Ecuador ha vuelto a aquellos días de 2005 y 2010, cuando el miedo era el sentimiento colectivo por el replique de muertes violentas: la tasa de homicidios era de 17,5 cada 100 mil habitantes. Durante los siguientes diez años, la violencia pareció disminuir. Pero la tensa calma ha terminado. Ahora, después de cuatro masacres carcelarias, Ecuador se levanta con sicariatos diarios. Familias destrozadas llorando a los suyos, cuyos cadáveres han sido colgados en puentes, como ocurrió en Durán, a mediados de febrero de 2022. 

La violencia que parecía encapsulada en las cárceles ahora se vive en las calles, ha dicho el gobierno, que no encuentra aún solución. Y mientras se menciona al fortalecimiento de la Policía Nacional como medida principal, en las cárceles siguen ocurriendo balaceras, y vidas siguen siendo arrebatadas a diario fuera de ellas. Después de ocho años de mantener una tasa por debajo de diez, Ecuador llegó a 12 homicidios por cada 100 habitantes, según datos del Ministerio de Gobierno. 

Faltan, además, respuestas oficiales para explicar por qué la violencia crece en el país más allá de la presencia del narcotráfico que asegura el gobierno. 

En esta entrevista, el investigador Jorge Núñez, doctor en antropología por la Universidad de California y codirector de Kaleidos —el Centro de Etnografía Interdisciplinaria de la Universidad de Cuenca—, habla sobre la conexión entre la violencia, las bandas carcelarias y la policía nacional. Núñez, quien ha investigado durante dos décadas el sistema carcelario, el menudeo de drogas y la inteligencia policial, dice que el Estado es el gran responsable de esas muertes violentas. 

Ecuador está sumido en el miedo, con sicariatos diarios y decomisos de droga,  ¿cómo podemos entender el incremento de violencia en el país y los asesinatos extremadamente violentos en las calles? 

Creo que es muy importante recordar algo que ya ha dicho la misma policía y es que los asesinatos fuera de la cárcel están relacionados con los asesinatos dentro de prisión. Ellos los ven como relacionados y lo han dicho. Para mí, el mayor problema es la poca transparencia en la información que hay. Nosotros sabemos —por versiones extraoficiales— que la gente que está muriendo afuera [de la cárcel] son informantes de la Policía y también los que mueren adentro, pero de eso no se dice nada, ¿no? 

Y no hay información, por ejemplo, de cuántas personas asesinadas en los últimos años fueron fuentes humanas de inteligencia policial. 

¿Por qué es importante saber sobre las muertes de fuentes humanas? Porque es el vínculo que, al parecer, existe entre las masacres fuera y dentro de prisión. 

En 2015, se creó la Unidad de Inteligencia Policial en las cárceles. Los presos la llamaban “unidad del ultramundo” informalmente. Un año antes [en 2014], cuando la cifra de homicidios era más baja, se abrieron las cárceles regionales [las de Cotopaxi, Turi y Guayaquil]. Teníamos los grandes complejos penitenciarios recién inaugurados y para hacerlo también se desmovilizaron las antiguas organizaciones carcelarias o los comités de internos y se limitaron los días de visita. La reforma penitenciaria significó una nueva lógica de administración de la vida cotidiana de la población carcelaria. 

Pero en el 2015, la policía empezó a usar la cárcel como el lugar donde se recolecta información sobre lo que pasa afuera con la droga. 

Entonces, ¿a partir de la creación de esa unidad policial en prisión comenzó a gestarse la conexión entre la cárcel y las calles? 

Esa conexión no existía antes, porque la policía no tenía un mecanismo para producir información penitenciaria con fines de seguridad urbana y, sobre todo, con fines de interdicción en temas de drogas ilegales que es lo que ocurre hoy. Aquello causó que el mercado de drogas ilegales cambie territorialmente dentro de Ecuador. Lo mismo con las que salen del país. también de las salidas.

Lo primero que debemos entender es que a partir del 2015, la policía genera mecanismos de inteligencia policial en las cárceles más grandes del país. Y para que funcionen, lo que hace es distribuir privilegios entre la población penitenciaria que brinda la información. Así, empieza a poner a distintos grupos de internos en distintos pabellones y también a trasladarlos, que es la forma de gestión penitenciaria más básica que hay. Pero antes del 2015 [la distribución de los presos] no funcionaba así. 

