Consulta Popular 2018

¿De dónde vienen las preguntas de la consulta popular?

Por duodécima vez, en su historia el Ecuador irá a votar en una consulta popular. Son siete preguntas que han sido presentadas por el presidente Lenín Moreno. Estos son sus antecedentes
  • todo sobre la consulta popular Ecuador 2017

    El 30 de septiembre de 2017, en tuvo lugar el acto conmemorativo por los nueve años de la aprobación de la Constitución del Ecuador.

La consulta popular  acerca a Lenín Moreno al ideal de presidente que intenta proyectar: un hombre que escucha sin irritarse al que piensa diferente; que prefiere acudir al pueblo para tomar decisiones que, legalmente, puede asumirlas por cuenta propia; un hombre que no se parece en nada —o que intenta no parecerse— a su antecesor.

Y en ese empeño, la selección de las preguntas tiene gran importancia. Este es el origen de los temas con los que Lenín Moreno se juega su primera batalla electoral desde que asumió la Presidencia del Ecuador en  mayo de 2017. Técnicamente, las cinco primeras preguntas son de un referendo para reformar la Constitución. El mecanismo utilizado por el presidente Moreno es el de reforma constitucional, y le ha solicitado a la Corte Constitucional que califique la constitucionalidad de las preguntas. Las dos restantes son preguntas de consulta popular pues no son directamente cambios en la Constitución, sino cuestiones de interés de la ciudadanía.

Pregunta 1: Corrupción

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

La corrupción (o su combate) es la madre de esta pregunta. Después de las revelaciones de grandes casos de corrupción, varios sectores de la sociedad civil le han pedido al presidente Moreno que se tomen medidas drásticas contra quienes participaron en estos actos. Con la revelación de la trama Odebrecht, la Justicia estadounidense y la brasileña pusieron en jaque a varios políticos latinoamericanos. En Ecuador, los primeros nombres aparecieron en plena campaña electoral. El saldo hasta ahora deja un vicepresidente en prisión preventiva, un excontralor prófugo y otros 15 funcionarios de alto rango investigados por asociación ilícita para delinquir.

No es que la corrupción haya llegado a Latinoamérica de la mano de Odebrecht, pero la cantidad de dinero que se movió y el número de funcionarios de alto rango salpicados provocó un sacudón en la región.

Otra trama internacional, revelada por Papeles de Panamá, desembocó en el caso PetroEcuador.  Las investigaciones giraron en torno a Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la empresa estatal petrolera durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía abrió varios procesos más por delitos como peculado, cohecho y asociación ilícita, que involucran a al menos 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios.

A pesar de ese contexto, la lucha contra la corrupción no fue una de las ofertas recurrentes en la última campaña electoral. Sin embargo, ya en el poder, el presidente Lenín Moreno anunció “una cirugía mayor”, mientras la nueva Asamblea empezó a pensar en la muerte civil, es decir, que las personas condenadas por corrupción pierdan sus derechos civiles, el principal objetivo es que queden inhabilitados de volver a ejercer un cargo en la administración pública.

Por separado, Alianza País, Pachakutik y la Izquierda Democrática plantearon reformas para que las personas condenadas por corrupción queden inhabilitadas para participar en política. Ese también fue uno de los cuatro pedidos que la Comisión Nacional Anticorrupción envió al Presidente, además del cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que las enmiendas aprobadas por la anterior Asamblea Nacional queden sin efecto y la conformación de una comisión ciudadana para preparar el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones en esta consulta popular.

Pregunta 2: Reelección indefinida

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

Tal vez la pregunta más polémica de todas. Rafael Correa estuvo diez años en el poder, pero a Alianza País no le alcanzó el tiempo para formar a su sucesor. Por eso, cuando se hablaba del fin de su presidencia y de su sucesión, la respuesta que parecía más segura era que Rafael Correa debía ser sucedido por Rafael Correa. Sin embargo, la Constitución de 2008 se lo impedía. En junio de 2014, cuando llevaba un año de su tercer mandato, el oficialismo presentó una propuesta para instaurar la reelección indefinida, que fue parte de un paquete de 17 proyectos para enmendar la Constitución, aprobada seis años antes y que permitía la reelección por una sola vez para un mismo cargo.

