El caso Plaga en Ecuador, explicado

Un nuevo caso de corrupción se destapó en Ecuador. La madrugada del 3 de abril de 2024 la Fiscalía hizo operativos en 8 provincias del país como parte de la investigación del denominado caso Plaga. En este proceso la Fiscalía investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el sistema judicial para liberar a personas presas de forma irregular, a cambio de dinero o favores. Aquí te explicamos lo que sabemos del caso Plaga.

Los operativos del 3 de abril fueron en las provincias costeras de El Oro, Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas; y en Azuay, Pichincha, Chimborazo y Tungurahua en la Sierra.  Estos allanamientos dejaron 14 detenidos, entre los que están ex jueces, funcionarios judiciales, policías y abogados. 

El 29 de junio de 2024 se vinculó a otras 17 personas al caso Plaga, también ex jueces, funcionarios de la SNAI, abogados. En la audiencia ese mismo día, un juez dictó prisión preventiva a 14, y arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico para dos, que son adultos mayores. Para una mujer embarazada, también vinculada, dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En total, las 31 personas procesadas formaban parte de la red que ofrecía recuperar la libertad de forma ilegal a presos sentenciados o en prisión preventiva por delitos como asesinato, tráfico de drogas y violación.

¿Qué se investiga en el caso Plaga?

La Fiscalía dijo que “los presuntos involucrados, a través de acciones constitucionales, habrían favorecido a personas de alto nivel de peligrosidad, otorgándoles la libertad, a través de argucias legales y abuso del derecho”. Estas acciones constitucionales, dice la Fiscalía, permitieron “que campee la impunidad”. 

En una publicación de X (antes Twitter), la mañana del 3 de abril, la Fiscalía dijo que esta presunta organización delictiva estaría integrada por policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. 

Los jueces, dice la Fiscalía, “habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores”. Entregados a cambio de permitir que las personas presas “obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad”. 

Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 241 presos salieron de la cárcel en Ecuador alegando enfermedades o condiciones de riesgo que no se probaron en audiencia, pero que sí convencieron a los jueces. Esas excarcelaciones se hicieron a través del hábeas corpus, un recurso judicial que permite la salida de presos cuando la privación de su libertad sea ilegal, arbitraria, ilegítima o se sienta amenazada su vida o integridad. En este reportaje te contamos más.

En el caso Plaga también se investiga presunto tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

Por eso, dijo la Fiscalía, el 3 de abril se hicieron operativos simultáneos para “erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia, que se ha sistematizado como un círculo vicioso”. Eso, dice el comunicado de la institución, “da cuenta nuevamente de la profunda irrupción de la corrupción en instituciones del Estado”. 

¿Quiénes son los detenidos?

Hasta el 3 de abril había 14 detenidos en el caso Plaga.

Joffre Javier Rivera: 

Ex juez detenido en Chone, en Manabí. En febrero de 2024, Rivera tuvo un sumario administrativo por conceder la libertad a dos personas con sentencias ejecutoriadas —uno por tráfico ilícito de migrantes y otro por abuso sexual. 

El Consejo de la Judicatura determinó que eso era un error inexcusable y fue suspendido.

Simón Oswaldo García Tello: 

Ex juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal de Paján, en Manabí. García fue el juez que dejó en libertad a Daniel Salcedo, que en ese momento estaba condenado por tres delitos. 

En 2022, el juez García aceptó una petición presentada por el abogado de Salcedo, Rodrigo Eduardo Vimos Barrionuevo, según consta en los registros de la Función Judicial. García dispuso la libertad de Salcedo por la “caducidad de la prisión preventiva” de los procesos penales que enfrenta. 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) apeló la decisión y le pidió al Consejo de la Judicatura que investigara la actuación del juez de Manabí. García fue suspendido por 2 meses. 

Dos meses después, en febrero de 2023, un tribunal de la Corte determinó que Salcedo debía volver a la cárcel por el caso de ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. Sin embargo siguió libre por el fallo de medidas cautelares que le otorgó el juez García de Paján, quien desde mediados de ese año enfrenta un proceso por prevaricato, un delito que se comete cuando un juez falla en contra de la ley expresa en perjuicio de una de las partes. Todavía no se ha instalado el juicio en este proceso. 

Actualmente, Daniel Salcedo se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito, luego de haber sido detenido en Panamá a mediados de enero de 2024 y extraditado al país casi de inmediato. Es uno de los procesados del caso Metástasis.

Ángel Lindao: 

El ex juez ya está procesado por el caso Metástasis, que investiga una presunta red de delincuencia organizada en la justicia y otras instituciones ecuatorianas. El 25 de enero de 2023, fue destituido de su cargo como juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El Consejo de la Judicatura tomó esta decisión porque Lindao incurrió en “la infracción gravísima de manifiesta negligencia” por su actuación en una acción de protección planteada por Leandro Norero, narcotraficante asesinado en la cárcel en 2022. Lindao ordenó devolver a Norero bienes que le habían sido incautados, mientras él estaba en prisión. 

Con los indicios recolectados del celular de Norero se abrió la investigación del caso Metástasis, investigación en la que Lindao también es uno de los procesados. 

