La presidencia de Lenín Moreno debía ser la continuidad de Rafael Correa, su amigo, coideario y predecesor. No se esperaba menos de quien lo había acompañado a gobernar durante seis años —del hombre, la persona que, al dejar su cargo como vicepresidente, en 2013, dijo que Rafael Correa era “uno de los mejores hombres que ha tenido la Patria”.
El plan, sin embargo, fracasó: tras ganar las elecciones, Moreno cambió el rumbo de su gobierno. Tomó distancia de Correa —quien empezó a cuestionarlo menos de dos meses después de dejar el poder— hasta la ruptura definitiva. Tuvo entonces que buscar otros aliados que lo apoyaran para poder (o al menos, intentar) gobernar.
Durante estos cuatro años, Moreno ha tenido que enfrentar escenarios complejos: una crisis fronteriza, un paro nacional y una pandemia. Su fragilidad política, la falta de cumplimiento de sus promesas, sus silencios comprometedores y sus declaraciones desatinadas han provocado, además, que de a poco, vaya perdiendo el apoyo con el que llegó, hasta hundirse en el fondo de la aprobación popular: terminará su mandato con menos del 6% de credibilidad.
Aquí, un recuento de los hitos que marcaron su gobierno
Quiebres políticos
Cuando Lenín Moreno y Jorge Glas fueron posesionados para gobernar al país, en mayo de 2017, difícilmente se podía prever una ruptura política tan abrupta como la que ocurriría en los meses siguientes.
Moreno se quedaba como heredero político de Rafael Correa, que dejaba el poder tras diez años de gobierno. Glas, se rumoreaba desde la campaña electoral, había sido impuesto por Correa a Moreno a pesar de que, desde antes de la campaña electoral, había rumores sobre presuntos actos de corrupción en los que Glas habría estado involucrado.
El quiebre empezó menos de dos meses después de la posesión, cuando Rafael Correa criticó a Moreno porque, parte de su plan para gobernar, era convocar a una serie de diálogos a distintos actores de la política. Entre los convocados estaba Dalo Bucaram. “¿Conversar con un Dalo Bucaram que vive insultando al vicepresidente? Yo jamás hubiera aceptado dialogar con alguien que insultara a Lenín Moreno”, dijo Correa en julio de 2017.
Luego, vinieron más discrepancias: intercambio de indirectas a través de declaraciones en medios o por redes sociales; la decisión de Lenín Moreno de retirar las funciones a su vicepresidente, Jorge Glas, que para ese momento ya enfrentaba un proceso penal que terminaría llevándolo a la cárcel; la devolución de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) —que Correa les había retirado—, la renuncia de los funcionarios correístas que aún estaban en el gobierno. La estocada final fue la ruptura del bloque legislativo que desembocó en una disputa por el control de Alianza País.
Era diciembre de 2017 y mientras las dos facciones de Alianza País se disputaban el control del movimiento, la justicia decidía sobre el futuro del vicepresidente sin funciones, Jorge Glas. La Asamblea había votado en favor de levantarle la inmunidad y enfrentaba un proceso judicial por supuestos actos de corrupción dentro de la trama Odebrecht. En octubre anterior había decidido entregarse a la Policía —después de que la justicia dictara prisión preventiva en su contra— y llevaba más de dos meses en la cárcel 4 de Quito.
La disputa por el control del movimiento fue dirimida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que le entregó el control a Lenín Moreno y sus aliados. Tras la decisión del TCE, que ocurrió casi al mismo tiempo que la sentencia en contra de Jorge Glas, Rafael Correa se desafilió de la entonces aún poderosa Alianza País. Después le siguieron otros militantes del alto perfil como Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Marcela Aguiñaga, entre otros.
De la ruptura, surgió la consulta popular que Lenín Moreno impulsó a principios de 2018. En ella, propuso siete preguntas. La más polémica era enmendar la Constitución y eliminar la posibilidad —que había dejado abierta su predecesor, Rafael Correa— de que se pudiera reelegir indefinidamente a las autoridades, incluido el Presidente de la República. Otra de las preguntas contemplaban la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ese organismo creado por la Constitución de Montecristi con el ideal incumplido de incentivar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones pero que terminó cooptado por el partido de gobierno.