En ese entonces  la discusión giraba en torno a si los cambios planteados por Alianza País  en realidad eran enmiendas o reformas, y el trámite que debía seguirse.  El primer camino se aplica cuando los cambios son superficiales y no afectan ni a los derechos de las personas ni a la esencia del Estado. El segundo se aplica cuando el cambio altera la estructura y los elementos que constituyen el Estado. Y ese fue el argumento de quienes pedían que esta decisión se tome vía consulta popular.

El riesgo de llamar a un referéndum era alto. La popularidad de Correa había empezado a tambalear y el 2015 no fue su mejor año —alcanzó un 58% de aceptación—. Según una encuesta de CEDATOS, un 80% de los ecuatorianos quería que la reelección indefinida se resuelva por referéndum.

El rechazo a esta intención, liderado por la oposición, se sintió en las calles. Fueron varias semanas de protestas, hasta que el 3 de diciembre del 2015, la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas. Pero la presión social provocó que se incluyera una disposición transitoria para que la reelección indefinida entre en vigencia el 24 de mayo de este año y así Correa quedó fuera de las últimas elecciones presidenciales.

Ahora, ocupando el espacio de la oposición al Gobierno, el exmandatario ha insinuado en más de una ocasión que, si lo considera necesario, volverá a postularse. La respuesta de Moreno es esta consulta popular, acogiendo además, el pedido de los grupos políticos de la oposición.

En Alianza País la postura no es unánime. De hecho, la vicepresidenta encargada, quien en el 2016 ejercía como asambleísta y votó por la reelección indefinida, hoy tiene a su cargo el desarrollo de la consulta. Los legisladores que se mantienen en el bando Correísta, como Marcela Aguiñaga, defienden que eliminar la reelección indefinida es “una regresión de derechos políticos”, porque limita a los ecuatorianos la posibilidad de elegir y ser elegidos.

Pregunta 3: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

El CPCCS es una creación de la Constitución del 2008, que es una creación de Rafael Correa y su partido, Alianza País. Correa llegó al poder con la oferta de una Asamblea Constituyente que produjera una Constitución para refundar el Ecuador. Una de las innovaciones que introdujo fue la de creación de una función estatal de Transparencia. Su órgano principal es el CPCCS que debía con la función principal de promover la participación, el control social de lo público y la rendición de cuentas. En pocas palabras, garantizar la transparencia en el país.

El Consejo de Participación Ciudadana empezó a funcionar en el 2008. Está integrado por siete consejeros principales y sus suplentes, que son son elegidos mediante un concurso de méritos y oposición. Pero eso no ha garantizado que esté libre de influencias partidistas. Cuando los actuales consejeros se posesionaron fueron cuestionados por su cercanía con el Gobierno de Correa.

La presidenta, Raquel González, fue candidata a concejal de Guayaquil con Alianza País en el 2014, pero no fue elegida. También perteneció a la directiva provincial del movimiento y antes se desempeñó como coordinadora zonal del MIES. Uno de los vocales, Edwin Jarrín, además de ser esposo de la asambleísta oficialista Soledad Buendía, ha ocupado varios cargos en el Gobierno; en el 2013, por ejemplo, fue secretario general del Despacho Presidencial.

La pregunta planteada para la consulta pretende cambiar ese sistema por la votación popular. Para Sebastián López, catedrático en Derecho Constitucional  de la Universidad del Azuay, es “paradójico que tengamos una función que no sea elegida democráticamente”. A este organismo se lo ha criticado que, lejos de promover la participación ciudadana, ha servido para permitir la cooptación de los poderes por parte del Correísmo. “Este Consejo adolece de legitimidad de ejercicio  —explica López—, es decir no ha cumplido a cabalidad las funciones constitucionales que se le asignan”.

