Desde la terraza del edificio de la Contraloría General del Estado, un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) hacía señas a sus compañeras que estaban en la calle Tarqui, aledaña a la Asamblea Nacional, a la entrada del centro de Quito. Con sus gestos les indicaba que el edificio estaba en control de la Policía. Les pedía, además, que dejaran de lanzar bombas lacrimógenas: los manifestantes que entraron a la fuerza estaban ya bajo custodia policial. Era cerca del mediodía del sábado 12 de octubre de 2019, décimo día del paro nacional.
Minutos antes, seis equipos tácticos habían entrado al edificio del organismo de control de cuentas del Estado ecuatoriano. El contralor Pablo Celi había dado la autorización para el ingreso, después de que, según el parte policial, el director de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros le informara que varios manifestantes habían ingresado al edificio y, desde la terraza, lanzaban bombas molotov, palos, piedras y voladores contra los policías.
No era la primera vez que la Contraloría era atacada: el lunes 7 de octubre, un grupo de manifestantes ingresó a los parqueaderos por la puerta que da a la calle Tarqui. Según la abogada de la Contraloría, María Lorena Figueroa, se robaron “bienes muebles por un valor de 200 mil dólares”. Dos personas están enjuiciadas penalmente por ese primer ataque, aunque el expediente no especifica por qué delitos.
El sábado 12, cuando los equipos tácticos de la Policía entraron al edificio encontraron a veintisiete personas. En un video que registra el ingreso de uno de esos equipos, se ve cómo una de las personas sale detrás de una especie de bodega, cubriéndose con un escudo improvisado. En el piso hay extintores de fuego, botellas con combustible, cajas llenas de piedras, palos, y tubos de PVC que servían como lanzadores de proyectiles.
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Manuel Guerrero es uno de los procesados. Él es de la provincia amazónica de Napo, a más de 180 kilómetros de Quito. En su versión ante la Fiscalía dijo que había llegado a la capital una semana antes, en busca de trabajo.
La noche del 11 de octubre durmió en el albergue de la Universidad Central. Al día siguiente fue al parque de El Arbolito, donde estaba concentrada gran parte de la movilización indígena que había llegado a la capital a protestar contra las medidas de austeridad ordenadas por el presidente Moreno a inicios del mes.
Cerca de las diez de la mañana, dijo Guerrero, los guardias de la Contraloría le abrieron las puertas a los manifestantes. “Cuando la gente les preguntaba por qué habían cambiado de opinión, ellos decían que también tienen hijos; decían que ingresen a la terraza y que desde ahí pueden pelear”, dijo. Después, varias personas empezaron a robarse cosas, “como computadoras”, contó ante la Fiscalía. Guerrero dijo, además, que él junto a guardias y algunos indígenas intentaron impedir el robo. Desde adentro salían gritos y pedidos de auxilio, “porque se estaban ahogando con el gas”. Según él, decidió subir “para ayudar”.
Mientras subía por las escaleras, escuchó que la Policía estaba adentro. Poco antes de llegar a la terraza, fue detenido. Junto a Guerrero, hubo otros 32 detenidos, incluyendo seis menores de edad. Algunos estaban acostados boca abajo, custodiados por la Policía Nacional.
A la mayoría, les sacaron los cordones de los zapatos y les amarraron las manos porque, según una fuente policial que pidió la reserva de su identidad, a pesar de que cada policía tiene un par de esposas para ser utilizadas en las detenciones, si lo pierden, se lo cobran. Cuestan unos 50 dólares. La fuente dice que, además, cuando en un solo evento se detiene a varias personas, no hay suficientes esposas para todos. Usar los cordones de los zapatos de los detenidos para inmovilizarles las manos es común.
La zona quedó partida como un escenario marcial: hacia el sur, las fuerzas policiales tenían el control de la Asamblea. Hacia el norte, los manifestantes estaban instalados en El Arbolito. Así se había mantenido durante toda la mañana. Hacía la una de la tarde, los detenidos fueron trasladados a la Asamblea Nacional, a pocos pasos del edificio de la Contraloría.
