GK 2018-07-09T11:35:39+00:00

Víctima de su propio sistema

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Sobre Rafael Correa pende la orden de prisión preventiva más polémica que se ha dictado en la historia reciente del Ecuador. Ordenada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, el martes 3 de julio de 2018, es la consecuencia de que Correa no se presentara —como lo había ordenado Camacho quince días antes— ante la Corte, como medida cautelar dentro del proceso penal por el intento de secuestro que habría sufrido el ex asambleísta Fernando Balda en Colombia.

Correa no acató la orden judicial y decidió presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica. Allí entregó una carta, en la que aseguró cumplir con las exigencias procesales a pesar de “ser evidente la persecución política y judicial”. Para algunos expertos legales, la orden de la jueza Camacho era desproporcionada, para otros, una vez dictada, era de obligatorio cumplimiento. Correa, alguna vez el hombre más poderoso del Ecuador, está en medio de las interpretaciones legales de especialistas, simpatizantes y detractores. Pero más allá del choque entre amantes y odiadores del expresidente, su caso pone al Ecuador a discutir cómo se ha aplicado la prisión preventiva en el país, y cuán urgente es revisar la forma en que se aplica.

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En la audiencia de revisión de medidas cautelares que se instaló el martes 3 de julio de 2018 —al día siguiente de que Correa no se presentara en la Corte Nacional de Justicia— su abogado, Caupolicán Ochoa, insistió en que su cliente había cumplido el pedido inicial de la Fiscalía: presentarse en el Consulado del Ecuador en Bruselas. Camacho no aceptó esa medida, sino que ordenó que Correa viajara cada quince días al Ecuador a presentar ante ella.

No era potestad de Correa —ni de Ochoa— decidir qué medida acatar: Correa, aunque considerase ilegítima la orden en su contra, debía obedecerla. “Él está dentro de un proceso, debía cumplir una orden. Eso no está en debate, él actuó de forma arbitraria, como a él le dio la gana”, dice Rafael Lugo, doctor en jurisprudencia. “Si un Juez te da una orden, tú le puedes pedir, puedes argumentar para que la cambie pero no puedes hacer lo que te da la gana y esperar que el juez legitime tu desacato.”

Ramiro García, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha discrepa con Lugo. Cree que a pesar de que Correa no acató la orden de la jueza Camacho, ella pudo evitar dictar la orden de prisión: “Si bien existe un incumplimiento imperfecto de la disposición original, esto no alcanza para dictar una prisión preventiva bajo criterios de excepcionalidad. El juez tiene que reaccionar como juez, esto no es un problema personal”. La postura de García no es reciente: no se debe abusar de la prisión preventiva. En 2013, le dijo a Plan V:  “se ha presionado a los jueces penales para que constituyan la prisión preventiva en la práctica general, al punto que se ha encarcelado a algunos (jueces) por ordenar libertades”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en 2013 el informe sobre el uso de la prisión preventiva en América. En él se hacía recomendaciones para reducir el uso de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar diseñada para evitar que un acusado evada presentarse al juicio. Es, en estricto sentido, una vulneración al principio de inocencia, porque nadie es culpable hasta que una sentencia condenatoria en firme así lo declare. Que alguien vaya a la cárcel antes de que esa resolución exista, va en contra de esa presunción de inocencia. Por eso, se supone, la prisión preventiva debe aplicarse como excepción.

El Informe de la CIDH insiste en la aplicación de medidas alternativas a la prisión, que permiten que la persona imputada siga en libertad mientras se tramita el proceso penal. Sin embargo, cuatro años después, en septiembre de 2017, el mismo organismo aún detectaba que “la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región” y presentaba su informe de las medidas para reducir la prisión preventiva. En el Ecuador, muchos entienden a la prisión preventiva como una forma de condena anticipada. Si para algo debería servir el caso del expresidente debería ser para debatir el uso excesivo de esta medida.

Además, según datos presentados en diario El Telégrafo en una publicación de noviembre de 2017, la prisión preventiva es una de las causas del hacinamiento en las cárceles. Entre el 2010 y el 2017, el porcentaje de población carcelaria con respecto a la población total se triplicó: en siete años, pasó de ser el 0,07% de la población total, a ser el 0,22% . La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, citada por el diario, dijo lamentar que los jueces sigan considerando la prisión preventiva como primera medida. Con ella concordaba el entonces Defensor Público General, Ernesto Pazmiño. El abuso es latente y, más allá del caso notorio de un expresidente, lo padecen decenas de miles.

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Que Correa tenga una orden de prisión preventiva en su contra tiene un tono irónico: en mayo de 2012, Rafael Correa le pidió a los miembros del Consejo de la Judicatura, órgano que regula el actuar de jueces y fiscales en el Ecuador, que destituyera a los “malos jueces” que habían ordenado medidas alternativas en lugar de prisión. En la consulta popular del año anterior, el gobierno había logrado que se reformara la Constitución, estableciendo excepciones a la caducidad de la prisión preventiva. La medida fue criticada en su momento por académicos y abogados. La Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)  consideró al referéndum inconstitucional, por violar derechos establecidos no solo en la Constitución, sino en instrumentos internacionales de los cuales el país es signatario.

Los profesores de jurisprudencia de la PUCE cuestionaban que “ningún poder constituido del Estado tiene competencia para restringir derechos y garantías constitucionales”. En un comunicado, decían que Correa “al pretender eliminar los plazos constitucionales de caducidad de la prisión preventiva, al aumentar el plazo de detención de 24 a 48 horas, y al limitar las posibilidades de aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, afecta los derechos a la libertad de movimiento, a la tutela efectiva y expedita, a la presunción y al trato como inocente de las personas no condenadas”. Siete años más tarde, Correa ha reivindicado para él el carácter excepcional de la medida que él mismo ayudó a endurecer.

Para la Fundación para el Debido Proceso, una organización que busca promover el estado de Derecho en América Latina, las presiones políticas —también las mediáticas y sociales— son una de las causas para que los jueces usen como primera opción la prisión preventiva cuando debiera ser la última.

Así lo afirman en la investigación que analizó la independencia judicial y la prisión preventiva en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina con datos de los años 2010, 2011 y 2012. Entre las conclusiones una llama la atención con respecto a las dificultades que enfrentan los jueces para dictar prisión preventiva: “La amenaza que tienen los operadores judiciales de que el ofendido presente una denuncia ante el Consejo de la Judicatura o ante la propia Fiscalía a causa de la libertad del acusado por la falta de acción del juez.”

Es irónico que Rafael Correa hoy sea una víctima del sistema judicial del que fue el mayor impulsor. “A Correa lo están cocinando en su propia salsa. Él generó una dinámica punitivista, de persecución y de abuso de la prisión preventiva. Si yo he criticado en el correísmo la aplicación de la pena privativa de la libertad a los 10 de Luluncoto, a Fernando Villavicencio, a Cléver Jiménez, no puedo quedarme callado ahora, simplemente porque al que le aplican está en el otro lado de la vereda política. Para mi las garantías del debido proceso no dependen de la identidad del procesado”, dice García quien repite con insistencia que la jueza Camacho pudo perfectamente permitir que Correa se presentara en el consulado.

Su colega Rafael Lugo discrepa. Cree que la naturaleza de una medida de este tipo es que Correa, en este caso, esté a disposición del juzgador. “Eso no quiere decir que el juzgador sepa dónde estás, sino que estés a su disposición en su jurisdicción, no en otro país. Una oficina consular no tiene ninguna competencia jurisdiccional”, dice. García lo contradice: “No es que se está utilizando como dependencia judicial sino como una oficina que tiene la representación suficiente para presentar un acta.”

Para Lugo hay, además, un componente fundamental. Se trata de la discrepancia entre lo que el expresidente verbaliza y lo que hace. “¿Qué juez le va a creer que no puede venir si este señor viaja por todo lado pero a la jueza le dice ‘disculpe no puedo viajar’? ¿Qué corona tiene? ¿Por qué tiene que tener otro trato, si no cumple las formalidades que ordena la Ley? ¿Te puedes declarar perseguido político si con tus actos demuestras todo lo contrario a lo que le dices al juez?”.

Para García, Correa no tiene ninguna corona: no ve una dedicatoria por tratarse del expresidente. Por e contrario, ha sido medido con la misma vara que a cualquier otro ecuatoriano en una situación similar: “Lo han tratado como tratan a todos los procesados; es decir, mal”.

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La jueza Camacho le da cinco minutos a Caupolicán Ochoa. Él se queja. Le dice que al Fiscal le dio más tiempo.

— Equidad, señora jueza. Imparcialidad.

Ochoa alza la voz. Ella parece no inmutarse. Lo mira como si fuese incapaz de perder la calma. Ocha le habla:

— Tengo la sensación de que su experiencia en juzgado de garantías penales no es la mayor.

Camacho mantiene una expresión imperturbable, una calma pasmosa. Ochoa le habla de garantías: a su defendido no se le está garantizando sus derechos.

El presidente del Colegio de Abogados concordaría más tarde: hay un claro irrespeto al derecho de Correa a defenderse en libertad. Su colega, Rafael Lugo, dirá, en cambio: “Todos los políticos corruptos de este país cuando les persiguen se declaran perseguidos políticos. Todos.”

Más allá de las discusiones jurídicas, salpicadas de política, en torno a la decisión de la jueza Camacho, el hecho es que  Rafael Correa tiene orden de prisión preventiva y la Interpol recibirá un pedido de difusión roja: la justicia ecuatoriana quiere su localización, captura y deportación. La Interpol tiene la decisión en sus manos. Podría ocurrir, como pasó en el caso del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, que la Interpol se abstuvo de emitir la orden por considerar que el caso tenía una predominante naturaleza política.

El 18 de julio de 2018 terminará la instrucción fiscal en el caso Balda. A partir de ese momento, la Fiscalía pedirá a la Corte Nacional de Justicia que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, en la que Rafael Correa podría ser acusado formalmente de asociación ilícita y plagio. Con la orden de prisión que pesa en su contra, es poco probable que el expresidente regrese al país a enfrentar el proceso. Hay enemigos acérrimos de Correa que quieren verlo, a cualquier costa, en una celda. Hay partidarios fanáticos suyos que, aunque tuviese alguna responsabilidad en algún delito, jamás lo creerían, ni tolerarían verlo tras barrotes sin considerar que hay una vendetta política detrás de la decisión.

No es la cuestión de fondo. Lo fundamental en este asunto es la fragilidad institucional del Ecuador, demostrada en su total dimensión en la forma en que se aplica una de las figuras penales más sensibles. Manoseada por jueces y fiscales, utilizada como instrumento de venganza y juicio anticipado, la prisión preventiva y su aplicación desnuda el sistema ecuatoriano, supuestamente garantista. Hoy, que una de sus víctimas fue uno de sus victimarios, el país debería aprovechar el momento para discutir la manera en que se aplica.

Impaqto Quito

Claves para entender la elección de López Obrador en México

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El domingo 1 de julio de 2018, México votó para elegir Presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores.

Según los resultados publicados por  el Instituto Nacional Electoral(INE), la coalición política Juntos Haremos Historia  del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) obtuvo más del 53%  de los votos. Ricardo Anaya Cortés —de la coaliciónPor México al Frente— obtuvo el 22,27% , y José Antonio Meade Kuribreña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente saliente Enrique Peña Nieto) consiguió 16,40%.

Según el INE votó más del 60% del padrón electoral.La victoria de López Obrador constituye un cambio radical en México. Es el Presidente más votado de la historia de su país, y es la primera vez que un candidato considerado ‘de izquierda’ gana las elecciones. Según explicaba la BBC, su victoria “pone fin a un modelo de gobierno que prevalecía por lo menos desde 1988.

Según le dijo Roy Campos, director de la empresa de opinión pública Consulta Mitofsky, al medio “‘británico, López Obrador es un personaje que no se explica en el siglo XXI. “Su campaña fue antisistémica, representa el cambio radical, no el cambio de siglas, es algo radical”.

El domingo 1 de julio de 2018, México votó para elegir Presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores.

Según los resultados publicados por  el Instituto Nacional Electoral(INE), la coalición política Juntos Haremos Historia  del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) obtuvo más del 53%  de los votos. Ricardo Anaya Cortés —de la coaliciónPor México al Frente— obtuvo el 22,27% , y José Antonio Meade Kuribreña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente saliente Enrique Peña Nieto) consiguió 16,40%.

Según el INE votó más del 60% del padrón electoral.La victoria de López Obrador constituye un cambio radical en México. Es el Presidente más votado de la historia de su país, y es la primera vez que un candidato considerado ‘de izquierda’ gana las elecciones. Según explicaba la BBC, su victoria “pone fin a un modelo de gobierno que prevalecía por lo menos desde 1988.

