Los líderes delictivos de la cárcel de Cotopaxi recibieron a uno de los suyos tras su publicitada detención la noche del 14 de diciembre de 2022: Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis.
Arboleda, quien fue detenido en Quevedo, en la provincia costera de Los Ríos, no solo es uno de los altos jerárquicos de la organización criminal Los Lobos, que regula el control en la prisión de Latacunga y extiende sus operaciones criminales, sobre todo, en la Sierra. Alias Gordo Luis también es uno de los más favorecidos por la justicia ecuatoriana: su recaptura —la tercera en 2022— evidenció, de nuevo, las argucias de hombres con amplios prontuarios criminales para librarse de la cárcel.
Su rostro —mejillas regordetas y lentes delgados— es ahora uno de los más atacados por el gobierno de Guillermo Lasso, que lo señaló como uno de los presuntos responsables del asesinato del coronel en servicio pasivo, Santiago Loza. El policía retirado, de 53 años, llevaba apenas 22 días como director de la cárcel de El Inca cuando fue asesinado mientras iba a su trabajo, en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito, el 2 de diciembre.
Durante su corta gestión, asumió el traslado de Jhonathan Bermúdez, alias Primo, el 18 de noviembre, y la de otros tres miembros de Los Lobos, desde El Inca hacia La Roca, luego de la décima y undécima masacre carcelaria que estalló en la prisión que dirigía.
Aunque el gobierno ha responsabilizado a Arboleda como uno de los presuntos autores de ese sicariato, aún no se conoce si fue vinculado a la investigación. En los registros de la función judicial no aparece ese delito en el prontuario de el Gordo Luis. La Fiscalía dijo a GK que, si bien se abrió una indagación previa, el avance es reservado hasta que se inicie la instrucción fiscal
El Gordo Luis tiene un amplio historial criminal: fue gatillero —es decir, sicario— y fue escalando de a poco, hasta llegar a las jerarquías de Los Lobos. Fuentes reservadas han dicho a GK que el hombre, de 31 años, se encarga de la movilización de droga a gran escala de la organización. Es experimentado: ha enfrentado al menos diez procesos penales desde el 2013 por delitos graves como delincuencia organizada, tentativa de homicidio y asociación ilícita.
Por eso, dice Alexandra Zumárraga, ex directora nacional de Rehabilitación Social en 2010, El Gordo Luis debió ser trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayas, y no a Latacunga, donde tiene todos los privilegios dados por la gente de su misma organización. Y es aún más crítica: el líder puede estar preso, pero poco servirá su encierro si no se cortan sus operaciones: «¿de qué sirve que lleves a un líder delictivo a otro espacio, si habrá funcionarios que, en total complicidad, les siga dando armas?», cuestiona.
Siete días después de la muerte del coronel Loza, el 9 de diciembre, Arboleda —que ya había sido detenido en otra promocionada detención en febrero de este año de la que fue liberado en abril— fue capturado en Quito junto a otras cuatro personas en delito flagrante, es decir, en pleno cometimiento del delito. Ese día, los encontraron con un arma de fuego. Sin embargo, no se determinó a quién de los detenidos pertenecía.
La Fiscalía formuló cargos por presunta tenencia y porte de armas que se sanciona con una condena de entre 3 y 5 años de cárcel, según lo fija el Código Orgánico Integral Penal. En registros judiciales públicos, no consta el acta de la audiencia, sino solo un oficio en el que se conoció la decisión del juez Vicente Oña, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes de Quitumbe, quien conoció la causa.
Oña dictó medidas sustitutivas para los detenidos, incluido Gordo Luis. Ese documento impide ver si la Fiscalía pidió o no prisión preventiva para el líder delictivo.
Lo que sí consta es un pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para un detenido —que no era el Gordo Luis—. Su nombre es Bryan Coronel, quien había sido declarado inocente en un proceso anterior por el mismo delito. Su defensa argumentó que no había una huella en el arma que lo inculpe. “¿Qué pasaría si en la cárcel se atenta contra la vida de este ciudadano?”, dijo el juez. Ante ese argumento, la Fiscalía se retractó y pidió una nueva medida cautelar a la que recibió el Gordo Luis: todos debían presentarse lunes, miércoles y viernes de cada semana ante el fiscal que lleva la investigación, en un horario de entre 8 de la mañana y cuatro de la tarde.
Pero el Gordo Luis no lo cumplió. Presentó un certificado médico falso, mientras se alistaba para ir a Los Ríos, que está a más de 250 kilómetros de Quito. La libertad no duró. A cinco días de haber sido detenido en la capital ecuatoriana, volvió a ser capturado. El 14 de diciembre, fue detenido junto a otras cinco personas en Quevedo. Tenían fusiles, armas, siete kilos de droga e incluso chalecos y prendas similares a las que usa el personal policial.
Aquella detención fue el paraguas de una serie de cuestionamientos del gobierno, que llevó al presidente Guillermo Lasso a señalar al juez Oña como un “enemigo de la seguridad pública, defensor de los delincuentes”.
