GK 2018-11-14T16:55:24+00:00

La verdad enterrada en la quebrada

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Hay cosas tan terribles que deben confesarse en privado, a pocas personas, aun cuando los hechos hayan escandalizado a todo un país. El 10 de noviembre de 2018, el pastor Jonathan Carrillo estaba sentado en un todoterreno dorado en el sector de la Biloxi al sur de Quito. Con él hablaban la fiscal Mayra Soria y sus dos abogados. Les estaba diciendo, sabríamos después porque no podíamos escucharlo, que habría arrojado el cuerpo de Juliana Campoverde en una quebrada en el sector de Bellavista varios kilómetros al norte de donde estaban. Afuera, bajo un cielo sombrío, sentada en la vereda de la calle donde caminó con su hija por última vez, Elizabeth Rodríguez no despegaba la mirada del automóvil, como quien vigila que algo, o alguien, no se escape. Elizabeth y su familia ha tenido que esperar seis años de investigación,  a manos de 11 distintos fiscales, de indolencia pero también de perseverancia, fuerza y convicción para llegar a la hora de una verdad terrible pero necesaria.

Elizabeth Rodríguez no ha dejado de buscar a su hija, Juliana, desde que desapareció el 7 de julio de 2012. Fotografía de José María León para GK.

El camino tortuoso de la búsqueda de Juliana comenzó a despejarse a comienzos de septiembre de 2018. En la madrugada del 5 de ese mes, el pastor Jonathan fue detenido en su casa y llevado a rendir versión en la unidad de flagrancia. La prueba vinculante en su contra: un registro de llamadas que evidenciaba que habría sacado la tarjeta SIM del celular de Juliana, la habría puesto en el suyo y marcado al buzón de voz la noche en que ella, entonces de 18 años, desapareció.

El mismo día de su detención, después de casi 4 horas de interrogatorio al pastor, la fiscal Mayra Soria formuló cargos por secuestro extorsivo y pidió su prisión preventiva. El juez acogió los argumentos y dio 90 días para la instrucción fiscal.

El 12 de octubre de 2018, se realizó un barrido en el sur de Quito con personas de la fiscalía, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía Metropolitana, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Elizabeth y sus abogados. La fiscal Soria describió qué vestía Juliana el día de la desaparición: una chompa fucsia, una blusa gris, un jean y unos zapatos Converse. Los agentes buscaron en las quebradas del sector y hallaron ropas, zapatos y un libro pero ninguna de esas cosas eran de Juliana.

Al día siguiente, realizaron una reconstrucción de los hechos. Comenzaron en la casa del pastor Jonathan y terminó en la gasolinera de la Biloxi, donde Elizabeth vio a su hija por última vez. La ruta duró cerca de dos horas. Cuando debía continuar,  el pastor se acogió al derecho al silencio. La reconstrucción terminó ahí con el pastor convertido en una tumba.

Semanas más tarde, el 30 de octubre, la Fiscalía allanó la Iglesia evangélica  de la familia Carrillo a la que Juliana y Elizabeth asistían. Los policías utilizaron georadares para detectar si hubo levantamiento de tierras, y saber si es que Juliana podría estar enterrada ahí. Nada.

Fue entonces que hubo un giro inesperado: a comienzos de noviembre, el pastor Jonathan se acogió a la cooperación eficaz, una figura legal que le permitiría una rebaja de pena a cambio de información sobre el delito investigado. Seis años y cuatro meses más tarde, después de dar múltiples versiones contradictorias, el pastor habló.  

La reconstrucción fue programada para las 8:30 de la mañana el sábado 10 de noviembre, en el lugar donde se detuvo cuando el pastor eligió callar: en la gasolinera en el sector de la Biloxi.

Policías forman una cerca entre Jonathan y los familiares mientras que el pastor daba su versión. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Hacía frío. Estaba nublado. Cerca de 11 policías rodeaban el carro dorado donde Jonathan Carrillo estaba sentado. En la puerta de la tienda de la gasolinera, estaban los abogados del pastor y su familia: su papá el pastor Patricio, su hermano, su suegro. Elizabeth estaba a pocos metros, parada en la vereda con una de sus abogadas. La acompañaban Absalón,  padre de Juliana, la hermana de Absalón, y algunos amigos. Elizabeth, como siempre, tenía el afiche fucsia de la búsqueda de su hija en sus manos. Como los últimos 6 años no lo soltó: lo mantuvo firme, sin arrugarlo, frente a su pecho.

A las 8:50 llegó la fiscal Soria y anunció que tenían que esperar a criminalística unos 20 minutos más. Enseguida, el padre de Jonathan —vestido de gris, de pelo blanco y lentes sin marco rectangulares— se subió al carro dorado con vidrios blindados donde estaba su hijo y cerró la puerta. Los demás se quedaron donde estaban, como si se hubiera delimitado un terreno para las partes.  “Yo espero que el procesado nos diga la verdad, que nos diga dónde está Juliana, qué pasó con Juliana, qué hicieron con Juliana”, dijo Elizabeth. “Espero que eso llegué a pasar este día”. Horas más tarde, estaría parada frente a la quebrada donde el pastor dijo que dejó el cuerpo de su hija.

Criminalística llegó cerca de las 9:30 de la mañana con el halo sombrío de los forenses. Cuando la fiscal Soria dio la orden de que comenzaran, el papá de Jonathan salió del auto y corrió hacia donde estaban sus familiares. Todos caminamos  por la vereda cuesta arriba, hacia una cuchara atrás de la gasolinera: ese fue el lugar donde Elizabeth y Juliana saludaron con el pastor minutos antes de su desaparición. La fiscal llamó a que los abogados de las dos partes se registren en un papel y comenzó el proceso. El subteniente de criminalística Daniel Padilla dijo que la diligencia era una “reconstrucción de los hechos que implica hacer una reanimación o reanudación testimonial, imitativa, práctica, dinámica de una acción presumiblemente delictiva”. El objetivo: llegar a “concordancias de tiempo y de espacio” que puedan servir para la investigación. Pidió que se guarde el orden, que los familiares y los medios de comunicación mantengan una distancia y dejen que la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), la policía, los agentes de  Unidad de Mantenimiento del Orden y fiscalía lideren la caravana que recorrería diferentes lugares de Quito. La fiscal dijo que el testimonio sería “de carácter reservado por haberlo así solicitado el procesado” y que sólo intervendrían en la escucha de lo que el pastor tenía que decir  los abogados del procesado, la Fiscalía y la Policía. Algunos asintieron con la cabeza, otros se quedaron quietos.

Caminamos unos metros más arriba, donde estaba estacionado el auto donde estaba Jonathan. Los abogados —un señor de lentes con terno azul casi eléctrico, y una mujer con gafas oscuras y pantalón café— se acercaron al auto con la fiscal, ingresaron y cerraron las puertas. Una cerca policial de 4 oficiales se formó entre todos los que nos quedamos afuera y ellos.  Sobre una vereda, estaban el pastor Patricio y uno de sus hijos. Los dos, mirando fijamente al automóvil. Por la calle caminaban cuesta abajo dos niñas de unos 12 y 7 años aproximadamente. “Hola pastor”, le dijeron a Patricio y él se agachó para saludarlas con un beso en la mejilla. Las niñas siguieron caminando, mirando a los policías, a los que estaban parados esperando. Veían la escena de reojo, se veían entre ellas, volvían a mirar a los que estaban ahí. La mayor puso su brazo alrededor de los hombros de la más pequeña y siguieron caminando hacia la gasolinera sin mirar atrás otra vez.

Durante la casi hora que duró la versión de Jonathan, la gente se movió poco. La calle seguía separada: a un lado quienes estaban con Elizabeth y Absalón, al otro lado quienes estaban con Jonathan. Un medio de comunicación entrevistó a los padres de Juliana ahí. Elizabeth habló primero y dijo que esperan saber la verdad. Cuando le tocó a Absalón, Elizabeth se quedó parada al lado de él, sosteniendo el afiche de su hija. Absalón decía que espera encontrar a su hija con vida, y Elizabeth se desmoronó. Se tapó la cara con el afiche y se alejó de las cámaras. Sus abogados y familiares la abrazaron, le dieron agua y mentas. Se sentaron con ella en la vereda a esperar.  

Cerca de las 11 de la mañana los abogados de Jonathan salieron del auto. El abogado de terno azul tomó agua de una botella, hizo una mueca desencajada y cruzó los brazos. La abogada de gafas y pantalón café se acercó a sus acompañantes, les dijo algo breve e ininteligible y regresó al lado del otro abogado. Los policías rompieron la cerca que habían formado: podíamos acercarnos. La fiscal Soria salió del auto y junto al teniente Padilla nos dieron información: íbamos a comenzar el recorrido en el local de Juliana, a más o menos 5 cuadras de donde estábamos.

El día que Juliana desapareció, después de saludar con el pastor, ella iba hacia su negocio de productos naturales. La fiscal Soria ya no tenía la mirada dura que tenía al inicio del día. Se veía pálida, desconcertada, como si lo que escuchó en el auto la hubiese estremecido hasta los huesos.

La reconstrucción fue a varios lugares que el pastor señaló: el local de Juliana, a una calle atrás del nuevo hospital del Seguro Social en el Sur, a un motel a la vuelta del hospital, a la casa de Jonathan en el centro norte de Quito, a la quebrada donde dijo que había dejado el cuerpo de Juliana. Los motivos de por qué fueron a todos estos lugares son desconocidos porque la reconstrucción fue hecha en base a la versión reservada que dio el pastor. Pero lo que sí sabemos es por qué la caravana terminó en la quebrada del sector Bellavista: Jonathan dijo que había dejado el cuerpo de Juliana ahí, metido en una funda.

Vista de lejos de la excavación de búsqueda por los restos de Juliana Campoverde. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Cuando le pregunté a Elizabeth detalles de lo que ocurrió en la reconstrucción de los hechos, me dijo que no podía decirme mucho. Lo que sí me contó es que el pastor dijo que había dejado el cuerpo de Juliana en esa quebrada, a los tres días de que ella desapareciera. “De ver que el cuerpo estaba ya no con vida, vino y lo botó aquí al cuerpo como si fuera basura con tanta frialdad. Mi mente no concibe tantas cosas”, dijo Elizabeth. “Hay cosas que no le creo. No le creo. Y por eso exijo que digan la verdad”.

La excavación en la quebrada comenzó el domingo 11 de noviembre, a las ocho de la mañana. Ese día, la Dinased y la fiscalía encontraron piezas dentales y óseas. Estos restos “están sujetos a pericias y tenemos que esperar obviamente esos resultados para poder determinar si esos vestigios encontrados pertenecen a Juliana”, dijo el director de la Dinased, Víctor Araus. Con estos hallazgos, el padre de Juliana habló a los medios de comunicación: “El hecho ya está hecho, no podemos dar paso atrás. No podemos devolverle la vida a mi hija”, dijo Absalón Campoverde. “Lastimosamente lo que queremos este rato es recuperar sus restos para ubicarlos en el lugar donde debe estar”. Se lo veía resignado, con los ojos acuosos, la voz a punto de quebrarse.

Al día siguiente, el lunes, continuaron las excavaciones: encontraron cuatro huesos pequeños más. Elizabeth y Absalón estuvieron ahí desde la mañana, a la espera. A ella le parece raro que no encuentren todavía un cráneo o un hueso largo de la pierna. “Esperamos encontrar todos los restos, yo exijo que me devuelvan todo el cuerpo o todos los huesos de mi hija”.

Se utilizó la máquina retroexcavadora desde el domingo 11 de noviembre hasta el martes 13 de noviembre para buscar restos que podrían pertenecer a Juliana Campoverde. Fotografía de Inredh.

El martes 13,  la Fiscalía y la Dinased continuaron las excavaciones pero no encontraron nada más. La búsqueda con la máquina retroexcavadora ya no puede seguir. La búsqueda del cuerpo de Juliana continuará con una unidad especializada de la policía y perros entrenados. Mientras tanto, Elizabeth y Absalón entregaron muestras de sangre para hacer las pruebas de ADN de las piezas óseas y dentales halladas hasta ahora. El periodo de instrucción fiscal termina el 5 de diciembre.

Aunque la investigación ha avanzado muchísimo para que se sepa la verdad, Elizabeth tiene un sabor amargo sobre cómo se hicieron desde un inicio. “Nosotros dimos esta información desde el primer día que a Juliana la desaparecieron y los fiscales dejaron pasar el tiempo, no cumplieron con celeridad las investigaciones, no hicieron muchas peticiones nuestras; en especial, que los investiguen primero a ellos”, me dijo Elizabeth entre sollozos. “Se demoraron demasiado. Duele esto, que después de 6 años y 4 meses se haga todo esto porque hubiéramos encontrado a Juliana los primeros días que la buscábamos intensamente igual que hasta ahora.”  Tiene razón: la búsqueda incansable de Juliana sigue y Elizabeth no deja de contar los días sin su hija: hoy son 2 mil 331.

Impaqto Quito

Ninguna niña sueña con lavar tus platos

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Cuando Nelly  tenía 10 comenzó a trabajar como empleada en una casa en Guayaquil: había dejado la escuela y su casa en el campo. Tras cumplir 12, fue abusada sexualmente por el dueño de la casa donde trabajaba y vivía. Nunca lo denunció. Clara, a los nueve años, era obligada por su patrona a pararse sobre un taburete para que alcance la hornilla en la que debía freír el arroz. Cuando Lucía tenía 13, dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar porque su mamá no podía pagar sus estudios y los de su hermana menor. A los 11 años, la madre de Carmen la mandó a trabajar como empleada doméstica. Mientras limpiaba y cocinaba, veía por la ventana cómo los niños de su edad jugaban en el patio. Según un estudio realizado por Care, una organización no gubernamental, como Nelly, Clara, Lucía, Carmen, la mayoría de empleadas domésticas del Ecuador comenzaron a trabajar cuando eran niñas: en promedio, empiezan a los 12 años, aunque se han registrado casos de niñas que trabajan desde los 6.

La idea de que las niñas y las adolescentes deben dedicarse al trabajo doméstico comienza en sus propios hogares. Según datos de la organización Plan Internacional, 10 millones de niños y niñas en el mundo trabajan en el servicio doméstico o en condiciones de esclavitud —el 67% de ellos son mujeres. Un estudio de Plan Internacional Ecuador revela que los padres cargan con el peso de limpiar, cocinar y arreglar la casa a sus hijas desde que tienen apenas 5 años. A sus hijos varones los dejan ir a la escuela y jugar con sus amigos.

Camila, una niña entrevistada por Plan en la provincia de Los Ríos, cuenta que a ella le hacen lavar, cocinar y arreglar todo mientras que a su hermano no. “Él come, no hace nada, mi mamá lo consiente… yo quisiera que mi mamá sea igual con todos, que no por ser mujer yo tengo que ser una esclava” dice en su testimonio. Camila es parte del 65% de niñas en Ecuador que dedican su tiempo al trabajo doméstico, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre el Uso del Tiempo de los ecuatorianos. Para muchos padres, tíos, vecinos, es normal, algo que les toca a las niñas por ser niñas: porque algún día serán mujeres. Y eso es lo que hacen las mujeres.

Según un informe de UNICEF las niñas que habitan en viviendas con servicios básicos inadecuados tienen mayor probabilidad de trabajar. “Esto puede estar relacionado también con el hecho de que las tareas domésticas se incrementan con la carencia de servicios básicos”, dice el estudio. En el mismo reporte se diferencia al trabajo doméstico (dentro de la casa de la niña) del mercantil —agricultura, comercio, manufactura, etc.— pero se especifica que “si bien ambas actividades pueden ser complementarias, no necesariamente la intensidad del trabajo mercantil reduce el tiempo de dedicación al trabajo doméstico en el caso de las niñas”.

Vivir privadas del juego, ocio y estudios para dedicarse al servicio afecta gravemente a estas niñas. “Genera un perfil psicológico de ‘yo no valgo, yo solo puedo hacer esto, yo no tengo otras opciones”, dice la directora de Plan Internacional Ecuador, Rossana Viteri. “Las niñas ni siquiera lo ven como un trabajo, sino como parte de la vida”. El estudio de Plan encontró que las niñas invierten 18 horas a la semana en los quehaceres domésticos. El problema no son solo estas extensas jornadas de trabajo, sino que  lo que hacen es denigrado por sus familiares: si las niñas no cumplen con todas las tareas, son castigadas, y ellas piensan que lo merecen. “Esa niña ya no crece con lo que tendría que tener como recursos básicos: confianza en sí misma, seguridad y conocimiento de que nadie debe violentarla, derecho al descanso, a la educación, al ocio”, dice Viteri. “Todo eso queda vulnerado con esta dinámica del trabajo doméstico”.

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Muchas de estas niñas dejan de estudiar por su situación de pobreza o porque los papás las obligan a quedarse en la casa para cuidar a sus hermanos y servirlos. Según la directora de Plan Internacional, “hay un tema de inversión económica: dicen esa niña se va a casar y no va a aportar nada en esta casa, para qué invierto”. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, 44 mil 700 niñas y adolescentes mujeres abandonaron sus estudios en el periodo de 2016 al 2017. Los principales motivos son la falta de dinero, de trabajo, desmotivación, embarazo o matrimonio. Esta deserción se refleja en las trabajadoras domésticas: el 67% solo terminó sus estudios primarios o no tienen ningún nivel de educación.

Según Nubia Zambrano de Care —una organización no gubernamental dedicada a erradicar la pobreza— , hace unos 40 años era muy común que las mamás de zonas rurales enviasen a sus hijas a la ciudad. Llegaba a trabajar en casas, con la idea de que pudiesen acceder a educación. En otros casos, simplemente las mandaban a conseguir una ayuda económica para sostener a los que se quedaban en el campo. Y en muchos otros, hay niñas que escapan de sus casas porque viven en círculos de violencia y el trabajo doméstico es lo único que saben hacer para sustentarse. Pasan de un círculo de violencia a otro.