Tras la victoria del Sí en todas las preguntas de la consulta popular, se creó un CPCCS de transición que funcionó entre marzo de 2018 y junio de 2019. En ese período cesó a 27 altos funcionarios —entre ellos, a Gustavo Jalkh, como Presidente del Consejo de la Judicatura— y nombró a 31 otros —entre ellos, a Freddy Carrión como Defensor del Pueblo, hoy procesado por presunta agresión sexual.
En ese momento el quiebre era irreversible: el correísmo acusaba a Moreno de traidor. Moreno los ha culpado por todos los males de su gobierno: desde la falta de liquidez para pagar a los trabajadores de medios públicos hasta los motines en las cárceles. Por ejemplo, en su informe a la nación del 24 de mayo de 2019, Moreno dedicó varios minutos al pasado. Hizo una comparación: pidió que imaginemos que nos dicen que iremos en un tren bala que nos llevará al futuro pero que en el camino nos damos cuenta que al tren le faltan asientos, que no tiene energía y que incluso, casi se descarrila. “Nos mintieron. Nos dijeron que todo funcionaba a la perfección. Que tenía vida para rato. Pero, en verdad, no era así. Lo que sí tenía vida, eran los roedores que merodeaban en los vagones”, dijo Moreno.
Ocurrió, además, algo impensado para la Alianza País de Rafael Correa: el gobierno y su bloque en la Asamblea hicieron un acuerdo legislativo con CREO, el partido político de Guillermo Lasso, enemigo natural del expresidente Correa. Esta alianza duró ocho meses —entre mayo de 2019 y enero de 2020— y permitió, según el documento que la oficializó, dar gobernabilidad a Moreno. En la práctica permitió también llegar a acuerdos para nombrar a César Litardo, de Alianza País, como Presidente de la Asamblea y repartirse el control de las comisiones legislativas.
CREO, a pesar de su enorme debilidad política, lo respaldó también para ir a la consulta popular que permitió que se forme un CPCCS que nombró a la actual Corte Constitucional.
Esta institución, finalmente liberada de las ataduras que lo mantenían al servicio del Ejecutivo, ha tomado decisiones históricas durante el gobierno de Moreno que, además, representan grandes saltos para la plena vigencia de los derechos humanos. El primero, el matrimonio igualitario; el segundo, la despenalización del aborto en casos de violación. Y, el tercero, la revisión de ciertos casos de concesiones mineras y petroleras que habían sido entregadas saltándose o impostando procesos como el de la consulta previa.
Crisis de la delincuencia organizada
A principios de 2018, Lenín Moreno tuvo que gestionar una de las peores crisis en la frontera entre Ecuador y Colombia. La madrugada del 27 de enero de ese año hubo un atentado en el cuartel de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas: un coche bomba estalló y provocó 13 heridos en las casas aledañas. No era un hecho aislado, como parecía, sino la punta de un ovillo terrible.
Fue el primer atentado terrorista en Ecuador atribuido a alias Guacho. Este personaje se haría conocido unos meses después. El 20 de marzo, hubo un ataque explosivo en Mataje, el poblado más cercano a la frontera con Colombia. En él murieron cuatro militares ecuatorianos: tres en el acto y uno más después, en el hospital.
La crisis llegó a su máximo nivel cuando se hizo público el secuestro de los periodistas, ocurrido el 26 de marzo. La gestión del secuestro se hizo de forma confusa, contradictoria y opaca. Tras la confirmación del asesinato del equipo periodístico, Moreno ofreció desclasificar la información sobre el secuestro. Volvió a ofrecerlo en enero de 2019, después de que se difundiera un audio cortado en el que Moreno hablaba sobre la situación en la frontera. El gobierno difundió un comunicado en el que aseguraba que las palabras de Moreno habían sido “descontextualizadas” y ofrecía—una vez más— desclasificar la información. Han pasado tres años de los hechos y el gobierno de Lenín Moreno no ha entregado lo que ofreció. El 17 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad dio a conocer su decisión de no desclasificar las actas por “afectación a la Seguridad del Estado”.
