Eran las 8 de la noche. Los mensajes comenzaron a llegar desde las celdas de personas presas de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, a los teléfonos de sus familiares: 

“Por favor, vengan a la Peni a las 04:00. Nos van a sacar a los de los pabellones 8 y 9. Dicen que nos van a trasladar”, decía uno de los textos que llegó al celular de un familiar, el lunes 31 de octubre de 2022. 

Última Actualización: 20 noviembre, 2022
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Alarmadas, angustiadas y sin información, decenas de familias corrieron hacia la Penitenciaría, en la vía a Daule, acompañadas por miembros del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. Fernando Bastias, del CDH, dice que los presos habían pedido auxilio por supuestos traslados que se concretarían durante la madrugada del 1 de noviembre. “Cuando les consultamos, los policías que estaban afuera de la cárcel dijeron que no iba a haber nada. Pero los familiares no les creyeron y se quedaron ahí”, dice.

GK también consultó por los traslados la noche del 31 de octubre. Pero un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que, una vez que tuvieran información oficial, la remitirían. A más de 470 kilómetros de distancia, la misma alerta de Guayaquil llegó a los pabellones de la cárcel de Esmeraldas, el mismo día en que en esa ciudad dos cuerpos fueron encontrados colgados de un puente peatonal en el centro, frente a un colegio. 

El aviso de los traslados terminaría causando, según fuentes carcelarias y de la misma Policía, una «protesta» en la cárcel de Esmeraldas desde la once de la noche cuando se retuvo a ocho guías penitenciarios y al menos 18 atentados en Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Santo Domingo y Quevedo, ejecutados por diferentes bandas criminales. Los primeros once se documentaron desde la una de la mañana del 1 de noviembre hasta casi las cuatro de la mañana. Por la tarde, se registraron, al menos, seis más. 

Los traslados sí se concretaron

La tarde del 31 de octubre, una fuente de la Defensoría del Pueblo confirmó a GK que los traslados sí iban a realizarse durante la madrugada. Pero a las familias que esperaban afuera, cuestiona Bastias, “nadie les decía nada”. Y la preocupación creció por posibles nuevos incidentes de violencia, sobre todo, porque en los pabellones 8 y 9 están confinados los miembros de dos organizaciones criminales, Los Lobos y Los Tiguerones. 

 Durante la novena masacre carcelaria documentada en Ecuador, ocurrida en la Penitenciaría del Litoral el 5 de octubre pasado, 13 personas fueron asesinadas y 20 resultaron heridas en el pabellón 9. Aunque no todos los presos que cumplen sus sentencias y órdenes de prisión preventiva en esa zona son integrantes de bandas, sí está controlado por la organización Los Tiguerones. Ese mismo pabellón fue atacado por los pabellones 2 (Chone Killers) y 3 (Los Águilas, Los Choneros), aliados desde el asesinato de Leandro Norero, presunto narcotraficante ecuatoriano, vinculado al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, durante la novena masacre carcelaria que dejó, al menos, 13 muertos. 

“Se tenía temor de que Los Choneros los mataran. Yo tengo a mijo en ese pabellón. Recién me vine a enterar de lo que está pasando”, dijo una madre que prefirió no dar su nombre por “temor a represalias”. 

Desde las ocho de la noche hasta la medianoche del 31 de octubre, las familias vieron ingresar y salir a diferentes buses en la Penitenciaría del Litoral: unos eran del SNAI, otros, en cambio, de la Fuerza Aérea. También salían tanques militares que están instalados en un cuartel en esa misma cárcel desde febrero de este año. “Nadie decía si los iban a trasladar aún, pero salían y entraban, hasta que se fueron durante varias horas”, cuenta Fernando Bastias. Sentados en las aceras de la Penitenciaría, las familias decidieron quedarse en las inmediaciones de la prisión en vigilia. 

“A las cuatro de la mañana, ingresaron doce buses a la Penitenciaría”, dice Bastias. En varios videos publicados por el CDH, se observa a los vehículos ingresando a la prisión.

Pasadas las siete de la mañana del 1 de noviembre, el SNAI informó que trasladaría a 200 personas presas. Extraoficialmente, se conoció que serían del pabellón 2. El Servicio explicó que los traslados se deben a “reparaciones de los pabellones” y para “reducir el hacinamiento”. 

