La agonía de Alianza País (AP) fue lenta. Duró por lo menos tres años. Los tres años que pasaron desde que su bancada legislativa se quebró hasta las elecciones de 2021, en las que el otrora poderoso movimiento no logró ni una sola curul y se quedó sin ninguno de los dos líderes que enfrentaron a su militancia: Rafael Correa y Lenín Moreno. 

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El episodio con este último tuvo menos dramatismo que la desafiliación de Rafael Correa, uno de sus creadores y figura más representativa. El 26 de febrero de 2021, Diego Fuentes, exviceministro del Interior, candidato a la Asamblea en las pasadas elecciones y coordinador de la comisión disciplinaria del movimiento anunció en su cuenta de Twitter que Alianza País había empezado un proceso disciplinario contra Lenín Moreno, presidente de la organización desde mayo de 2019. 

Pero Moreno tuiteó el 2 de marzo “¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido? Me separé de Alianza País. Los motivos están expuestos en esta carta”, dijo. Adjuntó un documento dirigido a Gustavo Baroja, Secretario Ejecutivo del movimiento, en el que renunciaba a la presidencia nacional de la organización. Entre sus motivos alegaba que en ella “hay muchas personas que no comparten mi compromiso con una democracia fuerte”. La carta estaba fechada 26 de febrero. 

Cuando la carta de Moreno fue recibida —según el documento que él publicó, el 1 de marzo—, él ya había sido expulsado. El proceso en su contra  fue resuelto el 26 de febrero. Según el movimiento, Moreno no cumplió con el plan de gobierno con el que ganó las elecciones en 2017. También habría incurrido en otras faltas graves, dice la resolución, firmada por Fuentes, René Espín, Verónica Moreno y Ximena Peña

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Peña fue la candidata presidencial a Alianza País en febrero pasado. Alcanzó el 1.54% de votos. Fue también —y esta es la ironía del asunto— la jefa de bancada legislativa de la Alianza País que quedó en manos de Lenín Moreno.

Peña ya había criticado el rol de Moreno dentro de Alianza País. Fueron declaraciones tardías —como tardío es un proceso que usa como justificación el incumplimiento del plan de gobierno de un presidente que está a dos meses de dejar su cargo.

El 6 de octubre de 2021, el mismo día que inscribió su candidatura a la Presidencia de la República, Peña dijo que “el presidente Moreno debería renunciar a la presidencia de AP”. En julio del año pasado, tras poco más de tres años en ese cargo, Peña renunció a la coordinación de la bancada legislativa por supuestas discrepancias en la elección de María Alejandra Muñoz como cuarta vicepresidenta de Lenín Moreno. 

En las semanas siguientes —las de la precampaña y campaña electoral— Peña intentó distanciarse de la sombra de Moreno, cuyo gobierno alcanzaba mínimos históricos de aceptación, insistiendo en que no era la candidata del oficialismo y acusando a Moreno de haber roto su palabra y de haber excluido de su gobierno a los militantes de su organización. 

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Los primeros indicios de que Alianza País estaba resquebrajándose, se dieron en 2017, tras la victoria de Lenín Moreno. Una de las primeras críticas que hizo el expresidente Correa a su heredero político fue en julio de 2017, poco más de un mes después de su posesión. “Todos estamos de acuerdo con el diálogo, pero diálogos con principios”, dijo, y objetó: “¿conversar con un Dalo Bucaram que vive insultando al vicepresidente? Yo jamás hubiera aceptado dialogar con alguien que insultara a Lenín Moreno”, dijo tras una charla en Guayaquil. Allí dijo también que había una “intención deliberada” del nuevo gobierno de tomar distancia del suyo. 

Un par de días después Moreno tuiteó: “El diálogo continúa. Seguimos empeñados en reconciliar al país. Para el odio, no cuenten conmigo.” Sin embargo, fiel a su estilo, ese mismo día, intentó conciliar en un almuerzo con los asambleístas de Alianza País. Pidió no tener miedo a las diferencias, que son parte de la diversidad humana. Dijo también: “Lealtad conmigo sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico Rafael Correa”. Unas horas después, en una entrevista en Telesur le mostraron a Correa estas declaraciones. “No me quiera tanto, compadre” —dijo con tono de ironía— “Obras son amores, todos pueden hablar bonito pero en esta semana han habido muchas contradicciones, desaires”, agregó.