Tres días después de que el Presidente Moreno confirmara que los tres trabajadores de El Comercio habían sido asesinados, se supo de un nuevo secuestro en la zona fronteriza. Óscar Villacís y Katty Velasco eran las nuevas víctimas de la violencia. Como en el caso de los periodistas, también se difundió un video de Villacís y Velasco y el delito se atribuyó al frente Oliver Sinisterra. La pareja también fue asesinada en cautiverio.
Esos crímenes serían los primeros avisos de la profunda penetración del crimen organizado en el Ecuador.
En 2019, la crisis del sistema carcelario, arrastrada durante años, dio nuevas alertas. En agosto de ese año, los incidentes en la Penitenciaría del Litoral dejaron seis muertos. Entre el 6 de mayo y el 15 de agosto de ese año rigió el estado de excepción. Durante el estado de excepción se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución”, dijo Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Sin embargo, en febrero de 2021, nuevamente se registraron hechos de violencia en las cárceles. Circularon imágenes de armas, cuerpos desmembrados y muerte. El saldo fue de 79 muertos.
Uno de los últimos motines ocurrió el 28 de abril pasado. Fue en la Penitenciaría del Litoral, tras el asesinato de Harrison Salcedo, abogado de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, antiguo líder de la organización delictiva Los Choneros. La modalidad de asesinato fue el sicariato. La misma con la que fue asesinado el presentador de televisión Efraín Ruales en enero pasado. Y en abril, una mujer fue asesinada por error, también por un sicario, en un hospital de Guayaquil.
A eso se suman casos relacionados al narcotráfico: el número de avionetas involucradas en el narco ha aumentado en los últimos años e incluso se habla de la operación del Cártel de Sinaloa.
En enero de 2021, el Presidente de Colombia, Iván Duque, y Moreno se reunieron en Mataje para revisar las obras viales que conectan ambos países. Tras el encuentro, Moreno dijo que hay grupos armados “que se están formando en Ecuador” y cuentan con asesoría de guerrilleros colombianos. Duque se comprometió a intercambiar información de inteligencia con Ecuador. En una entrevista con Primicias, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que hay 17 grupos armados que se disputan el control de la frontera norte.
Las palabras desatinadas
Lenín Moreno ha guardado silencio cuando se necesitaba que hable pero cuando ha hablado ha parecido indolente, inconsecuente y desconectado de la realidad del país. En enero de 2019, un joven venezolano asesinó a su pareja embarazada, Moreno dijo que: “La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras” era su prioridad. Se enfocó, después, en la nacionalidad del atacante, anunciando “brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles”. Su discurso con tintes xenófobos se centró en lo menos relevante ignorando lo verdaderamente importante: la violencia contra las mujeres.
Un año después, volvió a hacer un comentario desatinado. En un auditorio lleno de empresarios, inversionistas y funcionarios públicos: “Los hombres estamos permanentemente sometidos al peligro de que nos acusen de acoso”, dijo. Ante el silencio del auditorio, continuó: “Las mujeres denuncian el acoso y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. Es decir, el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar en que es un acoso”. Lo más grave de sus declaraciones indolentes y desconectadas con la realidad en un país en el que 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de algún tipo, era que el contexto en el que las daba.
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Pocas semanas antes se habían hecho públicos los recortes que su gobierno hizo en el presupuesto de 2020 —antes de que empezara la crisis sanitaria producida por la pandemia— en el dedicado a la erradicación de la violencia de género en distintas instancias gubernamentales. Por ese rubro, a la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, se le recortó cerca del 23% con respecto al 2019 y al Consejo de la Judicatura, que administra el sistema judicial, pasó de siete millones de dólares a 2,2 millones.
