir esto de no hacer favores?
Que tú no cedes a ningún tema que no sea al estricto cumplimiento legal y de tus funciones, simplemente porque estás en una función pública y el cumplimiento de eso implica entonces que cuando uno trabaja con gente que aporta a un proyecto sabe que está aportando a un proyecto político y eso no significa bajo ningún concepto que uno le tiene que deber un contrato, o recursos o poder porque sino de antemano llegamos atados de manos.
Chacón fue vicealcaldesa pero renunció al cargo al separarse se SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
A grandes rasgos, ¿cuál es su visión de ciudad?
Yo sueño en un Quito más humano. Y un Quito más humano tiene una serie de aristas. La humanidad que ha perdido nuestra ciudad se expresa en que no es una ciudad que está construida pensando en niños de 8 años o abuelitos de 80 años; es una ciudad que no está construida pensando en que las mujeres tenemos necesidades específicas, porque para nosotras transitar en la calle o subirnos a los buses es completamente distinto de lo que es para un hombre.
Es una ciudad agresiva continuamente porque no nos hemos construido con una pertenencia a nuestra ciudad que haga que tengamos la capacidad de ser empáticos y respetuosos con la situación del otro. Cuando yo digo que la gestión debe ser humana, implica que debe estar al servicio de la gente. La infraestructura, el cemento y los servicios deben ser en función de las personas, y no de hacer un proyecto porque sí, para decir que se ha hecho algo, sino que atienda la necesidad de las personas.
Cuando sabes eso, sabes que tu primera inversión debe ser en aceras de calidad, que tal vez ese mega intercambiador no es tan necesario porque lo que primero necesitas es que la gente pueda circular, que las ciclovías sean seguras, que la gente pueda escoger la caminata y la bicicleta como medio de transporte sin sentir que están arriesgando la vida todos los días.
Esta gestión más humana implica que el Municipio se construye para facilitarle la vida a la gente, no para impedirle tanto su desarrollo personal como profesional. El otro día estuve con unos vecinos de Carcelén: han pasado 3 años y 18 mesas de trabajo para que les abran los baños en el parque.
No puede ser posible que un municipio esté tan preocupado de cumplir procesos internos que no se ocupa de la gente. El momento en que se ocupa de la gente entiende que detrás de ese papel, de ese trámite hay una persona con una necesidad, cambiamos la lógica del municipio, humanizamos la gestión y cumplimos con los 4 objetivos de desarrollo sostenible. No hay que inventarse el agua tibia. Ya hemos suscrito una serie de convenios internacionales. Tenemos que convertirnos en ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Esos son nuestros cuatro pilares, hacia allá debemos trabajar.
Dentro de esta ineficiencia o burocracia que usted menciona entra un tema del que han hecho mención otros candidatos: las mafias que pueden estar ocupando el Municipio. Hemos visto además funcionarios de alto nivel investigados en procesos judiciales, el tema este de los pagos irregulares o ilegales para obtener permisos de funcionamiento de los taxis.
¿Usted cree que hay, en efecto, mafias que están operando dentro del municipio o en conjunto con el municipio y que están impidiendo el desarrollo de la ciudad?
Lo que estamos viendo es el reflejo de una forma de hacer política que no es solo de los últimos diez años, sino que es continua en Ecuador. Tiene que ver con que las personas que llegan al poder privilegian su carrera política frente a las decisiones difíciles de la ciudad lo que implica que los actores de interés tienen más posibilidad de presionar para su beneficio.
En el caso específico de los taxis sí creo que hay una mafia en el sentido de que ves claramente involucrados a los altos funcionarios de movilidad de la Alcaldía de Mauricio Rodas, algunos miembros del Concejo y malos dirigentes del taxismo que se benefician de un acuerdo que, además, yo denuncié a tiempo. Fui la única que votó en contra de esa resolución.
Creo que también, y esto no hay por qué esconderlo, que la manera en que el alcalde Rodas trató de obtener gobernabilidad a través de la entrega de espacios de poder en el Ejecutivo a través de las administraciones zonales o de las empresas públicas, sí genera una lógica mafiosa. No puedo decir que sea una mafia pero sí genera una lógica mafiosa.
Entonces el reto es en doble vía: el primero en que el líder, la líder en este caso, exija transparencia, rectitud, honestidad, y eso se empieza a regar. Otra cosa que hemos planteado a inicios de este año y está en trámite en el Concejo, ojalá se logre resolver, sino será de las primeras cosas que hagamos, es la implementación de un sistema antisoborno.
En el mundo entero se creó una norma, la ISO 37001, que establece sistemas de gestión antisoborno. Determina en cada uno de los procedimientos dónde está la discrecionalidad porque ese es el primer factor para la corrupción.
Explíqueme un poco eso.
Un ejemplo muy concreto, lo de los taxis. Se estaba determinando la necesidad de casi 9 mil cupos para regularizar y había 17 mil personas que estaban prestando el servicio. La resolución que determina cómo se iban a entregar esos cupos le daba la total potestad a la Agencia Metropolitana de Tránsito para definir esos parámetros.Esa discrecionalidad permitía, por ejemplo, que carpetas que ingresaban supuestamente con todos los requisitos para obtener un cupo de taxi, se descalificaban por no presentar la cédula a color. Es una discrecionalidad enorme que permite que se den estos acuerdos colusorios.
El poder establecer este sistema de gestión antisoborno es la manera de prevenir que el acto de corrupción se cometa porque haces que el procedimiento sea lo más corto, lo más efectivo, lo menos discrecional posible y a la para de eso, vigilancia. Es decir Quito Honesto es una entidad que debe ser transformada completamente, no puede ser el presidente de Quito Honesto sea designado por el propio alcalde a quien tiene que vigilar: tiene que ser nombrado por una comisión que sea definida a través de un concurso de méritos y oposición, por ejemplo, y que tenga potestades sancionatorias, eso requiere una reforma legal en la ordenanza, eso lo podemos hacer y esa es la manera en que se combate la corrupción.
De todas maneras, estos funcionarios pueden estar adentro actuando de forma irregular, ¿qué posibilidad le da al próximo alcalde de limpiar estas mafias por llamarlo de alguna manera o de limpiar estas áreas en las que puede haber focos de corrupción?
Nosotros hemos ya identificado las áreas más críticas en las que hay que implementar inmediatamente este sistema antisobornos: Dirección de Catastros, Registro de la Propiedad, Dirección Tributaria, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, y Administraciones Zonales.
Bastantes.
Es bastante, pero el Municipio es mucho más grande que eso. Es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, pero tiene que haber la decisión política de implementarlo. Eso significa asignar presupuesto.
Otra cosa es hay que hacer es utilizar las herramientas administrativas que otorga la Ley. Hemos escuchado una serie de malos funcionarios que hacen quedar mal a los buenos funcionarios y no hay sanciones administrativas. Es el Alcalde el único que tiene la potestad de iniciar un proceso administrativo para separar un funcionario.
¿Solo el Alcalde puede hacer eso?
Sí, sólo el alcalde. El Concejo de no lo puede hacer.
¿Y por qué no se plantea una reforma a la normativa que plantea eso?
Porque es reforma al Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Yo creo que si bien es algo que se debe impulsar, la alcaldesa de una ciudad debe impulsar esos cambios que se deben dar en el Ejecutivo y en el legislativo para favorecer la gestión de las ciudades, no se puede ofrecer lo que no está en nuestros manos.
Pero se la podría plantear en la Asamblea
Sí, pero además es voluntad política y si quien lidera la ciudad no tiene voluntad política se ve reflejado lo que vivimos en este momento.
“El Municipio no es pobre, gasta de manera ineficiente”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
Usted mencionaba hace un momento el tema del presupuesto del Municipio. Fernando Carrión, exconcejal y docente, decía en medios que el presupuesto con el que contará el próximo alcalde es de 1.534 millones, más del 60% está destinado al Metro de Quito y el 38% al gasto corriente. Eso suma 98%. ¿qué se puede hacer con ese presupuesto restante?
Discrepo con Fernando Carrión. El Municipio no es pobre, gasta de manera muy ineficiente. En la administración de Barrera se compró un sistema de semaforización inteligente por 22 millones de dólares, que en esta administración está apagado para contratar a más de 2 mil agentes para que estén abajo de los semáforos como asistentes de semáforos con el celular en la mano. Eso es desperdicio administrativo y financiero.
¿Y por qué no se usa el sistema?
Esa es una pregunta que habría que hacerle a Mauricio Rodas.
¿Pero en todo caso, no es un presupuesto bajo para la Alcadía?
No es un presupuesto que no nos permite trabajar. Nos quieren vender esta idea de que 700 millones de dólares es poco. Ese es el presupuesto aproximado, por año. El resto, lo que está asignado para el metro es un monto que la ciudad irá pagando los próximos años y ya está en el servicio de deuda. Por supuesto que hay un exceso de gasto administrativo y eso también hay que entrar a sanear.
No se hace de la noche a la mañana, también creo que es importante no vender humo. No decir que vamos a construir los mega intercambiadores cuando quizás eso ni siquiera sea necesario. En épocas de austeridad nos obligamos a ser creativos. La concejalía no tiene capacidades de ejecución pero igual trabajamos en los barrios, ayudamos a mejorar sus espacios públicos, hemos hecho alianzas con la academia, con la empresa privada, con las organizaciones de la sociedad civil y a través de mingas, por ejemplo, hemos readecuado parques.
