Las organizaciones indígenas siguen en paro nacional. Te lo explicamos

  • Las organizaciones indígenas continúan en paro nacional

    • paro-indigenas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

    La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el 4 de octubre de 2019 que se mantienen en “movilización indefinida contras las medidas económicas”. 

    En una rueda de prensa, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, convocó a las asociaciones, nacionalidades y pueblos a levantarse contra las medidas económicas y laborales del gobierno ecuatoriano. “Todas las estructuras de la CONAIE se están movilizando”, dijo Vargas.

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    La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía(Confeniae) manifestó su apoyo a la continuación del paro. A través de un comunicado de prensa  dijo que “el paro continúa pese al anuncio de los gremios de transportistas” con el cierre de varias vías en la troncal amazónica. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), mantiene cerrada  la vía Panamericana E35, una de las principales vías de la Sierra central ecuatoriana. 

    A través de un comunicado, el sábado 5 de octubre,  la Conaie decretó estado de excepción en el territorio indígena “ante la brutalidad de las fuerzas militares”. “Los militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena”.

    Desde el sábado 5 de octubre, 9 oficiales y 38 voluntarios de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos fueron retenidos en la localidad de Nizag en el cantón Alausí. Los 47 militares habrían sido retenidos por miembros de la comunidad, que estaban protestando contra las medidas económicas y laborales. Aún continúan las negociaciones para liberarlos. 

    Según un tweet de la Conaie, un bus en el que iban  militares y policías también habría sido retenido por la comunidades de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc). La decisión se tomó “en ejercicio del estado de excepción indígena declarado por la Conaie”.  El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi  exige el canje inmediato con sus manifestantes detenidos.

  • El ministro de Defensa desconoce la existencia de los territorios indígenas del Ecuador

    • Paro Nacional por las medidas económicas en Ecuador

      Desconociendo la Constitución, que reconoce la existencia de los territorios ancestrales, Jarrín dijo que “no hay territorios indígenas, el territorio es del Estado ecuatoriano". Fotografía tomada de Flickr bajo licencia CC.

    La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fueron entrevistados la noche del domingo 6 de octubre de 2019, en cadena nacional, por el periodista de EcuadorTV Fabricio Cevallos, para hablar sobre la reacción estatal ante las protestas sociales en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno del Ecuador.

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    El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, comenzó su intervención transmitiendo su respaldo a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus labore “con la finalidad de mantener el orden público, garantizar los derechos de la población a nivel nacional, sus libertades y las garantías para que puedan realizar sus actividades diarias”, dijo. 

    En respuesta al comunicado de la CONAIE en el que declaraba su propio estado de excepción en los territorios indígenas y sobre la movilización de grupos indígenas hacia Quito, Jarrín dijo que no hay ningún acercamiento de grupos indígenas, sino son puntos focales en donde están “obstruyendo las vías y generando malestar”. Desconociendo la Constitución, que reconoce la existencia de los territorios ancestrales, Jarrín dijo que “no hay territorios indígenas, el territorio es del Estado ecuatoriano y si alguien hace un llamado a nombre del Estado ecuatoriano solamente es el Presidente de la República en función de la Constitución y las leyes que tiene el Ecuador. Aquí no hay ninguna otra forma o minoría que reclame facultades o atribuciones que correspondan al Estado nacional”.

    El ministro Jarrín dijo que los militares están capacitados para cumplir con su trabajo y llamó al pueblo a no desafiar ni agredir a las Fuerzas Armadas, porque “tienen derecho a la autodefensa, como todos los ciudadanos”. Pero María Dolores Miño, directora del Observatorio de Justicia y Derechos, dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado claro que las fuerzas armadas no son las adecuadas para ejercer el control interno de la seguridad del Estado. “Su entrenamiento no está enfocado a ‘servir, proteger y garantizar el orden interno’, sino a la eliminación del enemigo. Bajo la lógica de la eliminación del enemigo, los ciudadanos corren riesgo de ser objeto de actos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas”, explica Miño. En el caso concreto de Ecuador, la CIDH ya expresó su preocupación con respecto al despliegue de fuerzas armadas en el contexto de manifestaciones públicas. Las Naciones Unidas también manifestaron su preocupación por el estado de excepción decretado por el gobierno de Moreno. 