Luego, en una cadena nacional, amenazó con exponer públicamente a los jueces que liberen a “delincuentes” y lanzarlos a la “corte de la opinión pública”.
Sus palabras también han sido altamente criticadas por los jueces ecuatorianos. De hecho, el 16 de diciembre, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazó las declaraciones de Lasso y reclamó que se quiera mostrar a los magistrados que no “procedan conforme su criterio personal, es decir, con desconocimiento de lo que existe dentro del proceso y exponiendo de forma generalizada a los jueces del país”.
A continuación, un breve recuento de las detenciones de alias Gordo Luis y cómo, siendo uno de los hombres con mayor poder en la estructura criminal, evadió las rejas dos veces en este año, antes de ingresar a una prisión liderada por la organización delictiva para la que trabaja.
El operativo prometedor de febrero que no se sostuvo
La detención de Luis Arboleda y Tito Zambrano en delito flagrante, el 4 de febrero de 2022, fue el gran anuncio de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela. En una rueda de prensa, acompañada por el ex comandante general de la Policía, Carlos Cabrera, y el actual comandante, Fausto Salinas, Varela dijo que tras cinco meses de investigaciones de la Policía Nacional, dieron con diez miembros de Los Lobos. Entre ellos, Arboleda y Zambrano.
Ese día, Varela dijo que Los Lobos estaban detrás de tres asesinatos registrados en Quevedo, además de cuatro homicidios en Quito. La exministra Vela también atribuyó a esta organización el secuestro de Darwin Nazareno Mideros, hermano de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Naza, dueño de la plataforma Big Money. El secuestro ocurrió el 6 de diciembre de 2021 y quince días después Darwin Nazareno anunció su liberación.
GK revisó el parte policial con el que comenzó la investigación. Allí se detalla que alias Gordo Luis, Tito Zambrano y los acusados fueron encontrados con 49 paquetes rectangulares con cocaína en su interior en una vivienda en una urbanización privada de Guayaquil. De esos, 45 fueron encontrados en la sala —equivalentes a 44.865 gramos de droga—, los otros cuatro —3.988 gramos—, en el dormitorio donde estaba alias Gordo Luis.
Además, la Policía encontró un tubo de ensayo con 3.500 gramos de cocaína. En total fueron decomisados 52.353 gramos de droga, que equivale a 52 kilos de sustancia. Pero los agentes no solo hallaron droga. En el poder de Tito Zambrano había una gran variedad de relojes de alta gama de marcas como Gucci, Rolex, Bulova, entre otros. Además, decomisaron cheques en blanco de una mujer llamada Mónica Medina por más de 50 mil dólares.
En el parte policial también se detalla que alias Gordo Luis fue encontrado descansando en una habitación, donde había paquetes de droga. En la audiencia de flagrancia, la defensa técnica del hombre dijo que fue operado del colon y que realiza sus necesidades por una sonda. Esa es una de las razones por las que sus representantes legales pedían que no se dictara prisión preventiva en su contra, pese a que es conocido su liderazgo en Los Lobos.
Ese mismo día, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dictó prisión preventiva para los acusados —que fueron trasladados a la cárcel de Latacunga— por presunto tráfico de drogas a gran escala. Además, dispuso una instrucción fiscal de 30 días. Pero el Gordo Luis no duraría mucho en prisión.
El 13 de abril de 2022, la jueza Ibarra sustituyó las medidas cautelares y los dejó en libertad.
La decisión de la jueza Ibarra pasó casi desaparecida y fuera de la agenda mediática. En el proceso judicial consta que la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medidas cautelares y de protección se instaló a las tres y media de la tarde del 13 de abril.
El dictamen de la jueza Ibarra favoreció a los acusados: alias Gordo Luis y Tito Zambrano —a quien, de hecho, ya le habían negado una acción de hábeas corpus el 3 de marzo pasado— salieron libres. Tenían dos condiciones: prohibición de salida del país y presentación periódica cada viernes de cada semana en la Fiscalía de Samborondón.
El 8 de abril, cinco días antes de la liberación de los acusados, se anunció que la instrucción fiscal —la segunda etapa procesal en la que el fiscal a cargo de la investigación recoge las evidencias probatorias en el caso— culminó y se fijó el 12 de mayo de 2022 como el día en el que se instalará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Sin embargo, la diligencia se suspendió y volvió a agendarse para el 27 de mayo. No se cumplió. Y se dilató cuatro veces más: el 24 de junio, el 5 de agosto, el 22 de agosto y el 29 de agosto.
La audiencia, finalmente, se instaló el 5 de septiembre. Y lo insólito fue el pedido del fiscal a cargo: el funcionario pidió a la jueza que vea un video, incorporado en la instrucción fiscal, en el que supuestamente se mostraba a El Gordo Luis en la planta baja de la vivienda donde fue detenido, sin paquetes de droga, y no en la segunda planta, como decía el parte policial de su detención. “Posiblemente sea líder de banda o no, se puede demostrar con la sustancia [es decir, con la droga hallada], pero no la materialidad”, dijo el fiscal antes de anunciar que su dictamen sería abstentivo. Es decir, se excusó de acusarlo.
