La pacificación carcelaria en 2022 fue un fracaso: un análisis

Andrés* acaba de cumplir el 60% de su condena por tráfico de drogas y me envía un audio desde la cárcel donde está preso. “Aquí nunca va a llegar la paz. Es pura palabra: aquí la ley son ellos, los líderes. No ha cambiado nada”, dice en un susurro desganado. Sus palabras son el reflejo de una promesa que nunca se materializó —al menos no en 2022: la pacificación carcelaria en Ecuador. 

El 15 de noviembre de 2021, después de la matanza que dejó, al menos, 65 presos asesinados, el gobierno de Guillermo Lasso anunció un acuerdo nacional para enfrentar la violencia intracarcelaria. Pero más de un año después de esa propuesta, la violencia en el sistema penitenciario llegó a cifras nunca antes vistas: al menos 292 personas fueron masacradas y el país alcanzó la tasa de homicidios más alta de su historia. 

El acuerdo nacional tenía siete resoluciones. Pero de ellas, solo tres parecían mantenerse para el 2022: un proceso de pacificación carcelaria a través “del diálogo”, indultos —en febrero de 2022 se comprometió a otorgar 5 mil, se entregaron  800 hasta julio del año pasado—, y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para “mantener el orden”. 

Las otras resoluciones, como la disposición que ofició al Consejo de Participación Ciudadana que organice mesas de diálogo para “acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria”, quedaron en el olvido. 

El “proceso de paz” tuvo un eje angular: la conformación de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación. Pero luego de la renuncia de dos de sus integrantes, su trabajo culminó con un informe de setenta páginas, aunque no con el cese de la violencia. 

¿Qué produjo el fracaso de la “lucha” contra el crimen organizado en las prisiones y en las calles?

La fraccionada Comisión de Pacificación

Nadie dijo que conseguir una tregua o “la paz” —si aún cabe el término— en las cárceles sería fácil. Pero fue con ese objetivo con el que Guillermo Lasso ordenó la creación de la Comisión de Pacificación en las prisiones, conformada por académicos, expertos en criminología, activistas por los derechos humanos y la paz, y voces de la sociedad civil en diciembre de 2021. 

Su meta fundacional —de acuerdo con la orden presidencial— era desarrollar “estrategias para erradicar las muertes violentas y la crueldad” en las prisiones. En teoría, la Comisión tendría una “autonomía completa” para establecer su hoja de ruta y planes de acción. Tendría seis meses para generar planes y proyectos para mejorar el sistema de rehabilitación. 

Para lograrlo, podían visitar cualquier cárcel del país y acceder a todas sus áreas. También podían entrevistar a personas presas, a sus familias y funcionarios carcelarios. La única condición: que se respeten los derechos humanos y se cumpla con la Constitución.

Cuando comenzó su labor, estaba formada por nueve personas: la conocida activista Nelsa Curbelo, el sacerdote e investigador Luis Barrios, la criminóloga Claudia Garzón, Christian Nieto, funcionario de la Defensoría del Pueblo, Prudencio Loor, representante de la iglesia evangélica en Ecuador, la académica Alejandra Delgado, la investigadora Mónica Ingarévalo, Alfredo Narváez, representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el abogado Ricardo Morales. 

Nueve expertos eran los miembros iniciales de la comisión de pacificación en las cárceles. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso.

Seis meses después, sólo seis suscribieron el informe final: Narváez —como su portavoz—, Garzón, Delgado, Nieto, Loor y Barrios. Morales e Ingarévalo dejaron la Comisión por motivos personales. La salida que más sorprendió fue la de Nelsa Curbelo quien, desde un inicio, fue su presidenta y vocera. Su renuncia, en abril de 2022, generó dudas sobre el destino de la Comisión y los resultados del informe del primer trimestre. 

Después de hablar con, al menos, 21 líderes de bandas, los comisionados advirtieron que la llegada de una tregua “no era posible” por la desconfianza de los grupos hacia los líderes. 

El conflicto no solo estaba en las organizaciones, sino en la propia comisión. 

En octubre de ese año, Nelsa Curbelo reveló que, en gran parte, su renuncia se debía a que “no quería ser manipulada”. Además, aseguró que detectó una serie de privilegios, sobre todo con una de las organizaciones criminales de mayor poder económico y armamentístico en las prisiones, algo que no quiso avalar. 