Según le dijo Roy Campos, director de la empresa de opinión pública Consulta Mitofsky, al medio “‘británico, López Obrador es un personaje que no se explica en el siglo XXI. “Su campaña fue antisistémica, representa el cambio radical, no el cambio de siglas, es algo radical”.

Los cuerpos de Katty Velasco y Óscar Villacís fueron repatriados

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La Secretaría Nacional de Comunicación confirmó el 4 de julio de 2018 que, tras las pericias realizadas por la fiscalía de Colombia, los cuerpos hallados en Tumaco corresponden a Katty Velasco y Óscar Villacís.

 

En una rueda de prensa en Pasto, Colombia, el director del Instituto de Medicina Legal de ese país, Carlos Valdés identificó las causas de la muerte: anemia aguda secundaria a la lesión producida por cortes en los vasos sanguíneos en el cuello y tórax. Dijo, además, que el análisis dactilar fue determinante para identificarlos y que el tiempo de muerte corresponde a aproximadamente dos meses.

 

El 6 de julio de 2018, los cuerpos de la pareja ecuatoriana fueron repatriados en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde Pasto, Colombia. El vuelo llegó al aeropuerto de Quito antes del mediodía. En la pista esperaban dos motobombas que lanzaron arcos de agua en homenaje a la pareja. Los ataúdes, cubiertos con banderas del Ecuador, fueron cargados por la Policía Nacional hacia los familiares de las víctimas quienes estaban en la pista. Al recibimiento acudieron  los familiares de los tres periodistas asesinados de diario El Comercio.

 

Ese mismo día, el cuerpo de Katty fue llevado en caravana hacia la funeraria Necrópoli en el norte de Quito para ser velado. El cuerpo de Óscar, en cambio, fue trasladado en una caravana a Santo Domingo de los Tsáchilas.

El valor del hombre que cuida tu puerta

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El Mundial de fútbol ya tiene a sus cuatro semifinalistas: todos europeos, todos disciplinados, todos capaces, y todos con grandes porteros: Bélgica tiene a Courtois, Francia a Lloris, Croacia a Subašić e Inglaterra a Pickford. Los cuatro han sido determinantes para que sus equipos estén donde están.

Este Mundial ha reivindicado la importancia del guardavallas, el único jugador al que le es permitido tocar el balón con las manos. Esa ventaja sobre sus compañeros lo ha cargado de una responsabilidad muchas veces demasiado grande. Juan Villoro escribió en el perfil de Robert Enke, el portero de la selección alemana que se suicidó: “Morir a plazos es la especialidad de los porteros.” Ser portero ha sido siempre un rol tan pesado que ha sido asociado a las partes menos felices del juego: es el que mata las alegrías ajenas con sus aciertos, y las propias con sus errores.

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No hay empleo más duro en el fútbol. Lo vimos cuando De Gea dejó que se le escurra un remate inocuo de Cristiano Ronaldo en la fase de grupos. Muslera y Caballero se equivocaron, también, y le costaron a sus equipos dolorosas derrotas. Un mes y medio antes,  el alemán Loris Karius cometió un error infantil en la final de la Champions League europea y reveló que cuando los arqueros ganan partidos son una nota al margen, pero cuando los pierden, pasan muy rápido de las secundarias sombras del anonimato a la villanía.

Quizás Moacir Barbosa, el arquero de la selección brasileña de 1950, sea el ejemplo más elocuente de la infamia con la que tienen que cargar los porteros. Barbosa fue cinco veces campeón estadual con Vasco da Gama, donde fue figura.

Brasil había goleado 7 a 1 a Suecia y 6 a 1 a España en lo que parecía un camino ineludible al título Mundial en su tierra. Pero en el partido final, los Uruguay hizo lo impensado: le ganaron la Copa del Mundo a Brasil en el mismísimo Maracaná. El maracanazo fue una tragedia nacional que encontró su chivo expiatorio en Barbosa, único portero negro del Brasil hasta la llegada de Dida casi medio siglo después.

La vida de Barbosa después del maracanazo no fue vida. Murió por los golpes de la ignominia colectiva, que nunca olvidó esos desgraciados 30 minutos en que los uruguayos labraron su hazaña. La muerte lenta que vivió Barbosa perduró dolorosamente: en 1994 le impidieron saludar a la selección brasileña, para evitar que los “mufara”. Juan Villoro escribió sobre él, cuando falleció en el 2000: “El primer arquero negro de la historia de la selección brasileña murió pobre, humillado y condenado. La prensa casi no registró su muerte. Barbosa no se habría sorprendido. La segunda muerte de Barbosa será la definitiva”.

Con excepción de Lev Yashin, la memorable araña negra soviética que se alzó con el Balón de Oro en 1963, ningún guardameta ha recibido el reconocimiento como el mejor jugador a nivel planetario. Y en los Mundiales, solo una vez un portero recibió el premio a mejor jugador del torneo: el alemán Oliver Kahn, en 2002.

En la percepción global, siempre ha primado la idea de que quienes meten más goles o quienes generan más oportunidades de gol, se merecen nuestra admiración. Tiene algo de sentido: después de todo, el gol es —según Eduardo Galeano— el orgasmo del fútbol.

Por eso, la misión de los arqueros es mal vista. Son el equivalente futbolístico a una anorgasmia: la disfunción sexual que impide que hombres y mujeres alcancen el clímax. Todos el mundo quiere decir cuán bien lo pasa en la cama, pero nadie se atreve a hablar públicamente de sus disfunciones. En el fútbol pasa igual: ser arquero es disfrutar de lo que el resto padece.

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Pero Rusia ha sido un Mundial tan inesperado, que ha servido para celebrar el arte de privar a los otros de su clímax futbolístico. En los cuartos de final, los semifinalistas compartieron un hecho sin precedentes: casi no se fabricaron oportunidades reales de gol (ningún equipo tuvo más de tres tiros directos al arco), concretando las pocas que tuvieron con una efectividad impresionante.

Las selecciones de Francia e Inglaterra anotaron las dos oportunidades que tuvieron cada una, Bélgica anotó dos de tres (uno fue autogol) tiros directos al arco, al igual que Croacia. Sumados, los semifinalistas tuvieron 10 tiros que iban al arco, de esas, 8 subieron al marcador. Sus rivales, en cambio, en conjunto tuvieron un total de 21 tiros, con solo 3 goles.

Si bien los cuatro semifinalistas pudieron destacarse por efectivos, los cuartos de final se definieron por los arqueros vencedores. La anorgasmia dio el pase a las semifinales de Rusia 2018. Y todos parecemos contentos.

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El ejemplo más elocuente fue el de Thibaut Courtois, determinante para la victoria belga sobre Brasil. El metro noventa y nueve del golero del Chelsea inglés fue casi inexpugnable: una tras otra, ahogó las alegrías de la que es, quizás, la más temida delantera del planeta.  Neymar, Coutinho, Paulinho, Douglas Costa y Firmino intentaron, sin éxito, vulnerar a un Courtois, que vestido todo de negro parecía la reencarnación de Yashin. Lás cámaras omnipresentes mostraron a Tite, director técnico brasileño, abandonando los piques celebratorios de los goles que Courtois le negaba a su equipo. En la rueda de prensa, Tite llamó a la actuación del gigante belga ‘iluminada’.

La calificación, más que merecida, puede extenderse a otros porteros: Hugo Lloris y Jordan Pickford fueron clave para que sus selecciones mantuvieran el arco en cero en sus partidos de cuartos de final. Aunque los dos tienen trayectorias distintas —un experimentado Lloris es el ancla defensiva del Tottenham y Pickford recién lleva una temporada como arquero del Everton—, los dos mostraron su habilidad contra suecos y uruguayos.  Aunque menos espectacular, la actuación del croata Danijel Subašić ha sido decisiva para que los croatas avancen en las tandas de penales en que derrotaron a daneses en octavos y a rusos en cuartos. Juan Villoro, en el perfil de Enke, dice que Albert Camus fue portero ejemplar. “Acostumbrado a ser fusilado en los penaltis, escribió un encendido ensayo contra la pena de muerte. Su primer aprendizaje moral ocurrió jugando al fútbol.”

Si esto es cierto, de Subašić no deberían extrañarnos futuras y sesudas reflexiones sobre el nacionalismo, el pasado y el conflicto civil. Su equipo que ha ido de más a menos en el torneo, heredero de los grandes futbolistas de la disuelta Yugoslavia, ha sido empujado —como Goycochea empujó a la Argentina en Italia 90— a través de las tandas de los doce pasos por su último hombre.

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Del equipo que quede campeón el próximo domingo, es muy probable que salga el ganador del Balón de Oro del Mundial.

Y, por el encanto de los sonrientes goleadores, de los esquivos mediocampistas,  o por simple repetición histórica, es muy probable que sea un jugador del medio del campo en adelante.

Pero estos cuartos de final se convirtieron en una excelente oportunidad para recordar el valor del arquero. Y de cómo su anorgásmica tarea, puede poner a sus equipos muy cerca de la gloria —y el gran, verdadero y supremo orgasmo— del triunfo final.

Muertos los dos reyes

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Primer día de octavos de final y último del Mundial para Portugal y Argentina. O, lo que es lo mismo, el último partido para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. Podría ser el último en un mundial para los dos jugadores que han dominado el fútbol en la última década.

El camino paralelo de Messi y Ronaldo empezó en Alemania 2006. Hoy, parece a punto de llegar a su fin tras la eliminación de dos estrellas sin equipo: decir Portugal o Argentina es como decir Ronaldo y Messi porque dependen demasiado de ambos cracks. Las selecciones a las que se enfrentaron —y con las que perdieron— este sábado 30 de junio no tienen ese problema. Francia y Uruguay juegan con esquemas de mucho sacrificio y efectividad colectivos. El concepto del juego como deporte de conjunto se impuso a la patria futbolera que depende del ultratalentoso caudillo.

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Las Ronaldo-y-Messi-dependencias han puesto un peso aún mayor sobre las espaldas de ambos jugadores desde que se convirtieron en íconos globales. Los dos han alcanzado todos los reconocimientos individuales en términos de premios y torneos: cinco Balones de Oro cada uno, 5 Champions Leagues Ronaldo, 4 Messi; de ese torneo son, además, los máximos anotadores de su historia. Y aunque su edad (33 el portugués, 31 el argentino) podría sugerir que la jubilación está cerca, en la temporada 2017-2018, Ronaldo y Messi demostraron que están tan vigentes como siempre: nadie hizo más goles en sus clubes —el Real Madrid, campeón de la Champions, y del Barcelona, campeón de la Copa del Rey y la Liga española.

Con esos antecedentes suponía el mundo  que su grandeza futbolística marcaría Rusia 2018. En la etapa de grupos, Ronaldo respondió a las expectativas: triplete contra España y el gol contra Marruecos que les dio a los portugueses el pase a octavos. La ruta de Messi fue más traumática: pasó del viacrucis contra Islandia y Croacia a la resurrección: el cadáver que era Argentina volvió a la vida gracias a un golazo suyo; otro de Rojo lo sacó del sepulcro.

Ya en octavos de final, su genialidad no fue suficiente.

Messi y Cristiano Ronaldo

Lionel Messi en un mural callejero en Barcelona, donde ha ganado todo, a diferencia de su selección nacional (cuya camiseta lleva en la imagen). Fotografía de Depositphotos/Toniflap.

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Si bien Ronaldo ganó la Eurocopa 2016 y Messi fue vicecampeón en el Mundial brasileño, de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, Rusia  aparecía como la última oportunidad para cumplir con el sueño propio y de sus seguidores: consagrarlos como superiores a sus némesis. Era como si en Rusia se iba a decidir, de una vez por todas, cuál de ellos era el mejor. Pero no será. Para entenderlo hay que entender que Francia y Uruguay son tierras de talento pero sin caudillos, donde el peso del equipo está distribuido entre todos. Lo que, física básica, hace más llevadera la carga.

Las selecciones uruguaya de Washington Tabárez y francesa de Didier Deschamps tienen un patrón común: empiezan por una muy buena defensa y  pasan a transiciones rápidas, con delanteros capaces de perforar a las paredes rivales más sólidas.

Los franceses iban perdiendo por un 2 a 1 que parecía ilógico por el trámite de un partido en que penetraron la retaguardia argentina con mucha facilidad en el primer tiempo. Hasta que una genialidad de Di María empató y el azar quiso que Mercado desvíe un tiro de Messi poniendo a los argentinos a ganar al comienzo del segundo tiempo.