¿Y esa podría ser una pauta para la Alcaldía?
Por supuesto. Los juegos infantiles y los de los adultos mayores para gimnasia son importados. Eso podríamos producir aquí con materiales reciclados, con llantas, con pallets y podemos hacer juegos que son perfectamente buenos a una mínima del costo de lo que implica la importación. Son esas decisiones las que marcan la diferencia entre ver de manera pesimista el hecho de que existe un presupuesto limitado o ver qué podemos hacer para superar ese reto.
También mencionaba usted el tema de la burocracia. Se mencionaba que en el Municipio de Quito hay 17 mil funcionarios, casi cuatro veces más de los que tiene el Municipio de Guayaquil a pesar de que esa es una ciudad con más habitantes que Quito. ¿Usted cree que hay que reducir el tamaño y recortar personal?
Creo que sí hay que ser críticos en cómo ha crecido el aparato municipal. No solo en esta administración, sino en las dos anteriores. Eso nos tiene que llevar a determinar en qué áreas hay exceso de personal y en cuáles falta para que las cosas se hagan de manera más eficiente.
Me parece un error compararnos con Guayaquil: el hecho de que una tenga mucho menos empleados no quiere decir que sea una ciudad que esté atendiendo a las necesidades básicas de los ciudadanos.
Creo que debemos escapar de la lógica de importar el modelo exitoso de Guayaquil cuando Quito tiene su propia lógica y debe tener su propio desarrollo pero sí es necesario hacerlo más eficiente al Municipio.
Nosotros hemos estado trabajando con una consultoría que se contrató en esta administración. La hizo la Price Waterhouse Coopers y costó alrededor de 400 mil dólares, está archivada en un cajón en el escritorio del Alcalde.
Esta cosultoría ya determina cuáles son las áreas del municipio en las que hay sobrecarga de tramitología y burocracia.
Por supuesto que hay que trabajar en planes de jubilación, hay que trabajar para ser más eficientes, estamos en una situación en que Quito atraviesa una crisis económica, Quito tiene la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa pobreza del país entonces tenemos que hacer más eficiente el aparato administrativo.
Pero no se trata simplemente de decir hay que sacar a la gente sino de encontrar las ineficiencias y tener un plan para que el exceso de personal vaya saliendo con el pasar de los años. Hay que ser responsables con eso. A la par hay que trabajar para generar oportunidades de empleo porque sino no le estamos dando a la ciudad.
Pero usted me dice que ya existe esa consultoría que indica lo que habría que hacer. ¿No se la ha utilizado para implementar los cambios?
No se ha implementado. La ejecución de esa consultoría le corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
¿Qué establece?
Que hay una serie de secretarías que deben fusionarse.
¿Cuándo terminó esa consultoría?
Me parece que en 2016.
“Me parece un error compararnos con Guayaquil”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.
De lo que sabemos hasta ahora usted sería la única candidata mujer para la Alcaldía de Quito. ¿Cómo ve eso?
Me ilusión sobremanera la posibilidad de ser la primera Alcaldesa. No solo por mí, aunque sería también una meta cumplida en mi desarrollo personal y profesional.
Me encantaría que haya muchas más mujeres candidatas a la Alcaldía porque eso querría decir que seguimos llegando más. Seguimos en un mundo político masculinizado. Si bien las cuotas y la ley de paridad nos ha permitido tener más acceso en los legislativos principalmente. En los ejecutivos no estamos ahí.
En las elecciones de 2014, de 221 cantones solo hay 16 alcaldesas mujeres, de 24 prefecturas solo hay 2 mujeres. En Pichincha no hubo candidatas a la Prefectura, en Quito hubo una mujer candidata a la Alcaldía y pasó desapercibida. Creo que independientemente del resultado, es importante que las mujeres nos animemos, que presentemos nuestras candidaturas a cargos ejecutivos porque creo que las mujeres, y ahí me incluyo, somos muy duras con nosotras mismas: cuando está en un ambiente muy masculino trata de cargarse responsabilidades que no le competen, sobreexigirse para salir adelante.
Debemos entender que las mujeres no somos ni mejores ni peores, simplemente somos distintas. Tenemos una sensibilidad distinta, aptitudes y liderazgos distintos y yo sí creo que es momento de que Quito tenga una mujer con experiencia, que tenga una visión de una ciudad más humana, y que esa capacidad que tenemos las mujeres de ocuparnos de todos y todo a la vez, se ponga al servicio de Quito.
Esta suele ser mi pregunta de cierre. ¿Qué errores ha cometido?
Hubiera querido hacer algunas cosas distintas. Tal vez tener más valentía y más energía para enfrentar las cosas que no me gustaban desde un principio, y no esperar a que las cosas cambien para hacer un pronunciamiento.
En mi relación con el alcalde Rodas empecé a tener problemas no mucho tiempo después de habernos posesionado. Creo que fui muy dócil, muy buena, ingenua tal vez también, de dar siempre una apertura para el cambio y cuando vi que eso no se daba, seguí insistiendo, y creo que a veces uno tiene que ser más radical en ese sentido.
Otra cosa que no me la atribuyo al 100% porque no depende de mi al 100%, pero sí me hubiera gustado poder asumir un rol de mayor liderazgo en el Concejo Metropolitano. No me lo atribuyo 100% porque soy 1 de 21. Pero siento que pude tener la posibilidad de llevar adelante algunas cosas que no se dieron y que hubieran hecho que, quizás, sea un Concejo un poquito mejor evaluado de lo que ha sido.
No me arrepiento de las decisiones que he tomado: uno aprende más de los errores que de otras cosas y si es que una lección me han dejado estos años, diría que es la convicción de que sí hay cómo hacer política honesta y de servicio a la gente y empoderarme cada vez más de mi rol de política, de ejecutiva y de que no tengo que estar pidiendo disculpas a nadie por querer cambiar mi ciudad.
César Montúfar: “Quito es una ciudad gobernada por trogloditas”
César Montúfar fue asambleísta entre 2009 y 2013 por la Concertación, movimiento político que lidera desde su nacimiento desde 2006. Montúfar es además docente y director del área de Estudios Sociales en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es en su oficina de la universidad en donde nos recibe. El espacio es pequeño. En la pared frente a la puerta de ingreso, están tres estanterías llenas de libros. Al frente, su escritorio, al lado un sillón y en el centro una mesa redonda que ocupa el poco espacio que queda libre. Durante la entrevista, el espacio se ve más pequeño. Además de Montúfar y yo, hay dos personas de su equipo, y el fotógrafo de GK.
Cuéntenos lo que ocurrió con Guillermo Lasso y el movimiento CREO. Usted dijo que ellos iban a apoyar su candidatura a la Alcaldía de Quito pero ya CREO anunció que su candidato sería Juan Carlos Holguín. ¿Qué pasó ahí?
Concertación y CREO hicimos un acuerdo en perspectiva de consolidar una alianza política, no solo para estas elecciones, sino una alianza política de mayor protección. Concertación es una organización que se ubica en el centro político, CREO es más bien en el centro derecha, y tuvimos muchas coincidencias en lo que fue la lucha del régimen de Rafael Correa. Compartimos espacios importantes, cofundamos Compromiso Ecuador en contra de las enmiendas y habíamos mantenido coincidencias. Por eso llegamos a un acuerdo entre Guillermo Lasso y yo, acuerdo que luego se plasmó en un texto que, más allá de pensar en las próximas elecciones, se proyectaba hacia ir fortaleciendo a una corriente desde el centro político hacia el centro derecha. En ese marco fue que CREO me propuso la candidatura a la Alcaldía de Quito y yo acepté. Luego de eso, hubo un rompimiento unilateral por parte del señor Lasso, él faltó a su palabra, faltó a lo que habíamos venido construyendo. Para nosotros hay que virar la página. Lo único que esto demuestra es la pobreza del liderazgo político ecuatoriano, que únicamente piensa los procesos electorales en función de cálculos muy pequeños. Yo le dije en la carta que le envié a Lasso que hay que pensar la política con P mayúscula no con p minúscula. La Alcaldía de Quito no puede ser pensada como un trampolín hacia la presidencia. La alcaldía de Quito no puede ser una pieza en una estrategia presidencial, eso es faltarle el respeto a la ciudad, es faltarle el respeto a la crisis, no dimensionar la crisis que vive Quito. Pero eso es parte del pasado, nosotros avanzamos, continuamos, y en esa perspectiva seguiremos.
Pero justamente esto que usted menciona del rompimiento de los acuerdos, ¿no demuestra una incapacidad de la oposición de concretar estos acuerdos y de alguna manera eso da la cabida a movimientos como el del expresidente Correa?
Por supuesto. Absolutamente. El problema no es solamente el correísmo y esa forma de pensar la política maniqueamente de que unos son los buenos y otros son los malos. En el fondo vemos la misma práctica. Personas que se creen dueños de partidos, personas que designan candidatos porque creen que un movimiento político se maneja como una empresa o como un banco. Yo creo que la clase política ecuatoriana se encuentra rezagada frente a una sociedad que innova frente a muchas cosas, que tiene muchas preocupaciones, que está vinculada a muchos procesos. Pero bueno, creo que este tema que es pequeñito, es la muestra de un problema mucho mayor, estructural de la política ecuatoriana.