En enero de 2023, Curbelo lo ratifica. Dice que hubo una “mala integración” en la comisión desde el primer día. Lo que más cuestiona es que la autonomía que dictaba el decreto de su creación no fue total. “La separación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) con la Comisión no estuvo definida y se convirtió en una traba constante. No bastó con tener expertos y en este caso específico, no todos lo eran”, me dijo. 

La gestión de la Comisión estuvo marcada por desencuentros entre varios de sus integrantes, sobre todo, con la ex comisionada Claudia Garzón, que lleva —según dijo a GK— más de 23 años de trabajo en cárceles de Colombia, México y Ecuador. 

El padre Luis Barrios, ex comisionado con larga experiencia en Alto Manhattan, Washington Heights y el sur del Bronx, fue una de las voces más críticas a la labor de Garzón. “Tenerla a ella fue como tener una infiltrada”, dice categórico. “Varias personas del SNAI nos dijeron que ella llegaba a dar órdenes. Iba de arriba para abajo con el director Pablo Ramírez. E incluso yo le pregunté si ella trabajaba para la institución. Nunca dijo nada”, asegura Barrios. 

Como en todo colectivo, las decisiones en la Comisión debían tomarse en consenso. Pero para Barrios, Garzón no cumplía. “Nosotros, todos, llegábamos a Ecuador el mismo día y nos quedábamos por un tiempo igual. Todos esos gastos nos los cubría el SNAI. Ella venía antes y se quedaba más tiempo. Iba a cárceles sin que nosotros lo sepamos”, afirma. Dice, además, que “el 90% de visitas que ella hacía era en la cárcel regional y la Penitenciaría”. 

Desde Colombia, Claudia Garzón repite que su labor en Ecuador fue “pacificar”. La excomisionada —que fue contactada por el ex viceministro del Interior, Max Campos, un policía en servicio pasivo, para conformar la Comisión— dice que no hizo “visitas turísticas” a las cárceles. “Lo hice porque he vivido situaciones muy fuertes en la vida y comprendo el dolor del otro. Logré empatizar con los líderes y que crean en mí”, afirma. Acepta que sí extendió sus días de visita en varias cárceles. “Es que la pacificación se hace así, en las prisiones, no desde el escritorio, y creo que eso molestó mucho a ciertos comisionados”, asegura. 

Lo que sí es claro es que fue cercana al SNAI. Garzón fue quien más habló durante un fallido conversatorio organizado por la institución en febrero de 2022, ante la falta de elocuencia del entonces director Ramírez. También organizó el Congreso Internacional de Criminología Penitenciaria en marzo de ese año. 

Garzón dice que “ayudó” al general Ramírez. “Lo asesoré en lo que podía. Me pidió que transforme el sistema. Intenté hacerlo. Entregué un protocolo de procesos de inteligencia, no solo de especulación, y de cuál era el perfil que deben cumplir los directores”, sostiene.  

Dos días antes de la renuncia de Nelsa Curbelo, el 19 de abril, Garzón —en una rueda de prensa conjunta con el general Ramírez— anunció que habían encontrado armas en La Roca, la única cárcel de máxima seguridad del país, que reabrió sus puertas en ese mismo mes, después de nueve años de permanecer cerrada. Ese decomiso mostraba, según ella, que “algunos grupos de delincuencia organizada estén acercándose a voluntades de pacificación”. 

El padre Luis Barrios dice que él no sabía de ese anuncio. “Querían presentarlo como si fuera un logro del SNAI. Eran unas pistolitas y esas bandas meten fusiles”, explica. Ante las críticas que elevó el hallazgo, el SNAI dijo, ese mismo día, que era un “rezago de la última evacuación en esa prisión”, coincidiendo en el discurso de Garzón. El Servicio aseguró, además, que esas armas fueron encontradas por un trabajo de inteligencia y la “voluntad” de las bandas criminales por la paz. 

Luego, entre el 16 de mayo y el 2 de junio, siete bandas dijeron —a través de videos divulgados por la Comisión— que daban un “primer paso” hacia la pacificación. 

Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Latin Kings, Los R7,  Los Choneros y Los Águilas se unieron a ese compromiso que se diluyó apenas un mes después, en julio, cuando estalló la séptima masacre carcelaria en Santo Domingo.  