Lo que vino después fue el quiebre total. Las investigaciones en contra de Jorge Glas terminaron de romper la ya débil relación entre el entonces vicepresidente y Moreno. El 3 de agosto de 2017, menos de tres meses después de que ambos juraran el cargo que los unía políticamente por los próximos cuatro años, Moreno le retiró las funciones a Glas. Paralelamente empezó una lucha en la Asamblea, donde se cabildeaba un juicio político propuesto por la oposición contra Glas —que finalmente no prosperó—. Allí mismo, la oposición buscaba los votos necesarios para que se levantara a Glas la inmunidad que permitiría llevarlo a juicio pena. Sería el propio Glas quien pediría a sus coidearios que votaran a favor de levantarle la inmunidad — lo que hicieron

El juicio político quedaría rezagado frente al juicio penal; ese terminaría con la sentencia de Glas, rompería también el fino hilo que aún sostenía al movimiento. El 13 de diciembre, Glas sería finalmente condenado —aunque él siempre alegó su inocencia— y un mes después, iniciaría la ola de desafiliaciones con Correa a la cabeza. 

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El  1 de mayo de 2017, dos meses antes de que Rafael Correa criticara por primera vez a Lenín Moreno en público, el aún Presidente de la República mocionó a Lenín Moreno para que lo reemplazara en la cabeza del movimiento. Era la última convención de Alianza País que vería a los dos líderes juntos . Se  hizo en un coliseo de Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí, bastión del correísmo. Asistieron 5. 300 delegados de la organización que votaron en favor de la elección, unánime, de Moreno como presidente de la organización y de Correa como presidente vitalicio. Jorge Glas fue electo vicepresidente del movimiento.  

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Nada hacía pensar que a finales de ese año empezaría una pugna por el control del movimiento. Por un lado, la facción correísta que en una sesión la noche del 31 de octubre de 2017 destituyó a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento. Con Gabriela Rivadeneira a la cabeza, nombró en su reemplazo a Ricardo Patiño, excanciller en el gobierno anterior. La razón era que, supuestamente, Moreno se había ausentado durante tres ocasiones de las reuniones de Alianza País y que eso era causal de remoción. La comisión de ética del movimiento, entonces presidida por la legisladora Mary Verduga, abrió expedientes contra nueve miembros de la directiva —entre ellos a Rivadeneira y Patiño — aduciendo que la destitución de Moreno se dio sin el debido proceso. 

Las aguas se partieron y de cada lado quedaron otrora compañeros. La entonces vicepresidenta María Alejandra Vicuña —quien había reemplazado a Glas tras su destitución— dijo que le causaba “risa” la decisión del ala correísta de nombrar una directiva encabezada por Patiño y acusó a sus antiguos coidearios de haber “perdido la brújula”. En la Asamblea, un grupo de legisladores del movimiento desaprobaba las preguntas que Moreno planteaba para la consulta popular que se daría en febrero siguiente, distanciandose de quien empezaban a considerar un traidor. El quiebre fue evidente cuando 23 de los 74 legisladores de Alianza País crearon la bancada de la Revolución Ciudadana.

La pugna por el control del movimiento llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo encargado de impartir justicia electoral. La facción liderada por Rivadeneira perdió el control de la organización política. María Fernanda Espinosa quedó como vicepresidenta y Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo. Al día siguiente de la decisión final del TCE, el 16 de enero de 2018, el expresidente Correa, que estaba temporalmente en Ecuador, fue al Consejo Electoral de Babahoyo para presentar su formulario de desafiliación a Alianza País. Lo acompañaron el excanciller Patiño y Paola Pabón, actual Prefecta de Pichincha. El desgrane era oficial.

A la cabeza de la bancada oficialista —ya bastante disminuida— quedó Ximena Peña. La bancada que había sido una aplanadora capaz de aprobar leyes tan polémicas con la Ley de Comunicación o el Código Orgánico Integral Penal, había desaparecido. 

Sus figuras más visibles tuvieron que elegir un bando: Rafael Correa, exiliado, sin el aparato del Estado que lo respaldara pero con un capital político considerable o Lenín Moreno, en el poder pero con un tambaleante respaldo para gobernar.  

