César Coronel tenía 27 años. Medía un metro 87 centímetros, tenía el pelo oscuro, la piel trigueña, la sonrisa amplia. Su madre, Fabiola Olivo, lo recuerda todos los días.

— Era alto mi guambra, grandote. Yo me le colgaba del cuello, le daba besos y abrazos y él, riéndose me decía: Ya pues, señora, no me beses tanto.

César Augusto Coronel Olivo era subteniente de la Policía Nacional. Se había graduado de la Escuela Superior de Policía en 2009. Respetaba a la institución. Le gustaba ser policía aunque su padre, de quien heredó su nombre, siempre se opuso. El padre, César Augusto Coronel Vega, es capitán de la Fuerza Aérea en servicio pasivo, y estaba contento con la decisión de su hijo de estudiar en la universidad. En 2002, cuando terminó la secundaria, se fue un año de intercambio a Estados Unidos, y al regresar a Quito entró a la Universidad Israel en donde estudiaba Ingeniería en Sistemas. Un día, sin mayor explicación, anunció que quería ser policía.

— Yo nunca estuve de acuerdo, cuando él iba a entrar, fuimos a la entrevista y yo fui muy duro con la institución. No quería que lo admitan, pero lo admitieron.

Recuerda su papá y su tono de voz se eleva, sus ojos azules se entrecierran, sus labios se contraen. Fabiola, su esposa, lo escucha, y mira a un punto indefinido del suelo. Ella es profesora jubilada. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando se acuerda de su hijo, el último de tres, el único varón, a quien vio por última vez en junio de 2012, cuando dejó la casa de sus padres, en el Valle de los Chillos, en Quito, para regresar a Lago Agrio, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde vivía hacía nueve meses. Unas semanas después, la vida de los Coronel Olivo cambió para siempre.

— Ese 8 de julio fue fatídico. Estábamos en la playa cuando mi hija nos llamó.

Han pasado seis años y el dolor sigue igual porque la muerte de su hijo menor aún no se esclarece: César Augusto Coronel Olivo apareció con un disparo en la nuca, sobre su cama, en su habitación en la Comandancia Policial de Sucumbíos.

La Fiscalía determinó que fue un suicidio.

Sus padres creen que César Coronel fue asesinado.                                                                                       

§

Ese 8 de julio era domingo. Se suponía que el subteniente César Augusto Coronel Olivo estaba franco (es decir, liberado por unos días de sus obligaciones policiales). El día anterior debió llegar al aeropuerto de Quito para encontrarse con Verónica Vallejo, su enamorada desde hacía ocho meses. Habían quedado en pasar juntos el fin de semana y tenían reservaciones para las Termas de Papallacta, pero Coronel no había aterrizado en la capital ecuatoriana.

— Ese domingo era la final de Wimbledon. Teníamos planeado ver el tenis juntos.

Recuerda Verónica, una mujer trigueña, cuya edad es difícil de adivinar pues su rostro tiene un aire juvenil que ronda la cuarentena. Cuando Verónica habla de César sonríe. Sentada en el comedor de la casa de los padres de su enamorado, recuerda al detalle la historia que le cambió la vida.

El viernes 6 de julio lo llamó a las cinco de la tarde.

— Alguien quiso hacerse pasar por César y me dijo, sí, mañana nos vemos, bebita. Yo le dije: pásame con César. Entendí que era una reunión social porque había música y voces al fondo.

Intentó tres llamadas más al Blackberry de Coronel.

— Me contestaba una chica con acento colombiano, y me decía que César no estaba o que estaba en la ducha. En la última llamada me puse seria: le dije que estaba bien para broma pero que necesitaba hablar con él.

Más tarde, él la llamó desde su Iphone y le aseguró que desde las 3 de la tarde estaba en su habitación. Le dijo que no sabía qué había pasado con su Blackberry.

— Como nos íbamos a encontrar el sábado, le dije: bueno, no quiero saber nada más.

Vallejo tenía pensado conversar al día siguiente. Cerca de las seis de la tarde él la volvió a llamar, pero ella no contestó y él le dejó un mensaje: “Te repito que he estado desde las tres de la tarde en mi habitación; no he hecho nada, no sé qué mierda pasó con mi teléfono”.

Nunca más volvieron a hablar.

§

César Coronel yacía sobre su costado izquierdo. La bala que lo mató entró a la altura de su nuca, en el lado derecho, como si se hubiese disparado con su mano derecha. Sobre su rostro y parte de su cabeza había una almohada. Su brazo derecho estaba casi totalmente doblado sobre la almohada y la mano derecha junto a la pistola. Su brazo izquierdo, debajo de la almohada, y su mano izquierda doblada por debajo de la barbilla. A la altura del pecho había un peluche con una camiseta amarilla y un control remoto. Su rostro y la almohada estaban cubiertos de sangre.

Eran las dos y media de la tarde, recuerda Vallejo, lágrimas en el rostro, cuando llegó a Lago Agrio. Había salido desde Quito tres horas antes, cuando el oficial que había entrado al cuarto y hallado muerto a su enamorado, dejó de contestarle el teléfono. Afuera de la habitación, unos oficiales la esperaban. Le dijeron que no podía entrar hasta que llegara un equipo de Criminalística de Quito.

