Gustavo Jalkh y Julio César Trujillo son dos versiones del arquetípico abogado ecuatoriano. Trujillo es catedrático, político y activista y tiene 87 años. Hoy encabeza el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social transitorio (CPCCS t) encargado de evaluar a autoridades nombradas por el anterior CPCCS, destituido en la Consulta Popular de febrero de 2018. Jalkh tiene 51, fue un consultor y académico antes de ser uno de los más altos funcionarios de la década de Rafael Correa en el poder. Hoy uno de los funcionarios evaluados por el Consejo de CPCCS. No es la primera vez que Trujillo evalúa a Jalkh: fue su profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hace más de treinta años. El 31 de mayo de 2018 se volvieron a encontrar y el cruce parecía el intercambio entre un profesor que quiere imponer sus parámetros y un alumno que se niega a aceptarlos.
Pero no. Se trataba de dos autoridades de dos funciones del Estado: para unos, Jalkh actuó como un prepotente al no obedecer el pedido del presidente del organismo al que se lo había convocado. Para otros, el respetado Julio César Trujillo tenía razón en exigir que se cumplan las reglas que se habían definido para la sesión.
“No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde”, le dijo Julio César Trujillo a Jalkh. Jalkh, los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes estaban en el quinto piso del edificio Centenario para presentar descargos a las denuncias en su contra que ha recibido el Consejo.
Julio César Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fotografía de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.
Jalkh, que preside el Consejo de la Judicatura, había terminado su defensa la mañana del 31 de mayo de 2018 y se había ido a sentar entre el público. Julio César Trujillo no estuvo de acuerdo y le ordenó que se sentara junto a sus compañeros, al otro lado de la sala. Jalkh se negó en su tono de voz pausado, mientras Trujillo, iba perdiendo la paciencia.
— Aquí estoy muy bien, doctor, le agradezco mucho.
Pero Trujillo no iba a ceder. El cruce entre maestro y alumno subió de tono e interrumpió a Ana Karina Peralta, que llevaba menos de dos minutos hablando en su defensa. Interrumpida —como tantas veces son interrumpidas las mujeres, incluso al más alto nivel— Peralta se rió nerviosa y decidió, como los 8 vocales del Consejo de la Judicatura seguir a Jalkh e irse de la sala.
— ¡Sinvergüenza!, gritó algún asistente, sin identificar a quién le hablaba.
De los miembros del Consejo de la Judicatura, solo Jalkh pudo defenderse oralmente. Quedará su defensa escrita, enviada en al menos dos centenares de cajas en las que se encontrarían los argumentos con los que rebaten las acusaciones en su contra que ha receptado el CPCCS.
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“Señor fiscal, yo le mando los videos, las fotos, los testimonios de los policías, para que no le queden dudas de quiénes tiraban piedras”, decía Rafael Correa en la sabatina del 30 de marzo de 2013. Cuestionaba a Bohorman Peñaherrera, el fiscal quien se abstuvo de acusar a doce estudiantes de Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de Quito. La jueza Eliana Carvajal acogió el dictamen de Peñaherrera y los sobreseyó.
Los jóvenes habían sido detenidos y procesados en febrero de ese año por provocar desmanes en una protesta en la que participaron. Los estudiantes se manifestaban en contra del cambio de nombre de la institución. Como solía hacer, el presidente Correa opinaba en su ‘enlace ciudadano’ sobre una decisión judicial. Correa era un presidente que tenía una opinión sobre todo. En el caso de los del Central Técnico, no le gustó su sobreseimiento.
Poco después, y sin que mediara explicación, fueron cambiadas dos piezas claves en el juicio: José Luis Jaramillo reemplazó al fiscal Peñaherrera y Carlos Erazo reemplazó a la jueza Carvajal. Opinar no le está prohibido al Presidente de la República, pero tras su opinión, cambiaron las figuras esenciales en el proceso, y los estudiantes fueron a juicio.
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Apenas dos meses antes de que Correa cambiara a los jueces, Gustavo Jalkh había sido posesionado como Presidente del Consejo de la Judicatura. Jalkh era —es— amigo de Rafael Correa. Era también uno de sus hombres de confianza: tanta cercanía tenían que apenas dos meses antes de su posesión, Jalkh, había renunciado a su cargo de secretario particular del presidente Correa, para candidatizarse a la Corte Nacional de Justicia en el proceso de selección para el nuevo Consejo de la Judicatura.
Desde diciembre de 2010 era el Secretario del Presidente. Hacía apenas tres meses, una revuelta policial, el 30 de septiembre, había dejado 5 muertos. Señalada como un golpe de Estado por Correa (y como una estratagema por sus opositores), la protesta policial se inició en el Regimiento Quito. Correa había ido al cuartel donde estaban amotinados los policías para tranquilizarlos. Iba acompañado por su asustado Secretario. La escena era un retrato del carácter de ambos personajes: Rafael Correa, al filo de una ventana, perdió muy pronto el ánimo conciliador y, arrancándose la corbata y la camisa, le gritaba a los policías indignados que lo maten. A su derecha, unos pasos detrás, Jalkh, con el brillo del sudor en la frente se mantenía en silencio pero su rostro exudaba nerviosismo.
Poco más de dos años después, aquel hombre que acompañaba a Correa en uno de los momentos más álgidos de su presidencia, se convertía en el Presidente del Consejo de la Judicatura. Su cercanía a Correa fue criticada desde el inicio. María Paula Romo, quien a la fecha de la postulación de Jalkh era asambleísta, dijo a diario El Universo que reconocía los méritos de Jalkh, pero que su designación significaba que “el presidente de la República enviará a su secretario privado a gobernar el Consejo de la Judicatura por los próximos seis años”. En diario La Hora, Santiago Guarderas, entonces decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), donde Trujillo y Jalkh se habían conocido por primera vez, decía que “todos (los miembros del Consejo de la Judicatura) están vinculados al Ejecutivo”.