Fue cuando la velocidad de Kylian Mbappé, junto a Olivier Giroud y Antoine Griezmann, pusieron las cosas en orden muy pronto. El descuento de Agüero al final del segundo tiempo fue el broche con el que se selló el epílogo de la generación que acompañó a Lionel Messi en esta década.

También fue el punto final de una agonía demasiado larga: el canibalismo, la bronca y el enredo en que vive la sociedad argentina —expresada con saña en ese quilombo que es la conflictiva relación de la dirigencia, cuerpo técnico y los jugadores de su selección— hacía que muy pocos creyesen que un final feliz era posible.

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En el segundo partido de la jornada, en cambio, la historia regresó a su origen. La tradición uruguaya de férrea defensa, solidaridad en toda la cancha y de goleadores de raza apareció en su expresión más pura.

La base del equipo (Muslera, Godín, Suárez y Cavani) le ha dado un cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América de Argentina 2011. La conducción de Tabárez (un maestro que usa un bastón para moverse en el borde de la cancha, como si no exudase ya suficiente sabiduría) le ha dado estabilidad y continuidad al proyecto y la filosofía de juego. Los nuevos talentos, pulmones y calidad. Juntos esperaron a Portugal copando los espacios y maximizando las oportunidades que entre Suárez y Cavani se crearon.

Los uruguayos les recordaron a Ronaldo y compañía que la garra charrúa no es un eslogan. Es una manera de vivir el fútbol. Al mundo le enseñaron que respetar los procesos, la disciplina y la alegría de jugar al fútbol sin exitismos ni tremendismos (como los de sus vecinos) dan frutos.

Fue una postal de salida y de esperanza: mientras las dos estrellas treintañeras empezaban a empacar maletas, nos quedamos con la imagen del delantero francés Kylian Mbappé: anotó un doblete, que pudieron ser muchos más goles,  y tiene solo 19 años. Por velocidad, potencia y calidad en la definición, el jugador del Paris Saint Germain es la personificación de las grandes estrellas por venir —lo vemos como durante años vimos a Messi y Ronaldo. Bien podría ser que Mbappé haya reclamado la sucesión de los reyes caídos y devueltos a casa, en una jornada de transición, en la que los regentes de ayer capitulan ante la fuerza y vigor de las nuevas estrellas. Y, quién sabe, quizá Mbappé logre, en su primera oportunidad, el sueño siempre esquivo para Messi y Ronaldo.

Nacionalismo bueno, nacionalismo malo: la doble moral de la FIFA

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Imagina que tu padre fue un preso político. Imagina que, apenas pudo, huyó con su familia hacia un país en el que refugiarse de la persecución. Imagina que, años más tarde, tú, ya adulto, te vuelves un hábil deportista de fútbol. Y eres tan bueno que llegas a jugar en la selección del país que te acogió. Imagina que clasificas a la máxima competencia de naciones de ese deporte. Imagina que te toca jugar contra el país de quienes tanto daño hicieron a tu familia. Imagina que estás en la cancha, con los ojos del mundo puestos en ti —incluyendo los de los opresores de tu familia—. Imagina que marcas el gol que le da victoria a tu equipo. Imagina la venganza simbólica de tu papá y la nación que él ayudó crear. Lo celebras con un gesto desafiante y nacionalista, formando con tus manos el ave del país que te negaron aquellos a quienes derrotas. Eso que imaginas fue realidad para Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, jugadores suizos de origen albano-kosovar cuyos goles le dieron a Suiza una victoria dramática contra Serbia en el Mundial de Rusia 2018. No por primera vez, la política invadió la cancha.

El papá de Xhaka estuvo encarcelado tres años por ser activista por la independencia de Kosovo,  algo que se logró oficialmente en 2008. Shaqiri, en cambio, nació en suelo kosovar y mantiene lazos fuertes con su país de origen. Ambos celebraron sus goles contra Serbia formando con sus manos un águila albanesa. La FIFA les impuso, a cada uno, una multa de 10 mil francos suizos porque considera que esa manifestación de nacionalismo complica la gran fiesta deportiva del nacionalismo.

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La Copa Mundial es una celebración del fútbol y también del patriotismo exacerbado de los países que participan en ella. La calidad del fútbol puede caer muy por debajo de las competencias de clubes, pero el drama generado por el cóctel de deporte e identidad colectiva nos hace olvidar el nivel de partidos como Tunisia contra Panamá. Los ciudadanos hablan de sus selecciones usando la primera personal plural: nosotros, como si fuéramos corresponsables de los logros de los jugadores por el simple hecho de compartir un pasaporte. Antes de los partidos se canta con pasión el himno que nos provocaba hastío y aburrimiento durante los minuto cívicos en el colegio. Hay quienes viajan miles de kilómetros y gastan miles de dólares para sentirse parte, al menos por momentos, de un grupo de jugadores que suelen venir veces de las familias más humildes.

Por un momento fugaz experimentamos cómo se vería un mundo meritocrático en el que la capacidad de un hombre (porque siempre es un hombre) superase las barreras que limitan su avance en la gran mayoría de los demás aspectos de la sociedad. Todas las hipocresías se olvidan: por un tiempo el mundo es ordenado, las personas son fácilmente etiquetadas y reconocibles, porque el deporte es bello, porque el drama es maravilloso, porque la distracción es más que bienvenida. Pobres son los espíritus que no pueden dejarse seducir por a la locura colectiva (y monetaria) del Mundial.  

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Pero en medio del paroxismo nacionalista, la FIFA ha matizado: no le gustan todos los nacionalismos. Por eso sanciona a Xhaka y Shaqiri. Para entender qué nacionalismo es demasiado para el máximo organismo del fútbol mundial, hay que revisar la historia reciente de la península balcánica.

De las cenizas de la guerra civil de Yugoslavia nacieron las naciones de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina,  Macedonia, Montenegro, y luego Kosovo. Las fronteras de las nuevas repúblicas se dividieron por líneas lingüísticas, religiosas, y étnicas, pero no todos quedaron felices con los nuevos mapas. Los ultranacionalistas serbios son considerados agresores por sus vecinos,  pero ellos se consideran víctimas de una teoría de conspiración local e internacional para quitarles sus tierras históricas y manchar su nombre.

Su última humillación es la independencia de Kosovo, un ex territorio serbio del tamaño de la provincia de Pichincha con  dos millones de habitantes, independizada hace diez años. Aunque más de cien países reconocen a Kosovo como un Estado, Serbia se niega a hacerlo, y aún se siente dolido: de hecho, el mes pasado a la selección nacional de karate de Kosovo le fue negado su ingreso a Serbia para participar en el campeonato europeo del arte marcial. El incidente es menor, pero la tensión es real.

La sanción contra los dos jugadores suizos se impuso porque fue una ‘provocación’ porque su mensaje podría considerarse ofensivo. La FIFA dijo que estudió el gesto para entender su significado. Por un lado, la águila tiene su mayor asociación con la bandera de Albania, país vecino de Kosovo y ha sido símbolo de resistencia desde el siglo dieciocho. Luego, fue adoptada por la población albanés de Kosovo durante su lucha  independentista contra Serbia. Finalmente, algunos lo asocian con el concepto de la Gran Albania, un país teórico que unifica las poblaciones albaneses en varios países —Albania, Macedonia, Grecia, y Serbia. Después del partido Xhaka aclaró que “el gesto es para todas las personas que me han apoyado, no es algo en contra del otro equipo. Era un partido emocional”.

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Aquí es donde reside la hipocresía de la FIFA. La Copa Mundial en sí es un homenaje al nacionalismo, pero se considera ‘ofensivo’ la muestra de nacionalismo de Xhaka y Shaqiri porque el suyo puede considerarse una provocación a las personas que no reconocen lo que más de cien países ya aceptan.

La idea que los jugadores provocan la violencia de los demás sigue la misma lógica que dice que una mujer provoca al violador por llevar falda. Según estas formas de pensar,  la víctima incita a la violencia y el violento es incapaz de controlar sus impulsos.

Además, los ultranacionalistas son fáciles de provocar. Durante años. varios políticos y celebridades serbios han pedido la exclusión del jugador Adem Ljajic porque rehúsa cantar el himno nacional de Serbia. Ljajic es parte de la comunidad minoritaria musulmán de Serbia. y dice que su decisión de no cantar obedece a sus creencias privadas.

Serbia no es la única selección que sufre de interferencias políticas: incluido en la generación dorada de jugadores españoles —que han ganado todo, incluyendo una copa mundial— está Gerard Piqué, defensa titular español y comprometido independentista catalán. Abucheado e insultado por una sección de la hinchada española, Piqué ofreció su renuncia pero fue disuadido por sus compañeros de equipo. “Ser pro-catalán no significa ser antiespañol”, dijo a los medios.

Es poco probable que la sanción de la FIFA produzca cualquier arrepentimiento en los dos jugadores suizos. No es secreto que Suiza no es un favorito para ganar el Mundial: jugar contra Serbia y ganar de forma dramática con goles de los Xhaka y Shaqiri debe representar un gran hito en sus carreras. Ambos acumulan una fortuna considerable, tras sus pasos por grandes equipos europeos, por lo que la multa no les representa ningún dolor de cabeza. Además, es probable que su federación les reembolse el pago.

Pero, sobre todo, no hay nada objetivamente ofensivo en su celebración. Si hubieran mostrado el dedo medio a la audiencia, como hizo Robbie Williams en la ceremonia de apertura, se podría entender una sanción. Si hubiesen hecho un gesto que sugiera violencia contra los aficionados del equipo rival también se podría justificar. Pero las únicas personas ofendidas por el gesto son aquellos que no quieren reconocer la independencia de Kosovo, muchos de los cuales niegan reconocer la historia de violencia cometida contra albaneses por el Estado serbio.

Puede que haya gente ofendida por las oraciones públicas de Mohamed Salah de Egipto o de Chicharito Hernández de México. Puede que haya personas que se ofendan por el símbolo de los brazos cruzados de Wakanda, un país ficticio africano basado en el movimiento de empoderamiento negro y adoptado por jugadores como el inglés Jesse Lingard y el francés Paul Pogba como celebración. Sancionar a los jugadores suizos sin ser hipócritas exige una revisión de cualquier celebración que generase una remota relación con cualquier cosa fuera del fútbol.

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La FIFA ha armado una fiesta de fútbol en la que nos invita a brindar con el trago de nacionalismo. Todo está bien en moderación porque mejora la farra y aumenta el significado de los sucesos, pero sin controlar su consumo se puede armar un desmadre. Aunque parece que todos están invitados, es obvio que el nacionalismo de Kosovo no es bienvenido en la fiesta.

A pesar de que las celebraciones de los jugadores de nacionalidad suiza pero étnicamente albaneses representan el espíritu del evento de logros individuales reinterpretados como victorias colectivas, la respuesta oficial de sancionarlos demuestra lo difícil que es entregarse al espíritu del evento sin causar problemas.  Jugadores con lealtades múltiples o creencias políticas personales también complican nuestra capacidad de imaginar un mundo en que cada uno encaja fácilmente en las etiquetas simplistas que la FIFA usa para organizar su evento. El fútbol es lindo, y con el trago del nacionalismo mejor, pero el mundo también es complejo, y los individuos aún más. La FIFA no debería dañar la fiesta agregando más hipocresía de la que ya hay.

El plantón por María José y Lirio Sofía

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La Plaza Grande de Quito recibió, como tantas otras veces, como tantos otros años, como durante décadas, a los familiares y amigos de personas desaparecidas. El lunes 9 de julio de 2018, decenas de personas se juntaron frente al palacio de Carondelet, sede presidencial del Ecuador, para pedir por María José Ponce y su hija Lirio Sofía.

Desde hace más de quince días, ambas desaparecieron sin dejar más rastro que un correo electrónico donde decían que no volverían. Para su madre, hermanos y allegados, el mensaje era extraño y, desde entonces, han tratado al caso como una desaparición forzosa.

Ese mismo día, la fiscal Edith Arévalo habló sobre el caso. Dijo que de las investigaciones preliminares, no se podía “hablar de un delito”. El jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased), Víctor Arauz, precisó que la desaparición fue el 23 de junio, pero la denuncia se habría puesto 5 días más tarde. “Tanto la madre como la niña no están en riesgo”.

Hacia el final de la tarde de ese mismo lunes, María José Ponce y su hija aparecieron en un video de Facebook Live sin audio y durante el cual ella respondía a quienes comentaban su enlace. También publicó un estado en esa red social diciendo que estaba bien, y que había decidido hacer su vida sola. “Si bien mi familia está aterrada quiero que sepan que estoy bien y que regresaré cuando esté lista pero por el momento me tomaré alrededor de tres meses para estar con mi hija trabajando.”