Pero aún falta la formalidad: el informe del dictamen abstentivo. Por eso, la jueza Ibarra llamó a juicio a El Gordo Luis y Tito Zambrano y pidió al fiscal que envíe el documento en un plazo máximo de 72 horas. Con ese documento, El Gordo Luis recuperó su libertad.
La recaída de El Gordo Luis en Quito
El Gordo Luis fue detenido, por segunda ocasión en el año, en la ciudad donde Los Lobos pretenden centralizar el narcomenudeo con más fuerza: Quito. El 9 de diciembre, él, Yoneiky Morejón, Carlos Salvador, Erick Alvarado y Bryan Coronel fueron aprehendidos en delito flagrante portando un arma, según registros judiciales públicos que revisó GK.
La audiencia de calificación de flagrancia se instaló a las 5 y 20 de la tarde, en la Unidad Penal con competencia en Infracciones Flagrantes de Quitumbe, y recayó sobre el juez Vicente Oña.
Ese día, la Fiscalía sí formuló cargos por presunta tenencia y porte de armas, numeral 2. En los documentos consta que se decomisó un arma, pero no se conocía a quién de los cinco detenidos pertenecía.
En un oficio, consta que el juez Vicente Oña, “conforme a lo solicitado por la Fiscalía” dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para cuatro de los detenidos: el Gordo Luis, Yoneiky Morejón, Carlos Salvador, Erick Alvarado. En el proceso se evidencia que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Bryan Coronel, que fue inocente en un proceso anterior por el mismo delito. Su defensa argumentó que no había una huella en el arma que lo inculpe.
El juez añadió: “la Fiscalía ha indicado que pasaría si a esta persona [Bryan Coronel] al realizarse la respectiva pericia sobre el arma de fuego se determina que no existe huella digital alguna”. Y luego lanzó: “¿qué pasaría si en la cárcel se atenta contra la vida de este ciudadano?”. Ante ese argumento, la Fiscalía se retractó: “una vez que mi petición ha sido fundamentada y no quedándome de otra solicitar medidas cautelares”.
Lo que decidió el juez Oña es ya ampliamente conocido: todos debían presentarse lunes, miércoles y viernes de cada semana ante el fiscal que lleva la investigación, en un horario de entre 8 de la mañana y cuatro de la tarde.
El Gordo Luis no cumplió con la medida y falsificó un certificado médico.
Darío, un juez de primer nivel de una provincia costera que prefiere mantener su identidad en anonimato, fue consultado por GK sobre si la decisión del juez Oña estaba apegada al derecho. “Si la Fiscalía no pide o se retracta, está apegada al derecho porque es imposible que el juez lo haga sin esa petición. Nosotros tenemos una prohibición de empeorar la situación del proceso”, explica.
El juez dice que “el caso es, en realidad, flojo también. Porque se halló un arma y hay varias personas. Se pone confuso”.
Pero, ¿no era posible hacer algo si el Gordo Luis tenía tantos antecedentes? Dice el juez Darío que “eso está prohibido. Vulnera los derechos del procesado. Así lo ha señalado la Corte Constitucional. Pero sí, hemos sido exageradamente protectores y eso es lo que se presta para decisiones polémicas revestidas de legalidad”, asegura.
El Gordo Luis vuelve a su “casa”
Entre el 14 y 15 de diciembre, la Policía publicitó los resultados de dos grandes operativos con varios allanamientos: seis miembros de Los Lobos, incluido el Gordo Luis, habían sido detenidos en Quevedo, junto a otras tres mujeres que, según sus testimonios, son trabajadoras sexuales que nada tienen que ver con sus operaciones delictivas.
La Policía incautó varias evidencias: 14 paquetes de cocaína —que sumaban 7 kilos—, cuatro fusiles, tres pistolas, cinco vehículos, municiones, alimentadoras y prendas con logos policiales. La Fiscalía formuló cargos por presunto tráfico de drogas a gran escala.
El juez Segundo Cepeda, de la Unidad Penal de Quevedo, dictó prisión preventiva para los acusados. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó a GK que El Gordo Luis ya volvió a la prisión de Latacunga, liderada por Los Lobos. Y no solo enfrenta otro proceso por tráfico de drogas, sino también por tráfico ilícito de armas de fuego.
La madrugada del 15 de diciembre, otros 14 miembros de Los Lobos fueron detenidos en 13 allanamientos ejecutados en Guayaquil. De acuerdo con la Policía, ellos serían los presuntos responsables de la serie de 18 atentados del 1 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Durán, aunque la institución aún no ha presentado avances de la investigación.
De los 14 detenidos, once son adultos. Tres, en cambio, son adolescentes. Los sospechosos fueron encontrados con cuatro armas de fuego, 59 municiones, dos alimentadoras y más de 15 tacos de explosivos en su poder.
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