Esa es la crítica más generalizada que ha recibido el CPCCS. Entre sus atribuciones está elegir a la primera autoridad de la Procuraduría y de las Superintendencias, de entre las ternas enviadas por el Presidente; seleccionar a los titulares de la Defensoría  del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Contraloría, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso y Consejo de la Judicatura.

Los dardos apuntan a este organismo además porque las autoridades designadas por sus miembros fueron involucradas en casos de corrupción. En marzo de 2017, el Consejo reeligió a Carlos Pólit como contralor general del Estado —cargo en el que estaba desde el 2007—, tres meses después entró en la lista de investigados por la trama Odebrecht. Este Consejo también designó al exfiscal Galo Chiriboga, cuyo nombre apareció en la nómina de funcionarios con empresas offshore en Panamá.

Pregunta 4: Protección a la niñez

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Esta fue una de las tres preguntas que Moreno acogió de su partido, Alianza País. El antecedente más reciente de esta propuesta está en lo ocurrido  en la Academia  Aeronáutica Mayor Pedro Travesori (Aampetra), en el sur de Quito, en donde 41 menores fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de un profesor.  El caso sucedió en el período lectivo 2010-2011, pero la sentencia fue dictada seis años después.

A partir de este hecho, la Asamblea formó la Comisión Ocasional Aampetra para investigar casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas. Adempas, en junio de este año, la organización Ecuador dice no más y el Fondeo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF,  lanzaron la campaña “Ahora que lo ves, di no más”, que busca alertar sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Los  datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos dicen que una de cada diez mujeres en Ecuador ha sido víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. El Informe Sombra, elaborado por la Coalición de Mujeres del Ecuador, recoge los datos de la Fiscalía: de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes. Las mujeres suman el 80%  de los casos. Además, la Fiscalía reportó que recibe tres denuncias de violación a niñas  menores  de 14  años al día.

Pregunta 5: Minería

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Desde el 2008, Ecuador empezó a sentar las bases para explotar a gran escala sus recursos minerales. De hecho, acaba de ganar  el premio como Mejor país en desarrollo minero en los Annual  Outstanding Achievement  Awards, en Canadá. Un reconocimiento por ser el país más atractivo para inversionistas de ese sector. El Ministerio de Minería ha entregado 237 concesiones mineras, mientras que otras 400 están en proceso de aprobación.  Actualmente hay cinco proyectos estratégicos: Mirador, Fruta del Norte (Zamora Chinchipe) y Río Blanco (Azuay) que ya están en etapa de explotación, mientras que Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Morona Santiago) están en exploración avanzada.

Los cinco proyectos están ubicados en el sur del país, y muchos de sus habitantes se resisten a la minería.  En noviembre de 2016, indígenas shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, se tomaron el campamento minero de San Carlos Panantza. La zona terminó militarizada y el enfrentamiento entre comuneros y personal de seguridad dejó un policía muerto. El Gobierno decretó el estado de emergencia, que duró dos meses.

En comunidades como Íntag, en el norte de Imbabura hay división. Esta población, opuesta a la minería por más de 20 años, hoy está polarizada entre los beneficios que promocionan la empresa minera chilena Codelco y el Gobierno y los riesgos que genera esta actividad. En abril del 2014, un enfrentamiento entre lugareños y funcionarios de la Empresa Nacional Minera dejó una persona detenida, el dirigente Javier Ramírez, quien fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo.

La principal preocupación de quienes se oponen a las actividades mineras es su efecto ambiental. En Íntag, un estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa minera japonesa Bishi Metals, advierte que esta actividad productiva puede contaminar los ríos, desertificar el territorio y desplazar a comunidades.

El otro centro de resistencia está en Azuay.  El Concejo Cantonal de Cuenca y el Cabildo por el Agua plantearon una reforma al artículo 407 de la Constitución. Desde esta provincia llegó la pregunta para la consulta. El pedido pretendía restringir las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales, así como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas sus fases. La idea no fue acogida en su totalidad.

La Constitución ya prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y en zonas intangibles. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. La pregunta solo extiende la prohibición a los centros poblados.

