El 2 de abril de 2020, el presidente Lenín Moreno hablaba, en cadena nacional, sobre la emergencia sanitaria que vivía Guayaquil por esos días: cadáveres que se apilaban en las calles sin que los servicios mortuorios se dieran abasto, hospitales que no tenían espacio para recibir un enfermo más, cifras que, a diario, daban cuenta de una crónica de muertes anunciadas. Dos semanas antes, el 16 de marzo, el presidente Moreno había decretado la obligatoriedad de permanecer en la casa; salvo para quienes daban los servicios indispensables como los médicos y recolectores de basura, estaba prohibido salir. El panorama era desolador y, al mismo tiempo, era difícil entender qué estaba pasando porque la información oficial era escasa y confusa. 

|¿Quieres saber cómo se hizo esta historia? Únete a la membresia GK para estar en contacto directo con el equipo de la redacción|

A la par, circulaban imágenes de origen incierto. Las autoridades del gobierno desmentían, a través de sus redes sociales, las supuestas mentiras difundidas sobre la situación que había desencadenado la pandemia. El presidente Moreno hablaba también, en esa intervención, de los “videos falsos” que circulaban en redes y  en lugar de precisar el contenido de los videos y dar explicaciones necesarias, prefería centrar la atención en “la miseria humana de quienes los difunden”. 

Moreno se refería probablemente a las imágenes que habían empezado a circular unos días antes: fotos de cuerpos envueltos en bolsas negras, amontonados  en el piso. En las redes sociales, las imágenes se atribuían a un hospital de Guayaquil: el IESS  Los Ceibos. El gobierno hablaba de “noticias falsas” pero mediante un comunicado, el propio hospital confirmó, tres días después, que las fotografías , de las que incluso se había dicho eran de un hospital de Nueva York, sí correspondían al hospital guayaquileño, desbordado por el número de muertes. 

Lo que ocurría era tan difícil de ocultar que la información que se producía fuera del gobierno, se desbordaba a una velocidad inclemente que evidenciaba la ausencia de una estrategia comunicacional definida. Aunque el gobierno había intentado dar una respuesta rápida con las primeras medidas que obligaban a teletrabajar a la mayor parte de ciudadanos y ofreciendo información diaria a través de los medios gubernamentales, la falta de claridad sobre cómo manejar la comunicación y las preguntas de los periodistas, se convirtió, rápidamente, en uno de sus mayores problemas para informar sobre lo que realmente ocurría. Este mal manejo comunicacional de la crisis continúa once meses después.

§

El 16 de marzo de 2020 el gobierno de Lenín Moreno instauró las llamadas ruedas de prensa virtuales, un mecanismo a través del cual, por la fuerza de las circunstancias —estábamos obligados a permanecer en nuestras casas—los periodistas podíamos enviar las preguntas de forma remota para que, en teoría, el funcionario gubernamental convocado pudiera responderlas. Había que enviar las preguntas a un chat de la Secretaría de Comunicación y de allí, se las mandaba  al presentador de los medios públicos que las transmitía a la autoridad que, según el tema, podía ser la Ministra de Gobierno, la de Salud o la Secretaria de Gestión de Riesgos. El mecanismo fracasó tan pronto como nació. No estaba claro el proceso de selección de las preguntas ni había la posibilidad de repreguntar por lo que, la gran mayoría de las veces, los funcionarios se dedicaron a enviar mensajes que no respondían a las dudas de la prensa  y a evadir preguntas que, para ese momento de la crisis, eran demasiadas. 

Las preguntas se quedaban, entonces, en el aire. No había forma de saber cuántos respiradores disponibles había, por ejemplo. Ni tampoco qué plan tenían para evitar la saturación de la línea telefónica a través de la que se reportaban los casos sospechosos de covid-19, ni había respuestas sobre  las quejas de usuarios con síntomas a los que les daban cita de atención médica para dentro de un mes. 

Algo similar ha ocurrido con la comunicación del Ministerio de Salud. Juan Carlos Zevallos, el Ministro que se posesionó en abril de 2020 y estuvo al frente del manejo de la pandemia hasta febrero de 2021, se contradecía permanentemente. No daba una explicación clara sobre nada —como cuando dijo que no había colapso hospitalario pero que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) estaban llenas—, sacaba conclusiones indescifrables —como cuando en junio de 2020 dijo que Quito “no es el pico de contagios sino el pico de demanda de camas”— o entregaba cifras sin explicar su origen —como cuando dijo que 45% de los quiteños ya se habían contagiado.


También puede interesarte:

La economía a 365 días de la pandemia


Ese fue el Ministro que renunció después de asegurar que no se hará pública la lista de personas vacunadas porque eso es “confidencial”. Su reemplazo, Rodolfo Farfán, se ha mantenido en esa decisión. El argumento es que la vacuna es parte de la historia clínica de un paciente y que eso debe estar en reserva. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha tenido la misma delicadeza cuando de publicitar las vacunas se trata. La Secretaría de Comunicación ha difundido fotografías de las personas mientras las vacunan. Para la propaganda oficial, la confidencialidad es lo de menos. 