Así pasarían los siguientes tres años: divididos y enfrentados. Para evitar los roces entre quienes habían obtenido una curul con apoyo de la misma organización política, se reorganizó el pleno del Palacio Legislativo, permitiéndoles ubicarse a los morenistas de un lado y a los correístas de otro, de tal modo que no estén mezclados, como habían estado hasta julio de 2018.

El correísmo intentó, en vano, inscribir una nueva agrupación política, la Revolución Ciudadana. El CNE se lo negó. En las elecciones seccionales de 2019, sin partido y sin Estado que los sostuviera, la facción correísta de Alianza País se refugió en el movimiento Compromiso Social, creado por Iván Espinel, exministro de Lenín Moreno, que cumple una condena en prisión. Logró dos importantes victorias: Paola Pabón ganó la Prefectura de Pichincha y Leonardo Orlando la de Manabí, aunque no logró ganar la alcaldía de ninguna de las 24 ciudades capitales de las provincias. 

Pero tampoco lo hizo la Alianza País ya morenista. De hecho, sus resultados fueron muy malos —los peores en la historia del movimiento hasta esa fecha: apenas 26 alcaldías (una tercera parte de las que tenía) y ninguna en ciudades principales. Esa derrota terminó de consolidarse en las elecciones de 2021 con Peña como su candidata presidencial.

Es el resultado de los tres años de disputas internas. Esas disputas que se harían evidentes en la Asamblea Nacional, en donde los votos morenistas contribuyeron, por ejemplo, para destituir a Sofía Espín, legisladora correísta que aceptó haber visitado en la cárcel a una exagente de Inteligencia procesada en el secuestro de Fernando Balda. Por ese mismo caso, sin embargo, hubo unas pequeñas coincidencias correístas y algunos morenistas que no votaron a favor de autorizar el juicio penal contra Rafael Correa. 


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Ocurrió, además, algo impensado para la Alianza País de Rafael Correa: el gobierno y su bloque en la Asamblea hicieron un acuerdo legislativo con CREO, el partido político de Guillermo Lasso, enemigo natural del expresidente. Esta alianza duró ocho meses —entre mayo de 2019 y enero de 2020— y permitió, según el documento que la oficializó, dar gobernabilidad a Moreno. En la práctica, permitió también llegar a acuerdos para nombrar a César Litardo, de Alianza País, como Presidente de la Asamblea y repartirse el control de las comisiones legislativas.

No se imaginaban que esta frágil alianza serviría después como una narrativa perfecta contra Guillermo Lasso y CREO en las elecciones presidenciales de 2021. El correísmo la utilizaría para decir que Lasso ha cogobernado con Moreno intentando así, transferir al candidato Lasso las fallas del gobierno morenista que, a noviembre de 2020 tenía apenas el 7,3% de aceptación.

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En 2006, Ecuador estaba gobernado por Alfredo Palacio, un médico que había heredado el gobierno de imprevisto cuando su binomio, Lucio Gutiérrez, fue derrocado en abril de 2005. El 21 de abril, un día después de la caída de Gutiérrez, Palacio nombró al joven Rafael Correa como su ministro de Economía, quien duró 106 días en el cargo. El alto perfil que tuvo durante su breve paso por el gabinete presidencial catapultó su imagen pública. 

Empezó entonces a germinar la posibilidad de una organización política propia formada por “un reducido grupo de académicos e intelectuales que se plantearon la necesidad de construir un movimiento político con signo propio”, según un artículo académico de agosto de 2011 por dos de sus fundadores, Virgilio Hernández y Fernando Buendía. El movimiento intentaba agrupar a una serie de representantes políticos y de la sociedad civil para intentar una propuesta electoral. 

Ese fue el asunto de la reunión que se convocó a finales de noviembre de 2005 en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Asistieron varios simpatizantes de la entonces llamada Alianza Ciudadana Ecuador que, liderada por el exministro Rafael Correa, discutía una propuesta para las elecciones del año siguiente.

Este colectivo iría mutando en un conglomerado de organizaciones que se convertirían en Alianza País, el movimiento con el que Correa obtendría la banda presidencial en la segunda vuelta electoral, convocaría a una Constituyente, lograría aprobar y sería reelecto en 2008, y luego, nuevamente en 2013. Ese fue el año de su mayor victoria: 104 legisladores y victoria en primera vuelta para Correa.