Sin embargo esta no es la primera vez que algo así pasa entre Concertación y CREO, ¿no? En 2013 pasó cuando Auki Tituaña declinó la candidatura a vicepresidente con Lasso y se hablaba de que usted iría en su lugar pero no fue así. Juan Carlos Solines se desafilió de Concertación, la organización de la que ambos eran dirigentes, y se fue con Lasso. ¿Cómo después de eso, usted mantiene la alianza para que vuelva a pasar exactamente lo mismo cinco años después?
Yo creo que mi obligación como político es buscar acuerdos. El nombre del movimiento es Concertación que se fundó sobre el modelo de la concertación chilena, donde fue posible que hubiera políticas de Estado de 20 años seguidos, en una articulación política en la que estaba desde la democracia cristiana hasta el partido socialista. Así es como nosotros entendemos la política. Creemos que una sociedad moderna, con problemas tan complejos como los del Ecuador, merece salir a soluciones concertadas. Lo otro es el caudillismo que ya fracasó con Correa. Ese caso debería ser un ejemplo, una oportunidad para un aprendizaje político. Un caudillo carismático, aparentemente con mucha preparación, con las mejores condiciones en términos de contexto internacional totalmente favorable, un apoyo de la ciudadanía enorme, sin adversarios políticos de peso que pudieran obstaculizar su proyecto; es decir, condiciones excepcionales, pero ese modelo fracasó en Ecuador. Quizás es el fracaso más estrepitoso que ha tenido Ecuador. El problema no es si es de izquierda o de derecha, el problema es el modelo, la forma de hacer política que fracasó en las mejores condiciones como el caso del correísmo. Si las lleva adelante políticos con menor carisma, en condiciones mucho más adversas, el resultado va a ser peor. Por eso pensamos que la política debe cambiar de metodología, la concertación es una metodología de hacer política que implica la articulación de diversos, en función de aspectos comunes, pero manteniendo la diversidad. Eso, en perspectiva de encontrar soluciones de largo plazo a problemas complejos.
En noviembre de 2012, pocos días antes de inscribir su candidatura como vicepresidente de Guillermo Lasso, el líder indígena Auki Tituaña declinó su candidatura luego de que la Conaie, movimiento al que pertenecía, lo expulsara de sus filas por la alianza con Lasso. El nombre que se escuchaba tras bastidores, como reemplazo de Tituaña, era el de César Montúfar, líder de la Concertación y asambleísta en funciones. Sin embargo Lasso optó por Juan Carlos Solines, también miembro de la Concertación. En una movida rápida, Solines se separó de Concertación para unirse a la campaña de CREO. El binomio perdió frente a Rafael Correa y Jorge Glas.
Claro, pero usted habla de los caudillos o los dueños de los partidos. ¿No tenemos aquí lo mismo, por un lado Correa, y por otro, un líder que sin primarias decide quién va a ser el candidato a la alcaldía?
Yo no quisiera comentar sobre ese tema. Lo que sí le digo es que el comportamiento de Lasso en este episodio que ocurrió en esta alianza con Concertación, muestra la decadencia de una forma de hacer política, en la que las aspiraciones personales, los cálculos políticos pequeñitos, esta política con p minúscula, el pensar que un proceso tan importante como la Alcaldía de Quito puede ser mirado en perspectiva de una estrategia presidencial, deben primar. Pero opinar sobre lo que hacen otras organizaciones, no me parece que me corresponde.
Le pregunto sobre todo porque usted ha hecho un acuerdo. ¿Concertación ya nada tiene que ver con CREO?
Rompieron ese acuerdo, Lasso faltó a su palabra, mostró esta forma caudillista de hacer política pero ese es un problema del señor Lasso. Lo que fue interesante es que esta situación nos obligó a decir, esto va mucho más allá de eso. En mi caso personal, asumí un compromiso, un desafío que debemos llevar adelante pero como nosotros pensamos que se debe hacer política.
¿Eso quiere decir que ya no hay ningún tipo de acuerdo entonces?
No pues. ¿Qué acuerdo puede haber con una organización en la que una persona que se arroga la función de líder o dueño del partido rompe acuerdos y rompe su palabra?
“Lasso faltó a su palabra”, dice Montúfar sobre el acuerdo que tenían para las elecciones seccionales de 2019. Fotografía de José María León para GK.
Pasemos entonces a ahondar en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito. ¿Usted va a ser candidato definitivamente? ¿Ya es una decisión tomada? ¿Tiene un movimiento que lo va a respaldar? ¿Cómo va a ser ese proceso?
El movimiento Concertación, en su convención nacional de marzo de este año, resolvió que me postularía a la Alcaldía de Quito. A partir de eso fue que iniciamos conversaciones con otros actores, entre esos CREO. A partir de ahí hemos venido construyendo un camino que tiene distintos andariveles. El primero, me parece que es el más importante, es la construcción de una propuesta, va más allá de poner un listado de ofertas. El segundo es el tema de articulación ciudadana: un proyecto para la Alcaldía de Quito requiere una sumatoria enorme de voluntades que va mucho más allá de lo que podría ser un movimiento político. En una ciudad en la que tienes cientos, miles de colectivos que tienen múltiples demandas de todo tipo, se requiere esta articulación ciudadana. Y en tercer lugar, está el trabajo territorial. Quizás lo peculiar y lo hermoso de la política en elecciones seccionales es que tienes que unir la demanda y la expectativa de una persona de un barrio que tiene un determinado problema de basura, transporte, con un proyecto de ciudad. Ese trabajo territorial es importantísimo. Nosotros estamos trabajando en los tres niveles. Una candidatura no es un problema de yo me lanzo, mi partido me apoya. El llegar a ser un candidato es un proceso de construcción, de sumatoria de voluntades, un proceso en el que tú como persona tienes que transformarte, más allá de lo cosmético, de lo publicitario. Tienes que cambiar tu forma de relacionarte con las personas en el sentido de que asumes el desafío de representar. Una candidatura es una construcción. Va mucho más allá de que una asamblea te designe, más allá de que un caudillo te ponga el dedo encima. Nosotros estamos trabajando. Es el desafío político más complejo y más interesante que he asumido en mi vida política.
En este contexto que usted menciona, de articular distintos actores dentro de la ciudad, ¿han pensado en alianzas con otras organizaciones civiles y políticas?
Organizaciones políticas ya no. Sí vamos a conversar porque es necesario converger pero creemos que el tema principal ahora es esta articulación de voluntades ciudadanas porque Quito es una ciudad tan diversa, quizás eso es lo más interesante, rico y fascinante de Quito, donde tienes propuestas de grupos vinculados al tema seguridad, al tema movilidad, al tema derechos, incluso derechos de los animales. Quito no solo está hecha de casas. La fauna de Quito es fascinante, tienes hasta pumas. Hay que pensar a Quito como diversidad, en donde hay sectores que están movilizados en función de sus demandas. Para nosotros, dentro de ese proyecto de ciudad, el tema de una ciudad incluyente es fundamental. Quito es la ciudad más diversa del país, no solo por el hecho de ser capital. Aquí existen al menos 5 ecosistemas. Tú debes haber escuchado esa propuesta maravillosa de hacer de Quito la ciudad de los arupos. Es interesante pero Quito no puede solo ser la ciudad de los arupos porque si ves el ecosistema de Calderón y Carapungo es distinto al de los Valles, el norte es distinto al sur en términos de clima, vegetación, fauna. Somos tan diversos que debemos pensar en una ciudad que incorpore esas diversidades. En nuestra propuesta, la construcción de este proyecto. Estos dos criterios: inclusividad y diversidad son fundamentales.
¿Cuál es su visión de ciudad? Quizás una de las mayores críticas a esta administración es que no hay un proyecto de ciudad. ¿Cuál es su propuesta?
No es un tema solo de esta administración, es un problema que viene desde hace rato, desde la administración de Rodrigo Paz. Quito no ha tenido un proyecto de ciudad. Quito, la última vez que se pensó a sí mismo, en la época de Paz, era una franja longitudinal que iba de Chillogallo a Cotocollao. Quito ya no es eso. Están los Valles, Carapungo, el Sur, las parroquias rurales. Quito es una ciudad diversa. Quito es una ciudad productiva, Quito es la ciudad más rica del Ecuador, la que más aporta al Producto Interno Bruto, la que más aporta en impuestos. Si caminas por la calle América, desde el Colegio Mejía hacia la Mariana de Jesús, hay un montón de mueblerías, personas que incluso usan la vereda para pintar o terminar los muebles, no solo para vender. Detrás de eso, en las cuadras adyacentes, verás pequeños talleres vinculados a esa línea de negocio. Y eso tú encuentras en muchísimas partes de Quito. Es una ciudad tan diversa, incluso en términos productivos, pero sabemos que tenemos que dar un salto en productividad. Quito no puede seguir siendo la ciudad vinculada a la burocracia, al gasto público. Quito tiene un potencial turístico impresionante. Es la capital más hermosa de América Latina, pero no puedes decir que solo es turismo, es una ciudad gobernada, voy a decir una palabra fuerte, gobernada por trogloditas. El Concejo Municipal y el Municipio se transformó en lo mismo que el estado nacional: en un botín político. Quizás en Quito lo vemos con mucha más claridad. Mira cómo se maneja el Concejo con relación a la administración municipal, y eso hay que decirlo, desde la época de Paco Moncayo. En búsqueda de la llamada “gobernabilidad” se empezó a distribuir espacios de administración municipal a cambio de apoyo político.