Fue una decisión poco ortodoxa. Lo regular habría sido que fuesen llevados directamente, desde la Contraloría, a la Unidad de Flagrancia (la dependencia judicial a la que se lleva a una persona que ha sido detenida cometiendo un delito, en la Avenida Patria y 9 de Octubre, o a otra unidad cercana en la que se pudiese celebrar una audiencia de flagrancia).
Eso no ocurrió. Tras su detención, fueron llevados a la Asamblea Nacional, a pocas calles del sitio en que fueron detenidos. Allí, había una llamada “zona segura”, porque estaba bajo el control de la Policía. Según las versiones de los procesados y el parte policial, permanecieron ahí por más de cinco horas. A las seis y media de la tarde, fueron finalmente trasladados a la Unidad Judicial de Tránsito, en la intersección de la calle Pradera y la avenida Diego de Almagro, unos tres kilómetros al norte.
El parte policial describe el operativo como “allanamiento, detención o neutralización de personas, organizaciones delictivas, grupos armados o bandas terroristas”. Tras el operativo, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, envió a un mensaje a la Policía por radio. “El país está muy orgulloso del trabajo que están haciendo como profesionales y seres humanos”, les dijo con tono suave. “Quiero decirles gracias en nombre del país, hay que tener ánimos, sé que llevan varios días trabajando, ya llegará el momento del descanso”. Fue la primera y la última vez que, durante el paro, les habló por las ondas radiales.
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Cuando los detenidos estaban en la Asamblea, unos policías les enseñaron unos videos en los que se veía que la Contraloría ardía, dijo Guerrero. Una hora antes, a la una y ocho de la tarde, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, compartió, a través de su cuenta de Twitter, otro video del incendio en la Contraloría. Romo decía que la Policía desalojaría el edificio para que los bomberos pudieran hacer su trabajo.
Exactamente veinte minutos antes, en la misma red social, la Ministra había anunciado la detención de treinta personas “que se habían apostado en la terraza de la Contraloría”. Entre ellos, estaba Guerrero. Él no podía haber estado en el incendio de la Contraloría, si estaba detenido ya en la Asamblea. Sin embargo, estuvo acusado de participar en el incendio, bajo cargos del delito de terrorismo
“Por eso se les cae el caso de terrorismo, en el terrorismo la Fiscalía pretendía implicar que los detenidos causaron el incendio.”, dice Ernesto Pazmiño, abogado de cuatro de los detenidos. La mañana del 13 de octubre de 2019, un día después del ataque, la Fiscalía dijo que los 27 adultos detenidos debían ser procesados por terrorismo. Pidió prisión preventiva para todos. La jueza Eliana Carvajal ordenó que catorce personas la cumplan; a los otros trece les ordenó presentarse dos veces por semana en su juzgado.
Los menores de edad fueron enviados al centro especializado para menores Virgilio Guerrero, donde estuvieron dieciocho días hasta que un habeas corpus les devolvió la libertad. Este recurso legal permite la liberación de una persona detenida en caso de que el juez considere que se vulneró algún derecho durante la detención. Ese mismo recurso fue utilizado por la defensa de los catorce adultos detenidos, fueron liberados el 15 de noviembre de 2019, un mes después de su detención.
Ese mismo día, la Fiscalía cambió los cargos: dejó el de terrorismo por los de sabotaje, destrucción de registros y paralización de un servicio público. La pena máxima por estos delitos es de diez años, aplicable en el caso de sabotaje y destrucción de registros públicos. La instrucción fiscal debe terminar a mediados de febrero. “El delito de sabotaje implica tratar de alterar el orden económico del país”, dice Pazmiño. “Eso es imposible que vaya a poder demostrar”. Dice, además, que lo que hubo fue “una pelea entre la Policía y los manifestantes. Que haya excesos, eso es otra cosa”.
De los verdaderos autores del incendio a la Contraloría, no se sabe todavía, nada.