Horas antes, guía telefónica en mano, Vallejo empezó a llamar a todos los teléfonos en Sucumbíos que le pudieran llevar a Coronel. Él debía haber llegado un día antes, y estaba desesperada.

— En uno me contestó el rastrillo.

El ‘rastrillo’ es el encargado de controlar las armas y municiones dentro de un cuartel. En la Comandancia de Sucumbíos, era el cabo Luis Ghindini. Cuando un policía sale franco, debe dejar su arma. Según el parte de novedades del 7 de julio de 2012 firmado por Ghindini, Coronel no había dejado su arma. En su versión ante la Fiscalía y la Policía, Ghindini dijo que a las cinco y media de esa tarde (cuando Coronel habría estado franco ya varias horas) el arma aún no había sido entregada. La irregularidad no fue reportada a ningún superior. Nunca se supo por qué.

El ‘rastrillo’ puso a Verónica con el llamado ‘oficial de semana’ —el policía a cargo de las actividades del cuartel—, el subteniente Juan Pablo León, que le dijo que estaba fuera del cuartel y que en media hora regresaría. León asegura que ese sábado pasó lista a las siete de la mañana y que allí estaba César Coronel. Dice que fue entonces cuando habló con él por última vez.

— Mi subteniente, ¿usted no irá a salir franco?

— Ayer mandé a lavar ropa y me olvidé de retirar, pero ya retiro y me voy.

Ni los padres ni la novia de Coronel creen que ese diálogo haya existido. Cuando Vallejo volvió a llamar a León, la mañana del domingo 8, el oficial de semana estaba entrando a las habitaciones de la Comandancia. León golpeó la puerta de Coronel: “Mi teniente, mi teniente”. Vallejo le dijo que marcaría a los celulares por si los escuchaba. León le dijo que no, que se oía como si estuviese encendida la televisión. Vallejo le dijo que entrara por la ventana, pues Coronel le había dicho que se podía:

— El subteniente León se asomó por la ventana y lo vio dormido. Me dijo ‘aquí está, está dormido’. Ahí escuché que logró entrar a la habitación y me cerró el teléfono.

Vallejo volvió a llamarlo, pero León ya no le contestó. Eran las nueve y media de la mañana. Desesperada, le escribió un mensaje, León le contestó:

“Lo siento mucho, parece que se ha disparado.”

§

Los claroscuros de la muerte de César Coronel no dan paz a su familia. Hay piezas de la historia que no encajan. Verónica Vallejo recuerda que a las siete y cuarto de la mañana del sábado 7 de julio lo llamó para ponerse de acuerdo para recogerlo en el aeropuerto. Sabía que él madrugaba para pasar lista. Coronel no contestó. Intentó llamar desde Skype. Nada. Eso no era habitual según Vallejo. “Si no me podía contestar en ese momento, me mandaba un mensaje o me devolvía la llamada inmediatamente”.

Según la versión que rindió el subteniente Juan Pablo León para la investigación interna de la Policía, Coronel sí estuvo a las siete de la mañana pasando lista antes de salir franco. Pero Vallejo insiste que eso es extraño: no sabía de él desde el día anterior.

Los hechos del viernes 6 de julio son parte del caldo de la confusión. Esa tarde, en el edificio de la Policía de Migración de Sucumbíos, frente a la Comandancia, varios policías se reunieron en la habitación del teniente Patricio Esparza para, supuestamente, planificar un viaje en la playa. Según la versión de Esparza —que coincide con la de otro de los asistentes, el mayor Edison Galiano— Coronel estuvo ahí.

Sin embargo, en el libro de registro de visitantes al edificio, el nombre de Coronel no aparece. Y a pesar de que hay cámaras de video, no hay evidencia gráfica alguna. La Policía certificó el 13 de julio de 2012 —cinco días después de que se encontrara el cadáver de Coronel— que nunca funcionaron desde que fueron entregadas e instaladas en noviembre del año anterior.

El teniente coronel Walter Salguero, de la Comandancia de Policía de Sucumbíos, le dijo a la Fiscalía que recibió un mensaje de texto de un número desconocido que le advertía que el ‘oficial de semana’ que terminaba su turno, Patricio Esparza, estaba ebrio.

Cuando llegó al cuarto de Esparza, encontró dos botellas de whisky vacías. Esparza le dijo que se la habían tomado los policías que estuvieron en la tarde en su habitación y “dos chicas”.

Nunca se supo quiénes eran, aunque la familia de Coronel cree que una de ellas podría ser la mujer que le contestó el teléfono a Verónica Vallejo. También suponen que podrían ser dos colombianas detenidas el día anterior por irregularidades en su documentación migratoria. Son solo suposiciones, pues la Fiscalía no indagó esos hechos.