Los dos informes 

La Comisión culminó su labor entre diferencias y con una tregua criminal que no llegó a consolidarse. 

El 16 de junio, tras seis meses de trabajo en las prisiones —como mandaba el decreto de su creación— los comisionados debían entregar un informe final con una radiografía de lo que vivieron durante sus visitas, sus conclusiones y sus recomendaciones. 

Ese día, sin embargo, se evidenció, una vez más, la fractura del organismo, aunque no trascendió con revuelo porque los ojos, en aquellos días, apuntaban al paro nacional, que vivía su tercer día de protestas.

Hubo una suerte de mayoría, conformada por Luis Barrios, Christian Nieto, Alfredo Narváez y Francisco Loor, que presentó el documento final que tuvo cuatro votos a favor —el de ellos— y dos en contra, de Claudia Garzón y Alejandra Delgado. Horas antes, Garzón hizo una rueda de prensa, sola, en la Penitenciaría del Litoral en el que presentó un análisis propio. 

El informe de “mayoría” —donde también consta el nombre de Garzón— ratificó que las cárceles no eran centros de rehabilitación sino “escuelas del crimen” marcadas por la violación a los derechos humanos, la ausencia de políticas de reinserción laboral, la extorsión a personas presas, el abuso de la prisión preventiva, el excesivo porcentaje de población juvenil en las cárceles, la falta de acceso a derechos básicos como la salud, una alimentación adecuada. 

Fue también crítico con la estrategia securitista del gobierno. En el informe hay preguntas como ¿Por qué con más policías y más inteligencia policial hay más masacres? o ¿por qué la inteligencia criminal comienza a funcionar después de las masacres?. Su conclusión fue concreta: la corrupción en el sistema carcelario. 

Garzón, en cambio, presentó en su informe en el que se enfocó en escribir sobre la tolerancia al hacinamiento, la humanidad de las personas presas —incluidos los líderes delictivos— y el que considera su mayor logro: las voluntades de las bandas criminales hacia la pacificación. “Las diferentes organizaciones, descubrieron que podían volver a confiar, encontraron esperanza en los diálogos y en las acciones hechas por la pacificación de comisión”, escribió Garzón en su análisis de 28 hojas, de las cuales 17 son fotografías. 

Claudia Garzón, ex comisionada de Pacificación y el general Pablo Ramírez, ex director del SNAI. Fotografía tomada de Facebook de Claudia Garzón.

En el documento, dice, además “donde exista corrupción se fortalece el delito, donde exista corrupción no existirá justicia” aunque no se refirió a un evento concreto o a la inteligencia policial que, meses después, la señalaría por presuntos vínculos con los líderes de Los Choneros, Los Fatales y Los Águilas: Adolfo Macías y Junior Roldán. Claudia Garzón los niega hasta hoy y la justicia ecuatoriana aún no ha logrado corroborarlos. 

El padre Luis Barrios dice que Garzón no habría querido votar a favor del primero porque “ahí cuestionamos al SNAI y ella no quería que se dijera nada malo sobre la institución”. Pero su nombre sí consta en el documento. 

Una tarde de enero de 2023, Claudia Garzón asegura que el documento que presentó en la Penitenciaría fue un análisis propio, pero que el único oficial sigue siendo el informe colectivo. “Ese es mi punto de vista, pero el que llegó a la Presidencia fue el que están todos nuestros nombres”, dijo. 

El asesinato de Leandro Norero en una cárcel donde estaba “más seguro” 

La detención de Leandro Norero Tigua evidenció que el crimen organizado no solo abarca al tráfico de drogas, sino a otras economías ilícitas. 

Norero, el niño que salió del suburbio de Guayaquil y se convirtió en una de las principales conexiones del cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador, no solo fue el presunto financista de la coalición criminal de Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, un grupo de la nación Ñeta que se convirtió en uno de los brazos armado de Los Choneros, fundado junto a los hermanos Camacho. Él, de acuerdo con registros judiciales, habría lavado dinero entre negocios que ofrecían servicios de construcción e incluso peluquería. 

Norero —que antes fue uno de los rostros de la legalización de naciones, representando a Los Ñetas, durante el gobierno de Rafael Correa— era ampliamente conocido en el mundo criminal de Ecuador, pero volaba debajo del radar de la esfera pública. 