Otras personas detenidas han sido identificadas sólo con su nombre y las iniciales de su apellido: 

1. Hugo Alexander L. O.: detenido en Riobamba. En el allanamiento a su casa se levantaron indicios que incluían documentos, una laptop y un celular. 
2. José T. Ch.: abogado de libre ejercicio detenido en Quito.
3. Lenin V.: ya procesado por otro delito y preso en la Cárcel 4, de Quito.
4. Omar Israel J: abogado y ex funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
5. José Alfredo M. B.: ex funcionario del SNAI.
6. María José L.: funcionaria judicial del cantón Pasaje, en El Oro.
7. Franklin Edmundo T.: exjuez detenido en Cuenca. Allanaron su casa y su oficina. 
8. Hugo Marcelo A. H.: policía en servicio activo detenido en Guayaquil.
9. Marco Patricio C. C.: policía en servicio activo detenido en los exteriores de la cárcel Regional del Guayas. 
10. Gary Fabricio P.: secretario de juzgado y unidades judiciales, detenido en Portoviejo, en Manabí
11. Byron Michael O. G.: juez de primer nivel en Flavio Alfaro, en Manabí.

En la audiencia de vinculación del 29 de junio de 2024, entre los 17 nuevos vinculados, está el presunto líder de la organización criminal. 

Cristian Romero Moya:

Según la Fiscalía, Romero es el presunto líder de la organización criminal. Se encargaba de planificar, direccionar y coordinar las estrategias para liberar a los presos. Además, tramitaba la emisión de certificados médicos adulterados para usarlos como insumos para los recursos y medidas cautelares aplicadas.

Romero es abogado, especialista en Derecho Penal y está siendo procesado también por el caso Metástasis. 

Jorge Eduardo Armendariz Zuluaga:

 Fue juez de la Unidad Judicial Penal en Santo Domingo. Armendariz habría otorgado libertad a colaboradores de Fabricio Colón Pico, líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Por ello, habría recibido 70 mil dólares que fueron entregados por Cristian Romero. 

Armendariz también habría facilitado el perjuicio de 7 millones de dólares en contra del GAD Municipal de Loja. 

Banny Rubén Molina: 

Juez de garantías penitenciarias de Manabí. Está vinculado con la organización criminal al otorgar un habeas corpus a Daniel Salcedo, procesado por el Caso Purga, Metástasis y tres investigaciones más. También por conceder un habeas corpus al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, detenido por casos de corrupción. Su participación habría costado más de 50 mil dólares, depositados en distintos montos en una cuenta de su hermano.  

Otros implicados: 

1. Jonathan Roberto Aguinda Shinguango: facilitador de organización criminal en diversas actividades.
2. Xavier Raúl Armijos Bermeo: ex funcionario del Centro de Privación de Libertad Azuay número uno. 
3. Javier Enrique Guananga Cando: abogado colaborador de Cristian Romero. Se presume que era el facilitador en la entrega de sobornos a operadores judiciales. También redactaba documentos jurídicos para accionar resoluciones previamente pactadas. 
4. Bryan Guillermo Pilco Zárate.: abogado en libre ejercicio. Habría colaborado en la gestión de pagos a funcionarios judiciales. 
5. Danny Andrés Orellana Zhune: ex funcionario del Consejo de la Judicatura y funcionarios del SNAI. Habría facilitado boletas de libertad a cambio de sobornos en la cárcel de la provincia de El Oro. 
6. Jorge Efraín Montero Berru: Juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Habría participado con la organización criminal al favorecer una acción de habeas corpus de un procesado por tráfico de migrantes a cambio de 60 mil dólares. 
7. Patricio Armando Calderón Calderón: juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue parte del tribunal que favoreció la acción de habeas corpus de un procesado por tráfico de migrantes, a cambio de 60 mil dólares. 
8. Galo Efraín Luzuriaga Guerrero: juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue parte del tribunal que favoreció la acción de habeas corpus de un procesado por Tráfico De Migrantes A Cambio De 60 Mil Dólares. 
9. Víctor Samuel Vega Noblecilla: Abogado en libre ejercicio. A cambio de 35 mil dólares, habría favorecido el sorteo de la causa para la liberación de líderes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. 
10. Mellani Dayana Alarcón Torres: habría intervenido en el sorteo de causas destinadas a la liberación de presos. 
11. Michael Ismael Hernández Sánchez: a cambio de 50 mil dólares habría gestionado una resolución favorable de un sentenciado por tráfico de influencias. 
12. Luis Abelardo Lucero Loayza: juez del cantón Huaquillas en la provincia de El Oro. A cambio de 30 mil dólares, habría otorgado libertad para líderes de Los Lobos.
13. José Xavier Guzmán Herbozo: juez del cantón Santo Domingo. A cambio de 10 mil dólares, otorgó la libertad a un sentenciado por violación fundamentado en certificados médicos falsos. 
14. Adriana Carolina Zarama Cruz: Jueza de Unidad Judicial del cantón Milagro. A través de certificados médicos falsos, favoreció legalmente a la conviviente de Alias Brazudo, líder de Los Lobos y autor del asesinado de Leandro Norero.