Además de los huecos fácticos, la familia Coronel (y sus abogados) dicen que el parte que se levantó tras hallar su cadáver tiene inconsistencias. Por ejemplo, el informe dice que la postura del cadáver era “decúbito lateral derecho”, pero en las fotos se puede ver que está sobre su izquierda. En un parte posterior, del 21 de julio, se habla de una “falla de digitación” y se corrige la postura. El parte dice que el disparo salió de una pistola Glock 9 milímetros, pero no se especifica quién era su dueño. Además, si Coronel estaba franco, como asegura la Policía, debía haber entregado la suya el día anterior, antes de salir a sus días libres.

Inconforme, su familia reclamó. Pidieron audiencia con el entonces ministro del Interior, José Serrano. La cabeza del ministerio al que responde la Policía los recibió, escuchó y ofreció revisar el caso, según César Coronel padre. Pero el tiempo pasó sin que nada sucediese. La familia Coronel volvió a reunirse con Serrano, quien les dijo que un perito extranjero vendría para determinar si había sido un suicidio o un asesinato.

El perito que llegó era Roberto Meza, ahora célebre por el caso del  general Gabela, otra muerte que no ha sido esclarecida.

§

César Coronel Vega dice que Serrano les prometió crear un comisión técnica.

— De técnica no tenía nada. Fue una farsa.

En junio de 2013, se creó la comisión y en 30 días, se suponía, debía presentar un informe. Pero pasaron meses sin respuesta, a pesar de que el perito Meza había entregado su informe en noviembre de 2013.

En enero de 2014, 7 meses después de creada la comisión, César Coronel Vega pidió por escrito al Ministerio del Interior que le entregara los resultados. Al parecer, los Coronel no eran los únicos a los que el Ministerio no respondía. En mayo de 2014, Forensic, la empresa de Meza, publicó en su página web un comunicado que se recoge en la denuncia ante la CIDH, en el que decía que, tras entregar el informe, no supieron más de los funcionarios ecuatorianos: “Desde esa época no tenemos más respuesta de ninguna autoridad, consideramos inclusive una clara falta de respeto no dar respuesta a los innumerables contactos por varios medios.”

César Coronel tenía 27 años cuando murió. Su familia aún espera que se investigue el caso. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

Coronel Vega insistió pero tampoco hubo respuestas de Serrano. El 22 de octubre, luego de un año de espera de los resultados de la comisión técnica, la familia Coronel Olivo interpuso un recurso constitucional de acceso a la información pública para tener una copia del informe del perito Meza.

Un mes después fue la primera audiencia. Allí, los representantes del Ministerio del Interior dijeron que el informe no había podido ser entregado porque aún no habían cumplido con un “trámite interno”, sin especificar cuál. Dijeron además, que la funcionaria a cargo del caso se encontraba de vacaciones, por lo que la entrega del informe podría tardar entre 2 y 3 meses más, y que el Ministerio había cumplido en atender todos los requerimientos de la familia, aunque no pudieron presentar ningún documento que respaldara esa afirmación.

Los recursos que interpuso el Ministerio para evitar entregar los documentos prolongaron la incertidumbre de la familia hasta marzo de 2015. Un año y medio después de creada la comisión y dos años ocho meses después de la muerte de César Coronel, la Corte de Pichincha ratificó la sentencia del Juez de Garantías Penales dictada tres meses antes: el Ministerio debía entregar lo solicitado en ocho días. Pero el informe fue recién entregado el 28 de julio, dos años después de creada la comisión. Para los Coronel, la conclusión era decepcionante.

“En el caso estudiado no siendo compatible con un disparo de tipo suicida tampoco permite afirmar con certeza que no lo sea” dice en la página 52 del informe, citando al perito Meza.

Pero cuando Meza regresó por el caso Gabela a Ecuador, en junio de 2018, dijo sobre su examen forense en la muerte de Coronel:

— Se confirmó que era un homicidio, y no entregaron la pericia a la familia.

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La Fiscalía archivó el caso definitivamente el 14 de mayo de 2013, diez meses después de la muerte de Coronel, porque consideraba que no había suficientes elementos para considerar un homicidio. Pero la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito tomó el caso, y los Coronel presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).

Los Coronel enumeraron ante el órgano regional las inconsistencias del caso de su hijo: no se levantaron rastros dactilares en la pistola —que entró a la cadena de custodia pero no se investigó si fue entregada o no por Coronel antes de, supuestamente, salir franco. Tampoco se habría investigado la trayectoria de la bala, ni la empuñadura del arma, ni la distancia del disparo.

Todas estas inconsistencias están en el informe de Meza. El perito argentino dice cosas como que la “posición de la mano derecha, no existe empuñadura o agarre del arma para que técnicamente pueda producirse el disparo. El agarre debe ser absolutamente constante, tanto en lo que respecta a la empuñadura del arma como al esfuerzo desarrollado por la muñeca”.

Además, Coronel era zurdo. Comía con la izquierda, cargaba a su sobrino con la izquierda, escribía con la izquierda, portaba su arma a la izquierda.

— Nunca abrieron ciertas líneas de investigación.

