GK 2018-10-15T23:26:27+00:00

Daniela Chacón: “Con el alcalde Rodas empecé a tener problemas pronto. Creo que fui muy dócil.”

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El despacho de Daniela Chacón, en el Municipio de Quito, tiene una ventana que da a la Plaza Grande de Quito. En un sillón bajo la ventana, permanecerán sentadas dos de sus colaboradoras mientras dura esta entrevista. Chacón nos recibe con una camiseta en la que se alcanza a leer la palabra Girl  y una chaqueta de cuadros. Se sienta en su escritorio, arrinconado al fondo de la oficina, sobre el cual hay dos portaretratos en las que se la ve, sonriente y vestida de novia, el día de su matrimonio.

Chacón va todos los días a ese edificio desde que llegó a la concejalía de Quito en 2014 por el partido SUMA, al que fue invitada por Mauricio Rodas. Fue vicealcaldesa por dos años, pero en 2016 hizo pública su ruptura con el Alcalde y renunció a la vicealcaldía para convertirse en una dura crítica de Rodas.

Las críticas a esta gestión municipal han sido muy duras, no únicamente con el alcalde Rodas, sino también hacia los concejales. Usted como concejala, ¿esta administración, incluido el Concejo Municipal, queda en deuda con los quiteños y quienes viven en Quito?

En 2014, cuando fueron las elecciones, nosotros recibimos un mandato muy claro por parte de los quiteños: hacer política de una manera distinta, planteando una nueva visión de la ciudad. Lamentablemente eso no se dio.

Esa fue una de las razones por las que yo presenté a disposición mi cargo de vicealcaldesa, me separé de Suma y ejercí mi cargo de manera independiente. En ese sentido, sí ha habido una falta de visión que no ha permitido implementar una serie de cambios y que ha profundizado otros problemas de la ciudad.

Sin embargo yo puedo responder por mi gestión: yo soy de las concejales con mayor producción legislativa, la mayoría de iniciativas que yo he presentado han sido aprobadas por unanimidad a pesar de no tener un partido detrás —o a pesar de tener, supuestamente, un Concejo conflictivo, hemos podido llevar adelante iniciativas que marcan una visión de ciudad. Creo que cuando hay proyecto, visión y liderazgo es posible superar las diferentes posiciones políticas que existen en los órganos colegiados.

Pero hay aún ese cuestionamiento de que la administración no ha logrado los objetivos que se planteó. Hay temas delicados como el transporte, la recolección de basura. ¿Cómo se puede subsanar si usted pasa de Concejal a Alcaldesa?

Una de las cosas que yo he  vivido —y he visto en estos años— es cómo la capacidad de liderazgo sí permite hacer cosas. No es que el municipio no puede hacer las cosas: por supuesto que hay una serie de dificultades, que hay un aparato institucional muy lento que no le responde a los ciudadanos.

Sin embargo muchas de las crisis que ha vivido la ciudad, como el tema de la basura o la falta de decisión en el tema de transporte público, han sido principalmente porque no ha habido un liderazgo que guíe esos procesos y porque muchas de esas decisiones se han tomado en contra de una planificación. Se han tomado decisiones que. realmente, cuya única explicación es que responden a temas personales o políticos: eso es lo que ha hecho que se agrave una situación y que no se pueda salir adelante.

¿Usted ya ha tomado la decisión de ser candidata a la Alcaldía de Quito? ¿Es una decisión tomada?

Nosotros empezamos un proceso desde hace muchos meses que se alimenta de los años de trabajo que hemos tenido, no solo aquí, en esta administración. Yo antes de venir a Ecuador, cuando estaba en Estados Unidos, después de mi maestría, trabajé en la Alcaldía de Denver (en el estado de Colorado). Estaba encargada de proyectos de desarrollo y recuperación de espacios públicos para el arte, la cultura,  el turismo. Esa es es una experiencia sumada, que de la mano que hemos hecho con organizaciones barriales, sociales, civiles, con ciudadanos de a pie, nos ha llevado a asumir el reto.

¿Entonces sí es una decisión tomada?

Sí. Es una decisión tomada. Pero no es una decisión tomada de la noche a la mañana ni es una decisión tomada simplemente por una proyección política personal. Es una decisión tomada en función de un proceso de ver el potencial de las cosas que se pueden hacer en Quito, y de sentirnos completamente listos y capacitados para enfrentar los retos a futuro.

¿Y qué le mueve a hacerlo?

Siempre me ha gustado la política: creo que los políticos tenemos la política en las venas. Es una vocación, y desde que estoy en política local he podido palpar la capacidad que tiene la política local de transformarle la vida a la gente.

Usualmente a través de mis redes sociales me pongo en contacto con quiteños. Los acompaño en su recorrido en transporte público, entonces hemos hecho viajes por toda la ciudad, desde madrugar muy temprano hasta salir muy tarde. Hace un par de años que acompañé a una chica que se llama Génesis que vive en Guamaní. Ella me contó que se siente más segura desde que está implementado la lucha contra el acoso sexual en el transporte público. Solo el hecho de que ella diga que algo por lo que yo trabajé y tuve la oportunidad de implementarlo desde la función pública, hay una mujer, aunque sea solo una que se siente más segura, eso es lo que me mueve a mi a seguir trabajando y a seguir aspirando a crecer y tener nuevas responsabilidades.

Una vez que usted se plantea la posibilidad de ir a la Alcaldía, ¿qué organizaciones la acompañarán, con qué respaldo político va?

Ese también ha sido un proceso interesante porque a mi salida de Suma yo tomé la decisión consciente de no entrar a otra tienda política hasta tener claro que esa tienda política realmente represente los valores, los principios y proyectos que me inspiran. Ha sido una búsqueda hecho durante todo este tiempo. Hemos buscado un espacio político que represente una nueva alternativa, no solo en el discurso sino que en la forma también represente un cambio.

En estos últimos meses que hemos dialogado con varias organizaciones políticas nos encontramos con una que representa esa visión: es un movimiento provincial, el movimiento Ahora.

Una de las cosas que más me gustó cuando he hablado con la directiva, con la militancia es que ellos son —bueno, somos— ciudadanos queriendo hacer política no políticos queriendo parecer ciudadanos.

Estamos en proceso de cumplir con los requisitos que establece la normativa para las participar en elecciones; se irán cumpliendo las próximas semanas y eso nos llevará hacia finales de octubre o inicios de noviembre a hacer una presentación oficial de la candidatura.

"Empecé haciendo discursos y sirviendo café", Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

“Empecé haciendo discursos y sirviendo café”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Quiénes son parte de este movimiento? ¿Quién es su líder, quiénes lo conforman?

No es un movimiento que tiene un líder. Por ser provincial, es un movimiento que se crea bajo la lógica para llenar un vacío que existe en la provincia, especialmente en Quito.

¿Cuándo se creó?

Es un proceso que inició hace un par de años pero finalmente se inscribió en 2018 para participar en estas elecciones. A raíz de la desaparición de la Democracia Popular y la Izquierda Democrática de la política local, específicamente, ha existido un vacío de una visión y de un movimiento que tenga una visión de ciudad para la política local.

El movimiento Ahora se crea bajo la lógica de ocupar un espacio. Las personas que conforman el movimiento son personas entre 30 y 40 años, todos profesionales, algunos han trabajado en el sector público, otros en el privado. Decirte que hay nombres rimbombantes, pues no, no hay, sino que nos hemos encontrado en un camino que queremos seguir.

Usted inició la Concejalía como parte del movimiento SUMA, ¿no hubo oportunismo político al unirse a esa organización para, una vez logrado el objetivo, separarse?

Recuerdo que cuando yo ingresé a la precandidatura del alcalde Rodas, la posibilidad de que gane era ninguna. Yo empecé sirviendo café y escribiendo discursos, sin candidatura y sin posibilidad de candidatura. En su momento, Mauricio fue muy directo conmigo y me dijo ‘nosotros ya venimos trabajando con el Movimiento Vive y las candidaturas ya están asignadas’.

¿Por qué le dijo eso? ¿Usted le había planteado la posibilidad de participar con una candidatura?

Yo le dije que me interesaba la política y que para mí dar el paso de entrar en un movimiento significaba que yo aspiraba en algún momento a una representación pública. Creo que los políticos debemos definir si somos políticos de representación o políticos más técnicos. Para mi, la representación, siempre fue mi vocación.

Yo le había comentado a Rodas mi interés, y le dije que quería ser transparente con ese interés. Él me dijo: me encanta pero las candidaturas están ya definidas. Yo le dije perfecto, yo lo que quiero es empezar a hacer política ya. Esa entrada mía, por la que yo siempre estaré agradecida con Mauricio Rodas y con el movimiento SUMA, fue lograda por mi propio esfuerzos. Una vez que yo me dediqué a hacer investigación, discursos, trabajar en el plan de gobierno…

¿Discursos para quién?

Par él, para Mauricio Rodas. Cuando de la noche a la mañana surgió una posibilidad —al parecer una de las personas que estaba definida para participar en una candidatura decidió declinar— Mauricio Rodas me ofreció la candidatura a la Concejalía.

¿Esto ocurrió al cuánto tiempo de que usted empezara a participar en la organización?

Al poco tiempo. Yo entré cuando Mauricio estaba definiendo su alianza con Vive, cuando estaba definiendo la candidatura. Yo fui invitada al movimiento por un amigo en común. Una de las cosas que yo siempre voy a reconocer es que nunca se me exigió absolutamente nada, y más bien fue por mi esfuerzo y mi trabajo que me ofrecieron la concejalía.

¿Luego qué pasó? Llegó a la concejalía, incluso llegó a ser Vicealcaldesa. ¿En qué momento se quebró esa alianza que parecía prometedora según el contexto que nos cuenta?

Sí, parecía prometedora porque para mí SUMA representaba la posibilidad de hacer una nueva política. El haber obtenido esa votación tan abrumadora en 2014 era una suerte de reafirmación de que teníamos esa posibilidad.

En la práctica había una gran diferencia entre lo que se decía y se hacía y con el tiempo empecé a tener grandes diferencias con el Alcalde y su equipo.

¿Como cuáles?

Sobre cómo se tomaban las decisiones. Se privilegiaba una postura política y no una visión de ciudad, entonces empezamos a tener conflicto sobre el proyecto Quito Cables, sobre el proyecto Guayasamín. Ya cuando, con el pasar del tiempo, se empezaron a hacer expresas unas quejas de la ciudadanía, respecto de proyectos que no solo estaban siendo mal planificados y mal ejecutados sino que tenían serias sospechas de actos de corrupción y estaban ignorando a la población afectada sistemáticamente, yo tomé la decisión. No fue fácil, pero tampoco fue una decisión que me costó en términos éticos o personales, porque una de las razones por las que yo entré a SUMA y a la política fue para hacer una política distinta y para cambiar la ciudad.

Eso no se estaba haciendo, entonces había un divorcio completo entre las razones por las cuales estoy en política y lo que estaba pasando.

El cargo de vicealcaldesa no es de elección popular, es un cargo que se otorga en función de una relación de confianza y sobre una visión conjunta. Cuando eso dejó de existir, me parecía poco ético mantener un cargo solo por mantenerlo entonces puse mi cargo a disposición del Concejo y del Alcalde y me declaré independiente. Yo no estuve afiliada a SUMA entonces no tuve que desafiliarme, pero sí separarme y es fue en agosto de 2016.

Usted coincide con su posible rival, Juan Carlos Holguín, en el dibujo del panorama que ambos hacen. En ese sentido y considerando además que hay una treintena de posibles candidatos, ¿ha considerado la posibilidad de hacer alianzas con candidatos que puedan tener un proyecto similar o un pensamiento político similar o no?

El hecho de que existan coincidencias sobre la evaluación de una gestión no quiere, necesariamente, decir que haya una misma visión de ciudad. Considero que la posibilidad de establecer alianzas es factible pero únicamente en la medida en que existe una coincidencia en la visión y en la forma de hacer política. Yo no creo que la unidad por la unidad es deseable.

Ya hemos visto unidades en las cuales, simplemente por el interés de llegar a tener el poder se unen, y al momento que llegan al poder, es la repartición. Yo discrepo en la idea de que la fragmentación puede ser un problema porque hay que presentarle al ciudadano las opciones y son los quiteños quienes deben decidir frente a esas opciones. No creo que, cuando existen personas o equipos que quieren asumir el reto de gobernar la ciudad, tengan que declinar de ese sueño porque simplemente al parecer no tienen posibilidad de acuerdo a las encuestas. Hay que presentarle responsable y seriamente a la ciudad una propuesta, no solo para salir de esta crisis sino para encaminarla hacia el futuro, y que sean los quiteños quienes escojan.

Daniela Chacón fue electa en 2014 concejala de Quito por SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo.

Daniela Chacón fue electa en 2014 concejala de Quito por SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo.

La voz y la expresión de su rostro se endurecen, como si tras la respuesta sobria intentara evitar que sus ideas sean comparadas a la del otro posible candidato. Responde con firmeza, con un tono de voz un poco más alto, como imponiéndose.

¿No estaría dispuesta a declinar su candidatura por una alianza entonces?

Estoy dispuesta a trabajar en alianzas pero, insisto: esa es una posibilidad solo si existe una coincidencia en la visión de ciudad y en la forma de hacer política.

¿Usted cree que tiene posibilidades de ganar las elecciones?

Yo confío en que podemos ganar. Hay un absoluto abandono. Los quiteños estamos completamente abandonados. Estamos en un momento de mucha frustración y desesperanza en el que no necesariamente vemos una posibilidad de cambio, pero es en esos momentos cuando más se generan espacios para encontrar oportunidades de salir adelante.

En ese sentido nadie, independientemente de su trayectoria política, de su edad o de su posicionamiento, tiene una elección ganada. Creo que todo va a depender  de la capacidad de quienes estamos aspirando a la Alcaldía para presentar una propuesta sólida, que nos permita volver a soñar en que Quito puede ser una ciudad que supera sus problemas básicos y que, además, se encamina en una senda de desarrollo que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, que seamos una ciudad inclusiva, segura, resiliente.

Para lograr una candidatura, darse a conocer, a pesar de que usted ha tenido la visibilidad que le da la Concejalía, ¿quiénes le van a financiar?

Por lo pronto los financistas son la gente que nos quiere y nos apoya, familiares, amigos, la gente del movimiento. No tenemos una campaña millonaria ni mucho menos. Lo que estamos haciendo ahora sale de nuestros ingresos personales, por ejemplo si contratamos un video o ponemos una pauta en Facebook o redes sociales, que además son el principal medio a través del que me comunico con los quiteños.

El financiamiento es un reto. Creo que en la medida en que se presentan propuestas serias para la ciudad es perfectamente factible hacer un llamado a los ciudadanos para que hagan sus aportes independientemente del valor que puedan aportar. Una de nuestras propuestas será transparentar esa información.

Me encanta el ejemplo de Bernie Sanders o de Obama. Ellos llamaron a los ciudadanos a que sean quienes aporten a un proyecto de ciudad y con ese aporte, que puede ser desde un dólar, y estableciendo por supuesto un límite, también nos comprometemos con la construcción del proyecto. Es importante que se conozca quién está detrás de una campaña. Ahora la tecnología nos permite transparentar al ciudadano que lo que nosotros tenemos es un proyecto de ciudad, no un proyecto de políticos que quieren llegar al poder, no un proyecto de partidos que quieren salvar el partido, o de personas que quieren apuntalar una carrera política para algo más. sino un proyecto político propio. Quito no tiene proyecto político propio hace años y esa es una de las principales razones por la que estamos atravesando esta crisis.

¿No es un poco ingenuo pensar que los ciudadanos van a financiarla, si es que por otro lado tienen otros candidatos con grandes financistas de la empresa privada o la banca?

No es ingenuidad: es expresión de la nueva política que no solo tiene que ser sino parecer. Cada una de las acciones debe reflejar esa nueva política. Estoy segura que habrá candidatos que tienen padrinos, que tienen acceso a muchos recursos. La nuestra será una campaña austera pero no creo que el dinero sea el solo factor que garantiza una ganancia.

Entonces los videos que ahora vemos en redes, ¿quiénes los están financiando?

Un equipo pequeño de personas que me quieren, incluye mi familia, mis amigos, incluye mi propio sueldo: estoy bien endeudada. Tampoco son videos muy costosos, los videos que hacemos son donados, de personas que creen en nosotros y que nos prestan la producción y nos donan sus servicios o su trabajo como parte de su apoyo a este proyecto político.

Ríe al inicio de su respuesta, pero se pone nuevamente seria y retoma el hilo de lo que dice. Esa forma es repetitiva durante la entrevista. Sonríe mucho, ríe incluso en algunos momentos, pero retoma la seriedad del rol al que aspira.

¿Pero esas donaciones no son en mayor o menor medida, según lo que se done, lo que comprometen a un político? Una vez que el político llega, ¿no es cuando piden que devuelvan esas donaciones?

Creo que estamos mal acostumbrados a pensar que la política tiene que ser así. Yo establezco las reglas claras con las personas que trato. Hace dos semanas estuve en mi alma mater, en la Universidad San Francisco de Quito, dando una charla en Jurisprudencia. Nos invitan a los graduados a contarles a los futuros profesionales sobre cómo ha sido la vida del ejercicio de la profesión desde los diferentes ámbitos. A mi me invitan a hablar desde la política.

Una chica que estaba ahí me dice que me había conocido hace dos años en un foro y que me había preguntado cómo hago para enfrentar las posibilidades de la corrupción y esta idea de que todos los políticos que entran son corruptos. Yo le había respondido que no hago favores. Ella me preguntó esta vez cómo me había ido con esto de no hacer favores. Y claro, hay gente que no me quiere.

¿Pero qué quiere decir esto de no hacer favores?

Que tú no cedes a ningún tema que no sea al estricto cumplimiento legal y de tus funciones, simplemente porque estás en una función pública y el cumplimiento de eso implica entonces que cuando uno trabaja con gente que aporta a un proyecto sabe que está aportando a un proyecto político y eso no significa bajo ningún concepto que uno le tiene que deber un contrato, o recursos o poder porque sino de antemano llegamos atados de manos.

Chacón fue vicealcaldesa pero renunció al cargo al separarse se SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Chacón fue vicealcaldesa pero renunció al cargo al separarse se SUMA. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

A grandes rasgos, ¿cuál es su visión de ciudad?

Yo sueño en un Quito más humano.  Y un Quito más humano tiene una serie de aristas. La humanidad que ha perdido nuestra ciudad se expresa en que no es una ciudad que está construida pensando en niños de 8 años o abuelitos de 80 años; es una ciudad que no está construida pensando en que las mujeres tenemos necesidades específicas, porque para nosotras transitar en la calle o subirnos a los buses es completamente distinto de lo que es para un hombre.

Es una ciudad agresiva continuamente porque no nos hemos construido con una pertenencia a nuestra ciudad que haga que tengamos la capacidad de ser empáticos y respetuosos con la situación del otro. Cuando yo digo que la gestión debe ser humana, implica que debe estar al servicio de la gente. La infraestructura, el cemento y los servicios deben ser en función de las personas, y no de hacer un proyecto porque sí, para decir que se ha hecho algo, sino que atienda la necesidad de las personas.

Cuando sabes eso, sabes que tu primera inversión debe ser en aceras de calidad, que tal vez ese mega intercambiador no es tan necesario porque lo que primero necesitas es que la gente pueda circular, que las ciclovías sean seguras, que la gente pueda escoger la caminata y la bicicleta como medio de transporte sin sentir que están arriesgando la vida todos los días.

Esta gestión más humana implica que el Municipio se construye para facilitarle la vida a la gente, no para impedirle tanto su desarrollo personal como profesional. El otro día estuve con unos vecinos de Carcelén: han pasado 3 años y 18 mesas de trabajo para que les abran los baños en el parque.

No puede ser posible que un municipio esté tan preocupado de cumplir procesos internos que no se ocupa de la gente. El momento en que se ocupa de la gente entiende que detrás de ese papel, de ese trámite hay una persona con una necesidad, cambiamos la lógica del municipio, humanizamos la gestión y cumplimos con los 4 objetivos de desarrollo sostenible. No hay que inventarse el agua tibia. Ya hemos suscrito una serie de convenios internacionales. Tenemos que convertirnos en ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Esos son nuestros cuatro pilares, hacia allá debemos trabajar.

Dentro de esta ineficiencia o burocracia que usted menciona entra un tema del que han hecho mención otros candidatos: las mafias que pueden estar ocupando el Municipio. Hemos visto además funcionarios de alto nivel investigados en procesos judiciales, el tema este de los pagos irregulares o ilegales para obtener permisos de funcionamiento de los taxis.

