“No tenemos centros de rehabilitación, sino cárceles que se convierten en verdaderas escuelas del crimen”. Esa es una de las principales conclusiones del informe final que la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación en las cárceles ecuatorianas presentó luego de seis meses de trabajo, desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 16 de junio de 2022. Después de visitar, recorrer y hacer entrevistas a personas presas y líderes delictivos en 12 prisiones del país, el documento que contiene más de 70 hojas plantea —al igual que otras investigaciones sobre la realidad carcelaria— una radiografía del sistema de rehabilitación en el país. 

Desde vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad —que según la Constitución son un grupo de atención prioritaria— hasta el alto nivel de gobernanza criminal en el interior de los pabellones, la Comisión desentraña un diagnóstico, a la vez que esboza recomendaciones y conclusiones. El objetivo, asegura la Comisión, es reducir la violencia, que, entre 2021 y 2022, ha dejado ya más de cuatrocientas personas asesinadas y decenas de familias sin respuestas por sus muertes. 

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la Comisión? 

El grupo de comisionados experimentó ocho “vivencias”, que evidencian los quiebres del sistema carcelario: 

• “Almacenes de castigos”. La Comisión concluyó que los lugares en los que se recluye a personas “no son centros de rehabilitación, sino almacenes de castigos». Dicen los miembros que, además, son “escuelas de tácticas delincuenciales”. Lo describen de esta manera porque, sostienen, no ofrecen “garantías básicas de rehabilitación, y reinserción social”. 

• Violencia contra las personas presas. Con base en investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, dice la Comisión, recuerdan que existe una violencia estructural contra los presos. La describen como una “violencia estructural de la omisión” que no garantiza derechos básicos como el acceso a servicios médicos y educativos, reunificación familiar, rehabilitación, habilitación, reinserción social, entre otros, que fueron “anulados” por el sistema. 

A esa violencia se suma la personal e interpersonal, también causada por los altos niveles de hacinamiento. En Ecuador, hay prisiones con más del 120% de hacinamiento, como ocurre en la cárcel de Los Ríos o en El Rodeo, donde no hay suficiente provisión de agua potable ni tratamiento de las aguas residuales. Por eso, aseguran los comisionados, es clave la intervención contra la violencia desde un enfoque multidimensional. “La mayor intervención sigue siendo la cultura de la paz con justicia”, dicen. 

La Comisión aseguró que una de las faltas más graves en las prisiones es la falta de atención a la salud, que no se tiene en “la casi totalidad de centros, ni policlínicos, ni dispensarios debidamente equipados, ni medicinas e insumos médicos”. Dice que es tan grave, que pueden afirmar que “han muerto muchas personas presas por la falta de atención médica”. Lo mismo ocurre con pacientes con enfermedades mentales y psicológicas. “No existe una política para tratar adicciones, ni para tratar a los adultos mayores. La inexistencia de atención odontológica es grave”, informa. 

• Falta de institucionalidad. Para la Comisión, el paso más importante es uno que ya anunció el general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores: la Escuela para Agentes Penitenciarios. Más de una vez, agentes han contado a GK las precarias condiciones laborales en las que ejercen su oficio: amenazados por mafias, sin garantías de seguridad, sueldos poco rentables.
  
  La Comisión dice que es importante que se asegure la formación, capacitación, profesionalización, actualización y evaluación permanente del personal penitenciario. Y el aprendizaje, afirma, debe ir acompañado de capacidad de liderazgo e “irrestricto respeto de los derechos humanos». Esa, dice, es la mejor forma de “combatir la corrupción y violación de derechos humanos”. 

• Las cárceles como centros de retención juvenil. Luego de haber realizado un “centro sociovisual”, , la Comisión concluyó que el 75% de la población penitenciaria es joven: su edad oscila entre los 18 y 25 años. Dicen los miembros que un análisis socioeconómico arrojaría que son personas empobrecidas o de clase trabajadora. “¿Se ha declarado una discriminación directa contra las personas jóvenes y pobres?”, cuestionan. Asimismo, explican, por ejemplo, que las mujeres, las personas afrodescendientes, LGBTIQ+, adultos mayores y migrantes son aún más vulnerables en las cárceles. “Debe incorporarse un eslabón de prevención que permita lograr un ideal realizable que evite los encarcelamientos”, afirman. 