Esa indolencia también se evidenció cuando, el 22 de febrero de 2021, en medio de nuevos motines en las cárceles, reclamos por los problemas en el proceso de vacunación contra el covid-19, y escándalos de funcionarios y personajes cercanos al gobierno que se saltaron la fila para vacunarse, el presidente Moreno decidió utilizar su cuenta de Twitter para hablar sobre un show televisivo. “Gran despliegue de talento en Masterchef Ecuador. Felicitaciones a Roberto Ayala por esa creatividad y sazón para la cocina. Nos inspira a crecer, a sentir que si ponemos el corazón en lo que hacemos, el éxito será la recompensa”, tuiteó.
Esa vez no hubo disculpas a pesar de las críticas que llovieron sobre él y su desafortunado tuit. Sí las hubo después, en abril pasado, tras unas declaraciones en las que narraba que una mujer “bastante llenita de carnes”, se le había acercado y le había dicho: “Presidente, tenemos hambre”. Moreno contó que él le había respondido: “Usted no señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre, los ecuatorianos? No”.
Un par de años antes, en agosto de 2019, también tuvo que disculparse después de decir que: “Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Es por eso que ustedes ven que, en Guayaquil, un ‘monito’ —perdónenme el término, no lo digo en términos despectivos—, ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa, o se puso una parrilla para asar plátanos o asar yucas, eso está en la esencia misma de los ecuatorianos”.
Además, durante todo el período, Moreno evocó constantemente a Rafael Correa. Culpaba al gobierno pasado por todo lo que él no podía resolver. «Yo advertí hace unos meses toda la permisividad del período pasado, del gobierno anterior, que parecía un acuerdo tácito con aquellos que traficaban droga y que además han estado influenciando sobre nuestros civiles y Fuerzas Armadas», dijo, en octubre de 2018, sobre la falta de control en la frontera norte.
El asilo de Assange
El 11 de abril de 2019, un mes antes de que Lenín Moreno cumpliera dos años de tumultuoso gobierno, Julian Assange, el hacker más famoso del mundo, fue expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres. “Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos quitado una piedra en el zapato”, dijo, al día siguiente, el presidente Lenín Moreno. “De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo, en el momento que sea de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.
Las imágenes de Assange sacado a la fuerza de la Embajada dieron la vuelta al mundo. Era el huésped más famoso de la sede diplomática desde agosto de 2012, cuando el gobierno de Rafael Correa lo acogió. Tras su expulsión, el entonces canciller, José Valencia, citó en la Asamblea Nacional, al menos nueve razones para tomar la decisión. Entre estas, lo acusaba de haber interferido en asuntos políticos de otros Estados; de haber “proferido amenazas insultantes contra Ecuador”; entre otras.
Julian Assange siempre tuvo una relación tirante con el gobierno que lo acogió en su embajada en 2012, cuando Correa aún era presidente. Sin embargo, durante el gobierno de Lenín Moreno la situación se volvió insostenible. En 2017, cuando Moreno ganó la presidencia, dijo que el asilo al fundador de WikiLeaks se mantendría mientras su vida estuviese en peligro, aunque no estaba de acuerdo con todas sus acciones.
En abril de 2019, ya Moreno había reculado en su ofrecimiento a pesar de que su propio gobierno, en el intento de encontrar una salida a la situación de Assange, le entregaron la nacionalidad ecuatoriana. La idea de la entonces Canciller, María Fernanda Espinosa, era nombrarlo diplomático, primero en Londres, luego en Moscú. Su plan fracasó y Assange terminó expulsado de la embajada ecuatoriana. No sin advertencias de varios expertos que creen que, eventualmente, la decisión de Moreno podría tener consecuencias en instancias internacionales para Ecuador.
El paro de octubre de 2019
A inicios de octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas; entre ellas estaba la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. El anuncio provocó una respuesta inmediata de los transportistas que anunciaron un paro nacional. Pocos días después, a ellos se sumaron otros sectores sociales, el movimiento indígena, gremios profesionales, sindicatos y estudiantes.
Las movilizaciones provocaron la suspensión de clases y la suspensión del transporte. Desde el primer día excesos policiales, agresiones a medios de comunicación y periodistas (Fundamedios registró por lo menos 115 agresiones a periodistas y 10 a medios de comunicación. Las más grave, en contra de Freddy Paredes y el ataque a Teleamazonas).
