El coronel de Policía en servicio pasivo, Santiago Loza, no logró cumplir un mes en la dirección del Centro de Detención Provisional Masculino Pichincha N.1, conocido como la cárcel de El Inca. A 22 días de haber sido posesionado en el cargo, Loza fue asesinado por sicarios en el sector de Gualo, en el norte de Quito, en una de las principales avenidas de la ciudad: la Simón Bolívar.
Su corta gestión no fue simple. Asumió el liderazgo de una prisión donde la violencia despuntó en los últimos dos años, siendo el epicentro de dos masacres carcelarias. Una de ellas, durante su administración, el pasado 18 de noviembre de 2022.
El coronel Santiago Loza no tuvo muchas apariciones públicas. Una de ellas fue el 9 de noviembre, cuando asumió el cargo en la prisión de El Inca. La segunda, cuando tuvo que salir a afrontar los reclamos de las familias de las personas presas de la cárcel de El Inca, el 18 de noviembre durante la undécima masacre tras el traslado de Jhonatan José Bermúdez Fuentes, alias El Primo o alias El Piloto, cabecilla de Los Lobos.
Ese día, al menos diez internos fueron asesinados. En su gran mayoría, dijo la Policía a GK, fueron estrangulados. Tras los homicidios, otros tres internos fueron trasladados a la misma prisión a la que llegó El Primo: la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Su llegada también fue convulsa: fue designado como director de El Inca, donde están confinadas 1.385 personas, apenas dos días después de que la décima masacre carcelaria dejara, al menos, cinco personas fallecidas en esa misma cárcel. La violencia, según la Policía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), habría sido ordenada por los líderes de la organización delictiva Los Lobos que están fuera de prisión, pero ejecutada por una de sus cabecillas en esa cárcel: El Primo, detenido en este año durante un operativo ejecutado en el norte de Quito.
El presidente Guillermo Lasso aseguró que existen pistas sobre quién sería el presunto responsable, pero aún no se conoce con exactitud el trasfondo de esta muerte violenta.
¿Quién era Santiago Loza y cómo fue su corta gestión?
Santiago Power Loza Moscoso era un coronel de Policía en servicio pasivo ecuatoriano, de 53 años. Hizo su trayectoria profesional en la institución, pero también en la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.
En noviembre de 2022 asumió la dirección de la prisión de El Inca. Era el padre de dos mujeres y un joven.
Su vida estuvo siempre cerca de la fuerza pública. Cursó su bachillerato en la Fuerza Aérea Ecuatoriana N.1 y se graduó el 24 de julio de 1987, de acuerdo con los registros estudiantiles del Ministerio de Educación. Para ese año, su especialidad fue de físico matemática.
Años después, ingresaría a la Policía Nacional para comenzar su carrera. Y para 2013, cuando era teniente coronel, alcanzó el grado de jefe policial del distrito Esteros, asentado en el sur de Guayaquil. Estuvo en ese cargo casi tres años, antes de pedir voluntariamente su baja al gobierno de Rafael Correa en 2016. Se oficializó vía decreto 1901, suscrito el 10 de junio de ese año.
Santiago Loza se retiró como coronel de Policía que —dentro de la jerarquía de la institución— corresponde al máximo cargo dentro del rol de coordinación operativa.
De acuerdo con el decreto 1901, el Consejo de Generales de la Policía Nacional resolvió el pedido de baja del coronel Loza el 6 de abril de 2016, pero se hizo efectiva casi dos meses después.
Como policía, el coronel Loza sí tuvo un revés judicial. En 1999 fue denunciado por una presunta detención ilegal —aunque no hay mayor detalle de lo ocurrido en los registros de la función judicial. Pero en septiembre de ese año, el juzgado tercero del IV Distrito de la Policía Nacional lo sobreseyó de forma provisional. Para 2014, la jueza Cecilia Araujo, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Santa Rosa, en El Oro, lo sobreseyó definitivamente y el caso se cerró.
Luego de su baja, el coronel Loza, ya en servicio pasivo, decidió trabajar en la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial donde fungió como director de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial. Allí estuvo hasta 2021.
Un año después, en noviembre de 2022, aceptó lo que para él significó un desafío: la dirección de la cárcel de El Inca, dos días después de la décima masacre carcelaria que dejó cinco presos asesinados.