• Censo penitenciario. El criterio es unánime para la Comisión: los integrantes piensan que el censo penitenciario —que según el gobierno ya comenzó— debe concretarse. Dicen que no hay excusas para no tener un sistema computarizado que permita saber quién es la persona presa, en qué prisión está, cuál es su delito, cuál es su sentencia, su condición de salud física y emocional, su tiempo en prisión, conocer si es una persona alfabetizada, su grado académico. La realidad en las prisiones es otra: el registro de los presos es tan precario, que en varias de las masacres en Ecuador, fueron algunos de los internos quiénes tenían que escribir el nombre de sus compañeros asesinados en una lista. 

• La reintegración social como deuda. No es un secreto los obstáculos que una persona expresa debe afrontar cuando deja prisión. La estigmatización, la falta de oportunidades, son varios de ellos. Por eso, cuestiona la Comisión, deberían hacerse dos preguntas: “¿qué estamos haciendo para prepararlos?, y ¿qué estamos haciendo para que la sociedad los reciba sin castigarlos?”. Un proceso efectivo de reintegración, dicen, implica “cambios sustanciales y conscientes en el estilo de vida que son complicados y difíciles” tanto para quienes culminan su condena como para quienes acceden al régimen semiabierto o a la prelibertad.
  
  Muchas de las personas excarceladas no pueden tener trabajo formal por sus antecedentes penales. Plantea la Comisión que esa pregunta podría obviarse cuando alguien aplique a un trabajo o, por otro lado, que el gobierno podría asignar fondos para medidas financieras que impulsen programas educativos, de salud, de cuidado infantil, ayuda legal y capacitación laboral para exinternos. De esa forma, se evitaría que vuelvan a recurrir a economías ilícitas por necesidad. 

• Inteligencia criminal e inteligencia policial. Estudios académicos, testimonios de personas presas y personal administrativo, coinciden en las falencias de los sistemas de inteligencia en el sistema carcelario. En cada una de las masacres carcelarias —que son seis— hubo alertas antes de que ocurrieran. Pero ninguna de las casi cuatrocientas muertes fue evitada.  “¿Por qué con más policías y más inteligencia policial hay más masacres?” o, ¿por qué la inteligencia criminal comienza a funcionar después de las masacres”, cuestiona la Comisión. Su conclusión es concreta: la corrupción. 

• Prevención como alternativa a la encarcelación. Dice la Comisión que la delincuencia es multicausal y la ausencia de políticas de prevención y de un enfoque interinstitucional no permiten crear planes de prevención para evitar los encarcelamientos. Por eso, los miembros recomiendan adoptar un “plan de acción integrado” para la prevención de un delito, incluyendo los crímenes de odio. Plantean, por ejemplo, programas de verano, mentorías, programas de mediación, resolución de conflictos, intervenciones que involucren a la comunidad, incluyendo a la policía nacional y centros educativos. 

También plantean que la prevención del delito podría dividirse en tres categorías: comunitaria, situacional y prevención del delito focalizada en desarrollo o en el riesgo. Y lo ejemplifican: en varios de los departamentos policiales de Estados Unidos existe la Liga Atlética Policiaca. Son espacios donde agentes policiales entrenan a jóvenes en deportes o los ayudan con tareas o actividades relacionadas al aprendizaje. “El propósito es formar el carácter, ayudar a fortalecer las relaciones entre la policía y la comunidad, y mantener a los niños alejados de las drogas ilegales”, escriben. 

Propuestas de la Comisión

Luego de su reporte sobre la situación de las cárceles en el país, la Comisión presentó una serie de propuestas enfocadas en tres ejes: 

Prevención

• Instar al Ejecutivo para que elabore políticas de prevención del delito a partir de investigaciones que determinen patrones y determinantes sociales, georreferenciados sobre la propensión de cometimiento de delitos. 