§

Aquel 2 de abril en el que el Presidente hablaba de la crisis en Guayaquil, disponía también “transparentar la información”. ¿Pero qué significa eso para un gobierno que ha mantenido el secretismo alrededor de las vacunas? Hasta ahora no hay un plan de vacunación claro. Sí, hay un sitio web y hay anuncios. Hay unos parámetros mínimos de personas que deberían vacunarse en cada fase. Por ejemplo, en la fase 0, están personas de la tercera edad que vivan en centros geriátricos. Ningún anciano que no viva en uno de estos sitios puede vacunarse. Eso dijo el Ministro saliente en su última rueda de prensa pero ese mismo día se hizo público que el periodista Diego Oquendo se había vacunado como “persona vulnerable de la tercera edad”. 

Tampoco hubo una comunicación  transparente para informar sobre la vacunación del presidente Moreno, una persona con discapacidad física, y de la tercera edad. Es comprensible que haya estado en la lista de vacunación prioritaria porque es, además, el gobernante del país. Pero, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué hubo que esperar a que en un medio internacional su entonces Secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, lo contara, en respuesta a la pregunta de una periodista?

Hay más opacidad en el proceso: si, según el Ministro saliente, quienes hacen las listas del personal que se vacuna son los gerentes de los hospitales, y el MSP no tiene ningún control sobre eso, ¿cuál es la garantía de que el personal elegido, sí es el que está en primera línea? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno de velar por el buen uso de fondos públicos? ¿Cuál es el plan de control y monitoreo sobre el uso de esas vacunas? 

Lastimosamente, la poca transparencia en el manejo de las vacunas se ha repetido en todos los ámbitos durante la pandemia. En marzo del año pasado, uno de los mayores problemas fue  el acceso a las pruebas para detectar si una persona era portadora del covid-19. De hecho, en su primera declaración tras ser nombrado en el cargo, el ministro Zevallos, desmintió a su antecesora, Catalina Andramuño que había anunciado la llegada de 2 millones de pruebas rápidas. “Desafortunadamente eso no es cierto”, dijo Zevallos en esa rueda de prensa virtual. La falta de pruebas no permitía que se diagnosticara a todos los que presentaban síntomas. En abril de 2020,  el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) procesaba un promedio de 400 muestras diarias. Adicional, estaban las pruebas que se podían hacer en laboratorios privados. La imposibilidad de tener acceso a más pruebas no permitía conocer la magnitud de los contagios e incluso de las muertes por covid-19: hubo cientos de personas que murieron con los síntomas pero como  no existía una prueba que corroborara que era coronavirus, no se los contabilizaba como una muerte por el virus. Eso quiere decir que, en Ecuador, probablemente jamás tendremos las cifras reales de muertes por covid-19.

Sin embargo, aunque no se pudiera registrar la situación en frías estadísticas, los datos de  excesos de muertes durante todo este año —más de 44 mil— contrastan con el número oficial de muertes que es de 11446 hasta el 14 de marzo de 2021.

A eso se sumaron escenas de terror de cuerpos perdidos que tenían a familiares peregrinando para encontrar los restos de sus seres queridos, sin respuestas. Historias desgarradoras de hijos, sobrinos, esposas, haciendo fila —algunos incluso aseguraban que les pedían dinero a cambio de buscar los cuerpos— para poder recuperar lo que quedó de aquellos que murieron en medio de la pandemia. Hasta ahora hay más de cien familias que no saben en dónde están los cuerpos de sus seres queridos.

Hubo también denuncias de familiares a cuyos muertos les robaron sus bienes: relojes, tarjetas  de crédito de las que se hicieron retiros, celulares que desaparecieron sin razón mientras sus dueños agonizaban en hospitales públicos. 

A eso se sumaron las decenas de denuncias de corrupción por procesos de compras públicas como las mascarillas y fundas para cadáveres con sobreprecio en varios hospitales de Guayaquil. Como esas, se encontraron presuntas irregularidades en procesos de contratación en hospitales en Quito, Daule, Quevedo, Samborondón y Milagro. El Alcalde de Quito es investigado por supuestas irregularidades en la compra de pruebas contra el covid-19, junto otros funcionarios de su administración.

|Para saber las últimas actualizaciones sobre las Elecciones de 2021 en Ecuador, haz clic aquí|

Durante el año de pandemia, la imagen de Lenín Moreno también se ha debilitado. Durante la crisis ha aparecido poco, ha dado declaraciones confusas —en varias ocasiones otros funcionarios tuvieron que aclarar o contradecir, ante los medios de comunicación lo que Moreno había dicho horas antes— o se ha mantenido en silencio. Quizás también porque está consciente de que le queda poco tiempo en el gobierno y que no habrá mucho que pueda hacer para cambiar la percepción que deja sobre la gestión de la crisis: poca transparencia y poco interés por tenerla.