Hasta hoy María Alvarado no encuentra el cuerpo de su esposo, Adalberto Alay, extraviado en el pico de la emergencia sanitaria del covid-19. Alay falleció el 29 de marzo de 2020 en el hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, la ciudad de Ecuador más golpeada por el coronavirus entre abril y mayo de 2020. En esos días, en GK comenzamos la cobertura sobre la búsqueda de los cuerpos que se extraviaron cuando fueron retirados de sus casas o en los hospitales donde fallecieron. 

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La gente que reclama sus muertos es el primer reportaje que se publicó en GK sobre la búsqueda incesante de los cuerpos de sus seres queridos en el hospital General del Guasmo Sur que hicieron al menos 20 personas. El reportaje cuenta que los familiares hacían vigilias fuera del hospital, esperando que les entreguen el cuerpo de su familiar para sepultarlo. Un día después de la publicación del reportaje, el entonces gerente hospitalario ordenó que se abrieran los contenedores para entregar los cuerpos. Al menos 5 personas recuperaron el cuerpo de su familiar. Pero hoy, luego de 9 meses de pandemia, al menos 109 familias esperan encontrar el cuerpo de su ser querido, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH)

Según el Informe del CDH sobre el extravío de cuerpos en manos del Estado de Ecuador, presentado el 30 de septiembre de 2020, el Hospital General del Guasmo Sur fue el lugar donde se actuó de forma más negligente en el manejo de los cadáveres. 

Otra parte de la cobertura fue Los que no aparecen, una serie de relatos en primera persona de aquellos familiares que buscan hasta hoy los cuerpos, como María Alvarado, que aún no encuentra el cadáver de su esposo. Sus testimonios reflejan la búsqueda diaria que hacen no solo en hospitales sino en morgues y cementerios de todo Guayaquil y relata la actuación negligente de las autoridades. 

Con una voz de desconsuelo, María Alvarado dice que ella estuvo pendiente de las 35 exhumaciones que se hicieron en Guayaquil en noviembre de 2020, pero entre esos cuerpos no apareció el de su esposo. “Mi corazonada es que el cuerpo de mi esposo está enterrado equivocadamente”.

“No me he quedado de brazos cruzados desde que el cuerpo de mi esposo se perdió”, dice María Alvarado. Asiste a las reuniones de un grupo de familiares de once personas que murieron en el hospital Los Ceibos y cuyos cuerpos no aparecen. Tampoco tienen respuestas.

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En su relato para Los que no aparecen, María Alvarado dijo que su esposo no tenía covid-19, sino que sufría de la presión baja y por eso estuvo internado en Los Ceibos. Al día siguiente del fallecimiento de su esposo, Alvarado y su hijo fueron al hospital a retirar el cuerpo, pero los funcionarios quisieron entregarle el cadáver de una mujer. “Desde ese día estamos con este sufrimiento”, dijo Alvarado hace cinco meses. 

El 7 de julio de 2020, al hijo de Adalberto Alay le tomaron una prueba de ADN, tiempo después un antropólogo les dijo a él y a su madre que la prueba no coincidía con los cadáveres sin identificar y que posiblemente el cuerpo ya estaba enterrado. 

Vivian Cartagena, miembro del área de Incidencia del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, dice que en Criminalística hay 68 cuerpos sin identificar. Hay 41 familiares que se han hecho la prueba de ADN, pero no coinciden con el de los cuerpos. Es decir 109 familias siguen en la búsqueda. 

Cartagena dice que hay dos hipótesis: 41 cuerpos más están extraviados, o 41 cuerpos pueden estar enterrados con otros nombres. También es posible, sostiene, que alguno de los 68 cuerpos que quedan por ser entregados y que no no coinciden con las 41 familias, son de familias que suponen que ya enterraron a sus familiares. 

En Guayaquil,  a finales de marzo y comienzos de abril de 2020, cada día se recogían 150 cadáveres de domicilios, dijo Jorge Wated. Luego de un mes, la Fiscalía del Guayas comenzó una investigación sobre el mal manejo de los cadáveres en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Guasmo Sur y de Los Ceibos en Guayaquil. La investigación sigue abierta, por lo que en un pedido de información, la Fiscalía respondió que la cantidad de cuerpos desaparecidos está en reserva. 

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Mientras tanto, los familiares intentaron una medida judicial para encontrar a sus muertos. Fue una acción de protección que se ha cumplido a medias. La Defensoría del Pueblo y los familiares de los desaparecidos interpusieron una acción de protección en mayo de 2020, un mes después, el 26 de junio, el juez Carlos Andrade López, aceptó la acción. Andrade resolvió que hubo vulneración de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, a la recepción de servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica. 

En su fallo, ordenó cuatro medidas de reparación integral para los familiares. Como medida de rehabilitación, el Ministerio de Salud Pública debe dar atención psicológica por un año a todos los familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad. Como medida de satisfacción, los hospitales debían pedir disculpas públicas en diarios de mayor circulación en Guayaquil. 

Como medida de restitución el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, debían entregar los cuerpos hallados hasta la fecha (26 de junio de 2020) a sus familiares para que puedan ser sepultados. Como medida de no repetición, el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública debía dar capacitación a sus funcionarios sobre protocolo y manipulación de cadáveres en una pandemia. 

Vivian Cartagena dice que “las disculpas que han dado los hospitales o ministerio han sido paupérrimas, media página retomando la resolución del juez y cinco líneas de disculpas, eso a nadie le completa”.  Cartagena dice que la medida de rehabilitación, es decir la asistencia psicológica, no se está cumpliendo. 

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Hablar del dolor por la pérdida de un ser querido es importante. César Alexander Torres, psicólogo del área de incidencia en educación del CDH, dice que encontrar el cuerpo del ser querido no va a ser la solución psicológica esperada. 

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Torres dice que muchas familias lidiaron con la negligencia de las instituciones de salud en el manejo de los cadáveres. Otras, con el servicio de Medicina Legal que, cuando recogía los cuerpos de las casas, les decían “ustedes saben que después de esto nunca más volverá a ver el cuerpo de su madre, ¿verdad?”. Los familiares tuvieron que enfrentarse, también, con la culpa de haber entregado el cuerpo: “las dinámicas familiares se alteraron y dentro de las familias empezaban a culparse”, dice Torres. El psicólogo agrega que las afectaciones emocionales van a seguir a corto y largo plazo, por eso es prioritario que se acate el fallo judicial sobre la medida de rehabilitación.  

Mientras tanto, María Alvarado y al menos 109 personas siguen a la espera de que alguna autoridad le llame muy pronto para darle una respuesta. “Nosotros estamos en pie de lucha”, dice Alvarado.