    En redes sociales circularon videos y fotografías de vehículos militares entrando al Centro Histórico de Quito. Cuando el tema le fue mencionado en la entrevista, el ministro Jarrín dijo que “no existen ningunas tanquetas, lo que ha existido son blindados que son parte del equipamiento policial”. Dijo que las fuerzas armadas no contemplan el uso de ese tipo de armamento. Cuando el periodista le insistió sobre los “vehículos reforzados” en el centro de Quito y Jarrín respondió  “sí, vehículos es una cosa. Hablar de blindados… están en la brigada blindada, en Riobamba, esos son tanques. Esa es la mejor explicación. No hay ninguno que haya salido”. Después del tecnicismo, de decir equiparar la “autodefensa” de ciudadanos con la de militares y de desconocer los territorios indígenas, el Ministro pidió confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía. 

    En el resto de la entrevista, los dos ministros mencionaron “la importancia de informarse de los canales oficiales por la cantidad de noticias falsas que se esparcieron durante el fin de semana”. La ministra Romo confirmó que no se va a subir el IVA, no va a subir ningún impuesto —excepto para las empresas que facturen más de 10 millones de dólares al año—, no va a subir el gas y tampoco los pasajes para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

    Romo también dijo que el gobierno ha fijado parámetros técnicos para el incremento de los pasajes de transporte urbano. “Es responsabilidad de los municipios decidir si usan esos parámetros o si realizan sus propios análisis” dijo la Ministra y puso el ejemplo del Municipio de Machala. Según Romo, el alcalde Carlos Falquez se reunió con los transportistas y acordaron un incremento de 7 centavos y el paro se terminó. 

    Romo confirmó que hay 477 detenidos. Dijo que el viernes entregó en persona al Defensor del Pueblo una lista con el lugar y la hora de detención, el nombre, el número de cédula y una foto de cada detenido. El lunes 7 de octubre le entregará una versión actualizada de ese informe. Hasta el momento de la entrevista ninguna persona había muerto en enfrentamientos. La única muerte registrada hasta el momento sucedió por un accidente de tránsito en el embotellamiento en Molleturo, en Cuenca. “Una de las zonas más difíciles de controlar”, dijo Romo. 

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  • Más de 20 mil indígenas llegarán mañana a Quito

    • paro nacional

      Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la Conaie.

    En una rueda de prensa del lunes 7 de octubre, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que los pueblos y nacionalidades están avanzando hacia Quito para rechazar las medidas económicas. “Más de 20 mil indígenas estarán llegando a Quito”, dijo el dirigente indígena. Representantes del Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también ratificaron las movilizaciones y la “huelga nacional del 9 de octubre”.  

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    Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, pidió que se derogue el decreto ejecutivo 883. Además dijo que en la cadena nacional del domingo 6 de octubre,  se “ ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano”. “Moreno se equivoca al igual que el ministro de defensa si cree que las amenazas de represión brutal como lo está haciendo va a hacer retroceder al movimiento indígena, a los trabajadores y a los pueblos”, dijo Erazo. 

    Los dirigentes de los movimientos declaran roto el diálogo con el gobierno mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883. 

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  • Organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por vulneración de derechos humanos durante protestas Ecuador

    • Fotografía de Diego Ayala para GK.

    El 7 de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos como Surkuna, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Observatorio de Derechos y Justicia y Amazon Frontlines presentaron un informe de la situación de derechos humanos durante el estado de excepción decretado en Ecuador a inicios de octubre de 2019. 

    Según las organizaciones, “la policía nacional ha utilizado el estado de excepción como una herramienta para violar derechos humanos”. Varios de los manifestantes detenidos durante las protestas, tienen golpes en la cara, cuerpo y han recibido amenazas. En el informe se menciona el caso de Luis Tipantuña, quien perdió su ojo derecho por el impacto de una bomba lacrimógena durante las manifestaciones en el Centro Histórico de Quito. Cristian Rivadeneira estudiante de Sociología de la Universidad de Cuenca “huyó de una arremetida de la policía, ocultándose en una vivienda”, dice el informe. La policía entró a la casa donde escondía y lo golpeó en el suelo. “Producto de puntapiés recibidos de parte de la policía en el suelo”, se le fisuró una costilla. 