¿Usted cree que hay, en efecto, mafias que están operando dentro del municipio o en conjunto con el municipio y que están impidiendo el desarrollo de la ciudad?

Lo que estamos viendo es el reflejo de una forma de hacer política que no es solo de los últimos diez años, sino que es continua en Ecuador. Tiene que ver con que las personas que llegan al poder privilegian su carrera política frente a las decisiones difíciles de la ciudad lo que implica que los actores de interés tienen más posibilidad de presionar para su beneficio.

En el caso específico de los taxis sí creo que hay una mafia en el sentido de que ves claramente involucrados a los altos funcionarios de movilidad de la Alcaldía de Mauricio Rodas, algunos miembros del Concejo y malos dirigentes del taxismo que se benefician de un acuerdo que, además, yo denuncié a tiempo. Fui la única que votó en contra de esa resolución.

Creo que también, y esto no hay por qué esconderlo, que la manera en que el alcalde Rodas trató de obtener gobernabilidad a través de la entrega de espacios de poder en el Ejecutivo a través de las administraciones zonales o de las empresas públicas, sí genera una lógica mafiosa. No puedo decir que sea una mafia pero sí genera una lógica mafiosa.

Entonces el reto es en doble vía: el primero en que el líder, la líder en este caso, exija transparencia, rectitud, honestidad, y eso se empieza a regar. Otra cosa que hemos planteado a inicios de este año y está en trámite en el Concejo, ojalá se logre resolver, sino será de las primeras cosas que hagamos, es la implementación de un sistema antisoborno.

En el mundo entero se creó una norma, la ISO 37001, que establece sistemas de gestión antisoborno. Determina en cada uno de los procedimientos dónde está la discrecionalidad porque ese es el primer factor para la corrupción.

Explíqueme un poco eso.

Un ejemplo muy concreto, lo de los taxis. Se estaba determinando la necesidad de casi 9 mil cupos para regularizar y había 17 mil personas que estaban prestando el servicio. La resolución que determina cómo se iban a entregar esos cupos le daba la total potestad a la Agencia Metropolitana de Tránsito para definir esos parámetros.Esa discrecionalidad permitía, por ejemplo, que carpetas que ingresaban supuestamente con todos los requisitos para obtener un cupo de taxi, se descalificaban por no presentar la cédula a color. Es una discrecionalidad enorme que permite que se den estos acuerdos colusorios.

El poder establecer este sistema de gestión antisoborno es la manera de prevenir que el acto de corrupción se cometa porque haces que el procedimiento sea lo más corto, lo más efectivo, lo menos discrecional posible y a la para de eso, vigilancia. Es decir Quito Honesto es una entidad que debe ser transformada completamente, no puede ser el presidente de Quito Honesto sea designado por el propio alcalde a quien tiene que vigilar: tiene que ser nombrado por una comisión que sea definida a través de un concurso de méritos y oposición, por ejemplo, y que tenga potestades sancionatorias, eso requiere una reforma legal en la ordenanza, eso lo podemos hacer y esa es la manera en que se combate la corrupción.

De todas maneras, estos funcionarios pueden estar adentro actuando de forma irregular, ¿qué posibilidad le da al próximo alcalde de limpiar estas mafias por llamarlo de alguna manera o de limpiar estas áreas en las que puede haber focos de corrupción?

Nosotros hemos ya identificado las áreas más críticas en las que hay que implementar inmediatamente este sistema antisobornos: Dirección de Catastros, Registro de la Propiedad, Dirección Tributaria, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, y Administraciones Zonales.

Bastantes.

Es bastante, pero el Municipio es mucho más grande que eso. Es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, pero tiene que haber la decisión política de implementarlo. Eso significa asignar presupuesto.

Otra cosa es hay que hacer es utilizar las herramientas administrativas que otorga la Ley. Hemos escuchado una serie de malos funcionarios que hacen quedar mal a los buenos funcionarios y no hay sanciones administrativas. Es el Alcalde el único que tiene la potestad de iniciar un proceso administrativo para separar un funcionario.

¿Solo el Alcalde puede hacer eso?

Sí, sólo el alcalde. El Concejo de no lo puede hacer.

¿Y por qué no se plantea una reforma a la normativa que plantea eso?

Porque es reforma al Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Yo creo que si bien es algo que se debe impulsar, la alcaldesa de una ciudad debe impulsar esos cambios que se deben dar en el Ejecutivo y en el legislativo para favorecer la gestión de las ciudades, no se puede ofrecer lo que no está en nuestros manos.

Pero se la podría plantear en la Asamblea

Sí, pero además es voluntad política y si quien lidera la ciudad no tiene voluntad política se ve reflejado lo que vivimos en este momento.

"El Municipio no es pobre, gasta de manera ineficiente", Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

“El Municipio no es pobre, gasta de manera ineficiente”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Usted mencionaba hace un momento el tema del presupuesto del Municipio. Fernando Carrión, exconcejal y docente,  decía en medios que el presupuesto con el que contará el próximo alcalde es de 1.534 millones, más del 60% está destinado al Metro de Quito y el 38% al gasto corriente. Eso suma 98%. ¿qué se puede hacer con ese presupuesto restante?

Discrepo con Fernando Carrión. El Municipio no es pobre, gasta de manera muy ineficiente. En la administración de Barrera se compró un sistema de semaforización inteligente por 22 millones de dólares, que en esta administración está apagado para contratar a más de 2 mil agentes para que estén abajo de los semáforos como asistentes de semáforos con el celular en la mano. Eso es desperdicio administrativo y financiero.

¿Y por qué no se usa el sistema?

Esa es una pregunta que habría que hacerle a Mauricio Rodas.

¿Pero en todo caso, no es un presupuesto bajo para la Alcadía?

No es un presupuesto que no nos permite trabajar. Nos quieren vender esta idea de que 700 millones de dólares es poco. Ese es el presupuesto aproximado, por año. El resto, lo que está asignado para el metro es un monto que la ciudad irá pagando los próximos años y ya está en el servicio de deuda. Por supuesto que hay un exceso de gasto administrativo y eso también hay que entrar a sanear.

No se hace de la noche a la mañana, también creo que es importante no vender humo. No decir que vamos a construir los mega intercambiadores cuando quizás eso ni siquiera sea necesario. En épocas de austeridad nos obligamos a ser creativos. La concejalía no tiene capacidades de ejecución pero igual trabajamos en los barrios, ayudamos a mejorar sus espacios públicos, hemos hecho alianzas con la academia, con la empresa privada, con las organizaciones de la sociedad civil y a través de mingas, por ejemplo, hemos readecuado parques.

¿Y esa podría ser una pauta para la Alcaldía?

Por supuesto. Los juegos infantiles y los de los adultos mayores para gimnasia son importados. Eso podríamos producir aquí con materiales reciclados, con llantas, con pallets y podemos hacer juegos que son perfectamente buenos a una mínima del costo de lo que implica la importación. Son esas decisiones las que marcan la diferencia entre ver de manera pesimista el hecho de que existe un presupuesto limitado o ver qué podemos hacer para superar ese reto.

También mencionaba usted el tema de la burocracia. Se mencionaba que en el Municipio de Quito hay 17 mil funcionarios, casi cuatro veces más de los que tiene el Municipio de Guayaquil a pesar de que esa es una ciudad con más habitantes que Quito. ¿Usted  cree que hay que reducir el tamaño y recortar personal?

Creo que sí hay que ser críticos en cómo ha crecido el aparato municipal. No solo en esta administración, sino en las dos anteriores. Eso nos tiene que llevar a determinar en qué áreas hay exceso de personal y en cuáles falta para que las cosas se hagan de manera más eficiente.

Me parece un error compararnos con Guayaquil: el hecho de que una tenga mucho menos empleados no quiere decir que sea una ciudad que esté atendiendo a las necesidades básicas de los ciudadanos.

Creo que debemos escapar de la lógica de importar el modelo exitoso de Guayaquil cuando Quito tiene su propia lógica y debe tener su propio desarrollo pero sí es necesario hacerlo más eficiente al Municipio.

Nosotros hemos estado trabajando con una consultoría que se contrató en esta administración. La hizo la Price Waterhouse Coopers y costó alrededor de 400 mil dólares, está archivada en un cajón en el escritorio del Alcalde.

Esta cosultoría ya determina cuáles son las áreas del municipio en las que hay sobrecarga de tramitología y burocracia.

Por supuesto que hay que trabajar en planes de jubilación, hay que trabajar para ser más eficientes, estamos en una situación en que Quito atraviesa una crisis económica, Quito tiene la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa pobreza del país entonces tenemos que hacer más eficiente el aparato administrativo.

Pero no se trata simplemente de decir hay que sacar a la gente sino de encontrar las ineficiencias y tener un plan para que el exceso de personal vaya saliendo con el pasar de los años. Hay que ser responsables con eso. A la par hay que trabajar para generar oportunidades de empleo porque sino no le estamos dando a la ciudad.

Pero usted me dice que ya existe esa consultoría que indica lo que habría que hacer. ¿No se la ha utilizado para implementar los cambios?

No se ha implementado. La ejecución de esa consultoría le corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

¿Qué establece?

Que hay una serie de secretarías que deben fusionarse.

¿Cuándo terminó esa consultoría?

Me parece que en 2016.

"Me parece un error compararnos con Guayaquil", Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

“Me parece un error compararnos con Guayaquil”, Daniela Chacón. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

De lo que sabemos hasta ahora usted sería la única candidata mujer para la Alcaldía de Quito. ¿Cómo ve eso?

Me ilusión sobremanera la posibilidad de ser la primera Alcaldesa. No solo por mí, aunque sería también una meta cumplida en  mi desarrollo personal y profesional.

Me encantaría que haya muchas más mujeres candidatas a la Alcaldía porque eso querría decir que seguimos llegando más. Seguimos en un mundo político masculinizado. Si bien las cuotas y la ley de paridad nos ha permitido tener más acceso en los legislativos principalmente. En los ejecutivos no estamos ahí.

En las elecciones de 2014, de 221 cantones solo hay 16 alcaldesas mujeres, de 24 prefecturas solo hay 2 mujeres. En Pichincha no hubo candidatas a la Prefectura, en Quito hubo una mujer candidata a la Alcaldía y pasó desapercibida. Creo que independientemente del resultado, es importante que las mujeres nos animemos, que presentemos nuestras candidaturas a cargos ejecutivos porque creo que las mujeres, y ahí me incluyo, somos muy duras con nosotras mismas: cuando está en un ambiente muy masculino trata de cargarse responsabilidades que no le competen, sobreexigirse para salir adelante.

Debemos entender que las mujeres no somos ni mejores ni peores, simplemente somos distintas. Tenemos una sensibilidad distinta, aptitudes y liderazgos distintos y yo sí creo que es momento de que Quito tenga una mujer con experiencia, que tenga una visión de una ciudad más humana, y que esa capacidad que tenemos las mujeres de ocuparnos de todos y todo a la vez, se ponga al servicio de Quito.

Esta suele ser mi pregunta de cierre. ¿Qué errores ha cometido?

Hubiera querido hacer algunas cosas distintas. Tal vez tener más valentía y más energía para enfrentar las cosas que no me gustaban desde un principio, y no esperar a que las cosas cambien para hacer un pronunciamiento.

En mi relación con el alcalde Rodas empecé a tener problemas no mucho tiempo después de habernos posesionado. Creo que fui muy dócil, muy buena, ingenua tal vez también, de dar siempre una apertura para el cambio y cuando vi que eso no se daba, seguí insistiendo, y creo que a veces uno tiene que ser más radical en ese sentido.

Otra cosa que no me la atribuyo al 100% porque no depende de mi al 100%, pero sí me hubiera gustado poder asumir un rol de mayor liderazgo en el Concejo Metropolitano. No me lo atribuyo 100% porque soy 1 de 21. Pero siento que pude tener la posibilidad de llevar adelante algunas cosas que no se dieron y que hubieran hecho que, quizás, sea un Concejo un poquito mejor evaluado de lo que ha sido.

No me arrepiento de las decisiones que he tomado: uno aprende más de los errores que de otras cosas y si es que una lección me han dejado estos años, diría que es la convicción de que sí hay cómo hacer política honesta y de servicio a la gente y empoderarme cada vez más de mi rol de política, de ejecutiva y de que no tengo que estar pidiendo disculpas a nadie por querer cambiar mi ciudad.

Impaqto Quito

Los mares del Ecuador a la deriva

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El Ecuador es un país con una singular relación con el océano: sus aguas territoriales abarcan un área cinco veces superior a su extensión terrestre. En esa amplísima superficie de cerca de un millón y medio de kilómetros cuadrados (un área más grande que el Perú), existen 24 ecosistemas marinos y costeros de los 27 reconocidos a nivel global. En las aguas del Ecuador , además, a mil kilómetros del continente, está uno de los santuarios naturales más importantes del planeta: las islas Galápagos, cuya preservación ha sido fundamental para comprender cómo funciona la vida en nuestro planeta. La existencia del archipiélago ha hecho que la administración, gestión y conservación de los mares ecuatorianos esté regida por la legislación general que abarca la costa continental, y un régimen especial aplicable únicamente a las Galápagos. La conservación de las especies y recursos marinos se ha convertido en un reto para el Estado ecuatoriano, no siempre con resultados satisfactorios. Este reporte revisa ciertas áreas de especial interés, y preocupación, de la situación de los mares del país.

Pesca ilegal y sobreexplotación

En agosto de 2017, el barco carguero chino Fu Yuan Yu Leng 999 fue detenido cuando atravesaba las aguas de la reserva marina del parque nacional Galápagos con 300 toneladas de pesca, entre ellas especies protegidas. Los reportes de prensa iniciales hablaban de más de seis mil tiburones en la embarcación. La reserva marina de Galápagos es una especie de corona imaginaria de 40 millas náuticas que rodea las 330 islas, islotes y rocas que conforman el archipiélago en el que Charles Darwin encontró, a mediados del siglo XIX, las especies que evidenciaban su teoría de la evolución.

Barco chino en Galápagos

Fu Yuan Yu Leng fue la embarcación china interceptada por la Armada del Ecuador.

La detención del barco chino produjo una intensa indignación en el Ecuador. Un año después, el caso ha sido olvidado por un país sumido en discusiones políticas coyunturales. La discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice Felipe Vallejo, director de la organización no gubernamental Equilibrio Azul. El problema es cotidiano y antiguo. Cuando se creó, en 1988, la reserva marina de Galápagos, para intentar controlar la pesca ilegal los barcos pesqueros chinos “se ponían en el límite para recibir el pepino de mar que era capturado por la gente de Galápagos” dice Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros. Fue tal la avidez por el pepino de mar, altamente apetecido en Asia, que en apenas tres décadas la especie se puso en riesgo de extinción.

En Galápagos hay 38 especies de pepino de mar, pero solo una se pesca para comercializar. Tal fue la depredación de la especie que en 1992 se prohibió definitivamente su pesca, pero, en la práctica, jamás se detuvo. Desde 2004, el número ha estado por debajo de 13,5 pepinos por cada 100 metros cuadrados. Desde entonces solo ha caído.

El escándalo por el buque chino con las 300 toneladas de pesca ilegal terminó con una declaración triunfalista del entonces Ministro de Ambiente. Pero la pesca ilegal en el Ecuador no viene solo de las flotas industriales —nacionales y extranjeras— que operan en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva de Ecuador.Santiago Bucaram, explicaba en 2017 que para las especies altamente migratorias en peligro de extinción, como los tiburones, la actividad pesquera de la flota artesanal palangrera del Ecuador continental era también un riesgo. El palangre es un arte de pesca de alto impacto, que consiste en una línea horizontal de varios kilómetros de las que salen varias líneas de anzuelos.

Un palangre puede tener diez mil anzuelos, que atrapan todo cuanto pasa por ellos. Diseñado para la pesca comercial (picudos, pez espada, atunes, DORADOS), por su dimensión y su incapacidad para distinguir entre especies, también captura, tortugas, lobos y aves marinas, mantarrayas y, por supuesto, tiburones. Felipe Vallejo dice que a los tiburones se los ha pescado tanto que “ los están acabando en el mar continental.incluso en áreas protegidas ya no se los ve. En cambio, uno va a cualquier puerto pesquero y ve tiburones muertos por todos lados”. Según un informe de WWF, los recursos sobreexplotados en el Ecuador son peces pelágicos pequeños —como la sardina o pinchagua, la macarela y el chuhueco—, ciertas especies de peces demersales, de lento crecimiento como los pargos, los meros y las chernas la concha prieta y el cangrejo azul. El tiburón ocupa un lugar especial en la sobreexplotación, porque su pesca en el Ecuador solo está permitida si es incidental. Es decir, si se los atrapa por accidente.

La flota artesanal continental ecuatoriana está compuesta por más de 45 mil embarcaciones. La mayoría zarpa del puerto de Manta hacia las Galápagos. La definición de ‘pesca incidental’ fue hecha en un decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente Rafael Correa (en julio de 2007). Según explica Bucaram, es arbitraria porque “quienes deciden la condición de incidentalidad de la captura son los mismos pescadores”. De acuerdo a un estudio de 2015, se capturan, por los menos, un cuarto de millón de tiburones cada año. Según Bucaram, “esta cifra hace dudar que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”. Bucaram explica en su ensayo que una porción sustancial de la captura de estos tiburones se obtiene en el borde de la reserva marina de Galápagos. “Las embarcaciones artesanales ecuatorianas no están obligadas a llevar sistemas satelitales de rastreo, por lo que potencialmente podrían haber ingresado, desde el continente, sin ser detectadas a las aguas de la reserva marina para pescar.” Una fuente que pidió que su identidad se mantenga en reserva dijo que la pesca dirigida de tiburones, tanto en el continente como en las Galápagos, es un secreto a voces: “Los pescadores dicen ‘ah ponemos esa arte de pesca -el palangre- porque es la buena para tiburones’. Lo hacen de forma totalmente abierta, y es irónico porque también es super oculto: el gobierno insiste en que no hay pesquería de tiburón”.

Pescadores artesanales de Galápagos

Pescadores artesanales de las Islas Galápagos. Fotografía: depositphotos.

La falta de estadísticas es un problema grave en el Ecuador, país que, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es uno de los 25 en el mundo con mayor producción de pesca en el mar. De acuerdo al organismo, la producción ecuatoriana pasó de 643.176 toneladas en 2015 a 715.357 el año siguiente: un incremento de más del 11%. Según la Cámara Nacional de Pesquería —que aglutina a la mayor parte de la flota atunera ecuatoriana y de pelágicos pequeños, a industrias de producción de pescado fresco, congelado, en conservas y harineras— entre 2012 y 2017, la pesca aportó anualmente al Ecuador alrededor de 1.500 millones de dólares en exportaciones. . Además, dice el gremio, la industria emplea directamente a alrededor de 108 mil personas. La industria formal que es, en términos económicos, altamente productiva, tiene un costo en conservación: es tan grande que el Estado no alcanza a monitorear y vigilar la actividad pesquera en el Ecuador —lo que permite que la pesca ilegal prospere, explica el exfuncionario de pesca.

Un exfuncionario del Ministerio de Acuicultura y Pesca dice que en el Ecuador no hay una medida ni cuantificación oficial de cuánto suma la pesca ilegal en el país. Hay “hay mucha ‘cifra negra’”, dice el exfuncionario. En el Ecuador hay cerca de 300 inspectores de pesca, pero “no todos están cumpliendo su labor. Es algo que pasa en todo el mundo, si el fiscalizador no hace bien su trabajo, la cifra reportada no es verdadera.”

La información de cuánto produce la pesca ilegal, en términos económicos, es solo referencial. El precio del kilo de la aleta de tiburón es de 650 dólares. Si el barco chino, que fue detenido en 2017 en la reserva marina de Galápagos, llevaba 300 toneladas de tiburón y la aleta es el 5% del peso de un tiburón promedio, podría decirse que el carguero llevaba unas 15 toneladas de aletas: potencialmente casi diez millones de dólares solo en esa captura. Vallejo considera que a la hora de determinar cuánto le cuesta al Ecuador la pesca ilegal, es necesario considerar el dinero público invertido en producción pesquera. “Al igual que en otros países, toda esta sobrepesca es subsidiada, si no, la pesquería no sería negocio”. Por ejemplo, en el Ecuador, los combustibles que utilizan los pescadores en sus embarcaciones están subsidiados. “La pesca recibe varios tipos de subsidios y apoyos que, sumados, dan muchos millones de dólares al año”. Es así como Vallejos sentencia que “vamos a terminar con las especies marinas con plata pública” dice.