Las promesas educativas y dinerarias muchas veces no eran más que eso: promesas. Las niñas no iban a la escuela, eran golpeadas, obligadas a trabajar más de 12 horas diarias, y muchas veces no les pagaban. Si se quejaban, las amenazaban con denunciarlas con la Policía por hurto. Las niñas, por falta de experiencia e ignorancia de sus derechos, se quedaban calladas. Hay algo perverso en esa idea: una niña no tiene por qué saber cuáles son sus derechos laborales; debería estar en la escuela, tener tiempo para jugar, para crear, para imaginar. Las trabajadoras domésticas suelen ser víctimas de abuso, no pueden estudiar ni elegir otra profesión. No pueden ser niñas.

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El hombre que violó a Nelly cuando ella tenía 12 años era rector de un colegio en Guayaquil. Cuando su esposa salía de la casa, él le decía “¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, yo te quiero pagar más”. Un estudio sobre la situación del trabajo remunerado del hogar en Ecuador realizado por Care demuestra que el caso de Nelly no era aislado, sino que, por el contrario, muchas niñas y adolescentes mujeres fueron violadas, insultadas y golpeadas por sus empleadores. A su patrono, Nelly le decía que no, que no la moleste, lloraba repitiéndole que no. Pero a él no le importó: Nelly nunca dijo nada a su familia.

Lenny Quiroz, la secretaria general de la Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar  dice que ha escuchado muchos casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a sus compañeras. Habla de Laura: “Empezó desde los 9 años a trabajar en casa, yo vine a saber que ella había sido abusada sexualmente y estaba yendo al psicólogo para recuperarse, a una chica los empleadores le quemaban con el cigarrillo, no le daban de comer, estuvo internada en una clínica”, dice Quiroz. “Esas historias le impactan a una y le llegan al corazón”.

Muchas de las mujeres que trabajaron desde niñas, se esfuerzan para que la historia no se repita con sus hijas, como Nelly.  El estudio de Care recoge el testimonio de una mujer: “No quisiera que se haga empleada porque se sufre, se quedan solas en la casa”. Muchas mujeres ahorran lo que ganan para sacar a sus hijas de ese cadena generacional de trabajo doméstico. Aunque muchas otras no pueden hacerlo, según Zambrano, y el ciclo se repite. La Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar las acompaña en estos procesos de sanación por los abusos del pasado. Además, las acompañan con asesoría legal, emocional. También buscan darle valor al trabajo doméstico, por eso se autodenominan como Trabajadoras Remuneradas del Hogar, un término reivindicativo para darse valor como personas.

Quiroz explica que si bien antes era muy común ver a niñas que iban del campo a la ciudad a trabajar, ahora ya no es tan frecuente. Dice que esto se debe a la regulación de edad mínima para el trabajo—15 años— establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, dice que muchas personas igual buscan formas de saltarse las leyes para seguir empleando a niñas. “La gente las trae como si fueran sobrinas, o las ahijadas, para evadir la ley. Entonces si va una autoridad a revisar, como la niña es una familiar más no pueden hacer nada”. Dice que el patrón se repite: la niña cocina, limpia, lava, arregla a cambio del estudio y de la comida —y a veces ni eso. Lo, para Quiroz, es que a veces son niñas cuidando a otras niñas que sí estudian, sí juegan y no tienen que trabajar.

A pesar de que hay una legislación que prohíbe el trabajo infantil y existe más control del Estado sobre los derechos laborales, el tema de las niñas sigue al margen. Existe un mínimo de edad para el trabajo de menores de edad, pero Zambrano —de Care— explica que esto no quiere decir que no ocurra en la clandestinidad, en el abuso y el irrespeto. “Hay total invisibilidad. Solo puedes saber si ingresas al hogar y puedes hacer la constatación de que hay una niña trabajando”. Aunque ya no sea tan común que envían a niñas del campo a la ciudad para trabajar “puertas adentro”, las niñas siguen trabajando: “Las estadísticas no te revelan eso pero sí las historias de las compañeras que te dicen que tienen sobrinas, compañeras que ingresan cuando son muy chiquitas como una alternativa de sustento o independencia si es que viven mucha violencia en su hogar”. Como no existen cifras oficiales sobre el trabajo doméstico infantil, es casi imposible saber si es que realmente ha disminuido o no.

Que una niña trabaje tiene un costo demasiado alto para ella. Por un lado está no tener educación, no poder perseguir una carrera profesional distinta al trabajo doméstico. Y por otro están las cicatrices que deja ser vista como alguien que solo sirve para un trabajo por ser mujer, y que, por hacer ese trabajo, la denigren, la maltraten, la abusen. Hacer que una niña trabaje es minar su camino al futuro y dejarla estancada en el de los estereotipos. Es, sobre todo, negarse a entender que ninguna niña sueña con lavar tus platos.

Lourdes Cuesta: “Llevamos año y medio de un nuevo gobierno y sigue hablando de Correa”

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Lourdes Cuesta, abogada cuencana, es alta, de tez muy blanca. Está sentada en su oficina en el centro de Quito, y lleva un vestido azul de manga corta. Saluda con amabilidad y conversa un poco antes de empezar la entrevista: cuenta sobre su hijo se siete meses y sonríe. Se sienta en una pequeña mesa redonda.

Según una encuesta de Cedatos de agosto de 2018, el 66% de los ecuatorianos no cree en la palabra de los asambleístas y el 54% desaprueba su gestión. ¿Cómo se siente al ser parte de una Asamblea tan desacreditada?

Ningún parlamento a nivel mundial tiene buena fama pero no es consuelo. Hemos vivido una época en que la Asamblea no representó a los ciudadanos. Es lamentable porque hay mucho trabajo interno que no se ve. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia. Ahí tenemos una cantidad de reformas y proyectos de Ley: Código Integral Penal, Código General de Procesos, Código de la Función Judicial, Código de la Función Legislativa. Nosotros trabajamos todos los lunes y miércoles en doble jornada. Es un trabajo muy intenso pero no es el trabajo que se ve. La mayoría de informes que se va al pleno de la Asamblea ha salido de la Comisión de Justicia. Más allá de la banderas políticas que pueden haber, porque somos de diversos partidos, las banderas se quedan afuera y adentro hacemos un trabajo técnico y jurídico.

Sí es lamentable que escándalos que están alrededor de la Asamblea empañen la labor que se está haciendo. Tenemos el tema de los diezmos, el tema de la asambleísta Espín, asambleístas que han tenido problemas con la Justicia o que están involucrados en escándalos, y eso es lo que se ve y lo que sucede ante el país que dice: esa es la Asamblea Nacional.

Yo sí rescato el trabajo intenso que se está haciendo. De hecho hubo un punto en el que la percepción de la Asamblea Nacional en este período empezó a subir: de ese prestigio, que me parece que estaba en 13%, subió al 26%, pero nuevamente se empaña por los escándalos. Entonces nos ponen en el mismo saco a todos: todos somos corruptos, todos somos sinvergüenzas, todos somos vagos, todos estamos ahí calentando el puesto. O lo que se oye siempre: ganan seis mil dólares, que no son seis mil dólares, y no hacen absolutamente nada.

Muchos asambleístas salimos de nuestras casas antes de las siete de la mañana y llegamos pasadas las ocho de la noche, justamente porque estamos rindiendo cuentas o en trabajo con la ciudadanía o legislando.

Como usted dice, hay un desprestigio no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la clase política. ¿Cómo puede cambiar eso?

Se han hecho esfuerzos por informar lo que estamos haciendo pero se debe informar más. Contarles a los ciudadanos lo que hace la Asamblea y algo de lo que yo me he preocupado mucho es de ciudadanizar las leyes, porque, claro, nos reunimos los asambleístas en las comisiones o en el pleno a tratar leyes que van a regir la vida de los ecuatorianos sin preguntarles qué opinan, cuáles son sus perspectivas.

Yo formé un grupo parlamentario que es en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, para con ellos, empezar a construir las leyes, que sepan qué estamos haciendo, cómo las estamos tratando. Yo he presentado un proyecto de Ley que he llamado Revaas, es el Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. Previo a presentarlo en la Asamblea Nacional, pedí la participación de organizaciones sociales que trabajan con niños que han sufrido abuso sexual para que me den observaciones y hagan cambios porque yo puedo tener las mejores intenciones pero necesito personas que han vivido el día a día, que tienen mayor experiencia en estos temas. En el caso puntual de Rescate Escolar, la señora Sybel Martínez me hizo aportes, me dijo ‘esto cámbiale porque está mal enfocado’ o ‘auméntale esto’. Es una forma de trabajar con la ciudadanía.

¿Cómo empatan esas visiones dentro de su organización política? Porque si vemos los planteamientos dentro de CREO hay posturas incluso contradictorias entre los asambleístas de la misma organización. En el tema del aborto, por ejemplo, o cuando el legislador Roberto Gómez llamaba feminazis a las feministas. ¿Cómo dentro de un partido se conjugan esas posturas que puede ser contrapuestas?

Es complicado que en un bloque de asambleístas todos pensemos de la misma forma pero es algo también que yo valoro mucho de CREO: nadie nos impone una forma de pensar. Cada uno de nosotros tiene criterios, muchas veces contrapuestos, pero son todos respetados. Nosotros no tenemos a Guillermo Lasso que nos dice: ustedes van a votar de esta forma.

Hablamos, por supuesto: tenemos este proyecto o hay este punto, tratamos de llegar a puntos en común, pero muchas veces no se puede porque hay diversidad de criterios, diversidad de situaciones incluso. Parte de esa unidad que tenemos en CREO es que hay distintas corrientes: es un gran aporte porque uno aprende más de quien piensa distinto que de uno que piensa exactamente igual. Nosotros tenemos total libertad dentro del bloque de discrepar.

¿Y cómo votan? ¿FInalmente no hay una forma orgánica de votar? Le escuchaba en una entrevista que decía que, por ejemplo, en el tema del aborto, primarán los criterios personales al momento de votar.

Lo que pasa es que el tema del aborto, creo que es un tema que toca fibras muy sensibles. Imponer una forma de votar en estos temas es muy complicado.

Cuando a mi me han preguntado qué piensa el bloque, no puedo atreverme a hablar en nombre del bloque en posiciones tan personales, como no lo hace ninguno de mis compañeros. Pueden involucrar muchos temas, no me atrevo a dar un criterio a nombre de mis compañeros, incluso sería una falta de respeto.

¿Pero prima entonces la postura personal?

Por supuesto. Ahí sí va a primar el voto de cada uno de acuerdo a cómo piensa, qué defiende, cómo ve la situación.

Hay temas que son mucho más sencillos: los económicos, de empleo. Creo que todos estamos en la misma corriente. Podrá haber una pequeña discrepancia que se resuelve, pero en temas tan sensibles incluso se han visto las discrepancias en la votación. La votación de CREO no siempre es exactamente igual pero esa es una forma buena de legislar.

En ese sentido, ¿el votante vota más por Lourdes Cuesta que por CREO?

Tenemos bases comunes. Todos vamos a defender el libre mercado, el emprendimiento, el empleo, no creemos que generando mayores impuestos se le ayude al ciudadano. Tenemos criterios comunes en la reducción del Estado, en temas de libertad y, justamente, por eso es que nosotros tenemos nuestros propios criterios. Incluso va a variar por provincia: una cosa es lo que piden en Guayas, otra en Azuay, Zamora o Esmeraldas.

Sí sucede que los votantes votan de acuerdo a posturas claras.

Y en su caso, ¿cuál es su postura con respecto al aborto en caso de violación, que se está discutiendo nuevamente en la Asamblea?

Es un tema muy sensible, para mí es muy doloroso escuchar que hay mujeres que quieren o tienen que abortar. Yo, personalmente siempre he defendido la vida desde la concepción.

Estoy escuchando distintas posiciones. Hay grupos de mujeres, han ido médicos a la Asamblea Nacional y estoy escuchando todos los criterios.

Mi posición no es una posición religiosa, si bien soy católica no es que respondo directamente a temas religiosos. El momento en que la ciencia me demuestre que no existe vida, creo que podría cambiar mi postura.

Hay otras formas de evitar los abortos, con la prevención, por ejemplo. Lamentablemente en nuestro país los violadores no han sido sancionados de la forma en que deberían haber sido sancionados: no ha habido campañas de prevención y tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores.

Vivimos en otros tiempos. Entonces, desde que el niño empieza a ser adolescente y empieza a tener una visión de lo que es el sexo, hay que hablarle claramente. No solo de riesgos de embarazo sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Hay que hablarles claro y decirles: estos son los métodos anticonceptivos, si no los usas, estas van a ser las consecuencias.

Claro, pero usted está haciendo referencia a un segmento de la población que puede acceder a un cierto nivel de educación sexual, cuando las cifras son alarmantes. En 2017, 9950 mujeres murieron por abortos en Ecuador. Son casi 2700 niñas las que quedan embarazadas anualmente, la mayoría por violación, incluso dentro de su propio círculo íntimo. Ya no estamos hablando de dos jóvenes que tuvieron una relación consensuada. Los grupos que presionan para despenalizar el aborto incluyen también incluir el tema de prevención y acceso a la anticoncepción. ¿Qué hacer en estos casos en los que ya hay un embarazo en curso, sobre todo cuando es producto de una violación?

Yo a veces me pregunto algo: al trauma espantoso que es una violación, ¿no será que crece con un aborto?

He escuchado casos de mujeres que han abortado que no logran salir del dolor de haber abortado. Pienso en otros casos, ¿cuántos padres no pueden tener niños? ¿Qué pasa si es que el Estado se hace cargo de la niña embarazada, le da educación, le da salud y se hace cargo del proceso de adopción? Porque los trámites de adopción son absolutamente engorrosos en nuestro país.

De hecho esa posibilidad no existe actualmente.

Y de hecho debería existir. Esa sí es una política pública que deberíamos abarcar.

¿Usted propondría que una niña embarazada dé a luz y dé en adopción a su hijo?

Por supuesto que sí. Claro, si es que tiene voluntad de hacerlo y creo también que si la niña embarazada decide quedarse con su niño, el Estado debería ayudarla.

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Lourdes Cuesta es abogada cuencana. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

En este punto de la conversación, Lourdes Cuesta está incómoda. Junta las manos sobre la mesa, baja la mirada como si realmente estuviese buscando la respuesta correcta.

¿Y si decide no tenerlo?

Es complicado, es un tema realmente complicado. Para mí toca fibras muy sensibles.

Recientemente fui madre, mi niño nació hace siete meses y justamente conversábamos con mi asesora al salir de la comisión. Yo le decía: yo le vi moverse desde muy chiquitito. Entonces alguien que fue a la Comisión decía que una mujer que fue violada no siempre da el paso de asumir esa situación por lo dura que es y de denunciar.

¿Cuánto tiempo pasa para que una mujer denuncie que fue violada? ¿Cuánto tiempo avanza un embarazo? Esta persona decía incluso que puede ser un embarazo de seis, siete meses. Yo di a luz a mi niño de 35 semanas.

Era un bebé, una personita completa, gracias a Dios, sana, y nació a los 7 meses de embarazo, entonces si me hablan de un aborto de siete meses, eso no es un aborto, yo creo que eso es un asesinato.

No, pero los tiempos para un aborto, en los países en los que está legalizado no llegan a siete meses.

Hablan de doce semanas, pero hay países en donde es más avanzado, pero si vemos un feto de doce semanas, es una persona completamente formada, entonces como digo, para mi es un tema muy sensible.

No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que tome una decisión tan terrible, jamás me atrevería a hacerlo pero yo no lo haría.

Pero cómo legisladora, ¿cómo será su voto ahora que se está debatiendo el tema? Usted ha dicho que está escuchando varias posturas, ¿la decisión la tomará cuando haya escuchado a todos? ¿Aún no lo ha decidido?

Yo, por el momento, me abstendría.

Por todas estas dudas que tengo, no podría votar en contra y tampoco podría votar a favor, por lo tanto me abstendría.

Sin embargo, me falta aún por escuchar a muchas personas que han pedido comparecer y cada una tiene distintos datos. Por ejemplo, ahora nos solicitaron comparecer en la comisión algunas organizaciones de la sociedad civil de Cuenca que tienen cifras distintas a las que nos han presentado.

Es bueno escuchar todas las visiones y a todos los lados.

Otro tema que usted ha mencionado y que es importante es la educación sexual. Allí también había posturas contrapuestas en la Asamblea Nacional sobre lo que se considera educación sexual y de nuevo hago referencia a su propia organización, CREO. El asambleísta Héctor Yépez se alineaba con la señora Amparo Medina, del movimiento Con mis hijos no te metas, cuyas posturas son muy radicales. Así, ¿cómo pueden decidir qué se considera educación sexual saliéndose de la postura religiosa?

Yo creo que las posturas extremas no le han hecho bien al país. Tenemos una postura absolutamente extrema de la persona que usted menciona y tenemos posturas absolutamente extremas de los grupos feministas. Eso no le hace bien al país. Llegar a los extremos en los que la señora Medina se ha colocado es absolutamente fuera de foco.

Yo creo que debe haber educación sexual, por supuesto.

Cada padre podrá decidir también en qué momento le habla a su niño o a su niña, de acuerdo a la madurez de cada uno. Yo tengo dos sobrinos pequeños. A mi sobrina que tiene ocho años, mi hermano y mi cuñada siempre le han hablado de los peligros que existen en un lenguaje que ella entiende. Ella sabe cuáles son sus partes, que nadie se las puede tocar. Lo mismo mi sobrino de seis años.

Como anécdota le cuento: a mi sobrino lo llevaron alguna vez al pediatra a que lo revise si necesitaba circuncisión o no, y no se dejó tocar. Tuvo la mamá que ayudarle porque él decía a mi no me toca nadie, esto es mío. Esa es la forma en la que uno tiene que hablar con los niños no solo por el tema de embarazo sino también para evitar el abuso sexual.

Yo sí considero que debe haber educación sexual. Los tiempos avanzan. Los jóvenes, los niños tienen acceso a información que antes nosotros no teníamos. Es cuestión de tener un teléfono celular, acceso a internet y se van a enterar probablemente de las cosas de una forma distorsionada.

Por eso los padres tenemos que hablarles claramente desde que son pequeños y si es que no lo hacen los padres, están las instituciones educativas.