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Pablo Celi, el Contralor General del Estado, chaqueta y camisa negras, el cabello ensortijado y gris, la barba blanca en corte candado y unos lentes sin marco, hablaba bajando la vista, como si leyera lo que decía. Cada tanto, alzaba los ojos para mirar a la cámara que lo grababa delante de una pared blanca.
El video se difundió la noche del ataque a la Contraloría. En él, Celi, también funcionario de la Contraloría del convicto Carlos Pólit, habló de “un proceso deliberado contra la memoria documental contra los procesos de control del país”. Según el contralor, la acción concertada ponía “en evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración planificada contra el ordenamiento institucional y el sistema democrático vigente”. La conspiración, dijo Celi, buscaba detener el juzgamiento y la sanción “de los culpables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional y a la situación social como resultado a la década de arbitrariedad y atropellos que buscamos superar.”
En su intervención habló de destrucción a oficinas, vehículos, sistemas electrónicos y áreas de servicios. La información documental de los procesos de investigación, dijo, fue dañada parcialmente pero que era “recuperable”.
María Lorena Figueroa, la abogada de la Contraloría, repite algo similar. Quienes entraron “mantuvieron un estado de terror sobre los bienes y sobre las personas que se encontraban adentro, como es el caso del personal de seguridad interna, poniendo en peligro la vida y la integridad física de dichas personas”. Pero Ernesto Pazmiño, abogado de cuatro de los investigados, dice que “la destrucción de registros implica individualizar de qué registros se trata y tienen que ser registros públicos”. Está convencido de que la Fiscalía no podrá probar qué registro se quisieron destruir.
Los guardias de seguridad de la Contraloría que dieron su versión ante la Fiscalía contaron que, por la cantidad de manifestantes, no pudieron evitar el ingreso. Javier León, uno de los guardias, dijo que solo había cinco personas custodiando el edificio. Los manifestantes tenían piedras, palos y estaban encapuchados. “En el parqueadero me rodearon siete personas que estaban cubiertos los rostros, uno de ellos me golpeó en la cabeza, no pude ver con qué objeto”.
Jorge Sánchez, otro de los guardias, relató una escena similar en el mismo estacionamiento: “Encontré varios manifestantes tapados la cara, sacándose los extintores, como había humo y gas no reconocí, me rodearon varias personas y me dijeron ‘tranquilo, no pasa nada, indícanos la salida’, por lo que yo les indiqué la salida”. Las versiones concuerdan con la del detenido Manuel Guerrero, quien además sostiene en su versión que uno de los guardias que supuestamente los animaba a entrar a la Contraloría era, en realidad, un policía. “Por cuanto al momento que nos llevaron a la Asamblea, ese guardia ya estaba ahí vestido de civil.”, le dijo al fiscal Wilson Toainga quien lo interrogaba. No hay más detalles en su versión, ni tampoco más preguntas hechas por el Fiscal.
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Dos meses después del paro, el edificio de la Contraloría mantiene las huellas de los ataques que sufrió. Las oficinas que funcionaban allí fueron trasladadas a distintas dependencias estatales, como la Superintendencia de Bancos.
Entre escombros, papeles quemados y vidrios rotos, dos mujeres cruzan lo que queda del edificio de la Contraloría. La parte trasera del edificio mira directamente a la manifestación. Fotografía de Diego Ayala León.
Los vidrios siguen rotos y las marcas del humo negro, producto del incendio, parecen tatuajes indelebles sobre sus paredes. La fachada que da a la calle Tarqui, muestra también los estragos del ataque. Barandas caídas, latas torcidas, manchas de humo y una valla protectora que pretende servir de custodia.
La ejecución del seguro aún está pendiente. Hicimos un pedido de acceso a la información pública para conocer si es que el seguro contratado protegía al edificio de un ataque terrorista, cuáles son los montos y el proceso para ejecutar la póliza, pero todavía esperamos una respuesta por parte de la Contraloría General del Estado.