Más de 9.500 toneladas de plásticos vertidos al mar

La contaminación por plástico es uno de los mayores desafíos ambientales en los océanos del planeta. Cada año, se vierten en los mares del mundo hasta 13 millones de toneladas de este material. La producción de plástico, según el programa para el medioambiente de las Naciones Unidas, seguirá su curva ascendente: de casi cero en la década de 1950 se ha disparado hasta 262 millones de toneladas en 2013. Para 2050, se estima que la producción alcanzará las 1.800 toneladas.

océano contaminado por plástico

Un estudio señala que casi la mitad de las especies de rayas mobula están amenazadas por los microplásticos. Foto: Elitza Germanov / Fundación Megafauna Marina.

Según cifras de gobierno, en las áreas costeras del Ecuador viven cerca de 2 millones de personas: el 13% de la población total. De las más de 4.100.000 toneladas de desechos que se producen en el país anualmente, el 11% corresponde a plástico. Es decir, 451 mil toneladas. Aunque no existen cifras claras sobre qué porcentaje de ese total llega hasta el mar ecuatoriano, el informe Basura Marina del programa para el medioambiente de las Naciones Unidas, estima que más de 9.500 toneladas de plásticos vierte el país al océano pacífico. El equivalente al peso de 48 ballenas azules, el mamífero más grande del planeta.

A pesar de ello, un informe de las Naciones Unidas señala que “el país ha impulsado una serie de medidas para fomentar el “desarrollo limpio” y abordar el problema de la contaminación desde tierra firme”.

En efecto, el Ecuador es parte de la campaña Mares Limpios de la ONU, que busca que “los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se comprometan para reducir drásticamente la contaminación por plásticos en los océanos”.

En 2014, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos prohibió el comercio, distribución, expendio y entrega de bolsas plásticas desechables. Según una nota del programa de Ambiente de las Naciones Unidas, un programa de gestión de residuos en la isla de Santa Cruz, la más poblada de las Galápagos, ha logrado hasta un 45% de recuperación de residuos sólidos reciclables, el porcentaje más alto en Ecuador.

La investigadora Kate Huyvaert, de la Universidad de Colorado, señala en una investigación que la presencia de plástico en los cadáveres de pichones de albatros muertos en la isla Española, en las Galápagos, era de 0% en 2007. Cuatro años después, había subido a 20% y en 2016, encontró plástico en cuatro de cada diez casos. Un reporte de la organización no gubernamental Mingas por el mar, dice que entre el 25 de marzo y el 30 de junio de 2018 recogió más de 4 mil kilos de plásticos en jornadas de limpieza comunitaria en 26 playas de 2 localidades del Ecuador. De esas cuatro toneladas, el 17% eran insumos de pesca abandonados. El 83% restante, era basura producida en centros urbanos. De ese total, apenas el 16% era material reciclable.

Estado de conservación

Felipe Vallejo, de la fundación Equilibrio Azul, dice que la situación de los océanos en el Ecuador es más precaria que nunca: “contaminación, impacto pesquero, cambio climático, no hay datos completos como en otros países”. Vallejo señala que “hay mucha gente valiosa en el Ministerio del Ambiente y en las áreas marinas protegidas, a la que le interesa de verdad preservar los mares ecuatorianos, pero el principal problema es la falta de recursos”.

Según Felipe Vallejo, las declaratorias de áreas protegidas no siempre son eficientes: “Muchas de estas áreas marinas son áreas protegidas de papel: están en un decreto, pero la realidad es que no hay ningún tipo de protección.. Si decretamos áreas protegidas pero no las dotamos de recursos, en realidad no cuidamos al mar”.

tortuga marina en Galápagos

Una tortuga marina en las Islas Galápagos, Ecuador. Fotografía: depositphotos.

En el parque nacional Machalilla, al igual que en la reserva marina de Galápagos, dice un funcionario del Ministerio de Pesca que prefiere el anonimato, “se pesca todos los días, aunque se supone que está prohibido”. Ni siquiera Galápagos, que es la que mayores recursos tienes, alcanza a ser debidamente controlada: la dirección del parque nacional Galápagos tiene cuarenta funcionarios en tareas de control y patrullaje, dos lanchas oceánicas, cinco lanchas costeras rápidas, dos botes inflables para bahía y un hidroavión. Es muy difícil abarcar el mar que debe controlar con tan limitados recursos.

La Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Ecuador Continental (Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena), actualmente está conformada por 19 áreas en las 5 provincias costeras del Ecuador continental y abarcan una superficie de 679.295 hectáreas. A esas áreas se suman los dos parques nacionales costeros: Galápagos y su reserva marina, y el parque nacional Machalilla.

El país es parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa regional liderada por los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. “La iniciativa busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros, mediante un manejo ecosistémico y establecimiento de estrategias regionales gubernamentales conjuntas”, explica el Ministerio de Defensa. “Esta decisión se implementa a través de áreas núcleo, en nuestro país, son las Islas Galápagos”. El CMAR tiene entre sus propósitos, propiciar el manejo y la conservación de los recursos marinos, mejorar y consolidar la gestión de las Áreas Marinas Protegidas que conforman el corredor, establecer un marco regional que facilite el desarrollo y le gestión integral del corredor, compatible con las políticas y legislaciones nacionales, entre otros.

Según el Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, desarrolla “algunos proyectos de cooperación alineados a las necesidades de esta zona, con fondos del GEF, de la BMZ; organismos intergubernamentales y cooperación técnica como FAO, PNUD, COI UNESCO, GIZ y organizaciones no gubernamentales, como WWF, CI Ecuador”. Además, dice el Ministerio, una de las prioridades del Ecuador ha sido la preservación del ecosistema manglar, “a través de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar entregados a usuarios tradicionales y ancestrales de este ecosistema, promueve la conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos”. Según el organismo, se habrían entregado 52 acuerdos que abarcan una superficie de más de 68 mil hectáreas de manglar.

La amenaza de los derrames de petróleo

El Ecuador es un país petrolero. A diferencia de la idea generalizada, el primer hallazgo de crudo no fue en la Amazonía, sino en el pequeño pueblo pesquero de Ancón, donde en 1911 una compañía británica explotó los primeros pozos petroleros del país. Más de un siglo después, el mar del Ecuador sigue repleto de petróleo y gas licuado. Junto al de Ancón, hay 10 campos petroleros. Al sur, cerca del refugio de vida silvestre isla Santa Clara, está el campo Amistad.

La península de Santa Elena, el punto más saliente del país hacia el Pacífico, está divida en bloques petroleros marcados desde la B01 a la B05. Son los únicos bloques petroleros ecuatorianos que no están en la Amazonía, donde existen 82 más.

El derrame de petróleo es una amenaza constante en el océano ecuatoriano. En 2008, la rotura de una tubería en la refinería de Santa Elena, contaminó casi un kilómetro cuadrado en aguas de la costa frente al balneario de La Libertad y cerca de Puerto Lucía. En los últimos 5 años ha habido al menos un derrame de petróleo considerable en Esmeraldas. El más reciente, fue en la playa de Las Palmas, donde se derramaron 20 barriles de crudo liviano. La zona, muy cercana a la frontera con Colombia, vive en un estado de abandono y desidia hace varias décadas, registrando los números más altos pobreza, analfabetismo y homicidios por cada cien mil habitantes.

Proyectos de ley detenidos en la Asamblea Nacional

Las medidas de conservación y protección de los espacios marinos en el Ecuador están plasmadas en una serie de cuerpos legales. La norma suprema que rige el cuidado de los oceanos en el país es la Constitución de la República, “a través de los artículos relacionados a los derechos de la naturaleza, ecosistemas frágiles y conservación del patrimonio natural del Estado”, según el Ministerio de Ambiente.

Además, a nivel internacional, el Ecuador está adherido a algunos convenios Internacionales como la Organización Marítima Internacional, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL). “El país, en el marco de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 14, presentó 14 compromisos voluntarios nacionales que contribuirán a la protección del océano” dice el Ministerio de Ambiente.

La Ley de Pesca, que data de 1974, es quizá la pieza de legislación que mayor incidencia tenga en la salud de los océanos en el Ecuador, por la gran dimensión de sus flotas pesqueras, tanto industrial, como artesanal.

En la Asamblea Nacional del Ecuador (el poder legislativo) reposan tres proyectos de reforma a esta ley, sin que ninguno haya prosperado. El Ministerio de Acuacultura y Pesca redactó, en diciembre de 2017, un proyecto de ley para sustituir completamente a la actualmente vigente. Santiago Bucaram, economista experto en recursos naturales, lo calificó de “un buen comienzo” que necesitaba “algunas mejoras”. Sin embargo, hasta septiembre de 2018, el proyecto de ley ni siquiera había sido presentado ante la Asamblea Nacional.

Sí, como dice Vallejo, el estado de los mares es el peor posible, y la falta de recursos es la constante, las declaraciones rimbombantes y sobreentusiastas del gobierno y los ministros de ambiente de turno no serán sino solo promesas de papel.


*Este texto fue publicado originalmente en Mongabay Latam.

Perpetuando la violencia contra las niñas, en corto

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La nota que preparó En Corto, de Teleamazonas, por el Día Internacional de la Niña es una combinación de indolencia, estereotipos e ignorancia. También es una muestra de pésimo periodismo y la banalización y sexualización que permiten que las niñas sigan en riesgo en el Ecuador.

Desde hace siete años, el 11 de octubre es la fecha para visibilizar y exigir más derechos para un grupo doblemente vulnerable —por su edad y por su género. Pero el segmento de farándula y humor parece haber olvidado estas dos ideas básicas.

En el minuto y pocos segundos que dura la nota, la reportera Alejandra Boada —jean*, dos cachitos en el cabello, oso de peluche en mano— habla con una voz aguda (fingiendo ser menor de edad) y aborda a cuatro funcionarios públicos, a quienes llama “mis tíos de la política farandulera nacional”.

Primero se acerca al secretario nacional de comunicación Andrés Michelena. Le dice “tío Andy”. Él se ríe (reacción inmediata por su atuendo y tono de voz), le pregunta si es una niña y luego la felicita. Enseguida saluda a Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, a quien también le dice tío.

Más allá del vacío diálogo (nunca se menciona el motivo de la conmemoración a las niñas, ni se habla de sus derechos, ni nada de nada) el acercamiento (llamar tío a todo el mundo) es el más equivocado que se puede elegir: según manuales de prevención de abuso sexual infantil, los padres no deben obligar a sus hijos a tratar con cariño a adultos desconocidos, saludarlos con beso o decirles tíos. Pues en ese ambiente de confianza es donde se producen la mayoría de abusos. La nota de En Corto, consciente o inconscientemente (eso lo sabrán casa adentro), recurre de forma evidente a la fantasía sexual de una adulta vestida de menor de edad.

El programa degenera con dos encuentros más. Cuando llega a saludar al Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, él la mira dudoso, cuando ella dice que es una niña.

— ¿Niña?, pregunta Campana.

Niñota, lo corrige la reportera, mientras mira a la cámara con un gesto de inevitable doble sentido.

Niñota, feliz día de la niñota, continúa Campana.

La escena de un incómodo y desagradable coqueteo —de una supuesta niña con un adulto— no concluye la nota. Finalmente, la periodista le pregunta al ministro de Economía Richard Martínez si tiene hijas.

— Dos hijas maravillosas, responde Martínez.

—Hasta que le hacen suegro, dice Boada y regresa a ver a la cámara con una mueca.

Una respuesta y una mueca que ignoran que el 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casará antes de cumplir 15 años.

Una respuesta y una mueca que ignoran que en el Ecuador cada año 2700 niñas menores de 14 años quedan embarazadas y que esas son, según la ley,  2700 violaciones sexuales.

Una respuesta y una mueca que ignoran que el embarazo y el matrimonio de niñas es un problema real y que el Día Internacional de la Niña intenta denunciar estos problemas para que más niñas acaben la escuela y estén libres de violencia.

Ese círculo de violencia en el que seguramente sus madres, abuelas y bisabuelas han estado y que solo ellas, las niñas, cambiando el presente, podrán romper. La burla y la farándula no pueden ser argumentos para defender programas que denigran a las niñas. Programas como este crean narrativas equivocadas en los televidentes: es probable que la próxima vez que alguien hable del día de la niña haya un grupo de personas que lo único que recuerde es a Alejandra Boada con cachitos.

*En la primera versión de este texto decía que Alejandra Boada vestía un short jean. Hemos corregido la información porque lo que parecía un short en la pantalla era un jean con huecos, lo cual no cambia en absolutamente nada el análisis.

Prueba de vida: ¿cómo reconocer a un extraterrestre si ves uno?

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¿Qué te convencería de que los alienígenas existen? Esta pregunta surgió hace poco en una conferencia de astrobiología en la universidad de Stanford en California. Muchas ideas fueron compartidas —gases inusuales en la atmósfera del planeta, extraños gradientes de calor en su superficie. Pero ninguna parecía convincente. Finalmente, un científico ofreció una solución: una fotografía. Entre la audiencia de investigadores hubo muchas risas y murmullos de aprobación: sí, una foto de un alienígena sería evidencia convincente, el Santo Grial de las pruebas de que no estamos solos.

Pero, ¿por qué una foto sería tan convincente? ¿Qué veríamos que nos demostraría que no estamos viendo a una pila de rocas más? Un extraterrestre en un planeta que orbita una estrella distante sería tremendamente exótico, quizás inimaginable. ¿Qué, entonces, lo definiría como vida? La respuesta es relevante a nuestra investigación sobre alienígenas y qué podríamos esperar que encontremos.

La astrobiología —el estudio de la vida en otros planetas— ha pasado de ser una subdisciplina marginal de la biología, la química y la astronomía para convertirse en un campo interdisciplinario líder, que atrae a investigadores de las instituciones más prestigiosas del mundo,  mucho dinero de la NASA y financiamiento privado. Pero, ¿qué es lo que los astrobiólogos buscan? ¿Cuándo sabremos que es hora de celebrar?

Lo que separa a un ser vivo con un ser no vivo es su diseño aparente. Los seres vivos —desde la bacteria más simple a los grandes secuoyas— tienen grandes cantidades de partes complejas que trabajan juntas para que el organismo funcione. Piensa en tus manos, tu corazón, tu brazo, mitocondria, cilios, neuronas, uñas de los pies —todas colaborando de forma sincronizada para ayudarte a mover, comer, pensar y sobrevivir. Las formaciones rocosas más hermosas carecen incluso de una pequeña fracción de las innumerables partes de una única célula bacteriana que coordinan para ayudarla a dividirse y reproducirse.

Y los seres vivos —a diferencia de la tierra y el viento— parecen tratar de hacer cosas como comer, crecer, sobrevivir, reproducirse. Si alguna vez has tratado de aplastar un insecto, sabrás que no se requiere de una mente compleja para que un organismo parezca que quiere sobrevivir. O para que una ardilla “quiera” saltar de una rama a la siguiente. O para que una planta “intente” alcanzar el sol y absorber los nutrientes del suelo. Los seres vivos no solo tienen muchas partes complejas, sino que todas tienen el mismo propósito común: la supervivencia y la reproducción. Esta combinación de diseño complejo y propósito aparente —también conocido como adaptación— define la vida. Cuando miramos esa foto de un extraterrestre es exactamente esta adaptación la que nos haría decir: “¡Ajá!” Podríamos claramente ver  la diferencia entre una decepcionante pila de rocas y un emocionante extraterrestre. Esta es una buena noticia porque solo existe una forma de obtener dicho diseño: la selección natural.

La selección natural ocurre cuando tienes una colección de cosas (células, replicadores, aves, una especie imaginaria que llamaremos ‘glipgloops‘) que tienen tres propiedades: variación, herencia y éxito diferencial. Por ejemplo, algunos de los glipgloops que mencionamos tienen ojos más largos que otros (variación). Los i de ojos largos tienen bebés de ojos largos (herencia de la variación). Y los glipgloops con ojos largos pueden ver mejor sus agujeros de metano y, por lo tanto, tener más bebés (este éxito diferencial está vinculado a esa variación). El resultado es que, con el tiempo, los glipgloops evolucionan para tener ojos más alargados.

Este es el proceso por el cual se genera el diseño aparente en la naturaleza: en cada generación, en cada instante, los individuos con rasgos vinculados a una mejor reproducción están siendo “seleccionados”. Como resultado, a lo largo del tiempo, las poblaciones consisten en individuos que parecen diseñados para reproducirse. Esto ocurre exactamente porque el criterio de selección es siempre el mismo que el diseño puede desarrollar. Imagina un carro que se construyó con un plan distinto en cada paso —es probable que no termines teniendo un carro. Es el mantra inquebrantable de la selección natural —la contribución de los genes para las generaciones futuras—, que permite que el diseño aparezca sin un diseñador.

De hecho, el criterio de selección es tan consistente, que un organismo no puede ser diseñado para otra cosa que no sea contribuir con genes a las generaciones futuras. Por eso no obtenemos organismos que se sacrifiquen por el bien de su especie. En general, los organismos son egoístas porque reproducirse a sí mismo a expensas de otros es una excelente manera de transmitir genes. A veces sí podemos ver sacrificio y cooperación en la naturaleza, pero esto ocurre sólo cuando la cooperación trae beneficios para ese organismo, o si el sacrificio beneficia a sus familiares. Por ejemplo, como los familiares comparten genes, una abeja puede sacrificarse por la reina (su madre) si es que eso significa que ella producirá cien hermanas más, cada una de ellas con la mitad de los genes de la abeja. El cálculo de qué rasgos conducen a más genes y exactamente cuándo y cuánto sacrificar, es preciso y rígido. Por esto, los biólogos evolutivos pueden hacer modelos matemáticos que predicen correctamente cuántos ayudantes debe permitir un ave en su nido y con qué frecuencia las avispas deben canibalizar a sus hermanos. Pero esta rigidez algorítmica de la selección natural también es útil para el astrobiólogo.

Un denominador común debería revelarse: la vida es especial debido a su diseño aparente. La única forma de obtener un diseño sin un diseñador es la selección natural. Por lo tanto, los extraterrestres deben ser producto de la selección natural. Y la selección natural sigue ciertas reglas y puede producir sólo ciertos tipos de organismos. Por esto, los astrobiólogos pueden usar la teoría de la selección natural y las matemáticas de la evolución para hacer predicciones sobre los extraterrestres.

¿Existen excepciones? No podemos obtener una vida compleja —incluso algo tan simple como una bacteria— sin selección natural. Incluso un extraterrestre posorgánico y creado por computadora sería, en última instancia, el producto de un producto de selección natural. Pero consideremos un caso límite. Imagina una colección de moléculas replicantes, como diminutos genes desnudos, en un planeta extraño. Si estos replicadores hicieran copias de sí mismos (herencia), pero se replicaran perfectamente cada vez (sin variación o éxito diferencial), no se obtendría la selección natural.

¿Sería esto vida? Tal vez sí, pero no sería muy emocionante. Por un lado, sin variación las moléculas nunca pueden cambiar, adaptarse, o evolucionar hacia algo más interesante o complejo. Encontrar osos o bacterias en un planeta distante sugiere que el Universo podría estar repleto de vida de todas las formas y tamaños. Estos replicadores no sugerirían nada. Aún más problemático, su existencia probablemente sería fugaz porque, sin la selección natural, no podrían hacer frente a los cambios en su planeta por lo que desaparecerían antes de que los encontráramos.

El argumento de la selección natural es fuerte incluso en sus límites.  Nos permite utilizar las mismas herramientas evolutivas que usamos en la Tierra para hacer predicciones sobre la vida en otros lugares.

El trabajo previo en astrobiología se ha extrapolado a lo que ha sucedido en la Tierra, lo que podría limitar nuestra visión a ciertas características especiales como el ADN o la vida basada en el carbono, que no podría existir en otros planetas. La selección natural, por otro lado, es universal. No depende del ADN (recuerda que Charles Darwin no sabía nada de los genes), o la química del carbono, o la presencia de agua. Es increíblemente simple: solo requiere algunos ingredientes y es la única manera de generar vida.

Una imagen mental de esa preciada fotografía comienza a formarse y muestra entidades que están aparentemente diseñadas para adaptarse a su entorno. No podemos decir si la imagen granulada del extraterrestre tendrá ojos, extremidades, o si será verde. Ese no es el tipo de predicción que puede hacer una buena teoría evolutiva. Pero la selección natural nos dice que sus formas, objetivos y vías evolutivas están restringidas.

Un ejemplo planteado por nuestro equipo en el esquema anterior es lo que llamamos juguetonamente “el octomite”: un conglomerado de entidades que antes estaban separadas pero que ahora trabajan juntas para sobrevivir, reproducirse y evolucionar ¿Cómo reconoceríamos a un extraterrestre? Incluiría una jerarquía de entidades con los intereses de cada nivel inferior alineados con los componentes en los niveles superiores. La foto que visualizamos mostraría la división del trabajo con varias partes especializadas en varias tareas de manera mutuamente dependiente.