¿Antes de la reforma, cómo se hacían esos traslados de personas presas? ¿Qué papel tendría la policía ahora?

Antes de la reforma, era descentralizado. Es decir, cada director [de cada cárcel] decidía a quién trasladaba y a quién no de la población penitenciaria. Era todo un proceso de toma de decisiones conjunta. Cuando trabajé en el ex penal García Moreno [en Quito] estuve en la discusión de tres casos. Pero el que más recuerdo fue uno en el que el director decidió aceptar el traslado de un interno desde la Penitenciaría, en Guayaquil. El comité de internos le dijo: “este señor no puede venir aquí” y se detuvo el traslado. Ahora, en cambio, la negociación de los traslados no es entre directores e internos, sino entre la policía nacional y los grupos que les dan información para hacer interdicción de drogas. 

Lo segundo que vemos es que actualmente las cárceles son un servicio más de la Policía [como Antinarcóticos o la Dinased]. Su director es un general en servicio activo, que tienen en su equipo de trabajo a coroneles y tenientes coroneles en servicio activo. Tienes a la policía administrando las poblaciones carcelarias. Y hay un conflicto de interés: la policía lo que necesita son más incautaciones de droga y “combatir el crimen” en las calles. Su trabajo no es reinsertar gente a la sociedad. En cambio, ven a los internos como fuentes de información. Eso es lo que está haciendo. 

¿Qué pasaba con los informantes de la policía en las cárceles que eran descubiertos?

Yo trabajé en el ex penal García Moreno y si tú eras informante de la Policía, tu vida corría peligro. Había un código prisionero: tú no colaboras con la ley. Era la transgresión más grande que podía pasar. Lo que vi también en la Penitenciaría del Litoral es que los informantes de la policía que eran descubiertos en la cárcel eran ajusticiados por los propios internos. Pero ese código ya no existe. 

¿Y aquel ajusticiamiento significaba la muerte o qué ocurría?

En ese tiempo sí, mataban gente. Cuando yo hice mi investigación, hace ya casi dos décadas, hubo muchos asesinatos de prisioneros a otros prisioneros y muchos de ellos eran por conflictos cotidianos dentro de la cárcel. Pero algunos de ellos sí fueron porque descubrieron que son “sapos”, como las llaman. 

Ahora, se sabe que en las cárceles, los informantes de la policía son los grandes líderes de las bandas prisioneras. Entonces, la pregunta ya no es quién informa, sino quién tiene más poder con la policía. Cuando hay una incautación grande o pequeña en la comunidad penitenciaría es: ¿quién “sapeó” a quién? 

No solo han crecido los decomisos en las cárceles, sino también en las calles —el 2021 fue un año histórico, ¿están conectados? 

Las incautaciones han incrementado porque ahora la población penitenciaria da información para que esos decomisos se hagan. Y eso es lo que, de cierta manera, crea la violencia. Es un factor importante porque ahí es donde el Estado es el gran responsable de las masacres, porque lo que hace es un contrasentido. Por un lado, lo que hace es sacar información de grupos para decomisar más en el “territorio”, como llama la policía al microtráfico en el país. Pero al hacer eso, también le está dando poder a esas bandas. Lo que están haciendo es construir un mercado. Si te das cuenta, las incautaciones suben, el mercado se hace más inestable y se abre más. Es decir, al “combatir”  las drogas, están ampliando el mercado en lugar de reducirlo. 

Al haber más decomisos, simplemente tiene que venir más droga para que salga, porque los canales deben seguir fluyendo. El problema es que lo que se ha generado en el mercado de las drogas ilegales es una competencia desleal. Aquellos pactos de “esta es mi ruta”, “este es mi sector” se rompen —claro que también se rompían antes— pero en este caso, quien lo está haciendo activamente es la policía. 

¿Qué se necesita hacer, entonces? 

El gobierno tiene que sacar a la policía de las cárceles. Es un contrasentido. Además, porque esto ya ha ocasionado problemas de poder en la propia policía. El gobierno pone a un comandante general —que es un puesto político— y todos los generales aspiran a ese puesto. He hablado con tres comandantes generales y cada uno me ha dicho que al menos seis generales quieren su cargo. Cada servicio de la policía tiene cierta autonomía y al darle las cárceles, su poder político es mayor. 