“Las dos preguntas ambientales buscan llegar a algunos sectores sociales que se sintieron alejados de la Revolución Ciudadana”, dice Andrés Martínez Moscoso, experto en Estudios Políticos y Constitucionales. “Alianza País nació con grupos con interés en temas ambientales, pero en el transcurso de los últimos diez años se quedaron fuera y esta es una buena forma de traerlos de vuelta ”, dice Martínez. El expresidente Rafael Correa llamó ‘infantiles’ a los ambientalistas que se oponían a los proyectos petroleros y mineros. La pregunta del presidente Moreno es un acercamiento a estos grupos, pero muchos ven con cierto recelo la forma en que la pregunta se ha formulado.

Pregunta 6: Ley de Plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?

Esta es la primera pregunta de la consulta propiamente dicha. La Ley para evitar la especulación de la Tierra, conocida como Ley de la Plusvalía, le costó al anterior Gobierno una ola de protestas callejeras. Cuando el proyecto fue presentado, en junio del 2015, junto a la Ley sobre Herencias, opositores y oficialistas midieron fuerzas en las principales ciudades del país. Las banderas negras y el grito de “Fuera Correa. Fuera” se repitió en las principales ciudades del país, mientras Correa estaba en Bélgica, en la segunda cumbre entre CELAC y la Unión Europea. Para su regreso, los manifestantes organizaron una caravana de vehículos con banderas negras para recibirlo en Tababela.

Para el exmandatario, las movilizaciones eran un intento de golpe de Estado blando.  De todas formas, la resistencia al proyecto y  la cercanía de la visita del Papa Francisco obligaron al Gobierno a dejar el trámite en espera por poco más de un año. En diciembre de 2016, la Asamblea aprobó la ley en medio de reclamos.

Desde su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores económicos. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, sostenía que el proyecto era “inoportuno e inconveniente” porque generaba incertidumbre en el sector, que según las proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.

El pasado 24 de julio, el presidente Moreno pidió su revisión argumentando un impacto negativo en esta actividad. “Recordemos que la construcción es un sector de la economía que dinamiza todos los demás. Hemos sufrido un deterioro de —7% en el crecimiento”, le dijo a la BBC en una entrevista.

Esta ley creó un nuevo impuesto, el del valor especulativo del suelo, que es del 75%. El tributo se aplica a la ganancia extra que genera la segunda venta de un inmueble o terreno. El analista económico Juan Pablo Jaramillo defiende que este impuesto “busca castigar las ganancias extraordinarias producto del esfuerzo de terceros y la especulación en la venta de bienes inmuebles, no así la ganancia ordinaria producto del esfuerzo propio”.

El tema fue uno de los ejes centrales de las mesas de diálogo del  Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia creada por el Gobierno de Moreno para emitir recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad. El colectivo Proponle al futuro, formado por empresarios de diferentes sectores —que apoyó la candidatura de Moreno— propuso una consulta popular para reformar la ley, pero otros grupos del sector de la construcción pidieron su derogatoria, pedido que finalmente fue acogida para la consulta.

Pregunta 7: Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Ecuador tenía una apuesta ambiciosa para no tocar la Reserva Natural del Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta: dejar el petróleo bajo tierra si los países industrializados le pagaban por hacerlo. El plan no funcionó. La iniciativa Yasuní ITT recaudó en seis años poco más de 13 millones de dólares en efectivo y 116 millones que se quedaron en compromisos de apoyo de países, aunque no estaban vinculados directamente con la iniciativa. La meta era alcanzar 3.600 millones en 13 años.

Con ese argumento, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa pidió la declaratoria de interés nacional para el aprovechamiento del uno por ciento de la reserva, en el campo ITT (Ishpingo—Tiputini— Tambococha). “El mundo nos ha fallado”, dijo en su anuncio. Correa prometió que se explotaría con tecnología de punta para afectar apenas el 1 por mil del parque nacional, pero ambientalistas criticaron la oferta de Correa, quienes consideran que se pone en riesgo  la biodiversidad de la zona y la supervivencia de los pueblos no contactados. La reserva del Yasuní —de más de un millón de hectáreas—  es territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.