Mientras en las calles se juntaban los manifestantes para expresar diversos malestares, en la Asamblea, el correísmo pretendía destituir a Lenín Moreno. En declaraciones a la prensa, la asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira dijo que si la “Asamblea y el gobierno no están a la altura del pueblo ecuatoriano entonces todos a poner las renuncias”. Se organizaron marchas hacia el Palacio de Carondelet, se cerraron vías y se destruyó propiedad pública y privada. Hubo, además, saqueos, especialmente en Guayaquil. Moreno señaló a sus enemigos: “que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador”, dijo.
En el segundo día de protestas, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, daba cuenta de al menos 150 personas detenidas. La Policía y los militares se movilizaron. En total, 24 mil efectivos. Jorge Calderón, el líder de los transportistas en paro, fue detenido por el delito de paralización de un servicio público (aunque sería liberado un par de semanas después) pero ya la llama estaba encendida y el movimiento indígena anunció que, aunque los transportistas habían suspendido el paro, ellos mantenían la movilización.
Habían pasado apenas tres días, cuando cincuenta policías y militares fueron retenidos en Chimborazo al tiempo que la Conaie anunciaba el estado de excepción en el territorio indígena. “Los militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena”, decía un comunicado de la Conaie. El 6 de octubre se registraba el primer fallecido en el contexto del paro: Raúl Chilpe fue atropellado en la vía Molleturo-Cuenca, en la provincia de Azuay.
Era evidente que el paro estaba fuera de control y que el gobierno no tenía capacidad de manejar lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes habría otros desmanes: manifestantes entraron a florícolas y empresas de lácteos, otra persona murió en un hecho confuso en San Roque, un barrio del centro de Quito, en el que estuvieron involucrados agentes de la Policía. Después un grupo de manifestantes intentó tomarse la Asamblea Nacional, la toma e incendio de la Contraloría, los ataques a ambulancias de la Cruz Roja, la paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y más retenciones a policías, e incluso el ataque al cuartel de La Balbina, en Quito, al que intentaron ingresar varios cientos de personas.
La represión estatal en las calles iba en aumento: el 9 de octubre, a través de redes sociales, se denunciaron ataques a las universidades que servían de recintos de acogida para los indígenas que habían llegado hasta Quito para manifestarse. Cuatro días después, los líderes del paro y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo: la derogatoria del decreto 883 que casi le costó el puesto a Lenín Moreno.
El saldo final tras once días fue el uso excesivo de la fuerza pública que dejó muertos y personas con heridas irreversibles. Además, se detuvieron a 1152 personas, de las cuales 312 fueron investigadas en procesos judiciales, por presuntos delitos como ataque y resistencia; paralización de un servicio público y terrorismo, entre otros. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro responsabilizó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”.
De esos hechos, se desprendió un informe de la Defensoría del Pueblo en el que incluso se advierte la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Moreno quedó debilitado y la ministra Romo señalada como responsable del uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Las pérdidas económicas fueron además cuantiosas. Según los datos del Comité Empresarial Ecuatoriano desde el 3 hasta el 9 de octubre, se perdieron alrededor de 720 millones de dólares.
Gestión de la pandemia
Una de las mayores deudas del gobierno de Lenín Moreno será el manejo de la pandemia. La incapacidad de testear a la población para poder crear cercos epidemiológicos que impidiera que el virus colapsara el sistema sanitario, como luego ocurrió; el manejo de lo cuerpos en Guayaquil —la ciudad más afectada por la pandemia— en donde se apilaban cadáveres en las calles sin que nadie los recogiera y las posteriores irregularidades en el manejo de la vacunación dejarán una impronta en el período de Moreno.
La falta de transparencia durante toda la pandemia que fue, en su mayoría, gestionada por Juan Carlos Zevallos, el ministro que se posesionó tras la salida de Catalina Andramuño que, además, renunció diciendo que le “resulta inaceptable las imposiciones de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación”. Zevallos estaría al frente de ese ministerio entre abril de 2020 y febrero de 2021.