Luego, después de diez horas, a las cinco de la tarde, el SNAI dijo que fueron 515 traslados. Para ese momento, GK conoció que uno de los recintos carcelarios a los que fueron llevados los presos fue la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, en la provincia de Manabí.

El 2 de noviembre, el SNAI confirmó que, en realidad, se hicieron un total de 1002 traslados desde los pabellones 2, donde están confinados los miembros de la organización Los Chone Killers, y el 5, donde cumplen sus sentencias los integrantes de la banda Los Fatales, liderada por alias Fito, de Los Choneros. 

515, del pabellón 2, fueron llevadas a El Rodeo. Las otras 487 personas del pabellón 5, en cambio, a la cárcel regional de Guayas, aledaña a la Penitenciaría del Litoral. 

Una familiar de una persona presa del pabellón 8 comentó que, aunque inicialmente los traslados se iban a dar, según ella, en ese pabellón y el 9, se detuvo “porque ellos se encerraron y no permitieron ningún traslado”. Y así fue: luego de los primeros once atentados en Esmeraldas y Guayaquil, registrados durante las primeras horas del 1 de noviembre, fueron los presos de los pabellones 5 y 2 quienes fueron sacados de sus celdas. 

Fuentes policiales dicen que los traslados se deben a que el pabellón 2 (Chone Killers) intentan, de nuevo, atacaron al 9 (Los Tiguerones, aliados de Los Lobos). Sin embargo, varios presos del pabellón 9 aseguran que sí quisieron trasladarlos durante la madrugada del 1 de noviembre. Por eso, en la cárcel de Esmeraldas retuvieron a guías penitenciarios, para detener esos traslados.

Aquellas bandas carcelarias tienen algo en común: colaboran y son aliadas de organizaciones de delincuencia organizada internacionales. Por un lado, a Los Choneros y a a sus bandas aliadas, Los Fatales y Los Águilas, se les atribuye un vínculo colaborativo con el cártel de Sinaloa, mientras que a la alianza de Los Lobos y Los Tiguerones, que Norero financió en vida, se los vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los Chone Killers fueron parte de aquella unión. Sin embargo, después del asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, una facción de ellos volvió a la alianza con Los Choneros.

Lucía*, madre de una de las personas trasladadas del pabellón 2, que ha pedido su anonimato por temor a represalias, sigue aún a la espera de que su hijo se comunique para saber si está bien. “Vea, lo único que mijo me dijo es que entraron [los policías] a sacarlos. Él no quería ser trasladado, porque teme que lo maten. Ya se ha salvado de dos atentados y se ha despedido de mí todas esas veces. Ese gobierno no sé qué plan tiene, pero en su guerra se van a llevar a todos”, dice Lucía. 

Y la madre, se pregunta, además, cómo el gobierno podrá reducir la violencia, si «la ley es quien ingresa las armas», cuestiona. Lucía se refiere a los casos en los que policías —que se han convertido ahora en objetivo de la violencia— han sido detenidos por ingresar municiones y armas a cárceles como la Penitenciaría o Cotopaxi antes de las masacres. 

Los presos del pabellón 2 grabaron desde sus celdas en la Penitenciaría exigieron que no se realicen más traslados a otras prisiones. “Nos van a matar. Nosotros queremos quedarnos aquí. Esta es nuestra casa”, dice un interno, en el video.

Sin embargo, las alertas aún siguen llegando desde las celdas de la Penitenciaría. Las familias —a través del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles— advierten que los presos de los pabellones 8 y 9  siguen pidiendo ayuda. Y los pedidos no solo llegan desde esa prisión, sino también de la cárcel de Cotopaxi. 

Una persona presa ha alertado sobre posibles episodios de violencia en uno de los pabellones de mediana seguridad en esta cárcel, luego de la octava masacre carcelaria del 3 de octubre, donde Leandro Norero fue asesinado. 