Este trabajo de incorporar la teoría evolutiva en nuestro conjunto de herramientas astrobiológicas apenas está comenzando ¿Qué más puede decirnos Darwin sobre los extraterrestres? Bastante, probablemente. La foto, si es que llega y cuando llegue, será algo totalmente exótico a simple vista. Pero para el estudiante de biología evolutiva podría parecer sorprendentemente familiar.

*Este artículo fue publicado en la revista Aeon y traducida para GK

Seremos madres o no seremos

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Cuando tenía once años Gaby fue violada por Alberto, su padre: en su cuarto, en la sala, en cualquier lugar de la casa donde nadie se diera cuenta. Su padre la golpeaba a ella y a su madre. Les decía que las iba a matar. Pero cuando Gaby le contó a su mamá sobre la violación, ella no le creyó. No es poco común en el Ecuador: según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec), a 1 de cada 3 víctimas de abuso sexual no les creen. Cuando Gaby quedó embarazada de su padre, su mamá tampoco le creyó. Cuando parió estaba terminando el quinto grado. Tenía apenas 12 años y un 60% de discapacidad mental. Su madre decía que era el hijo de un compañero de la escuela. Víctima de incesto, fue forzada a parir. Fue obligada a ser mamá. Y cuando intentó dar a su hijo hermano en adopción, un juez le negó la posibilidad.

No pasó mucho tiempo para que la escuela de Gaby se enterara del abuso y lo denunciara a la Fiscalía. La investigación previa duró dos años. Dos años en los que  Gaby siguió conviviendo con su abusador, en la misma casa. Alberto fue llevado a juicio y sentenciado a 29 años de prisión por el delito de abuso sexual a una menor —el incesto como delito no está penado en Ecuador. A pesar de las pruebas, su madre siguió sin creerle a Gaby. Su casa ya no era un lugar seguro. Ella y su hijo, Adrián, fueron trasladados por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) a una casa de acogida en Quito.  Pero las cosas no mejoraron mucho para Gaby ahí: su hijo era el recordatorio de la violencia que sufrió.

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Dos años después del nacimiento de su hijo, Gaby seguía sin quererlo. Sentía rechazo hacia él porque se parecía mucho a su padre. Las trabajadoras sociales y psicólogas de la casa de acogida escribieron en sus reportes que en las sesiones de terapia Gaby decía que quería darlo en adopción para que su hijo tenga un hogar donde lo cuiden mejor que ella, que en la escuela sus compañeros la molestaban diciéndole ‘señora’. Cuando le preguntaron cómo se sentía tener un bebé, respondió que no le gustaba, que ella no quería ser madre ni sabía lo que le pasaba. Ese rechazo a su maternidad comenzó a proyectarse en negligencia hacia Adrián: no le hacía caso cuando lloraba, no le tenía paciencia, lo maltrataba, no le daba el amor que el niño le pedía. Era una niña que no sabía  cómo ser mamá. La niñas no tienen por qué saberlo. Las trabajadoras sociales y psicólogas de la casa de acogida solicitaron judicialmente  la separación de Gaby y su hijo. Pero el juez la negó: dijo que no podía irse en contra del concepto de familia consagrada en la Constitución y separar a una madre de su hijo .

El juez que ordenó que Gaby fuese a terapia psicológica para que pueda “superar el posible trauma psicológico y propender que la madre acepte a su hijo”.  Según Mayra Tirira, abogada de Gaby, la decisión y la voluntad de Gaby quedaron completamente anuladas. “Es una maternidad forzada”. Como si querer ser mamá es un afecto que se pudiese generar por orden judicial.  

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La tragedia de Gaby y Adrián empezó mucho antes de que ambos pisaran este mundo: a finales de la década de 1980, hubo denuncias de que niños ecuatorianos eran entregados en adopción a extranjeros sin seguir el proceso de adopción establecido en la ley: llegaba un gringo, le entregaban al niño y se iba.  

En paralelo, crecía el número de denuncias de niños desaparecidos a manos de una banda que los secuestraba y los vendía fuera del país al mejor postor. Para detener la trata, el Congreso ecuatoriano aprobó una propuesta de reforma al código de la niñez impulsada por el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES), la organización sin fines de lucro Defensa de los Niños Internacional y Unicef. La reforma prohibía la adopción directa con tres excepciones: cuando el niño era adoptado por sus familiares, por el cónyuge del padre o la madre, o cuando había estado bajo cuidado de la persona en acogimiento familiar por más de dos años. “La idea es que los niños entran al programa nacional de adopciones para que sea este programa el que encuentre la mejor familia para el niño”, explica el abogado Farith Simon. “Pero la formalidad no significa que se respeten los derechos de los niños. En Ecuador se ha reemplazado la esencia por la forma”. Por seguir las reglas establecidas, se ha olvidado el objetivo principal de garantizar el derecho de los niños a tener un hogar donde sean cuidados, protegidos y respetados.

Desde la reforma de finales del siglo pasado, dar en adopción a un niño en Ecuador es un proceso más largo y, a veces, tedioso. Un niño o adolescente puede ser declarado ‘en adoptabilidad’ en cuatro circunstancias: si está en orfandad, si es que es imposible determinar quiénes son sus padres o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, si sus padres han sido privados de ejercer sobre él la patria potestad (derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos para su desarrollo integral), o por consentimiento del padre, la madre o ambos (si es que no han sido privados de la patria potestad). Una vez que un niño o adolescente está en una de estas circunstancias, las Unidades Técnicas de Adopciones manejadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  y los jueces de Niñez, Familia y Adolescencia siguen un proceso para que el niño sea declarado apto para ser adoptado. El recorrido que se escribe tan breve en papel, en la realidad puede tardar meses, años, y los procesos no siempre funcionan sin fallas.

Si una mujer o una niña quiere dar a su hijo en adopción debe ir a la Unidad Técnica de Adopciones y decir que no quieren cuidarlo. Ahí, se supone, le dicen que el proceso no es revocable, el niño recibe una medida de protección —ordenada por un juez para evitar que sus derechos sean vulnerados— y es llevado a una casa de acogida. Según la directora de adopciones del MIES, Indira Urgiles, la madre solo tendría que presentarse dos veces para que el proceso avance: cuando se da el consentimiento para la adopción y en una audiencia en la debe ratificar su decisión ante el juez.

Si la mujer ratifica, el juez puede ordenar la reinserción familiar, e intentar que los familiares cercanos y lejanos cuiden al bebé.  Este proceso ocurre porque, según la declaración de los principios para la protección y bienestar de los niños en adopción de las Naciones Unidas de la que es parte el Ecuador, la prioridad del Estado es que los niños estén a cargo de sus padres. Para la abogada de de Gaby, Mayra Tirira, esto es “gravísimo porque si tú lo quieres dar en adopción es porque tu  no quieres ver al niño”.  Según el MIES, hasta junio de 2018 se lograron 330 reinserciones familiares a nivel nacional. Todavía hay más de 2 mil 200 niños en proceso. Cuando los familiares no responden a la reinserción de forma positiva, y  no hay las condiciones necesarias para que un niño pueda desarrollarse en ese entorno, el Estado declara  la privación de patria potestad y el niño es declarado ‘adoptable’.

Los intentos de que la reinserción funcione puede tardar meses o años.  “Nos demoramos mucho en darnos cuenta de que una familia no responde a restituir los derechos de los niños entonces son intentos fallidos tras fallidos de reinserciones familiares”, dice Urgiles.

Según el abogado Simon, como los jueces no confían lo suficiente en el trabajo previo que se realiza en las casas de acogida hay muchos retrasos. Además, dice que como los jueces son de ‘niñez, familia y adolescencia’, los asuntos de niñez son menos importantes. “En un divorcio es dos adultos disputando, pero en el caso de protección de niños no hay quiénes empujen esos procesos”, explica el abogado. “Entre la desconfianza en el sistema y falta de prioridad de los casos de niñez y adolescencia hace que esto sea un nudo, una traba”.

Mientras dura el proceso para la declaratoria de adoptabilidad, la mujer o niña sigue al cuidado del bebé, obligada a cuidarlo, siendo ignorada en su deseo de no hacerlo.  “La ley de adopción está diseñada para que la madre en algún momento decida quedarse con su hijo”, dijo Virginia de la Torre sobre este proceso en una entrevista en GK. Dice que es brutal: no solo es violencia para la mujer sino para el niño que espera por un hogar.

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Gaby no está sola: como ella hay dos mil setecientas niñas menores de 14 años son embarazadas cada año. Según la ley ecuatoriana, cualquier relación sexual con una menor de catorce es una violación. Ninguna de ellas podía abortar porque está penalizado en Ecuador. Tampoco podían dar en adopción a sus hijos antes de que nazca porque tampoco está permitido. No les queda más que parir y hacerse cargo de un niño que nunca quisieron.

La directora de adopciones del MIES, Indira Urgiles,  acepta que hay  dificultades en el proceso. Ella dice que son necesarias varias reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en especial a cómo se aplica la reinserción familiar porque “debería existir una excepcionalidad en los casos en los que haya sido producto de violencia sexual”. Además, considera que debe haber un número límite de intentos con los familiares para que el proceso no se demore tanto. Cuando le hablé del caso de Gaby, respondió que se debería dar la “supremacía del interés superior del niño y en este caso al niño debería asegurarsele una familia”. Agregó que la reinserción no funciona si es obligada. Es exactamente lo que pasa con Gaby.

A pesar de las terapias ordenadas por los jueces, Gaby seguía rechazando a su hijo. Lo ignoraba, lo maltrataba, le gritaba. Después de un año, Gaby ahorcó a su hijo porque no paraba de llorar. La casa de acogida solicitó al juez que se revise la negativa de la separación. A comienzos del 2018, el juez aceptó separarlos temporalmente, no sin antes decir que “el Estado garantiza y protege a la familia como célula fundamental de la sociedad”. Adrián fue enviado a una casa de acogida diferente y Gaby se quedó en la que estaba. Todo mejoró para ambos.

Gaby estaba mejor sin Adrián, ni siquiera preguntaba por él. Se sentía libre, más relajada, contenta.  Adrián también estaba mejor: cuando estaba con su mamá se ponía tenso y retraído pero lejos de ella, era más alegre y relajado. Era evidente que la separación es lo mejor para los dos. Pero llegó el día de la última audiencia a finales de agosto y el juez no les concedió la separación definitiva. “El día de la audiencia Gaby estaba nerviosa, y cuando el juez le preguntó, ‘¿quieres ver a tu hijo?’, ella dijo que sí porque se sentía presionada y confundida”, explica la abogada Tirira.

Esa única respuesta  bastó para que el juez ordene visitas entre Gaby y Adrián. Dijo que “no separaría a una madre del seno de su hijo”, y que no le habían puesto suficientes informes de que fuese necesario. Ignoró todo: los maltratos, la negligencia, los reportes de las psicólogas que confirmaban que los dos están mejor separados, los deseos constantes de Gaby de darlo en adopción.

El problema, según Tirira, es también que la maternidad es glorificada en el Ecuador. La ley vigente y las decisiones que toman los jueces lo demuestran. Una mujer (o niña) es madre antes que nada más. Por su discapacidad mental, Gaby recibe el bono de desarrollo humano. Pero el dinero era cobrado por su padre. Cuando él fue a la cárcel, por su madre. No le daban nada a Gaby por lo que, en la misma audiencia, Tirira solicitó que se le entregue directamente a Gaby. El juez dijo que no porque seguía  siendo menor de edad. “No puede cobrar el bono porque es una niña pero no es una niña para ser madre”, dice Tirira. Ahora están buscando qué estrategia utilizar para que Gaby y su hijo puedan acceder a una reparación integral.

La imposición de la maternidad en Ecuador sucede casi a diario. No importa si es una niña de 11 años, como Gaby, víctima de incesto, o si es una mujer pobre de 40 años que no puede mantenerse sola. Si quedamos embarazadas, el Estado nos obliga a ser madres: no podemos abortar de forma segura, si abortamos vamos a prisión, y si queremos dar en adopción, los procesos son tan enredados que el simple paso del tiempo nos obligará a llevar esa maternidad. La realidad que nos obliga a ser madres. Como Gaby. Como las más de dos mil niñas que son madres cada año en Ecuador. Seremos madres o no seremos.

*Los nombres de Gaby, su padre y su hijo son nombres protegidos.

La esposa de Jorge Glas vs. Jorge Glas

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La esposa del exvicepresidente Jorge Glas, Cinthia Díaz, lo demandó por alimentos. Ella, que lo acompañaba a algunas audiencias, con la Biblia bajo el brazo; ella, que salía de su mano y miraba con desdén a los periodistas, a quienes culpaba de la caída jurídica de su esposo; ella, ella, lo ha demandado a inicios de octubre en un juzgado de Guayaquil por alimentos.

No se conocen los detalles de la demanda. Lo que sí sabemos es que Jorge Glas tiene sus cuentas congeladas, como parte de las medidas tomadas por el juez Edgar Flores en diciembre de 2017, cuando fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht. El congelamiento de sus cuentas, implicaría también la retención de la pensión vitalicia —o parte de ella— a la que tiene derecho como exvicepresidente de la República. El pago al que tiene derecho Glas asciende a de 4057 dólares —el 75% de su salario cuando estaba en funciones.

Independientemente de si la relación entre los esposos Glas Díaz sigue sólida y cercana —como hace algunos meses cuando ella lo respaldaba públicamente— la demanda por alimentos es una decisión que Díaz podría haber tomado (¿en conjunto con Glas?) para lograr que la pensión del exvicepresidente sea destinada, al menos en parte, a la manutención de sus hijos.

Tras la demanda, un juez podría decidir que el monto designado para la pensión de los hijos sea retenido, antes de ingresar a la cuenta congelada de Glas, y sea entregado a la madre.

Según la tabla de pensión de alimentos vigente, a Glas le correspondería entregar por sus dos hijos un monto aproximado de 1712 dólares . Ese es un valor referencial que debería ser pagado hasta que sus hijos cumplan 18 años, o 21 si es que son estudiantes. El cálculo corresponde al 42,21% de sus ingresos menos sus gastos. Si en realidad este es un proceso adversarial entre los esposos Glas, Díaz debería probar que Glas, al estar detenido, no tiene mayores gastos. Si ese es el caso, además, podría intentar probar que el exvicepresidente tiene otros ingresos para incluirlos en el cálculo de la pensión.

Requerida por la prensa, los abogados de Glas no han dado explicaciones.

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Son tres meses desde que el legislador Eliseo Azuero (del Bloque de Integración Nacional, BIN) planteara en la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para que expresidentes y exvicepresidentes que fueren llamados a juicio por algún delito penado con reclusión  dejen de percibir las pensiones vitalicias. El proyecto se encuentra en análisis en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por Liliana Durán, asambleísta correísta. Un intento similar ocurrió en 2015, planteado por la entonces asambleísta Rosana Alvarado, pero no logró concretarse.

Pero desde 2015 las cosas han cambiado. Hace tres años no había un exvicepresidente preso ni un expresidente que podría ir a juicio. El balance de fuerzas ha cambiado también: en 2015, el bloque correísta era una fuerza sólida, en la que Alvarado era una figura importante —hoy es una de aquellos señalados como traidores por el expresidente. Hace 3 años, la caída de uno de los hombres más poderosos del país era impensable —hoy, Jorge Glas suma un proceso judicial más. Las motivaciones de la demanda de alimentos son parte de la ya de por sí compleja trama judicial que envuelve al exvicepresidente de Rafael Correa.  

*En la versión inicial de este texto se dijo que una de las posibilidades es que la esposa de Glas hubiese demandado una pensión correspondiente al año que él lleva preso. Para evitar confusiones, se eliminó esa parte que del texto, cuya premisa surgió de una opinión legal. Sin embargo es el consenso mayoritario de varios abogados que solamente se puede cobrar a partir de la fecha de presentación de la demanda, en este caso el 3 de octubre de 2018.

El Ministro de Cultura vive en 1997

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Fue el martes 2 de octubre de 2018 pero podría haber sido el siglo pasado. Ese día, el ministro de Cultura del Ecuador, Raúl Pérez Torres, dio una conferencia titulada Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en la que Ecuador es el país invitado. El verbo está en presente porque la feria se acabará el 14 de octubre, así que todavía quedan algunos días más.

De acuerdo al apartado de la agencia EFE, Pérez Torres —quien, de acuerdo a la visión periodística, encabeza la delegación– “ofreció en una conferencia abierta un repaso por la historia de la literatura de su país, que comenzó por Eugenio Espejo (1747-1795), quien desde 1770 desde panfletos, libros y periódicos ‘asumió su valiente actitud anti-colonialista” que le costaría la vida’. La conferencia de Pérez decía que en el siglo XX, en el Ecuador el realismo mágico tomaría dos caminos: “el realismo social y el psicológico”. Allí, destacó al escritor Pablo Palacio (1906-1947), quien marcaría el “derrotero de toda la literatura posterior” en Ecuador, con su libro Un hombre muerto a puntapiés (1927).

En Uruguay dijo Pérez que cada vez más, la literatura ecuatoriana se vería inmiscuida por los asuntos externos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución cubana, entre otras circunstancias mundiales del siglo XX. “En nuestra América, asesinaban al hombre nuevo. Moría el Che Guevara, masacraban a Salvador Allende, se instalaban las dictaduras más sanguinarias y crueles, pero poetas y pensadores no dejaban de cantar”. En este sentido, el ministro ecuatoriano aseguró que la literatura y el arte “siempre estarán para contradecir, para polemizar, subvertir y revalorizar” a la dignidad humana.  “Por mi parte, he decidido concentrar mi vida en la literatura” dijo Raúl Pérez Torres “Y a veces pienso que más vivo cuando escribo que cuando vivo realmente”, comentó”.

Las palabras y posiciones del Ministro resultan obvias y, en muchos casos, caducas. Pero bueno, así es esto. No toda conferencia funciona.

Sin embargo, una vez que pudimos acceder a su texto en la web del Ministerio de Cultura —en la parte de Biblioteca, dentro de los discursos del Ministro— salta el problema y la razón por la que con varias personas del arte y cultura del país hemos firmado una carta que pueden leer haciendo clic acá.

En el texto completo hay desde errores de puntuación hasta el horror de decir que Horacio Quiroga es argentino. Sí, en una conferencia, en la que el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, presentó a Pérez Torres, el ministro dijo que el insigne autor uruguayo, el genio detrás de Los buques suicidantes, nació en Argentina.

Pero eso es accesorio y hasta gracioso.

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Lo complejo de la conferencia del ministro Pérez Torres radica en que es un texto que presenta una versión absolutamente desactualizada de la literatura del Ecuador. Una en la que literariamente el país solo ha sido territorio masculino; en la que se ignora el rol de escritoras como Dolores Veintimilla, Aurora Estrada y Ayala, Elysa Ayala, Lupe Rumazo y Alicia Yánez Cossío —de quien coloca la novela Bruna, soroche y los tíos, pero sin poner su nombre—, entre otras.

La del ministro es una literatura que solo importa en función de un compromiso ligado a circunstancias políticas e ideológicas. Una literatura que no pasa de los años setenta, que de manera consciente ignora el gran momento actual que viven las letras de Ecuador gracias a autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Sabrina Duque. Ignora el trabajo de editoriales independientes que están apostando por otro tipo de autores y generando otras dinámicas de mercado para nuevos lectores.

El Ministro no entiende la actualidad y quizás no es su obligación entenderla. La literatura hoy es algo distinto, sus motivaciones son menos claras, porque no es necesariamente el resultado de lo que la generación de los setenta publicó. Es decir, hay algo de eso, pero no solo eso. Y en su decisión de ignorarlo, Pérez Torres muestra que no es capaz, ni siquiera, de interesarse por entender lo que no está en su radar.

Esto podría ampliarse con la certeza de que su conferencia no es un texto nuevo. El escritor Mario Campaña, desde un post en su cuenta de Facebook, dejaba en claro que ha encontrado hasta seis reediciones del mismo discurso, desde 1997. La última de ellas publicada en 2016 y que, si se compara con la que acaba de leer en Uruguay, es la misma.

No tengo dudas de que al Ministro no le interesa comprender el momento actual.

Y bueno, no está obligado a entender la actualidad, pero sí está obligado, debido a su cargo, a visibilizarla, a mostrarla inclusive desde su discurso. No solo desde su despacho o a través de decretos ministeriales o invitaciones a ferias.