Y ahí vuelve la polémica: cuándo es el momento de decirles y qué consideran educación sexual. Hay gente que dice que no quiere que les hablen a los hijos de métodos anticonceptivos a los doce años. ¿Cómo es entonces que estas posturas religiosas quedarían en segundo plano para que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación sexual que permita prevenir enfermedades o embarazos e incluso lo que usted menciona, reducir el riesgo de abuso sexual?

Ahí creo que es absoluta responsabilidad de los padres lo que pueda suceder si es que en la escuela o en el colegio tienen una clase de educación sexual y no le mandan ese día al hijo a clases.

Yo sí quiero que le hablen a mi hijo de educación sexual. Yo misma le hablaré a mi hijo de educación sexual, de métodos anticonceptivos y, sobre todo, del respeto a su cuerpo y al cuerpo de los demás.

Cambiando un poco de tema, usted planteó algunas inconsistencias en el tema de los grilletes y la fuga de Fernando Alvarado. Dijo que se había perdido el sistema durante un par de horas. Sumados estos datos a la comparecencia de las autoridades y sobre quién recae la responsabilidad, ¿qué conclusiones saca?

Lamentablemente  ninguna de las autoridades habló claro en la Asamblea, ninguna quiso responsabilizarse de nada.

La mayoría de autoridades señalaron al Ministerio de Justicia que es el ministerio rector, por supuesto. No dieron información, información que, por ejemplo, yo sí tenía. Yo tenía información que no tenían los ministros. De hecho yo le pregunté a la Ministra del Interior si ella conocía que el sistema se había caído durante dos horas. No sabía.

Ninguno de los ministros y de las autoridades informó que el gerente del proyecto, quien está a cargo, había renunciado dos días antes. No informaron a ningún operador a cargo de estos dispositivos que había un nuevo gerente, que se presentó en la noche del 20, cuando ya se había dado todo el tema.

Tampoco informaron que había varias alertas que mostraban que no estaban funcionando bien los grilletes, que había problemas, de hecho el mismo señor Alvarado acudió tres veces a visitas técnicas porque su dispositivo lanzaba la alerta de pulsera quitada.

En la última visita técnica del 28 de septiembre, ingresó con alerta de pulsera quitada y sale con alerta de pulsera quitada, y no se solucionó el tema. Como el caso del señor Alvarado hay muchos.

Por eso que estoy pidiendo, el día de hoy, mediante un cambio del orden del día, que se pida la comparecencia de la supervisora de operadores que es quien recibió el mensaje del señor Alvarado cuando le dijo que se iba, de la supervisora nacional, a quien se reporta de manera inmediata, y por supuesto, al gerente del proyecto, el anterior y el actual, para ver qué información nos dan.

Cuando habla de un tema como este, más político, la voz de Lourdes Cuesta se endurece. En la mesa del fondo, está sentada una de sus asesoras, que por momentos desprende su mirada del celular que lleva en sus manos, para ver a la asambleísta. Ella habla casi sin pausa, pronunciando con énfasis las palabras. No interrumpe las preguntas. Las escucha con calma, con paciencia y atención antes de responder.

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“No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que aborte, que tome una decisión tan terrible”, Lourdes Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Los representantes de la empresa china a la que compraron los dispositivos han dicho que el problema no es técnico sino humano, que se han emitido las alertas y que quienes no han advertido de las alertas son los funcionarios del Ministerio de Justicia. En ese sentido, ¿no recaería la responsabilidad sobre el ministro Granda más que sobre las otras autoridades?

Sin ninguna duda recaen sobre el Ministro de Justicia. Así lo señalaron incluso las otras autoridades.

Ahora, la empresa contratista también tiene mucho que explicar porque estamos hablando de un contrato de 14 millones de dólares, del cual ya hay informe de la Contraloría con responsabilidad penal en contra de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Resulta que durante el año de vigencia, este contrato tuvo problemas pero cuando terminó, se dieron cuenta que se necesitaba una plataforma que dé el servicio y se pueda monitorear.

Decidieron contratar con Conecel durante seis meses, y les llegó un oficio diciendo que no podían contratar con el sector privado, que debían hacerlo con el sector público. Sin embargo, CNT no tenía la tecnología. Estos dispositivos funcionan como un celular.

El propio Ministerio de Justicia envió una carta al Consejo de la Judicatura diciéndole que instruyan a los jueces de abstenerse de utilizar grilletes electrónicos porque había problemas de tecnología. Pero el Código Integral Penal (COIP) los señala como una medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva. Entonces realmente llama la atención otra cosa: los técnicos a cargo de las revisiones tienen un horario de trabajo de ocho y media a cinco de la tarde.  

¿Qué pasa un fin de semana, un feriado, una madrugada? Absolutamente nada porque no hay quien haga revisiones técnicas. También creo que hay otra responsabilidad por parte del Ministerio del Interior. El señor Alvarado, como medida cautelar, tenía también la prohibición de salida del país. ¿Quién tiene a cargo los funcionarios responsables de migración? El Ministerio del Interior. Ese día la ministra dijo que el señor Alvarado no se había ido por ningún punto regular. Obvio que no se fue por ningún punto regular, pero no puede ser posible que en el país, la gente entre y salga como si es que no pasara nada.

Guillermo Lasso dijo que huele a pacto del morenismo con el correismo. ¿Concuerda con eso?

El señor Michelena dijo que había topos del correísmo. Si sabe que hay topos, que tienen funcionarios ahí que están de quinta columna, ¿por qué no han hecho nada? ¿Cuánto sabrá el señor Alvarado? ¿Conviene o no conviene que el señor Alvarado esté en el país?

Entonces, no descartaría que, efectivamente, le hayan dejado ir.

Usted ha dicho que iniciará el trámite para un juicio político contra el ministro Paúl Granda por inobservancia en sus funciones. ¿Logrará los votos?

El día que estuvimos haciendo preguntas a las autoridades, varios asambleístas de distintos bloques se acercaron a decir: te apoyamos en el juicio político.

Algunos me dijeron: si no lo presentas tú, lo presentamos nosotros. En este momento hay los votos, falta ver la voluntad política.

¿Cree que habrá?

Yo creo que sí. Este tipo de actos generan consecuencias como que los ecuatorianos sientan que existe un ambiente de impunidad, que en este país puede pasar lo que sea, pueden hacer lo que sea y no pasa absolutamente nada.

Adicional a eso hay temas muchísimos más graves. Voy a tocar el caso de Posorja, más allá de que haya habido mala información, es el sentimiento de impunidad.

Todas las semanas estamos escuchando del robo de niños en Ecuador, las autoridades no han dicho absolutamente nada. El momento en que, en una población tan pequeña como Posorja se escucha, mal informados o no, que están queriendo llevarse un niño, sucede lo que sucedió.

Eso es consecuencia de que la Justicia y las autoridades no están actuando como deberían. Reprochable totalmente, no pueden pasar este tipo de cosas.

Pero entonces estamos hablando de un tema mucho más estructural: el estado de la Justicia. Si esto pasa con un funcionario de alto nivel como Fernando Alvarado, ¿qué ocurre con otras personas que usan el grillete? ¿Desde la Asamblea qué se podría hacer?

Fiscalizar, tiene que haber responsabilidades políticas.

En efecto, el caso del señor Alvarado no es el único.

Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos a distintas personas porque están dando problemas. De hecho tengo información de que el 22, después de la fuga de Alvarado, decidieron hacer el cambio de grilletes a quienes están procesados por el caso Odebrecht.

Hay quienes tienen arresto domiciliario. Para quienes tienen esa medida, hay un sistema de verificación facial para quien porte el grillete. No funciona bien.

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Lourdes Cuesta: “Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos”. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Otro tema que usted ha mencionado mucho es el tema de los abusos sexuales. ¿Cuál es la propuesta concreta que usted hace desde la Asamblea?

Yo presenté un proyecto de ley que se llama Revaas que es el  Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. ¿En qué consiste?

La tasa de reincidencia de quienes han cometido este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes, es muy alta. Lo que queremos es que quienes hayan cumplido ya una condena pasen a ser parte de un registro y al constar allí no pueden volver a trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes.

No es una pena adicional ni un tema de discriminación porque podrán hacer lo que gusten menos trabajar con niños, niñas y adolescentes.

Mientras están en el centro de rehabilitación están en un período de falsa calma porque no son los adultos quienes despierta el impulso sexual, son los niños. Entonces, evitemos que vuelvan a trabajar con niños. Por ejemplo, no podrían volver a trabajar como chofer de una buseta o en el bar escolar, o administrar una escuela de ballet o la cancha de fútbol.

Me decían que estoy discriminando: no lo estoy haciendo porque, justamente, en base a la legislación internacional, lo que estamos haciendo es distinguir un grupo peligroso para cuidar un grupo que merece mayor atención de la sociedad.

¿Se ha hecho esto en algún otro país? ¿De dónde saca el modelo?

Hay varios países que cuentan con este tipo de legislación y que ha funcionado bien. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Ley Megan que es mucho más drástica: si una persona ha cometido un delito sexual y va a ir a vivir a un barrio, tiene que ir de casa en casa a decirles a sus vecinos ‘soy fulano de tal, vivo en tal casa y cumplí condena por abuso sexual’. Así, quienes viven en ese barrio sabrán qué hacer para que sus hijos no se le acerquen.

Funciona en Argentina, Nicaragua, El Salvador. Ahora está aprobándose en Colombia, donde está en el tercer debate de los cuatro que son necesarios allá para la aprobación de una ley.  Se aprobó recientemente en Uruguay y en otros países lejanos como Australia.

Estamos ya en debate de quién sería el ente rector porque hay que tener mucho cuidado. Uno de los cuestionamientos que me hacían es qué pasa si se filtra la base de datos o qué pasa si no funciona la autoridad. Nosotros no podemos legislar en base a coyunturas políticas, en base a si funciona o no funciona. Nosotros tenemos que exigir leyes que sean bien administradas.

No es un registro público porque ahí sí sería discriminatorio porque yo creo que cualquier persona que busca personal no va a querer trabajar con una persona que ha abusado seualmente de un niño

¿Y quién manejaría este registro?

En principio habíamos propuesto que sea el Ministerio del Interior porque ha sido el que maneja los certificados de antecedentes penales y demás.

Entonces hacerlo público sí sería discriminatorio.

¿Y quiénes podrían consultar el registro?

Si es que yo quiero trabajar con niños, sería yo quien vaya al Ministerio del Interior a pedir un certificado de no encontrarme inhabilitada.

Si es que un rector de un colegio quiere contratar diez personas, pediría el certificado a los postulantes de no estar inhabilitados.

Otro tema que quería abordar es el de la Comisión Ocasional para tratar temas relacionados a niñez y adolescencia no se pudo reunir porque a la primera convocatoria hecha para el 3 de octubre, no hubo quórum. De 9 miembros, asistieron 3 asambleístas: Dayllana Passailague, Encarnación Duchi y usted. Su decisión fue la de renunciar a la comisión. ¿Cree que esa es la decisión correcta? ¿Retirarse? ¿No hay un compromiso ahí?

Creo que las comisiones ocasionales no suelen tener buenos resultados y se formó esta comisión y mis colegas del bloque me pidieron que yo fuera parte. Accedí porque he estado trabajando con este tipo de casos.

La persona llamada a convocar esta primera reunión, que era el asambleísta Bustamante, convocó a la primera reunión pero previo a esto renunció. Como ya estaba convocada, dijimos, reunámonos y sobre todo porque la ley da ocho días para que se dé la primera reunión de la comisión y se nombren incluso las autoridades.

La convocatoria era a las dos y media de la tarde entonces no es que no hubo quórum, sí hubo, pero se fueron. Llegaron algunos asambleístas, dijeron no, parece que no va a haber quórum, salieron y a los asambleístas que estaban llegando les dijeron que no había quórum.

En el caso de la asambleísta Passailague llegó a las dos y treinta y tres de la tarde y decía por qué se están yendo.

Entonces hay intereses personales, más allá de quiénes iban a ser las autoridades de la comisión, la comisión necesita continuar. Los temas de la niñez y de la adolescencia son temas sensible que hay que tratar con mucha responsabilidad.

Yo vi que eso no iba a funcionar, lamentablemente así que creo que desde otros espacios se puede apoyar y se puede trabajar más.

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“Tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores”, dice Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Se retira entonces porque considera que no hay un objetivo en la comisión?

Considero que no va funcionar. Ojalá me equivoque, ojalá funcione y funcione de maravilla y que la producción legal en defensa de los niños, niñas y adolescentes salga hasta el mes de abril que tiene que durar esa comisión.

Han pasado 34 minutos desde el inicio de la entrevista y la asesora de la asambleísta Cuesta empieza a angustiarse por el tiempo. Cuando ella termina de responder a la pregunta, su asesora se pone de pie y avanza hacia la mesa en la que la legisladora apoya sus brazos mientras responde a las preguntas. Hace un gesto de que ya es hora de terminar.

Sabemos que tiene prisa. ¿En qué aún está en deuda la Asamblea con los ciudadanos?

En temas de fiscalización. Creo que ahí hay una deuda muy grande. A pesar de que considero de que no debemos quedarnos enredados solamente en este tipo de problemas, sí se necesita fiscalización clara. Presentamos alrededor de nueve juicio políticos. ¿Cuáles han prosperado? Uno que presenté yo en contra del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; otro en contra del excontralor Carlos Pólit también prosperó porque lo presentó la bancada oficialista; pero ni siquiera la Comisión de Fiscalización, antes conocida como Comisión de Archivo, ahora es la Comisión del Limbo porque no hay quórum o porque no dan los votos necesarios ni para archivar ni para que pase al pleno, se quedan en un limbo jurídico. Sucedió con el exvicepresidente de la República; sucedió con el exministro de Agricultura Rubén Flores; y así, una cantidad de casos. Ahora, recientemente en el pleno de la Asamblea se quedó en el pleno la censura en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Ahora se está llevando a juicio al exprocurador General del Estado y veamos qué sucede. La solicitud de juicio político a la excanciller María Fernanda Espinosa ni siquiera ha pasado al Consejo de Administración Legislativo, CAL , sigue en el escritorio de la presidenta y es por eso que hemos presentado ya una reforma a la Ley Orgánica a la Función Legislativa, en donde planteo que una vez presentado una solicitud de juicio político, la Presidencia debe poner en conocimiento del CAL en un plazo no mayor de tres días, para que este sea calificado. Este momento hay un vacío legal, entonces a presidenta, si es que quiere tener ahí guardado ese juicio durante los tres años que queda del período legislativo, queda ahí y no pasa nada.

¿Es decir que no hay un límite legal que le obligue a tomar una decisión en un tiempo determinado?

Exactamente. Es parte del hiperpresidencialismo que también existe en la función legislativa.

Otra de las cosas que les han criticado mucho es esta incapacidad de lograr acuerdos en la oposición. Los socialcristianos critican mucho a CREO y viceversa, incluso a través de redes o en el pleno ha habido roces entre asambleístas de ambas organizaciones. Son dos partidos de derecha que no logran ponerse de acuerdo a pesar de, en principio, pertenecer a una corriente similar. ¿A qué cree que se debe eso?

Nosotros no transamos con lo que creemos que no debemos transar.

Nosotros no creemos que el gobierno esté siguiendo un camino adecuado. Por ejemplo, ahora nuevamente está en la Asamblea, la proforma presupuestaria. Y no ha cambiado en absoluto el modelo económico. Nosotros no podemos darle un cheque en blanco al Presidente de la República a que se siga endeudando y siga hundiendo el futuro de los ecuatorianos. Por ejemplo, en la Ley de Fomento Productivo, nosotros votamos en contra de que el Presidente de la República pueda endeudarse más allá de ese 40 por ciento que permite la Ley.

De hecho estamos mucho más endeudados que eso y nosotros no vamos a transar con el gobierno.

A nosotros no nos interesan cargos públicos, no queremos cuotas políticas. Nosotros fuimos elegidos para velar por los ecuatorianos y en oposición porque nosotros siempre hemos sido un movimiento de oposición: en la era del correismo y, por supuesto en la del morenismo, porque no ha cambiado nada.

Han cambiado las formas, no ha cambiado el fondo. Nosotros somos una oposición clara, no nos debemos a nadie.

¿El socialcristianismo no es una oposición clara?

Ellos tienen, algunas veces, posturas un poco más laxas.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, en el tema de la deuda pública, en donde un sector se beneficiaba entonces decidieron votar a favor de eso, sin pensar que si nos seguimos endeudando vamos a tener graves consecuencias a futuro.

Y dígame, ¿la Asamblea está fiscalizando al gobierno actual? Porque hay una obsesión con el correismo, con los exfuncionarios, buscar mucho todo lo que hizo el anterior gobierno, pero queda la duda, ¿a este gobierno se le está pidiendo cuentas?

Por nuestra parte sí.

En varios medios de comunicación he dicho: ya basta de echarle la culpa a Correa.

Ya sabemos que fueron 10 años nefastos; que Correa tiene culpa de un montón de cosas, temas de corrupción que no pueden dejarse de lado, tienen que seguirse tratando, temas de deuda, por supuesto tiene que seguirse tratando, la situación económica es culpa de Correa, por supuesto.

Pero llevamos año y medio de un nuevo gobierno y siguen hablando de Correa.

¿Y este gobierno qué ha hecho para empezar a mejorar o cambiar todo lo malo que hizo Correa?

El modelo económico sigue siendo el mismo. Los funcionarios siguen siendo los mismos. Entonces, seguimos oyendo que la mesa no está servida, que hay topos del correísmo. Pero, ¿qué está haciendo el señor Presidente? Tiene un discurso absolutamente contradictorio: un cosa es la que dice, otra cosa es la que hace.

La última pregunta, Asambleísta. En este año y medio que lleva como legisladora, ¿qué errores ha cometido?

Cuando comenzamos y somos absolutamente nuevos cometemos un montón de errores. Ventajosamente, creo no haber cometido un error tan grave todavía y espero mantenerme así.

Creo que nos falta mucho. En mi caso caso personal, los manejos políticos. Uno llega con una visión a la Asamblea y el error que uno comete es creer que lo que uno quiere va a salir de una forma sencilla, tranquila, porque uno tiene buena voluntad, porque no hemos aprendido aquella parte que hay detrás de la política que es el acuerdo, el manejo.