    Otras de las agresiones registradas por las organizaciones están “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en lugares de detención, “incluida la propia unidad de flagrancia”. Los detenidos, según el informe, habrían estado incomunicados durante horas en unidades policiales y centros de detención. 

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  • Tras saqueos en la Sierra, el gobierno dice que el movimiento indígena está infiltrado por “el correísmo organizado”

    • saqueos empresas Cotopaxi

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador.

    El lunes 7 de octubre de 2019, se registraron saqueos en los sectores de Lasso, en la provincia andina de Cotopaxi. En los videos difundidos en redes sociales se ve a varias personas con palos ingresando a la fábrica de lechera Parmalat. Mientras eso sucede, uno de los trabajadores ordena cerrar una de las bodegas. 

    Algunas florícolas también registran saqueos. En uno de los videos publicado por la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflor) se ven varios bouquets de flores tirados en el piso. Comunidades indígenas en el Sur están realizando recorridos por cada finca, sacando al personal que se encuentra trabajando”, dice un tweet de Expoflor.

    Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflor, dijo que “31 haciendas florícolas fueron asaltadas esta mañana”. A través de un tweet, Expoflor rechazó los actos. “Las fincas florícola generan empleo y promueven un Ecuador próspero”, dijo. 

    En horas de la tarde, Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular de la Presidencia, dio una rueda de prensa en la que dijo que los actos cometidos no son protesta social sino un conjunto de delitos. “Los indígenas nunca han saqueado ni han robado en sus protestas, no puede ser que se den estos actos”. Roldán dijo que la dirigencia del movimiento indígena no tenía control sobre sus bases, que está infiltrada por el correísmo. “Es responsabilidad única y exclusiva de los líderes indigenas que no tienen control de la situación o que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder. Por Dios, señores líderes indígenas, piensen las consecuencias que esto va a tener en el futuro”, dijo en el Palacio de Carondelet. “Paremos esas infiltraciones que ustedes tienen, quienes están haciendo esto querían llevar el Ecuador a Venezuela, esto es el correísmo organizado”, dijo.

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  • Lenín Moreno traslada el gobierno a Guayaquil, rechaza revisar las medidas y acusa al correísmo de la violencia

    La noche del lunes 7 de octubre de 2019, en una rueda de prensa desde Guayaquil, el presidente Lenín Moreno habló tras un día de intensas protestas, violencia y saqueos. El Presidente habló delante de un fondo negro y acompañado del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, el Ministro de Defensa,  Oswaldo Jarrín, y los altos mandos militares. 

    Moreno inició su intervención anunciando que trasladó la sede del gobierno a Guayaquil “de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen”. El artículo 165 de la Constitución permite al Presidente de la República “trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional” durante un estado de excepción. 

    Moreno también dijo que las actuales protestas responden a una “intención política” para desestabilizar el gobierno y no a una manifestación social producto del descontento. El Presidente atribuyó los hechos al correísmo y a individuos externos pagados “con los recursos que se robaron”.  

    “¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernandez, Patiño, Pabón, hayan viajado al mismo tiempo, hace pocas semanas a Venezuela?”, se preguntó el presidente de la República. Moreno dijo que la eliminación del subsidio se mantendrá, y llamó a los sectores sociales a lo que llamó un “diálogo fraterno”. 

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  • Sonnenholzner dice que se perdían 300 millones de dólares en subsidios, su entrevistador le recomienda ir a ver Joker

    Después de la rueda de prensa, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y  el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, conversaron con el periodista Rodolfo Baquerizo. Sonnenholzner dijo que no se podía revertir la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y a diésel porque significaría perder entre “300 y 400 millones de dólares al año”. El vicepresidente dijo, además, que la decisión afecta a “mafias que no se iban a quedar tranquilas” y que infiltraron las manifestaciones indígenas, dañándolas y restándoles legitimidad. 