El gobierno también le ha dado muchas responsabilidades a la policía que le ha desbordado. Durante los últimos cinco años he entrevistado policías y muchos son conscientes del terror que es hacerse cargo de las cárceles a nivel institucional. 

¿Y el fortalecimiento del poder político de la policía también le ha dado poder a las bandas carcelarias?

Las bandas prisioneras actuales han sido creadas por el Estado, principalmente a través del trabajo de inteligencia policial dentro de las cárceles a través de traslados, pero también al darles pabellones enteros. Esos grupos ganan poder porque controlan las dinámicas de los mercados: qué vuelta [droga] cae, cuál no, qué tipo. Les dio un poder extremo sobre la logística en las calles en Ecuador, que es un país fundamentalmente logístico para la distribución internacional y ahora tiene un mercado nacional mucho más consolidado. Los grupos prisioneros involucrados en las masacres tienen poder sobre la logística de esos dos mercados [internacional e interno]. Claro, gente de la población penitenciaría dice ahora que esas bandas han salido a operar a las calles porque, además, ya las venganzas empiezan a andar. 

Antes había una frontera distinta entre la prisión y la calle. Ahora, las masacres están en las cárceles, pero también en los barrios pobres y populares de distintas ciudades. 

Luego del hallazgo de dos cadáveres en el puente de Durán, a la policía le tomó dos horas decir que había una “línea conductiva” entre los asesinatos y el decomiso de siete toneladas de droga, ¿cómo entender esa pronta hipótesis de la policía? 

Tú mencionas: “línea conductiva”, ¿qué es lo que me quiere decir [policía]?

Es decir, cuando uno ya interpreta esa palabra “conductiva”, lo que usted sabe es que está relacionado con la incautación de drogas, pero, ¿por qué?, ¿por la conducta del asesinato, por el tipo del asesinato?, ¿qué es lo que está diciendo realmente?, ¿se asesinó a una de sus fuentes humanas? 

Autoridades han dicho que es un “mensaje del narco”. Bueno, ¿y si son mensajes a la policía?, ¿si los que están muriendo son los informantes de la policía? Es decir, si vamos a irnos por esa lógica, por esa hipótesis, ¿el mensaje para quién es? Siempre se asume que es de cártel a cártel, no de los asesinos a la policía. 

Lo que me preocupa es que esa lectura sobre los “mensajes” no nos llevan mucho más que a eso: quién comunica a quién, y a que los asesinatos van a ser más terroríficos. La antropóloga María Victoria Uribe, por ejemplo, hizo un análisis de cómo se hacían las masacres en los tiempos del narcotráfico en Colombia, durante los años 90, y vio cómo las formas de asesinatos por parte de los paramilitares eran iguales a las que se hacían en la época de La Violencia a inicios de siglo de los grupos conservadores liberales, constituidos por campesinos. Asesinaban gente como animales y destruían sus cuerpos. Pero ahí entendemos que hay una forma de desrealizar el cuerpo.

Hay algo aún más profundo. Porque, por ejemplo, aquello de cortar cabezas [como la que se encontró en el interior de una mochila en Machala] ya se ha visto en Ecuador. En las cárceles lo que se hizo fue degollar gente. Debemos saber que hay algo que está generando una violencia con el cuerpo que va más allá del asesinato. 

[La Violencia es un período histórico de Colombia, entre los años 46 y el 58 que aterrorizó al país. Fue una violencia oficial desatada en los pueblos por alcaldes conservadores para no perder su poder]

Para las familias, esas muertes no son mensajes narco. Conversé con la familia de Carlos Escobar, una de las personas cuyo cuerpo fue colgado en Durán, y me contó que era pobre, comerciante de comida, que no sabían si estaba “metido” en algo, pero que les dolía ver las imágenes, ¿hay una deshumanización de esas vidas con aquellas narrativas?

Hay dos problemas estructurales. La relación que tienen la clase política y los gobiernos con la academia y los medios de comunicación. Los gobiernos miran a las universidades como fuentes de consultoría. Entonces, tienes un montón de expertos diciéndole al gobierno qué hacer bajo las lógicas que existen, no observando ni criticando.