Entonces algunas veces que me he tropezado ha sido porque no he hablado con los otros asambleístas, o porque no he llegado a consensos con otros bloques. Son temas que estoy aprendiendo ahora. Para presentar una resolución y contar con los votos, yo ya no le pido la firma solamente a la gente de CREO, porque ellos van a votar conmigo, seguramente me apoyarán. Empiezo a buscar firmas de otros bloques, de otros asambleístas, explicándoles qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacer y eso me ha servido mucho.

Espero no cometer ningún error tan grave, sobre todo, para no violar la confianza de quienes votaron por mí.

¿Apostará por otro período?

Sí me gustaría poder servirle al país.

Estoy enfocada en este momento en cumplir, hasta el año 2021, todas las metas que nos hemos puesto: hacer leyes que generen empleo, hacer leyes que protejan a los niños.

Por ejemplo, ahora estoy con un proyecto de ley en base a lo que vivimos en mi ciudad, que es el tema del tranvía.

La idea es que cualquier ninguna megaobra que se vaya a hacer —porque ahora escuchamos del Tren Playero— no tenga un plan de contingencia para que las personas que tienen que cerrar sus locales puedan ser reubicadas sin mayor trámite, que exista promoción para sus locales, etcétera.

Estoy muy enfocada en los objetivos que nos hemos puesto. Nos quedan todavía dos años y medio y bueno, habrá que ver en ese momento la situación del país, cómo va y, sobre todo, si es que yo siento que he cumplido, tendré cara para presentarme a otro período.

De momento, ¿descartadas las seccionales entonces?

Sí. Tengo un compromiso hasta el 2021. Sería irresponsable. Hablo por mí, irresponsable de mi parte decir ‘bueno, hasta aquí llego y voy a postular para algo en las seccionales’. Yo fui elegida hasta el 2021 y hasta el 2021 estaré en la Asamblea Nacional.

Frontera cautiva

Una investigación tras el rastro de los periodistas secuestrados y ejecutados en la frontera con Colombia, con la participación de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia y varias organizaciones internacionales.

El maltrato del Estado a los familiares de los periodistas secuestrados

A la angustia del secuestro de Efraín, Paúl y Javier, se sumó la indolencia del Estado ecuatoriano. Este video relata el trato que recibieron los familiares de los tres periodistas.

VOCES DE LA FRONTERA

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¿Por qué Rafael Correa fue llamado a juicio?

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Rafael Correa fue llamado a juicio en calidad de autor del delito de secuestro (o plagio en el Código Penal anterior). Lo anunció la jueza nacional Daniella Camacho, el miércoles 7 de noviembre de 2018. A pesar de que la Fiscalía había solicitado que lo llame por dos delitos: plagio y asociación ilícita, Camacho descartó el segundo por considerar que no había elementos suficientes para respaldar el pedido de la Fiscalía.

Además del expresidente fueron llamados a juicio los dos exagentes de la Secretaría Naciona de Inteligencia, Senain, Raúl Chicaiza y Diana Falcón; y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quezada. Falcón y Chicaiza están detenidos en Quito, mientras que Correa y Romero Quezada están fuera del país. El primero en Bélgica, el segundo en España, por lo que la jueza recordó que corresponde a la Interpol emitir las alertas rojas que permitan la captura de ambos procesados, de tal forma que se pueda garantizar su presencia en el juicio. Si Correa y Romero Quezada no con capturados o se presentan voluntariamente para enfrentar el proceso, éste se suspendería allí para ambos, pues no pueden ser procesados en ausencia, y continuaría únicamente para Chicaiza y Falcón. .

Las vidas que no importan

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En 2007, la periodista Milagros Aguirre publicó ¡A quién le importan esas vidas!, un libro que revelaba cómo el tráfico ilegal de madera en Yasuní —el área protegida más grande del Ecuador— afectaba a los Waorani y pueblos indígenas en aislamiento. Once años después, las palabras siguen vigentes: ¿a quién le importan los pueblos indígenas en aislamiento?

Los pueblos en aislamiento son familias que viven en la Amazonía ecuatoriana que tuvieron que alejarse de lo que en Occidente llamamos progreso. Y sí, tuvieron. El verbo es rector y es imprescindible: fue una elección forzosa, no elegida como el Estado pretende decir cuando los rotula como pueblos “en aislamiento voluntario”. A menos que voluntario sea huir de evangelizadores y retroexcavadoras que devoran su territorio, el desplazamiento fue forzoso.

Los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) siempre han sido un tema incómodo para el gobierno ecuatoriano. Y no este gobierno. Ni el anterior. Sino todos. Son casi sesenta años de una combinación de indiferencia y abandono.

§

El primer contacto con los PIA fue en la década de 1960. Casi cuarenta años después, en 1999, se declaró una zona intangible para protegerlos. Ese acuerdo, firmado por la entonces ministra de Ambiente Yolanda Kakabadse, daba 120 días para delimitar este área. Pero pasaron ocho años hasta que se definieron los límites: 758.051 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Yasuní.

Desde entonces, la competencia (si es que cabe la palabra) ha pasado por dos Ministerios: Ambiente y Justicia. En el primero se creó una oficina cuya génesis fue aplicar a las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El pedido de las medidas había surgido desde la sociedad civil en respuesta a una masacre en la que habían muerto cerca de 30 indígenas aislados. Pero doce años después, en este 2018, las acciones para proteger a los PIA siguen respondiendo a esas medidas cautelares. No hay una política pública.

Desde la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario —una oficina por debajo del Ministerio de Justicia, por debajo del Viceministerio de Justicia, por debajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos— me dijeron que habían acciones concretas para garantizar la protección de los PIA, pero no respondieron si existía o no una política pública. Revisando la información de transparencia queda claro que son acciones aisladas como patrullajes, análisis de territorio y enlaces radiales. Lo que sí reconocieron es que en los últimos años, el personal y presupuesto de la Dirección ha sido reducido lo que impide hacer monitoreo “continuo y completo”.

No hay suficiente personal. No hay suficiente presupuesto. No hay política pública. Y ahora (desde agosto que se anunció) el Ministerio que tuvo tres años la competencia, se va a disolver. Organizaciones de mujeres reclaman, organizaciones de niños reclaman (porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se encargaba de los presos, de la protección de niños y mujeres, de la regularización de las religiones, y de los pueblos indígenas en aislamiento). Nadie reclama por los PIA.

¿A quién le importan esas vidas?

Desde 2008, en teoría, al Estado deberían importarle: la Constitución los protege a ellos y a su territorio. Pero esa importancia, como muchos otros artículos constitucionales, es letra muerta. Tan muerta que ha habido funcionarios —el más recordado es el ex presidente de Petroamazonas y luego Ministro de Recursos no renovables, Wilson Pástor— que públicamente han dicho que tienen dudas de que en realidad los pueblos indígenas en aislamiento existan. “Hay una hipótesis de que no se trata realmente de pueblos no contactados sino movimientos más políticos para evitar la explotación de ese campo (Armadillo)”, dijo Pástor en una entrevista a al canal RTS.

En ese comentario es donde está la palabra clave, que lleva a las otras: Explotación. Campo. Petróleo.

Si los pueblos indígenas en aislamiento no viviesen en la zona con más reservas de petróleo del Ecuador, seguramente el Estado diría que “sí le importan esas vidas” y, quién sabe, invertiría en planes realmente efectivos para garantizar su protección, porque hacerlo no interrumpiría con su otro plan (que ha demostrado ser más importante): la expansión petrolera.

Si los pueblos en aislamiento no existieran seguramente la Amazonía ecuatoriana estaría repleta de proyectos extractivos. Hoy, en el mapa, la zona intangible es un lunar rodeado de 10 bloques petroleros en la frontera norte, sur y oeste. Alrededor de esos bloques hay otros diez. Alrededor de esos, diez más, y así… Durante siete años el Ministerio de Ambiente tuvo, al mismo tiempo, la competencia de proteger a los PIA y la de entregar licencias ambientales para nuevos proyectos extractivos (que aún tiene). No hay que ser muy brillante para entender lo difícil que es cumplir con ambos.

Ahora que el Ministerio de Justicia desaparecerá debería ser el momento de preguntarnos quién debe hacerse cargo de proteger a estos grupos. Es momento también de revisar dónde están las nuevas concesiones petroleras, a quiénes se las está entregando y cuánto se están respetando los límites de la zona intangible. Es momento, sobre todo, de responder si, como sociedad, nos importan esas vidas.

Llanto por aquél que estuvo por encima de todos

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Esta es una historia de dicotomías. Dos partes y nosotros en el medio. Un enfrentamiento entre héroes y villanos, y de entrada sabemos que el hombre de los cameos, el que pareciera que siempre fue viejo, es el que sale ganando. Stan Lee como Steve Jobs. No es quien originó la movida, pero sí quien dotó de un aura de magia a ese universo de héroes, dioses y seres galácticos muy parecidos a la humanidad de los años sesenta. Esa magia que creó —no toda, desde luego— ha hecho que Marvel esté a la cabeza del mundo como una experiencia superior que la de ese otro monstruo de los cómics, llamado DC. Es más, ¿alguien, que no sepa de cómics, puede decir el nombre de otra persona importante en el desarrollo de estas narrativas?

La respuesta está implícita.

Tenía 95 años. Y es bueno que un cuerpo no resista para tanto. Lee junto a Jack Kirby consiguieron universos distintos, decidieron cumplir la orden de gerencia de enfrentarse a la santísima trinidad de los superhéroes —Superman, Batman y Mujer Maravilla— y buscaron un giro, algo que le diese más sentido a la obra que intentaban.

Stanley Martin Lieber quería ser un escritor serio, así que decidió usar un seudónimo en el mundo del cómic, el trabajo que le daba de comer a diario. De la desesperación surgen los cambios, los pequeños giros y guiños. Empezaron con Los 4 Fantásticos, donde los personajes no tenían identidades secretas y, además, había una relación amorosa entre Mr Fantastic y Sue Storm, y una relación fraternal entre Sue y Johnny Storm, la Antorcha Humana. El mundo estaba cambiando a mediados del siglo XX, ¿por qué no los superhéroes? Tanto Lee —como escritor— y Kirby —como dibujante— estaban en sintonía con el zeitgeist del momento.

En estos mundos que inventaron, los pies se asentaban muy bien sobre la tierra. No había Metrópolis, Ciudad Gótica o Ciudad Central. No. Estaba Nueva York, estaba San Francisco. Y estaban Spiderman, Thor, Ironman, Hulk…

Como un buen Steve Jobs, Stan Lee empezó a encargarse del negocio, a decidir desde la posición de editor, a mirar la big picture. La distancia con Kirby fue dura. Se dejaron de hablar, se pelearon, no decían cosas lindas el uno del otro. Escoja el héroe y el villano. Si me preguntan, el villano es Lee. Y Jack Kirby salió perdiendo y por creces —por el tema de las regalías y esas cosas. Pero hasta hoy ha corrido mucha agua debajo del puente como para mantener algún tipo de ira hacia Lee.

§

La segunda parte de esta historia tiene como protagonista al repunte de Marvel a través del cine, también de la mano de Lee, quien dejó Nueva York en los ochenta y se fue a California. A insistir. La película de Superman (1978) fue un éxito rotundo, y él vio una nueva posibilidad. Pasarían casi 30 años para que esta mirada surtiera efecto real.

Y ahí lo tenemos. Ese anciano bonachón, gracioso: capaz de burlarse de él mismo, de ser un bibliotecario, mensajero de Fedex, conductor de bus, Larry King, un paciente en un asilo, el peluquero de Thor, un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Lee se volvió marca y si bien ya estamos muy alejados de su influencia central en el mundo del cómic, queda claro que lloramos porque inició todo, reformuló las cosas. Fue el Martín Lutero que necesitaban los superhéroes, un contador de historias; alguien interesado en los conflictos personales, en que los seres que dibujaron tuvieran algún tipo de profundidad.

Es sencillo verlo como el responsable de eso.

Como el Alfa.

El One Above All —esa especie de dios dentro del Universo Marvel.

Por eso lloramos, porque cada vez hay menos como él. Y porque la galaxia —especialmente la creada por él— se seguirá moviendo.

Entre los fierros retorcidos de la impunidad, Daniela muere dos veces

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El 24 de marzo, Daniela Bolaños se alistó para salir por última vez. Se puso un vestido de manga larga azul marino con estampados de flores rosadas y plantas verdes y se peinó por última vez. Se maquilló y se puso, por última vez, las joyas que había heredado de su bisabuela.  Se tomó una selfie, la subió a las historias de su cuenta de Instagram, y se despidió, por última vez, de sus abuelos. Su novio, Roberto, la recogió en el auto blanco de su hermano. Eran cerca de las 8 de la noche. Llegaron al matrimonio en Puembo, saludaron a los novios. Cerca de la una de la mañana decidieron irse. Daniela le mandó un mensaje a su abuela —quien había estado pendiente de ella toda la noche— diciendo que ya salía para la casa. Cuando estaban sobre la avenida E35, a 100 metros del intercambiador de Pifo, Roberto se estrelló contra el muro del intercambiador que separa la avenida de la rampa de salida. Fue un golpe frontal, principalmente en el lado derecho, sobre el pasajero del copiloto, donde estaba Daniela sentada. El carro quedó aplastado como acordeón.

Cuando el teniente de Policía de Pifo, Byron Zumárraga, llegó, Daniela todavía tenía signos vitales. Los paramédicos y las ambulancias llegaron pocos minutos después y comenzaron a atender a Roberto. Cuando le preguntaron el nombre de su acompañante, dijo: “Daniela”. Según un paramédico que lo atendió y el informe de los bomberos, Roberto tenía aliento a alcohol. Lo llevaron al hospital del IESS  de el Batán en una ambulancia custodiada por la Policía. Ahí no lo pudieron atender por la gravedad de sus heridas y fue trasladado al hospital del IESS de Carcelén.

Para entonces, Daniela estaba ya muerta.

Según la autopsia, Daniela Bolaños murió con politraumatismos consecutivos, y hemorragia aguda interna por laceración multiorgánica, a cuasa del accidente de tránsito. Fotografía de José María León para GK.

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Como no encontraron su cartera, celular o sus documentos, Daniela  fue llevada a la morgue como NN: persona no identificada. “Mi mamá le estaba llamando desesperadamente toda la noche, no podía dormir ni nada y ya en un momento ella dejó de responder. Estaban desesperados sobre todo mi mamá y los papás de ella”, dice Cristina Bastidas, su tía. A las 8 de la mañana, el papá de Daniela recibió una llamada anónima: le dijeron que su hija había sufrido un accidente y que estaba en un hospital. Una búsqueda desesperada empezó.

Su otra tía, María de las Mercedes, marcó el  número del que los habían llamado para pedir más información. Les contestó un hombre. Les dio otro número de teléfono, en el que, les aseguró, les dirían algo.

María Mercedes llamó. Contestó el hermano de Roberto, quien les tiró todo el peso de la realidad encima: su hermano había tenido un accidente y Daniela estaba muerta. María de las Mercedes llamó a Criminalística. Le confirmaron que había una chica con las características de su sobrina.

Sola, fue a reconocer el cuerpo. Era ella.

Habían pasado ya 7 horas desde que sucedió el accidente.

Fotos de Daniela con sus amigas y familia. Fotografía de José María León para GK.

Daniela murió a los 19 años. Tenía las cejas tupidas y la sonrisa amplia y hermosa, sobre una mandíbula definida. Se había mudado de Guayaquil a Quito para estudiar ingeniería ambiental  en la Universidad San Francisco. Muy pronto, comenzó a hacer amigos, a salir a fiestas, pero, sobre todo, pasaba mucho tiempo con sus tías María de las Mercedes y Cristina, con quienes tenía una relación muy cercana.  La universidad en Guayaquil no le gustaba y quería salir de la casa de sus padres y vivir sola. Llegó a la casa de sus abuelos, en el norte de Quito y, aunque vivía en la misma propiedad, tenía un departamento aparte, donde tenía la independencia que tanto había anhelado.

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Hasta septiembre de 2018, hubo casi 1700 muertes por accidentes de tránsito: 96 más que el mismo periodo del año anterior y 273 más que en el mismo lapso del 2016. Entre el 2014 y el 2017 hubo 8 mil 500 muertes en las vías —la población rural del cantón de Nobol en la provincia del Guayas. Según datos del Consejo de la Judicatura, analizados por Guillermo Abad de la organización Justicia Vial, 9 de cada 10  de juicios de tránsito no llegan a sentencia.

Él dice que gran parte de ellos se quedan en la deserción, en los acuerdos reparatorios, o en el abandono de la causa. “A pesar que estas figuras son legales lo que nos está llevando es la impunidad de los responsables de un siniestro de tránsito”, dijo Abad. “Quizás en otros tipos de delitos se podría entender que se tenga este tipo de acuerdos pero en caso de los siniestros viales, detrás de acuerdos como estos hay víctimas como personas fallecidas o lesionadas”. Dice, además, que es inaceptable que haya tantos casos sin una sanción porque la tendencia mundial es  hacer responsables a las personas que hacen que las vías sean más peligrosas.

El proceso legal por un accidente de tránsito comienza en el momento en que ocurre. Si los conductores o el conductor no se fugan, son arrestados y un juez convoca a una audiencia  de calificación de flagrancia que debe hacerse en las siguientes 24 horas. En ese tiempo, la Fiscalía que esté de turno, recaba todos los elementos de convicción —los materiales del vehículo, el protocolo de la autopsia, una noticia técnica de los peritos de la unidad— para establecer la principal causa del accidente. Si es un delito flagrante, comienza un periodo de instrucción fiscal de 30 días y si es que el delito de tránsito no es flagrante, de 45 días. Mientras tanto, la fiscalía formula medidas cautelares para el presunto responsable: prisión preventiva, prohibición de enajenar el vehículo, o la prohibición de salir del país.

Ese fue el proceso que se siguió contra Roberto.

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Roberto llegó al hospital del IESS en Carcelén en la madrugada, horas después del accidente. La emergenciologa que lo atendió le diagnosticó con una fractura de tibia y peroné y “un politraumatismo cerrado del abdomen”. Los policías fueron a verlo a las siete y media de la mañana, ya en el hospital, pero no los dejaron entrar hasta las 8 y 30 porque todavía estaba bajo cuidados médicos. Cuando le preguntaron si se quería hacer el alcohotest, Roberto dijo que sí. Después de 3 intentos no tuvieron ningún resultado porque Roberto decía que le dolía mucho al soplar.