¿A qué se refiere con eso?
Que el Municipio se transformó en una troncha. Tú ves en las distintas comisiones en las que están los concejales, pasan por el chantaje, por la corrupción, por mecanismos que imponen los concejales a la marcha de la administración municipal. Quito entró en un modelo de gobernabilidad totalmente corrupto y anacrónico, totalmente distinto al que se merece una ciudad con problemas tan complejos y con un potencial tan enorme como tiene nuestra ciudad.
¿En qué espacios se ve esa corrupción?
En el caso del Concejo Municipal, por mencionar algo. Por eso una de las propuestas que he hecho, es una propuesta fuerte: no vamos a ir al Municipio para repetir lo mismo. El correísmo en su afán estatista, de controlarlo desde el Estado todo, cambió el modelo y los concejales se transformaron en empleados municipales. Tienen sueldo del municipio, carros municipales, chofer municipal, tienen guardaespaldas; hay algunos concejales que tienen más de 20 asesores porque el Código Municipal permite que gente que trabaja en la administración pueda formar parte del equipo de concejales. Entonces en vez de ser representantes de la ciudadanía, en vez de estar cercanos a sus electores, son empleados más, empleados de la institución a la que tienen que fiscalizar. Hay un equívoco completo. Por eso nosotros decimos que esto tiene que terminar. En Chile, en Colombia, los cuerpos edilicios son personas que reciben dietas por las sesiones a las que asisten, y aquí también funcionaba así antes. No son empleados municipales, no están subordinados al Alcalde y nosotros planteamos que eso debe cambiarse; los concejales deben recibir dietas por las sesiones a las que asisten, ya no pueden ser empleados municipales, no pueden tener chofer, carro. Tienen que ser fiscalizadores porque la mejor garantía de erradicar la corrupción es que tengamos un cuerpo dedicado a la fiscalización, al que el Alcalde tiene que responder todos los días, al que la administración tenga que responder transparentemente, pero si ellos son empleados y además manejan espacios de la administración, llegamos a institucionalizar un esquema de corrupción y de troncha política que tiene a Quito en la situación en la que está.
¿Su propuesta de que los concejales no reciban sueldos, se refería entonces a eso?
Sí pero el ahorro en eso va a ser poco, el problema no es económico, es político.
Montúfar se considera un hombre de centro izquierda pero su vínculo más mediático ha sido con el movimiento CREO, de derecha. Fotografía de José María León para GK.
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César Montúfar enfatiza cada palabra cuando habla de troncha o corrupción. Alza un poco el tono de voz y las pronuncia haciendo breves pausas en cada sílaba Es una bandera que eligió levantar mediáticamente cuando se involucró como acusador particular en contra de Jorge Glas, en el juicio que terminó con la condena al entonces vicepresidente.
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Le pregunto porque vi que cuando hizo este planteamiento en su cuenta de Twitter, varias personas le respondían que es demagógico hacer una propuesta así.
Pueden decirme eso pero quienes lo dicen están defendiendo intereses. Quito no puede seguir en este esquema de gobierno. Podemos tener las soluciones más ajustadas. En los problemas urbanos hay poco que inventar bajo el sol, hay miles de experiencia y tú, más o menos puedes decir qué es lo que hay que hacer. El problema no es saber lo que hay que hacer, el problema es si se lo puede hacer y no lo puedes hacer si es que no cambias el modelo de gobernabilidad del municipio y haces que el modelo sea de una ciudad democrática, participativa, transparente y técnica. Las soluciones al problema de la basura, de la movilidad, de la ornamentación de la ciudad, de la seguridad, son soluciones técnicas. El problema es que el modelo de gobernabilidad corrupto que se instauró en el Municipio, no las permite. Por eso nuestra propuesta es que ya desde la Alcaldía, si la ciudadanía de Quito vota por nuestra propuesta, no va a ser repetir lo mismo.
El otro precandidato que entrevisté hace poco, hablaba de las mafias que gobiernan Quito. Él se refería a los transportistas. Usted dijo hace un rato que la ciudad está gobernada por trogloditas. No es un tema solo del Concejo. ¿Cómo se puede atacar a estas mafias que están en distintos poderes?
Lo de los concejales y las dietas es solo una parte. Quito tiene que aprobar un estatuto autonómico, siendo nosotros distrito metropolitano, el estatuto autonómico es algo así como la Constitución de la ciudad. En el momento en que lleguemos al Municipio vamos a activar todo el sistema de participación; desde las asambleas barriales hasta los gremios, las cámaras, la academia, los grupos profesionales, todos, en función de que Quito pueda tener un proyecto de estatuto autonómico que tendrá que tener la participación de todos. Tendrá que apuntar a que colectivamente definamos una visión de ciudad a futuro. Ese estatuto nos obligará a que hagamos una propuesta de reorganización de la administración municipal. Lo de los concejales es un punto; hay muchos intereses dentro del Municipio y fuera también que tienen atascada las soluciones que se requieren. La Constitución establece que ese estatuto autonómico tiene que ser votado en consulta popular. Entonces vamos a proponerle a la ciudad votar un estatuto autonómico junto a una propuesta de reorganización de la administración municipal para que sea un mandato de la ciudadanía, no una imposición ni del Alcalde, ni del Concejo ni de nadie.
¿Usted está pensando en una ciudad en la que los ciudadanos se involucren para plantear respuestas, entonces? No solamente que esperen las respuestas desde la persona que gobierna.
Es que todos los problemas pasan por la participación. Mire el tema de la basura. Es un problema tremendo, Quito está ahogado en basura. Hemos regresado a un sistema de recolección superado hace treinta años, en volquetas. Una cosa pavorosa, del cuarto mundo, no del tercer mundo, pero si los ciudadanos no participan, no reciclan, no reutilizan, no reducimos la cantidad de basura que producimos… Quito produce aproximadamente 680 mil toneladas de basura al año. No hay botadero que te aguante. Hoy tenemos la crisis en uno, se abrirá otro y llegaremos a lo mismo. La solución pasa por cambiar el modelo de gestión, por supuesto; por industrializar la basura, por supuesto, ahí hay un negocio, hay una fuente de empleo, de productividad, pero pasa por una actitud diferente de los ciudadanos. Tenemos que entrar en un modelo de participación, de reciclaje, de reutilización, de colaborar con el municipio para sacar la basura y que sea recolectada en sus horarios.
En el tema movilidad, una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Por supuesto, el metro implicará que el Municipio trabaje para organizar un sistema integrado de transporte, pero somos los quiteños que tenemos que empezar a pensar que no podemos vivir en una ciudad como que fuera un pueblito, en la que vamos en nuestro automóvil a comprar el pan. Tenemos que pensar como una ciudad moderna en la que el sistema público de transporte tiene que ser la principal forma de movilización.
De acuerdo pero para que se involucren los ciudadanos tiene que haber un liderazgo. Si voy a comprar el pan caminando y me asaltan o si utilizo el transporte público y con este tema de acoso en el transporte, me pongo en riesgo, ¿cómo me involucro?
Eso es fundamental, es un tema de liderazgo, un liderazgo que tiene que promover participación. Por eso es fundamental cambiar el modelo de gobernabilidad del Municipio. Si tú tienes un alcalde que tiene la fuerza política y la integridad para llevar adelante reformas fuertes, por supuesto que la ciudadanía va a reaccionar. Si tienes concejales con grillete que asisten a sesiones y el alcalde no responde ante una situación así, no hay cohesión. Una ciudad diversa tiene que estar cohesionada en una visión de proyecto. Por eso la reforma profunda, a través de un estatuto autonómico, de que la ciudadanía se pronuncie por un cambio radical del modelo de gobernabilidad de la ciudad es fundamental. El resto sería poner parches. Creo que la solución es política, las soluciones técnicas están ahí.
Pero tampoco se han ejecutado.
Pero, ¿por qué no se han ejecutado? Porque hay un problema político interno, porque tenemos una alcaldía sin liderazgo, un concejo hundido en el mayor desprestigio, una administración municipal tomada por la troncha política. Este sistema de corrupción institucionalizada que se creó en el gobierno nacional se ha reproducido plenamente en el municipio. Tienes dos formas de cambiar: o con el autoritarismo, como lo hizo Febres Cordero en Guayaquil; o lo cambias democráticamente, con voluntad popular, construyendo un mandato popular. Nosotros nos vamos por la segunda vía porque nos parece que Quito es una ciudad democrática. El modelo de gobernabilidad tiene que ser incluyente, participativo con liderazgo y decisiones. Para poder adoptar tomar esas decisiones necesitas fuerza política que te respalde.
Esta visión de cambiar el modelo de gobernabilidad, ¿no está un poco ligada a esta idea constante que se tiene a nivel de país de querer cambiar la Constitución cada cierto tiempo?