Tras ambas publicaciones, su familia reaccionó y en un comunicado insistió en la desaparición de María José Ponce y su hija. El documento dice que hay inconsistencias en el video, “muy probablemente pregrabado, sin audio”, e identificaban alertas gestuales “según comentarios de especialistas en psicología, los gestos tanto de María José como de Lirio denotan miedo”.

También alertaban sobre la presencia de un tercero —que filmó el video y que escribía mientras éste se reproducía— y la precariedad del ambiente del video. Dijeron que era falso que hayan tenido comunicación con ambas, como se aseguraba en la publicación. Para su familia y amigos, decía el boletín, continúan desaparecidas —y las publicaciones en redes, lejos de calmarlos, han aumentado su desesperación.

Pidieron a las autoridades resultados concretos —como lo hicieron unas horas antes en la Plaza Grande de Quito que los recibió, como tantas otras veces, como tantos otros años, como durante tantas décadas, como a tantos otros familiares y amigos de personas desaparecidas.

Ecuador, otra vez al fondo

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El presidente Lenín Moreno propuso en su informe a la Nación volver a utilizar una herramienta que en el pasado no le funcionó al Ecuador: crear un fondo petrolero. La propuesta de Moreno tiene apenas un literal, que crea el fondo, pero que no dice nada sobre sus fines, su estructura de gobernanza o de las reglas que debe seguir. Esto podría ser el inicio de la repetición de los errores que estos fondos tuvieron en el pasado y, también, los problemas que produjo su eliminación.

Saber los fines, estructura y administración de un fondo es crucial.  Deberían constar de manera explícita en la Ley que se aprobase. El equipo económico del gobierno debería asesorarse de organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil que promueven una gobernanza más eficiente y transparente de recursos naturales no renovables.

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Los fondos de por sí no son buenos o malos. Su utilidad para un país depende de cómo se los utilice. “Un fondo soberano recoge ingresos que provienen de recursos naturales no renovables y los canaliza de una manera preestablecida  —reglas previsibles y estables, definidas desde su creación” explicaba en este análisis de 2016. El Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) estimaba que en el mundo existían 58 fondos soberanos. “La mayoría son nacionales para beneficio de países enteros, y otros como Alaska (Estados Unidos) y Alberta (Canadá) son subnacionales: manejan esquemas similares y son de beneficio estatal y provincial.

No es la primera vez en la historia del Ecuador que el país utilizaría este tipo de herramientas.  El primero se llamó Fondo de Estabilización Petrolero y fue creado en 1999. Después de ese tuvimos un collage de fondos: de Inversión en Energía y Sectores Estratégicos, Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social del Desarrollo Científico y Tecnológico y de la Estabilización Fiscal, Fondo de Ahorro y Contingencias. Se terminaron en el 2008 cuando la Asamblea Constituyente aprobó la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento.

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Los fondos petroleros pueden tener diferentes diseños, funciones y niveles de éxito. Guardar o ahorrar parte de este tipo de ingreso puede servir varias funciones; por ejemplo, estos recursos se pueden usar para estabilidad macroeconómica, para promover diversificación económica o para enfrentar desastres naturales (como terremotos o inundaciones). Pero la forma de estos fondos y el uso que tienen suele depender de las condiciones políticas y económicas en las que se crearon (o eliminaron). En el Ecuador, los cambios en el precio del petróleo y la fortaleza o debilidad política del Presidente de turno moldearon su diseño e implementación.

Hay dos dimensiones en las que se puede apreciar la influencia del precio del petróleo y de las condiciones políticas en estos fondos: la renta petrolera captada —que varió dependiendo de cuánto— y de qué parte del ingreso que genera la producción y comercialización de petróleo fue ahorrado.

A medida que el precio del petróleo se incrementó durante la primera parte del siglo XXI, el Estado logró recaudar una mayor proporción del ingreso petrolero. Por ejemplo, en 1999, a través del Fondo de Estabilización Petrolera, el Estado captó el incremento generado por el aumento del precio de crudo exportado. Para el 2006 se había incorporado a estos fondos otros elementos, como el ingreso generado por la participación del Estado en la comercialización de crudos pesados, las regalías de los contratos petroleros o los ingresos generados por los activos manejados por la petrolera Oxy, entre otros.

Por otro lado, el uso de la renta petrolera fue un reflejo de las necesidades de apoyo político que tuvieron los presidentes entre 1999 y el 2006. En ese período, dos no cumplieron sus mandatos y sus reemplazantes no contaban ni siquiera con un bloque de legisladores. En esas circunstancias, la renta del petróleo fue cada vez más importante para cimentar acuerdos sociales y políticos. Si en un inicio estos recursos fueron destinados para la recompra de deuda externa, a partir de una serie de reformas legales, los beneficiarios se incrementaron a otros sectores como educación, ciencia y tecnología (universidades), reconstrucción vial en la amazonía, provincias fronterizas o para estabilización macroeconómica, entre otros usos.

El fin de los fondos, en 2008, tuvo que ver, también, con el precio del petróleo y la debilidad o fortaleza política del Ejecutivo: el incremento consistente del precio del petróleo creó una tentación difícil de resistir  y la llegada de un presidente con suficiente capital política hizo que la Constituyente, dominada por el Movimiento País, devolviera esos recursos al Presupuesto General del Estado. Correa continuó usándolos para manejar su apoyo político, pero era mejor para él hacerlo a través de la flexibilidad del presupuesto que con la rigidez de los fondos.

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Después de estas experiencias, es indispensable poner muchísima atención cómo se diseña un nuevo fondo petrolero, pero sobre todo, qué tipo de apoyo se construye alrededor de él. Por un lado, idealmente, la decisión de qué hacer con la renta petrolera debería ser parte de un nuevo acuerdo social para promover estabilidad económica y política en el futuro. Pero, la experiencia sugiere que en la práctica el tipo de acuerdo que se conforma alrededor de la distribución de estos recursos define la forma que adopta esta herramienta política. Desde esta perspectiva, una mayor participación de actores sociales y políticos pudiera promover un acuerdo y un uso de recursos que mire el largo plazo.

Un acuerdo amplio no solo beneficiaría al Ecuador (actual y del futuro), sino que la existencia de reglas claras favorecerían a cualquier grupo o partido que llegase al poder en los próximos años: su trabajo sería mejor si tienen cuentas fiscales saneadas y un fondo de estabilización en caso de que la economía sufriese algún golpe imprevisto. El presidente, su partido, la oposición y la sociedad civil aún tienen tiempo de diseñar algo mejor a lo que se ha propuesto hasta ahora.

Rafael Correa, vinculado

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La Jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, está por encima de todos. Literal: su estrado está un peldaño más arriba que el resto de la sala, como una manifestación física de su muy real autoridad judicial. Desde su estatura escucha, la mañana del 18 de junio de 2018, a los abogados que alegan a favor y en contra de la vinculación del expresidente Rafael Correa al proceso penal por el presunto secuestro del ex asambleísta y opositor del correísmo Fernando Balda.

La audiencia terminará con la inclusión de Correa a la instrucción fiscal, convirtiéndolo en el sexto presidente, desde el retorno a la democracia, en ser procesado penalmente. Los anteriores fueron Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, en ese orden. El primero en 1996, el último —antes de Correa— en 2005. Noboa fue amnistiado por la Asamblea Constituyente de 2008 porque su caso fue una persecución política del capo socialcristiano León Febres-Cordero. Alarcón y Gutiérrez estuvieron presos, Mahuad y Bucaram se fugaron del país. Bucaram pidió asilo en Panamá (como lo hizo Noboa en República Dominicana), y Rafael Correa ha dicho que no descarta asilarse en Bélgica, donde vive desde el 10 de julio de 2017.

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Paúl Pérez Reina, Fiscal General encargado, habla con gestos excesivamente ceremoniosos, como para que no se dude de su respeto por la jueza Camacho. Explica que el exasambleísta Fernando Balda fue retenido contra su voluntad el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia: dos hombres se lo llevaron, un taxista vio lo que pasaba, y alertó a la Policía y a otros taxistas, empezó una persecución, los secuestradores huyeron y dejaron a Balda tirado a la vera de un camino. Dice el Fiscal que, por la investigación colombiana de ese intento de secuestro, se sabe que habrían participado tres agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain) y que los autores intelectuales estaban en lo más alto del poder político ecuatoriano: el expresidente Correa habría ordenado, a como diera lugar, el regreso de Balda.

La Jueza Daniella Camacho decidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Imagen de la Fiscalía General del Estado.

La Jueza Daniella Camacho decidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Imagen de la Fiscalía General del Estado.

“Rafael Correa podría ser autor mediato porque era el Presidente de la República y jefe directo del director de la Senain”, dice el Fiscal. La sala de audiencias se queda en silencio, como si los asistentes no terminaran de creer lo que dice Pérez Reina: un expresidente podría haber ordenado el secuestro de un enemigo político. Los cargos que presenta el fiscal son por asociación ilícita y por plagio. Asociación ilícita y plagio.

La sala de audiencias en el octavo piso está llena como llena estuvo el día en que Jorge Glas fue condenado por asociación ilícita. Tal como lo estuvo aquel 1 de diciembre de 2017 en que Rafael Correa llegó para respaldar a Glas, su amigo, quien, dicen él y sus partidarios, es un perseguido político. En el cénit del gran poder que acumuló, Correa tuiteó en 2012: “Ahora, cualquier delincuente es “perseguido político” y poner un juicio es “atentado a los DDHH”. Hasta cuándo?”. Seis años más tarde, fuera del Ecuador y del poder su discurso ha cambiado: son víctimas del lawfare, una forma “de guerra no convencional en la que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. La política se ha terminado de pelear en las cortes.

La prensa, los simpatizantes de Fernando Balda y los de Rafael Correa están allí. En las dos primeras filas, junto a la puerta de ingreso, del lado izquierdo, están los rostros inconfundibles de los más fervientes admiradores del expresidente Correa: su excanciller, Ricardo Patiño, las asambleístas Soledad Buendía, Liliana Durán y Marcela Aguiñaga, los exasambleístas Paola Pabón y Virgilio Hernández, la exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Está también Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea entre 2013 y 2017, y que la semana pasada sufrió los estragos del gas lacrimógeno con el que la Policía reprimió una manifestación correísta. En la audiencia, unos con las manos entrelazadas a la altura del pecho, otros con la mirada baja, compartían una expresión angustiosa que los ecuatorianos no les conocíamos.

Ex autoridades simpatizantes de Rafael Correa asistieron a la audiencia. Fotografía de Sol Borja para GK.

Ex autoridades simpatizantes de Rafael Correa asistieron a la audiencia. Fotografía de Sol Borja para GK.

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Luego del recuento del caso, el fiscal Pérez dice que la Fiscalía se respalda en quince indicios. Entre ellos, cartas que Raúl Chicaiza, el exagente de la Senain que habría participado en el secuestro de Balda, le escribió a Correa cuando era Presidente. La Fiscalía quiere demostrar que Chicaiza tenía apoyo institucional y político para desarrollar las acciones necesarias que terminaron con el secuestro de Balda.

“Señor Presidente, para informarle que desde los organismos oficiales no se ha hecho nada para controlar el proceso penal en Colombia a pesar de que en varias ocasiones usted así lo ha ordenado” dice en una carta del 23 de septiembre de 2015. El fiscal Pérez la lee parsimonioso. Otro indicio es la versión de Diego Vallejo, exasesor del Ministerio del Interior. Vallejo dice que contaban con fotos de Balda de abril de 2011, más de un año antes del secuestro. Menciona además la participación en reuniones junto con otras autoridades: Javier Córdoba, Viceministro del Interior y Leidy Zúñiga, Ministra de Justicia. Según Vallejo, Serrano les habría dicho que Correa estaba muy enojado por un video en el que Balda lo increpaba fuertemente. Según la versión del exasesor, Correa habría pedido que se trasladen a Balda al Ecuador “a toda costa”.

Mientras el Fiscal enumera las pruebas, el Secretario intenta copiar rápidamente lo que dice. La jueza le pide que hable más lento, por un tema de registro.

— Con todo gusto, responde el Fiscal y retoma, intentando hablar más pausado.