La doctora que lo atendió, Carla Zamora, rindió versión para la investigación fiscal. Cuando se le preguntó si la lesión tenía relación con el sistema respiratorio ella dijo que directamente no pero que “indirectamente el paciente tiene un daño sistemático”. Cuando le preguntaron si esto podría impedir que se realice el alcohotest dijo que sí se podría realizar pero que “depende de la condición del paciente porque es un accidente de alta energía”.

La audiencia de flagrancia fue ese mismo día,  a las nueve de la noche. La fiscal de turno, Paola Córdova, solicitó la detención de Roberto por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito, que se sanciona con “pena de privación de libertad de 1 a 3 años”. Córdova pidió que se le prohíba salir del país, que usara un dispositivo de vigilancia electrónica y que se presentase periódicamente ante la jueza del caso. Roberto no estuvo en la audiencia porque en el hospital le mandaron reposo de al menos 90 días por sus lesiones. Su abogado, Marcelo Santos, pidió que no se ordene la medida cautelar de presentación periódica por el estado de salud de su cliente. La jueza Janeth Arias —asignada por sorteo y como reemplazo de otra jueza— aceptó la petición de la Fiscalía y del abogado, y comenzó el proceso de instrucción fiscal de 30 días.

Gráfico de cómo ocurrió le accidente tomado del informe de reconstrucción de los hechos. Ilustración por Paula de la Cruz.

A partir de ese momento, la investigación estuvo a cargo del fiscal de tránsito Pablo Santos. Sus investigaciones determinaron que Roberto manejaba con una licencia caducada desde septiembre del 2015. Manejar con una licencia caducada es un agravante en infracciones de tránsito, por lo que podría recibir la pena máxima.

En el informe pericial entregado el 11 de abril de 2018, el perito investigador de accidentes de tránsito, teniente Alejandro Martín Salazar, determinó la causa principal del accidente: Roberto desatendió “momentáneamente la conducción del móvil perdiendo el carril normal de circulación y, posterior se estrella”. Es decir, que no hubo un motivo externo —como llantas lisas, fallo en el auto, o un carro que se metió en su carril— para que haya ocurrido el accidente.

Pero Roberto, en su versión, dijo que sí hubo un auto que hizo que él gire a la derecha de forma abrupta y se estrellase. Dijo que cuando estaban regresando del matrimonio vio por el retrovisor de la izquierda una luz de un vehículo que le cerró completamente el paso, y que por eso giró el volante a la derecha hacia el muro del intercambiador contra el que se estrelló. “No recuerdo nada más, recuerdo que me desperté, intenté abrir la puerta y me levanté pero me dolía la pierna y no recuerdo nada más, solo cosas como que estuve en la ambulancia y en el hospital”. El fiscal dice que no hay ningún elemento para poder determinar la existencia del carro que Roberto dijo ver antes de estrellarse.

El 22 de abril de 2018, la Unidad de Accidentología Vial (UAVIAL), a pedido del fiscal Santos, hizo unas pruebas para determinar la velocidad a la que manejaba Roberto el día del accidente. El 23 de abril, la UAVIAL pidió más tiempo al fiscal para entregar los resultados. El fiscal les dio 8 días más. El informe llegó el 27 de abril. Dice que a través cálculos matemáticos, ensayos en un software de simulación y las condiciones técnicas del auto determinaron que se impactó a una velocidad no inferior a 114 kilómetros por hora, con un margen de error de más y menos 10 km/h. El límite de velocidad era de 90.

Con estos informes, el fiscal Santos reformuló los cargos el 10 de mayo de 2018. Se ratificó en  la muerte culposa en accidente de tránsito pero agregó dos agravantes: exceso de velocidad e “inobservar las leyes de tránsito”. La pena, con estos agravantes, podría ir de 3 a 5 años. La juez Janeth Arias aceptó la reformulación de cargos e incrementó 30 días para la instrucción fiscal.

El 14 de junio de 2018,  los peritos de la Unidad de Investigaciones de Tránsito (UIAT) realizaron una reconstrucción de los hechos que nuevamente encontró que la causa del accidente  fue la desatención  momentánea de la conducción. También reiteraba  que Roberto excedió el límite de velocidad y que la licencia estaba caducada. Pero, el 26 de junio de 2018, los abogados de Roberto no aceptaron esta reconstrucción: decían que fue hecha por un perito inferior (de tropa) y que la Fiscalía ignoró su pedido de hacer un peritaje con la Comisión de Tránsito de Ecuador. El fiscal Santos dijo que no concedió el pedido porque con la Comisión de Tránsito el proceso tardaría más: solo para asignar un perito se toma 15 días. La jueza resolvió que se tenía que hacer otro peritaje.

Cristina Bastidas, tía de Daniela, vivía en Holanda cuando su sobrina falleció. Ahora está de vuelta en Ecuador. Ella y su hermana están atrás del caso de su sobrina para que su muerte no quede en la impunidad. Fotografía de José María León para GK.

La nueva reconstrucción de los hechos se realizó el 8 de julio de 2018, a la una y media de la mañana.“Fue como una noche bien fea porque fue la reconstrucción del accidente para nosotros, la familia, y ellos nos hicieron hacerla dos veces”, dijo Cristina, tía de Daniela. Esa noche, asistieron los familiares de Roberto, de Daniela, los abogados y los peritos.  Cuando los tíos paternos de Daniela vieron a Roberto comenzaron a insultarlo. Le gritaron que la había matado, que era un asesino. Según Cristina, Roberto se subió al carro porque dijo que tenía miedo de que le hicieran algo.

La reconstrucción de los hechos tuvo el mismo resultado: el responsable era Roberto, que conducía a 114 kilómetros por hora y desatendió momentáneamente la conducción, causando el estrellamiento. Para la familia de Daniela, su abogado y el fiscal, no había duda de que lo llamarían a juicio: tenían 22 elementos de convicción en su contra. Pero el día de la audiencia de preparatoria a juicio, el 28 de septiembre de 2018, la jueza lo sobreseyó de todos los cargos.

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Roberto fue sobreseído porque la jueza Arias dijo que la Fscalía no presentó suficientes elementos por el tipo penal reformulado —exceso de velocidad e inobservancia de las leyes de tránsito. Dijo, además, que hay irregularidades e inconsistencias con el informe de velocidad porque la fecha en la que se entrega este informe (23 de abril) es la misma fecha en la que el perito de la UAVIAL pidió más tiempo para entregar los resultados. Los familiares de Daniela y el fiscal dicen que la jueza pasó por alto que el recibido del documento dice 27 de abril de 2018. La jueza dijo en su sobreseimiento que los resultados no se presentaron dentro del periodo de instrucción fiscal,  que no se manifestó por qué Roberto desatiende momentáneamente la conducción del vehículo y que no se aclaró qué “inobservancia se dio por parte del procesado”.

El abogado de la familia de Daniela, Edmundo Naranjo, y el fiscal de tránsito Pablo Santos, discrepan. El fiscal Santos dice que atribuye el error en la fecha del informe de exceso de velocidad a un error de tipeo.  “Quiero entender que tomaron como modelo el oficio anterior [que pedían más tiempo para entregar los resultados] y no cambiaron la fecha”, dijo Santos. “Es un error de forma no de fondo.” El abogado Naranjo y el fiscal argumentan que la jueza podía descartar esa prueba si quería y, por lo tanto, las agravantes del delito. Pero que debía de todas formas llamar a juicio a Roberto porque habría suficiente evidencia del delito por muerte culposa. “Ella solo se basa en lo de la velocidad entonces porque no hay exceso de velocidad, según ella, se desvaneció la responsabilidad y por eso está en libertad”, dice el abogado Naranjo. Lo que el fiscal y la familia de Daniela quieren decir es que, aunque las pruebas que le podrían dar entre 3 y 5 años de condena fuesen descartadas, aún habría suficientes para condenarlo entre 1 y 3 años.

Marcelo Santos, el abogado de Roberto, recurre a un argumento técnico para decir que eso es imposible: dice que llamar a juicio por muerte culposa sin tomar en cuenta las agravantes no es posible porque reformularon los cargos: “O si no estaríamos en una broma de que ahora voy a formular cargos por esto y voy a decir ah, no, no ha sido por esto sino por esto otro mismo”. Naranjo y el fiscal insisten que no se ha cambiado el tipo penal de muerte culposa en la reformulación de cargos sino que se agregaron las agravantes y sigue siendo el artículo 377 del Código Integral Penal.  

Cuando le pregunté al abogado de Roberto sobre la posibilidad de que haya un error de tipeo en  la fecha en el informe de velocidad dijo que, para él, ahí hay fraude procesal. “Estamos hablando de un informe con el que se lleva a una persona a juicio, entonces no es que aquí hay falta de prolijidad en el tipeo”. Añadió que, según él, desde el comienzo en todo el proceso hubo  una “presión de factores externos que tuvo la Fiscalía para tratar de involucrar al señor en este nuevo tipo penal en el que la pena es de 5 años.” Le pregunté que si tenía pruebas o si esa era una interpretación suya y me dijo que era una interpretación suya y que creía  “que también de la jueza”.

El abogado de Roberto dice que nadie está libre de que le ocurran ‘inconvenientes’ en la carretera. “No puedo decir que la persona que infringe alguna norma, que cualquier de nosotros lo puede hacer en el momento que conducimos, tiene que estar detenida”. Además dijo que debería haber sanciones distintas a la prisión, como una multa más fuerte o la suspensión de la licencia de conducir. “Si la suspensión dan para otros delitos penales comunes como robos, que son menos de 5 años de prisión, no se diga para una accidente de tránsito en el cual nosotros en el momento de conducir no salimos específicamente a que se produzca un delito”. Intenté contactar a la jueza Arias para este artículo pero no tuve respuestas.

Los abuelos de Daniela crearon una especie de altar con una biblia, velas y crucifijos para su nieta en su casa. Fotografía de José María León para GK.

Roberto sí contestó el correo electrónico que, con preguntas muy específicas sobre su caso, le envié. Le pregunté si recuerda haber tomado alcohol ese día, le pedí que me contase cronológicamente los hechos, por qué tiene la licencia caducada hace tanto tiempo, y cómo espera que se resolviese su caso. Dijo que había revisado las preguntas pero que consideraba que las preguntas que le hacía “en su mayoría deberán ser contestadas en el proceso judicial aún abierto”. Dijo que lo que sí podía decirme era que “este lamentable accidente me ha dejado heridas físicas y emocionales que son dolorosas para mí” y que ha “buscado a sus padres [de Daniela] para conversar con ellos y responder sus inquietudes” por lo que viajó a Guayaquil pero que ninguno de sus padres la recibió. La tía de Daniela, Cristina, dijo que él fue sin anunciarse y que, cuando su hermana escuchó que él la buscaba, se desmayó.

La decisión de la jueza fue apelada. El caso llegará a la Corte Provincial de Pichincha a comienzos de noviembre de 2018. Para entonces, las respuestas definitivas de las que Roberto habla y que la familia de Daniela espera —aunque no son las mismas— estarán más cerca.

Ninguna niña sueña con lavar tus platos

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Cuando Nelly  tenía 10 comenzó a trabajar como empleada en una casa en Guayaquil: había dejado la escuela y su casa en el campo. Tras cumplir 12, fue abusada sexualmente por el dueño de la casa donde trabajaba y vivía. Nunca lo denunció. Clara, a los nueve años, era obligada por su patrona a pararse sobre un taburete para que alcance la hornilla en la que debía freír el arroz. Cuando Lucía tenía 13, dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar porque su mamá no podía pagar sus estudios y los de su hermana menor. A los 11 años, la madre de Carmen la mandó a trabajar como empleada doméstica. Mientras limpiaba y cocinaba, veía por la ventana cómo los niños de su edad jugaban en el patio. Según un estudio realizado por Care, una organización no gubernamental, como Nelly, Clara, Lucía, Carmen, la mayoría de empleadas domésticas del Ecuador comenzaron a trabajar cuando eran niñas: en promedio, empiezan a los 12 años, aunque se han registrado casos de niñas que trabajan desde los 6.

La idea de que las niñas y las adolescentes deben dedicarse al trabajo doméstico comienza en sus propios hogares. Según datos de la organización Plan Internacional, 10 millones de niños y niñas en el mundo trabajan en el servicio doméstico o en condiciones de esclavitud —el 67% de ellos son mujeres. Un estudio de Plan Internacional Ecuador revela que los padres cargan con el peso de limpiar, cocinar y arreglar la casa a sus hijas desde que tienen apenas 5 años. A sus hijos varones los dejan ir a la escuela y jugar con sus amigos.

Camila, una niña entrevistada por Plan en la provincia de Los Ríos, cuenta que a ella le hacen lavar, cocinar y arreglar todo mientras que a su hermano no. “Él come, no hace nada, mi mamá lo consiente… yo quisiera que mi mamá sea igual con todos, que no por ser mujer yo tengo que ser una esclava” dice en su testimonio. Camila es parte del 65% de niñas en Ecuador que dedican su tiempo al trabajo doméstico, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sobre el Uso del Tiempo de los ecuatorianos. Para muchos padres, tíos, vecinos, es normal, algo que les toca a las niñas por ser niñas: porque algún día serán mujeres. Y eso es lo que hacen las mujeres.

Según un informe de UNICEF las niñas que habitan en viviendas con servicios básicos inadecuados tienen mayor probabilidad de trabajar. “Esto puede estar relacionado también con el hecho de que las tareas domésticas se incrementan con la carencia de servicios básicos”, dice el estudio. En el mismo reporte se diferencia al trabajo doméstico (dentro de la casa de la niña) del mercantil —agricultura, comercio, manufactura, etc.— pero se especifica que “si bien ambas actividades pueden ser complementarias, no necesariamente la intensidad del trabajo mercantil reduce el tiempo de dedicación al trabajo doméstico en el caso de las niñas”.

Vivir privadas del juego, ocio y estudios para dedicarse al servicio afecta gravemente a estas niñas. “Genera un perfil psicológico de ‘yo no valgo, yo solo puedo hacer esto, yo no tengo otras opciones”, dice la directora de Plan Internacional Ecuador, Rossana Viteri. “Las niñas ni siquiera lo ven como un trabajo, sino como parte de la vida”. El estudio de Plan encontró que las niñas invierten 18 horas a la semana en los quehaceres domésticos. El problema no son solo estas extensas jornadas de trabajo, sino que  lo que hacen es denigrado por sus familiares: si las niñas no cumplen con todas las tareas, son castigadas, y ellas piensan que lo merecen. “Esa niña ya no crece con lo que tendría que tener como recursos básicos: confianza en sí misma, seguridad y conocimiento de que nadie debe violentarla, derecho al descanso, a la educación, al ocio”, dice Viteri. “Todo eso queda vulnerado con esta dinámica del trabajo doméstico”.

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Muchas de estas niñas dejan de estudiar por su situación de pobreza o porque los papás las obligan a quedarse en la casa para cuidar a sus hermanos y servirlos. Según la directora de Plan Internacional, “hay un tema de inversión económica: dicen esa niña se va a casar y no va a aportar nada en esta casa, para qué invierto”. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, 44 mil 700 niñas y adolescentes mujeres abandonaron sus estudios en el periodo de 2016 al 2017. Los principales motivos son la falta de dinero, de trabajo, desmotivación, embarazo o matrimonio. Esta deserción se refleja en las trabajadoras domésticas: el 67% solo terminó sus estudios primarios o no tienen ningún nivel de educación.

Según Nubia Zambrano de Care —una organización no gubernamental dedicada a erradicar la pobreza— , hace unos 40 años era muy común que las mamás de zonas rurales enviasen a sus hijas a la ciudad. Llegaba a trabajar en casas, con la idea de que pudiesen acceder a educación. En otros casos, simplemente las mandaban a conseguir una ayuda económica para sostener a los que se quedaban en el campo. Y en muchos otros, hay niñas que escapan de sus casas porque viven en círculos de violencia y el trabajo doméstico es lo único que saben hacer para sustentarse. Pasan de un círculo de violencia a otro.

Las promesas educativas y dinerarias muchas veces no eran más que eso: promesas. Las niñas no iban a la escuela, eran golpeadas, obligadas a trabajar más de 12 horas diarias, y muchas veces no les pagaban. Si se quejaban, las amenazaban con denunciarlas con la Policía por hurto. Las niñas, por falta de experiencia e ignorancia de sus derechos, se quedaban calladas. Hay algo perverso en esa idea: una niña no tiene por qué saber cuáles son sus derechos laborales; debería estar en la escuela, tener tiempo para jugar, para crear, para imaginar. Las trabajadoras domésticas suelen ser víctimas de abuso, no pueden estudiar ni elegir otra profesión. No pueden ser niñas.

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El hombre que violó a Nelly cuando ella tenía 12 años era rector de un colegio en Guayaquil. Cuando su esposa salía de la casa, él le decía “¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, yo te quiero pagar más”. Un estudio sobre la situación del trabajo remunerado del hogar en Ecuador realizado por Care demuestra que el caso de Nelly no era aislado, sino que, por el contrario, muchas niñas y adolescentes mujeres fueron violadas, insultadas y golpeadas por sus empleadores. A su patrono, Nelly le decía que no, que no la moleste, lloraba repitiéndole que no. Pero a él no le importó: Nelly nunca dijo nada a su familia.

Lenny Quiroz, la secretaria general de la Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar  dice que ha escuchado muchos casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales a sus compañeras. Habla de Laura: “Empezó desde los 9 años a trabajar en casa, yo vine a saber que ella había sido abusada sexualmente y estaba yendo al psicólogo para recuperarse, a una chica los empleadores le quemaban con el cigarrillo, no le daban de comer, estuvo internada en una clínica”, dice Quiroz. “Esas historias le impactan a una y le llegan al corazón”.