Dice Daniela Salazar, una de las abogadas de los Coronel y cuenta lo que parece el inicio de una historia escabrosa.

—A César Coronel se le dio un pase a Sucumbíos de forma bastante irregular.

“Dar el pase”, en jerga militar y policial, es trasladar a un efectivo a un lugar determinado. Según Salazar, Coronel fue trasladado a la provincia amazónica como una retaliación por haber terminado una relación sentimental con la hija de lo que Salazar llama “una persona de alto nivel”.

— Siempre hubo mucho hostigamiento hacia él después de haber terminado esta relación y nunca se investigó si es que eso pudo haber generado un acto de violencia contra él.

Dice Salazar, y explica que, además, Coronel habría sido testigo de delitos cometidos por sus pares, que llevaban con frecuencia prostitutas al cuartel. El Subteniente habría tenido evidencia de trata de mujeres en las que estaban inmiscuidas las fuerzas a las que él pertenecía. Salazar ve ahí potenciales motivos:

— Él tenía información sobre eso, había hecho denuncias y esa fue otra línea de investigación que jamás se abrió.

En la declaración del mayor Edison Galiano para la investigación interna de la Policía, habla de los “negocios de los bares que tenemos tanto el mayor Diego Coba y el suscrito”. Según César Coronel padre, a esos —bares “parece que traían chicas de Colombia”. La familia y sus abogados presumen que en el  computador de Coronel estaba la evidencia —e incluso la denuncia— que habría hecho. Pero la laptop nunca fue devuelta a la familia.

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La joven con la que Coronel había terminado es hija del general Rodrigo Suárez, quien a la fecha de la muerte de Coronel era Comandante General de la Policía. La relación de su hija con César Coronel había terminado de forma conflictiva, según los Coronel, pues ella lo llamaba insistentemente a casa de sus padres y lo esperaba por horas en su auto.

Por su cargo, Rodrigo Suárez tenía control sobre la investigación interna de la muerte de Coronel. Había sido el mismo Suárez quien meses atrás ordenó su pase a Sucumbíos.

— A mi hijo le dieron 4 pases en un año. Eso no era normal, dice César Coronel.

En septiembre de 2011, a Coronel le dieron el pase a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), un cuerpo élite de la Policía. Había regresado hacía pocos días de Colombia, en donde había hecho el Curso de Operaciones Especiales Antisecuestro y Antiextorsión de 600 horas. Estuvo un poco más de tres meses en la Unase como investigador, según un certificado que la entidad emitió en diciembre del 2011, 7 meses antes de su muerte.

Ahí comienza una serie de contradicciones por parte del coronel Juan Carlos Iza, entonces Comandante de la Unase.

Tras la muerte de Coronel, su padre pidió certificados de honorabilidad a distintos departamentos en los que se había trabajado su hijo César. Uno de ellos fue la Unase. Se lo pidió al coronel Iza, quien dispuso que sea entregado. El 10 de septiembre de 2012, la Unase emitió la certificación diciendo que Coronel fue investigador de la unidad entre el 22 de septiembre de 2011 y el 23 de febrero de 2012, y que había demostrado “en todos sus aspectos ser eficiente, honesto, leal, y responsable en las actividades que a él han sido encomendadas”.

Cinco meses después, en la versión que rindió ante la Fiscalía, Iza se desdijo de la certificación y de su versión en la investigación interna de la Policía. “En la Unase estábamos muy preocupados en cuanto a su designación ya que su pase presentaba ciertos vacíos que se requieren cumplir necesariamente”, dijo. Además, dijo que Coronel “no demostró interés en el trabajo que esta unidad desempeña, ni tampoco mostró preocupación por tratar de superarse dentro de las distintas áreas que esta unidad mantiene”. También dijo que Coronel fue designado ayudante del policía a cargo de los asuntos civiles y las relaciones públicas, y que jamás se le encargó ningún caso de investigación “por las razones ya descritas que tienen que ver con la falta de preparación y conocimientos en el área investigativa”.

Para los Coronel, eso fue desconcertante. Hacía apenas unos meses, Iza había ordenado y supervisado la entrega del certificado en el que la Unase se refería en los mejores términos a su hijo y existía también el certificado en el que decía que fue investigador (y no ayudante de relaciones públicas).

Hay además, un memo del 15 de diciembre de 2011, en el que Iza le encarga a Coronel las investigaciones sobre un caso específico. ¿Por qué ninguna investigación —ni de la Fiscalía, ni de la Policía, ni del Ministerio del Interior— notaron estas contradicciones?

Estas inconsistencias están estrechamente relacionadas a los otros tres pases que le dieron a Coronel en menos de 3 meses. En enero de 2012 , lo enviaron al Comando Policial de Sucumbíos, en Lago Agrio a “prestar servicios urbanos”, es decir a patrullar.

El documento que ordena su traslado, está firmado por el Director General de Personal de la Policía Nacional, Edgar Machado, y en él se incluyen 3 pases más, todos de generales. El traslado se dio, según el documento, por orden verbal del entonces comandante general Fausto Franco.