•  Instar a la función Judicial que aplique medidas alternativas a la prisión preventiva. 
•  Elaborar propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) direccionadas a evitar el hacinamiento. 
• Asesorar al gobierno en el fortalecimiento y focalización de acciones estatales desde los ámbitos de educación, productividad e inclusión económica y social en lugares con mayor incidencia de cometimiento de delitos. 
• Asesorar al Ejecutivo en el fortalecimiento de la intervención en prevención de adicciones a nivel nacional y atención en salud mental. 
•  Generar una política pública a nivel nacional sobre la prevención del delito y seguridad ciudadana. 
•  Trabajo conjunto entre el gobierno y los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la inclusión de niñas, niños y adolescentes en proyectos y programas que desarrollen los potenciales de cada uno de ellos. 

Atención 

• Instar a las entidades competentes nacionales y locales a que cumplan la normativa nacional e instrumentos internacionales vigentes: cumplimiento de derechos, separación de la población penitenciaria, acceso a servicios básicos, beneficios penitenciarios, entre otros. 
• Las personas presas no tienen acceso a derechos humanos básicos: agua, luz, baños en buen estado ni acceso a medicinas. Esto necesita remediarse. 
•  Debe haber personal con amplia capacitación en primeros auxilios, en mediación, en resolución de conflictos. Hay que considerar que las personas privadas de libertad, dice la Comisión, al encontrarse en un ambiente de tensión, necesitan contar con personal capacitado. 
• Instar al Ejecutivo la entrega de recursos para garantizar personal suficiente en la intervención desarrollada en los ejes de tratamiento, seguridad, mejoramiento de infraestructura. Potenciar las bombas de agua, mantenimiento de tuberías —hay quejas sobre presencia de ratas en las tuberías, dice la Comisión— y otras acciones para precautelar que se apliquen los enfoques de derechos humanos y de igualdad. 

• Instar a la entidad rectora la priorización de la atención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley, mujeres y población LGBTIQ+, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y otras. 
•  Instar al SNAI a comenzar inmediatamente un proceso de reforma tecnológica en el que las personas privadas de libertad puedan tener sus carpetas de beneficios penitenciarios virtualmente, y que sus familiares los puedan observar, generando menos desplazamiento a una institución que se encuentra centralizada lo que, según la Comisión, daría como resultado el mejoramiento de los tiempos y dignificando la atención. 
• Exhortar la presencia permanente de las instituciones que conforman el Organismo Técnico de Rehabilitación desarrollando ejes de tratamiento en el marco de sus competencias. 
•  Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y organismos internacionales en la materia. 
• Asesorar en la elaboración de planes de intervención y rehabilitación adecuados a la realidad de cada centro.

• Acompañar y asesorar en el marco de sus competencias en las investigaciones de los hechos violentos sucedidos en contexto de privación de libertad y la aplicación de la ley.
• Instar a la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
• Instar al Ejecutivo a la creación de una política de acompañamiento del proceso de inclusión en la sociedad a las personas privadas de libertad, en cuanto salgan de los centros —ya sea por beneficios penitenciarios o cumplimiento de las penas—, para que de esa forma se evite la reincidencia. 

Reparación 

• Las familias de las víctimas de las masacres carcelarias, dice la Comisión, deben recibir atención psicosocial urgente. 
• Brindar atención psicosocial a las personas presas que presenciaron los episodios de violencia.
• Generación de acciones que garanticen el acceso a la educación de hijos e hijas de personas presas que no pudieron ser reconocidos en el Registro Civil. 

¿Cuáles fueron las cárceles visitadas? 

Los comisionados recorrieron 12 cárceles en diferentes zonas del país: 

• Penitenciaría del Litoral de Guayaquil
• Área transitoria, en la cárcel de Guayaquil 2
• Cárcel regional de Guayaquil
• Pabellón consultar de Guayaquil
• Cárcel de mujeres de Guayaquil
• Cárcel de El Inca, en Quito
• Cárcel de Latacunga, en Cotopaxi
• Cárcel de Turi, en Cuenca
• Cárcel 2 de Esmeraldas
• Cárcel El Rodeo, en Portoviejo, en Manabí
• Cárcel de Jipijapa, en Manabí
• Cárcel de Santo Domingo, en Santo Domingo de los Tsáchilas