Muchas de las mujeres que trabajaron desde niñas, se esfuerzan para que la historia no se repita con sus hijas, como Nelly.  El estudio de Care recoge el testimonio de una mujer: “No quisiera que se haga empleada porque se sufre, se quedan solas en la casa”. Muchas mujeres ahorran lo que ganan para sacar a sus hijas de ese cadena generacional de trabajo doméstico. Aunque muchas otras no pueden hacerlo, según Zambrano, y el ciclo se repite. La Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar las acompaña en estos procesos de sanación por los abusos del pasado. Además, las acompañan con asesoría legal, emocional. También buscan darle valor al trabajo doméstico, por eso se autodenominan como Trabajadoras Remuneradas del Hogar, un término reivindicativo para darse valor como personas.

Quiroz explica que si bien antes era muy común ver a niñas que iban del campo a la ciudad a trabajar, ahora ya no es tan frecuente. Dice que esto se debe a la regulación de edad mínima para el trabajo—15 años— establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, dice que muchas personas igual buscan formas de saltarse las leyes para seguir empleando a niñas. “La gente las trae como si fueran sobrinas, o las ahijadas, para evadir la ley. Entonces si va una autoridad a revisar, como la niña es una familiar más no pueden hacer nada”. Dice que el patrón se repite: la niña cocina, limpia, lava, arregla a cambio del estudio y de la comida —y a veces ni eso. Lo, para Quiroz, es que a veces son niñas cuidando a otras niñas que sí estudian, sí juegan y no tienen que trabajar.

A pesar de que hay una legislación que prohíbe el trabajo infantil y existe más control del Estado sobre los derechos laborales, el tema de las niñas sigue al margen. Existe un mínimo de edad para el trabajo de menores de edad, pero Zambrano —de Care— explica que esto no quiere decir que no ocurra en la clandestinidad, en el abuso y el irrespeto. “Hay total invisibilidad. Solo puedes saber si ingresas al hogar y puedes hacer la constatación de que hay una niña trabajando”. Aunque ya no sea tan común que envían a niñas del campo a la ciudad para trabajar “puertas adentro”, las niñas siguen trabajando: “Las estadísticas no te revelan eso pero sí las historias de las compañeras que te dicen que tienen sobrinas, compañeras que ingresan cuando son muy chiquitas como una alternativa de sustento o independencia si es que viven mucha violencia en su hogar”. Como no existen cifras oficiales sobre el trabajo doméstico infantil, es casi imposible saber si es que realmente ha disminuido o no.

Que una niña trabaje tiene un costo demasiado alto para ella. Por un lado está no tener educación, no poder perseguir una carrera profesional distinta al trabajo doméstico. Y por otro están las cicatrices que deja ser vista como alguien que solo sirve para un trabajo por ser mujer, y que, por hacer ese trabajo, la denigren, la maltraten, la abusen. Hacer que una niña trabaje es minar su camino al futuro y dejarla estancada en el de los estereotipos. Es, sobre todo, negarse a entender que ninguna niña sueña con lavar tus platos.

No disparen al humorista

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Hacer comedia te puede poner en el ojo de la tormenta contra tu voluntad. En los camerinos del stand up quiteño los comediantes cuentan historias de señoras ofendidas que se van por un chiste sobre la Virgen, de madres de niños con alguna discapacidad que espera afuera al final del show, o de un grupo de chicas que se levantan en medio de un chiste sobre lo ridícula que es la homofobia para gritarte homofóbico. Porque a veces no importa no entender el chiste si sirve de excusa para levantar tu voz de protesta.  

¿Es acaso tan peligroso el humor que merece voces dispuestas a callarlo cuando alguien o un grupo se siente afectado? Quizá no estamos apuntando nuestros cañones al enemigo adecuado y solo desperdiciando munición.

Una página de Facebook presenta memes de He-Man con mensajes claramente machistas: para algunas personas, las imágenes reafirman el sexismo en que vivimos, son la punta del iceberg de una sociedad enferma y pueden ser peligrosos. Las dos primeras pueden tener algo de sustancia, pero la tercera no. Los memes de He-Man son como la espada de Greyskull: no matan a nadie.

El comediante Chris Rock dijo en una conversación con otros grandes exponentes del stand-up que cuando un chiste no funciona, casi siempre es porque la manera en la que está contado hace que la audiencia no comprenda la premisa inicial. Es decir, si hago una rutina sobre la inocencia de Álvaro Noboa en un bar de Cuenca, muy probablemente escuche la risa del público, pero si lo hago en Ciudad de México me espera un silencio sepulcral. Lástima por ellos que no conocen el potencial cómico de Alvarito.  

De la misma forma, cuando vemos en redes sociales un meme o un chiste que fundamente su humor en estereotipos machistas y lo compartimos estamos aceptando dos cosas: que lo hemos entendido y que nos parece gracioso.

Al hacerlo, nos enfrentamos a un público anónimo que puede aceptarlo o rechazarlo, festejarlo o denostarlo. Puede ser que compartir un He-Man que hable mal de las mujeres sea señal de comportamientos machistas profundamente arraigados en nuestra psiquis. Sin embargo, en el intento de eliminar ese lado tan oscuro de nuestra sociedad, podríamos caer en otro pozo de oscuridad social: el de la censura disfrazada de lo políticamente correcto.

Es probable que estemos llevando ese peligroso velo a algo que no lo merece. Desde la Antigüedad ya se hablaba de la comedia como una imitación inocua de la vida. En La Poética, Aristóteles escribió que “lo cómico es un defecto y una fealdad que no contiene ni dolor ni daño, del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor”. Esta parodia toma la realidad y la deforma, presentando una nueva creación que está ahí para nuestro deleite, no para nuestro sufrimiento. Por ejemplo, cuando una imagen de un parqueadero lleno de autos chocados tiene como título Parqueadero de un encuentro mundial de mujeres, alguien podría entender la referencia a un falso lugar común: que las mujeres no saben estacionarse. Si ese alguien aún cree que es cierto, se reirá. Pero su risa no lo convertirá en verdadero: es una subjetividad que está sumergida en el campo de lo no-real: el chiste es una ficción cuyo objetivo es hacernos reír.

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Un chiste se alimenta de realidad para transformarlo en humor. En ese proceso se convierte en ficción. No entender que la ficción es, al final, una mentira, deja abierta una puerta por donde pueden entrar los largos dedos de la censura y la prohibición.

La ficción nos ofrece una interpretación de la realidad pero no es la realidad en sí misma: es un reflejo distorsionado que no puede ser equiparado a la verdad. Darío Adanti, uno de los fundadores de la revista satírica Mongolia, lo dice en el prólogo de Disparen al humorista: “Aunque la mentira funcione como metáfora amplificada de la verdad, o descubra una paradoja real, no es defendible porque no es la realidad misma y carece de pruebas a la hora de defenderse.”

El no entender este concepto tan sencillo causó que un grupo terrorista entrara a la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en 2015 en París y asesinara a 12 personas. En el Ecuador, hace casi 30 años, el caricaturista Pancho Jaime fue asesinado por hacer chistes que incomodaban a los poderosos. Esta misma incapacidad para decodificar al humor como una forma de ficción causó también amenazas de muerte y violentas protestas en 2005 cuando un diario danés publicó una caricatura del rostro del profeta Mohammed (algo prohibido en el Islam).

No se trata de renunciar a la crítica: es muy válido encontrar tintes machistas, racistas o xenofóbicos en el humor y rechazarlos. Pero de ahí hay una pendiente peligrosa hacia la censura y la desaparición de humor que no nos agrade. Esto puede ser inútil y, sobre todo, contraproducente.

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Hay que reconocer la función trasgresora del humor: se alimenta de la realidad para darnos una bofetada con nuestra esencia, con lo que está hecha la sociedad que construimos. La proliferación de memes machistas y que programas como La pareja feliz —que retrata un matrimonio disfuncional y violento— puedan a llegar altos índices de audiencia dicen mucho de lo que somos.

Además, la comedia puede perder esa función catártica tan necesaria para alejar a una sociedad de su completa autodestrucción. Como el carnaval, a través de un chiste, un meme, una caricatura podemos sacar nuestros miedos más oscuros y despojarlos de ese poder que ejerce una especie de sortilegio sobre nosotros. La muerte, las discapacidades, la religión, la política, el rey y el peón, nada ni nadie puede escaparse al humor y si molesta se puede anular el ataque de la manera más fácil: no reírse. Nada asusta más a un comediante que la sala en silencio —lo digo por experiencia propia.

Hace algunas semanas, la académica Cristina Burneo subió una versión LGBTI del escudo nacional. Fue gracioso ver a mucha gente que antes criticaba al movimiento feminista por su falta de tolerancia a los chistes de He-Man poner el grito en el cielo virtual reclamando por la ofensa. Una prueba más de que la piel sensible no depende de ideologías, sino de falta de entendimiento ante aquello que nos hace reír.

O no. Podemos no encontrar la gracia en algo que nos parece ofensivo pero pedir la hoguera para el comediante es desperdiciar fósforos. No confundamos la causa por el síntoma: “la libertad de expresión se mide más por nuestra capacidad de soportar las ofensas que por nuestra capacidad para reprimirlas” dice Adanti. Si enfocáramos más nuestra atención en educar en lugar de prohibir, con el tiempo los memes de un He-Man machista dejarían de existir por la sencilla razón de que no harán reír a nadie.

Natasha Rojas: “Las administraciones zonales no pueden seguir siendo botín político”

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Natasha Rojas suele aparecer en plantones o protestas de distinta índole: por la libertad de los llamados 10 de Luluncoto, por los periodistas secuestrados, por las firmas falsas registradas a nombre de varios partidos en el Consejo Nacional Electoral. Fue dirigente estudiantil en el colegio y luego en la universidad. Es más bien menuda y sonriente. Tiene el cabello oscuro corto y rizado, aunque a veces lo alisa. Me recibe, media hora tarde y prolijamente vestida con una traje sastre blanco y una blusa roja, en la sede del MPD de Quito, en la que cuelga un gran cartel que dice Unidad Popular, el nombre que adoptó luego de que el Consejo Nacional Electoral, le retirara su personería jurídica en septiembre de 2014.

Ahora el MPD ha recuperado su personería jurídica. Sin embargo, durante el período en el que fue suspendido, sus simpatizantes crearon Unidad Popular. Entiendo que a las elecciones seccionales participarán con esta organización. Cuéntenos un poco de eso.

En primer lugar, estamos muy contentos de que el Consejo Nacional Electoral transitorio devolvió su personería jurídica al Movimiento Popular Democrático. Se ha demostrado que fue la acción que se la quitó fue ilegal, inconstitucional, arbitraria. Sin embargo, en las elecciones de 2019 vamos a participar con Unidad Democrática lista 2, y posteriormente discutiremos el proceso de fusión de las dos organizaciones políticas.

Sin embargo, los líderes son los mismos que lideraban el antiguo MPD, ¿no?

Hay variaciones. La dirigencia de Unidad Popular está básicamente integrada por jóvenes: Geovanny Atarihuana, Sebastián Salazar, Natasha Rojas, Sebastián Cevallos, entre otros. Y el MPD tiene sus dirigentes también: Luis Villacís, Ciro Guzmán, Gustavo Terán.

¿Los antiguos?

Sí, nosotros hemos siempre hablado de la vinculación de la experiencia y la juventud para lograr cambios importantes.

Uno de los cuestionamientos que se hacen al MPD es que hace varias elecciones no logran ganar sus candidatos. ¿Cree realmente que tienes posibilidades para las próximas seccionales?

Durante todo este proceso ha existido una persecución política a las organizaciones sociales y políticas que hemos luchado por la democracia, por la libertad y por los derechos de los ecuatorianos. En nuestra organización tenemos a una de las mejores prefectas del Ecuador, que es Lucía Sosa, de Esmeraldas. Allí queda demostrado nuestro modelo de gestión y las políticas a implementarse desde lo local.

Lucía Sosa ha sido duramente criticada también. Todavía Esmeraldas sigue en una situación precaria.

Ella ha sido Prefecta de la provincia de Esmeraldas, son distintas las competencias del Consejo Provincial a las competencias de los municipios. En lo que significa desarrollo rural, productivo y las competencias que le corresponden ha tenido una gestión muy importante —tanto es así, ahora que es candidata a la Alcaldía de Esmeraldas, tiene una intención del voto del 75%.

Hay más de treinta precandidatos a la Alcaldía de Quito, ¿usted cree realmente que tiene posibilidades?

Más allá de ver esa posibilidad, respeto a todos los candidatos y me pregunto qué tipo de ciudad queremos y qué modelo de gestión debemos implementar en nuestra ciudad. Nosotros partimos de un hecho: necesitamos que Quito sea una ciudad más humana, moderna, eficiente, productiva, linda, ordenada, segura, con oportunidades para todos y todas, una ciudad inteligente. Si queremos esta visión de ciudad, significa que hay que discutir el modelo de  gestión.

Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito y el modelo de gestión tiene que estar basado en el ser humano, en el quiteño, la quiteña, en la naturaleza y los animales; no en el capital, como ha sido la trayectoria de los últimos años en el Municipio de Quito. Eso significa un sinnúmero de reformas para recuperarle al municipio de la inoperancia de la corrupción. Necesitamos que en Quito sea una realidad el estatuto autonómico para que tenga más competencias la municipalidad y adicionalmente, que se implementen en nuestra ciudad las alcaldías menores como Lima, como Bogotá porque hay que entenderle a Quito como a una ciudad de ciudades: una realidad es la del centro, otra, el sur; otra el norte; incluso entre los valles. Entonces se requieren micro planificaciones entorno a una matriz central.

El otro aspecto en el ámbito institucional. necesitamos que las administraciones zonales cambien de visión. Primero, que los administradores vivan en la zona, que conozcan la realidad del sector; segundo, que sean elegidos de una terna presentada por el Alcalde de Quito al Concejo Metropolitano, que exista un Concejo Zonal integrado por los dirigentes barriales, sociales, deportivos de esa zona para que definan las políticas públicas que deben ser implementadas. Es decir, administraciones descentralizadas, eficientes y con transparencia.

Claro, pero no me ha respondido a mi pregunta. ¿Cree que puede llegar a ser Alcaldesa de Quito?

Nosotros creemos que es posible. Hemos hecho el lanzamiento de una precandidatura a la Alcaldía de Quito. Hacemos un llamado a los ciudadanos, a las distintas organizaciones sociales y políticas para trabajar entorno a un proyecto de ciudad, no a nombres.

Lo más importante para que exista gobernabilidad es que todos caminen en base a la misma propuesta. Hemos estado conversando con varios actores políticos candidatos a la Alcaldía y en su momento informaremos la decisión que, como UP, hemos tomado.

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Rojas fue dirigente estudiantil desde el colegio. Fotografía de José María León para GK.

A Natasha Rojas se le nota la militancia en organizaciones sociales y barriales. Habla de los barrios populares de Quito con mucha soltura como quien los conoce más allá de un recorrido obligado para intentar ganar unos votos durante la campaña política.

Me suena a que puede haber alianzas.

Si queremos recuperar a Quito, necesitamos dos alianzas: una, con el pueblo de Quito y, en segundo lugar, con los actores políticos.

En las entrevistas a precandidatos que hemos hecho hasta el momento es que suelen tener visiones similares. Usted habla de una ciudad más humana, igual que Daniela Chacón; habla de la importancia del estatuto autonómico, igual que César Montúfar. ¿Hay la posibilidad de que converjan en algún punto y, en lugar, de que haya tantas candidaturas puedan darse alianzas basadas en esas visiones comunes?

Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo. Lo importante es dejar de lado los intereses de determinados sectores por los intereses de Quito. En este momento Quito necesita de sus ciudadanos.

Una sola persona no va a poder hacer todos los cambios que requiere Quito; el alcalde tiene dos manos pero en Quito hay 5 millones de manos porque somos dos millones y medio de habitantes y todos debemos trabajar para recuperar Quito. Uno de los ejes que me interesa mucho es la participación ciudadana entendida como la planificación, la toma de decisiones y el control de las autoridades. Con la participación ciudadana vamos a lograr un mayor desarrollo de la ciudad.

Y en ese marco, ¿habría la posibilidad de declinar su candidatura?

Todo por Quito. Estaríamos dispuestos a aquello, todo por mi ciudad.

El MPD, ahora Unidad Popular, fue una de las organizaciones que inicialmente apoyó al correísmo. En las elecciones de 2017, su partido inicialmente apoyó a Paco Moncayo, de la ID pero en la segundo vuelta llegó a pedir a los simpatizantes que voten por Lasso, un candidato de derecha. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente?

Yo soy una mujer humanista, una mujer demócrata y de izquierda. Siempre he desarrollado mi actividad en una sola línea política. Yo soy de las pocas personas que se ha mantenido por un solo andarivel.

Tengo 43 años, empecé a desarrollar acción social cuando tenía 14 años: son 29 años de mi vida que he estado vinculada a las organizaciones sociales, populares, a fundaciones, a colectivos de derechos humanos, de mujeres, de animalistas, ambientalistas. Es decir, toda una vida de servicio a la colectividad y eso me ha permitido conocer la ciudad de Quito, conocer los sueños y los intereses de los quiteños.

Además soy docente universitaria y eso me ha permitido conocer también a los jóvenes.

Con la otra precandidata, Daniela Chacón, conversábamos sobre lo poco que se ve a mujeres candidatas a cargos ejecutivos. ¿Cómo ve la posibilidad de ser la primera alcaldesa mujer?

Creo que todavía nuestra ciudad tiene actitudes patriarcales, misóginas, que no han permitido el desarrollo de las mujeres para los cargos ejecutivos. Sería muy importante que una mujer ocupe un cargo así, somos el 51% de la población.

En mi caso soy mujer, madre, jefa de hogar: eso me da otras características para entender la realidad de otras personas. Soy parte del movimiento de mujeres, conocemos la problemática sobre discriminación, temas de violencia.

Cuando hablamos de un municipio más humano también hablamos de un municipio que trabaje por las mujeres, por los LGBTI, por los sectores vulnerables. No es posible que a quince minutos de la Marín te encuentres con calles que no están pavimentadas, que a 30 minutos del centro de la ciudad haya barrios sin agua potable. Sí son pocos, pero esas son las prioridades que debe tener la administración municipal.