Porque su conferencia, que recuerden, se tituló Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana puede verse también como una ofensa a autores y autoras invitados por el Ministerio a Uruguay —algunas de estas personas han consignado su apoyo a la carta—,  o como una nueva prueba de que la deuda del Estado con el tema cultural y artístico seguirá siendo insalvable. Porque cultura es lo de antes, literatura es lo que se leía antes y al parecer ese pasado no puede, ni debe, dialogar con el presente.  

Julian Assange, diplomático fallido

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No conozco los documentos”. Le dice el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, a Fernando del Rincón, periodista de CNN. La frase es una respuesta. La pregunta es sobre la denuncia de la asambleísta socialcristiana Paola Vintimilla  de que habría irregularidades en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Dice Moreno que si la asambleísta tiene las pruebas sabrá presentarlas a las instancias que correspondan. Que él no tiene información, insiste. Rincón tiene los ojos y la boca abiertos, el ceño fruncido. Hace silencio. Como desconcertado por la respuesta.

Se pregunta, quizás, cómo es posible que el Presidente de la República no sepa lo que pasa en la Cancillería que él le confió —de mayo de 2017 a mayo de 2018— a María Fernanda Espinosa, y que fue reemplazada por José Valencia, diplomático de carrera. En sus manos quedó uno de los temas más espinosos para el gobierno ecuatoriano: la situación de Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde agosto de 2012.

Espinosa preside hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue —en la década anterior— una de las figuras prominentes del gobierno de Rafael Correa: en él fue ministra de Defensa, Patrimonio Cultural y de Relaciones Exteriores. Retomó ese cargo en el gobierno de Moreno y lo dejó solo para irse a las Naciones Unidas. A ella le pidió Vintimilla información sobre la nacionalización de Assange y su permanencia en la embajada de Londres, pero tuvieron que pasar nueves meses para que el nuevo canciller contestara el pedido.

La respuesta de Valencia genera, sin embargo, más dudas. En ocho páginas, el Canciller intenta resolver los cuestionamientos de la asambleísta. Hay, además, una carpeta de anexos que no pueden ser entregados a la prensa porque la canciller Espinosa se aseguró de clasificarlos como reservados. Es parte de la respuesta de Valencia, quien plantea dudas acerca del proceso para clasificarlos como tal:

En los archivos del Ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reservada a dicha información”. En su respuesta, propia de un diplomático de carrera, pone en duda la legalidad con la que los funcionarios de Cancillería —al mando de Espinosa— intentaron proteger la información relacionada a Assange.

¿Qué información era tan valiosa para mantenerla oculta de la opinión pública, e incluso quizás, del propio Presidente de la República?

Eso, lo responde Valencia en el oficio entregado a Vintimilla. Allí se establecen fechas, días, documentos —todos respaldados por los anexos clasificados como secretos, en manos de Vintimilla—.

—La señora excanciller María Fernanda Espinosa decidió declarar estos documentos reservados sin seguir ningún protocolo, dijo Vintimilla en rueda de prensa.

La explicación del Canciller deja entrever los esfuerzos infructuosos que se hicieron durante la administración de María Fernanda Espinosa, en la búsqueda de una solución para la situación de Assange.

La idea de Espinosa fue concederle la nacionalidad ecuatoriana para luego nombrarlo diplomático, primero en Londres, luego en Moscú. Su plan fracasó. El Reino Unido no aceptó el nombramiento y eso imposibilitó que se quedara como diplomático en Reino Unido o que pudiera irse a Rusia. La explicación es simple: Assange se encuentra dentro de la embajada ecuatoriana en territorio británico. La embajada aunque no es, técnicamente, territorio ecuatoriano, es un sitio regulado por leyes especiales: en ella no tiene potestad alguna el Reino Unido, sino que —para todos los propósitos prácticos— la ley que rige, la soberanía que se ejerce, es del Ecuador. Para trasladarse a cualquier otro país —incluído Rusia— Assange tendría que salir de la embajada y circular por territorio británico. Si hace eso, podría ser detenido. A Espinosa se le ocurrió que si Ecuador le otorgaba un estatus diplomático, la inmunidad que viene con el cargo, le permitiría transitar por territorio británico sin el riesgo de ser detenido.

Lo que no consideró — ni ella ni sus colaboradores— fue que para que una persona sea aceptada como funcionaria diplomática es necesario que el país al que se lo presenta como tal, lo acepte. En este caso, extremadamente atípico, como dice Valeria Argüello, experta en relaciones internacionales y docente universitaria, era necesario que Reino Unido acredite a Assange como diplomático, incluso si el destino final era Rusia, pues sin la aceptación del Reino Unido, Assange no tenía ningún privilegio diplomático y no podía circular con inmunidad.

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Desde el 11 de enero de 2018, Julian Assange es ecuatoriano. Así lo informaba  María Fernanda Espinosa en una rueda de prensa. Según el oficio entregado por el canciller Valencia, Assange había solicitado la nacionalidad 4 meses antes: el 9 de septiembre. El 12 de diciembre de 2017, el Viceministro José Jácome, le otorgó la carta de naturalización. Tres días después, el ministro subrogante Rolando Suárez lo nombró consejero de la embajada ecuatoriana en Londres. Entre los apuros para intentar una salida para la situación de Assange hay varios pasos que quedan incomprendidos e inexplicados y que, además, despiertan suspicacias.

El 4 de diciembre, ocho días antes de que la Cancillería le otorgue la carta de naturalización a Assange, él escribe una carta, que firma junto a su abogado, Baltazar Garzón.

“Por medio de la presente, yo, Julian Paul Assange, de nacionalidad autraliana por nacimiento y ecuatoriana por naturalización, dejo expresa constancia y declaro por medio de este documento mi decisión de dar por terminado el asilo político otorgado a mi favor por el gobierno de la República del Ecuador, mediante la Declaración de Asilo del 16 de agosto de 2012”.

¿Cómo es que Assange afirma que tiene la nacionalidad ecuatoriana, ocho días antes de que se le entregue la carta de naturalización? No ha habido explicación alguna que permita entenderlo. Tampoco se conoce, con total claridad, cuál es la condición actual de Assange. Si bien el Canciller Valencia inicia su respuesta diciendo que está en calidad de asilado y lo ratifica en una reciente entrevista a diario El Universo, en la carta firmada por Assange y Garzón, el australiano habría renunciado a esa protección que, además, le otorgaría la reserva sobre sus datos personales.

Según Valeria Argüello, si Julian Assange es asilado diplomático, según la Ley Orgánica de Movilidad Humana y los instrumentos internacionales referentes a personas asiladas, él podría solicitar la confidencialidad de sus datos. Argüello explica que una vez que él renuncia a esa condición de protección internacional, se convierte en ecuatoriano, suponiendo que el proceso de naturalización se dio.

Si es así, sería un migrante ecuatoriano en el exterior, y en esa condición también tiene un derecho a la confidencialidad de sus datos personales: los que el Estado ecuatoriano tenga en sus sedes diplomáticas también tendrían que ser protegidos —salvo disposición de autoridad judicial competente en casos de cooperación penal internacional. “Ahora”, dice Argüello, “la situación cambiaría si es que el proceso de naturalización no se dio de la forma correcta, en ese caso no sería ecuatoriano”. Si él ya no estuviese en ninguna de las dos condiciones (bajo protección internacional o migrante ecuatoriano,ç) sería un extranjero en territorio ecuatoriano. Allí se levantaría la cláusula de protección de datos.“Lo que no sabemos es qué condición tiene el señor Assange”, dijo Vintimilla en su rueda de prensa.

El canciller Valencia lo aclaró en una entrevista a El Universo. Dijo que quien decide sobre el estatus de asilado de una persona, es el Estado que se le otorga: Assange sigue siendo un asilado.

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Assange, nacido en Australia, acusado en Suecia, recluido en un cuarto consular diminuto en el Reino Unido, naturalizado ecuatoriano por conveniencia, amado y odiado en el mundo entero, pudo haber sido, además, diplomático del Ecuador. Pero las intenciones de la canciller María Fernanda Espinosa fracasaron.

El primer intento se hizo el 15 de diciembre: fue el ministro subrogante Rolando Suárez quien lo nombró como Consejero en la Embajada de Londres. El Reino Unido respondió siete días después: “no considera al señor Julian Assange como un miembro aceptable de la misión diplomática ecuatoriana”. Por ende, decía el servicio exterior británico, no tenía otra alternativa que rehusarse a reconocer al señor Assange como diplomático. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comunidad Británica no considera que el señor Assange goce de ningún tipo de privilegios e inmunidades bajo la Convención de Viena”.

Antes de que llegara la respuesta del gobierno británico, sin embargo, el 19 de diciembre, Suárez había nombrado a Assange consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. Con la respuesta británica del 21 de diciembre, los dos nombramientos, el de Londres y el de Moscú, quedaron en nada y tuvieron que ser revertidos: el primero fue anulado el 27 de diciembre, el segundo el 29.

La suma de los intentos fallidos dan como resultado el que es quizá el mayor traspié de la gestión de María Fernanda Espinosa, una política, no una diplomática de carrera. “ Se vio un desconocimiento de la Convención de Viena y de las relaciones diplomáticas. Era el Estado británico que debía aceptar o no. No es una relación unilateral”, dice Argüello, quien cree que los encargados de la decisión desconocían el articulado y el funcionamiento de la Convención de Viena. “Además es un caso tan atípico que el Ecuador no tenía ningún reglamento para saber cómo proceder”. Sin embargo, en una entrevista, el canciller Valencia aclara que Assange sí es un asilado y que el asilo lo pidió cuando su única nacionalidad era la australiana.

Era una especie de vacío legal que Espinosa intentó cubrir olvidando el requisito indispensable: la aprobación del Reino Unido. Busqué una versión de la excanciller pero hasta el cierre de este texto no tuve respuesta. Pasados los meses, parece que la nacionalización de Assange, a efectos prácticos, no sirvió de nada. Además, para la asambleísta Vintimilla, hay otras irregularidades, como la de expedir un protocolo, según ella, hecho a la medida de Assange. En el artículo 2 de este documento, expedido el 28 de noviembre de 2017, se extienden los beneficiarios de la naturalización para extranjeros en situación de protección internacional, otorgada por Ecuador de forma regular y continúa por tres años.

El único caso así, dice Vintimilla, es el de Assange.

A la asambleísta le llama además la atención que ninguno de los documentos anexados, clasificados como reservados, tenga la firma de la entonces Canciller Espinosa.

— Quien firma es su viceministro. Ninguno firma ella.

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Nueve meses después de los fallidos intentos de encontrarle solución a la situación de Assange, el gobierno ecuatoriano vuelve al inicio de hace seis años: Julian Assange recluido un espacio minúsculo. El Ecuador, en otro recodo sin salida: recluido en una delicada situación diplomática. Moreno, en su tibieza habitual, reconoce que la solución de su excanciller no funcionó, en una entrevista en CNN.

— Le di la potestad para que decida acerca de qué hacer con Julian Assange. Ella optó por una alternativa que no dio los resultados que se esperaba, pero lo intentó. Este momento estamos conversando con el gobierno británico. Se nos ha informado qué es lo que haría el gobierno en caso de que el señor Assange decida salir de la embajada y tenemos una alternativa.

Reconoció además que ha conversado del tema con Espinosa y que ella está “cargada de buenas intenciones”.

Amada

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Amada* nunca fue tímida ni introvertida, aunque sí hubo un momento antes de su transición —hace tres años— en que era más retraída. Las fotos recientes, en cambio, la muestran soplando burbujas y saltando alto. En un video corto, grabado en la mañana deportiva de su escuela, se la ve en la primera fila de las cheerleaders, bailando, cantando y agitando sus pompones con La Pollera Colorá a todo volumen. Ese mismo día, antes de ponerse su uniforme rojo de porrista, había desfilado con un ramo de flores y un vestido tan brillante y turquesa como el de Elsa, la protagonista de Frozen: fue elegida Madrina de Deportes. Sus compañeros, además, la nombraron presidenta de curso el año anterior y, en 2016, la escogieron Estrellita de Navidad. Desde el borde de la cancha por donde Amada caminaba recibiendo aplausos, sus padres, Lucía y Fernando, no dejaban de filmar ni sonreír.

Al día siguiente, sentado en la sala de su departamento, en el sur de Quito, Fernando dice:

—Todo lo que ha pasado ha sido muy importante y nos ha dado fuerzas. La mejor confirmación de que hemos tomado la decisión correcta ha sido ver a nuestra hija feliz.

Esa decisión es haber aceptado que Amada, de 9 años, es una niña transgénero, una identidad que ella, ya desde sus primeros años, empezó a manifestar abiertamente, sin ninguna duda.  

niñez y transexualidad

Amada es el nombre mediático que esta niña ha escogido para dar a conocer su lucha. Fotografía de José María León para GK.

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Las personas transgénero tienen una inconformidad entre su sexo biológico y su sexo psicológico. “Es decir, es alguien que fue asignado como hombre al nacer, pero que se percibe como mujer, o viceversa”, explica Édgar Zúñiga Salazar, terapeuta familiar y vocero de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.

Hasta mediados del 2018, sin embargo, esa autopercepción era considerada como un trastorno mental. Recién el 18 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó a la transexualidad de su lista de trastornos mentales, la definió como una “incongruencia de género” y la incluyó en un nuevo epígrafe llamado “condiciones relativas a la salud sexual”. Tan solo seis años antes, la Asociación Americana de Psiquiatría  la había retirado de  su Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. La APA solo dejó en el listado a la ‘disforia de género’ —la angustia que sufre una persona que no se identifica con su sexo masculino o femenino. Aun así, la transexualidad sigue siendo incomprendida. Y mucho más si quien la vive es un niño o una niña.

amada niña trans

Desde que era muy pequeña, Amada escogió a Elsa, la protagonista de Frozen, como su princesa favorita. Fotografía de José María León para GK

En su libro Infancia y transexualidad (2016), el filósofo y antropólogo español Juan Gavilán escribe: “Es raro encontrar a alguien, incluso entre los expertos, que no se extrañe de que los menores puedan tener conciencia de su identidad sexual a partir de los dos años”. La razón, según él, es que siempre se ha pensado que los niños son “seres inmaduros, sin conciencia, sin responsabilidad y sin agencia”, que no pueden ocuparse de un aspecto tan central como su identidad de género. En las personas transgénero, sin embargo, la autopercepción de su identidad se manifiesta desde la niñez. “La clave para identificarla”, explica Zúñiga, “es que el niño o la niña no dejen de repetir comportamientos y expresiones, cuya represión les causa malestar psíquico, estrés, ansiedad y hasta pensamientos suicidas”.

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Lucía y Fernando se conocen desde su época universitaria. Ella tiene 43 años y él 42. Lucía es bajita, bromista, de nariz respingada. Fernando es más alto, contenido, de voz honda. Ambos nacieron en Quito y estudiaron carreras relacionadas: administración hotelera y turística. Les gusta viajar, hablan inglés, francés, y son católicos. Hace 16 años se casaron y formaron una familia. El primero en nacer fue David, ahora de 12; Amada vino tres años después. “Éramos la familia que todo el mundo quería tener de amigos”, dice Lucía antes de empezar a recordar, un domingo por la mañana, el principio y la continuidad de los cambios.

Cuando Amada nació, Lucía y Fernando le pusieron un nombre masculino, le compraron pantalones, pelotas, capas de superhéroes, y mantuvieron su pelo siempre corto. Nada distinto a cómo criaron a David. Para celebrar sus cumpleaños, además, escogían decoraciones deportivas, de piratas, de príncipes.

Antes de su primer viaje en avión, los niños estaban inquietos y emocionados por el vuelo. Lucía y Fernando, entonces, les dijeron que escogieran sus juguetes favoritos para llevarlos de paseo a Galápagos. David eligió enseguida sus dinosaurios y Amada, de un año y ocho meses, se decidió por las muñecas, sus vestiditos y sus peines. Lucía se los había comprado porque una prima suya, que es educadora, le dijo que no había problema en que los niños jugaran con Barbies, pues eso es más común de lo que se cree.

Para su tercer cumpleaños, Amada les pidió a sus padres una fiesta de princesas. Y aunque no era la primera vez que algo así pasaba, ellos pensaron que ese comportamiento, definitivamente, sería pasajero.  “Habíamos negociado con ella para que fuera disfrazada como príncipe. Y ya en el festejo,

niños trans

Amada, cobijada por los colores de la bandera del movimiento transgénero. Fotografía de José María León para GK.

para que se le vea más bonito, le pintamos unos bigotes. Y mi hija solo lloró, lloró y lloró”. Hasta ahí llegó la fiesta. “Fue muy duro, y ahora entendemos que le dolió bastante porque no le gustó verse así”, dice Fernando con la mirada a punto de desbordarse.

A los cinco años, Amada estaba encantada con la película Frozen. Y otra vez pidió que, para su cumpleaños, la dejaran verse igual de linda y grácil que Elsa, su heroína. Lucía y Fernando, que aún no comprendían lo que pasaba con su hija, dudaron, lo conversaron y estuvieron a punto de negárselo hasta que David, su hijo mayor, les preguntó por qué había tanto lío en que compraran el vestido.

Su respuesta fue que no sabían cómo iba a reaccionar la gente —los otros padres, sus amiguitos— frente a esa elección. Pero David, convencido, les replicó: “No se preocupen, que yo puedo defenderla”.

— Eso nos mató, y ese mismo día decidimos que si alguien tenía que protegerla, éramos nosotros, sus padres.

Dice Lucía, y lo hace con la misma firmeza con la que ahora habla públicamente sobre infancia y transexualidad —dos términos que, hasta hace unos años, ni para ella ni para su esposo, guardaban la más mínima relación entre sí.

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A finales de 2015, cuando David les dijo que sería el defensor de su hermanita, Lucía y Fernando decidieron llevar a Amada al psicólogo. En esos meses habían tratado de entenderla, pero la información que leían a la medianoche, mientras sus hijos dormían, empezaba a ser insuficiente y confusa: googleaban ¿por qué mi hijo dice que es una niña? Y las respuestas, una tras otra, oscurecían aún más sus madrugadas: “tu hijo tiene muchísima imaginación”, “ya encontrará su orientación sexual”, “ese es un problema que va a generar graves deterioros”.

Desesperada y sin certezas, Lucía iba cada semana a la peluquería del barrio para preguntarles a las chicas que la atendían cómo se habían dado cuenta de quiénes eran y desde cuándo. “A veces ya no tenía ni qué hacerme en el pelo ni en las uñas, pero pasaba horas y horas escuchando esas historias que siempre terminaban en maltratos por parte de sus familias”.

Lucía le pidió a un compañero de trabajo que le contara cómo fue su infancia para saber si él, que es gay, había vivido lo mismo que su hija. Su colega, sin vacilar, le dijo que nunca se sintió así y le recomendó que buscara un especialista. Por esos días, Lucía no distinguía del todo la diferencia entre transexualidad y homosexualidad. “Ser transexual —como se explica en el manual educativo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh,) de Chile— no tiene ninguna relación con la orientación sexual”. Ser y sentirse hombre o mujer no se traduce en una atracción predeterminada hacia personas del mismo o del otro sexo.

Ante la incertidumbre, Lucía empezó a llevar de la mano a Amada a los consultorios de cuatro psicólogos infantiles. Pero los diagnósticos que ahí escucharon no fueron nada profesionales: fueron inesperados, frustrantes, dolorosos. “Me dijeron: su hijo está enfermo, vive una fantasía”. Le dijeron que la sedara, que la medicara. “Y una psicóloga hasta me dijo que todo era mi culpa porque yo no ponía de parte”, dice Lucía mostrando un gráfico hecho por la doctora. En la hoja, llena de garabatos, se lee: depravación, perversión, trastorno.

Fueron noches difíciles. Lucía y Fernando dormían mal, se desesperaban, discutían. No sabían qué era peor: si permitir que Amada se pusiera falda y alas de hada madrina para jugar, o si prohibírselas a pesar de que llorara toda la tarde. Tampoco sabían si la solución era hacer que durmiera en el mismo cuarto que su hermano para que copiara su comportamiento masculino, o si solo debían esperar a que Amada, en algún momento, se olvidara de sus gustos.

Como una de sus últimas opciones, se les ocurrió salir en televisión para ver si, al hacer pública su situación, conseguían el auxilio que buscaban. Uno de los tantos  canales a los que llamaron aceptó su pedido y cuadró la entrevista.

familia de niños trans

Amada y su familia, una mañana de domingo en un parque de Quito. Fotografía de José María León Cabrera para GK.