Su historial delictivo comenzó en el 2005 entre robos, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita y tráfico de drogas. De hecho, por narcotráfico fue requerido por la justicia peruana desde 2014. Incluso —debido a su búsqueda en Perú— la Interpol emitió una boleta roja que fue desactivada cuando fingió su muerte, en 2020. 

En esos años de silencio, de 2020 a 2022, su liderazgo creció aún más, a partir del sicariato de Jorge Luis Zambrano, alias JL. Años antes se conocieron en la cárcel, y su unión marcó una ruta colaborativa ilícita con Los Choneros, que se extinguió con su muerte. 

Su detención, en mayo de 2022, fue posicionada por el gobierno nacional como uno de los duros “golpes al narcotráfico”. Tres procesos penales se abrieron en su contra: lavado de activos, tráfico de armas y financiamiento para el tráfico de drogas. 

El rol de Norero era importante en el amplio hilado criminal: su seguridad tenía que ser garantizada. Fue, entonces, trasladado a la megacárcel de Cotopaxi, una prisión liderada por Los Lobos, y donde estaban recluidos decenas de miembros de Los Ñetas, a quienes supuestamente financiaba. 

Leandro Norero enfrentaba tres procesos penales tras su detención en mayo de 2022.

Pero fue asesinado el 3 de octubre de 2022, en la octava masacre carcelaria documentada en el país, donde fueron asesinadas al menos 16 personas más. Treinta minutos después, recibimos las primeras alertas en la redacción de GK. “Mataron a Norero”, decía una mujer presa de esa prisión, asustada por las amenazas de ingreso a su pabellón. 

Norero nunca llegó a liderar esa cárcel, pero pudo haberlo hecho luego de que Santiago Madrid, alias Madrid, comandante de esa prisión, y Jhon Navarrete, alias Cuyuyuy, recuperaran su libertad en un polémico fallo en septiembre de 2022. 

Fuentes reservadas de la cárcel dijeron que Norero tenía libre acceso a pabellones —el “derecho” del financista de las organizaciones criminales. Pero su acercamiento con los líderes de Los Choneros, sin un consenso conjunto con Los Lobos, habría detonado la nueva violencia. 

La ex comisionada Claudia Garzón entregó un video que fue difundido por el asambleísta Fernando Villavicencio días después del asesinato de Norero. En él, El Patrón —como llamaban a Norero— confirmaba que había hablado con Adolfo Macías y Junior Roldán. 

Según alertas filtradas por Inteligencia, el líder de Los Lobos, alias Tuerto Pipo, de quien se especula habría muerto, pero, en realidad estaría fuera del país, habría ordenado el asesinato de Norero. Pero su muerte no se resume a una “guerra entre bandas”, el argumento estrella del gobierno. 

Antes, hubo tres importantes alertas de violencia que no fueron prevenidas. 

El 29 de julio, militares encontraron revólveres, cuchillos y municiones a los pies de la malla de cerramiento oeste de la prisión. No fue aislado: los presos se dan formas de ingresar objetos prohibidos, sorteando la vigilancia interna, o en complicidad con policías y agentes de vigilancia penitenciaria. 

El 17 de septiembre, dos presos del pabellón de mínima seguridad fueron detenidos cuando salieron a recoger una maleta de municiones, droga y armas de largo alcance que intentaron ingresar por el perímetro oeste de la prisión. “Pero eso fue lo que supieron ustedes como medios. Aquí sí entraron más maletas con armas”, dijo una de las fuentes reservadas. 

Tres días después, tres policías en servicio activo fueron detenidos luego de que fueron descubiertos ingresando 486 municiones de armas de guerra a la misma cárcel. Aún con esas advertencias, nada libró a Norero de morir. 

Dos días después de la masacre en Cotopaxi y después del traslado de 70 personas desde esa prisión a la Penitenciaría del Litoral, otra matanza estalló en “la Peni”: al menos 44 internos fallecieron el 5 de octubre de 2022. 

¿La muerte de Norero cesó las operaciones criminales de las bandas que financió? No. 

La mega cárcel de Cotopaxi entró en un proceso de reorganización criminal que esfumó toda posibilidad de vida para Norero. En el video que grabó Claudia Garzón, él agradecía a un hombre al que llama “Pablito” —en su nombre y en el de sus dos hermanos que también cumplen órdenes de prisión preventiva— por haber sido trasladado a Cotopaxi. 