En marzo del año pasado, uno de los mayores problemas fue el acceso a las pruebas para detectar si una persona era portadora del covid-19. De hecho, en su primera declaración tras ser nombrado en el cargo, el ministro Zevallos desmintió a su antecesora, Catalina Andramuño, que había anunciado la llegada de 2 millones de pruebas rápidas. “Desafortunadamente eso no es cierto”, dijo Zevallos en esa rueda de prensa virtual. La falta de pruebas no permitía que se diagnosticara a todos los que presentaban síntomas.
En abril de 2020, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) procesaba un promedio de 400 muestras diarias. Adicional, estaban las pruebas que se podían hacer en laboratorios privados. La imposibilidad de tener acceso a más pruebas no permitía conocer la magnitud de los contagios e incluso de las muertes por covid-19: hubo cientos de personas que murieron con los síntomas pero como no existía una prueba que corroborara que era coronavirus, no se los contabilizaba como una muerte por el virus. Eso quiere decir que, en Ecuador, probablemente jamás tendremos las cifras reales de muertes por covid-19.
La gestión de Zevallos sería fue cuestionada desde el inicio. La falta de claridad en la información, provocó malestar constante. Zevallos se contradecía permanentemente. No daba una explicación clara sobre nada —como cuando dijo que no había colapso hospitalario pero que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) estaban llenas—, sacaba conclusiones indescifrables —como cuando en junio de 2020 dijo que Quito “no es el pico de contagios sino el pico de demanda de camas”— o entregaba cifras sin explicar su origen —como cuando dijo que 45% de los quiteños ya se habían contagiado.
Ese fue el Ministro que renunció después de asegurar que no se hará pública la lista de personas vacunadas porque eso es “confidencial”. Sus sucesores mantuvieron esa decisión; primero Rodolfo Farfán —quien apenas estuvo 18 días en el cargo—, que argumentó que la vacuna es parte de la historia clínica de un paciente y que eso debe estar en reserva. A éste, le sucedió Mauro Falconí, quien también tuvo que renunciar, apenas 19 días después de ser nombrado. En ambos casos, los ministros salieron con señalamientos. En el caso de Farfán, mientras estuvo al frente del ministerio de Salud, se hizo público que dos tiktokeros se habían vacunado de forma irregular. También se difundieron imágenes de un proceso que habría beneficiado a 500 miembros del Club Rotario de Guayaquil, de forma preferencial, sin cumplir el orden establecido.
Ya antes, durante la gestión de Zevallos, estos escándalos de personas que se saltaban la fila, ocurrieron con frecuencia. La primera fue la madre del ministro que fue vacunada en un centro gerontológico que inicialmente no estaba en la lista del MSP. El ministro tuvo que aceptar que había vacunado a su madre pero no hubo consecuencias. El silencio de Lenín Moreno funcionó como un espaldarazo y el Ministro siguió en funciones el tiempo suficiente para alcanzar a vacunar a otros personajes que no respetaron la fila. Moreno lo justificó siempre, incluso cuando, tras su renuncia, tanto Moreno como el sucesor de Zevallos, tuvieron que reconocer que no existía un plan de vacunación.
Entre marzo de 2020 y abril de 2021, hay más de 57 mil muertes en exceso en Ecuador mientras el proceso de vacunación avanza con lentitud. Hasta la salida de Moreno del gobierno, quienes reciban la vacuna ni siquiera llegarán a ser el 2% de la población. Allí estará otro incumplimiento del gobierno de Moreno que aseguró que hasta el 20 de mayo lograría vacunar a 2 millones de personas. El quinto ministro de Salud durante la pandemia, Camilo Salinas, confirmó que no cumplirán la meta.
A eso se suma un fallo judicial que obliga al MSP a rediseñar el plan de vacunación —ese que Moreno dijo que creía que había pero en realidad no— por considerar que es discriminatorio al establecer un solo mecanismo de registro que requiere de Internet en un país donde el acceso es del 56%.