Dos meses después, por disposición del Ministro del Interior, José Serrano, Coronel y otros 15 miembros de la Policía recibieron un pase. Coronel fue a Quito, pues —según un informe dirigido al Jefe de Designación y Traslados de la Dirección General de Personal de la Policía Nacional— había aprobado el proceso para ser instructor en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Pero once días después de ordenado, su pase fue dejado insubsistente por orden del general Rodrigo Suárez, entonces Director General de Operaciones de la Policía Nacional.

Hay otro detalle atípico: el 27 de marzo de 2012, Coronel rindió pruebas psicológicas para el cargo de Instructor de la Escuela de Oficiales para el cual ya había sido designado 14 días antes. ¿Cómo se explica que dio las pruebas para un cargo para el que ya se le había otorgado el pase?

Otra inconsistencia se evidenció en agosto de 2012. La familia Coronel le pidió a la Policía el detalle de su hoja de vida y en ella no se registraban los títulos, ni los méritos, ni los nombramientos ni las comisiones de César Coronel Olivo. Lo que sí aparecía era un arresto disciplinario.

—Nada de eso era cierto, dice Coronel. Mi hijo era un profesional. Nunca lo arrestaron.

Además, según la investigación interna de la Policía Nacional y el informe del Ministerio del Interior, Coronel no pasó los exámenes físicos ni la evaluación psicológica—en la que tuvo una calificación de  49/100— para ser instructor de la escuela de oficiales. Sin embargo, la Policía Nacional llamó a Coronel el 23 de julio de 2012 —15 días después de su muerte— a presentarse junto a otros 55 suboficiales para participar en el curso de ascenso.

¿Cómo es posible que un oficial cuya evaluación psicológica es de 49 puntos sea considerado para ascender, o más grave aún, se le permita seguir portando un arma?  La denuncia presentada ante la CIDH por sus padres tiene una hipótesis:

“porque en realidad César Coronel no tenía problema alguno”.

§

Los padres de César Coronel supieron de la muerte de su hijo mientras estaban en Esmeraldas, de vacaciones, con su pequeño nieto. El regreso fue abrupto. César Augusto manejaba a toda velocidad. Fabiola lloraba a gritos. No podían creer que su hijo, joven, enamorado, con la vida entera por delante ya no estuviera para abrazarlos, para hacerles bromas, para jugar con los niños de la casa. No podían creer que se hablara de suicidio.

— Desde el inicio yo pensé que algo pasó ahí, y que ejecutaron a mi hijo.

Sus ojos azules se humedecen. Baja un poco el tono de voz. Está sentado en el sillón de su casa, en el Valle de los Chillos, a las afueras de Quito. Su esposa mueve de un sitio a otro los documentos con los detalles del caso. En una caja grande tiene todo: la instrucción fiscal que se abrió en Sucumbíos, las fotografías del cuerpo sin vida de su hijo, los análisis forenses, el informe que el Ministerio del Interior les entregó, el que luego les dio la Policía, los títulos que avalan los estudios de César, las líneas de tiempo con los hechos que ellos han intentado reconstruir en su búsqueda de justicia.

César Coronel era zurdo. Aquí lleva su arma con la mano izquierda. En la escena del crimen, el arma con la que supuestamente se disparó estaba sobre su mano derecha. Fotografía de la familia Coronel Olivo.

César Coronel debe bordear los sesenta años. Es alto y corpulento. Aguanta las entrevistas y las preguntas casi con estoicismo. Su formación como militar debe tener algo que ver con su capacidad de resistir.

— Usted ve que los dedos de él no están engatillados, como que estuviera agarrando un arma. Él tiene los dedos cerrados. Está en las fotos.

Habla con indignación. Tose mientras narra la historia.

—Nosotros vimos varias manchas de sangre en el piso en las imágenes. Cuando fuimos a la reconstrucción ya había desaparecido todo.  Quemaron las almohadas, la cama, el colchón. Habían pintado la pared.

Atropella una palabra tras otra. Sus ojos se entrecierran, aprieta los dientes.

—Hicieron la reconstrucción con un hombre diestro, mi hijo era zurdo. Con las almohadas encima, el hombre no podía agarrar bien el arma. De lo que yo he investigado, esa pistola Glock para salir un disparo, tiene que estar bien agarrada, si no, se traba.

César Coronel padre no recuerda con exactitud cuándo le empezaron a hablar de un suicidio pero dice que muy pronto. En la reconstrucción de los hechos, el 13 de julio de 2012, cinco días después de que la familia supiera de la muerte de César, asistió el fiscal del caso, Alejandro Orellana, y personal de Criminalística que había llegado desde Quito.

Según la denuncia ante la CIDH, cuando se hizo esa reconstrucción, las paredes de la habitación de César Coronel habían sido pintadas: ya no daba resultado la reconstrucción de la escena con luminol, un compuesto químico para detectar sangre y otros fluidos sobre distintas superficies. Dice, además, que el piso de la habitación estaba mojado, como si hubiese estado inundado, un detalle que no consta en el Informe de Inspección ocular hecho por la Policía Judicial por orden de la Fiscalía y firmado por el perito, teniente Diego Hernández.