Con “Pablito” habría hecho alusión al ex director del SNAI, el general Ramírez, actual director de Antinarcóticos de la Policía Nacional. En octubre de 2022, le consulté al general sobre el video. Contestó que ya no estaba en ese cargo, que estaba en el limbo desde el 29 de agosto pasado. Desde ese día, el SNAI operaba sin un liderazgo claro. Un documento policial había formalizado el nuevo rol de Ramírez en Antinarcóticos, pero continuó también en el SNAI hasta el 8 de octubre, cuatro días después del asesinato de Norero. Recién ese día se oficializó su salida y el ingreso de Guillermo Rodríguez a la institución. 

Las alertas filtradas contra “La Madrina”: el “chivo expiatorio” 

Tres días después del asesinato de Leandro Norero, varios periodistas recibimos alertas de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria de las prisiones, adscrita a la Dirección General de Inteligencia de la Policía. 

Eran dos cuadros con textos cortos en los que supuestamente se evidenciaban ingresos irregulares de Garzón a la cárcel de El Inca, en Quito, y la cárcel regional en Guayaquil. Habrían ocurrido el 24 y el 26 de septiembre, respectivamente, cuando Garzón ya no era comisionada —dejó de serlo el 16 de junio.

En la tercera alerta —que era un párrafo de un documento del SNAI— se nombraba a Garzón como una de las personas a las que Norero contactaba para “captar la afinidad de la población carcelaria y recuperar el dominio al interior” de la cárcel liderada por Los Lobos. 

Las primeras dos alertas, seis días antes de la muerte de Norero, fueron citadas por el SNAI  para sustentar una denuncia contra Garzón por presunta usurpación de funciones. Según el Servicio, el 26 de septiembre de 2022 —casi tres meses después de que la Comisión de Pacificación terminó sus funciones— Garzón, su hija y la también ex comisionada Alejandra Delgado, habrían entrado a la cárcel de El Inca “a través de engaños”. 

Según la denuncia, alegaron ser “representante de los Derechos Humanos del Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes a los Centros de Privación de Libertad, haciendo mal uso de documentos no autorizados”. Garzón dijo que ella ingresó por invitación del director de la cárcel del Inca, Víctor Caiza. “Tal vez duramos treinta minutos. No estuve mucho tiempo ahí porque luego tenía una reunión con representantes de la Unión Europea, pero pasaban los presos y me saludaban porque a mí me decían Mamá Claudia”, afirma Garzón. 

Según Garzón, hay una confusión y un error en el registro de su entrada. Dice que el director le explicó que, después de su visita, “personal del SNAI pasó un informe en el que escribieron: ‘el día de hoy llegaron las comisionadas de Pacificación al centro’. Es decir, como si nosotras hubiésemos entrado diciendo que somos comisionadas. Pero, imagínate cómo cambiaron las cosas. Yo ingresé porque el director nos invitó”, afirma Garzón, negando haber dicho que era comisionada para poder entrar a la cárcel.

En la segunda alerta, del 27 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que trabaja en las cárceles desde 2015, aseguró que tres días antes, Garzón habría intentado ingresar a la cárcel regional, donde están los líderes de Los Choneros, Los Águilas y Los Fatales: alias Fito y alias JR. 

Esa semana, se viralizaron dos videos en los  que se observaron fuegos pirotécnicos dentro y fuera de la prisión regional. El 25 de septiembre, alias JR cumplió 38 años. Esas celebraciones habrían estado relacionadas con el cumpleaños del líder delictivo.

En esa alerta, los servicios de inteligencia también dicen que “desde hace varios meses”, se alertó que Garzón habría sido “captada y utilizada” para favorecer a estructuras criminales. Sobre todo, a las lideradas por Fito y JR. También señalan a Garzón de, supuestamente, dar nombres reales de servidores de inteligencia a las bandas y de actuar para, según el documento, “distorsionar el trabajo de inteligencia policial”. Pero Garzón lo niega. Y también sorprende aquella filtración de alertas que fueron suscritas días antes de la masacre en la que Norero falleció. 

“Ellos saben que yo estaba trabajando con Leandro Norero. Es decir, en los diálogos con los cabecillas. Leandro se había sumado para poder mitigar la violencia en los grupos”, dice Garzón, y muestra el video póstumo de Norero en el que habla de sus conversaciones con Los Choneros. “¿Por qué uno se convierte en amenaza? Porque sabe que uno tiene información de la gente corrupta, de gente corrupta que tiene uniforme”, asegura Garzón. 