¿De dónde sacan la información esos académicos? De la policía. Aquella inteligencia policial los alimenta y ellos traducen eso a un lenguaje de jerga teórica. Tenemos a académicos que hablan de esos asesinatos-mensaje narco, palabras policiales. Y dicen que van a haber muchos más, como tratando de hacer una suerte de semiótica de la violencia. Lo único que se hace es tirar gasolina al fuego porque es lo que necesita el gobierno para justificar más seguridad y más policía. 

Y es, además, muy masculino. Allí empieza el pacto patriarcal entre la academia, el gobierno y la policía para que la sociedad se convierta en una suerte de Penitenciaría. Lo que necesitamos desde la academia es saber lo que tú mencionas, que Carlos es una persona que está en el mercado informal, que vive en la pobreza, y que el mercado de las drogas al final termina siendo una opción real de oportunidad laboral y de mejorar sus ingresos. 

Hay que saber que hay una fuerza de trabajo pasiva por la pobreza y la exclusión que a cualquier mercado laboral de la drogas va a beneficiar porque es mano de obra barata. 

Los medios de comunicación, en cambio, tienen una relación con el gobierno. Muchos avalan y halagan todas sus decisiones, pero otros las desprestigian y niegan. Lo que necesitamos es periodismo de investigación, el que no consulta a expertos, sino el que hace trabajo de campo. Lamentablemente, hay muy pocos recursos para eso. 

El gobierno le ha declarado la “guerra al narcotráfico”, y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, habla de cárteles internacionales en el país. Esas muertes parecen respaldar la idea de su presencia y se “mexicaniza” al país, ¿qué lectura hay en ese discurso? 

El problema de esas frases fáciles es que no explican nada. Lo que dice la policía es que esas prácticas [es decir, la violencia sanguinaria en las muertes] es “lo que aprendieron en Sinaloa”.

Pero es completamente circunstancial, y no permite entender qué es lo que está llevando al mercado de drogas en el Ecuador a niveles de violencia en donde el asesinato implica además una desrealización del cuerpo. Está muy bien si se quiere entrar en el análisis de la antropología forense, pero su deber es explicar y contextualizar esas muertes en Durán, en Guayaquil.

Tampoco es una prueba de que esos cárteles mexicanos estén aquí: ¿alguien de los que ha muerto es mexicano?, ¿alguno está detenido?, ¿de qué nacionalidades? ¿son o no son ecuatorianos? 

Y si es así, ¿cuál es la respuesta de la Embajada de México?, ¿hay convenios de Ecuador con México?, ¿la Interpol está tomando acciones?

El gobierno debe comenzar a transparentar su política de seguridad y criminal. Y nosotros, empezar a pedir más evidencias reales y menos conjeturas. La policía no puede asumir que le voy a creer lo que diga en una rueda de prensa de tres minutos. 

Hay siempre hermetismo, como ocurrió con las masacres carcelarias. Tampoco es posible saber si las personas asesinadas en Durán eran fuentes humanas porque la policía no lo dice on the record, ¿a ustedes, como investigadores, también se las niegan? 

Hemos pedido información sobre cuántas fuentes humanas [personas que proporcionan datos sobre un hecho concreto, en este caso, para unidades de investigación criminal o inteligencia] han sido asesinadas en operaciones de Estado, pero tampoco responden. No es que queremos saber sobre las operaciones clasificadas de inteligencia de la policía. El problema es que hay declaraciones de policías fuera de récord que admiten el vínculo entre la extrema violencia y el reclutamiento de fuentes humanas. Entonces, hay que hacer las preguntas claras: ¿cuáles son las garantías que recibe un informante? ¿o simplemente la gente debe saber que después va a ser ajusticiada? 

Hemos preguntado también cuáles son los protocolos para ellos o las compensaciones que reciben las familias de estos informantes, incluso cuáles son los protocolos para otorgar o no privilegios. Esa información debería ser pública y estar sujeta al escrutinio. Necesitamos ver los informes de detenciones y decomisos de droga y cuántos de ellos tienen que ver con trabajo de inteligencia policial realizado en cárceles.

Para mí, el gran problema del país, en términos de seguridad, es que la policía no está sujeta al control político. 