La explicación de la Policía es que del 6 al 9 de julio no hubo agua potable en el edificio de los dormitorios de los oficiales de la Comandancia de Sucumbíos. “Por lo que probablemente en uno de esos días el señor subte. César Coronel habría dejado abierta la llave de agua de su dormitorio” dice un comunicado de la institución. Cuando regresó el agua, se habría rebosado el lavamanos del baño. “Tal vez sea la razón por la que el día 13 de julio de 2012, en el reconocimiento del lugar del fiscal, el personal de Criminalística de Quito y los familiares habían encontrado mojado el piso del dormitorio del señor oficial”.

César Coronel se indigna. Una explicación para tontos, dice.

En la denuncia ante la CIDH, los abogados citan un documento del Departamento de Logística del Comando de la Sub Zona Sucumbíos en el que se certifica que: “ni con fecha anterior o posterior al día 08 de julio de 2012, la habitación no.2 (de César Coronel) del dormitorio de señores oficiales de policía, en ningún momento se ha inundado dicha habitación y que por tal motivo no han realizado ningún parte policial”. La denuncia ante la CIDH enfatiza en la importancia de esa evidencia porque “en el piso se encontraban huellas de sangre y había la tesis de que una de ellas correspondía a una pisada”.

El perito Meza, en su informe, dice que la configuración de la escena del crimen es altamente improbable para un suicidio.

“Un disparo a corta distancia, implica que el disparo se efectuó con el arma separada del cuerpo, no apoyada sobre la piel. Considerando que a mayor distanciamiento, aumenta la probabilidad de errar en el blanco, situación que en su calidad de Policía era conocida. Esto sumado a la utilización de una mano contraria a la habituada para efectuar disparos y una almohada interpuesta en el camino es contraria con la lógica suicida, en el sentido de lo que se busca es no errar, acercando el arma al cuerpo para garantizar el blanco sobre un órgano vital y la muerte”

La familia Coronel tiene más dudas. A su hijo lo encontraron muerto en su habitación, dentro de un recinto policial, al que la Policía controla el acceso de todo personal externo. ¿Cómo es que un oficial de policía se dispara dentro de un cuartel y nadie escucha el sonido del tiro?

En su versión para la investigación interna de la Policía Nacional,  el Comandante encargado del cuartel —el teniente coronel Lenín Villarreal— dice que a las dos de la mañana del domingo 8 de julio de 2012 escuchó el ruido de patadas en una puerta. “Me imaginé que algún señor oficial se había olvidado su llave y trataba de romper la seguridad de la puerta, por lo que no presté atención y continué descansando”.

Para los Coronel es inverosímil que Villarreal haya escuchado que un oficial quería romper la seguridad de la puerta y no se levantase a ver qué pasaba. Tampoco hallan explicación al hecho de que, cuando el cuerpo fue encontrado, en la habitación, el aire acondicionado estaba a su máxima capacidad y había un fuerte olor a pesticida.

—Él tenía rinitis alérgica. El aire acondicionado le perjudicaba mucho.

Dice Verónica, su enamorada. Recuerda que Coronel prendía un momento el acondicionador de aire, esperaba que se enfríe la habitación y lo apagaba enseguida.

—Para nosotros fue muy raro que estuviera el aire a la máxima potencia en la temperatura más baja, el olor a insecticida que tenía la habitación, el volumen de la televisión estaba muy alto. Los teléfonos de César estaban alineados de cara a la televisión. Su cuerpo estaba en la posición exacta en la que dormía, lo que hace pensar que es bastante probable que lo mataron mientras dormía.

El perito Meza, en su informe para el Ministerio del Interior, dice que en las fotos entregadas por Verónica Vallejo “puede observarse la posición en la cual la víctima dormía” y que es “de similares características a la posición encontrada en el lugar de los hechos, inclusive con la mano en la misma posición en la que descansa, cuestión que llama la atención”.

Pero el informe que el Ministerio entregó a la familia dice que hay indicios de que la posición de su mano, al momento de la muerte, “es el resultado de un posible espasmo cadavérico”.

Eso, a la familia, jamás le convenció. Verónica Vallejo dice que el análisis pericial de rastros de pólvora en la mano de Coronel no se podía hacer en Quito y fue enviado a Colombia, lo que rompió la cadena de custodia. Cuando se pidió un nuevo informe, explica, había desaparecido el pad de donde habían tomado la muestra.

Todas las pericias fueron hechas por la Policía Nacional, lo que genera suspicacias. La abogada Daniela Salazar dice que la institución tuvo total control sobre las evidencias, lo que generó irregularidades.

—Toda la cadena de custodia de las evidencias estuvo siempre a cargo de las mismas personas que podrían estar involucradas. Eso generó que el caso tenga total impunidad.