Yo te pregunto, ¿qué hacemos en Quito entonces? ¿Tú crees que es un problema solo de buenas intenciones? ¿Será que necesitamos decir que vamos a elegir una persona que reproduzca un modelo de hace veinte años? ¿O es algo que tú puedes improvisar porque eres simpático? Creo que no. Quito necesita soluciones de raíz y aquí tenemos un Concejo municipal tomado por un sistema de troncha política y corrupción y por eso Quito está en una decadencia desde hace 20 años. Es por eso incluso que Quito ha perdido su función como capital. Quito es una capital y eso le hace cualitativamente distinta. No digo ni más ni menos que otras ciudades pero una capital cumple algunas funciones. Desde que el correísmo se instaló en Ecuador, Quito se puso en neutro. Quito siempre había sido un centro de gravedad de la política nacional, un referente, un orientador de la política nacional. Esto tuvo una repercusión enorme porque permitió que el correísmo se institucionalizara en el país, que frente a lo que hizo Correa durante diez años, Quito estuviera callado. De lo que se trata es recuperar una ciudad, construir una ciudad que asuma también su función de capital.
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Por momentos, Montúfar habla atropelladamente. Empieza una frase y continúa con otra sin terminar la primera, como si sus ideas fuesen más rápidas que las palabras que brotan de su boca. Su experiencia académica de casi dos décadas se nota en la complejidad con la que formula sus planteamientos.
“No puedes tener solamente al caudillismo y personalismo como propuesta política”. Fotografía de José María León para GK.
Justo iba allá. Usualmente Quito ha tenido una participación política muy fuerte, incluso contestatario frente al gobierno nacional. ¿Usted cree que el Alcalde de Quito también debe participar en la política nacional?
Por supuesto. El Alcalde de Quito tiene que ser un líder nacional, una voz orientadora en el país. Quito es una ciudad región, el sur de Quito está orgánicamente articulado a la Sierra Central del Ecuador en términos familiares, culturales, económicos. No estoy diciendo que el Alcalde de Quito tiene que hacer oposición al gobierno; estoy diciendo que el alcalde y la ciudad de Quito, al ser capital, tienen una función orientadora de la política nacional. Mire el tema de los concejales: el correísmo cambió la Ley para transformar a los concejales en empleados públicos. Llega el alcalde y dice, yo voy a bajar la cabeza porque así está en la Ley. No pues, el Alcalde de Quito tiene que presentar un proyecto de ley, tiene que trascender. La acción de un alcalde de una capital trasciende el espacio de su ciudad. La capital no solamente es sede de gobierno, es el centro de gravedad de la política. Y las consecuencias la vimos durante la época del correísmo porque si en Quito hubiésemos tenido un alcalde, no de oposición, pero un alcalde que asuma esa responsabilidad que tiene, no hubiéramos tenido lo que tuvimos: de la manera más suave, se instauró en el país un sistema de delincuencia organizada.
Si hablamos de su trayectoria política, usted ha participado ya en candidaturas a puestos públicos. Participó como candidato en la Constituyente de 1998, luego en la de Montecristi en 2008. ¿Qué ha significado para usted este recorrido político? En el 98 usted participaba por Nuevo País, con Freddy Ehlers como candidato presidencial, en alianza con el movimiento indígena. Luego se movió hacia el centro y finalmente terminó en una alianza con la derecha de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted este recorrido no solamente en cuanto a la experiencia política adquirida sino también en cuanto al camino ideológico?
Yo tuve un origen político en la extrema izquierda. Comencé a hacer política a los 13 años, desde una posición muy radical de izquierda. Cuando participé en alianza con el movimiento Nuevo País era de centro izquierda y yo me he movido, desde 1997 en adelante entre el centro y el centro izquierda. Concertación es una organización de centro, yo más me ubico en el centro izquierda pero nuestro movimiento es un pluralista dentro de una tendencia. Para mí, la política es una vocación de articular voluntades, de construir sinergias en función de objetivos colectivos, que tienen que ver con el bien público y que se la hace desde la propuesta, desde la calle, desde la acción política. Mi objetivo, y el objetivo de Concertación que ya tiene 12 años de vida, no ha sido aliarnos para llegar al poder, sino construir una propuesta. Nosotros hicimos una experiencia interesante: dos caminatas largas, en 2006 una caminata de Quito a Guayaquil, nos demoramos 28 días. Estábamos construyendo una propuesta de reforma constitucional que se llamaba la sexta papeleta. Después en 2010, cuando yo era asambleísta, también por Concertación, fue el camino de regreso, de 19 días, trabajando en la propuesta del país hacia el postcorreísmo. La gente nos decía: con eso no van a ganar elecciones. Posiblemente tenían razón. Siempre ha estado el diálogo, uno tiene que dialogar con quien no piensa igual porque tú no haces política en monólogo, pero también hay que buscar formas distintas de hacer política. Nuestra respuesta era que el país necesita ver otras alternativas. No puedes tener solamente al caudillismo y personalismo como propuesta política. Mi hijo cínicamente me suele decir: tus verdades mal dichas suelen ser arrasadas por mentiras bien dichas. Yo me he hecho político en el activismo político. Esa es mi vocación. Yo hubiera podido acomodarme a las circunstancias, estar dentro del correísmo, pero hemos hecho política desde el activismo, quizás cosas no rentables en lo electoral pero enriquecedoras desde la perspectiva de innovar. Las caminatas fueron experiencias hermosas. En la época del correísmo, tal vez sin mucha resonancia mediática, hacíamos jornadas de silencio: imagínate un político que hace silencio. Hemos hecho plantones, plantada de árbol porque los ciudadanos ecuatorianos se merecen una política en la que no haya un caudillo dando un discurso redentor desde una tarima.
Pero para que eso funcione, ¿no se requiere un cambio incluso quizás estructural de la sociedad?
Pero hasta que haya ese cambio estructural, ¿seguimos haciendo lo mismo? En lo de la acusación particular a Glas, fue romper un esquema en el sentido de que era necesaria una intervención desde fuera de una estructura de justicia tomada por el correísmo, para producir una diferencia. Esa es la forma en que a mí me gusta hacer política. He tenido choques e incomprensiones. En las caminatas aprendí mucho. Cuando llegábamos caminando aprendimos lo que es entrar caminando a diferencia de lo que es entrar en caravanas, botando camisetas, papeles, bolsas de harina o entrar con una correa golpeando todo. Esa política yo no quiero hacer. Y claro, he tenido choques porque a veces no puedes cambiar una forma culturalmente establecida de pensar la política. Alguna vez llegué a una ciudad que no voy a mencionar para no resentir a estos amigos, y habían preparado una caravana. Me bajé del avión y estaba la camioneta. Yo dije que no me voy a subir y lo tomaron casi como un desaire. Tuve que ceder. A mí esa forma no me gusta, así no voy a llegar. A veces me toca tranzar, no es solamente lo que uno piensa pero los políticos tenemos la responsabilidad de presentar a los electores otros repertorios: no estamos condenados al caudillismo. Es más, la experiencia de los últimos diez años nos dice que el caudillo con las mejores condiciones, en todo sentido, fue el mayor fracaso que hemos tenido en la política del Ecuador.
Ya terminando la entrevista justo con este recorrido político, ¿qué errores encuentra usted?
Muchos errores. El principal error que veo en mi accionar político es que a veces actúo en el deber ser que en el ser. Un político tiene también la responsabilidad de producir respuestas y soluciones a lo que existe. Hablábamos hace un rato de la responsabilidad de ofrecer otros repertorios pero eso no tiene que estar desconectado de lo que la gente espera de un político.
Explíqueme un poquito más. ¿A qué se refiere?
Un político tiene también la responsabilidad de ganar. Un poco lo que mi hijo me dice: un político tiene también que ganar. A veces tiendo a moverme más en el espacio del deber ser, de la filosofía política que de la praxis política.
¿Ideas alejadas de lo que en la realidad puede implicar ser político?
Te pongo un ejemplo: la última elección presidencial. Nosotros intentamos un acuerdo, fracasó nuevamente, esa es un poco nuestra constante. Nos vimos solos. Teníamos varias opciones: no participar, esa no era una opción. La otra era lanzar una candidatura presidencial: podría haber sido yo el candidato presidencial o lanzarnos a la Asamblea sin candidato presidencial. Finalmente fuimos candidatos a la Asamblea sin candidato presidencial. Una campaña presidencial sin candidato presidencial, incluso para elegir asambleístas, está destinado al fracaso. Tuvimos un fracaso electoral muy grande. Si hubiéramos pensado de una manera más pragmática, más asentada en cómo la política ecuatoriana funciona, totalmente presidencialista, hubiéramos lanzado un candidato presidencial, igual hubiera ganado Lenín Moreno como ganó, pero quizás una candidatura mía o de una persona de la tendencia le hubiera quitado a los candidatos Lasso o Viteri un 2 o 3% pero hubiéramos quedado posicionados.
Justo en lo que menciona como un fracaso electoral, de alguna manera, ¿podría replicarse en su candidatura a la Alcaldía, que la gente diga si ha perdido tantas veces es en vano votar por él?
Esa es una posibilidad y los ciudadanos están totalmente en derecho de pensar así. Lo único que te diría es que lo otro sería adaptarnos, bajar la cabeza y decir que la política ecuatoriana funciona desde este patrón caudillista y personalista y nos sometemos. En ese contexto no tendría ningún interés en hacer política. Hace un rato me preguntabas sobre mis errores. Ese puede ser uno de mis errores: no encontrar el punto medio. A lo que voy es que en este trabajo de la política, siempre hay este divorcio, esta brecha que nos ha afectado muchas veces.
¿Y en estas elecciones a qué apunta entonces?
Vamos a ganar. Estoy seguro que vamos a ganar.
Hay un montón de precandidatos.
