Cuando en mayo de 2017 se posesionaba una Asamblea Nacional con mayoría de Alianza País —llegaron con 74 legisladores; es decir más de los 70 que se requiere para conformar una mayoría absoluta— era probable pensar que esa fuerza política tendría los votos o la capacidad suficiente para aprobar lo que quisiera. Poco duró el subidón.

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José Serrano, quien encabezó la lista de candidatos a asambleístas nacionales por Alianza País, fue electo presidente de la Asamblea. Su período debía durar dos años pero apenas 10 meses después, fue cesado de su cargo. Sus compañeros votaron para que dejara de ser Presidente después de que se filtrara un audio en el que Serrano y el excontralor Carlos Pólit conversaban con una familiaridad inusual entre un presidente del poder legislativo y un hombre que, para la fecha, ya era prófugo de la justicia por estar involucrado en supuestos actos de corrupción. 

El contexto en el que esto ocurría era complejo. La bancada de Alianza País ya se había quebrado en dos tras la ruptura política entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Cerca de una treintena de asambleístas se había mantenido fiel al correísmo y anunció su desafiliación de Alianza País —al igual que Correa— después de intentar, sin éxito, quedarse con el control del movimiento. Alianza País, que durante más de 10 años había representado al correísmo pasó a manos del presidente Lenín Moreno y sus seguidores, entre ellos, Ximena Peña, quien se convertiría en coordinadora de la bancada. Serran0 era de los otros, de los que parecía llamar a la calma y a la conciliación, de los que no se desafilió y, fiel a su estilo, mantuvo una postura ambigua que le permitiera navegar en las aguas que hiciera falta. 

Aún así no fue suficiente y cayó: perdió su cargo de presidente de la Asamblea. Entonces fue electa Elizabeth Cabezas, otra de las asambleístas que había preferido mantenerse con un pie en el morenismo, y que se mantendría en el cargo por el período restante de Serrano, hasta mayo de 2019. Sus aspiraciones de ser reelecta no prosperaron pues, en medio de las discusiones legislativas para mantenerla en el cargo, se filtró un audio en el que ella y la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo conversaban. En el audio, hablaban de la moción que había presentado el 7 de marzo de 2019, el asambleísta correísta Ronny Aliaga, que pretendía cambiar el orden del día para tratar los supuestos vínculos de la familia de Lenín Moreno con empresas offshore. Cabezas se había enterado que el bloque socialcristiano apoyaría la moción de Aliaga. “Qué hijosdeputa”, se la escucha murmurar en el audio filtrado antes de llamar a la entonces ministra Romo. En la grabación se escucha a Cabezas decir: 

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— Los socialcristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les redijimos que abstención y en contra, pero los socialcristianos pueden hacer con estos imbéciles… eh, cómo se llama… votación… y nos joden.


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Cabezas justificó después la conversación diciendo que fue un “acto de espionaje”. Ni la filtración ni el escándalo por la entrega de un contrato por más de 300 mil dólares desde su despacho a una exasesora, le harían cambiar la idea de que ella era la mejor opcionada de Alianza País para presidir nuevamente la Asamblea. Pero no lo fue: finalmente su candidatura no tuvo el suficiente apoyo en sus propias filas y fue César Litardo quien logró los consensos suficientes, tanto al interior de Alianza País como con CREO y asambleístas independientes para posesionarse como presidente de la Asamblea en reemplazo de Elizabeth Cabezas. 

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En esos dos primeros años, ya la Asamblea Nacional había pasado por demasiadas turbulencias.  Según Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, son 54 los asambleístas procesados o investigados por actos de corrupción.

En noviembre de 2018 fueron destituidas las asambleístas electas por Aliaanza País, Norma Vallejo y Sofía Espín —esta última regresa mañana a la Asamblea tras ser electa por el correísmo. Vallejo fue la primera acusada públicamente de pedir aportes irregulares a sus colaboradores. Luego, Ana Galarza, de CREO, fue acusada de lo mismo. A Espín la acusaron de incompatibilidad de funciones por visitar en la cárcel a Diana Falcón, una de las exagentes de Inteligencia del gobierno de Correa, sentenciada en el caso de secuestro a Fernando Balda. Fabricio Villamar fue el último legislador censurado y destituido por supuestamente haber obtenido de forma irregular su carnet de discapacidad. Su destitución se votó cuatro días antes de que se posesione la nueva Asamblea.

Otros casos se dirimieron en la justicia: Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País, fue detenido a principios de junio de 2020. Se lo investigaba por haber participado en supuestos actos de corrupción relacionados a la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí. En noviembre de ese mismo año fue sentenciado a cuatro años de prisión por delincuencia organizada. Por el mismo caso, el asambleísta Eliseo Azuero fue llamado a juicio y dos meses después, en septiembre de 2020, presentó su renuncia a su cargo como asambleísta; su paradero es desconocido.