Promesas incumplidas
El candidato presidencial Lenín Moreno ofreció crear 250 mil plazas de trabajo anuales. Aunque luego bajó la cifra a 500 mil en cuatro años, tampoco lo logró. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) dicen que entre enero y marzo de 2021 más de cinco millones estaban en el desempleo o con un empleo inadecuado —que no ofrece la prestaciones que corresponden o con la jornada de ocho horas diarias. Eso equivale al 66,04% de la población económicamente activa; es decir que 6 de cada 10 ecuatorianos estaban desempleados o subempleados.
Estos datos no pueden ser comparados con los que 2018 —cuando se cumplió el primer año de gobierno de Moreno— porque el Inec cambió la metodología de cálculo del empleo informal. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, 11.800 funcionarios públicos fueron despedidos. Luego llegó la pandemia y el escenario se agravó. Al final de ese año, el número de despedidos en el sector público era de 25 mil y en 2020, al menos 700 mil puestos de trabajo formales se perdieron.
También Moreno planteó la reducción de la pobreza multidimensional al 22,4% y de la pobreza extrema al 3,5%. La pobreza multidimensional es un índice que calcula cuánta carencias tiene una misma persona: por ejemplo, si no tiene acceso a electricidad, si está desempleado o si está malnutrido. Eso determina en qué nivel de desventaja está frente a otros considerados pobres. La pobreza extrema determina, en cambio, a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades más básicas como comer. Moreno no solamente que no pudo reducirlas, sino que aumentaron en su periodo. En 2021, la pobreza multidimensional llega al 32% y la extrema pobreza al 14,9%.
Otra de las promesas incumplidas fue la de construir 325 mil viviendas. En abril de 2019 Moreno dijo que se habían construido 30 mil viviendas. Dijo, además, que el ofrecimiento fue de 185 mil casas, y que en total se construirán 200 mil hasta 2021 —15 mil más de las que él había prometido. Hasta abril de 2021, 123 mil personas recibieron una vivienda propia, según la página oficial del plan Toda una Vida. Eso representa el 38% de lo que prometió.
§
Mañana, lunes 24 de Mayo, Moreno se despedirá del poder con uno de los índices de aceptación más bajos de la historia reciente del país: apenas 4 de cada 100 ecuatorianos creen en él. Muy lejos de los datos de 2017 con los que llegaba a Carondelet: en ese entonces sesenta de cada cien ecuatorianos creían en él.
El de Moreno fue también un gobierno que bajó los niveles de confrontación distanciandose de la imagen todopoderosa que encarnaba Rafael Correa. Moreno, a diferencia de Correa, evitó pronunciarse en asuntos que le correspondían a la justicia. Dejó, por ejemplo, que la justicia hiciera su trabajo cuando Iván Espinel, su primer ministro de Inclusión Económica y Social, fue procesado y luego sentenciado por enriquecimiento ilícito no justificado. Tampoco se ha pronunciado sobre el proceso judicial en curso que involucra, entre otros, a su exsecretario de Comunicación, José Agusto Briones, por el llamado Caso Las Torres.
Tampoco ha tenido una relación de confrontación con la prensa. Se ha alejado de los epítetos y calificativos estigmatizantes pero al mismo tiempo ha evitado exponerse a medios de comunicación que lo cuestionen. Su estilo ha sido más bien silencioso y evasivo.
Moreno se despedirá del poder en compañía de la cuarta vicepresidenta que lo acompañó en estos cuatro años, María Alejandra Muñoz. El primero, Glas, terminó en prisión. La segunda, María Alejandra Vicuña, renunció tras una acusación de una excolaboradora que aseguraba que Vicuña había pedido pagos irregulares a sus colaboradores cuanto fue asambleísta. El tercero, Otto Sonnenholzner, renunció antes de terminar el período para el que fue posesionado.
Se despedirá también ya casi sin funcionarios políticamente fuertes que en algún momento lo acompañaron: María Paula Romo —la mujer que frenteaba todos las batallas que Moreno evadía—, Juan Sebastián Roldán —el hombre de confianza que le servía de vocero—, Otto Sonnenholzner, el joven carismático que se mostraba como el funcionario todo terreno.
Ahora, queda más bien un Lenín Moreno solitario, silencioso y evasivo que finalmente se libera de un destino, que como él ha dicho, hubiese preferido evitar.
