La noche de ayer, 28 de octubre de 2021, el gobierno presentó a la Asamblea su nuevo proyecto de ley económico urgente que incluye reformas al sistema tributario del país. Uno de esos cambios son los valores que se cobrarían de impuesto a la renta y los rubros a deducir.
El proyecto de ley presentado anoche es el primero de los tres que el presidente Guillermo Lasso planea enviar a la Asamblea como parte de la división que hizo de la Ley de Creación de Oportunidades, que no fue calificada a trámite el 29 de septiembre. En esta versión, se hicieron algunas modificaciones al texto que fue presentado el mes pasado.
Al igual que el anterior, el nuevo proyecto —que se denomina Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia covid-19— fue presentado como urgente en materia económica. Por eso la Asamblea tiene un plazo de máximo 30 días para aprobarlo o rechazarlo.
Sobre el impuesto a la renta
Uno de los puntos más criticados del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades fue el incremento en el impuesto a la renta para las personas que ganen más de 2 mil dólares mensuales. Este tributo debe ser pagado obligatoriamente por todos los ecuatorianos mayores de 18 años y las sociedades —nacionales o extranjeras con representante en Ecuador— con un ingreso anual mayor a la base establecida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) cada año.
En el caso del proyecto de ley presentada anoche, la decisión se mantuvo, pero solo se hizo cambios en la tabla de la tarifa del impuesto a la renta para acomodar los pagos.
Yael Fierro, abogada experta en derecho tributario, dice que uno de los principales cambios es que con la legislación actual el porcentaje máximo que una persona debía pagar de impuesto a la renta es 35%. Con la propuesta enviada ayer, ese porcentaje se incrementa a 37%.
La abogada dice que los cambios no solo se notarán para las personas que ganan de 100 mil dólares en adelante al año, que son quienes tendrán que pagar ese 37% si la ley se aprueba. También el impacto llegaría a las fracciones menores porque el valor que puede ser deducido, se reduciría.
Por ejemplo, una persona que gane 2.500 dólares, que equivale a 30 mil dólares al año, con la ley actual debe pagar hasta un 15% de impuesto a la renta. Fierro aclara que ese valor puede cambiar porque depende de muchos factores como si está bajo de relación de dependencia, si su empleador paga el valor correspondiente a seguridad social, y el valor de gastos deducibles que se declaren. Por eso, dice Fierro, cada caso es distinto y el cálculo se debe hacer considerando esos factores.
Una vez que se tenga el resultado final, se revisa la tabla —que incluye los valores máximos y mínimos sobre los que se les cobra el impuesto y el porcentaje que se cobrará para cada franja— y se calcula el valor a pagar. Con la ley actual, ese valor puede ser entre 10 y 15% porque los gastos deducibles son de hasta 14 mil dólares. Es decir, una persona que gana 2.500 dólares al mes —o 30 mil mensuales— puede deducir esos 14 mil dólares y declarar sobre 16 mil, en vez de 30 mil. En ese caso, tendría que pagar solo el 10%.
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Pero con la nueva ley, el valor de gastos deducibles es mucho menor. Estará entre 400 y 900 dólares, dependiendo de los ingresos mensuales. En ese caso, Fierro dice que la persona que gana 2.500 dólares mensuales ya no podrá deducir los 14 mil y siempre tendría que pagar el 15%. Incluso aunque por salud, educación y otros valores cuente con gastos deducibles por mucho más que 900 dólares.
La abogada Fierro dice que esto perjudica a las personas que ganan entre 2.500 y 4 mil dólares porque todavía son parte de la clase media. Especialmente para las personas que no trabajan bajo relación de dependencia y para quienes tienen otros gastos importantes que ya no podrán ser deducidos. Por eso, ella estima que si la ley se aprueba, el impacto se sentirá en este grupo de personas.
El proyecto de ley todavía no ha sido aprobado, así que los cambios todavía no son oficiales. Fierro dice que espera que en la Asamblea se discutan los puntos más controversiales de la ley y se llegue a las mejores decisiones para los ciudadanos y los ingresos del país. Desde hoy, el plazo para el Legislativo corre y tiene 30 días para definir qué hace con esta propuesta del Presidente.