Dice que hay documentos de la Contraloría que llegaron la misma mañana del juicio. Son respaldos de un examen especial que hace la entidad sobre los gastos especiales entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Habría, además, cheques emitidos por la Senain y cobrados por Chicaiza, con los montos correspondientes a la operación del secuestro de Balda. Adicionalmente en un documento de la Secretaría de Inteligencia, se registra la operación denominada Secuestro por un monto de 43 mil dólares. Otro de los respaldos presentados por la Fiscalía es un oficio de respuesta de Jorge Costa, actual director de la Senain, en el que reconoce que en la institución existe información sobre el caso Balda.

Cuando el Fiscal termina de presentar los quince elementos hace una pausa teatral. Mira de reojo a la audiencia, luego a la Jueza y baja la mirada sobre un documento que tiene en la mano. Va a pedir las medidas cautelares contra Rafael Correa.

Empieza y da un contexto pausado y jurídico sobre por qué la Fiscalía no considera necesaria la prisión preventiva contra el expresidente. Dice que Correa se ha presentado todas las veces que ha sido convocado. Al fondo del salón, en la mesa en la que está la Secretaría, una funcionaria que en diciembre se tomaba selfies con Rafael Correa, asiente. Está de acuerdo, y dice con su cabeza que Rafael Correa no merece prisión.

— Presentarse a diario ante la autoridad consular en Bélgica o ante la autoridad que usted disponga. Colocar dispositivo de vigilancia electrónica.

El Fiscal General pidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Fotografía de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal General pidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Fotografía de la Fiscalía General del Estado.

Hay un murmullo en la sala. Las dos primeras filas, ocupadas por correístas también murmuran. No lo pueden creer. Se miran entre sí. Comentan en voz baja. Se indignan.

Ha pasado una hora desde el inicio de la audiencia. Es el turno de Felipe Rodríguez, abogado defensor de Fernando Balda. Dice que será breve, que se referirá únicamente a las medidas solicitadas por Fiscalía y a la vinculación de Correa.

Mientras habla, las barras correístas de la primera fila murmuran y se ríen. Rodríguez se detiene en seco. Está de pie, al lado izquierdo de la sala. Mira a quienes parecen burlarse de su intervención. Luego mira a la Jueza, esperando que diga algo. Ella ni pestañea.

— Parece que en el público algo les está causando gracia. ¿No? ¿Están bien?

La legisladora correísta Liliana Durán le responde algo que no se alcanza a escuchar. La Jueza no se inmuta. Rodríguez prosigue, dirigiéndose al abogado de Correa. Que se limite a referirse a las medidas, le pide. Cuando termina, las barras de Balda, ubicadas al otro extremo de los correístas, aplauden. La Jueza sigue en silencio, como de piedra, como si el espectáculo le resultase ajeno.

Tras su breve intervención habla Caupolicán Ochoa, defensor de Rafael Correa. Ochoa es alto, rotundo, y combina una media calva redonda y brillante con unas canas plateadas. Representó al expresidente durante la década que gobernó. Fue también su abogado en la primera batalla judicial que perdió Correa en julio de 2017, apenas mes y medio después de dejar Carondelet: Martín Pallares publicó en el portal 4Pelagatos una columna de opinión titulada Si a Correa le sorprenden robando podría decir que estaba cuidando. Correa lo enjuicio porque consideraba que Pallares había proferido “expresiones de descrédito y deshonra en su contra”, pero perdió.

Los abogados de Rafael Correa en la audiencia de vinculación. Fotografía Sol Borja para GK.

Los abogados de Rafael Correa en la audiencia de vinculación. Fotografía Sol Borja para GK.

Ochoa se pone de pie. La jueza lo mira a través de sus lentes sin marco. Él empieza dirigiéndose al abogado Rodríguez.

— No creo que debe tener temor de lo que voy a decir.  

Continúa hablando rápido, con la seguridad de un abogado recorrido. Intenta deslegitimar la participación de Pérez Reina como Fiscal. Que aún no lo ha posesionado la Asamblea, dice. La Jueza lo interrumpe: debe pronunciarse sobre la vinculación y las medidas cautelares para su cliente. Ochoa la ignora. Dice que los argumentos del Fiscal son inverosímiles cuando se refiere una supuesta reunión entre autoridades en la que se habría hablado de regresar a Balda al país. La jueza lo vuelve a interrumpir. Hasta ahí, su rostro se había mantenido imperturbable. Como si asistiera a un trámite ordinario. Nada en su expresión podía revelar que se trataba de un hecho histórico: un expresidente que podría enfrentar un juicio penal.

— No estamos en análisis de indicios. Pronunciése únicamente sobre las medidas y la vinculación.

Ochoa sigue. Que se busca comprometer penalmente el nombre del expresidente, dice, que no hay nada en contra de su cliente, que los documentos presentados por la Fiscalía son una “montaña infame”. Utilizó palabras como imprompio, desatinado, triquiñuelas, subterfugios. Alabó la “grandeza humana” de Rafael Correa.

— Se quiere destruir a un hombre al que el país le debe tanto.  

En la sala se oyen risas pero él no las escucha. Argumenta sobre la necesidad de movilizarse del expresidente. Tiene que viajar para mantener a su familia, dice. Pide que no se acepte la medida solicitada por la Fiscalía. Saca unos documentos que le alcanza su hijo, César Ochoa, también abogado de Correa. Tiene dificultad en leer, pide perdón por eso.

Habla de conferencias a las que tendrá que asistir el expresidente —luego Felipe Rodríguez revisará los documentos, dirá que son copias simples, por lo tanto inválidas, y que en todo caso la única fecha comprometida se trata de una invitación por videoconferencia, paras las que Correa no necesita desplazarse—. Intenta descifrar otros papeles, supongo que están en francés, dice Ochoa. Se exaspera de no encontrar lo que busca, deja los papeles que tenía en la mano y retoma su presentación jurídica.

— Me opongo a las medidas. Este es un andamiaje perverso con el que se lo quiere comprometer con fines políticos. Me opongo. Rafael Correa responderá con dignidad y altivez.

La línea final parece una slogan de campaña. Ricardo Patiño, en primera fila, asiente satisfecho.

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Desde el lunes 2 de julio de 2018, Rafael Correa, el expresidente que reside en Bélgica desde julio de 2017, tendrá que presentarse cada quince días ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el centro norte de Quito. Esa es la decisión de la jueza Daniella Camacho. Nada dice sobre el dispositivo electrónico.

Soledad Buendía, asambleísta correísta, improvisó tarima para dirigirse a los simpatizantes. Fotografía del Ministerio del Interior.

Soledad Buendía, asambleísta correísta, improvisó tarima para dirigirse a los simpatizantes. Fotografía del Ministerio del Interior.

Caupolicán Ochoa protesta: sería atentar contra el derecho a la movilidad de su cliente, que tiene residencia en Bélgica. La jueza se mantiene firme. Hay ruido en la sala, se empieza a levantar el público. Las barras de Balda aplauden y gritan en favor de la jueza Camacho.  

— ¡Lárguense! ¡Corruptos!

Patiño regresa a ver con ira.

— ¡Ustedes lárguense!

En la entrada de la Corte Nacional de Justicia, un grupo de simpatizantes correístas causó desmanes. Fotografía de Sol Borja para GK.

En la entrada de la Corte Nacional de Justicia, un grupo de simpatizantes correístas causó desmanes. Fotografía de Sol Borja para GK.

La Policía los custodia para que salgan primero de la sala. En el pasillo se juntan con Caupolicán Ochoa para la rueda de prensa en la que Ochoa criticará la actuación de la Jueza.

En la calle, las barras correístas furibundas reaccionan lanzando huevos, tomates y palos a la prensa. Insultan. Soledad Buendía aparecerá en una tarima improvisada para dirigirse a sus simpatizantes. Ya no hay fiesta, como cuando Correa era Presidente. Como cuando Caupolicán Ochoa se mostraba seguro de sus triunfo. Como cuando Patiño, Buendía, Solís, Rivadeneira, Hernández no miraban angustiados al piso, sino que sonreían. Como cuando Rafael ganaba todos los juicios. Como cuando eran el poder.

UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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La orden de prisión contra Rafael Correa, explicada

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La jueza de la Corte Nacional Daniela Camacho dictó el 3 de julio de 2018 orden de prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa. Además, solicitará, además, a la Interpol que se emita una alerta roja para la localización y extradición de Correa.

Camacho acogió el pedido de la Fiscalía en la audiencia de cambio de medidas cautelares que, ese día, se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. El 18 de junio anterior, la Corte había incluido a Correa como procesado en la instrucción fiscal por el presunto secuestro del ex asambleísta Fernando Balda.

En la audiencia de vinculación, el Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, pidió que Correa se presentase diariamente en el Consulado del Ecuador en Bruselas, ciudad en que reside desde julio de 2017 y que se le coloque un grillete electrónico. Sin embargo, Camacho no aceptó el pedido alegando que no estaba entre las funciones de los consulados recibir a personas para que cumplan órdenes judiciales. En su lugar, ordenó que el expresidente se presente cada 15 días, a partir del 2 de julio de 2018, ante la Corte en Quito. Correa no viajó al Ecuador para cumplir con la orden.

Ante el incumplimiento, la Fiscalía argumentó que si Correa no se presentó, tampoco lo haría para el resto del proceso. Por eso pidió la prisión preventiva de Correa.

Al enterarse que la Fiscalía solicitaba su prisión precentiva, Correa se pronunció en Twitter. Llamó al proceso un “farsa internacional” que no tendrá éxito.

Rafael Correa

@MashiRafael

Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc.
¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional?
No se preocupen, todo es cuestión de tiempo.
¡Venceremos!

Fiscalía Ecuador

@FiscaliaEcuador

ATENCIÓN| Fiscal #PaúlPérezR solicitó la prisión preventiva en contra del expresidente Rafael C. por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante @CorteNacional. Pidió que se notifique a Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición.

Ver imagen en Twitter

“Estamos ante la violación del debido proceso, esta audiencia es ilegal, inconstitucional, usted demuestra su imparcialidad”, dijo el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, y cuestionó, también, su conocimiento sobre garantías penales.

El pedido de medidas cautealres contra Correa produjo reacciones a favor y en contra. Penalistas y constitucionalistas han debatido si procedían. Un conocido crítico del gobierno de Correa, el abogado Ramiro García, escribió un editorial en diario El Universo cuestionando la decisión de Camacho. Alegando el carácter excepcional de la prisión preventiva, García dijo no era necesario ordenar la prisión preventiva en contra del expresidente Correa. “Ha ingresado y salido del país legalmente, y bajo presunción de inocencia debe asumirse que se presentará al juicio como corresponde. ¿Es legítima la medida cautelar dictada judicialmente en su contra? En principio sí, aunque podría no habérsela dictado, teniendo en cuenta que su residencia legal se encuentra en Bélgica. No entiendo qué problema había con que él, y cualquier procesado penalmente que resida en el exterior, pueda presentarse en la delegación consular más cercana”.

Tras la audiencia, Pérez Reina dijo que si Correa no se presenta ante el proceso, “se declarará esta figura de prófugo de la justicia”. El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, dijo que aún no se había notificado por escrito la decisión de la Corte y que el proceso ante la Interpol para la alerta roja podría tomar unas dos semanas.

#CasoGabela: los informes del perito Meza, explicados

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Tras el peritaje, Roberto Meza debía entregar al ministerio de Justicia tres informes sobre el asesinato.

El primero debía detallar el plan de trabajo y el cronograma, y fue entregado el 11 de abril de 2013. En el segundo debía presentar información argumentada que determine el móvil del crimen, afirmando o negando la hipótesis inicial de que el asesinato obedeció a un acto de delincuencia común —este se recibió el 15 de mayo de 2013. El tercer informe debía contener información sobre el caso, explicando si el crimen fue o no motivado por las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv. Este tercer informe habría sido entregado a Jéssica Jaramillo el 23 de agosto de ese año y revisado por el Comité Interinstitucional tres meses después. Sin embargo, el documento, hasta ahora, no aparece.

En junio de 2018, el perito Meza anunció que viajaría a Ecuador, solicitando garantías para hacerlo. Dijo que temía ser vinculadocon el tráfico o consumo de drogas, porque la última vez que estuvo en el país fue intimidado. Dijo que venía a “dar la cara” sobre las dudas existentes en cuanto al peritaje del caso Gabela y otros casos que analizó. En declaraciones a los medios, Meza aseguró que entregó el tercer informe del asesinato de Jorge Gabela al Ministerio de Justicia. Dijo que en ese mismo informe constan nombres de varios oficiales de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas (FAE) que estarían involucrados en la muerte de Gabela.