El reportaje se tituló Personas transgénero, salió al aire en mayo de 2016 en el programa Día a Día de Teleamazonas y tuvo, entre sus otros entrevistados, a la actriz y cantante guayaquileña Doménica Menessinni, a la madre de otra niña transgénero (también de Guayaquil) y a Édgar Zúñiga Salazar, a quien ellos aún no conocían. El reportaje duró 21 minutos y, después de verlo y grabarlo en su televisor, Lucía y Fernando comenzaron a sentirse menos solos, menos confundidos, más ligeros.

Al día siguiente, a primera hora, llamaron a Zúñiga. Le presentaron a Amada y él, finalmente, les dio las respuestas que nadie, en todos esos meses, supo darles.  

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Hubo un momento, antes de que supieran que su hija era transgénero, en el que pensaron dejarlo todo. El plan era mudarse a Estados Unidos para que Amada creciera sin ser juzgada, pero una amiga les advirtió que arrancar en otro país, y con otro idioma, iba a ser complicado. Haber encontrado a Zúñiga, que les daba soporte emocional a su hija y a ellos, también fue determinante: decidieron que no se irían a ningún lugar. Se quedarían, pero no para padecer. Lucía y Fernando, esta vez, apoyarían que su hija sea quien siempre había sido.

Para comenzar, dejaron que su pelo, durante todo el verano, cayera largo, negro, ondulado. Los problemas, sin embargo, continuarían: Amada iniciaba su transición en una sociedad que, pese a ser bastante mayor a ella, tiene muchísimos más miedos.

transexualidad infantil

Amada fue madrina de deportes, presidenta de curso y Estrellita de Navidad. Fotografía de José María León para GK.

En las vacaciones escolares de 2016, Amada también empezó a ponerse sus primeras blusas, sus primeras vinchas y sus primeras faldas dentro y fuera de casa. Tanto la familia de Lucía como la de Fernando respaldaron sus decisiones, pero hubo amigos que no las entendieron, se alejaron y dejaron de llamarlos. Ellos, de todas formas, tenían una preocupación más inmediata: una tarde, Amada les preguntó si podría ir a cuarto grado con su nuevo nombre y vestida con esa ropa y ese peinado con los que se sentía tan cómoda.

Ambos eran conscientes de que la escuela en la que estudiaban sus hijos era católica y conservadora, y por eso ni siquiera lo averiguaron y empezaron a buscar una nueva. “Ahí nos volvimos a dar de frente contra un muro. Fue desesperante y agotador. Nos golpeó muy duro, porque nunca habíamos sido discriminados”, dice Lucía dos años después en la mañana tibia de un domingo mientras Amada, a sus espaldas, termina las tareas escolares en la mesa del comedor.

Entre junio y agosto de 2016, Lucía visitó 14 escuelas privadas, muchas de ellas laicas, y en ninguna recibió cupo. Al principio, cuando decía que necesitaba inscribir a dos personas (a su hijo mayor y a Amada), la atendían bien, la asesoraban y hasta le ofrecían descuentos. Pero apenas aclaraba que uno de los cupos era para una niña transgénero, las reacciones eran otras, más agresivas:

Eso no existe.

Eso está mal.

Salga de mi oficina.

Vuelva cuando ya la operen.

Para el 22 de agosto de 2016, a pocos días del inicio de clases, Lucía aún no conseguía escuela para Amada. “Tuve que pedir un día libre en el trabajo para recorrer las últimas escuelas del sur que me faltaban. Y yo ya iba dispuesta a todo, hasta a pagar una pensión aumentada como me habían propuesto antes”. Fernando, a su lado, dice que la noche anterior rezó con fervor y se encomendó, como tantas otras veces, a Dios.


—Y esta vez tampoco nos falló.


Esa mañana, en la última escuela a la que fue, Lucía esperó una hora hasta que llegara la rectora. Cuando conversaron, finalmente, Lucía le explicó la situación y creyó que iba a ser necesario ‘hablar de negocios’. Pero la rectora tenía nociones básicas sobre transexualidad y, en lugar de pedirle más dinero, le pidió una capacitación sobre diversidad para todo el personal docente, administrativo y de servicio, y le dijo que trajera a Amada y a David esa misma tarde: “Señora, no busque más: ya encontró escuela”.

Para esa escuela, precisamente, eran las tareas que hacía Amada mientras su madre recordaba, en la sala de la casa, lo que había pasado en 2016. Desde su primer día de clases, Amada consta en la lista con el nombre que eligió y usa el uniforme y el baño correspondientes a su género.

transexualidad en la infancia

Aún muchos expertos consideran que los niños son seres inmaduros, incapaces de tomar una decisión sobre su identidad de género. Amada desafía esa concepción. Fotografía de José María León para GK

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La capacitación sobre diversidad en la escuela de su hija se hizo un sábado por la mañana. Había 30 personas, y fue, sin que ellos mismos lo anticiparan, el inicio de una de las actividades permanentes de la Fundación Amor y Fortaleza, la ONG autofinanciada que Lucía y Fernando fundaron en agosto de 2017 para —según indican en los trípticos y en su página web— “brindar información y asesoramiento a las familias con niñas, niños y adolescentes transgénero y transexuales”. Dos años después de haber comenzado su lucha, habían creado el mapa, la linterna, el fortín y el espejo que ellos, en el inicio de su transición, nunca tuvieron.

“Solo el amor que tienes por tus hijos te da la fortaleza para enfrentarlo todo”, dice Fernando para explicar el nombre de la organización. Un año después de su creación, más de 10 familias de niños y niñas transgénero de entre 6 y 17 años —que viven en Quito, Santo Domingo, Ibarra, Cuenca, Guayaquil y Manabí— son Amor y Fortaleza.

Las familias tienen un grupo de WhatsApp en el que comparten noticias, dudas, anécdotas y consejos sobre sus procesos: mientras unos ya empezaron con el cambio de nombre, de ropa y de juguetes, otros aún no se animan a contárselo a sus familiares. “No se van a esconder, van a seguir haciendo las cosas que hacían, pero esta es una etapa en la que van a explicar lo que pasa”, les dice Lucía a los principiantes para que no pierdan el ánimo, “los que entiendan se quedarán a su lado; los que no, que sigan su camino”.  

Además de apoyar a los padres y de dar charlas en escuelas, universidades y donde los inviten, los directivos de la fundación también ayudan en el proceso de escolarización de los niños e intentan incidir en leyes y políticas públicas. Para eso tienen aliados como Christian Paula, el abogado de Fundación Pakta que patrocina el caso para que Amada obtenga reconocimiento legal de su identidad. “Tu cédula —dice el abogado—determina cómo te tratan en el espacio público y cómo accedes a derechos. Por eso es importante que Amada obtenga una acorde a su identidad, para que no sea una problema viajar, estudiar o ir al médico”.

Otro nombre, otra foto, otra letra: apenas hacen falta esos cambios para que la vida de Amada no sea —ni tenga que ser —como ha sido la vida de muchos hombres y mujeres trans: sospechosa, marginalizada. Invisible.  

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El 15 de enero de 2018 fue un día atípico para Amada y su familia. Lucía, Fernando, David y ella se despertaron temprano, desayunaron, se pusieron chaquetas y vestidos y recibieron a la periodista y al camarógrafo de televisión que los acompañarían durante esa mañana fría. Afuera de su departamento, en el sur de Quito, los esperaba una limusina blanca de techo negro. Los vecinos, desde sus ventanas, espiaban con curiosidad. Amada y su familia cruzarían la ciudad de sur a norte hacia el Registro Civil donde —junto al abogado Paula y un grupo de activistas LGTBI— Amada se presentaría para solicitar el cambio legal de nombre y sexo en su cédula de identidad.

Amada llevaba un vestido blanco sembrado de florcitas negras que combinaban con sus zapatos. Su pelo largo, negro y ondulado estaba recogido como un caracol sobre su nuca: era un moño de princesa.

papás de niños trans

“Solo el amor que tienes por tus hijos te da la fortaleza para enfrentarlo todo”, dice Fernando, papá de Amada. Fotografía de José María León para GK

Para evadir el frío y la llovizna, llevaba la chaqueta que sus padres habían mandado a hacer para la ocasión, con una inscripción especial: Protégeme. La palabra estaba estampada en la espalda, en medio de una bandera de cinco franjas horizontales: una blanca en el centro, escoltada por dos rosadas y dos celestes en los extremos.

Eran los mismos colores que ondeaban en el costado derecho de la limusina alquilada. El conductor, acostumbrado a decorar su auto con banderas de cientos de países, les preguntó extrañado a cuál pertenecía esa. “Cuando le contamos que era la bandera trans, dijo ‘¡ah!’ y se quedó en silencio”, recuerda Fernando tres meses después en la sala de su casa, donde reproduce en el televisor el reportaje que les hicieron ese día. En el video, la periodista le pregunta a su hija —que antes usaba un nombre, ropa y juguetes de varón— si se siente más feliz ahora. “Sí, porque mis padres ya saben cómo soy yo”, responde Amada sin titubear.

Ahora saben tanto e investigan todo acerca de quién es ella, que Lucía cuenta que, hace unos días, leyó un artículo sobre las personas de dos espíritus en los pueblos amerindios de Estados Unidos. Bryan Joseph Gilley, autor del libro Becoming Two Spirits (2006), explica que estos hombres y mujeres ocupaban un lugar especial en las culturas nativoamericanas porque “equilibraban el espíritu masculino y femenino”. Por esa ventaja, además, eran elegidos como consejeros, embajadoras o chamanes.

En el Ecuador de 2018, sin embargo, a veces no hay sensibilidad legal ni para entender un solo espíritu, menos dos: El 5 de febrero, el Registro Civil negó el pedido de Amada y de sus padres, argumentando, entre otras cosas, que se trata de una menor de edad.

Frente a eso, en agosto, la defensa de Amada presentó una acción de protección acompañada de 10 amicus curiae de organizaciones civiles y entidades como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para  Igualdad de Género para —como explica Paula— demandar al Estado por la “violación de los derechos a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, al principio de interés superior del niño…”. El juez, esta vez, ordenó un peritaje psicológico para Amada a cargo de una psicóloga del complejo judicial donde se realizó la audiencia, que se retomará en los próximos meses. La finalidad de este requisito es evidenciar que la niña no está siendo forzada por sus padres y que actúa bajo su propia autonomía.  

Es domingo, mediodía y mientras la familia espera tranquila hasta la próxima audiencia, en su casa Amada tiene unas cuantas obligaciones por cumplir antes de salir a jugar: terminar  los deberes, comer más vegetales en el almuerzo y llevar sus platos al lavabo.Ella ya sabe que aquí no tiene ninguna corona y que debe ayudar, como todos”, dice Lucía riéndose al tiempo que muestra, orgullosa, las bandas escarchadas de Madrina De Deportes y  Estrellita de Navidad que su pequeña ha lucido sobre el pecho.

UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Claves para entender la campaña para despenalizar el aborto en Ecuador

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Aborto Libre, Legal y Seguro en Ecuador es una campaña que busca la despenalización social y legal del aborto. La social para que se deje de estigmatizar a las mujeres que deciden abortar y la legal para que se eliminen los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que criminaliza esta práctica. La iniciativa es impulsada por mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes, y personas trans que buscan que se garantice el derecho a decidir de las mujeres.

La primera acción de la campaña es una movilización por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que se conmemora a nivel mundial cada 28 de septiembre. En Ecuador, habrá una marcha en Quito, que iniciará afuera de la Fiscalía General del Estado a las 17:00 y llegará hasta la Plaza Grande.

En noviembre de 1990, durante el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en San Bernardo, Argentina, se declaró al 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. En este encuentro, representantes de Uruguay y Argentina dieron un taller sobre aborto y explicaron cómo su penalización genera que las mujeres lleven a cabo esta práctica en condiciones de inseguridad y clandestinidad. La fecha fue propuesta por la delegación brasileña en conmemoración a la Ley de Libertad de Vientres que fue aprobada en Brasil el 28 de septiembre de 1871.

En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en El Cairo, se mencionó a los derechos sexuales y reproductivos. “Por primera vez, se insta a los gobiernos a considerar que los abortos en condiciones de riesgo son una causa importante de mortalidad materna y una importante cuestión de salud pública”, dice el boletín de la Conferencia. Un año después, en la conferencia de Beijing de la ONU, se volvió a enfatizar en el tema: “El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos”. En el 2008, el Consejo de Europa recomendó a sus 47 países miembros que garanticen un aborto “legal y sin riesgos”.

El show (judicial) tiene que continuar

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Reminiscencias de otros tiempos: el martes 25 de septiembre de 2018, el edificio de la Corte Nacional de Justicia está cercado por vallas policiales. Sin embargo,  la concurrencia a la que deberían contener no llega a veinte personas: es mucho cerco para tan poca masa. Los presentes, simpatizantes del expresidente Rafael Correa, portan carteles con la imagen de su líder, otros, camisetas verdeflex del partido que lideraba Correa. Al interior del edificio, algunos policías controlan el orden, durante el segundo día de la audiencia de llamamiento a juicio por el supuesto secuestro de Fernando Balda, en el que uno de los involucrados es el hombre que gobernó con vehemencia al Ecuador entre 2007 y 2017. Balda, un enemigo político de Correa, sufrió un intento de secuestro en Bogotá, en 2012, donde vivía autoexiliado. En el intento fallido habrían participado Diana Falcón y Raúl Chicaiza, dos exagentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia periodistas, abogados y familiares de los procesados, buscan, con urgencia, entrar a la sala de audiencias— la misma en que, hace menos de un año, Jorge Glas —entonces Vicepresidente de la República— fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita.  

A pesar del apuro por entrar,  no se espera nada demasiado revelador. Todos los asientos están ocupados: el número de simpatizantes correistas también se ha reducido allí. El viernes anterior, en el primer día de audiencia, al menos un tercio de la sala estaba compuesto por seguidores del expresidente. La cartografía de la sala muestra en las primeras filas a los llamados veedores internacionales —personajes afines al correísmo que llegaron de Italia, Bélgica, Brasil y Uruguay a observar la audiencia. Entre ellos, dos de sus abogados europeos, el belga Christophe Marchand y el italiano Antonio Ingroia.

Ya instalada la audiencia, hablan los abogados. Empieza Felipe Rodríguez, defensor de Balda. Joven, elocuente, impetuoso; el manejo de la voz, los comentarios irónicos que hace en medio de las audiencias, suelen romper con la monotonía de las intervenciones:

— Aclaro a la defensa, con todo respeto, Rafael Correa es expresidente.

Pero el momento más histriónico de Rodríguez llega cuando, mirando al público como quien espera una reacción, dice que la asambleísta correista Sofía Espín visitó en la cárcel a la agente Diana Falcón.  Que junto a ella estuvo Yadira Cadena.

Entre los periodistas comienza un murmullo:

— ¿Quién es Yadira Cadena?

— Trabaja con Caupolicán Ochoa, dice alguien.

Ochoa es el abogado de Rafael Correa.

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Pasan cerca de veinte minutos y llega el receso. Los periodistas están ávidos de conversar con los abogados, después de las palabras de Rodríguez. Todos quieren más detalles. Balda baja a la improvisada sala de prensa en la planta baja. De su mano va Vanessa Castello, su esposa, que se queda detrás de él. Él, alto, frente a más de una decena de cámaras y una veintena de periodistas, estira el cuello, ríe. Balda es poseedor de una teatralidad propia. Le gusta llamar la atención y dominar el escenario— sobre todo cuando hay medios. No tiene reparos en presentarse como un personaje que reivindica los abusos del gobierno de Rafael Correa y para eso se dirige a la prensa como quien le habla a sus aliados, como si la lucha fuese común. Ante los micrófonos repite la denuncia de Rodríguez: explica que Yadira Cadena, además de trabajar con Ochoa, es cercana al exlegislador correista Virgilio Hernández, que ella le sigue los pasos desde siempre. Mientras él se explaya, Ochoa baja y espera su turno.  

En cuanto Balda termina, el defensor de Correa ocupa su lugar. Hay un contraste visible: Balda es joven— y se ve aún más joven. Ochoa debe llevarle unos veinte años. Balda es alto, atlético —Ochoa es más bien rollizo y camina lento. Balda habla con soltura, Ochoa hace pausas descolocadas y se tropieza en el lenguaje. “Que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie”, dice. Que no conoce la naturaleza de la visita, dice. Y se va de largo: habla de detalles del proceso, de los exagentes, de las pruebas.

Los periodistas le lanzan una y otra vez la preguntas: ¿Yadira Cadena trabaja con usted? ¿Confirma que visitó a Diana Falcón? ¿Para qué visitó a Diana Falcón?

— Ojalá las personas visiten a esta mujer. Ojalá ejerzan su solidaridad.

— No conozco qué ha hecho Yadira Cadena.

— No he hablado con Diana Falcón.

Ninguna de sus respuestas responde las preguntas de los reporteros. A un costado de la sala, Balda y sus allegados cuchichean. Balda se separa del grupo, se abre paso entre los periodista, alzando el índice, amenazante, e interrumpe a Ochoa:

— Yo voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa, es gravísimo lo que usted ha hecho.

Detrás de él, un hombre —posiblemente de su seguridad— lo sostiene del pecho, como para evitar que se abalance sobre Ochoa.

—Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado que trata de ofenderme frente a los medios de comunicación.

Los periodistas insisten.

— ¿Yadira Cadena trabaja con usted?

— Es una abogada en libre ejercicio

Al fondo, las barras de Balda gritan.

Balda exige que lo dejen replicar a Ochoa. Los periodistas le responden que no, que ya habló, que necesitan oír al resto. Balda, ensimismado,  no escucha y como si una sonrisa sirviera para justificar su necedad, se vuelve a sentar en la mesa. Ochoa lo ve y se le ríe a carcajadas:

— Esto es una ridiculez. ¿Qué, ahora cuando acabe yo también debo pedir la réplica? Por favor, es ridículo.

El desfile de abogados continúa con Diego Chimbo, defensor de los dos exagentes Falcón y Chicaiza.  Confirma que la legisladora Espín ha visitado el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino Prioritario en Quito, en el que está recluida Falcón, acompañada de Yadira Cadena. Que se investigue, pide. Dice que no es la primera vez que buscan a sus defendidos para presionarlos. Que algunas personas, cuando van a visitar al expresidente Glas, en la cárcel 4, aprovechan para buscara a Chicaiza. Que a Falcón le ofrecieron llevarla a Europa a cambio de que se retracte de su versión diciendo que el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, la ha presionado para mentir.

Desde la Asamblea, Sofía Espín reacciona. Dice que sí fue a visitar a Falcón, pero por motivos humanitarios,  que jamás la ha presionado. Días antes, Espín había dicho en su cuenta de Twitter que los migrantes iban a pagar los gastos para que los veedores se quedasen en el país hasta el viernes 21 de septiembre. Hay un tufo de ridiculez en lo que sucede: Ochoa, Balda, Espín parecen actores de una tragicomedia conscientes de que el show tiene que continuar.

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Han pasado cuatro días de audiencia. Las ‘partes procesales’ —es decir Rafael Correa, Raúl Chicaiza, Diana Falcón, Pablo Romero Quezada (el ex director de la Senain, vinculado también en el proceso), Fernando Balda y sus abogados, además del fiscal Paúl Pérez, han presentado los elementos que sustentan sus argumentos. En el caso de Balda y la Fiscalía, aquellos que probarían la participación del expresidente, el exjefe de la Senain y los dos exagentes en el fallido secuestro. En el caso de ellos, los descargos para no evitar ir a juicio.

Los otros dos involucrados inicialmente en el proceso, Fausto Tamayo y el exagente de la Senain Jorge Espinosa, fueron sobreseídos. El primero, exdirector General de Inteligencia  y excomandante de la Policía, está en prisión cumpliendo una condena de dos años por un caso de corrupción en la entrega de traslados policiales.

Entre los elementos que presentaron los acusadores, están los documentos desclasificados de la Senain de las operaciones Guayacán y Wilson. La defensa de Correa los rebatió, diciendo que la primera no tiene ninguna conexión con el secuestro de Balda y que la segunda tampoco, pues según ellos, el inicio de Wilson fue el 9 de julio de 2013, casi un año después del secuestro.

La Fiscalía también se refirió a las cartas en las que, en 2015, Chicaiza y Falcón le habrían pedido ayuda a Correa. Ochoa dice que el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, las respondió y devolvió diciendo que no sabía de qué operaciones hablaba Chicaiza en sus cartas y que se dirija a las órganos regulares.

La Fiscalía se refirió a unas grabaciones en las que supuestamente intervienen los dos exagentes y Pablo Romero Quezada. Dice que allí mencionan a Correa. Su defensa dice que los audios no son admisibles como prueba porque no hay garantía en la cadena de custodia, que en el peritaje para determinar si es Romero quien habla, no se respetó el debido proceso. Así, para cada prueba presentada, hay una respuesta de los abogados defensores.