Una muerte en un contexto violento
Desde el 1 de noviembre, pocos días antes de que Loza asumiera la dirección de El Inca, el SNAI había concretado casi 2.700 traslados, entre reubicaciones a otras cárceles y a nivel interno en prisiones como la Penitenciaría del Litoral. Ese mismo día, una serie de atentados sin precedentes en Guayaquil, Esmeraldas, Durán y Santo Domingo dejó cinco policías asesinados y daños de infraestructura en diversas Unidades de Policía Comunitaria.
El SNAI dijo que los traslados continuarían y los próximos trasladados llegarían a la prisión de El Inca.
Además de los traslados, esos días sucedieron varios incidentes en las prisiones. El 14 de noviembre, GK reportó la difusión de una serie de videos en los que seis bandas criminales, incluidos Los Lobos y Los Tiguerones, anunciaban un “acuerdo de paz”. Pero las autoridades dijeron “no saber” de la grabación de las imágenes en tres prisiones ecuatorianas.
El 17 de noviembre, GK informó sobre la fuga masiva de 26 presos en la Penitenciaría del Litoral después de corroborar un reporte policial con una fuente reservada del SNAI. Aunque la Policía confirmó la recaptura de dos internos, el SNAI mantiene su silencio: una funcionaria del departamento de comunicación dijo a GK, el 1 de diciembre, que no hay aún información oficial.
Dos días después de la fuga, antes de las 8 de la mañana del 18 de noviembre, el gobierno y el SNAI anunciaron —sin responder sobre la fuga de presos— el traslado de Jonathan Bermúdez, alias El Primo, como principal impulsor de la décima masacre carcelaria del 7 de noviembre en El Inca.
El entonces director Santiago Loza estuvo allí, aunque quien grabó los videos oficiales fue el actual director del SNAI, el teniente coronel Guillermo Rodríguez. Cuatro horas después, a las doce del día aproximadamente, diez presos fueron asesinados en esa misma cárcel, después de los traslados..
Ese mismo día, hubo otros tres traslados hacia La Roca desde la prisión de El Inca. Juan Saltos, alias Sargento, Milton Quintana, alias Junior, y David Gualotuña, alias Hormiga, todos presuntos miembros de Los Lobos, fueron también llevados a La Roca luego de confirmarse el asesinato de los diez presos en la prisión de El Inca.
De acuerdo con fuentes carcelarias consultadas por GK, alias Sargento iba a asumir el liderazgo y control de la cárcel de El Inca, que antes fue gobernada por la nación Latin Kings y el conocido Fabricio Colón Pico, que fue uno de los más buscados en Pichincha hasta 2012. Sargento, dicen, era un preso que supuestamente “mantenía” la calma. Ahora, es uno de los tres hombres responsabilizados por la undécima matanza carcelaria, aunque la misma fuente dice que fue El Primo quien ordenó los asesinatos.
El coronel Loza fue asesinado 13 días después de la undécima masacre y los traslados desde El Inca hasta La Roca.
Santiago Loza fue alcanzado por las balas de sicarios, mientras iba a su trabajo, a las 8 y 30 de la mañana. Su asesinato enluta hoy a su familia y también deja un sentimiento de incertidumbre en Quito, una ciudad que, a diferencia de zonas de mayor conflicto, no ha presenciado muertes violentas selectivas a diario.
Pese a que la cárcel que lideró Loza estuvo en conflicto, viajaba sin protección o custodia, cuando los hombres que viajaban en motocicleta le dispararon.
La muerte violenta del coronel Loza no ha sido la única de directores de cárceles. Uno de los últimos fue el de Gavis Moreno, quien fue directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Ella fue asesinada por sicarios el 27 de marzo de 2018. Años antes, en abril de 2007, Soledad Rodríguez, directora de la Penitenciaría del Litoral, fue asesinada por orden del fallecido William Poveda, alias Cubano, quien fue condenado a 28 años de prisión por su muerte.
A la muerte de Loza se suman los asesinatos de otros funcionarios cuyo trabajo está vinculado, de una u otra manera, a la justicia en el país: solo en 2022, seis jueces y fiscales han sido asesinados. Dice Alexandra Zumárraga, ex directora nacional de Rehabilitación Social, que esa discusión debe impulsarse. Ella fue directora en 2010 y atentaron contra su vida, al menos, dos veces.
“Muertes como la del coronel Loza no solo demuestran el nivel de la gobernanza criminal en el país, sino el nivel de impunidad de las muertes de guías penitenciarios, por ejemplo. El Estado es también responsable de esas muertes por la falta de garantías para su trabajo”, asegura.
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