Eso no importa. ¿Sabes por qué vamos a ganar? Porque vamos a presentar una propuesta más clara, a diferencia de otras elecciones. Yo tengo una trayectoria enorme: la ciudadanía sabe mis errores y mis virtudes, sabe de que sí tengo la capacidad de dar vuelta la situación de entrampamiento que tiene el Municipio en este momento, que yo no tengo miedo de enfrentarme a los poderes más grandes, cuando me enfrenté a Glas y Correa en el momento de mayor apoteosis, de popularidad y de control institucional. Jamás he sido cómplice y creo que la gente puede identificar eso. Creo que puedo ofrecer la alternativa de tener la capacidad, el liderazgo, la honestidad para proponer un camino. Los ciudadanos, por supuesto tienen el derecho a escoger otras opciones y yo lo respetaré como siempre lo he respetado. Pero sí creo que tenemos la obligación de ir construyendo este proceso y mi obligación ética, personal y política es decir: aquí está esta propuesta, esta alternativa, esta trayectoria. La gente decidirá y la gente siempre sabe escoger.
Juan Carlos Holguín: “En un escenario de más cálculo político, yo tendría todos los ingredientes para perder”
Juan Carlos Holguín viste un jean oscuro, una camisa blanca y un saco azul con cierre, que le da un aire juvenil. Tiene 35 años, pero parece un poco menor. Es moreno, tiene el pelo oscuro, muy corto. Es sumamente amable, habla pausadamente y con el tono de voz bajo. Sus gestos delatan nerviosismo, sonríe, mueve los ojos, mueve las manos. Entra solo a la entrevista —eso es poco usual con candidatos o autoridades, suelen siempre ir acompañados con un asesor que graba y toma fotos. Holguín nos recibe en una oficina ubicada en la González Suárez, que comparte con un socio. Ventanas amplias, mesas de vidrio, decoración futbolera en las paredes. Es puntual. Cuando llegamos está sentado frente a una computadora, se levanta rápidamente y saluda.
¿Se siente usted preparado para ser alcalde de Quito?
Sí. Indudablemente. La vida siempre te pone retos y cuando estás preparado y tienes la seguridad de que puedes asumirlos con eficiencia y responsabilidad, te sientes listo. Muchas veces eso surge de una intuición espontánea, pero también del conocimiento de haber sido responsable en prepararte para ese reto.
Sus detractores dicen que tiene muy poca experiencia en el sector público por su corto paso en la gestión del alcalde Rodas. ¿Eso lo limita?
Siempre va a ser una limitante el cuestionamiento de mi experiencia en el sector público. Yo soy muy respetuoso de quien dice ‘bueno, necesitamos alguien que no venga de la política’. Por el otro lado, hay personas que dicen: el que viene de afuera no tiene experiencia.
Uno siempre va a estar sujeto a esas críticas.
Lo importante es entender que la administración pública puede ser estudiada desde afuera. En mi caso, mi formación —tanto en políticas públicas como en el PhD, del cual soy candidato en Gobierno— me dan la experiencia para llegar a la administración pública que, considero, debe tener una nueva perspectiva.
También es muy importante con quién llegas. Se ha criticado mucho que en nuestra política hay personalismo. Por eso es importante prepararte con un grupo de persona y tener el objetivo de llegar en un equilibrio de experiencia. Eso va a darte una gestión exitosa.
Repite mucho eso, la importancia de quién lo rodea. ¿Usted de quién está rodeado?
Estoy rodeado de un grupo de jóvenes que creemos que debemos hacer política desde una nueva perspectiva. No son solo personas con una lógica de urbanismo distinta como Álvaro Orbea, Mateo Samaniego, Valeria Vergara. Personas a las que escucho mucho, como Jaime Izurieta.
Por otro lado, soy una persona que siempre ha estado interesada en temas políticos, incluso desde que empecé mi camino en la empresa privada. Tengo la convicción de que uno no puede desentenderse del ámbito público y siempre he tenido conmigo personas que han analizado este tipo de problemáticas como Luz Elena Coloma, Juan Carlos Solines. También Roque Sevilla.
Hace poco Fernando Carrión decía que es increíble pero hay más de 36 posibles candidatos a alcalde para Quito. Eso puede ser entendido como negativo, pero yo lo entiendo como muy positivo:en esa lista hay personas con la probidad necesaria para estar en la papeleta, por lo cual también te ilusiona entrar en un proceso electoral en el que puedes discutir con alturas las cosas que requiere esta ciudad.
Juan Carlos Holguín nos recibe en su oficina, que comparte con un socio, en la González Suárez, al noreste de Quito. Fotografía de José María León para GK.
¿Cómo fue su experiencia con Mauricio Rodas como Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad?
Yo separaría la experiencia en dos partes.
La experiencia en el servicio público como algo positivo. Terminé con una conclusión muy grande: se puede ser eficiente siendo transparente y realmente, desde el servicio público, se pueden lograr muchos cambios.
En el plano político, como todos los quiteños, con mucha decepción. Yo acepté la invitación del alcalde Rodas cuando él ya ganó. A esa administración entró mucha gente de bien, dispuesta a arrimar el hombro pero el andarivel político de él no tenía la visión de cambio que muchos de nosotros esperábamos.
En el contexto político se requerían también cambios en las formas y en las prácticas. Se suponía que era una persona que albergaba un discurso de gobernar responsablemente, pero yo vi que no habían cambios en las formas que tanto criticaba toda una generación política nueva.
Entonces, no tiene que ver con la edad. La victoria de Rodas significaba un cambio en el péndulo político de esta ciudad, y en la fuerza de Quito frente a un proyecto nacional. Esos cambios no llegaron.
¿A qué se refiere usted con que se repetían ciertas formas y prácticas?
Estar ligado netamente a temas comunicacionales y faltar al análisis profundo de temas por los que había que tomar una decisión. Elementos de aparataje propagandístico.
En las últimas administraciones se cedieron muchas de las decisiones al gobierno nacional y Quito fue una alfombra de ciertas políticas públicas, y eso se volvió a repetir.
No me olvido cuando el primer informe a la ciudad, el 6 de diciembre de 2014, el Presidente Correa entró con Patria, tierra sagrada, a un acto de la ciudad.
¿Esas cosas le incomodaban?
Por supuesto. Me incomodan muchísimo porque cuando uno entra con unos principios claros sobre cambios en las formas de hacer política, uno no se siente cómodo. Eso es lo interesante de tomar partido.
Ahora muchos me critican por hacer, por haber participado. En el caso del alcalde Rodas, yo lo habré visto muy pocas veces. Lo empecé a conocer en la transición y después en la administración. Cuando no te sientes cómodo tienes que salir con tus principios sólidos.
Yo creía que había que tomar decisiones en otro andarivel.
¿Cómo se vinculó a usted con Rodas?
Mauricio Rodas había propuesto en primer lugar a Esteban Paz para candidato a la alcaldía de Quito. Yo trabajé muchos años con Esteban, lo respeto mucho. Creo que habría sido un gran alcalde.
Para las personas que estamos en mi generación, ha existido un vacío muy grande entre quienes hicieron política hace 20 años y quienes hemos querido vincularnos más recientemente.
En ese escenario podría identificar a dos políticos jóvenes: Rafael Correa y Mauricio Rodas.
En ese espacio se cristalizó ese vacío político de Quito. No solo nos retiró simbólicamente los partidos políticos, los líderes políticos que tuvo Quito. Fernando Carrión dice que ese vacío se reflejó no solamente en la política, sino también en el fútbol.
Fue una década en la que Quito perdió liderazgos en múltiples aspectos. Cuando Esteban Paz decidió cuestionarse sobre su participación política, él había tomado la decisión de conversar con Suma y ahí conocí a Mauricio Rodas por primera vez.
Unos meses más tarde decidió ser candidato él, y me propuso participar. Yo no acepté.
El día de las elecciones yo me encontraba fuera del país, y cuando regresé me llamó un empresario amigo en común y me dijo que hay que arrimar el hombro. Yo no dudé ni un minuto porque estaba en juego una generación dispuesta a asumir el mando que ponía en riesgo que el fracaso signifique que nos quedemos todos cuestionados que es lo que finalmente pasó. Yo acepté y dejé mis actividades particulares.
El empresario dice que siempre ha estado interesado en temas políticos, incluso desde que empezó su carrera en la empresa privada. Fotografía de José María León para GK.
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Holguín dice que empezó su trayectoria empresarial hace 17 años: cuando tenía 18. Estudió Comunicación en la carrera virtual de la Universidad San Francisco de Quito e hizo una maestría en políticas públicas en Georgetown. Ahora es candidato al doctorado en la Universidad de Navarra.
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En la alcaldía de Rodas, fue la primera vez que participó en la función pública.
Sí, por supuesto, la primera vez que ingreso al sector público. Ligado a la política he estado muchos años.
¿En qué sentido?
He estado ligado a procesos políticos. Pude estar cerca de Rodrigo Paz en 2004 en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito. Estuve cerca de Carlos Larreátegui cuando en 2006 volvió a la política.
Por eso decidí formarme en administración pública y políticas públicas, y también porque he cuestionado que aquí no existen espacios de formación de movimientos políticos distintos.
El correísmo marcó un Código de la Democracia que iba hacia un bipartidismo y era muy difícil que personas que queríamos hacer política desde cero, más desde el ámbito ciudadano, porque hacer un partido en este país era complejo.