Los de Correa no cesan de repetir que no existen elementos para llamar a juicio al expresidente. La Fiscalía insiste que a quien le interesaba secuestrar a Balda es a Rafael Correa. No a Chicaiza, no a Falcón, no a Romero Quezada. A Correa. El argumento es que al expresidente no le gustó que Balda difundiera información sobre el llamado caso Mameluco —la denuncia que habría hecho un ciudadano sobre un presunto acoso sexual que habría sufrido por parte de Correa en el despacho presidencial.

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Son casi las diez de la noche del jueves 27 de septiembre. En la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, que durante el día se llena, casi no hay nadie. Ni la prensa. Los noticieros ya salieron al aire, las ediciones ya cerraron, no se espera mayor novedad. Durante la tarde los involucrados han anunciado sus pruebas —los elementos que usarán para probar su acusación o para defenderse en caso de ir a juicio; y han presentado sus objeciones a las pruebas presentadas por los otros.

Por las intervenciones sabemos que hay varios altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa que serán llamados como testigos en caso de ir a juicio: el exsecretario de la Presidencia y Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, el exministro del Interior, Javier Córdova.

El último en intervenir es Diego Chimbo. Usa la visita de la asambleísta Espín a Diana Falcón para pedir a la jueza que les levante la prisión preventiva a ella y a Chicaiza. Que, en su lugar, les dicte prisión domiciliaria.  “Para precautelar su seguridad”, dice vehemente. La entrada de Espín a la cárcel —que además le costó el puesto a la directora del centro porque, según el gobierno, se hizo sin autorización y sin registro—, dice, demostró las vulnerabilidades a las que se enfrentan sus clientes.

Chimbo se sienta. La jueza, que pocas veces tiene algún gesto que permita descifrar qué está pensando, le ordena al fiscal Pérez que prepare un informe en el que se detalle el nivel de riesgo de Chicaiza y Falcón. Le da 72 horas para que lo entregue. Sin más, da por terminada la audiencia.

En la calle, no queda ni un solo correista. Virgilio Hernández, exlegislador, ha estado desde temprano en la audiencia. A la salida conversa con los abogados de Correa. Ricardo Patiño, hombre fuerte en la era correista, estuvo unas horas junto a Hernández, pero en la noche ya no está. Son un grupo reducido. Las caravanas de autos con vidrios oscuros, el séquito de asesores, choferes y asistentes, las multitudes que esperaban afuera de los actos políticos —esperando verlo o increpar a quien ose cuestionarlo— son recuerdos de lo que, para ellos, fue un tiempo mejor. Hoy son solo un puñado de hombres a pie, bajando de un edificio casi vacío, en donde se decidirá el futuro judicial de quien gobernó al Ecuador por una década. La vallas, silentes, frías y metálicas, siguen ahí, ya no contienen a nadie; carecen de otro propósito que no sea ser reminiscencias de otros tiempos.

Todos ese hombre

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He leído, con imperdonable retraso, La distancia que nos separa de Renato Cisneros. El libro es un relato descarnado de una búsqueda personal, íntima, del periodista peruano: descifrar quién fue Luis Federico el Gaucho Cisneros, su padre, general de división, represor, enamoradizo, y uno de los personajes trascendentales de los últimos cuarenta años del Perú. La búsqueda de Renato Cisneros es, precisamente, dar con aquel hombre detrás del personaje complejo (a ratos brutal, a ratos frágil, capaz de frases de amor como de amenazas de muerte) que fue su papá.

Renato, quinto hijo del Gaucho, segundo varón, fedatario de una estirpe partida por los amores de su padre, cuenta el viaje personal de intentar desenmarañar a ese hombre muerto en 1995. Cisneros hace un ejercicio de memoria, documental y sentimental, que parece tener una sola regla: contarlo todo. El relato está atravesado por la subjetividad del recuerdo, pero cuando asume la narración en presente de cosas que sucedieron en la década de 1930 o de 1970, o cualquier momento de eso que llamamos pasado, todo parece suceder en el instante en que se lee.

Es el retrato del novio compulsivo, del padre severo, del general de división, del ministro del interior y de Guerra, del candidato a legislador, del represor de disidentes, del clausurador de medios, del amigo de Videla, Suarez Mason, Pinochet, del padre que Renato amó. No es la negación del padre en favor de la corrección política; tampoco es su romantización y la justificación de sus excesos. Es Cisneros mirándose en el espejo armado de miles de fragmentos de ese otro Cisneros visto a la luz de otros Cisneros que los precedieron.

La distancia que nos separa es, también, un relato vibrante, desesperado del hombre que el célebre y temible Gaucho Cisneros no fue: mago, bailarín de ballet, poeta. Y, quizá, es eso lo que más me ha golpeado del libro de Renato: por encima de la descripción o la búsqueda de quién era su padre, es un ejercicio sobrecogedor de ver —y recoger— todas esas posibilidades que el Gaucho Cisneros no fue.

El Gaucho pudo ser tantos hombres, pudo ser todos ese hombre: pudo haberse casado con su primer amor, cuando casi adolescente dejó la Argentina para regresar al Perú, pero un reglamento militar lo obligó a cumplir cinco años sin variar su estado civil. Pudo haber perseguido la carrera de prestidigitador que empezó con un truco de magia gore, cuando se abrió la mano con un cuchillo en una fiesta infantil. Pudo ser bailarín de ballet, si no hubiese dejado de ir, con la complicidad de su madre, a las clases en Buenos Aires. Pudo, pudo, podría, podría: no somos sino lo que dejamos de ser.

A larga, lo que nos define no es lo que está dentro de la cuadrícula de nuestra existencia, sino todo aquello que, primero por azar, luego por decisiones paternas y maternas, y finalmente por decisión propia, dejamos de ser. Definirnos es marcar los hitos donde terminamos.

La prosa de Cisneros tiene la naturalidad del vuelo de un pájaro o el zarpazo de un león y, al mismo tiempo, la medida rigurosa de un compositor, un químico o un carpintero. No sé bien cómo describir este libro, que se lee de un solo tirón, en una jornada maratónica apenas interrumpida por el sueño, el trabajo propio, los viajes en auto que —desde hace un par de años— me marean y no me dejan leer. Pero a medida que lo he ido leyendo, pienso que si los cachorros de tigre aprendieran a escribir, se hicieran periodistas y decidieran, un día, intentar explicar a esos felinos mayores y tremendos que son sus padres, escribirían como ha escrito Cisneros este La distancia que nos separa: no hay una línea acomodaticia, ni un atisbo de corrección —están vomitadas las entrañas de un hijo que ama a su padre, a pesar del hombre público que fue, de la brecha que por edad, posición, conveniencia, temor, incomprensión creció entre ambos. El libro es el salto magnífico, total, sobre ese abismo del hijo hacia el padre.

El Ministro de Cultura vive en 1997

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Fue el martes 2 de octubre de 2018 pero podría haber sido el siglo pasado. Ese día, el ministro de Cultura del Ecuador, Raúl Pérez Torres, dio una conferencia titulada Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en la que Ecuador es el país invitado. El verbo está en presente porque la feria se acabará el 14 de octubre, así que todavía quedan algunos días más.

De acuerdo al apartado de la agencia EFE, Pérez Torres —quien, de acuerdo a la visión periodística, encabeza la delegación– “ofreció en una conferencia abierta un repaso por la historia de la literatura de su país, que comenzó por Eugenio Espejo (1747-1795), quien desde 1770 desde panfletos, libros y periódicos ‘asumió su valiente actitud anti-colonialista” que le costaría la vida’. La conferencia de Pérez decía que en el siglo XX, en el Ecuador el realismo mágico tomaría dos caminos: “el realismo social y el psicológico”. Allí, destacó al escritor Pablo Palacio (1906-1947), quien marcaría el “derrotero de toda la literatura posterior” en Ecuador, con su libro Un hombre muerto a puntapiés (1927).

En Uruguay dijo Pérez que cada vez más, la literatura ecuatoriana se vería inmiscuida por los asuntos externos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución cubana, entre otras circunstancias mundiales del siglo XX. “En nuestra América, asesinaban al hombre nuevo. Moría el Che Guevara, masacraban a Salvador Allende, se instalaban las dictaduras más sanguinarias y crueles, pero poetas y pensadores no dejaban de cantar”. En este sentido, el ministro ecuatoriano aseguró que la literatura y el arte “siempre estarán para contradecir, para polemizar, subvertir y revalorizar” a la dignidad humana.  “Por mi parte, he decidido concentrar mi vida en la literatura” dijo Raúl Pérez Torres “Y a veces pienso que más vivo cuando escribo que cuando vivo realmente”, comentó”.

Las palabras y posiciones del Ministro resultan obvias y, en muchos casos, caducas. Pero bueno, así es esto. No toda conferencia funciona.

Sin embargo, una vez que pudimos acceder a su texto en la web del Ministerio de Cultura —en la parte de Biblioteca, dentro de los discursos del Ministro— salta el problema y la razón por la que con varias personas del arte y cultura del país hemos firmado una carta que pueden leer haciendo clic acá.

En el texto completo hay desde errores de puntuación hasta el horror de decir que Horacio Quiroga es argentino. Sí, en una conferencia, en la que el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, presentó a Pérez Torres, el ministro dijo que el insigne autor uruguayo, el genio detrás de Los buques suicidantes, nació en Argentina.

Pero eso es accesorio y hasta gracioso.

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Lo complejo de la conferencia del ministro Pérez Torres radica en que es un texto que presenta una versión absolutamente desactualizada de la literatura del Ecuador. Una en la que literariamente el país solo ha sido territorio masculino; en la que se ignora el rol de escritoras como Dolores Veintimilla, Aurora Estrada y Ayala, Elysa Ayala, Lupe Rumazo y Alicia Yánez Cossío —de quien coloca la novela Bruna, soroche y los tíos, pero sin poner su nombre—, entre otras.

La del ministro es una literatura que solo importa en función de un compromiso ligado a circunstancias políticas e ideológicas. Una literatura que no pasa de los años setenta, que de manera consciente ignora el gran momento actual que viven las letras de Ecuador gracias a autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Sabrina Duque. Ignora el trabajo de editoriales independientes que están apostando por otro tipo de autores y generando otras dinámicas de mercado para nuevos lectores.

El Ministro no entiende la actualidad y quizás no es su obligación entenderla. La literatura hoy es algo distinto, sus motivaciones son menos claras, porque no es necesariamente el resultado de lo que la generación de los setenta publicó. Es decir, hay algo de eso, pero no solo eso. Y en su decisión de ignorarlo, Pérez Torres muestra que no es capaz, ni siquiera, de interesarse por entender lo que no está en su radar.

Esto podría ampliarse con la certeza de que su conferencia no es un texto nuevo. El escritor Mario Campaña, desde un post en su cuenta de Facebook, dejaba en claro que ha encontrado hasta seis reediciones del mismo discurso, desde 1997. La última de ellas publicada en 2016 y que, si se compara con la que acaba de leer en Uruguay, es la misma.

No tengo dudas de que al Ministro no le interesa comprender el momento actual.

Y bueno, no está obligado a entender la actualidad, pero sí está obligado, debido a su cargo, a visibilizarla, a mostrarla inclusive desde su discurso. No solo desde su despacho o a través de decretos ministeriales o invitaciones a ferias.

Porque su conferencia, que recuerden, se tituló Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana puede verse también como una ofensa a autores y autoras invitados por el Ministerio a Uruguay —algunas de estas personas han consignado su apoyo a la carta—,  o como una nueva prueba de que la deuda del Estado con el tema cultural y artístico seguirá siendo insalvable. Porque cultura es lo de antes, literatura es lo que se leía antes y al parecer ese pasado no puede, ni debe, dialogar con el presente.  

Más allá del escándalo

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T ras una serie de mortíferos accidentes de buses interprovinciales, la seguridad vial regresa al  debate público ecuatoriano. El 2018 contabiliza ya 1433 muertes, 33 más que en el año anterior en el período enero-agosto. El total de accidentes viales fatales en el período 2014-2017 superó las diez mil víctimas: es el equivalente a que toda la población de Santa Cruz, en Galápagos, falleciera. Las causas para los accidentes que involucran a buses de transporte interprovincial son varias, pero gran parte del análisis se limita a señalar la impericia’ e irresponsabilidad del conductor, su edad y los requisitos de licencia. Esa es una mirada reduccionista: la realidad es más compleja y las razones incluyen varios factores que van desde la informalidad de las cooperativas de transporte y la falta de regulaciones y controles efectivos, hasta los incentivos económicos perversos que forman parte de este mercado que mueve millones de dólares.

Analicemos  este fenómeno desde  una perspectiva económica. El transporte interprovincial del Ecuador está atrapado en un círculo vicioso impulsado y mantenido por un control de precios artificial por parte del Estado: pésimo servicio, alta siniestralidad e inaceptables cifras de mortalidad. Esto que parece es problema gravísimo, es también una oportunidad: el transporte es un mercado ideal para ser intervenido por empresas innovadoras que sepan operar de una forma digital y tecnológica, volviéndose más eficaces y eficientes que las empresas tradicionales.

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E l negocio del transporte es uno de los más grandes del Ecuador. Pero las estadísticas no son fáciles de encontrar porque se ubica entre la formalidad y la informalidad de la economía “popular y solidaria”. Santiago Ontaneda, fundador y CEO de Vamos, una startup de venta de tickets de bus interprovincial (a la que asesoro a través del programa de mentorías de Buen Trip)  estima que, anualmente, sólamente la venta de pasajes de buses inter e intraprovinciales genera alrededor de 720 millones de dólares. Existen 428 cooperativas y 11 mil  buses. Se venden 130 millones de boletos al año. Es un mercado que representa casi el 1% del PIB anual, por lo que —a pesar de sus dificultades— es muy atractivo.

Para Ontaneda, las principales causas para la inseguridad vial en los buses son los incentivos económicos perversos. La mejor garantía de un viaje seguro, dice, es que el bus salga de la  terminal 100% lleno. De otra forma, el conductor del bus hace paradas en el trayecto para recoger pasajeros, porque cada pasaje vendido en el camino ingresa directamente el bolsillo del conductor.

La falta de una caja común entre los miembros de la cooperativa es una de las principales razones para el alto índice de siniestros en el país. Actualmente los miembros de las cooperativas compiten entre sí porque sus ingresos se basan directamente en las ventas que generan sus unidades, lo cual lleva a las famosas carreras para recoger más pasajeros. La caja común eliminaría este problema, al asegurar que las ventas se repartan equitativamente entre todos los miembros de la cooperativa.

Sin embargo, a pesar de que existe una normativa que obliga la implementación de la caja común, son contadas las empresas que han logrado establecerla.  Y es que, con la regulación de precios que rige en el sistema, las cooperativas, sus dueños y los choferes de los buses, no tienen ningún incentivo para invertir recursos para cambiar el estado de las cosas. Los precios de los pasajes están regulados y congelados por ley, lo cual hace que la competencia entre cooperativas se concentre exclusivamente en llevar más pasajeros, y no en diferenciarse por la calidad de su servicio.

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U n mercado millonario y lleno de ineficiencias es el territorio ideal para  empresas que busquen captar una mayor cuota de mercado ofreciendo mejoras en el servicio.Algunas startups han optado por atacar el mercado por el lado de la venta de boletos. Multipasajes.com, por ejemplo, ofrece la compra de pasajes con tarjeta de crédito a través de su sitio web. Vamos está trabajando en ofrecer un servicio que permita la compra de pasajes vía Whatsapp, y busca apalancarse en las tiendas de barrio de todo el país para permitir el pago en efectivo.

Por su parte, el Gobierno del Ecuador ha intentado dar soluciones políticas a la inseguridad vial en el país. El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, promovido por el presidente Lenin Moreno desde agosto de 2017, aglutina a varios actores que incluyen 64 organizaciones como gremios de transporte y turismo, empresas privadas, ensambladoras, universidades y organizaciones sin fines de lucro.  

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A pesar de los esfuerzos, las estadísticas no muestran resultados positivos de esta iniciativa.  ¿Por qué?

Porque mientras no se cambie el enfoque de la competencia entre las cooperativas y empresas de transporte hacia la calidad y eficiencia en el servicio, mediante la liberalización controlada de precios poco o nada se logrará. Además, se debe incentivar la formalización del  mercado gris de las cooperativas.

Para lograrlo, hay que  empezar por eliminar el control de precios y promover una sana competencia y diferenciación de servicio entre las empresas del sector. De esta manera, los usuarios podrán seleccionar la empresa que más les convenga para viajar, considerando diversos factores —incluyendo el servicio que estas brinden.


**Este artículo se publicó originalmente en guapulo.com

Virginia Gómez de la Torre: “El Estado es encubridor y cómplice de los violadores sexuales”

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En el 2016 se publicó el informe Vidas Robadas que recogía el testimonios de 15 niñas que quedaron embarazadas y parieron, producto de una violación. Vidas Robadas —elaborado por Fundación Desafío, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos reproductivos en el Ecuador— rescató la escalofriante cifra que reposaba en los departamentos de estadísticas de instituciones públicas pero que no había sido difundida: cada año aproximadamente dos mil niñas menores de 14 años se embarazan en el Ecuador.

El 3 de septiembre de 2018, durante el lanzamiento de la campaña para visibilizar el incesto en Ecuador No más secretos familiares , la presidenta de fundación Desafío, la doctora Virginia Gómez de la Torre, dijo que hacía un mes habían corregido esa cifra: ya no eran dos mil sino 2 mil 700 niñas. Un día después, en su oficina en el centro de Quito, de la Torre explica que el cambio de número no corresponde a un aumento en estos dos años sino a una corrección de un estadista quien, vía Twitter, les dijo que su cálculo —hecho en base a cifras oficiales— estaba equivocado y que en realidad eran 700 más: de ellas, el 2% están por tener su segundo embarazo.

Ustedes son una organización independiente, el estadista que les corrigió la cifra también tiene una encuestadora independiente. ¿El Estado no cuenta con cifras sobre el embarazo de niñas?

Cuando uno pide las cifras al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  por ejemplo, te dan las cifras de las niñas que parieron, no de las que se embarazon. Y eso es distinto. Cuando pedí las cifras de las que se embarazaron, me contestaron ‘no le podemos dar, le podemos dar de las que dieron a luz’. Ahí hay una dificultad de voluntad política.

De no mapear esta situación…

Claro, porque también pedimos a la Fiscalía el número de niñas violadas y embarazadas y no nos dieron. Me dijeron que no, que era prohibido dar ese dato porque son niñas. Lo prohibido es revelar la identidad, pero estamos pidiendo una estadística, no estamos pidiendo los nombre de las niñas. Y no me la dieron tampoco. Me dieron solo el número de violaciones.

¿Por qué cree que hay este vacío estadístico sobre un tema tan urgente como el embarazo de las niñas?

No creo que hay un vacío estadístico. Creo que las estadísticas están, lo que no hay es una difusión de la información. Una difusión de las cifras reales. El estadístico Freddy Llerena corrigió el dato porque lo difundimos en una red social. Pero el Ministerio de Salud no se posiciona en el tema de cuáles son las cifras reales. Y no difundir la cifra real es no darle respuesta al problema. Es lo que yo ayer en el lanzamiento de la campaña contra el incesto planteaba: el Estado no hace nada por las niñas violadas peor si están embarazadas.

Por lo tanto es un encubridor y cómplice del violador. Sin querer acusar al Ministerio o sin querer acusar al gobierno anterior o qué sé yo, el tema es que hay temor, hay inseguridad, y no se quiere poner en la opinión pública la barbaridad que significa tener de promedio 2 mil 700 niñas embarazadas. Es como un estigma de país. Este es un país en donde violan a las niñas, las embarazan y nosotros no estamos haciendo nada. Claro, nos han dejado decir que son 2 mil. Porque ¿quién tenía que corregir la cifra?

El Estado…

Pero no lo hizo. Hay no sé si un ocultamiento pero sí una desinformación desde el Estado. Si nosotros dijéramos hay cinco mil niñas probablemente nos van a decir ‘bueno, ¿y dónde está la evidencia?’. No vamos a falsear esa cifra, pero lo que llama la atención es que cuando dijimos 2 mil, el Estado se quedó tranquilo. Ese es un indicador de que a nivel estatal no se han sincerando las cifras.

embarazo de niñas en Ecuador

Cada año en el Ecuador se embarazan 2700 niñas. Fotografía de José María León para GK.

Usted señala que no se sinceran, en parte, por la vergüenza que pueden significar estas cifras tan altas. ¿También podría ser porque no tiene una política o una solución a este problema?

