La tarde de hoy, 15 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso hizo su primera aparición desde que comenzó la crisis carcelaria. Lasso estaba sentado junto a Alfredo Borrero, vicepresidente de la República y Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional y rodeado de autoridades del función judicial, militares y participación ciudadana, para hacer el anuncio de las acciones que las cinco funciones del Estado tomarán sobre las masacres en las 37 cárceles del país. 

Lasso dijo que el Estado en su conjunto reconoce que el país vive una amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico. 

La primera y gran decisión fue conformar un Acuerdo Nacional por la crisis penitenciaria: 

• Las funciones del Estado comenzarán el proceso de pacificación a través del diálogo, respetando los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y de organismos internacionales. El estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso ya contiene unas disposiciones similares. 

• El Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado enviarán un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional. Lasso no dijo de qué se tratará el proyecto.
• El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones para dar beneficios penitenciarios solicitados por las personas privadas de libertad, como la prelibertad, rebajas de penas o la libertad controlada.

• Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional seguirán trabajando juntas para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera de las cárceles. Lasso dijo que ese trabajo será indefinido. 

• El Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social (CPCCS) promoverá la participación de diálogo entre la sociedad y el Estado para acompañar el proceso de reparación integral a las familias de los presos fallecidos. 
• El gobierno tramitará indultos para ciudadanos con enfermedades catastróficas que estén en las cárceles.  Esto ya lo había decretado el expresidente Lenín Moreno en mayo pasado. 
• La Fiscalía acelerará los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.

El presidente Lasso aseguró que esta crisis se puede vencer “con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano”.  Sobre las acciones que realizarán no dio más detalles. Tampoco se permitieron las preguntas de los periodistas porque no estuvieron presentes. Esta noche, a las 8 en punto, el Presidente se dirigirá al país en una cadena nacional. 

Daniela Oña, experta en derechos de las personas privadas de la libertad, dice que crear la ley de seguridad ciudadana le llama la atención. Dice que será acertado si realiza reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que es punitivo lo que ha causado el crecimiento de la población penitenciaria (antes de la reforma de 2014 del COIP, el nivel de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria era muchísimo menor al actual). Aún así, Oña considera que “sigue siendo una lectura errónea”: la creación de la ley no solucionará el problema estructural, que está atado directamente a la falta de presupuesto para atender las cárceles. “Ese presupuesto se lo debe invertir para la seguridad de las cárceles pero no en la policía ni en los militares”, dice Oña. 

La crisis carcelaria deja más vidas perdidas

Esta nueva masacre, ocurrida entre el 12 y 13 de noviembre, dejó 68 presos asesinados y más de 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, en la portuaria ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el departamento de criminalística dijo a GK que han recibido 61 cuerpos desde la Penitenciaría del Litoral. 

Una persona que cumple su condena en el pabellón 2 de la Penitenciaría —la zona que fue atacada— le dijo a GK que los presos de los pabellones 3, 6 y 12 intentaban ingresar a su zona para asesinarlos.

La fuente, que mantuvo la reserva de su identidad, dijo que estaban liderados por los dos hombres que intentan asumir el control máximo de la prisión, alias Junior y alias Fito, que están ligados a bandas delincuenciales que operan dentro de la cárcel. 

Ante la desesperación por los ataques a los lugares en los que estaban recluidas, una de las personas privadas de la libertad del pabellón 2 contó lo que estaba pasando en una transmisión en vivo en Facebook. 

En la transmisión —que comenzó pasadas las doce y media de la noche y se terminó casi dos horas después cuando la Policía ingresó al pabellón— se escucha a varias personas reclamarle al Estado por no garantizar su seguridad, pidiendo ayuda y narrando lo que pasaba mientras se escuchaban explosiones y agresiones que había afuera de su pabellón.  

Los presos de otras cárceles como la del Turi en Cuenca, la de Riobamba y Cotopaxi comenzaron una huelga de hambre como protesta por los hechos de violencia. Los presos se negaron a comer del desayuno y el almuerzo. 

En febrero de 2021 fueron asesinadas 79 personas en las cárceles, a esa masacre se sumó la del 28 de septiembre, en la que fueron asesinados 119. En total, en este año se han confirmado 324 muertes violentas en las cárceles del país.