Este informe no ha sido entregado a la Fiscalía pues —según aseguró Meza— por los términos de su contrato, él no podía guardar ninguna copia. La única versión debía ser entregada al Ministerio de Justicia, que fue la entidad que contrató la consultoría. Ledy Zúñiga, entonces ministra de Justicia, dijo que el informe fue entregado al expresidenteRafael Correa. Zúñiga presentó el informe incompleto y mutilado a la prensa y dijo que en este se había determinado que la muerte de Gabela no se relacionaba con las denuncias sobre los helicópteros y que el asesinato fue un intento de robo. En mayo de 2018 el mismo informe fue entregado por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, la Ministra de Justicia del actual gobierno, Rosana Alvarado, hizo la entrega.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cree que el ocultamiento de este informe responde a presiones de exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa. Con esta versión coincide el perito argentino. En varias entrevistas a medios de comunicación ecuatorianos, Meza dijo que los exasesores directos de la entonces ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, y del Ministro del interior, José Serrano, solicitaron no incluir en el informe el tema de los helicópteros Dhruv.

La Contraloría General del Estado emitió una glosa en junio de este año en contra de la excoordinadora Jurídica del Ministerio de Justicia, Jéssica Jaramillo, luego de que en un examen especial se determinara que Jaramillo pagó “por un producto que no existe”, refiriéndose al tercer informe del caso Gabela.

Meza no quiso dar más detalles, porque el caso está en indagación previa.

Orgullo

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La tarde del 30 de junio de 2018, el orgullo de ser diversos recorrió las calles de Quito. Miles de personas salieron con tambores, colores y consignas para gritar por la igualdad y los derechos en una marcha que celebra la memoria de la primera protesta de la comunidad LGBTI que, hace casi cincuenta años, se organizó para protestar la represión y excesos en la redada policial contra el bar de Stonewall Inn en Nueva York.

Cinco décadas después del reclamo inicial, los derechos de la comunidad LGBTI no son plenamente respetados. En algunos países, como el Ecuador, el marco legal insiste en catalogarlos como ciudadanos de segunda clase, al negarles acceso al matrimonio y la adopción. La lucha está, sin duda, aún vigente.

Y a pesar de que la pelea no se detiene, la marcha de 2018 —titulada OrguYO— sirvió, también, para celebrar. No solo la diversidad sexual y sus múltiples manifestaciones, sino, también, los logros de los meses recientes. En enero,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos  reconoció el derecho a la identidad sexual, cambio de sexo, matrimonio y unión de hecho a las personas LGBTI, como parte del derecho a la igualdad y no discriminación. Es un paso gigante en el camino hacia la igualdad que sirvió para otro hito en el triunfo de los Derechos Humanos: la Corte Constitucional del Ecuador ordenó que la hija de Helen Bicknell y Nicola Rothon sea inscrita con los apellidos de ambas madres.

En días pasados, marcas y organizaciones de alcance nacional lanzaron campañas a favor de la diversidad, y los llamados a boicots por grupos antiderechos no han sido escuchados. Por primera vez en mucho tiempo, el viento de la igualdad empieza a soplar con mucha más fuerza en el Ecuador.

Por eso la celebración en las calles el sábado 30. Pero, también, ante la constante amenaza que esos avances enfrentan, los recordatorios y alertas de la marcha.


*Este ensayo fotográfico es un trabajo de Edu León en colaboración con La Periódica

Quién es José Valencia, nuevo canciller del Ecuador

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El presidente Lenín Moreno nombró el 12 de junio de 2018, mediante decreto ejecutivo 430, a José Samuel Valencia Amores como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en reemplazo de María Fernanda Espinosa, después de que ella fuera nombrada embajadora de la misión Diplomática de Gestiones Especiales, con rango de embajadora jefa de Misión del Servicio Exterior, para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Antes de que José Valencia sea nombrado ministro de Relaciones Exteriores era representante permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos.

José Valencia Amores nació el 18 de febrero de 1961 en Quito y es diplomático de carrera. Según su hoja de vida es doctor en Jurisprudencia y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y una en artes, ambas por la Universidad de Columbia, tiene también una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard  y un diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Se ha desempeñado como diplomático y docente.

El actual canciller de la república, José Valencia, fue director técnico – legal de Projusticia en el programa del Banco Mundial para la reforma judicial en el Ecuador, fue el responsable legal de la Corporación Participación Ciudadana y director ejecutivo de la misma entidad.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue funcionario de la Dirección de Promoción Económica, de la Dirección de Soberanía Nacional y de la Dirección de Protocolo. También fue jefe del despacho del subsecretario y del secretario administrativo; y del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue delegado de la misión permanente de Ecuador en Nueva York en el Consejo de Seguridad (1991 – 1992); en la Asamblea General de la ONU y en la Comisión de Asuntos Políticos Especiales y grupos de trabajo correspondientes. Fue director encargado del Departamento de Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores.

Valencia también fue parte de la misión Permanente de Ecuador en Ginebra, como delegado en la Comisión de Derechos Humanos y en reuniones de los comités de vigilancia de tratados de derechos humanos. Estuvo encargado de la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas durante la última parte de las reuniones en 2002. Además fue director general de Derechos Humanos y director general de Política Multilateral.

Fue designado como viceministro de Relaciones exteriores en 2007 y como coordinador para la Presidencia y Secretaría temporal de la Comunidad Andina. Se ha desempeñado como embajador de Ecuador en Sudáfrica, en Namibia y en Mozambique.

Antes de ser designado como ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Lenín Moreno, era representante permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., Estados Unidos.

Ha sido docente en el área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), como profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y como profesor de Organismos Internacionales y de Pensamiento Político de la Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCE).

Todos comemos

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Yo tenía celos de Anthony Bourdain. Hace años, cuando empezamos a ver su programa juntos, mi pareja de entonces me advirtió que, sin importar qué pasara con nuestra relación, ella me dejaría sin pensarlo por él. De tener la oportunidad, me abandonaría por una travesía a tierras desconocidas o por una noche de pasión, cócteles y recetas extravagantes. Para ella daba igual. Para mí, era entendible. Bourdain era un Indiana Jones gastronómico, un chef carismático que podía escribir y describir al mundo y toda su complejidad desde la sazón, los aromas y las texturas de la comida. Incursionaba en huecas sin miedo a las repercusiones estomacales —yo todavía sufro los efectos devastadores del colon irritable— y llegaba a lugares de contextos tan opuestos como la franja de Gaza, en Palestina, y Virginia del Oeste, un estado conservador de los Estados Unidos. Comiendo y conversando sobre lo más cotidiano, Bourdain — quien se suicidó la mañana del viernes 8 de junio de 2018— nos recordaba, casi sin que nos demos cuenta, de una verdad tan redundante como necesaria: “Todos comemos”.

Cuando Bourdain probó el ceviche de Puerto López, en Manabí —para un episodio de No Reservations sobre Ecuador— parecía casi ofendido al ver que se servía con salsa de tomate. “¿Qué diablos es eso en mi ceviche?” dijo impresionado. Bourdain no tenía pelos en la lengua.

Aunque decía lo que pensaba de los platos que encontraba y de las realidades que visitaba, también escuchaba y aprendía. Sus viajes no eran los del observador o del voyerista antropológico típico. Comiendo y sentándose a comer, Bourdain desafiaba la dinámica del hombre blanco que se aventura al mundo de lo exótico a estudiarlo o descubrirlo. El no descubría a nadie, excepto quizás, a sí mismo. Tampoco pretendía hacerlo. “Dios no quiere que pongamos ketchup en el ceviche”, bromeó con el actor ecuatoriano Andrés Crespo, que lo guiaba por la cocina playera. Después de probarlo, Bourdain se desdijo: “Está rico”, reconoció risueño.

Dios no quiere que pongamos ketchup en el ceviche, pero es lo que hay.

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Es lo que hay. Bourdain demostraba de forma amena lo que la antropología ha tratado de decir por años de formas mucho más densas y enredadas: que la cultura no es más que nuestra forma de dar sentido, significado, a nuestra realidad material.

Lo hacía con encanto pedagógico y conciencia política, contando historias de la cotidianidad de la gente que conocía. “Soy siempre el más tonto en el cuarto donde sea que vaya”, decía en una entrevista para la revista New Yorker. Esa actitud es palpable. Su honestidad no se sentía arrogante, sino espontánea y amigable. En Islandia, en un episodio de No Reservations calificó al tiburón fermentado que prueba como ‘asqueroso’. Sin rodeos ni corrección política, su humor honesto tiraba al piso a la relación entre el visitante y el anfitrión, y la dejaba en un plano totalmente horizontal: era siempre de tú a tú.

Bourdain nos contó los secretos que escondía el mundo de la alta cocina neoyorquina. Fue en un ensayo que publicó en la revista New Yorker que se titula No comas sin antes leer esto en el que el chef le quitaba el velo glam a lo más conspicuo del panorama culinario de su ciudad.

La franqueza total de su texto —donde describía a las cocinas como espacios enclaustrados violentos, ebrios y tóxicos, y comparaba a sus ocupantes con una banda de marineros malditos sin lealtad a ninguna otra bandera que la propia— lo lanzó al estrellato. La industria restaurantera está basada en un truco: la ilusión del disfrute sin preocupaciones. Se suponía que nadie quería saber cómo la comida del plato terminaba siendo la comida en el plato, pero cuando Bourdain lo contó, el mundo se fascinó al punto que lo convirtió en uno de los más célebres autores gastronómicos Su cara pasó de televisor en televisor, sin perder su cercanía y frescura.

Helen Rosner lo dijo el mismo fatídico viernes en que lo perdimos: “La fama de Bourdain no era la distante y laqueada de los actores o los músicos, empaquetada y vendida como un catálogo de estilo de vida. Bourdain era como tu hermano, tu tío chévere, tu papá en su imposible versión cool, tu amigo más real e inteligente, que salía caminar tras unas cervezas una noche y terminaba en frente a unas cámaras de televisión y decía quedarse ahí”.

Nadie estuvo fuera del alcance de la franqueza de Bourdain. Cuando el reconocido chef Mario Batali, acusado de acoso sexual, intentó regresar a la escena pública, Bourdain, quien lo admiraba y consideraba su amigo, le dijo, públicamente: “Retírate y considérate afortunado. Lo digo sin malicia, o sin mucha malicia. No perdono. No puedo pasarla página. No puedo, y ese soy yo, alguien que realmente lo admiraba y pensaba lo máximo de él”. Bourdain, el cocinero con aspecto de chico malo, había escogido a la verdad y las víctimas antes que a las celebridades y las poses.

Es quien era. Porque Anthony Bourdain, lo dijo Rosner pero lo pensábamos todos, construyó su carrera diciendo la verdad.

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Después del suicido de Bourdain, los tributos en medios destacaron virtudes tan diversas como los lugares que visitó. Su storytelling, su humor, la filosofía detrás del viaje y la aventura. Era un hombre que encantaba. Sus sitios eran las huecas, los rincones gastronómicos de cada país donde se comía cotidianamente. Podía sentarse a conversar con el presidente Obama en un banquito de plástico en Hanoi, Vietnam, tomando una cerveza de dos dólares, probar los platos, reir y a la vez hablar de los efectos de la Guerra de Vietnam en ese país. Así como había retratado la cruda realidad detrás del fine-dining y de la industria gastronómica de Nueva York, sus encuentros con frecuencia celebraban el encanto, el sabor, de los comedores populares en el mundo.

Esas experiencias lo habían convertido en alguien sensible y atento a las realidades de los desprotegidos e ignorados en general. Sobre los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, Bourdain siempre destacó su admiración por su trabajo y compromiso. Después del triunfo de Trump, su voz en defensa de ellos fue aún más vigorosa. “Hombre, mujer, gay, hetero, legal, ilegal, país de origen— ¿qué importa? O puedes hacer un buen omelet, o no.” Tampoco le interesaban los clichés y aunque denunciaba firmemente violencias como las de Israel sobre la franja de Gaza, sus entrevistados no eran retratados como simple víctimas. En la comida, Bourdain encontraba la resistencia y el poder de lo cotidiano.  

Como dice el escritor Damon Young, las virtudes de Bourdain eran destacables porque no deberían ser destacables. Bourdain no era un benefactor sino un hombre decente, empático, auto-crítico. Pero a través de la comida, de lo particular de los mundos que visitaba, volvía inconfundible, imborrable a esa humanidad de todos. “No somos tan diferentes” es la paradójica observación que hace en una entrevista para la New Yorker.

En Virginia del Oeste, el corazón del voto republicano, conservador, Bourdain dijo haberse sentido sorpresivamente cómodo, feliz. Siéntate a comer con alguien, escucha, y te das cuenta de que “todos hacemos lo mejor posible”.