Las dos cosas. O sea, tener las cifras de embarazo infantil que tenemos es un indicador: Ecuador es un país que permite que violen a las niñas, y además permite que las embaracen y continúen con embarazos forzados. Porque obvio a las niñas el Estado no las protege porque por la pobreza en la que viven son más vulnerables. Obviamente frente a la incapacidad y a la no respuesta del Estado, el otro resultado es ‘mejor no difundamos mucho, mejor que quede ahí la cifra’ que no sirve de nada porque en realidad incluso si nos quedamos en la dos mil es altísimo, es demasiado.

¿A qué se refiere con que el Estado no protege a las niñas? Si pensamos en cómo las podría proteger, ¿cuál es el escenario al que queremos llegar?

El Estado no está cumpliendo con una responsabilidad básica que nace de haber suscrito todas estas convenciones internacionales, haber hecho programas de protección integral, y haber puesto en la Constitución que garantiza el bien superior que es la niñez y la adolescencia. Si vamos a lo local, al barrio, a la comunidad rural, a la comunidad pobre urbana, y vemos el interior de la familia y vemos los indicadores altísimos de violencia contra las mujeres, es una la realidad que está ahí y la conocemos, ¿qué debe hacer el Estado?

Primero, debe proteger a las mujeres porque esas mujeres están pariendo niñas y niños que luego son violentados sexualmente. Claro, las niñas se llevan la peor parte porque en un momento dado pueden quedar embarazadas. Pero, a más de eso, el Estado no cumple con todo lo que ha puesto en la Constitución, un montón de derechos que están ahí para las niñas y adolescentes, para las mujeres. Todas las estrategias de prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia no se cumplen.

Se podría decir que en papel están las garantías…

Sí, en estos casos que hemos contado de cerca, de manera cualitativa, de las niñas que llegan embarazadas a los hospitales, ningún caso ha sido denunciado por el Estado, de parte del sistema de Salud. A excepción de una niña violada que el delito fue denunciado por la familia.

De hecho, la violencia sexual en las niñas es, para el Estado, poca cosa. No sé si tiene que ver con la violencia en las adultas. Es como que la violencia en todos sus aspectos es un problema de adultas, o sea cumplen 18 años y las empiezan a violentar. Ahí el Estado tiene establecidas sus políticas pero las políticas no deben ser solo para las adultas, sino también para las adolescentes o para las niñas. Y las niñas se llevan a la peor parte porque también mimetizan con las adolescentes. Las niñas no existen.

El Estado tampoco hace el esfuerzo de visibilizarlas y tal vez, en ese sentido, como sociedad civil, tengamos que hacer más esfuerzos para decirle ‘mire esto es lo que está pasando en el país’.

¿Las cifras podrían ser peores?

Sí. Solamente en Esmeraldas, 31 obstetrices dijeron que atienden niñas de menos 14 años todos los días. Todas estas obstetrices lo único que hacen es diagnosticar el embarazo y controlarlo.

A ellas llegan embarazos más tempranos pero la mayoría son embarazos avanzados con complicaciones de parto que no han podido resolverse en el primer y segundo nivel. En ninguno de los tres niveles le dan una respuesta a la niña que no sea que continúe el embarazo.

Por eso nosotros planteamos en nuestra primera investigación de Vidas Robadas que el Estado omite, invisibiliza a las niñas y, premeditadamente, hace que continúen con el embarazo.

Es premeditado porque nadie quiere hacer el esfuerzo de decir ‘bueno, esta niña es violentada, su familia es pobre, va a regresar a un entorno de violencia’. A nadie se le prende el foco y dice ‘esta niña tendrá otra respuesta de mi parte’.

¿Cuál podría ser esa respuesta desde el Estado?

Cuando nosotros hablamos del Estado nos referimos al Sistema de Salud Pública representado en un servicio de salud: hospital o un centro de menor nivel nivel que tiene que cumplir con una serie de protocolos que le dictan qué hacer en estos casos. En estos casos de violencia o en casos de interrupción terapéutica. Hay un protocolo que se llama Guía Clínica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo.

Pero, ¿qué pasa cuando llega una niña embarazada?

A nadie se le ocurre aplicar la guía de práctica clínica para interrupción de un embarazo porque hay todavía un imaginario que el aborto es ilegal en caso de violación en general.

embarazo de niñas en Ecuador

Según Virginia Gómez de la Torre, la ley de adopción en el Ecuador está diseñada para que la madre se quede con su hijo. Fotografía de José María León para GK.

Pero sí es ilegal en caso de violación…

Es ilegal de acuerdo al Código Integral Penal. Sin embargo no es ilegal interpretar. En el mismo artículo 150 dice que el aborto no será punible en una mujer para evitar un peligro para su salud o su vida. Si bien es cierto que el aborto es ilegal en caso de violación como una generalidad, lo que planteamos y se está planteando a nivel de América Latina —en donde la salud es entendida como la salud integral a la cual nos hemos adscrito como país tanto a la OMS, a los estándares internacionales— es hacer una interpretación de lo que significa un embarazo por violación y de lo que significa un embarazo en una niña menor de 14 años.

O sea si es que hubiese la voluntad política y mañana a un consultorio llega una niña de 13 años con seis semanas de embarazo, ¿el médico podría practicarle una interrupción del embarazo terapéutico, y no tener ningún cargo legal en su contra? Eso nunca ocurre.

Ocurre muy poco, y es producto de la maquinaria estatal que camina a pasos muy lentos. En otros países como Argentina está muy posicionado. En Rosario y en Buenos Aires, por ejemplo.

Ahora la idea es definir, como incluso lo dice la Ley en contra de la violencia a la mujer, que el embarazo de una niña o una adolescente es de alto riesgo. La ley lo está definiendo.

En ese marco, la sensibilización, la concientización, el aprendizaje de quienes están en el sistema de Salud debería ser que frente a los casos, ellos deben hacer una historia clínica más exhaustiva. Deberían llamar a la psicóloga, a la trabajadora social, deben pedir la opinión sobre ese caso porque incluso el médico está capacitado para encontrar riesgos físicos, sociales y mentales. Y se supone que la facultad de Medicina nos enseña a hacer un diagnóstico integral.

Podría poner un ejemplo…

Nos pasó con el caso de una mujer que había sido violada y tenía lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune gravísima. Hablamos sobre evitar un peligro en su salud y en su vida y nos han respondido ‘nosotros tenemos toda la evidencia y toda la experiencia para brindarle a la mujer con lupus un embarazo sin riesgos y que dé a luz finalmente su producto sin correr riesgos ni ella ni el producto’.

A ver le digo: usted está pensando solo en la salud física, porque cuando yo le pongo este caso específico, hablo por tres casos de mujeres con lupus que han venido a la Fundación a pedir ayuda porque no quieren continuar con ese embarazo, porque ellas más que nadie saben lo que es tener su enfermedad. La expectativa de vida de una mujer con lupus es menor que la del resto.

Son mujeres que están condenadas o que si no tienen las posibilidades económicas son propensas a sufrir daños renales. De las que nos han dicho, no quieren continuarlo porque no están en todas sus capacidades para ser mamás y para darle a ese hijo todo su tiempo y energía porque son mujeres con salud precaria. Entonces hay un componente de salud mental que no se considera.

Peor en el tema de las niñas.

Si no se considera a una mujer a adulta que lo sabe verbalizar, peor se considera en una niña. Nosotros vemos que las niñas no solamente llegan con el peso físico de su embarazo sino que llegan afectadas psicológicamente, aunque no parezca.

Están afectadas porque no es lo mismo un cuerpo de 12 o 13 años con un hijo, que un cuerpo pleno que desde los 18 años está en toda su capacidad para procrear. Los cuerpos de las niñas son más pequeños. Claro, obviamente, podemos decir que hay niñas de 12 que son altas pero eso no significa que internamente sus órganos reproductivos estén al máximo de su capacidad. Entonces, los médicos deben hacer una evaluación física y pedir el informe de la trabajadora social, de la psicóloga. Hacer la junta técnica, no la de bioética, sino la de el comité técnico.

Pero eso es el deber ser. Es más común que la atención se enfoque en priorizar la continuación del embarazo.

Sí, de la gestación. Ahí nos enfrentamos a otro tipo de desafío: que quienes hacen las evaluaciones tengan enfoque de derechos y de género, que sepan leer la realidad de una niña que básicamente no debería continuar con ese embarazo. Se le debería dar también esa oportunidad porque de lo que yo entiendo, no puedo asegurar, pero al parecer habría un caso de una niña que amenazó con suicidarse. Por ejemplo, el suicidio como un riesgo en estos casos es algo que se debería tomar en cuenta.

Las personas que se van a suicidar rara vez dicen que se van a suicidar. Una cuestión de suicidio está demostrada, por ejemplo, en estas cifras de suicidio del Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Me parece que la primera causa de suicidio en las adolescentes es la violencia, entre otras cosas, problemas relacionados con la salud reproductiva y el embarazo, hay una relación. Pero si usted va y pide a la morgue información de los suicidios de mujeres y pide que le digan cuántas mujeres de las que se han suicidado han estado embarazadas, tampoco le dan. Yo he pedido.

¿Están las cifras cortadas?

Están bloqueadas. Eso es obstaculizar la transparencia de la información para que el mismo Estado tome decisiones o la misma sociedad haga acciones de presión.

Para estar claras sobre esta interrupción del embarazo. Si llega una niña de 11 años con 6 semanas de embarazo y el doctor estuviese capacitado, podría decir ‘esta niña tiene un alto porcentaje de morir si pare, le voy a aplicar esto’. ¿Sería así de sencillo?

No, no es tan sencillo porque el imaginario que prima en la sociedad y en los centros de Salud es que el aborto es ilegal. Habría que hacer un trabajo de concientizacion y sensibilizacion. Hay que hacer un trabajo técnico legal de decir ‘a ver, la interpretación legal del artículo 150 del Código Penal del primer inciso es esta: esa niña de 11 años que viene con 6 semanas de embarazo a la que se le puede salvar la vida, hay que hacerle un diagnóstico exhaustivo físico psicológico y social que corresponde al consenso de salud que es al que nos hemos adscrito como país’.

Esa niña es una emergencia médica: hay que someterla a todos los dispositivos de diagnóstico psicológico, social y físico para ver la posibilidad de que califique para una interrupción terapéutica. Empezando porque a la niña hay que decirle y ella tiene que decidir. Uno no puede decidir por ella.

¿Si ella no quisiera no se haría?

Sí. Pero ella de plano va a decir que no, que quiere conservarlo por toda esta concepción que nos han metido. Ese es también el drama que viven estas niñas de que no hay nadie que les diga ‘a ver, aquí hay un Estado que se preocupa por ti’. Es un voto de confianza que nos tiene que dar al Estado, nos tiene que dar una respuesta. Y la respuesta sería: ‘el embarazo que estás viviendo no necesariamente tienes que continuarlo’ y desarrollar una asesoría, un espacio de información y decirle: ¿estás contenta, estás bien?

¿Pero todo esto en papel sí existe?

No existe la consejería para plantear las diversas opciones que tendría esta niña en su embarazo.

¿No hay ningún protocolo que lo especifique?

No, existe el protocolo para el parto pero es el mismo que aplican para la adulta. Ningún servicio en el país tiene diferenciada la atención del parto para la adolescente, peor para la niña. La niña va a pujar igual que la mujer de 30 de 25 están en la misma sala.

¿Cómo es la atención que reciben las niñas desde el sistema de Salud pública?

Depende de dónde. Por ejemplo, la maternidad Isidro Ayora (en Quito) tiene servicios de tercer nivel, de adolescentes embarazadas donde también van niñas. Tienen una propuesta interdisciplinaria, de preparación de profilaxis para el parto. Las preparan para que puedan aceptar de mejor manera el drama que van a vivir cuando van a parir o cuando le van a hacer una cesárea. Les hacen seguimiento: hay psicologa, trabajadora social. Es un servicio muy bien consolidado pero claro ahí no hay una distinción: la niña embarazada producto de una violación que va con su panza grande y va a tener que parir, es preparada para que acepte el embarazo también. La preparan para parir porque obviamente este es un país que no le da otras alternativas. Si fuera un país en donde la ley de adopciones fuera diferente, en donde la niña pudiera ser acompañada e informada, donde le digan ‘bueno cuando tu hijo vaya a nacer, ya va a estar ahí la pareja que lo va a adoptar, la vas a conocer’. Una ley de adopción diferente de la que tenemos ahora que es una ley que obliga a las mujeres a quedarse con los hijos. Esa es la ley de adopciones que tenemos. ¿Qué oportunidades tiene esta niña?

No tuvo la oportunidad de interrumpir su embarazo y después de parir no tiene la oportunidad de darlo en adopción. ¿Qué le queda?

Ni abortar ni dar en adopción. No hay ese chance en el Ecuador. La adopción es difícil por varias razones. Primero porque hay un imaginario que es muy latinoamericano y es muy ‘mariano’, muy de la Iglesia Católica, que es la glorificación de la maternidad. Para ese imaginario ser madre es un regalo —no solo un regalo, sino un don de Dios. Y cuando las mujeres desobedecen ese mandato social y religioso, son castigadas.

¿Cuál es el problema concreto con la adopción?

Las propuestas del Estado en el tema adopción deberían ir más allá de la ley. La adopción no es la ley. Debería tener subcomponentes porque hay diferentes clases de adopción. No creo que se pueda eliminar, pero sí disminuir el dolor que puede significar para la mujer que gestó un bebé y que no quiere tenerlo con ella. Se puede disminuir con unas propuestas psicológicas de acompañamiento y respuestas. Por ejemplo, hay propuestas que dicen ‘esta es una adopción abierta, usted va a poder seguir sabiendo de su bebé a lo mejor lo puede seguir viendo una vez al año’.

Recuerdo una película que se llama Día de la Madre, donde me llamó la atención la modalidad de adopción: parte del acuerdo al que llegaron entre la madre y la pareja que adoptó es que le manden una foto de su hija cada año a cambio de que no pregunte por ella. Ella vivió el proceso de su hija pero nunca pudo expresar que era su madre. Ese es un modelo.

Aquí eso no sucede porque, de lo que me han dicho, la ley de adopción está diseñada para que la madre en algún momento decida quedarse con su hijo porque le dan un plazo después de que pare, ven si de la familia más cercana alguien se  puede quedar con el bebé, y luego en la familia más lejana, y después de seis u ocho meses no ha habido como, recién ahí declaran al niño en abandono. Pero eso es brutal: violencia para ese niño y para la mujer porque ahí puede ser que se cree un vínculo, y si esa mujer no puede quedarse con ese bebé por la pobreza, porque es muy niña o por lo que sea. ¿Cómo se llama eso? Se llama premeditación. El Estado premeditadamente elabora una ley que no permite que la mujer dé a sus hijos en adopción.

Si volvemos a su comentario de que el Estado es encubridor de violadores. ¿En qué otra instancia se está equivocando o cometiendo negligencias en este tema?

El Estado no ha hecho un planteamiento para cumplir con el estatus de protección integral que es un subconcepto maravilloso que plantea que los niños, los adolescentes, las niñas y las adolescentes son ciudadanos y ciudadanas desde que nacen, e implica considerarlos como sujetos de derechos. Implica tomarlos en cuenta para las decisiones que ellos tomen, o sea es un concepto inmenso. La protección integral significa darles todos los derechos y darles el carácter de ciudadanos con derechos de niños y niñas y adolescentes. Eso no se cumple.

Lo que está haciendo el Estado es ejecutando esta doctrina de situación irregular.

Virginia Gómez de la Torre

En 2016 Fundación Desafío publicó su informe Vidas Robadas en el que recogió testimonios de 15 niñas que habían quedado embarazadas víctimas de violación. Fotografía de José María León para GK.

¿Qué implica que una niña esté en situación irregular?

Una niña en situación irregular está sujeta a la decisión de terceros. Son terceros los que toman decisiones sobre de ella: los adultos, el médico, la madre. Muchas madres querrán que la hija interrumpa el embarazo pero a las madres tampoco las toman en cuenta.

Las toman en cuenta para saber si la están apoyando en el embarazo pero no las toman en cuenta como sujetos de derecho en términos de decir: ‘señora, ¿y a usted qué le parece el embarazo de su hija?’.

¿Eso tampoco ocurre?

No, les preguntan si las van a apoyar. ¿Usted va a apoyar a esta niña? ¿Usted ha denunciado la violación? ¿Usted la va acoger en su casa? ¿Usted le va a a seguir dando el estudio? Eso le preguntan a las madres. No les preguntan ‘bueno, ¿y a usted qué le parece será posible hablar de una interrupción?

La información de los riesgos que implica el embarazo en una niña no debería ser parte de lo que les explican…

Nada de eso pasa.

¿Hay algún protocolo que mencione eso?

Eso saben los profesionales de la Salud. En los protocolos está eso: los riesgos que tienen las adolescentes y las niñas cuando quedan embarazada y obviamente que saben.

¿Basta con decir que la niña tiene más riesgo a morir si da a luz que si aborta?

Claro, porque eso incluso la OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha dicho que tienen un porcentaje, creo que es un 30% más, de complicarse e incluso de morir. Pero nada de eso se dice.

Si la niña va con la madre o con quien vaya, lo que hacen es hacerle la historia clínica, el chequeo clínico, darle las indicaciones, preguntarle si ha sido vacunada, preguntarle si bebe, fuma o si tiene algún problema de drogas, si hay violencia intrafamiliar.

¿Nada más?

Nada más. Porque además también sería como injusto decirles a ellos ¿por qué no hacen nada más? porque son equipos de soporte. Llegan a completar algo en la historia y siga la siguiente.

Estamos hablando de que ahí sería un problema de personal y atención.

Claro. Es que eso va además de la concientización y la capacitación. Por ejemplo, a una niña violada, la trabajadora social o la psicóloga escribe ‘vínculo maternal en proceso de estructuración’.

¿Con esas palabras?

Sí, eso ponen.  Lo que ellas intentan es lograr que haya vínculo y que la niña ame a ese hijo.

¿Es esa es la política del Estado?

Sí, o sea, es forzar el amor maternal. Porque muchas madres no quieren a sus hijos, y a estas niñas no se les puede pedir que quieran a sus hijos. Luego se ve cómo son niñas que rechazan al bebé, lo maltratan. En Vidas Robadas hay testimonios sobre esto.

¿Niñas que se sienten mal por golpear a sus bebés?

Y están colapsadas en términos del uso de su tiempo, de su energía. Y claro ven en el hijo, el culpable de todo ese sufrimiento que están viviendo. Ahora, paradójicamente algunas sí encuentran en el hijo un asidero. También es esta identidad materna que nos meten pero por todo lado, a algunas sí les resulta eso como factor protector.

Aunque es cruel que una niña tenga que encontrar como objetivo de vida proteger a otro ser, porque a ella no la han querido o nadie se ha preocupado por ella. Pero dicen ‘tengo a alguien ya por quien vivir’, no importa cómo lo ha parido, no importa de qué manera se embarazó.

En este tema del embarazo en la niñez hace falta profundizar más, en todas estas peculiaridades que viven las niñas, y hay que hacer una investigación a nivel nacional.

Para concluir, si habría que empezar por algo en el tema del embarazo en las niñas, ¿cuál sería el primer paso que el Estado debería tomar para evitar 2 mlil 700 niñas queden embarazadas cada año?

Es necesario que se notifique y se desdramaticen las notificaciones desde el sistema de Salud. Que los médicos denuncien. Lo otro es que se haga un mea culpa y digan ‘sí, aceptamos que no tenemos un programa específico para las niñas’.

Hay que sentarse a elaborar uno intersectorialmente, interdisciplinario, con diferentes niveles, que implementemos la ley contra la violencia en el caso estos de niñas, las protejamos. Esto significa un esfuerzo político y económico que el Estado debe hacer. Porque aparte de que son 2 mil 700 es terrible ver que son niñas que están en tránsito a la adolescencia y a la adultez, y su capacidad y sus habilidades para sobrevivir en una manera digna son mutiladas.

No son ciudadanas que están ejerciendo sus derechos en igualdad de condiciones. Son ejércitos de miles de niñas, adolescentes y mujeres que no van a poder aportar al desarrollo del país. Por lo menos por el tema económico deberían entender que estas son niñas que luego van a ser trabajadoras sexuales o trabajadoras domésticas, que van a ocupar los empleos de menor calificación, y no van a poder desarrollar su potencial para que este país camine porque la mitad de población en el país somo mujeres y seguimos en situaciones de desventajas.

No son pocas las que viven en esa situación: el promedio de adolescentes embarazadas al año en el Ecuador es de 50 mil.