    Según Sonnenholzner, el gobierno tuvo que elegir entre mantener el subsidio o la dolarización. Moreno “podría haber sido el último presidente que no tenía la necesidad” de hacer esa elección. “Después de él, el siguiente habría tenido que desdolarizar”. Sonnenholzner, elegido por la Asamblea después de que María Alejandra Vicuña renunciara al cargo por acusaciones de corrupción, “podría haberse endeudado más y pateado la pelotita”, pero no lo hizo:  “tuvo los pantalones” que otros no, según Sonnenholzner.

    El Vicepresidente dijo que quienes quieren desestabilizar al gobierno tienen manuales para hacerlo, generando miedo a través de noticias falsas difundidas a través de redes sociales. “No nos vamos a dejar engañar por ustedes, que quieren pescar a río revuelto”, dijo. Además, lamentó que en la Sierra central haya habido enfrentamiento entre campesinos. “Queda demostrado quién es quién”, dijo Sonnenholzner en referencia a los enemigos políticos del gobierno, encabezados por Rafael Correa.

    En la charla televisada, habló también Juan Sebastián Roldán. Dijo que debían “reemrumbar la democracia”, corrigiendo distorsiones, empezando por eliminar un subsidio que beneficiaba en un 80%  a los más acomodados. 

    Roldán dijo, además, que hubo infiltrados porque los indígenas no saquean, sino que han sido una fuerza de progreso de los derechos humanos en el Ecuador. Ofreció discutir con la dirigencia indígena las formas de compensación tras la eliminación de los subsidios “Nadie en sus cabales puede aprobar lo que vimos en Quito” el 7 de octubre de 2019, dijo Roldán, que aseguró que trasladaron el gobierno para darle “un respiro a Quito”.

    Después, se unió al panel Raúl Clemente Ledesma, ministro de Ambiente. Ledesma se preguntó por qué los ambientalistas no han respaldado la eliminación del subsidio a la gasolina, si es una medida que ayuda a combatir el cambio climático. Según Ledesma, “los más reacios” a la eliminación del subsidio son, precisamente, las organizaciones ambientales. Nombró, específicamente, al prefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel, a quien insistió en llamar Carlos, “el nombre con el que lo bautizaron su papá y su mamá”. Para ese momento, en la conversación ya no estaba Roldán, y se anunció la entrada de Jorge Wated, presidente del directorio de BanEcuador. Sonnenholzner se retiró, no sin que antes el entrevistador Baquerizo le preguntara si ya había ido al cine a ver a Joker.

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  • Desmanes en la Contraloría y en las afueras de la Asamblea

    La noche del lunes 7 de octubre de 2019, un grupo de manifestantes intentó tomarse la Asamblea Nacional. En un video se ve una nube de humo afuera del legislativo, mientras la Policía busca tomar el control del lugar. Los manifestantes apedreaban cámaras de seguridad en las calles aledañas a la Asamblea. 

    En un comunicado, la Asamblea rechazó los actos de vandalismos y llamó al diálogo: “Somos garantes de la democracia abrimos nuestras puertas para que en uso de los canales legítimos se generen espacios de discusión”. En un tweet, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, solicitó al Ejecutivo que envíe a la Asamblea la Ley Económica de manera urgente.

    Esa misma noche, otro grupo de manifestantes irrumpió en la Contraloría General del Estado, a pocos metros de la Asamblea. En varios videos (como este) publicados en Twitter, se ve cómo  cientos de manifestantes ingresan entre las rendijas que cercan el edificio de la Contraloría.  Otros, sacan las rejas, que protegen el edificio, y se los llevan. Después de los saqueos, el Contralor General, Pablo Celi, atribuyó los hechos a una banda organizada que buscaba “sustraer y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha.  “La Contraloría general del Estado, no se dejará intimidar con este tipo de acciones”, dijo Celi en un video.

    Unas horas antes, en un comunicado, la Corte Constitucional estableció que el estado de excepción regirá por treinta días y no por sesenta, como ordenó inicialmente el presidente Moreno. Entre los puntos señalados por la Corte en su decisión, están el mandato de respetar  los derechos de la libertad de asociación, reunión y libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y el deber de proteger los derechos de los periodistas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.