En ese período legislativo, la bancada de Alianza País no negociaba con nadie: aprobaba lo que quería, omitía lo que le incomodaba y archivaba los procesos de juicio político cuando había cuestionamientos públicos —en fin: era todopoderosa. 

Hay varios ejemplos de eso: había pasado apenas un mes de la posesión de los legisladores cuando, con 108 votos a favor, aprobaron la cuestionada Ley de Comunicación que incluyó la figura del linchamiento mediático, creaba a la Superintendencia de Comunicación y establecía la obligatoriedad de emitir contenidos de “interés público” con tal discrecionalidad que se convertió en los años siguientes en el mejor mecanismo de presión para los medios y los periodistas. También se aprobó la primera versión del Código Orgánico Integral Penal, que incluyó la tipificación de la mala práctica profesional —que provocó marchas y protestas de los gremios médicos— y la tipificacion del terrorismo o sabotaje que sirvió para criminalizar la protesta social. Esa misma Asamblea autorizaró la explotación de los bloques Ishpingo, Tiputini y Tambococha, conocidos como ITT, ubicados en el Yasuní, una de las reservas más biodiversas del mundo. 

Fue también el período en el que la fuerza política en la Asamblea Nacional no sería suficiente para hacerle contrapeso a la voluntad de su líder, Rafael Correa, cuando de derechos reproductivos se trató. La entonces legisladora Paola Pabón mocionó que se considere votar a favor del aborto en caso de violación y tuvo el respaldo de una veintena de sus colegas. Correa se opuso y varias de las legisladoras fueron sancionadas por el Comité de Ética de Alianza País, supuestamente, por haber quebrado la organicidad del movimiento.

El triunfo de 2013 fue, sin embargo, opacado por los resultados de las elecciones seccionales de 2015. Alianza País perdió las alcaldías de Quito y Cuenca, donde Augusto Barrera y Paúl Granda se postulaban a la reelección. Tampoco ganaron la de Guayaquil, aunque eso era predecible, pues ese es un bastión tradicionalmente socialcristiano.

Aunque el golpe para Alianza País era importante, la organización se repuso. Su fuerza legislativa le permitía gobernar, los indicadores económicos eran favorables, el precio del petróleo permitió una holgura económica que se tradujo en la construcción de megaproyectos como hidroeléctricas y carreteras se establecieron varias políticas sociales en favor de los más pobres. Además,  la propaganda gubernamental contribuía a amplificar el mensaje de que las cosas funcionaban. 

Lenín Moreno había dejado la Vicepresidencia de la República en 2013 —con 96% de aprobación— y Jorge Glas lo reemplazó. Moreno se fue a Suiza como enviado especial de la Organización de Naciones Unidas y se quedó hasta 2016, cuando Rafael Correa lo ungió como su heredero político, sin imaginarse que esa decisión le costaría caro a él, al movimiento político que había creado y a su militancia. 

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El día que el presidente Lenín Moreno  convocó a los legisladores de Alianza País a un almuerzo al Palacio de Carondelet, 5 de julio de 2017, el mismo día que pidió lealtad y que Correa dijo, en entrevista, que “no me quiera tanto”, Moreno también dijo que el momento en que salga de Alianza País no se volverá a afiliar nunca más a ningún partido político. “Esta es una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo”, dijo Moreno. 

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Sus palabras no fueron suficientes para calmar a Rafael Correa. Tampoco contuvieron la debacle política de los meses siguientes: la ruptura de la organización, el quiebre legislativo,  los procesos judiciales en contra de los más altos funcionarios del correísmo —de los que Moreno ha tomado distancia y a los que el correísmo ha tildado de persecución—, la desaparición de Alianza País del mapa electoral tras las elecciones de 2021 y la distancia que Moreno optó por tomar de la militancia que lo llevó al poder. 

El ascenso y caída de Alianza País demuestra también la fragilidad de las organizaciones políticas más allá de las figuras caudillistas que las lideran. Tras los últimos resultados electorales del movimiento que gobernó al país durante catorce años, es inevitable preguntarse si es que queda algo, en los escombros, más allá de las figuras de Rafael Correa y Lenín Moreno, los hombres que llevaron a la gloria y al abismo su creación.