Ya vimos el gran problema de las firmas o las afiliaciones que misteriosamente muchos ciudadanos aparecíamos en partidos en los que no éramos adherentes.
Guillermo Lasso es un político de derecha, al igual que varios de los que usted me ha mencionado. ¿En qué línea ideológica se ubica usted?
Yo he sido un humanista. Creo firmemente que el ser humano debe ser el fin último de cualquier política pública.
Dentro de aquello se requiere una discusión sobre cuáles son los espacios ideológicos en este momento. Yo soy una persona de centro.
Creo firmemente en la iniciativa privada como motor de desarrollo, creo en una economía social de mercado y creo que el fin último de la política es la construcción del bien común.
Dentro de su participación en la alcaldía de Mauricio Rodas, ¿qué aprendizajes sacó usted?
El primer aprendizaje es que para llegar uno tiene que tener principios muy claros de no cesión con grupos que después le van a quitar la libertad. Me refiero a llegar con la libertad absoluta de poder tomar las decisiones que uno debe tomar cuando está en el poder.
Holguín sobre la alcaldía de Rodas: “el andarivel político de él no tenía la visión de cambio que muchos de nosotros esperábamos”. Fotografía de José María León para GK.
¿Y eso se puede?
Esta ciudad ha estado secuestrada por ciertos grupos de poder que te quitan la libertad el momento de llegar al poder. Uno gobierno como llega.
La libertad es el principal valor de un político para tomar las decisiones con firmeza. En segundo lugar también tiene que ver con quién te rodeas. Alrededor de una persona tienes que lograr que haya ejemplaridad pública que nace del líder máximo. Alrededor de ello es muy posible que esas prácticas bajen hacia la sociedad.
Hoy me indigno cuando veo estos políticos que dicen: yo no sabía. Y me refiero a los políticos de esta última camada: alrededor de ellos se mentía, se robaba, se ejercía la corrupción como práctica diaria y no solamente en sus funcionarios sino también en su familia.
Uno tiene que ser lo suficientemente pendejo para no saber o ser una persona que deja pasar esas prácticas en pos de permanecer en el poder. Entonces ese es un aprendizaje: con quién vas a crear este proyecto político una vez que llegues.
Por eso también es importante el grupo de concejales con los que puedas compartir esta visión de ciudad porque se requiere un cambio de prácticas en ese escenario. Y el tercer aprendizaje es que sí es posible ser eficiente y ser transparente. Hay casos de referencia en nuestra ciudad que nos invita a pensar que lo que estamos viviendo ahora es una excepción en la administración pública.
Esta ciudad hace veinte años era un referente de la gestión pública no solamente en nuestro país sino a nivel regional.
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Además de pasar por la alcaldía de Rodas, Holguín no ha participado en la política. Dice que sí ha sido cercano a políticos que lo han hecho. En su libro, Juego Limpio, cuenta que estuvo en el equipo de comunicación de Rodrigo Paz cuando éste se lanzó a la Alcaldía en 2004.
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¿Qué es lo que a usted le motiva a entrar en política?
La política es la forma más alta de servicio. Cuando uno tiene el interés de retribuir a la sociedad lo que nos ha entregado, se pueden pensar en múltiples formas de servir.
La política es indudablemente la forma en donde se puede cambiar más. La política, especialmente ahora, tiene un contexto supremamente negativo.
Yo tengo una anécdota. Dos semanas antes de que el alcalde Rodas me llame a entrar al servicio público, yo había recibido el premio extraordinario de la revista América Economía como emprendedor del año en Ecuador. A las dos semanas, ya estaba metido en lo público.Y viajé con el Alcalde a uno de sus primeros viajes, a Brasil, y luego tenía una denuncia que le acusaba al Alcalde de delincuencia organizada.
En medio de todo aquello yo pensaba cómo la política podía generar eso, y por quince minutos maldije el momento en que decidí meterme. Pero quince minutos después pensé que cuando uno tiene la entereza de poder demostrar cada uno de sus actos, así no exista confianza en las instituciones, la justicia y la transparencia, llega.
Con esa transparencia, uno tiene la tranquilidad de que puede seguir en este camino con solvencia. Hay políticos que utilizan este tipo de prácticas para no permitir que otra gente llegue pero en mi caso fue uno de los mayores aprendizajes.
Sí, la política tiene estos ámbitos tan negativos, no solo para uno, sino para su familia y sus amigos. Pero cuando uno puede demostrar solvencia y transparencia no tiene que tener miedo porque la justicia y la verdad siempre llegan. Hemos visto cómo, después de una década, para personas que se sentían intocables, la justicia llegó.
Usted se refiere al cuestionamiento que le hizo María José Carrión y usted le respondió con una carta pública.
Sí. Finalmente uno tiene que tener la tranquilidad de que las autoridades de control tienen que actuar. De eso se trata la transparencia. Lo importante es despolitizar a las autoridades de control para que haya un equilibrio en la democracia. A mayor transparencia, mejores funcionarios.
Yo vengo del fútbol. A mí me interesa analizar las analogías del fútbol y su impacto en la sociedad. En un libro que acabo de escribir hablo del concepto del VAR, eso viene de un concepto de transparencia pública muy grande. A mayor claridad en los actos y mayores mecanismos de control hay mejor comportamiento humano con las reglas claras.
Holguín hojea Juego Limpio, el libro que recién publicó en el que narra parte de su participación en procesos políticos. Fotografía de José María León para GK.
Por ejemplo, ¿cómo hacer una administración honesta si entregas el organismo de control del Municipio al Presidente Provincial de tu partido o a un familiar? Eso hizo Mauricio Rodas en lugar de entregarlo a una contraparte que genere un equilibrio de monitoreo a la corrupción —quizás de un partido opositor o de un movimiento ciudadano de lucha contra la corrupción. Me refiero a Quito Honesto.
Quito Honesto debe ser independiente, incluso de la función pública. La persona que lidere Quito Honesto debe ser elegida en el Concejo Metropolitano y debe estar exenta de vínculos con el Alcalde y los concejales. Yo siempre creo en un equilibrio de fuerzas por el bien de la democracia y por eso creo que es importante que el periodismo haga su trabajo con total libertad.
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Juan Carlos Holguín no ha perdido el nerviosismo de los neófitos. A veces alza la voz y sus palabras se enredan. Juega mucho con sus dedos, se mueve, abre y cierra los brazos. Quiere decir muchas cosas y no siempre termina sus frases. Parece que una idea corta a la otra.
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¿Fue una sorpresa para usted este anuncio que hace Guillermo Lasso en la UDLA o ya lo sabía?
El anuncio en sí mismo fue una sorpresa porque se dio en un contexto personal, en el lanzamiento de mi libro, pero no fue una sorpresa la postulación porque públicamente, hace varios meses me afilié a CREO.
Lo hice en un evento público, como intento hacer todas mis cosas. Posterior a ello, había varios precandidatos dentro de la estructura del partido que estaban postulando a la candidatura de la Alcaldía.
Yo no he sido un militante en los procedimientos de directivas dentro de CREO, pero tomé el mensaje de Guillermo con un agradecimiento muy grande porque es difícil que el líder de un partido pueda jugarse por alguien que —si viésemos en un escenario de más cálculo político— tendría todos los ingredientes para no tener un éxito electoral.
Es decir, una persona desconocida, que viene de una generación en la que ser joven es mal visto porque representa, muchas veces, estas formas negativas de la política.
En ese sentido, la sorpresa fue porque Guillermo Lasso se juegue por ese perfil. Nos conocemos hace algunos años. Yo lo conocí en un contexto donde el estaba dispuesto a jugarse por un joven como candidato a la vicepresidencia y eso me ha sorprendido.
Por eso tomé partido por un líder que, siento, que es muy sincero en esas ideas. Más allá de aquello, esta postulación no puede ser tomada con un gesto espontáneo porque nosotros , y me refiero al equipo político, vamos trabajando muchos meses en un plan de gobierno.
Ahí hay la claridad absoluta de que estamos listos para asumir este reto, estoy listo para asumir este reto.
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En septiembre de 2016, Guillermo Lasso hablaba muy bien de Juan Carlos Holguín, ante la pregunta de quién lo acompañaría como candidato a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2017. El acuerdo finalmente no se concretó y Lasso participó junto al político Andrés Paéz.
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Holguín dice que ha estado ligado a procesos políticos desde hace más de 10 años: en 2004 estuvo cerca de Rodrigo Paz en su posible candidatura a la Alcaldía de Quito, y en 2006 de Carlos Larreátegui cuando volvió a la política. Fotografía de José María León para GK.
Otra lectura que hacían algunos analistas es que parecía el caudillo decidiendo quién es el candidato sin un proceso de elecciones internas.
El Código de la Democracia dice que cada uno de los partidos puede tomar sus procedimientos internos para designar.
Lo que se ha visto en la prensa no es exactamente lo que sucedió en el evento cuando Guillermo postuló mi nombre con la posibilidad: Juan Carlos debería ser alcalde de Quito. Yo soy muy respetuoso de aquello. Vemos las cosas solo de un lado.
Yo tenía la misma preocupación, como militante, cuando salió otra candidatura públicamente a decir: yo soy el candidato.
¿Se refiere a César Montúfar?
Sí. Y ojo, yo respeto mucho a César. Es de esas personas con las que yo he hecho política muchos años en términos de discutir, de tener ideas muy comunes en luchas que él ha dado, y de las que yo me he sentido partícipe por la democracia en el país.