Otra cosa que usted menciona mucho es el tema del transporte. Usted es contraria al alza del pasaje del transporte público. Allí menciono a otro precandidato, Juan Carlos Holguín. Él decía que hay mafias que han gobernado el Municipio y hacía referencia al gremio de los taxistas. ¿Cree que hay esas mafias o que los transportistas están organizados como mafia?

Natasha es una mujer de palabra que hace lo que dice. En el ámbito de la movilidad tengo una característica distinta al resto de candidatos: soy usuaria del sistema de transporte público en la ciudad de Quito. A mi no me han contado, yo lo he vivido: siga para atrás que está vacío, atrás hay asiento, quítese de ahí, no estorbe, súbase mamacita, etcétera, etcétera. He visto cómo no paran los buses a los niños, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad.

Necesitamos trabajar en un sistema de transporte público masivo de calidad que cumpla cuatro parámetros inmediatamente: comodidad, seguridad, calidad y rapidez. Si mejoramos el sistema de transporte público, quienes tienen autos particulares van a dejar sus autos, va a fluir la circulación y va a reducir la contaminación.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

“Hay que ir a poner orden en el Municipio de Quito”, dice Rojas. Fotografía de José María León para GK.

Hoy, uno de los ejes en la movilidad es el metro pero tiene que estar acompañado de un sistema integral de recaudo, un sistema integral de transporte, una reorganización de rutas y frecuencias. Hay barrios que a partir de las siete de la noche ya no tiene transporte hacia allá, le pongo ejemplos: Cristo Rey, San Juan, Caupicho. Necesitamos trabajar en la señalética para evitar los accidentes de tránsito, en campañas fuertes de educación vial. Yo no comparto que se llame paso cebra, debemos llamar zona exclusiva de peatones, que entiendan quienes manejan que esas rayas que están en las calles son de los peatones.

Necesitamos una planificación urbanística de las paradas: qué va a haber en las paradas, qué negocios se va a implementar, cómo contribuimos con negocios, emprendimientos, a la generación de fuentes de empleos para la ciudad.

Suena muy bien lo que usted dice pero parece que esas propuestas se quedan siempre en el papel. Son intentos que se han tenido ya anteriormente y regreso a lo que le decía hace un momento: estas negociaciones con los transportistas han sido un dolor de cabeza incluso para gobiernos nacionales. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Usted cree que ahí hay una mafia o cómo ve usted esa situación?

Existe una mafia en el sistema de transporte y esa mafia está también en el Municipio de Quito.

Dos concejales con grilletes por sobornos a los transportistas de esta ciudad. Si yo fuese alcalde de Quito yo hubiese iniciado un proceso de revocatoria, de destitución de esos concejales y de igual manera si yo estuviese en el Concejo Metropolitano.

Es posible y no se queda solo en los papeles pero es únicamente posible cuando usted vive los problemas del transporte, no cuando se ha subido a un bus para tomarse una foto y subir a las redes sociales; es posible cuando usted, cuando su familia, cuando su hijo, vive la realidad del sistema de transporte.

Yo creo en una tarifa socialmente justa y lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre: una tarifa justa para los ciudadanos y justa para los transportistas. No estamos en contra de los transportistas pero sí les decimos: calidad primero y luego discutir la tarifa de transporte. No puede ser al revés porque ese siempre ha sido el cuento: aumentan los pasajes y mejoramos la calidad. Ahora no. Pero hay cosas que no requieren ni un centavo de inversión.

Un modelo de gestión empresarial en el sistema de transporte. ¿Responsabilidad de quién? Del Municipio. En la recolección de la tarifa de transporte hay una evasión de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento que no llega al dueño final pero adicionalmente, para definir la tarifa de transporte este municipio ha incumplido porque deben ser convocados, de acuerdo a la Ley, los usuarios, el municipio y los transportistas, lo cual no se ha cumplido porque se caen en los chantajes de un grupo de transportistas que luego les financian las campañas electorales.

Hay una capacidad de presión importante allí, cualquier persona que llegue a la Alcaldía va a tener esa dificultad en cuanto a la negociación.

El transporte público, como en otras ciudades del mundo, debe municipalizarse.

¿Qué quiere decir con eso?

Que el Municipio sea el responsable, que el Municipio sea el que compre las unidades, que el Municipio sea el responsable del servicio que nos dan a los ciudadanos.

¿Es decir que no sean cooperativas privadas?

Que no sean cooperativas privadas y si cumplen los parámetros bueno, que sean cooperativas privadas pero si no cumplen, el Municipio debe asumir esa responsabilidad.

Basta de chantajes porque en esta ciudad, muchas personas han muerto por el pésimo servicio de transporte. Perdemos entre dos y cuatro horas al día en la movilización.

El otro día me fui a visitar a la mamá de una amiga que está con cáncer en Caupicho. Desde la Universidad Central hasta Caupicho me demoré una hora y cuarenta y cinco minutos y eso es lo que vivimos todos los días los ciudadanos.

Desde que inició la entrevista, una mujer acompaña a Natasha Rojas. Llegaron juntas y ella se acomodó en el escritorio del fondo de la oficina en la que nos atendieron. En este punto de la conversación, se levanta y con el celular, empieza a grabar parte de la entrevista. Natasha se distrae brevemente, pero continúa, sin perder el hilo de lo que dice.

Hay un cuestionamiento también al presupuesto que tendrá el próximo Alcalde. Se ha dicho que es un presupuesto que complicará ejecutar algunas de las propuestas que tienen.

Hay problemas presupuestarios muy serios por apostarle a una sola gran obra que ha sido el metro. De cada 100 dólares que tiene el Municipio de Quito, 60 se van en el metro y 40 dólares en salarios de los trabajadores que justamente se lo han ganado y para inversión en los barrios.

Cuando hablamos de una ciudad más humana, hablamos que esto se ejemplifique en el presupuesto. En la administración pública se hace lo que está escrito en el presupuesto. Hay que redefinir los presupuestos participativos en Quito. Hay una contabilidad social que no se toma en cuenta.

¿Cuánto representa el trabajo de la población en mingas y otras actividades que se desarrollan en los barrios? Hay que actuar con madurez, cabeza fría y experiencia para afrontar los problemas de Quito.

Quito vive una crisis institucional, producto de la inoperancia y la corrupción, en una crisis presupuestaria, producto de la improvisación y desconocimiento y una crisis de infraestructura: calles, recolección de basura, entre otros aspectos.

La semana anterior se reunió el Concejo Metropolitana para discutir la reforma presupuestaria. El Alcalde presentó una propuesta que disminuía recursos en áreas de educación, salud, etcétera. Los concejales presentaron una propuesta que reducía el presupuesto en los Guagua Centros.

A ninguno se le ocurrió plantear reducir los recursos en publicidad y propaganda que solo de la administración central son 7 millones de dólares y en el conjunto del Municipio, 20 millones.

¿En qué período?

Anualmente. Ahí, por ejemplo tienes un margen de recursos que debe ser invertido en el ámbito social si tienes una visión humana y de atender las necesidades prioritarias de la población.

Ahora que menciona el tema de los funcionarios públicos en el Municipio y las empresas municipales. ¿Usted cree que es adecuado el número de trabajadores que hay?

Primero hay que discutir qué elementos de carácter social y de infraestructura atiende el Municipio de Quito. El Municipio atiende la entrega de agua potable, tiene 20 instituciones educativas municipales como el Benalcázar o el Fernández Madrid, tiene instituciones de salud como el Patronato San José que antes era de una calidad extraordinaria. Es decir, hay varios proyectos de carácter social que requieren de personal.

Es necesario un proceso de reingeniería del municipio, optimizar el recurso humano garantizando su estabilidad, pero si hay funcionarios municipales que no cumplen los objetivos de la institución, se deberá discutir con ellos. Necesitamos que los funcionarios municipales se sientan motivados para entregar un mejor servicio a la colectividad.

Otro asunto que ha generado polémica en esta administración es el Concejo Municipal, como usted lo mencionaba hay dos concejales procesados por la justicia. ¿Cómo van a conformar sus listas, quizás habrá alianzas con otros partidos para tener gobernabilidad?

Tan importante es el alcalde como los concejales para tomar decisiones. Todas las decisiones en el municipio se toman a través de ordenanzas; este concejo metropolitano es corresponsable de la crisis que vive Quito, no pueden hacerse a un lado. Deben cumplir sus funciones, legislar a través de ordenanzas y fiscalizar a la máxima autoridad, en este caso al alcalde. Considero que no deben cumplir funciones de carácter administrativo porque eso les quita neutralidad frente a los procesos de fiscalización. El alcalde es el administrador, los concejales son los legisladores.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

Natasha Rojas tiene 43 años y es administradora pública. Imagen de José María León para GK.

Si usted llegara a la Alcaldía, ¿reorganizaría eso? Incluso algunos precandidatos hablaban de Quito Honesto como un ejemplo de lo que no funciona para fiscalización pues su cabeza es nombrado por el alcalde.

Es terrible. Quito Honesto tiene un presupuesto anual de cerca de un millón de dólares y no han hecho absolutamente nada para prevenir la corrupción y para implementar procesos de investigación de hechos que son de conocimiento público.

Los concejales deben cumplir sus funciones: legislar y fiscalizar y el alcalde, con liderazgo, debe hacer cumplir cada una de las competencias. Las administraciones zonales no pueden seguir siendo troncha, no pueden seguir siendo botín político: yo voto por tu proyecto si me entregas esta administración zonal, yo te apoyo si me entregas esta administración zonal.

Natasha se expresa mucho con sus gestos. Usa lentes pero a través de ellos, se puede ver sus ojos ir y venir, abrirse y cerrarse. No mueve las manos, no alza la voz. A veces parece más concentrada en sí misma cuando da las respuestas. Otras veces, hace una pausa, como para recordar que está en una entrevista y que debe ser concreta.

¿Y eso ha ocurrido en este período?

Eso ha ocurrido en este período, tanto es así que Quitumbe ha tenido ocho administradores en cuatro años: eso significa que no hay un proyecto a largo plazo. Un proyecto de planificación y ordenamiento territorial tiene la administración central y, como los administradores zonales obedecen a distintos concejales, hacen cosas totalmente distintas a las establecidas en los parámetros centrales, lo que no permite tener un proyecto a largo plazo.

¿Y a quién han terminado respondiendo estas administraciones zonales? ¿A los partidos políticos de los concejales?

A los partidos políticos de los concejales que han recibido eso como parte del gran reparto y de la troncha y no han respondido a los intereses de la ciudad. Las administraciones zonales tienen que ser instancias de puertas abiertas. Ándate tú a cualquier administración zonal, no puedes hablar con el administrador porque abajo tienes un guardia privado que se ha contratado y no puedes ingresar. Tienes que pedir audiencia, a veces.

Hablar con algunos administradores está más difícil que hablar con el alcalde. Esa realidad con Natasha Rojas va a cambiar.

¿Usted ha intentado hablar con administradores zonales?

Yo, permanentemente desarrollo actividades con los barrios, he estado muy vinculada a la organización barrial en la ciudad de Quito.

Y a través de esas organizaciones, ¿ha sido difícil acceder a los administradores zonales?

Sí. Hay administradores zonales que te dicen: tú, como tienes otra tendencia política, nosotros no te podemos atender. Están equivocados.

Al momento que uno llega al municipio de Quito, tiene que sacarse la camiseta de su organización política y ponerse la camiseta de la honestidad, el trabajo y el amor por Quito.

Otro de los temas que se ha discutido mucho sobre quien gane la alcaldía es este de retomar el rol político que ha tenido Quito como capital. Históricamente Quito ha tenido una participación política muy fuerte, sobre todo en cuanto a cuestionar a los gobiernos nacionales. Desde distintos sectores se ha cuestionado que Quito ha perdido este rol en los últimos años. ¿Cree usted que Quito debería retomar ese rol?

Quito siempre ha sido una ciudad que tenía liderazgo. Sus modelos de planificación, sus modelos de desarrollo local eran tomados en cuenta en otros municipios en el país. Hay que recuperar el liderazgo.

¿Qué ha pasado en estos años? El expresidente del Ecuador le gritó al alcalde Barrera que no debía cambiarle el nombre al nuevo aeropuerto de Quito, Barrera agachó la cabeza y obedeció.

En la actualidad, el gobierno le debe varios millones de dólares en transferencias presupuestarias a la ciudad y el actual alcalde no dice absolutamente nada. Eso es no tener liderazgo.

Hay que tener una buena relación con el gobierno nacional pero hacer respetar los intereses de Quito. Primero Quito, luego los otros aspectos. El liderazgo lo ganas cuando eres honesto, cuando tienes capacidad, cuando tienes experiencia y tienes el apoyo de Quito.

Usted decía que la persona que llegue a la Alcaldía de Quito debe quitarse la camiseta de su partido. ¿Quiere decir eso que si usted llegara, dejaría de responderle a su partido?

Yo voy a responderle al pueblo de Quito, a las necesidades que tiene Quito y a construir una ciudad con todos los actores: los sectores populares, el sector empresarial, porque todos construimos ciudad.

Uno de los aspectos fundamentales es la generación de empleo a través de distintas iniciativas. En la actualidad hay un sinnúmero de trámites en ConQuito: la ciudadanía no encuentra el respaldo del Municipio para realizar sus proyectos.

Ahora un gran porcentaje de la población, sobre todo jóvenes, han incursionado en emprendimientos, pero de cada 10, 8 quiebran a los dos años porque no son producto de un estudio, porque no son producto de una investigación ni atiende a las demandas del mercado. ConQuito debe asesorar a los ciudadanos que tienen proyectos de emprendimiento y crear una bolsa de incentivos para estos emprendimientos. Hay recursos, en vez de malgastarlos, se deben usar en proyectos de emprendimiento.

Natasha Rojas tiende a evadir algunas preguntas, quizás más por la efervescencia con la que habla de sus ideas que por una voluntad de esconder respuestas.

De todos modos no me ha respondido la pregunta. El elector vota por Natasha Rojas pero también vota por Unidad Popular. Entonces cuando usted llega a la Alcaldía, su equipo será probablemente de UP y habrá algunos lineamientos del partido que también, es posible, que sean respetados durante su gestión.

Yo ahí tengo una propuesta y es la propuesta de UP, que la recogimos en seis meses en visitas a barrios y la denominamos Juntos Transformemos Quito. Los ciudadanos nos decían cuáles son sus aspiraciones y sus sueños.

El equipo que me acompañe en el Municipio de Quito será un equipo técnico de primer nivel. El 50% de los funcionarios de libre remoción será con los propios funcionarios municipales que tienen experiencia, que conocen la realidad de Quito y el otro 50% será con técnicos que pueden contribuir con una visión distinta al desarrollo de la ciudad. No habrá imposición de nadie y se trabajará por la ciudadanía y se recogerán los mejores criterios ciudadanos.

¿Y las cuotas políticas de la campaña?

En nuestra organización no nos manejamos por cuotas políticas de campaña. En nuestra organización nos manejamos a través de objetivos que nos planteamos y de recoger a las mentes más lúcidas para poder gobernar. Esa es la diferencia que tenemos con otros sectores.

Otra de los temas importantes, incluso en esta etapa de precampaña, es sobre el financiamiento de su campaña. ¿Quién le va a financiar? ¿Cómo llega sin financiamiento o cómo evita que el financiamiento se convierta después en cuota política?

No habrá financiamiento del gran capital. No habrá financiamiento de Odebrecht. Yo, Natasha Rojas, fiscalizaré la obra del metro, los grandes proyectos y los pequeños proyectos. No se despilfarrarán los recursos. Varias personas han acudido a nosotros diciendo que quieren contribuir en distintos ámbitos en la campaña electoral. Hay tantas cosas por cambiar en nuestra ciudad. Todos los días martes escucho a los ciudadanos sus opiniones a las ocho y treinta de la noche, a través de Facebook Live. Ayer estaba conversando con destacados dirigentes barriales y ellos decían que en Quito hay aproximadamente 400 canchas deportivas y que a 50 se les ha entregado césped sintético, las otras no tienen baños ni infraestructura ni nada. Esa realidad debemos cambiar.

candidata a alcalde de Quito Natasha Rojas

“El transporte público debe municipalizarse”, Natasha Rojas. Fotografía de José María León para GK.

Alrededor de los grandes centros comerciales encuentras grandes obras. En el Centro Comercial El Bosque, un puente a desnivel, en el Quicentro Sur un gran redondel para que ingresen rápidamente los autos; en el Quicentro se tomaron parte de la vía, no importa el tráfico con tal de que haya un boulevard y permita el ingreso rápido a quienes compran. Están bien esas obras pero deberían ser pagadas por quienes se benefician y no por la colectividad.

Nosotros creemos que también es fundamental la atención a los sectores populares. Yo soy madre y por eso digo que los Guagua Centros tienes que ser fortalecidos y tienen que crecer porque benefician a la mujer del pueblo, a la madre trabajadora que sale en la mañana y regresa en la noche, dejando a sus niños ahí. Pero hemos dicho, necesitamos pasar de los Guagua Centros a los Guambra Centros porque en los centros de desarrollo infantil los tienes a los niños hasta los cinco años, luego van a la escuela y al colegio y toda la tarde pasan solos, sin ningún acompañamiento. Si tuviésemos guambra centros tendríamos la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios en donde van a ser asesorados en el ámbito educativo, psicológico, de recreación, etcétera. Eso es pensar en una ciudad más humana.

Suavemente, evita la confrontación. Usa los mensajes que quiere posicionar para volver a evadir preguntas. Sonríe mucho, suaviza su voz y su elocuencia demuestra que los años en política le han enseñado a responder lo que quiere, no lo que le preguntan.

Usted ha mencionado dos cosas: que trabajará por una ciudad que se concentre en el ser humano y no en el capital y dijo también que trabajará con las mentes más lúcidas. Me recuerda un poco al discurso de Rafael Correa, y yo sé que usted ha sido una dura crítica del expresidente pero ¿no cree que este discurso de la izquierda se desgastó precisamente por estas figuras que propusieron un tipo de gobierno y luego se fueron por otro rumbo?

De ninguna manera, no utilicemos el término lúcido, digamos que trabajaré con aquellos hombres y mujeres que tienen propuestas. Yo, por ejemplo, admiro en el ámbito del urbanismo a Fernando Carrión porque creo que es uno de los mejor urbanistas que tiene la ciudad.