“Hay rumores de un nuevo motín y solo estamos esperando que suceda. Siguen ingresando armas”, dijo el hombre, en un mensaje de voz. La Defensoría del Pueblo y el SNAI han sido alertadas. El 31 de octubre, el defensor del Pueblo, César Córdova, —con base en la información brindada por el preso de Cotopaxi— envió una alerta dirigida al SNAI, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad para que activen planes de prevención y, de esa forma, evitar más muertes. 

Hasta la mañana del 3 de noviembre de 2022 se había confirmado la muerte de dos personas presas por enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. 

La Fiscalía abrió de oficio una investigación sobre “los incidentes registrados en la Penitenciaría del Litoral” que produjeron las dos muertes  y los “varios policías heridos, hasta el momento”. 

Por eso, la institución anunció que un agente fiscal estará en el puesto de mando establecido por el SNAI para coordinar con otras instituciones “las acciones que se ejecutarán al interior del centro penitenciario” en medio de esta investigación. 

La retención de agentes de seguridad en la cárcel de Esmeraldas

Mientras las familias esperaban información en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en la cárcel de Esmeraldas, una prisión liderada por la organización Los Tiguerones —algo que fue admitido por el entonces comandante William Calle el 19 de octubre pasado, removido de su cargo luego de sus declaraciones—, los presos de esa cárcel decidieron retener a siete agentes de seguridad penitenciaria desde la una de la mañana del 1 de noviembre de 2022. Todos fueron liberados a las doce del día. 

También grabaron un video que se viralizó en redes sociales. “Señor Presidente, depure ese gabinete que tiene, ese gabinete corrupto. Ese director del SNAI que se reunió con Fito y JR en la regional”, decía un hombre, con la cara cubierta con una camiseta negra. Y exigía, además, que se detenga el traslado de la Penitenciaría, pues había rumores de que los presos iban a ser llevados a la cárcel regional. Amenazaron con ejecutar un “paro armado”, si las autoridades “seguían favoreciendo” a otra organización criminal. 

Pero ese reclamo no es nuevo. Lo mismo ocurrió el 24 de abril pasado, cuando los presos de esa misma cárcel retuvieron temporalmente a las visitas. En el centro del patio de la cárcel, un preso, identificado como miembro de esa organización delincuencial, anunció: “Este es un comunicado de parte de Los Tiguerones hacia las autoridades y hacia la policía nacional que nos está haciendo la persecución en las calles y dentro de las cárceles. La persecución es solo para nosotros. Quieren trasladarnos, amedrentarnos y alejarnos de nuestras familias cuando estamos en paz, en armonía”, dijo el hombre. 

Con esas palabras, él dijo que no permitirían la salida de los familiares en visita —al menos 270 personas— como acto de protesta pacífica hasta que Pablo Ramírez, ex director del SNAI y actual director de Antinarcóticos, los atendiera. Luego de varias horas, las visitas fueron liberadas. 

Los atentados en Guayaquil y en Esmeraldas

La madrugada del 1 de noviembre de 2022 todavía estaba lejos de calmarse. Pasada la una de la mañana, aparatos explosivos empezaron a detonar en diversos puntos de Esmeraldas y de Guayaquil. Por la mañana, se documentaron once atentados. Sin embargo, con el paso de las horas, al menos siete más se registraron en diferentes zonas del país. Así ocurrieron estas explosiones, según confirmó la Policía: 

