En su primer encuentro con medios de comunicación, el General Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), falló en todos los ámbitos en los que un funcionario público puede fallar. 

Ramírez, cabeza del organismo que administra las cárceles desde el 8 de diciembre pasado, no había tenido ningún encuentro con los periodistas hasta ayer. Sin embargo, el evento resultó inútil y lleno de sinsentidos para la decena de  periodistas que asistimos  por lo confuso de sus propósitos. 

Lo esperado era —como lo pudieron decir varios periodistas— que el encuentro sirviera para obtener información sobre lo que está haciendo una de las instituciones más herméticas del país y cuyo rol es clave para manejar la crisis carcelaria, agudizada desde el año pasado: hubo 329 muertes en las cárceles en 2021. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. 

El evento estaba convocado “en el marco de los tres años de creación del SNAI”, según decía la invitación y aclaraba también que no se permitiría acceso de cámaras de video, fotografía ni grabadoras. No es inusual que una conversación así sea convocada por las autoridades. A veces, esos encuentros son para entregar información delicada sobre asuntos de seguridad —previo a que se haga oficial— o para despejar dudas sobre las políticas específicas de un ministerio. Como periodistas, asistir es una forma de estrechar un vínculo con una fuente, plantear pedidos específicos —uno recurrente en otras reuniones de esta índole con otras autoridades ha sido que entreguen información oficial y oportuna o que se agilicen los pedidos de entrevistas a los ministros.

No dejaba de ser extraño que en un evento conmemorativo de una institución se solicitara dejar afuera cámaras y grabadoras. Pero el pedido parecía absurdo cuando el evento estuvo plagado de  intervenciones guionadas y llenas de lugares comunes. Hubo hasta un maestro de ceremonias —a la vieja usanza de las entidades públicas— que decía: “El grado de civilización en una sociedad puede ser juzgado entrando a sus prisiones. Dovstoievsky”, que contrastaba con el pedido a los periodistas de que no utilizaran el celular mientras durara la reunión en la sala de crisis del Ecu-9-1-1 —el sitio en el que suelen reunirse las autoridades para tomar decisiones de seguridad o hacer anuncios importantes.

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En el salón había una mesa en forma de U. En la cabecera estaban Ramírez y Claudia Garzón, a quien el director de la SNAI presentó como criminóloga y parte de la comisión de pacificación creada por el gobierno. Al costado derecho de Ramírez había unos seis o siete periodistas; al otro lado, unos cuatro o cinco. 

Ramírez fue el primero en hablar. Dijo que no “es coincidencia que el día del amor y la amistad sea el mismo día del SNAI”. En seguida, anunció que transmitiría un video que mostraba el lado “humanista” del trabajo de la institución. “Son dos personas aisladas en lugares diferentes pero unidas en un mismo corazón”, dijo y empezaron a rodar imágenes de una mujer y un hombre, ambos presos en distintas cárceles, que pudieron reencontrarse. 

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En cuanto terminó el breve video, Claudia Garzón tomó el micrófono y dijo que no se trataba de “romantizar a las cárceles” sino de mostrar la humanidad que también había en ellas. “¿Las cárceles deberían ser bodegas de carne humana?”, se preguntó ante la mirada confusa de los periodistas. “Reconocemos el arduo trabajo que ustedes hacen y queremos escucharlos”, dijo. Se hizo un breve silencio y luego, continuó: “Como comunicadores saben condensar la información así que cada uno tiene 30 a 35 segundos para decir qué han hecho ustedes, como comunicadores, desde sus medios, cuál ha sido su aporte al sistema penitenciario”, dijo Garzón, con una sonrisa.

En un país en el que ha habido más de 400 muertes violentas en las cárceles entre 2019 y finales de 2021 y en el Estado ha sido incapaz de actuar frente a la crisis, el comentario de Garzón parecía una mala broma. Pero no lo era. La entidad que acumula pedidos de información de medios y periodistas sin ninguna respuesta; la institución que cada vez que hay motines o muertes en una cárcel demora horas en contestar preguntas de los periodistas, pedía que los reporteros le respondiéramos qué hemos hecho nosotros por una crisis carcelaria.

Desconcertada, una periodista de televisión a la que Garzón le cedió la palabra, respondió brevemente lo que parece lógico: “hemos informado”, dijo. Luego, Susana Morán, periodista de Plan V, encontró las palabras que, a muchos, se nos estaban atorando en el pecho. “Estoy bastante sorprendida con esto. Creo que yo, y quizás hablo también por mis colegas, estamos aquí para tener información no para responder sobre lo que, como medios y periodistas hemos hecho. Lo que hemos hecho es de conocimiento público”, dijo. “Nosotros, y creo que no somos los únicos, hemos pedido información, pedido entrevistas desde que el General Ramírez se posesionó y no hemos tenido respuestas. Yo quisiera tener información, tengo muchísimas preguntas que hacer”, respondió Morán a la inexplicable pregunta de Garzón. 

El General Ramírez no dijo nada. Parecía ajeno al ejercicio que conducía Garzón, a las palabras de Morán y a los gestos del resto de periodistas que, moviendo las cabezas e intercambiando miradas y comentarios, apoyábamos el pedido de nuestra colega.

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 “Sí, están ávidos de información pero primero terminemos; el alto sentido humano no debe perderse”, insistió Garzón, ignorando por completo las palabras de la periodista. De una en una, Garzón fue dando la palabra al resto de periodistas: el pedido era unánime. Todos queríamos información. 