Todas las acciones tienen dos lados y finalmente es el partido el que tiene que tomar una decisión y como militante de CREO he sido muy respetuoso de los procedimientos. Sobre aquello, la única manera en que nosotros podemos llegar a cambiar Quito, es con la posibilidad de llegar al Concejo con los mejores quiteños y quiteñas que muestren también desprendimiento político.
Una vez que ganemos, todos debemos ponernos la camiseta, todos los concejales que lleguen. Uno de los mayores problemas de la administración de la ciudad es que se ha politizado demasiado ese concejo y la labor administrativa de un Alcalde.
¿Entonces cuál va a ser el proceso interno para definir cuál será el candidato?
Es el partido el que maneja eso.
¿Pero usted no es parte del partido?
Por supuesto, pero no estoy en ninguno de los órganos directivos del partido y ellos tienen los procedimientos internos, como los han tenido desde que CREO fue fundado.
Es decir que de momento no sabemos. Puede ser usted como no puede ser usted.
Bueno, la inscripción de las candidaturas tiene un período y un cronograma. Sobre esta postulación estoy decididO a ganar esa Alcaldía de Quito, y estoy preparado con un equipo para hacerlo.
¿Pero ya es usted el candidato de CREO? Usted mencionó a César Montúfar y ahí hubo una polémica sobre las conversaciones que César Monge tuvo con él. Al final, la duda que queda es ¿quién es el candidato?
Durante estos días he tenido varias reuniones con los directivos del partido y han mostrado su apoyo a mi postulación.
Lo importante ahora es la discusión interna de cómo consolidar este proyecto que nazca desde CREO pero que sea un proyecto que nos dé la ilusión de que sea más ciudadano para llegar al poder.
Juan Carlos Holguín dice que, con un equipo, lleva varios meses trabajando en un plan de gobierno. Fotografía de José María León para GK.
Guillermo Lasso hizo un símil diciendo que usted y él son parecidos: clase media, empresarios. ¿Usted se siente identificado con él?
Hay diferencias fundamentales en nuestra vida. No somos dos historias idénticas pero yo me siento muy identificado con él.
Especialmente por este escenario en el que es una persona que toma una decisión de meterse a lo público en uno de los contextos más difíciles de la historia de este país, en medio del correísmo en su fase más agresiva.
¿Cómo alguien que tiene la tranquilidad afuera de la política puede tener la audacia de meterse?
Eso es lo primero que me identifica con él.
En la generación que me antecede hay muy pocas personas que han vuelto a ver a la política como símbolo de servicio y como que este es un lugar para construir el bien común.
Esa es la primera similitud.
La segunda similitud tiene que ver con las ideas que él pregona.
Yo me siento identificado a las ideas económicas que propone su proyecto político. Me siento claramente identificado a la manera en la que él hace política. Es difícil encontrar un proyecto político que crea que el vehículo electoral es importante pero que crea también que las ideas son importantes y genere un tanque de pensamiento. Yo soy director de Ecuador Libre hace varios meses, y esas son las formas de hacer política en las que más me asemejo a él.
Hay algunos legisladores de CREO que han sido criticados. Dos casos específicos. Roberto Gómez utilizando términos como feminazis para referirse a las feministas o la legisladora Ana Galarza que está de acuerdo con que se pida pasaporte a los ciudadanos venezolanos.¿Usted comparte ese tipo de opiniones?
Para vencer el caudillismo justamente lo que se requiere es que haya proyectos políticos con visiones distintas y que se puedan discutir.
Mae Montaño sostenía que tiene una postura muy clara sobre ciertos principios, que el partido los conocía y que alrededor de esas posturas podía discutir.
Lo interesante de un proyecto donde existan las divergencias es que se puede construir así una discusión pública.
Lo lamentable es cuando hay proyectos políticos donde alguien tiene una posición personal y de repente es suspendido del partido por esa visión personal.
Eso sucedió en Alianza País.
¿No le preocupa a usted ser poco conocido?
Para nada. Una campaña es el vehículo adecuado para darme a conocer. De eso se trata.
Una de las mayores críticas a la actual alcaldía es que no ha habido una visión de ciudad. ¿Cuál es su visión de ciudad para Quito?
Hay tiempos para ir enseñando lo que hemos trabajado y lo que proponemos para la ciudad. Yo empezaría con una generalidad: la alcaldía de Quito es en sí mismo el principio y el fin de la carrera de un político que entra con responsabilidad a tomar las decisiones que tiene que tomar.
Esa es la principal visión porque si vemos a Quito como la posibilidad de llegar a Carondelet, hay una equivocación muy grande al momento de tomar decisiones.
En segundo lugar, esa despolitización tiene que traer una nueva perspectiva del manejo en la gestión pública de nuestra ciudad.
Ha repetido mucho este tema de la despolitización. ¿A qué se refiere con eso?
No entregar parcelas de poder a concejales, no entregar administraciones zonales a personas que vienen de una alianza política.
Creo que la economía creativa nos permite generar reglas claras a través de la tecnología. Eso puede generar oportunidades para todos con las mismas reglas claras.
Hay que luchar contra estos grupos de poder que han sido nefastos, por ejemplo, al no pensar que el transporte público es el bien común sino el interés de unos pocos.
Un tuitero me preguntaba el otro día qué transporte usa. Yo le respondí la verdad: yo uso el auto particular, Uber y Cabify. Esta persona me decía que eso es totalmente contrario a una política pública de movilidad. Y yo le decía: yo sé, pero en una campaña no voy a mentir.
Creo además que la tecnología ha traído mejores condiciones de vida para todos. Aspiro que mi experiencia en la empresa privada, en la gestión, en la negociación y en aspectos tecnológicos, nos permita construir esta nueva visión completamente alejada de lo que ha sido la negociación política a la que nos han tenido acostumbrados en los últimos diez años.
El gremio de taxistas amenaza veladamente diciendo que no quieren llegar a medidas extremas, hablando de Cabify y Uber. ¿Está dispuesto a enfrentarse a grupos que le podrían costar la Alcaldía?
O la vida. Muchas veces son mafias que están dispuestas a todo para seguir con sus intereses y manejando la ciudad.
Aunque sea una ironía, de eso se trata esta campaña, de ir con la verdad y enfrentarnos a aquello.
En nuestro análisis de estos meses, son justamente esos grupos de poder los que mantienen secuestrada esta ciudad. Con ilusión y alegría, hacia allá vamos.
Holguín cree que la edad no es una debilidad ni una virtud en sí misma y que no se puede juzgar a un candidato por cuántos años tiene. Fotografía de José María León para GK.
Para terminar, ¿cuál es su debilidad? ¿Qué defectos tiene?
Muchos defectos, como tenemos los seres humanos. La edad no es una virtud en sí misma ni una debilidad.
No se puede criticar a alguien por ser joven ni por llegar a una elección con 80 años. En mi caso, una de las debilidades más fuertes es quizás que por la edad, puedo tener mucho ímpetu y pasión y ahí solo el equilibrio generacional puede poner quizás una protección.
Soy una persona que toma los ‘sí’ demasiado rápido. Eso es justamente fruto de ese ímpetu. He aprendido, especialmente en los últimos años, a reflexionar mucho cada decisión y saber si es estoy preparado para hacer algo y con el equipo adecuado para llegar. Creo que una de mis debilidades podría llegar a ser…
En ese momento se detiene, pensativo. Parece dudar si debe continuar respondiendo a la pregunta. Junta sus manos a la altura de su rostro, de tal modo que los dedos le tocan los labios y parte de la nariz. Retoma el hilo de lo que dice:
Una de las debilidades es confiar mucho a veces en que los cambios se los logra con ímpetu. Tal vez es allí cuando la vida te va mostrando que es mucho más duro, que te vas encontrando con personas, especialmente en la política, en donde están los aspectos más negativos del ser humano porque en la política intervienen la vanidad, el ego, la ambición de poder y creo que ahí puedes tener varias decepciones.
Las decepciones humanas son las más importantes en la vida y creo que esa es una debilidad, muchas veces tener mucho dolor sobre relaciones que finalmente pueden tener un cambio inesperado porque nuevamente, en la política, la ambición, el ego, la vanidad, la búsqueda de poder, puede hacer sacar lo peor de los seres humanos.
Sobre la ambición política. Ha habido un constante interés de los políticos de controlar incluso la comunicación. Usted tiene empresas relacionadas a ese ámbito. ¿No puede haber un conflicto de intereses ahí?
Para prepararme toda la vida con esta vocación de servicio público, mis empresas nunca han hecho nada para el sector público.
Por eso tengo la tranquilidad de que puedo demostrar todo lo que he hecho en mi vida desde el campo privado con total transparencia. En segundo lugar cuando yo hablo de ejemplaridad, que es uno de los motores de esta nueva perspectiva, tiene que haber una lógica de transparencia muy grande para que no existan conflictos de intereses.
Cuando uno habla de la gestión pública transparente y eficiente tiene que tener mayores mecanismos de control y de crítica, y esos contrapesos son los que van a traer una administración adecuada. Yo no tengo dudas sobre mis prácticas. Lo que he hecho en mi vida lo he hecho con el objetivo de que cuando ingrese a la política, mis decisiones no se vean afectadas, ni haya un conflicto de interés en la Alcaldía.