Aunque el padre Luis Barrios ha cuestionado más de una vez a Garzón, dijo que hay alguien que debió también responder por esas alertas: el general Pablo Ramírez, quien permitió que la ex comisionada ingresara libremente a las prisiones. “A ella la usan como un chivo expiatorio”, afirma.

Esas acusaciones —sobre la supuesta complicidad de Garzón con las redes de delincuencia organizada en las cárceles— no fueron incluidas en la denuncia del SNAI. Ella, por su parte, continúa con su trabajo en prisiones mexicanas. 

Traslados sin prevención de violencia

No es un secreto: los traslados en prisión son comunes. Pueden ser voluntarios o ejecutados por seguridad o alta peligrosidad. Todos deben hacerse con base a un estudio técnico y en una época histórica de violencia, con prevención de seguridad. Pero en Ecuador, los traslados han devenido en masacres y atentados sin precedentes. 

Hay tres ejemplos claros. 

Freddy Anchundia es líder de los R7, una banda criminal que hoy centra sus operaciones en Santo Domingo, pero que se extiende a ciudades como Quevedo. Luego de la primera masacre carcelaria de 2022 en la prisión de El Turi, en Cuenca, fue uno de los presos trasladados a La Roca. 

Estuvo solamente 25 días en la cárcel de máxima seguridad. Un juez dispuso su traslado a la prisión de Santo Domingo. Días después, el 9 de mayo, estalló la sexta masacre en esa cárcel. Era la primera vez que una matanza ocurría en una prisión pequeña, con menos de 1.500 presos: 44 internos fueron asesinados en un pabellón de máxima seguridad del recinto. 

El gobierno puso sobre el traslado de Anchundia el peso de aquella matanza, algo que sus abogados niegan hasta hoy. Sobre todo, porque Anchundia estaba en un área transitoria y no en el pabellón de máxima seguridad donde ocurrió la masacre. 

Todas las víctimas fueron asesinadas a tiros, con armas de largo alcance. Sin embargo, ni el gobierno, ni la policía, pudieron explicar por qué o cómo ingresan los fusiles. “Vea, sea o no sea por Anchundia, esas armas estaban ahí y seguían ingresando”, dice Andrés*, un preso que pasó por la cárcel de Santo Domingo.

Anchundia fue trasladado de regreso a La Roca. En los meses siguientes, otros dos jueces fallaron a su favor para que volviera a Santo Domingo. Ambos traslados fueron detenidos por el gobierno. En uno de ellos, el Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe) se opuso a la resolución judicial. 

Las muertes —al igual que los fallos judiciales— se replicaron.

El 1 de noviembre, una serie de al menos 18 atentados en Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Santo Domingo y Quevedo, aterrorizó a Ecuador. No fueron ataques fortuitos: el propio Fausto Salinas, comandante general de la Policía, dijo que estuvieron conectados a un supuesto “restablecimiento de control en los centros penitenciarios” que “tendría consecuencias”. 

¿Esas consecuencias, que en realidad fueron cinco policías asesinados, no eran evitables? 

El 31 de octubre, día en el que dos cuerpos fueron encontrados colgados en el centro de Esmeraldas, GK confirmó con una fuente de la Defensoría del Pueblo que el SNAI comenzaría una serie de traslados masivos el 1 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral. 

Consultamos con el SNAI, pero no hubo respuesta ese día. Las familias de las personas presas recibieron alertas desde los pabellones 8 y 9, donde estaban Los Lobos y Los Tiguerones, y se trasladaron a la prisión. “Nos quieren sacar para que nos maten”, dijo un preso en un audio al que GK tuvo acceso.

Los atentados comenzaron a la una de la mañana en Esmeraldas. Se extendieron hasta las diez de la noche. Desde la prisión de esa ciudad, liderada por Los Tiguerones, se exigió el cese de los traslados con la retención de guías penitenciarios a los que les amarraron granadas al cuerpo. 

Luego de los primeros once atentados —que ocurrieron antes de las seis de la mañana de ese día— el SNAI dijo que había una reorganización carcelaria que había sido planificada y que culminó dos días después con la reubicación de 2.500 presos en una incursión militar y policial. 