  1. 01:24: Un artefacto explosivo fue detonado en la avenida Daule, a la altura de la gasolinera Primax, en la parroquia Pascuales, una de las zonas más violentas de Guayaquil. Hubo daños estructurales.
  2. 01:35: Dos hombres dispararon contra dos policías en la avenida Casuarina Camper Las Cañas, en el distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil. Un agente está estable, fuera de gravedad. Su compañero será sometido a una intervención quirúrgica.
  3. 01:38: Un coche bomba explotó entre la Unidad de Policía Comunitaria 2, entre las avenidas Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, en el sector Modelo, en La Alborada. Hubo daños materiales.
  4. 01:42: Un coche bomba fue detonado entre las calles JR Coronel y Gran Colombia, en Esmeraldas.
  5. 01:49: Un coche bomba fue detonado entre las calles Colón y Guayas, en Esmeraldas. Hubo daños materiales.
  6. 02:00: Un grupo de hombres llegó a la Unidad de Policía Comunitaria del barrio La Guacharaca, en el sur de Esmeraldas, y disparó contra la infraestructura de la institución.
  7. 02:05: Un artefacto explosivo fue detonado por dos hombres en una gasolinera en la avenida Perimetral, distrito Nueva Prosperina.
  8. 02:10: Un grupo de hombres disparó contra dos policías: los cabos Félix Eduardo Contreras Montoya y Rommel Estalyn Chunata Martínez, que estaban patrullando las calles 17 y Cuenca, en Portete, en Guayaquil. Ambos murieron.
  9. 03:05: Un coche bomba fue detonado en el terminal de Pascuales, en la vía a Daule. Hubo daños materiales.
  10. 03:24: Un coche bomba —que era un carro escolar— fue detonado en la cooperativa Los Ángeles, en la Florida, en Guayaquil.
  11. 03:25: Dos personas, que se movilizaban en un vehículo, detonaron un artefacto explosivo en las inmediaciones de la Unidad de Policía Comunitaria de Pascuales 1, en la vía Perimetral.
  12. Aproximadamente a las 2:45 de la tarde: Dos hombres que se movilizaban en un vehículo de alta gama balearon la Unidad de Policía Comunitaria, en la calle 14 y Pedro Pablo Gómez. Un policía fue alcanzado por las balas y falleció. 
  13. 3:00 de la tarde: Dos policías fueron asesinados en Durán, provincia del Guayas, en el sector María Piedad. Una mujer policía resultó herida, pero se encuentra estable.
  14. 3:30 de la tarde: La Unidad de Vigilancia Comunitaria del barrio Oramas González, también en Durán, fue atacada con balas y rociada con gasolina.
  15. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde: Hubo un ataque a la UPC de El Recreo, en la tercera etapa de Durán. Un policía resultó herido.
  16. 5:00 de la tarde: Hubo una detonación frente al Municipio de Durán, liderado actualmente por Dalton Narváez. Causó daños materiales, pero no se confirmó heridos o víctimas mortales. 
  17. 6:20 de la tarde: Se produjo una explosión de un vehículo en los exteriores de la gasolinera Unitaxi, en Santo Domingo, por el bypass de la vía Quito-Quevedo.
  18. 10:00 de la noche: Hubo un ataque a la UPC de Villa Bonita, en el kilómetro 16 de la vía a Daule, en Guayaquil. Un agente fue herido mientras que un atacante falleció.

Las explosiones han continuado desde el 1 de noviembre. El Ferrodiario, un medio local de Durán, dijo que solo el 3 de noviembre hubo al menos 6 atentados en el cantón. Los que el diario pudo confirmar son: 

  1. Explosivo en una gasolinera de la avenida Nicolás Lapentti
  2. Explosivo en una gasolinera en la calle Elsa Bucaram
  3. Explosivo detrás de las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad
  4. Atentado contra la UPC en el sector El Arbolito
  5. Atentado en una gasolinera en la vía Durán-Yaguachi
  6. Explosivo en una tienda en la avenida Jaime Nebot

Además, medios locales de Santo Domingo dijeron que hubo al menos dos explosiones más en gasolineras de la ciudad. Uno habría sido con un carro robado y otro con un bus interprovincial. 

En redes sociales circulan decenas de videos de las explosiones en Durán y Santo Domingo. Sin embargo, la Policía Nacional no ha confirmado estos atentados. El presidente Guillermo Lasso tampoco los mencionó en su cadena nacional la noche del 3 de noviembre, solo dijo que hasta ese momento había más de 600 detenidos en los operativos por el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas. 

¿Qué dicen las autoridades? 

En horas de la mañana, la respuesta del ministro del Interior, Juan Zapata, fue similar a la que otras autoridades han dado en otras ocasiones para justificar la violencia. Dijo que fue una respuesta a cómo el gobierno está “enfrentando el crimen organizado” y vinculó los atentados a las alertas de traslados en las prisiones. Sin embargo, aseguró que los traslados son “reorganizaciones internas” llevadas por el SNAI, en las que su institución y la Policía no tienen competencia, sino que “solo apoyan”. 