Mientras el general guardaba silencio —como si no fuese la autoridad a la que los periodistas le pedíamos aprovechar el encuentro para honrar las necesidades de los ciudadanos de saber qué pasa en las cárceles— Claudia Garzón insistía en una dinámica absurda. “El general no lleva ni cien días”, dijo cuando otra de las periodistas insistió en la necesidad de aprovechar el tiempo para obtener los datos que ninguno había podido obtener en los pedidos oficiales de información. Las palabras de Garzón sonaron como excusa: el malestar entre los periodistas era evidente ante un evento que parecía no tener un propósito.

“Todo el reconocimiento a su labor desde la SNAI, por eso han sido invitados”,  dijo finalmente el general Ramírez cuando la última periodista insistió en el pedido. “Y esuchándolos veo la necesidad que tienen de información”, añadió como si aquellos intentos fallidos de varios periodistas y medios por obtener información durante los dos meses que ha sido autoridad, no hubiesen sido suficientes para entenderlo. 

“Como policía en servicio activo siempre hemos tenido relación con los medios oficiales, los que ya conocemos porque ahora hay muchos virtuales que no contrastan la información”, dijo haciendo una generalización estigmatizante hacia la prensa. “Hay unos medios que ponen sensacionalismo en la mente de las personas”, insistió ante las miradas atónitas de los periodistas. “Aquí es un dar y recibir”, dijo, totalmente ajeno al peso de sus palabras. «También hay que dar las buenas noticias, aunque sabemos que la violencia vende», continuó después, antes de iniciar con una presentación en la que habló de forma muy superficial y general de lo que hará frente al SNAI. Evitó detalles, evitó cifras, evitó temas polémicos. Usó el lenguaje abstracto de la burocracia para hablar de todo lo que ya sabíamos: que habrá un censo penitenciario —dijo que no podía responder cuándo concluiría “porque si les digo un mes, al mes van a venir a decirme que por qué no hice”—; que se trabajará en la reducción del hacinamiento; que la corrupción se combatirá sistematizando los trámites — “sin que haya la intervención humana”, dijo. 

Habló además de la creación de la escuela penitenciaria; dijo que para abril de 2022 se empezarán a capacitar a 1400 agentes penitenciarios —para alcanzar, progresivamente, los estándares internacionales. Eso es: 1 agente por cada 10 presos en cárceles de mínima seguridad; 1 por cada 5 en mediana y 1 por cada tres en máxima, dijo. También explicó brevemente que se clasificará a la población de acuerdo al nivel de peligrosidad y que se usará un sistema biométrico para controlar el ingreso de familiares y encomiendas —habló de instalar escáneres, por ejemplo, pero no pudo responderle a Susana Morán cuando ella le dijo que estaba bastante documentado que las armas no entran por la puerta principal ni por los escáneres.

— “¿Documentado, dónde? Si usted tiene el dato sería bueno que me pase”, le respondió Ramírez a la periodista.

Morán  tuvo que pedir la palabra para repreguntarle, pues parte de la “metodología”, como insistía en llamar al absurdo cúmulo de preguntas sin respuestas claras, la funcionaria de comunicación a cargo, era que  escribiéramos en unos papeles las preguntas para que pudieran ser leídas por el maestro de ceremonias. 

“Aprovechando que estamos aquí, ¿no podríamos hacer las preguntas directamente, incluso para poder repreguntar?, le pedí a la funcionaria de comunicación. “No, la metodología es así, si hace falta aclarar algo, ahí pueden hablar”, dijo, casi sin regresar a ver, concentrada en un montón de papelitos que tenía en sus manos, con las preguntas de la prensa. 

Belén Merizalde, periodista de televisión pidió, molesta, que se permita ya el ingreso de las cámaras para los noticieros que requerían imágenes. Tomó la palabra la solícita funcionaria de comunicación para decir que entonces tendrán que suspender las preguntas para que el funcionario haga una declaración. Eso, era evidente, era parte del milimétrico guión. Con cámaras no habría posibilidad de preguntas. “Entran las cámaras, graban y luego se va el que se tenga que ir y los otros pueden preguntar”, dijo, acentuando las palabras. Parecía querer mostrar que ella tenía el control sobre el evento. 

“¿Hay alguna explicación para entender por qué esto no se puede grabar?”, pregunté. Molesta, la funcionaria a cargo respondió , “esa es la metodología, así como nosotros respetamos su trabajo, respeten ustedes el nuestro”. Con varias cámaras de televisión ya adentro, el director del SNAI se ubicó detrás de un atril de madera —que había sido usado por el maestro de ceremonias—, y leyó el guión con un breve resumen de lo que ya había explicado. Doce minutos después, la funcionaria y luego el general Ramírez pidieron que los camarógrafos se fueran y continuaron leyendo las preguntas —escritas en los papelitos— que tampoco tuvieron respuesta.

El guión aprendido del funcionario se enredaba sin concretar. No pudo responder sobre cuáles son los plazos del  traslado de cabecillas de bandas de crimen organizado; no pudo confirmar si el Estado tenía el control sobre las cárceles; no pudo confirmar si es que había funcionarios del SNAI o de las cárceles que estén siendo investigados por presuntos vínculos con las bandas delictivas; no supo responder qué propuesta tenía para terminar con la extorsión que se maneja desde el interior de los centros carcelarios.

Cuando se acabaron los papelitos y sus respuestas escuetas, agradeció, se levantó y se fue. “Ahí tienen unos snacks que se pueden servir, compañeros”, dijo una de las funcionarias. La mayoría de periodistas pasaron de largo y dejaron detrás una sala vacía y muchas preguntas sin responder.

Maria Sol Borja 100x100
María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.