La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre los hechos del paro de octubre de 2019. El documento fue publicado el 14 de enero de 2020 e incluye 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano.
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La CIDH visitó Ecuador del 28 al 30 de octubre, entrevistó 439 personas y registró el testimonio de 380 personas que dicen ser “víctimas de violaciones a los derechos humanos y de otras afectaciones”, según el documento. Las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectaban derechos sociales de la población, falta de información a familiares sobre los fallecidos y detenidos, obstaculización de los servicios médicos en hospitales públicos, agresiones y uso del sistema penal en contra de los manifestantes, entre otras.
La CIDH entrevistó a autoridades de la Presidencia, varios Ministerios, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Asamblea, las alcaldías, las prefecturas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) organizaciones civiles, transportistas, empresarios, y más. Según la Comisión, utilizaron “el enfoque intercultural”, un enfoque inclusivo para en el que se respeta la diversidad cultural, para tomar los testimonios de la población indígena y buscaron mantener un “clima de confianza y respeto por los tiempos y necesidades requeridos por cada asistente”.
En su informe, la CIDH también confirma que recibió información de afectaciones por acciones violentas en contra de los agentes de Estado, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública — que incluye denuncias de violencia sexual contra policías mujeres, apedreamiento de ambulancias y obstaculización a los bomberos, y otras más. En el informe también se mencionan las pérdidas económicas de varios sectores productivos, los saqueos y los ataques a edificios e instituciones. Estos hechos, dice el informe, generaron “caos y zozobra” en todo el país.
El informe responsabiliza a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de presuntamente cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”.
Entre las recomendaciones, la CIDH pide respeto y garantía del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Pide también establecer un plan de acción inmediata y de reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias; que se fortalezcan las medidas par sancionar a los responsables de los actos de violencia; mantener, desde el nivel más alto del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita que las personas que serán afectadas por las decisiones económicas de las autoridades reciban información. Además, recomiendan que se capacite a los encargados de mantener el orden público en materias de derechos humanos e interculturalidad, con la participación de las organizaciones indígenas.
La CIDH confirmó que está comprometida a cooperar con el Estado ecuatoriano para hacer un seguimiento de la “situación general de los Derechos Humanos en el país” y en la “implementación y seguimiento de las recomendaciones”. Según su reglamento, la CIDH debe fijar un plazo para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones. Sin embargo, el informe de la CIDH sobre el paro en Ecuador no incluye una fecha para que Ecuador presente información sobre el cumplimiento de las 11 recomendaciones.
María Paula Romo, Ministra de Gobierno, dijo en una entrevista, que la CIDH puede cuestionar la actuación del Estado, pero que ese cuestionamiento “no puede ser sin el beneficio de la duda, no puede ser sin tener un panorama completo”. Por eso responderá al informe, pero su intención, dijo Romo, no es “desaparecer la CIDH”. La Ministra Romo también confirmó que Ecuador firmó el pedido para aclarar las circunstancias en las que murieron las 11 personas durante el paro para aclarar si esas muertes se pueden atribuir al Estado, Romo explicó que en algunos casos, como el de los accidentes de tránsito, no es correcto que se lo incluya en la lista de la violencia que se le atribuye al Estado. Romo dijo que nadie quiere que se repitan los hechos violentos de octubre y que “los organismos como la CIDH deben tener una mirada honesta y objetiva”.
Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo en NotiMundo que están reuniendo pruebas para presentar una demanda en contra del Gobierno. Porque, según Vargas, el Estado está intentando ocultar lo que pasó en el paro. Esto después de que el pedido que hicieron a la Corte Constitucional de desclasificar documentos relacionados al paro no tenga respuesta, explicó Vargas.
El presidente de la Conaie dijo también que durante el paro, “hubo tantos detenidos arbitrariamente de acuerdo a informes de CIDH”. La CIDH habla en su informe de “presuntas” detenciones arbitrarias, pero no las confirma.
El expresidente Rafael Correa también compartió el informe en Twitter y añadió que “jamás ocurrió algo así” durante su Gobierno resaltó el “rol nefasto de la prensa ‘libre e independiente’”.