Además, Zapata cuestionó a la prensa por un supuesto “linchamiento mediático” contra la institución. Ayer, 31 de octubre de 2022, dos cuerpos fueron encontrados sin vida, colgados en un puente del centro de Esmeraldas. Un día antes, se conoció que un mayor de la Policía era parte de una red de delincuencia organizada que traficaba drogas en El Oro. Sin embargo, para Zapata, los periodistas “no publican lo bueno: ayer se incorporaron 8.500 policías. Esa era la noticia de ayer”, dijo, ante medios de comunicación. 

Consultado por las alertas de inteligencia que no lograron prevenir los 11 atentados en Esmeraldas y Guayaquil, que la Policía vincula a los traslados, el comandante general de la Policía, el general Fausto Salinas, dijo que “restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrá sus consecuencias. Y esas consecuencias tratan de decir que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar”. 

En horas de la tarde del 1 de noviembre, luego de confirmarse los nuevos ataques y asesinatos de policías, el ministro Juan Zapata aseguró que el mando policial se trasladó a Guayaquil y que “pronto” el presidente Lasso realizaría un anuncio ante estos sucesos. 

Pero organizaciones como el CDH Guayaquil cuestiona el traslado improvisado de personas presas. “El derecho internacional dice que los traslados deben ser consensuados por los internos, pero también con un consentimiento externo, dado por sus familiares. Eso aquí no se cumple y las familias tienen que llegar a hacer vigilia para saber qué pasa”, critica Fernando Bastias. 

El discurso oficial, además, ha sido altamente cuestionado por investigadores como el antropólogo Jorge Núñez, quien durante casi dos décadas ha investigado el sistema carcelario y las dinámicas de la inteligencia policial. Él dice que el mayor problema de la crisis carcelaria es que sea gestionada por la Policía. 

“El gobierno tiene que sacar a la policía de las cárceles. Es un contrasentido. Además, porque esto ya ha ocasionado problemas de poder en la propia policía. El gobierno ha puesto a un comandante general como ministro del Interior —que es un puesto político— y todos los generales aspiran a ese puesto. He hablado con tres comandantes generales y cada uno me ha dicho que al menos seis generales quieren su cargo. Cada servicio de la Policía tiene cierta autonomía y al darle las cárceles, su poder político es mayor”, dijo. 

Para Núñez, el crecimiento de las bandas criminales no puede entenderse sin la participación del Estado y, sobre todo, sin un trabajo de inteligencia. “Las bandas prisioneras actuales han sido creadas por el Estado, principalmente a través del trabajo de inteligencia policial dentro de las cárceles a través de traslados, pero también al darles pabellones enteros”, explica. 

El investigador explica, además, que aquellos grupos de delincuencia organizada “ganan poder porque controlan las dinámicas de los mercados: qué vuelta [droga] cae, cuál no, qué tipo. Eso les dio un poder extremo sobre la logística en las calles en Ecuador, que es un país fundamentalmente logístico para la distribución internacional y ahora tiene un mercado nacional mucho más consolidado. Los grupos prisioneros involucrados en las masacres tienen poder sobre la logística de esos dos mercados [internacional e interno]”. 

Solo el 1 de noviembre, cinco policías han sido asesinados. La Policía anunció que en lo que va del 2022 ya son 64 agentes asesinados.  

Durante el 1 de noviembre de 2022 también se detuvo a 36 personas y hubo el decomiso de: 

  • 21 armas de fuego
  • 1176 municiones
  • 13 celulares
  • 1 granada tipo limón
  • una motocicleta y un vehículo
  • 52 metros de mecha de seguridad
  • 1621 gramos de droga
  • 1663 dólares
  • tres uniformes policiales
  • 17616 tacos de explosivos
  • 10 granadas de fusil
  • 60 cápsulas detonantes

Como parte de estas operaciones se incluye lo que sucedió en la provincia de El Oro, donde se detuvo un camión con 16.416 tacos de explosivos, 1.200 tacos de dinamita y 150 mil cápsulas detonantes, todos de manufactura peruana. Se detuvo también a dos personas para investigaciones.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Recibió una Mención de Honor de los Premios Eugenio Espejo por su crónica Los hijos invisibles de la coca. Coautora de los libros 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible' y 'Muros: voces anticarcelarias del Ecuador'.
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