Las dudas planteadas entonces han regresado al debate nacional. En abril de 2018, se hizo público un examen especial de la Contraloría hecho entre el 31 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2015. El examen es al proceso de selección de personal realizado por la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Analiza además las remuneraciones, viáticos o gastos por residencia a los servidores de la Fiscalía.
Entre las anomalías que señala el informe, están los nombramientos irregulares a fiscales, apoyados en los cambios a la normativa vigente en medio del concurso, la reducción de puntajes mínimos requeridos cuando el concurso estaba ya en marcha y cuando se conocían ya las notas de los aspirantes.
Gustavo Jalkh fue cuestionado desde el inicio de su gestión en el Consejo de la Judicatura por su cercanía con Rafael Correa. Fotografía de José María León para GK.
Eso, según la Contraloría, permitió que algunos participantes permanecieran en el concurso a pesar de haber obtenido notas menores. En mayo de 2018, el informe fue parte de las pruebas con las que los legisladores Esteban Bernal de CREO y Raúl Tello de la Bancada de Integración Nacional (BIN) pidieron, por segunda ocasión, llamar a juicio político a los diez integrantes (principales y suplentes) del Consejo de la Judicatura.
El proceso inició el 7 de mayo. Antes, en octubre de 2017, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) había considerado que el juicio político no cumplía con los requisitos. Siete meses después, el escenario había cambiado. No sólo las irregularidades encontradas por el organismo de control fueron consideradas para empezar el proceso en la Asamblea, los interpelantes también presentaron pruebas de supuestas omisiones del Consejo de la Judicatura, como permitir la injerencia del gobierno de Rafael Correa en el manejo de la Justicia a través de su Secretario Jurídico, Alexis Mera.
El miércoles 30 de mayo, Jalkh presentó sus descargos ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que preside una antigua entusiasta del correísmo, María José Carrión. Allí, ante los interpelantes y los miembros de la Comisión de Fiscalización, Jalkh cuestionó la validez de uno de los documentos de la Contraloría que constan en el pedido de juicio político.
“Dos certificaciones nos están diciendo que este documento anexado en el expediente es un documento falso, es un documento forjado”, dijo. También se refirió a las supuestas injerencias de Mera, aclarando que el exfuncionario había presentado cuatro quejas en contra de jueces, que según Jalkh, nunca prosperaron. “Todas las otras causales del juicio político fueron desvanecidas”, dijo en una entrevista dos días después. “Yo creo que la Asamblea tiene elementos suficientes para archivar ese juicio político” dijo.
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“Señor Secretario, deje constancia que el doctor Jalkh se resistió a obedecer las órdenes de esta presidencia” dijo Julio César Trujillo cuando su antiguo alumno, Gustavo Jalkh y los otros vocales de la Judicatura abandonaron la sala. “En solidaridad con este acto de rebeldía, los compañeros del doctor Jalkh han abandonado la sesión y han desistido por consiguiente, al derecho de defenderse oralmente en esta audiencia”, dijo Trujillo. El Secretario obedeció porque eso es lo que hacen los secretarios. Allí se quedaron los consejeros del CPCCS, los medios de comunicación que hacían la cobertura y el público que había asistido a la sesión. Trujillo intervino: harían una rueda de prensa para responder a las dudas de la prensa.
Ante la pregunta de un periodista, el consejero Pablo Dávila dijo que concuerda con Trujillo: lo que pasó es una renuncia a defenderse de los vocales de la Judicatura. Dávila dijo que discrepaba con el argumento de Jalkh de que el informe de la Contraloría no determina responsabilidades. Leyó unos párrafos del informe y dijo:
—Esta es una clara aseveración por parte de la Contraloría General del Estado sobre irregularidad en el proceso.
Dávila se refería al concurso de fiscales. Dijo que el hecho de que la Contraloría no haya podido establecer responsabilidades era algo diferente, pero que ante el CPCCS se presentaron más de 800 denuncias en contra del Consejo que preside —aún— Jalkh. Muchas no tienen una firma, pero Dávila dijo que no es un requisito indispensable, que podían ser anónimas.
La audiencia quedó inconclusa. Jalkh regresó a su oficina en uno de los edificios de la institución que preside, en plena avenida 12 de Octubre, una zona empresarial y universitaria. Dio una rueda de prensa para contar su versión de lo que sucedió. Dijo en su tono bajo y uniforme que lamentaba profundamente lo ocurrido en el pleno del CPCCS.
— No imaginábamos un escenario de esa naturaleza, a pesar de la manifiesta animadversión hacia nosotros.
Pocas horas después, el CPCCS informó que el lunes 4 de junio, en el teatro universitario de la Universidad Central, sesionará e informará sobre el destino de Jalkh y los nueve vocales del Consejo de la Judicatura.
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Al día siguiente, el hombre que considera a Rafael Correa su amigo, no se veía preocupado. En una entrevista que duró un poco más de treinta minutos, en la que usó el mismo tono de voz de siempre, dijo estar sereno y no arrepentirse de casi nada.
Dijo que la falta de independencia de la que lo acusan debe ser probada en un juicio. Que cualquier otra cosa es simple percepción. Los cuestionamientos en su contra parecen no inquietarlo. También parece resignado a que la suerte está echada: sabe que se va, pero dijo se irá sin remordimientos: está convencido de que todo lo que hizo, lo hizo bien. Y no le importa lo que diga su antiguo maestro.