Pero ni la Policía, ni el SNAI, ni el gobierno, explicaron si hubo un plan de prevención de violencia o alertas de inteligencia por los traslados. Dos personas presas fueron asesinadas en la Penitenciaría, ocho al menos heridas, y tres uniformados —entre policías y militares— fueron atacados en esa prisión. 

Con orgullo, el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, un policía en servicio pasivo, dijo que se “había cumplido” y el gobierno aseguró que se había “neutralizado al crimen organizado” por el traslado de Los Chone Killers, una de las bandas responsabilizadas por los atentados en Durán, a la cárcel regional. Miembros de Los Choneros también fueron reubicados, aunque a prisiones donde la organización mantiene su gobernanza, como la prisión de El Rodeo. 

Con los traslados, el gobierno ganó cierta credibilidad. Pero arrojó una pregunta mayor. “¿Si el gobierno podía ‘neutralizar’ al crimen organizado con los traslados, por qué no lo hizo antes?”, dice el investigador Luis Córdova, coordinador del programa Orden, Seguridad y Conflicto. Si así fue, dice Córdova, el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad directa en las muertes de las masacres. 

La “neutralización” no fue más que un show mediático con la difusión de imágenes ‘bukelizadas’: hombres con el rostro contra el piso, la cabeza baja y pies de policías sobre sus cabezas. Fuentes carcelarias dicen que Los Chone Killers están en proceso de reorganización. Ninguna banda ha dejado de delinquir. Pero la evidencia más clara llegó entre el 5 y el 18 de noviembre, cuando el Ecuador atestiguó, de nuevo, la décima y la undécima masacres carcelarias. Se dio por primera vez, en la prisión de El Inca en Quito, que está liderada por Los Lobos. 

El 16 de noviembre, GK confirmó con un documento policial, una fuga masiva de al menos 26 personas de la Penitenciaría del Litoral. El SNAI admitió cinco fugas —una fuente reservada de la institución ratificó la evasión masiva, pero luego se desdijo, pese a que la Policía confirmó dos recapturas en Manabí. Hasta enero de 2023 mantiene el tema en el silencio. 

Luego de los reportes, el gobierno anunció “con éxito” el traslado de Jonathan Bermudez, alias El Primo, a las ocho de la mañana del 18 de noviembre. Lo responsabilizó de la masacre del 5 de noviembre, donde fueron asesinados cinco internos en la prisión de El Inca. No pasaron ni cuatro horas, cuando otros diez internos murieron por heridas de cuchillo. 

El gobierno respondió con más de lo mismo: tres presos, entre ellos, alias Sargento, fueron trasladados a La Roca. El director de la prisión de El Inca era Santiago Loza, un teniente coronel en servicio pasivo que asumió su cargo el 10 de noviembre. Su antecesor fue destituido por ingresar objetos prohibidos a la cárcel. 

Loza no pudo cumplir ni un mes en el cargo: fue asesinado el 2 de diciembre mientras iba a su trabajo, sin custodia y sin seguridad. Tenía tres hijos. Había sido el único funcionario que salió a hablar con las familias de las personas masacradas. 

El “acuerdo de paz” de las bandas, una chantaje nacional 

El 13 de noviembre, GK reveló una serie de seis videos en los que las bandas Los Lobos, Los Tiguerones, Los MF18 Tiburones, Los Lagartos, Los Duendes y la nación Latin King decían unirse a un supuesto acuerdo de paz. 

Uniformados, con un encuadre de cámara frontal, más corporativo —discurso consensuado y con la idea de paz como protagonista— con micrófonos, parlantes y comunicados escritos en sus manos, los líderes de las organizaciones dieron su mensaje a las principales autoridades del país, como si estuvieran en una rueda de prensa. 

Lo hicieron menos de dos semanas después de los atentados del 1 de noviembre, por el que Los Lobos y Los Tiguerones también fueron responsabilizados. 

Despojados de las armas, los cabecillas —con decenas de miembros de las bandas sentados o parados, en silencio— dijeron en un tono mucho más conciliador en videos de poco más de dos minutos que se unían  “en una sola causa”: retomar la paz y la tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano en todos los centros de privación de libertad del país. Informaban que habían decidido “neutralizar este tipo de actos violentos ante la ciudadanía general y el Estado. Señor presidente, nosotros no estamos en guerra con el Estado ni somos beneficiarios de extorsiones y secuestros, de atentados que ocurrieron en estos últimos días por organizaciones contrarias”, leyeron.  