Tampoco se explican las contradicciones en las versiones de el Lenín Villarreal; en la primera que dio a la Fiscalía, el 12 de julio, 4 días después de la muerte de Coronel, dijo que el viernes 6 de julio de 2012, dos días antes de que muriera Coronel, el mayor Galiano no había estado en la lectura del orden de las seis de la tarde, ni había pasado lista una hora después. No dio ninguna explicación para la ausencia de Galiano. Sin embargo, en la versión que dio para la investigación interna de la Policía, su testimonio es distinto: allí dice que Galiano le había dicho que tenía un compromiso familiar por lo que le pidió permiso para no acudir a la lectura del orden y que él se lo había dado de forma verbal. ¿Cómo cambió la versión sin que a ninguna autoridad le llamara la atención el hecho?

Las dudas saltan por todas partes.  A la pistola del supuesto suicidio no le tomaron los rastros dactilares. En ella solo aparecía la huella del pulgar izquierdo, y la mano derecha se encontraba absolutamente imposibilitada de disparar. En su denuncia ante la CIDH,  los Coronel dicen que “Esa situación nos lleva a presumir que el arma fue superpuesta en la mano derecha, con el fin de alterar la realidad de los hechos”.

El perito Meza dice en su informe entregado por el Ministerio del Interior que “la presencia de partículas de componentes de pólvora en la mano derecha de la víctima y en la cuantía en la que aparece, no es determinante para concluir que haya disparado con la mano derecha, ya que puede existir la posibilidad de que haya salpicado en su mano por la corta distancia del disparo”.

Si no hay certeza de que Coronel disparara ni con la mano derecha, ni con la mano izquierda, ¿cómo se suicidó?

Habría, además, cuatro rastros (máculas de sangre, huellas, marcas de zapatos) en la superficie de las ventanas corredizas del cuarto de César Coronel que no fueron analizados, según reconoce el informe del Ministerio del Interior. Por último, el informe que se entregó a la familia no incluye en sus 53 páginas el informe completo del perito Meza, lo que ahondan las preguntas de la familia Coronel.

Hay además, ofrecimientos que no se cumplieron. En el informe del Ministerio del Interior, se ofrecía investigar y hacer pruebas de polígrafo a tres oficiales: a dos coroneles, identificados solo como Ignacio Benítez y Cabrera Ron (entonces jefes de la Policía) y al teniente coronel Lenín Villarreal. La investigación tenía que hacerse porque la familia había denunciado que Cabrera Ron les había dicho que los suicidas no tienen honor. A Villarreal se lo debía investigar por las supuestas patadas que escuchó a la madrugada en la Comandancia de Sucumbíos. A la familia Coronel Olivo nunca les llegaron los resultados de la ofrecida investigación ni supieron si, en efecto, se hizo.

Tan solo supieron, por las conclusiones del informe del Ministerio del Interior, que por la muerte de su hijo hubo sanciones a 5 oficiales y un policía de tropa. La mayor sanción era un arresto disciplinario de 96 horas para 4 de ellos, y 72 horas para el mayor Galiano. El sexto miembro era el teniente coronel Villarreal, a quien no alcanzaron a sancionar porque fue desvinculado de la institución, al igual que Galiano. De Villarreal no se especificó la causa. De Galiano sí: intento de violación.

La Policía Nacional y la Fiscalía nunca respondieron a nuestras solicitudes de una entrevista sobre este caso. El Director de Comunicación de la Policía Nacional, Henry Ponce, respondió vía WhatsApp: “Respecto a su solicitud me permito informar a usted. que para el presente y otros casos, es la Fiscalía la que dirige la investigación procesal y dispone las diligencias periciales que estime pertinente. En ese sentido, nuestra Institución a través de sus servicios competentes, se transforma en un cuerpo auxiliar de la Administración de Justicia. En tal virtud, estaremos prestos a realizar las diligencias legales que se dispongan que permitan aclarar, sostener o puntualizar el trabajo desarrollado por nuestro personal especializado”.  Hasta la publicación de este texto, la Fiscalía no respondió a los pedidos hechos por email y a los mensajes enviados a encargados del departamento de comunicación.

La falta de respuesta ha sido una constante en el caso, pero también la entrega de respuestas a medias. El informe que les dio el Ministerio del Interior no aplacó la indignación de los Coronel.

—Todo el informe pericial que entregaron es mentira. Todas las conclusiones que dio el perito no constan.

Dice Coronel padre, que vio en el retorno del perito Meza —en junio de 2018— la confirmación de sus dudas: que la comisión que nombraron para esclarecer la muerte de su hijo, en realidad la crearon para encubrir un crimen.

— Similar al caso Gabela. Los dos casos que investigó el perito Meza tienen el mismo procedimiento: artistas en desvanecer evidencias.

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Era un mediodía de 2014. O quizás una mañana. Ni Fabiola ni César Augusto lo recuerdan bien. Miran las fotos y les cuesta reconocerse. Él, con un cartel en mano. Ella, con otro, junto a sus dos hijas. En los cárteles, se ve la imagen de un César Coronel Olivo sonriente, al lado, otra imagen: la de su cuerpo sin vida. Se lee en letras mayúsculas: Justicia. 2 años sin respuesta.