En el sur de Quito, por ejemplo, han aparecido varios murales pintados por la nación de los Vatos Locos, uno de ellos es de la Virgen de Guadalupe, y se los ha bautizado como “narco murales” —aunque se conoce que la cultura mexicana está ligada a esa pandilla desde hace décadas. ¿Es esa una evidencia de conexiones con México? 

En Ecuador se ha creado un pánico securitario parecido al que hubo en 2005, cuando la tasa de asesinatos creció. Si se pintan murales con la Virgen de Guadalupe, son pintados por narcos. Si se abren dos restaurantes mexicanos en la avenida González Suárez, no. Y tiene que ver con ese tipo de lecturas securitarias que, por lo general, están atravesadas con las clases sociales y el racismo. Entonces, todo narco es el que está en los barrios pobres. Hay algo que a mí siempre me sorprende y es: si es cierto que los cárteles mexicanos están en Ecuador, ¿no te parece raro que solo estén muriendo personas en barrios pobres?

¿Dónde está el dinero del narcotráfico? La policía no debería hablarnos solo de incautaciones, sino de dónde se está lavando dinero.

Sin embargo, la policía no tiene ninguna capacidad de hacer inteligencia policial para lavado de dinero, solo incautaciones. Esa es la “guerra contra las drogas”: incautaciones de qué sale o se vende, pero no operativos de lavado de dinero.

Y bueno, si  aceptamos la hipótesis del gobierno, lo primero que debemos comenzar a discutir es una política contra el lavado. 

Entonces, ¿cómo combatir las drogas si la policía y las bandas estarían en el mismo espacio? 

Abandonando la guerra contra las drogas, que es una estrategia que ha fracasado durante los últimos 50 años. Pienso que para poder bajar y reducir la violencia en las calles, reitero, la policía debe salir de la cárcel. Lo segundo, no permitir que la policía haga inteligencia sobre mercados externos. Aquello en el ámbito de seguridad. 

Pero fuera de eso, lo que hay que hacer es realmente debatir la regularización de los mercados. No solo del mercado de marihuana, sino del mercado de la hoja de coca. Y ojo, hay una diferencia entre la cocaína y la hoja de coca. 

Sin embargo, el relanzamiento del nuevo gobierno de la guerra contra las drogas lo único que va a hacer es incrementar la violencia porque, además —recordemos del diagnóstico que realizó Kaleidos— más del 40% de los presos son jóvenes sin educación, sin trabajo, pobres. Es también la falta de oportunidades, la violencia estructural que existe y el uso de la cárcel para gestionar problemas sociales el que nos tiene en esta situación. Pero por lo general, a los Estados les parece demasiado abstracto. 

Entonces, si no hay un cambio real en el manejo de esta crisis tanto en las calles como en las cárceles, y tampoco hay una institución realmente capaz que las maneje, el panorama es poco alentador… 

Hay que construir esas capacidades, pero pensando en que hay que cerrar, por ejemplo, el flujo de gente: una moratoria de prisión preventiva en los delitos no violentos, como los delitos de pobreza. 

Te doy un ejemplo. Nos reunimos con el actual director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores [el general Pablo Ramírez] porque querían trabajar con Kaleidos y le dijimos que no necesitaba hacer un censo, que era un gasto de dinero innecesario. Lo que necesitaba es un sistema de gestión penitenciaria con variables reales que sirvan para conocer la situación de la población penitenciaria. 

Tampoco necesitaba comprar más escáneres, ni potenciarlos. Es absurdo, porque en todas las reformas penitenciarias, desde los ochenta, se invierte en tecnología y, ¿qué están haciendo ahora? Lo mismo. Si van a volver a comprar grilletes, necesitan hacer un estudio de para qué más grilletes. Antes, se compraron cuatro mil y solo sirvieron cuarenta. No necesitan construir más cárceles, hay que despoblarlas y dividir las mega cárceles, ¿qué están haciendo? van a construir más cárceles. Una en Conocoto, por ejemplo. 

Todas las decisiones de las reformas, tanto en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, tienen que ver con inversiones de infraestructura y tecnología. Por ahí está la corrupción. 

Voy a entrar a la tercera década en la que sigo documentando la misma actitud de la burocracia penitenciaria. Hemos hecho documentales premiados, podcast, artículos, diagnósticos y siempre me pregunto: ¿por qué no pasa nada?