¿La salsa de tomate en el ceviche? Hacemos lo que podemos con lo que hay. A veces esto resulta en platos deliciosos, otra veces no. Algo así pasa con la política y la religión. Como una versión más poética, del libro infantil Todos hacemos caca de Tarō Gomi. Todos comemos.

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Cuando yo vivía en Nueva York trabajé por meses en un restaurante etíope. La mayoría de los platos se servían sobre una cerámica redonda que se colocaba en el centro de la mesa, cubierta de pan injera. El pan —ligero, poroso y un poco dulce— se utilizaba para comer con la mano. Según la chef, comer con la mano es una forma distintiva de relacionarse con la comida y, por eso mismo, con el mundo. La experiencia táctil era tan importante como el sabor. “Chuparse los dedos” es darse cariño a uno mismo, bromeaba. Todos de un mismo plato, comiendo con la mano.

No todos quienes llegaban se sentían cómodos con la experiencia y muchos pedían cubiertos. Para la chef esa gente “probablemente era pésima en la cama”. Lo decía medio en serio, medio en broma, pero para ella demostraban que no eran capaces de sentir con su cuerpo al otro, de arriesgarse y disfrutar de hacerlo.

Eso es lo que hacía Bourdain. Anthony Michael Bourdain, hijo de un francés y una estadounidense, jamás habría pedido cubiertos, jamás habría querido imponer sus cánones en las mesas ajenas. Él comía como comen los otros, a los que siempre nos dijo la verdad, mientras nos enseñaba el mundo, y nos recordaba que todo estamos haciendo lo mejor que podíamos.

Sotanas versus Impunidad

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En las últimas semanas se publicaron en la prensa noticias sobre presuntos actos de violación, abuso sexual y tortura cometidos por sacerdotes contra niños y adolescentes. En menos de un mes, dos casos —uno en Cuenca y otro en Guayaquil— han traído luz a una situación que durante años ha permanecido en la impunidad. En parte, gracias a una aparente situación de encubrimiento desde las autoridades civiles y funcionarios de la Iglesia que, al parecer, ya conocían las situaciones.

En el caso del cura Intriago, cuya historia fue reportada en este medio, espeluznan varias cuestiones, que sorpresivamente no han sido investigadas y sancionadas con la rigurosidad que estos hechos exigían. Primero, el hecho de que el modus operandi del presunto agresor consistiría en identificar y separar a jóvenes con problemas familiares o emocionales para quienes Intriago se convertía en una suerte de figura paterna —alguien a quien admiraban, en quien confiaban, y a quien, a falta de mejor guía, seguían casi de manera incuestionable— representa un abuso de confianza. Este es un factor agravante como también es la relación de subordinación entre Intriago y los muchachos. Segundo, los relatos reportados por GK dan cuenta de que, lejos de ser conductas puntuales y excepcionales, las agresiones cometidas por el religioso constituirían actos premeditados, planificados y calculados, y para su ejecución,  el factor “confianza” —que en él depositaban los muchachos— era decisivo al momento de asegurar que sus perversas prácticas no sean siquiera cuestionadas, mucho menos denunciadas.

La posición de la Iglesia en este asunto es, por lo menos, vergonzosa. Escudándose detrás de la existencia de un proceso “canónico” en curso, decidieron mantener silencio, cuando su deber legal (por no decir moral), era poner en conocimiento de las autoridades penales del Ecuador los hechos apenas los conocieron. Por si eso fuera poco, ahora, inmersos en un escándalo ya imposible de ocultar, aún protegen al presunto agresor con eufemismos, llamando “conducta inapropiada” a una cuestión que claramente es un delito: agresión sexual y tortura contra adolescentes especialmente vulnerables.

El relato también preocupa porque señala que las autoridades nacionales civiles, desde 2016, conocían de los abusos cometidos por Intriago, y que hasta la fecha ninguna investigación ha sido debidamente adelantada. Y cuando digo “investigación”, no me refiero al mero trámite formal de abrir un expediente y dejarlo archivado por ahí, sino a la real ejecución de actos encaminados a la búsqueda de la verdad, la transparencia, la obtención de justicia y la no repetición. En este caso, la falta de acciones contundentes y concretas por parte de las autoridades de la justicia ordinaria, no solo aseguraron que hasta hoy Intriago no haya enfrentado un juicio, sino que posiblemente, hasta hayan permitido que estos actos —no “impropios” sino “delincuenciales”— se sigan repitiendo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que es un deber ineludible el Estado iniciar, de oficio, investigaciones en casos de tortura y agresión sexual, desde el momento que se enteran que hechos de esta naturaleza se han dado. El deber de investigar, indicó la CorteIDH desde su primera sentencia en el Caso Velázquez. Rodríguez v. Honduras (donde se responsabilizó al Estado hondureño por la detención y posterior desaparición de Ángel Manfredo Velásquez) es una obligación “de medio”, que se verifica cuando efectivamente las autoridades logran demostrar que llevaron a cabo todas las gestiones y buenos oficios para traer luz a la situación violatoria de derechos.

En el caso Villagrán Morales y otros (conocido como el caso de “Los Niños de la Calle”, donde hubo tortura y asesinato de niños de la calle por parte de policías),  la Corte señaló que las violaciones al derecho a la integridad personal se agravan cuando las víctimas son niños o adolescentes, debido a su especial situación de vulnerabilidad. Señaló, además, que, “se debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, los hacen víctimas de una doble agresión”. Si bien no todos los adolescentes abusados por Intriago no tenían problemas económicos, su situación de especial vulnerabilidad se daba por su fragilidad emocional y por estar inmersos en situaciones familiares posiblemente dolorosas y conflictivas. Por tanto, requerían medidas especiales de protección.

Entre las medidas de protección que el Estado debe asegurar a los niños y adolescentes, está prevenir que ningún niño sea sometido a tortura, tratos crueles y degradantes, y a contar con un proceso legal adecuado para tutelar sus derechos cuando han sido conculcados. En el asunto de “Los Niños Privados de Libertad en el Complejo FEBEM” (relacionado al tratamiento de niños privados de libertad en custodia del Estado, en Brasil), la Corte aclaró que “tales obligaciones se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también frente a actuaciones de terceros particulares”, por ejemplo, un sacerdote como Intriago, y la estructura eclesiástica que lo protege.

En la consulta popular de febrero de 2018, los ecuatorianos decidimos terminar con la impunidad en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, volviéndolos imprescriptibles. Ello, porque posiblemente, era el paso del tiempo, y la demora de las víctimas en entender lo que les había pasado y denunciar, lo que impedía su posterior investigación y sanción. Ahora, las víctimas de este caso, y muchos otros que posiblemente lograron ocultarse gracias a las ventajas de la figura de la prescripción, podrán ser conocidos por las autoridades de turno, y estará en sus manos asegurar que en este, un Estado laico, las leyes se apliquen para todos por igual, incluyendo quienes visten sotanas. El estatus clerical,  ni blinda, ni extrae a un posible abusador de niños de la justicia ordinaria, y como todos los ecuatorianos, deberán responder ante las cortes y ante la sociedad, y de ser necesario, deberán ser sancionados con la rigurosidad que merecen la gravedad de sus acciones.

El oleoducto que amenaza a San José de Wisuyá

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Una mañana de noviembre de 2015, uno de los taitas (mayores en su idioma) de la comunidad siona de San José de Wisuyá, en la provincia de Sucumbíos, escuchó ruidos extraños en la selva no muy lejos de su casa. Cuando fue a ver qué pasaba, encontró una cuadrilla de obreros y maquinaria desbrozando el bosque para hacer una vía de acceso.“Estaba todo tumbado cerca de su casa. No le dijeron nada”, dice uno de los dirigentes de la comunidad, ubicada en la ribera ecuatoriana del Putumayo, el río amazónico que separa a Ecuador de Colombia.

Los trabajadores no le dieron explicaciones pero ese descubrimiento se convertiría en el inicio del reclamo siona contra las compañías petroleras Amerisur Resources (británica que opera en Colombia) y PetroAmazonas (estatal ecuatoriana de exploración y explotación) a las que acusan de daños ambientales que tienen, incluso, consecuencias espirituales. Más de dos años después de que los Siona denunciaran la violación de su territorio, ni el Ministerio del Ambiente ni la Defensoría del Pueblo del Ecuador han resuelto su caso.

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Amerisur Resources es una empresa británica que opera en Colombia desde 2003. Uno de los campos que explota se llama Platanillo y se ubica en el departamento del Putumayo, limítrofe con el Ecuador y con una larga historia de violencia armada. Según María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y asesora legal de los Siona en su reclamo, inicialmente Amerisur sacaba el crudo de Platanillo en tanqueros hacia instalaciones de bombeo en los municipios de Mocoa y Neiva en Colombia. Cada despacho hacia Mocoa significaba un recorrido hacia el norte de más de 150 kilómetros. Si el destino era Neiva, el viaje superaba los 400 kilómetros.

Una fuente que pidió mantener la reserva de su identidad, dice que eran viajes difíciles: para pasar, los tanqueros debían pagar una ‘vacuna’ —el impuesto paraestatal que cobran los grupos armados colombianos para mantener una convivencia relativamente pacífica en las zonas en las que operan—. Con el tiempo, las ‘vacunas’ se encarecieron y, según la fuente que pidió anonimato, cuando Amerisur se negó a pagarlas, varios tanqueros fueron incendiados. Contactada por para confirmar esta versión, Amerisur Resources nunca contestó.

San José de Wisuyá

Un Oleoducto de PetroAmazonas que cruza el río San Miguel en camino a Wisuyá. Fotografía de Mateo Barriga Salazar

Espinosa dice que, además, esa forma de transporte “no era rentable debido a la insuficiente capacidad de los tanqueros y de los tanques de almacenamiento”. Fue entonces cuando Amerisur tuvo una idea: le propuso a PetroAmazonas construir un oleoducto que cruzara por debajo del río Putumayo, emergiera del lado ecuatoriano y bombeara su crudo por la red de distribución del Ecuador.

“Las tuberías ecuatorianas están aprovechadas en un 70 %”, dice Espinosa. Según el convenio que firmaron ambas empresas el 11 de junio de 2015, la tubería sería una ampliación de la Red de Oleoductos del Distrito Amazónico (RODA) que opera PetroAmazonas. Amerisur la construiría a ambos lados de la frontera, y se la entregaría a PetroAmazonas en el lado ecuatoriano. El crudo extraído en Platanillo por la compañía británica llegaría a la estación Lago Agrio, central del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) o a la estación Amazonas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Por el uso del RODA, Amerisur le pagaría a PetroAmazonas una tarifa de 1,09 dólares por cada barril de petróleo.

Era una solución más rentable que seguir embarcando el crudo en tanqueros o construir una tubería dentro de los límites colombianos. “Debido a los actores armados no había condiciones en Colombia para la construcción del oleoducto. Era más rentable para la empresa cruzar de forma subterránea por el río Putumayo, salir a tierra por el lado ecuatoriano y trasladar la producción al Ecuador”, dice Espinosa.

En el convenio entre ambas empresas, PetroAmazonas asumía como su obligación “las relaciones con las comunidades locales”. Debía, además, conseguir todas las licencias que la legislación ecuatoriana le exigiera,  entre ellas, la licencia ambiental —el permiso que el Ministerio de Ambiente otorga previo a la ejecución de cualquier proyecto para prevenir, mitigar o corregir los efectos ambientales imprevistos que se produjeran.

El día en que el taita encontró a los trabajadores de Amerisur tumbando árboles ancestrales y adentrándose en el territorio que los Siona consideran sagrado, la construcción del oleoducto no tenía ese permiso.

derrame en la frontera norte

Darwin Rodríguez de la comunidad Wisuyá inspecciona aceite derramado por las maquinarias de la empresas PetroAmazonas y Amerisur durante la construcción del oleoducto. 14 de diciembre 2015. Fotografía de Alonso Aguinda.

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Amerisur nunca contestó los pedidos  para una entrevista. Tampoco lo hizo PetroAmazonas. Dice María Espinosa que el argumento de la petrolera británica es que el terreno donde emerge la tubería no le pertenece a la comunidad y que tendrían la autorización privada del dueño del terreno. “Ahí hay una gran discusión. La comunidad no tiene un título de propiedad como tal porque nadie en la zona lo tiene”. Según comenta, al ser una zona de frontera hay una serie de limitaciones y en 2010, sin consulta previa, el territorio siona fue incluido en un bosque protector llamado Triángulo de Cuembí. Las comunidades Siona y también Kichwa asentadas en la zona, se oponen a este tipo de declaratorias porque interfieren con sus prácticas culturales ancestrales. Según la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (Fonakise), esta declaratoria limitaría “las actividades tradicionales que las comunidades indígenas realizan en sus territorios”.