Junto a ellos, los familiares de personas desaparecidas. Todos de pie, en la Plaza Grande, abajo del Palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana. Gritando consignas.

En 2014, su peregrinaje apenas había comenzado. Buscaron respuestas en tantas instituciones públicas que ya no recuerdan con precisión cuáles fueron. Iban buscando razones, explicaciones, pruebas que expliquen qué pasó con su hijo.

La Familia Coronel Olivo escribió cartas a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura, a varios Ministerios pidiendo justicia. En la fotografía de la familia Coronel, se ve a las hermanas y a la madre de César.

Escribieron más de cincuenta cartas: a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía. Tienen las respuestas de Omar Simon, entonces Secretario de la Presidencia. Que por su agenda, el presidente Correa no los podía recibir, y le remite al caso al Ministro del Interior, primero, al de Seguridad después. En otras, firma Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia, Edwin Jarrín, Subsecretario General de Despacho Encargado, Jorge Troya, Subsecretario de Despacho. Un Ministro de Estado, cuencano, les recibió en su despacho por orden presidencial.

— Su hijo ya está muerto, yo no puedo hacer nada. Soy arquitecto, no sé nada de seguridad. Esto es igual que con los desaparecidos, ya no se puede hacer nada. Pregúntele a su abogado, él les ha de poder ayudar, yo no.

Intentaron contar su historia a la prensa. Recuerdan con dolor que nadie se conmovió. Un reconocido presentador de televisión de la época les dijo que no podía ayudarles. “Sin sentencia no hay forma”, les respondió.

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Luego de conversar durante casi una hora, y de revisar documentos durante media mañana, César Coronel Vega se quiebra. Sus ojos se llenan de lágrimas. Tiene dificultades para retomar el hilo.

— Además de doloroso ha sido muy traumático. Uno pide justicia y se la niegan. Se la niega el estado. El que tendría que defender nuestros derechos.

Hay una larga pausa. Coronel se mira las manos. Fabiola, sentada diagonal a él, se seca las lágrimas. El camino en estos últimos años se les ha hecho largo. Han sentido que a nadie le ha importado la muerte de un oficial, de un ser humano, de su hijo.

Según la abogada Salazar, la Fiscalía puede decidir reabrir el caso internamente. “Debería hacerlo si es que quiere evitar que haya una condena internacional al Estado. Si se quiere evitar indemnizaciones y que además, de todas formas tengan que reabrirlo, debería hacerlo ahora”. Según ella,  la información que el perito Meza tiene, debería ser suficiente para reabrir el caso. Dice que si el Estado hace eso, los Coronel desistirían de su reclamo ante la CIDH.

Por si todo el dolor y la falta de respuestas no fuese suficiente, la Policía le ha negado a los deudos de César Coronel Olivo cualquier derecho póstumo. Fabiola Olivo me extiende  una hoja firmada por el director de prestaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía en la que dice que Coronel no accede al beneficio del montepío por haber fallecido con 3 años, 4 meses y 5 días de servicio y que la ley ordena que para tal prebenda debía haber cumplido al menos 5 años contados desde que se graduó de la Escuela de Policía.

Coronel prestó servicio, en efecto durante 3 años, 4 meses y 5 días. Según la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, si un policía muriese “a consecuencia de accidente o enfermedad no profesional” su familia tendría derecho a una pensión con el requisito de que el oficial haya cumplido más de cinco y menos de veinte años de servicio. La Policía optó por usar ese articulado de la Ley, el 39. Si la interpretación hubiese sido la establecida en el artículo 37 del mismo cuerpo legal, es decir que su muerte era un “accidente o enfermedad profesional”, su familia habría recibido “una pensión de montepío equivalente al setenta por ciento (70%) del sueldo imponible de un policía, sin considerar tiempo de servicio”.

Sin honor, sin pensión, sin respuestas claras. Ese parece ser el mensaje de la Policía para los familiares de César Coronel Olivo.

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Empieza a caer la tarde en la casa de los Coronel Olivo. En su jardín están en pie los árboles frutales que César padre cuida. Desde la ventana de la sala se ve la casa del árbol que construyó para su nieto, el pequeño que César hijo carga con su brazo izquierdo en varias fotos. Era su padrino de bautizo. César Coronel padre habla:

—Estamos esperando que los culpables paguen por la muerte de mi hijo. No puede ser justo que un joven honesto esté bajo tierra y los ladrones, sinvergüenzas, pillos, estén deambulando libremente y sin remordimiento alguno.

Sus palabras caen, secas, dejando un largo silencio tras ellas. Fabiola vuelve a secar sus lágrimas. Él la consuela con la mirada, con un breve movimiento de la cabeza. No pierden la esperanza de encontrar respuestas aunque saben que el camino es aún largo.

—En la lucha por un hijo es imposible cansarse.

Dice Fabiola e intenta una media sonrisa. Su esposo reafirma lo que buscan:

— Así como quieren sacar a la luz lo que ha pasado con el caso Gabela, queremos que este también sea importante.