La explotación del ITT requería la aprobación de la Asamblea Nacional, que debía analizar, entre otras cosas, si esta decisión podría afectar a los pueblos en aislamiento voluntario. Con unos mapas de respaldo, el Ministerio de Justicia indicó en un informe que estos indígenas estaban fuera de la zona. Esa fue la prueba para que los legisladores den paso a la explotación. Pero cuando se lanzó la ronda petrolera Suroriente se vio que hay bloques que limitan con el parque Yasuní: 79, 83, 84 y 87, territorios en los que, según el mapa usado por el Ministerio de Justicia, se encuentran tres grupos indígenas.

La iniciativa Yasuní,  con un propósito loable, fue criticada por la forma en que se llevó a cabo. Los economistas Santiago Bucarám  y Ana María Trujillo cuestionaron en este artículo la falta de atractivo, viabilidad y sostenibilidad. Roque Sevilla, quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní—ITT hasta enero de 2010, le dijo a BBC Mundo que “tener siempre bajo la manga el plan B (de explotación petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los aportantes”.

En cambio, el ahora ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, defendió que la Iniciativa fue concebida como un mecanismo para reducir el cambio climático.  “Dejar el petróleo bajo el suelo significaba que al menos 407 millones de toneladas de dióxido de carbono no serían liberadas a la atmósfera. Con este argumento, la Iniciativa propuso que la comunidad internacional —en especial los países desarrollados— reconozca su corresponsabilidad en la afectación de un bien común, la atmósfera”.

En ese entonces, líderes indígenas y activistas plantearon que se convoque a una consulta popular para definir el futuro de esta reserva. El colectivo Yasunidos recogió más de 700 mil firmas para que se convocara a la consulta, pero en el 2014, el Consejo Nacional Electoral no dio paso a su pedido. El argumento de este organismo fue que no se reunieron las firmas necesarias. Según el CNE, el colectivo sólo alcanzó 359.761 firmas, después de que gran cantidad de las firmas presentadas fueran invalidadas porque no correspondían con los formularios presentados, la lista habría incluído a menores de edad, había cédulas incompletas y repetidas.  Según la Constitución, para que un tema sea sometido a consulta requiere el respaldo del 5% del padrón electoral, esto es 584.116 rúbricas.

La misma pregunta que se planteó en ese entonces fue entregada en septiembre pasado al presidente Moreno: ¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo  del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo?, pero la pregunta enviada a la Corte Constitucional no acogió esa propuesta.

La extracción de crudo  en el ITT arrancó en septiembre de 2016, con la producción de 12 pozos del campo Tiputini, el único que se encuentra fuera de la reserva ecológica. El plan de desarrollo de este campo petrolero contempla la perforación de 600 pozos del 2016 al 2025, en una zona de explotación de 200 hectáreas. El Gobierno calculó que las reservas del ITT arrojaría un valor neto de 18.292 millones de dólares.

Estas preguntas fueron enviadas a la Corte Constitucional el 2 de octubre de 2017. La sala de admisiones de la Corte, integrada por las juezas Wendy Molina y Ruth Ceni, las admitieron a trámite. Como hay 5 preguntas de referendo constitucional y dos de consulta popular, se iniciaron dos trámites por separado. En cada uno de ellos, tras un sorteo, se designará un juez ponente que emita un informe calificando las preguntas o recomendando que sean desechadas. Si el pleno de la Corte aprueba por mayoría ambos informes, las preguntas al Ejecutivo para que emita un decreto y el proceso pasa al CNE, que tiene un plazo de 15 días para convocar el proceso. La consulta se debe desarrollar en máximo 60 días, por lo que podría realizarse en diciembre de 2017 o enero del año siguiente. Esta sería la tercera consulta popular en Ecuador desde el 2008 y la número doce en toda la historia del país.

Fotografía de la Asamblea Nacional del Ecuador bajo licencia CC BY-NC 2.0.

Jackeline Beltrán
Periodista.Cofundadora de http://www.landariega.com.