Espinosa dice que, a pesar de que no existe una delimitación formal, “sus límites están trazados y acordados con las comunidades vecinas. Existe el plan de vida del pueblo Siona que delimita cartográficamente el territorio”. Según ella, Amerisur habría conseguido una autorización para el proyecto por parte de la comunidad de Chíparos,  vecina de San José de Wisuyá. En Chíparos viven mestizos, kichwas y algunas familias siona desplazadas por la violencia del lado colombiano. Con esa autorización, dice Espinosa, la petrolera británica entró al territorio Siona, algo para lo que no tenía permiso. “Quienes entregan los permisos son personas mestizas que limitan con el territorio ancestral Siona”.

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Para obtener una licencia ambiental hay que presentar un estudio de impacto ambiental. Y para aprobar el estudio de impacto ambiental hay que pasar, por mandato de la Constitución del Ecuador, por un proceso de consulta previa. Esa consulta previa es el derecho de “las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser informadas y consultadas en un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen”.

Cuando vieron su bosque talado, los Siona presentaron una denuncia en el Ministerio del Ambiente, que abrió un expediente por la tala ilegal. El 15 de marzo de 2016, Jorge Salazar, técnico de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Ministerio, hizo una inspección en el territorio indígena de la comunidad San José de Wisuyá para determinar si existía la tala de bosque nativo denunciada. El propósito de la visita era levantar información de las condiciones ambientales del lugar afectado, evaluar el cumplimiento de las normas ambientales y elaborar un informe que conocerían los afectados (los Siona) y el sujeto de control (PetroAmazonas).

Un mes después, Salazar presentó el informe 0209-2016 con ocho conclusiones, en las que encontró incumplimientos a las normativas ambientales vigentes. “El proyecto ‘Ampliación del Roda para la Evacuación de Crudo desde el Campo Platanillo hasta la Estación VHR Bloque 58’, no cuenta con licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente”. PetroAmazonas admitiría el 24 de mayo de 2016 ante la Defensoría del Pueblo —una de las dependencias ante las cuales los Siona denunciaron la incursión en su territorio— que la consulta previa se había hecho recién entre el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de enero de 2016, cuando ya el oleoducto estaba en construcción. En abril de ese último año, la tubería comenzó a bombear el crudo de un lado de la frontera a otro.  

Dos años más tarde, en mayo de 2018,  mediante un oficio el Ministerio del Ambiente confirmó  que solo hasta el 29 de enero de 2016 se había aprobado el estudio de impacto ambiental de la ampliación del RODA. Tras esa aprobación y según la comunicación, se otorgó “mediante resolución No. 31-SUIA del 4 de febrero del 2016 la Licencia Ambiental para la Evacuación de crudo desde el Campo Platanillo hasta la Estación VHR Bloque 58, ubicado en la provincia de Sucumbíos”.

Otra de las conclusiones de la inspección de Salazar era que se había removido un área de 3000 metros cuadrados de bosque primario dentro del territorio comunidad de San José de Wisuya. El informe además advertía de la alteración del paisaje por la “implantación de infraestructura ajenas al entorno”.

Dicho reporte fue impugnado por PetroAmazonas y elevado a la sede nacional del Ministerio del Ambiente, en Quito. Ahí reposa en alguna gaveta burocrática, pendiente de resolución. Sin embargo, esta decisión podría estar un poco más cerca: el 23 de mayo de este año, una delegación de San José de Wisuyá se reunió con el subsecretario de Calidad Ambiental, Jorge Jurado.

Sentados en una mesa con forma de U, Jurado —un hombre de voz gruesa y barba marxista— escuchó a los Siona. Además del subsecretario, estaban en la sala Jéssica Coronel Carvajal, directora Forestal, y los responsables jurídicos del Ministerio, encargados —por delegación del ministro— de resolver de forma definitiva el caso. Una cámara filmaba la conversación.

Los dirigentes de la comunidad y Espinosa expusieron su denuncia y su queja por la demora en una solución. Según Espinosa, Amerisur ha dicho que remedió el daño causado al talar el bosque mediante una reforestación, pero que su supuesta remediación era inefectiva: de las 150 especies que plantaron en la reforestación, el 70% no eran endémicas de la zona. Además, “no se corresponden con las condiciones inmateriales y el valor espiritual” de las que fueron deforestadas. Los Siona dijeron que la petrolera nunca les consultó cuáles especies debía plantar. Para ellos, el daño ha sido doble.

Los funcionarios jurídicos del Ministerio explicaron que había dos procesos contra PetroAmazonas por violaciones ambientales en territorio siona: uno por tala ilegal y otro por violación a normas de calidad ambiental. Los dos tienen ya resoluciones de primera instancia. En el primero, la petrolera fue condenada a pagar una multa insignificante de 40 dólares por talar ilegalmente y, además, 9000 dólares por costos de reparación. En el otro, PetroAmazonas había sido condenada a pagar 73 000 dólares en multas. Ambos expedientes están apelados por la petrolera.

Los funcionarios explicaron, también, que la compañía se había acogido a lo que llamaron un “licenciamiento expost”, es decir, una licencia después de iniciadas las obras. María Espinosa interrumpió la exposición de una de las abogadas del Ministerio para preguntarle si se abriría un proceso por haber iniciado una obra sin licencia ambiental. La abogada le dijo que solo se podía juzgar si existía un daño.

La conversación se enmarañó en un ir y venir de argumentos legales y técnicos. Espinosa decía que era ilógico empezar una obra sin licencia ambiental, conseguirla después y salir impune; que el solo hecho de iniciar un proyecto sin cumplir con este requisito debía ser sancionado. Las funcionarias argumentaban que solo podían actuar con base en las denuncias existentes pero que se podía abrir una investigación para determinar por qué los funcionarios de esa época no habían actuado con mayor celeridad. El subsecretario Jurado zanjó la confrontación diciendo que lo que decía Espinosa tenía sentido, y que espera que los dos expedientes apelados se resuelvan en los próximos 15 días. Desde entonces, el reloj no ha detenido su marcha.  

amerisur resources

Darwin Rodríguez muestra una mata de yagé que fue destruida por la obra de PetroAmazonas y Amerisur. 14 de diciembre 2015. Fotogrfía de Alonso Aguinda.

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A inicios de 2016, además de recurrir al Ministerio de Ambiente, los Siona acudieron a la Defensoría del Pueblo para que los patrocinara legalmente en su reclamo contra las petroleras. La Defensoría del Pueblo es —según su Misión— la institución que promueve y protege “los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza”.

Sin embargo, María Espinosa dice que eso no se cumplió en el caso de San José de Wisuyá: “la Defensoría del Pueblo de Lago Agrio no atendió la denuncia. La comunidad se vio obligada a trasladar su queja a Quito, ante la Defensoría nacional que es la que ha llevado el trámite durante más de dos años”. Según dice, el trámite ante la Defensoría del Pueblo en Quito tampoco ha prosperado. “Es un expediente grande porque nosotros hemos solicitado varias diligencias y pedido varios documentos”, argumenta. En octubre de 2017 la Defensoría les dijo que era importante contar con un informe antropológico que demostrara los daños, “pero nos dijo que no tenía plata para hacer el informe, que si la comunidad podía cubrir el perito podía hacerse. Afortundamente, la comunidad lo pagó y el informe se entregó hace un mes”.

El 3 de mayo de 2018, la Defensoría del Pueblo cambió de titular: salió Ramiro Rivadeneira y fue reemplazado por Gina Benavides, una respetada activista de Derechos Humanos. Relevaron también algunos funcionarios. Todo este revolcón se debe a uno de los cambios implementados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del Ecuador, un organismo creado por aprobación de la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018.

En esa consulta Ecuador votó a favor de las siete preguntas propuestas por el presidente Lenín Moreno. Una de ellas, quizá la más polémica de todas, buscaba destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el organismo que designa a las autoridades de los órganos de control del Ecuador. El anterior Consejo había sido criticado por organizaciones de la sociedad civil y ciertos actores políticos por nombrar para esos cargos a personas cercanas al partido de gobierno, Alianza País, entonces liderado por el presidente Rafael Correa; lo que ponía en duda su independencia. Con la aprobación de la Consulta, el anterior CPCCS fue cesado y el nuevo entró en funciones sin perder tiempo: una de sus decisiones fue evaluar y destituir a Ramiro Rivadeneira por considerar que había incumplido sus obligaciones como Defensor.

Después del agitado cambio, la nueva defensora, Gina Benavides, trajo un nuevo equipo de trabajo y 15 días más tarde los Siona estaban sentados en la Defensoría del Pueblo, en Quito. Se reunieron con el defensor adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Francisco Hurtado Caicedo, a quien le dijeron que el pueblo Siona vivía “en abandono estatal”.  Hurtado les pidió disculpas en nombre de la entidad y dijo que, en este caso, la institución no había cumplido con su deber desde 2015. También aseguró que habrá reparaciones y que estas debían ser formuladas por el propio pueblo Siona, “el único que puede expresar y evaluar los daños”.

Las reuniones que los Siona tuvieron con la Defensoría del Pueblo y con el Ministerio del Ambiente en mayo de 2018 son esperanzadoras, pero aún no hay resultados concretos.

guardia San José de Wisuyá

El Taita Humberto Piaguaje realiza una limpia a un miembro de la guardia indígena después de una ceremonia de yagé en San José de Wisuyá en marzo del 2018. Los Taitas brindan protección espiritual a la guardia. Fotografía de Mateo Barriga Salazar.

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Retomando el informe de Jorge Salazar, técnico de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Ministerio del Ambiente, este dio cuenta del que es, quizá, el mayor daño inmaterial que habrían sufrido los Siona: se talaron plantas de uso medicinal “según las prácticas culturales de la comunidad San José de Wisuyá”.

Los Siona, como muchas otras nacionalidades indígenas que viven en el Ecuador, han compaginado la autoridad ancestral con la política. La primera la ejercen los mayores de las comunidades, y la segunda está en manos de autoridades electas que sirven de vínculo con el Estado.

Los mayores guían con sus saberes ancestrales a las autoridades políticas. Por eso, el daño causado por el oleoducto transfronterizo excede lo ambiental. Las petroleras acabaron con plantas que se utilizan para preparar una infusión medicinal con la planta de yagé (o ayahuasca). “Cuando tomamos el sagrado yagé es para mirar y darnos cuenta”, explica el taita Pablo Manihuaje, máxima autoridad de San José de Wisuyá. “Entonces, por ejemplo, tenemos un gobernador al que nosotros le damos una limpieza y un conocimiento más para que vaya protegido, para que tenga buena energía, para que hable bien de lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestro territorio”.

Manihuaje también asegura que el ruido de las máquinas interfiere en sus ritos. “Necesitamos silencio para concentrarnos y que nuestros espíritus se vayan caminando por el espacio, recorriendo el territorio, dándose cuenta de cómo está. Así adquirimos el conocimiento de lo que hay, de lo que hubo, de nuestra riqueza, nuestros animales, nuestra pesca, nuestros ríos y nuestras semillas para poderle servir a la humanidad”.

Además, los trabajos de Amerisur habrían contaminado una fuente de agua que utilizaban para preparar el yagé, la cual, al parecer habrían taponado con desechos de la construcción del oleoducto. “Ahora baja un agua sucia, que produce una medicina defectuosa”, dice uno de los dirigentes de la comunidad. “Esto impide que los taitas puedan tomar el yagé.  Cuando el agua está contaminada no hay visiones, nos quedamos en la oscuridad. Nos cortan la energía del sagrado remedio”.

San José de Wisuyá

Ya han pasado dos años desde esa contaminación. Dos años en que el taita Felinto Piaguaje no ha podido preparar ni beber el yagé sagrado. Dos años en que el reclamo Siona se ha perdido en los vericuetos de las marañas burocráticas. Dos años sin respuestas del Ministerio de Ambiente, ni de la Defensoría del Pueblo, ni de las compañías AmeriSur y PetroAmazonas. Por ahora están corriendo los 15 días que el subsecretario Jurado dio para que se resuelvan los dos expedientes en el Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, aunque se resolvieran en ese plazo y los dictámenes ministeriales fuesen favorables a los Siona, las petroleras podrían impugnarlos ante una Corte y luego tener recursos jurídicos extraordinarios. La espera de los Siona por una reparación definitiva al daño que denuncian podría tardar aún mucho más.


*Este artículo fue publicado originalmente en Mongabay Latam