Las bandas Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, los Mafia 18 Tiburones y la nación Latin King dicen —desde diferentes cárceles— haberse "unido" para llegar a un "acuerdo por la paz".

El @SNAI_Ec dice no haber conocido aún los cinco videos difundidos por las organizaciones. pic.twitter.com/7MtLE8Bcx6

— Karol E. Noroña (@KarolNorona) November 14, 2022

Las bandas no solo se desmarcaron de la violencia sino que, incluso, se ofrecieron a “colaborar” con el sistema de justicia, incluida la Fiscalía, para dar con los “responsables”. Instaron a las víctimas de las vacunas —aquellos cobros extorsivos que cientos de personas han tenido que pagar— a poner su denuncia y solicitaron al gobierno una política de rehabilitación. 

“Una mente ocupada no es peligrosa. Es nuestro nuevo lema”, dijeron. 

Pero dentro de ese acuerdo, una banda quedó fuera: Los Choneros y sus subcélulas, Los Águilas y Los Fatales. Fueron señaladas como las “organizaciones contrarias”. 

Después de analizar los videos, Caroline Ávila, doctora en Comunicación, dice que las bandas usaron herramientas de comunicación política: “se identifican con colores, símbolos, jerarquías, como cualquier organismo colegiado. Roza peligrosamente con la legitimidad, que por supuesto no la tienen”, dice. “Intentaron construir una narrativa donde ellos son los buenos —los que promueven la paz— con los malos —las bandas excluidas— y el ausente: un gobierno sin gestión”, explica Ávila. “Llegan, además, después de una ola de violencia que no habíamos visto antes y mucho más con la extorsión protección que se incrementa con las vacunas”, dice  Jorge Núñez, doctor en Antropología y cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos. 

La extorsión en las calles y en las prisiones no es nueva, pero las ‘vacunas’ llegaron a su clímax en 2022: casi 6.500 causas ingresaron a la Fiscalía, de acuerdo a la institución. Con la llegada de los videos —en lugar de paz— bien podría ser una extensión a escala nacional, dice Núñez. Mucho más cuando las bandas criminales demuestran que  pueden no ser violentas, porque eso, según Núñez, demuestra que se han consolidado. 

La consolidación de las redes de delincuencia organizada no solo se traduce en violencia, sino en la extensión de sus operaciones y en su permeación en la Policía, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y la clase política, hoy investigada por sus nexos con el crimen organizado. 

Esos videos fueron, explica Núñez, una evidencia más de la retroalimentación entre el poder criminal y el poder estatal. 

Hay un elemento no menor: el gobierno decidió no pronunciarse sobre los videos. 

En un principio, el SNAI dijo no saber de su existencia, pese a que fueron grabados en cuatro prisiones, según pudo verificar GK. Días después, el SNAI afirmó que no tiene compromiso con ninguna banda, y aseguró que la reubicación continuaría. Muy superficialmente el general Salinas dijo que seguirían trabajando por el control en las cárceles. El ministro del Interior, Juan Zapata, en cambio, aseguró que no hay alianzas con bandas. 

Para muchos, los videos fueron una suerte de “sometimiento” de las bandas ante el Estado, al que decían no declarar la guerra y mucho más con el silencio gubernamental. Pero según el investigador Luis Córdova, ese silencio tuvo explicación: “nunca va a ponerse de interlocutor con las bandas. Dejaron que fluyan [los videos], generen corrientes de opinión favorables y eso es lo que les interesa: mostrar que el Estado logró doblegar al crimen organizado”. 

Uno de los escenarios podría haber sido, explica Córdova, una “paz mafiosa”  con las bandas para reforzar el discurso de “control” en las prisiones. Otro, en cambio, era más complejo: que si ese “sometimiento” respondía a la actuación y “neutralización” del gobierno, la responsabilidad política estatal en las masacres carcelarias era directa por no haberlo hecho antes. 

Lo cierto es que la promesa de paz de las bandas criminales tampoco llegó: Los Lobos fueron responsabilizados por las dos últimas masacres del 2022 e, incluso, Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecilla de la organización criminal fue señalado como uno de los autores del asesinato del director Santiago Loza.