En ese mismo ámbito, en la Universidad Central, en la Universidad Católica, tú tienes académicos que saben lo que hay que hacer en Quito. Si tú eres inteligente, te juntas a personas que son inteligentes y te permiten que tu proyecto se desarrolle en mejores condiciones.

Pero usted se guía por una ideología de izquierda según me dijo al inicio, ¿no?

Sí, una ideología de izquierda que te plantea una cosa: pensar en el ser humano como primer aspecto. Hay que disminuir las brechas, las diferencias. Hay que dar oportunidades a quienes no las tienen; trabajar en una ciudad que piense en los hombres, mujeres, LGBTI, niños, jóvenes, en las personas con discapacidades.

Usted mencionaba que lleva 29 años en política. Cuando mira su recorrido, ¿puede identificar errores?

Yo me siento más bien feliz. Cuando voy a los barrios a mi no me dicen doctora, bienvenida, sino me dicen niña Natashita, señorita Natasha. Cuando me dicen así me siento tan contenta porque hay una parte importante de la población que me vio crecer. Yo me incorporé jovencita al consejo estudiantil del colegio Consejo Provincial de Pichincha en Solanda, luego en la universidad, luego en los barrios, he estado relacionada con los trabajadores autónomos —es decir, con distintos sectores.

Me siento contenta de lo que he hecho y pienso que puedo servir muchísimo más desde el Municipio de Quito. No me arrepiento de absolutamente nada, y si hay algo que revisar en el desarrollo de la vida, con madurez hay que revisar porque los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Lo importante es el servicio.

Recuerdo en este momento cada vez que el expresidente Correa hablaba mal de mí, yo me sentía contenta porque me decía: estoy haciendo bien las cosas. En una investigación que se realizó yo estaba entre las diez mujeres más agredidas y víctimas de linchamiento mediático por el expresidente Rafael Correa. Pero cuando salgo a la calle, yo camino por cualquier lugar. Me levanto a las cinco de la mañana para dejarle a mi hijo listo el desayuno, luego atiendo medios de comunicación, después voy a mercados, barrios, asociaciones. Me doy tiempo para trabajar en la docencia universitaria, bueno, recién salí de la docencia universitaria, ahora estoy en temas de consultoría.

Yo he sido asesora externa de la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, he trabajado en varios municipios. Salgo en la mañana y llego en la noche pero me pego mis escapadas los miércoles 2×1 para irme al cine con mi hijo. Los fines de semana me saco tiempo para estar con mi hijo. Es una vida en la que a veces no tienes tiempo para pensar en otra cosa que cómo servir mejor a la gente.

¿Qué errores ha cometido Natasha Rojas?

¿Errores? ¿Qué errores? No hacer mucho deporte.

Políticamente, en su trayectoria.

¿Políticamente? ¿Errores?

Repite las palabras intentando hallar una respuesta que no le llega con facilidad. Escarba un poco en su vida personal, pues le cuesta encontrarlo en su vida política. Se pone un poco tensa. Intenta ganar tiempo, parafraseando mi pregunta. Sonríe. Está incómoda.

César Montúfar nos decía que quizás su error ha sido no apuntar a ganar elecciones, que puede estar dispuesto a tener un discurso y construirlo pero que al momento de las elecciones, pierde. Él decía que es importante ganarlas. A eso me refiero. Si usted mira estos 29 años en los que ha hecho política, ¿en qué cree que ha fallado? ¿Qué pudo haber hecho mejor?

¿Qué he fallado?

Les cuesta un poco a los políticos encontrar sus errores, ¿no?

Sí. No me he puesto a pensar en aquello. ¿En qué he fallado? De pronto en momentos determinados, debí actuar con mayor audacia. Pienso que eso porque en el resto he estado vinculada a la organización social, y estar vinculada a la organización social es plata y persona.

¿Sabes qué de pronto? Una de las cosas que me ha impedido desarrollar el accionar político, de pronto no centrarme más en mis cosas personales. No centrarme más en mi hijo, pero es un costo. Cuando tú decides servir a la gente, dejas de lado el resto de elemento.

De pronto una limitación que hay es que no estamos en los grandes medios de comunicación, a diferencia de otros actores políticos. No porque no queremos sino porque muchas veces no existen esos espacios para actores políticos desde los sectores sociales.

Ha vuelto

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El periodista Rafael Cuesta parecía no entender lo que su entrevistado, el expresidente de la República Abdalá Bucaram, le estaba diciendo. “Me treparon a un caballo”, dijo Bucaram para explicar un dolor de espalda causado —según él— por el trajín de su breve retorno al Ecuador en 2005. “El caballo empezó a escupir espuma”. Cuesta asentía con la cabeza. “Me tocó darle respiración boca a boca”, le dijo Bucaram. Cuesta no se detuvo en la inverosímil imagen de un expresidente de la república resucitando un equino, sino que vió, sonrió y siguió cortésmente a preguntar sobre el futuro del país. “¿Qué puede hacer Abdalá Bucaram ?, ¿qué quiere hacer por el Ecuador?” fue su siguiente pregunta, como si todo cupiese dentro del relato normal. Ahora que el gobierno de Lenín Moreno lo recibió en Carondelet por el aniversario de la firma de la paz con el Perú, el silencio mediático sobre esa invitación evoca a aquella vez donde, también, lo inverosímil sucedía y era pasado por alto.

En retrospectiva, aquella vez fue una omisión entendible: Bucaram conversaba rápido (como siempre), fue digresivo (como siempre) y su timbre de voz subía a agudos inesperados cuando se emocionaba (como siempre). En relación con el resto de la entrevista, la anécdota de “boca a boca a un caballo”  —que pudo haber sido un chiste o una ficción piadosa para compartir entre amigos— perdió importancia. Un comentario así, de otro político, difícilmente habría sido ignorado. Pero era Bucaram, y después de hablar de la división de la tierra entre los hijos de Abraham, de la inflación, del éxodo judío, de la Revolución Cubana, de imitar a Álvaro Noboa (llamándolo “patuchito, pipón y feo”, y pidiéndole disculpas a Cuesta por lo de patuchito), de la dolarización, entre otras cosas en una primera ráfaga de nueve minutos, la omisión de Cuesta adquiría sentido. No cabía indagar más, porque no faltaría el show y el absurdo. Era una omisión freudiana, que revelaba y delataba, como un desliz de boca, lo que Cuesta ya esperaba o pensaba de su entrevistado.   

§

Así también fue la omisión (y el gesto) del gobierno al invitar a Bucaram a la ceremonia por la celebración de los 20 años de la suscripción del Acuerdo de Paz de Brasilia, con el que terminaron 170 años de conflictos territoriales entre Ecuador y Perú. No fue nada muy conspicuo, nada que parezca merecer la atención de los medios. Bucaram no dio declaraciones a la prensa, ni gritó, ni hizo proselitismo. Y de los medios, supuestos escrutadores minuciosos de los movimientos del gobierno, un mutismo equivalente.

El silencio mediático pero, sobre todo, el gesto del gobierno, fueron también un desliz freudiano: revelaron el tipo de motivaciones detrás del discurso anticorrupción del gobierno. La invitación a Bucaram, como pasar por alto su historia del rcp al caballo, es delatadora: desde el inicio de su administración, el presidente Lenín Moreno ha sido ambivalente en temas sociales y económicos, pero estridentemente enfático en el frente de la lucha contra la corrupción del gobierno anterior (del que hizo parte por seis años como Vicepresidente).

Aferrado a ese discurso, el todavía incipiente morenismo buscó diferenciarse y definirse, a pesar de no tener un proyecto político claro. Ha sido una administración reactiva: sensible al hastío y a la indignación que generaron los escándalos de la época de Correa, cada vez más frecuentes, dramáticos y determinantes.

El (relativamente) mayor de todos estos casos sucedió el 21 de octubre de 2018, cuando el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se sacó el grillete electrónico y despareció de los radares policiales. El escape detonó la respuesta más virulenta del gobierno de Moreno. Era otro escándalo —hasta ahora el de la trama más dramática. Tras la fuga del ex secretario de Comunicación de Correa hacia un país que le habría dado asilo (aunque lleva días aún sin anunciar cuál es) Moreno avisó que no habría tregua: toda la cadena de responsabilidad de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del ECU-911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico de Alvarado, fueron destituidos. Se puso en mora a los altos funcionarios del ex gobierno (curiosamente, tanto Moreno como la vicepresidenta Vicuña entrarían en esa categoría). Parecía que se declaraba una guerra de ribetes cinematográficos, con espías e infiltrados incluidos. La última gota había rodado por el borde de la copa del gobierno de Moreno: se declaraba en guerra con la corrupción correísta.

Corrupción correísta: es una especificación importante. El proyecto por erradicarla ha estado repleto de símbolos y de proclamas. Desde el inicio, con la salida del exvicepresidente Jorge Glas, Lenín Moreno ha convertido a la cirugía para extirpar la corrupción en su proyecto principal. El proceso ha sido profundamente mediático. Al serlo, replicó la dinámica del escándalo que caracteriza al mundo actual. Correa, en ese sentido, intuyó una estrategia (atribuida a Jaime Durán Barba) del gobierno actual para deslegitimar al suyo : “un escándalo por semana” para distraer a la ciudadanía de los problemas de fondo. La culpa, a 18 meses de gobierno, sigue siendo de Correa.

La invitación a Bucaram no es solamente ausencia de memoria histórica. Es una delación: no existe tal “lucha contra la corrupción”, sino tácticas cortoplacistas y coyunturales para desmontar el entramado de corrupción anterior. Pero solamente el anterior, porque el gobierno de Abdalá Bucaram fue uno de los más cortos y más corruptos en la historia del país. Si el Loco volvió, fue solamente por un tecnicismo legal, ya que los juicios en su contra prescribieron. La ley vigente en esa época decía que no se podía juzgar a una persona en ausencia y, como Bucaram pasó casi ininterrumpidamente los últimos 20 años en Panamá, sus casos se estancaron. Sin embargo, ahí estaba, de terno y serio, entrando al palacio del que rehuía cuando debía habitarlo porque, decía, lo espantaban los fantasmas que lo habitaban. La presencia de otro expresidente, Rodrigo Borja, que terminó su mandato y al que muchos podrían endilgársele, menos corrupto, daba la talla de la indiferencia del Ecuador: no hay cargos históricos de larga data para nuestros políticos, sino solo conveniencias —de la regalada gana pasando por la revolución ciudadana y llegando al enigma del morenismo que vive del día a día.

La forma es fondo en la política. Mientras el gobierno dice combatir la corrupción del correísmo —con intrigas al estilo de Game of Thrones incluídas—  reivindica simbólicamente a Abdalá Bucaram. No fue por olvido. Los escándalos a los que hemos estado expuestos han mitigado el efecto del bucaramato, lo han anulado. La criticidad de ciertos medios parece también tan fijada en Correa que los actores de la política actual (por más sórdidos que puedan ser) pasan desapercibidos.

No se trata de liberar de responsabilidad al gobierno anterior en la corrupción que lo atravesó. No se trata de aceptar las disculpas de las cantidades mínimas o de los acuerdos entre privados, sino de no ser ciudadanos desde el miedo: tan preocupados de que no vuelva un mal del pasado, ¿qué estamos permitiendo hoy?

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Es otra cara de la posverdad. El término, inventado por David Roberts, para describir políticos que negaban el calentamiento global a pesar de las evidencias científicas, cobró vigencia en 2016 entre periodistas y pensadores como una forma de entender la estrategia mediática del presidente de Estados Unidos,  Donald Trump: cuando el escándalo se normaliza y produce serialmente, pierde valor. Nos acostumbramos a consumirlo. Al hacerlo ignoramos información importante, y nos obsesionamos temporalmente con datos superficiales.

Quizás Bucaram nunca juntó labios con ningún caballo. Eso nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que en seis meses después del 10 de agosto de 1996, su gobierno acumuló casos de corrupción legendarios incluyendo a una ministra de Educación que plagió una tesis doctoral, el primer millón de su hijo Jacobito tras encargarse brevemente de aduanas, sin contar la violencia retórica y real de  Alfredo Adum, su ministro y hombre de confianza. Sus espectáculos lo llevaron al poder y sus escándalos y corrupción lo sacaron en febrero de 1997.

El Bucaramato fue un periodo descaradamente corrupto en la historia del Ecuador. El regreso de su figura protagónica a Carondelet no puede ser ignorado como un detalle anecdótico, o una cortesía de un Presidente a otro. Si para el gobierno invitarlo fue un desliz freudiano (como la omisión de Cuesta), para nosotros debería ser una alerta.

El traductor de Assange no le entiende

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Una pantalla muestra el rostro de Julian Assange con la melena y la barba largas y absolutamente blancos. Está en la esquina de la sala, al lado izquierdo de la mesa en que se sienta la jueza Karina Martínez, quien debe decidir sobre la acción de protección planteada por Julian Assange contra el Estado del Ecuador. La medida jurídica pretende echar abajo el protocolo para regular la conducta del huésped australiano en la embajada ecuatoriana en Londres. En la primera fila de la sala de audiencias del undécimo piso del Complejo Judicial Norte, un moderno edificio construido y acondicionado para que, al menos en teoría, funcione el sistema de justicia del Ecuador.  Es 25 de octubre de 2018 y varios simpatizantes de Assange, algunos detractores del correísmo, y ciertos periodistas entran. En la puerta de ingreso, se agolpan camarógrafos y fotógrafos intentando captar una imagen del fundador de Wikileaks.Cerca de los abogados de Assange, está el personaje que se llevará el protagonismo. Se llama Patricio Villota y es el traductor asignado por el Consejo de la Judicatura.

— Soy la persona que se encargará de traducir todo lo que pasa en esta audiencia.

El hombre debe bordear los 60 años, lleva un terno gris y parece orgulloso de traducir a Julian Assange. Su cabello canoso está ligeramente despeinado, y tiene un bigote igual de blanco, debajo del cual mueve pausadamente los labios para pronunciar las palabras sin mucha claridad y arrastrando las últimas sílabas. Assange, lo documenta la pantalla, se irrita al verlo hablar y no se esfuerza por disimularlo. Sus ojos se achican, sus labios se contraen, agita las manos y habla con el abogado español que lo acompaña en la videoconferencia. Parece impaciente.

— Es una pena que usted tenga que estar aquí defendiendo sus derechos.

Dice el traductor en inglés, saliéndose su función de decodificador de lenguas y transmutando a opinador político. Pero nadie parece inmutarse, ni siquiera la jueza.

Assange está impaciente. Han pasado 30 minutos y la audiencia no ha podido instalarse porque hay problemas técnicos: no funciona bien el sistema de audio y Assange no escucha—ni funciona tampoco la traducción.

En cuando la jueza logra instalar la audiencia, apenas puede avanzar durante 15 minutos.

— Esto no es traducción simultánea, como usted lo ha anunciado.

Dice el procurador General del Estado, Íñigo Salvador.

— Esto es traducción consecutiva; es decir que alguien habla y el traductor traduce, alguien habla y el traductor traduce. Eso quiere decir que una audiencia que podría durar 3 horas, durará 6 o más.

—Parece que hay problemas con la traducción porque el señor Assange tiene un acento australiano y nuestro traductor certificado no está familiarizado con el acento.

Dice la jueza Martínez. Un traductor certificado, en teoría, tiene la capacidad de traducir el idioma independientemente del acento, pero la jueza no parece particularmente incómoda. El Procurador Salvador sí. Hay un nuevo receso.  

Nadie sale de la sala y cambian de ubicación al traductor. Ahora está en la misma mesa que la jueza, pero al otro extremo, a su derecha. Allí han instalado un micrófono y los problemas de audio aparentemente se resolvieron. Hay un murmullo generalizado en la sala, la gente se mueve de un sitio a otro, usan incluso sus teléfonos celulares, algo prohibido durante las audiencias. Assange le dice al traductor que le hará una prueba. Quiere estar seguro de que su traductor entiende su acento.

El volumen es muy bajo y no se logra entender las frases que, pausadamente, Assange va repitiendo a Villota. Deja luego un espacio para que él repita textualmente lo que dijo. El ejercicio se repite durante un par de minutos. Finalmente se logra escuchar un breve diálogo:

— ¿Está bien el sonido?, le pregunta el traductor en inglés

— El sonido está bien, la traducción no lo está, dice Assange.

El traductor, ingenuo, repite la misma frase que Assange, como si aún siguiera en el ejercicio de verificar si le entiende.

— El sonido está bien, la traducción no lo está.

Assange, entre incrédulo y sorprendido ante la ingenuidad del traductor, cuya disposición para complacerlo es evidente, se ríe mientras mueve la cabeza de un lado a otro. Sube sus manos hacia su rostro tapandolo, como si no pudiese crear la escena que presencia. Apenas en ese momento el traductor comprende que no habrá una salida y que el hombre que vive en una embajada hace seis años no estará dispuesto a perdonarle su acento y sus imprecisiones idiomáticas.

— ¡Ah! ¡Usted dice que mi traducción no está bien! Está bien, lamento que no la entienda. Mi acento es ecuatoriano, el suyo australiano, dice.

En la sala, cada quien permanece en lo suyo, ajeno a la conversación entre Assange y el traductor. La jueza no tardará ni cinco minutos más en reinstalar la audiencia solo para informar que se pospone por problemas de traducción. Intenta justificar al traductor, aunque él parece ajeno a la inconformidad de Assange y su defensa, y la diligencia concluye.

A la salida, el traductor, paciente, espera en la puerta del fondo que los medios terminen de entrevistar al procurador Salvador, primero y al abogado de Assange, después. Tiene un sobre manila y otros documentos bajo el brazo. Junto a él, un joven que luego me dirá, es su hijo, está de pie, con la misma paciencia que él. Pasan al menos diez minutos. Villota, bonachón, se explica:

— Los acentos que el señor Assange está acostumbrado a escuchar son distintos al mío.

Con el tono de voz más bien bajo, haciendo pequeñas pausas antes de responder, dice que tiene más de 20 años como traductor y que nunca le había pasado esto. Ve, ajeno a él, el movimiento de los periodistas y de las cámaras. Sin ofenderse, sin molestarse, sin resentirse.