También fue sentenciado Joffre Poma, asambleísta correísta, por su participación en la paralización de un pozo petrolero en octubre de 2019, durante el paro nacional. La sentencia fue de un año cuatro meses. De esos, cumplió solo 4 meses en prisión tras la decisión de un tribunal  de aceptar el recurso de suspensión condicional de la pena. Esta posibilidad, establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que se puede suspender la obligatoriedad de cumplir prisión siempre y cuando la sentencia no exceda los cinco años, la persona no tenga otras condenas y cuando no sean delitos de violencia sexual o contra la mujer y la familia. Tras ser liberado, en febrero de 2020, Poma volvió a la Asamblea a continuar ejerciendo sus funciones como legislador a pesar de que algunos de sus colegas  consideraban que por haber sido sentenciado —aunque cumplía la pena fuera de prisión— no debía seguir siendo asambleísta. 

Viviana Bonilla, quien fue la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional en los dos primeros años de este período legislativo, también fue sentenciada por el caso Sobornos 2012-2016. Ella —afín al correísmo—, junto a otros exfuncionarios de alto rango, fue sentenciada a ocho años de prisión por cohecho aunque ahora no cumple la sentencia porque está prófuga de la justicia.

Pero las sentencias, renuncias y destituciones de los asambleístas no fueron los únicos hechos que plantearon una reconfiguración de la Asamblea. Aunque, sin duda, el quiebre de Alianza País fue el evento político más determinante para la reconfiguración de fuerzas, hubo también otros desgranes. Cuando Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri decidieron pedir protección a la Embajada de México en Quito por considerarse perseguidos políticos, en medio del paro de octubre de 2019, el correísmo perdió a tres de sus representantes más visibles. Los alternos de Buendía y Viteri estaban alineados con el morenismo; el de Rivadeneira, José Agualasaca, con el correísmo. Éste último obtuvo una curul en 2021, respaldado por la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). 

Otros legisladores también se separaron de sus bancadas. CREO, la primera fuerza de oposición que, tras las elecciones, contaba con 32 legisladores, fue una de las bancadas más desgranadas. Mae Montaño anunció su separación de CREO en julio de 2018: fue la primera salida y la más significativa porque ella esuna de las fundadoras de la organización política. Un año después, Fabricio Villamar también se separaró de CREO y en febrero de 2020, Roberto Gómez Alcívar fue expulsado del movimiento. CREO difundió un comunicado que decía que Gómez Alcívar era separado del bloque por su “posición irrespetuosa e inaceptable” contra el coordinador de la bancada, Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar y vinculado al sector indígena. 

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A pocas horas de la posesión de los nuevos asambleístas, el Observatorio Legislativo entregó datos sobre la segunda mitad del período: los asambleístas con más ausencias en las votaciones o aquellos que han hecho más propuestas de proyectos de Ley. Andrea Yaguana, Karla Cadena y Wendy Vera son las asambleístas con más ausencias en las votaciones: 45%, 37% y 36%, respectivamente. Los que más excusas han presentado para ausentarse en las sesiones son: Vicente Taiano; Johanna Cedeño y Henry Kronfle; con 46% de excusas; 44% y 43% respectivamente. 

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo nota, además, una discrecionalidad, por ejemplo, en el interés que se da a ciertos juicios políticos por encima de otros. Según datos del Observatorio, el juicio político más rápido fue en contra de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y tres consejeros más, que tardó en resolverse 29 días —con destitución incluida. Mientras que el juicio político contra el exministro de Finanzas, Richard Martínez, tardó 296 días en pasar a trámite sin que de ahí, haya pasado a discusión en el pleno. 

Esta es la Asamblea Nacional que se despide con cifras históricamente bajas: apenas el 3% de credibilidad que debilita la institucionalidad. Sin embargo, la próxima Asamblea Nacional es casi nueva: apenas 13 de los 137 legisladores estarán repitiendo su período. El trabajo empezará entonces por casa: mirar los errores de este período y evitarlos para, de a poco, reconstruir la imagen y la confianza de un organismo debilitado y desprestigiado. 

El primer paso será ver cómo se configuran las alianzas para la elección de las nuevas autoridades. Alianzas que, sin duda, tendrán que lograr acuerdos mínimos entre bancadas con posturas ideológicas distintas y con una agenda transparente. Si los acuerdos se hacen bajo la mesa, habrá empezado con el pie izquierdo, reforzando la opacidad de la negociación política en lugar de transparentarla.