En medio del estado de excepción que vive Ecuador por los altos índices de inseguridad y violencia, dos líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El 20 de febrero de 2024, Alberto Quiñónez, de 46 años, y Didson De la Cruz Quiñónez, de tan sólo 12 años, ambos de la comunidad Tsejpi, murieron en extrañas circunstancias en un accidente que no ha sido investigado. Los comuneros Chachi, una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, viajaban, junto a un conductor, en una camioneta cuando unas personas no identificadas, dispararon hacia el carro.
Este reportaje es parte de una alianza entre Mongabay Latam y GK.
Las balas hirieron al conductor quien se bajó del auto y se lanzó al suelo. El vehículo, ocupado por Quiñónez y De la Cruz —quienes eran tío y sobrino— se resbaló y cayó en la quebrada del estero, ubicado en el sector de Camarones de la comunidad Juan Montalvo, parroquia Borbón, del cantón Eloy Alfaro. Poco antes de que esto ocurriera, habían cruzado un puente sobre ese estero.
Los detalles del misterioso accidente
En las fotografías y videos a los que Mongabay Latam y GK tuvieron acceso, se puede ver fundas plásticas y alimentos entre los restos de la carrocería de la camioneta, que terminaron en el agua. En uno de los videos se escucha que un hombre dice “allá están los dos” y señala con un tubo de metal hacia la camioneta volcada. Abajo del vehículo se ve un torso que correspondería a Alberto Quiñónez. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la noche y las fotografías y videos no son claros ya que el agua del estero es turbia e impide ver las condiciones en las que quedó el vehículo.
El hecho casi no ha sido difundido por medios locales ni nacionales, y un líder indígena de la Costa, quien prefirió no ser identificado por temor a amenazas, dijo que no conocía del accidente. Según Raquel Quiñónez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, “se han omitido ciertas formalidades”. “De lo que tenemos conocimiento no se ha determinado qué fue lo que provocó la muerte de estos dos líderes, por cuanto no se hizo levantamiento de cadáveres, no se hizo una autopsia y no hay una investigación en Fiscalía”, explica Quiñónez.
Hasta el 11 de marzo no existía una investigación del caso y según la funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, los cuerpos de los líderes fueron enterrados la misma semana del accidente.
Un habitante de la zona, que por motivos de seguridad tampoco quiso ser mencionado, le dijo a Mongabay Latam y GK que no entiende “por qué los compañeros [Quiñónez y De la Cruz] no lograron botarse al momento que disparan, y el chofer sí se bota”. Una de sus hipótesis es que “fueron heridos [por las balas] y, por el estado en el que se encontraban, no pudieron hacerlo”. “Como no había testigos, nadie puede confirmar, y el conductor estuvo grave e inconsciente en el hospital, y no se sabe realmente qué sucedió”.
Quiñónez asegura que el conductor sobrevivió y se recuperó pero desconoce si “los familiares o él vayan a iniciar algún proceso, denuncia o investigación”. Una vez que salió del hospital, ha sido imposible localizarlo.
Los líderes de la comunidad Tsejpi que fallecieron pertenecían a la Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE). Alfredo Quiñónez era, según la persona de la comunidad que no quiso ser identificada, “un líder muy serio, conocido en la zona, tranquilo y firme en sus posiciones. Él siempre estuvo con nosotros en la lucha por la tierra”. Didson De la Cruz, por otro lado, era un joven muy activo. “Lo importante para nosotros es que los jóvenes son los que animan y se ponen al frente de cualquier acción comunitaria, sea en temas de concienciación y socialización o de ir a defender el territorio”, dice el hombre de la comunidad.
El día del accidente, tío y sobrino salieron de la comunidad hacia la cabecera parroquial, Borbón, porque unos familiares estaban enfermos y necesitaban conseguir alimentos y medicinas. El acceso a las comunidades rurales en esta zona de Esmeraldas es limitado: no hay transporte público y el acceso a vehículos privados tampoco es permanente. Por ello, se cree que aprovecharon el ingreso de la camioneta, que llevaba alimentos, para ir a la comunidad.
Reunión de la Defensoría del Pueblo con comunidades Chachi en las que hablan sobre la defensa del territorio. Fotografía cortesía de Raquel Quiñónez.
El 28 de febrero, ocho días después de las muertes, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador hizo una denuncia pública. La titularon Dos líderes indígenas Chachi fallecen luego de un ataque armado en área afectada por minería ilegal en el norte de Esmeraldas. En el documento de cuatro páginas no sólo describen lo que sucedió, sino que hablan de las amenazas en la zona: la presencia de minería ilegal, la contaminación derivada de plantaciones de palma africana y balsa, la tala ilegal, las invasiones al territorio, entre otros problemas. Mismos problemas que, según la denuncia, se exacerbaron desde el momento en que empezó la cuarentena por el covid-19 en el 2020.
Las razones por las que acabaron con la vida de los dos líderes indígenas son inciertas y el caso destaca por la ausencia de información. Sin embargo, en esa zona del noroccidente del Ecuador, los conflictos por la tenencia de tierras y la minería ilegal se han vuelto parte de la cotidianidad.
La minería ilegal y la tala en la zona
En los últimos años, organizaciones criminales y grupos de delincuencia organizada —el gobierno actual ha identificado a 22, entre ellos Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones— se han instalado en diferentes zonas del Ecuador. Esmeraldas es una de las provincias más afectadas. Al estar asentados cerca de las poblaciones indígenas, ejercen presiones provocando miedo y tensión en las comunidades.
La muerte de ambos comuneros Chachi se da en un contexto de violencia sin precedentes en el país. El 2023 cerró con la tasa de muertes violentas más alta de la historia: más de 40 por cada 100 000 habitantes. Desde el 8 de enero de 2024 rige un estado de excepción, que limita algunos derechos, implica un toque de queda y busca controlar la violencia. Hasta el 10 de marzo de 2024, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se habían hecho más de 164 000 operativos y hay 12 874 detenidos, 280 de ellos por terrorismo. El caso de Esmeraldas es aún más crítico ya que InSight Crime, en su informe de junio de 2023, catalogó a la provincia como el foco de los homicidios en Ecuador: en 2022, su tasa de homicidios alcanzó 81 por cada 100 000 habitantes.
La violencia, sin embargo, no es la única amenaza en la zona. La minería ilegal, las plantaciones de palma y balsa, y las invasiones del territorio para el uso de recursos por parte de personas externas a las nacionalidades empezaron a convertirse en problemas cada vez más serios en las comunidades.
La tala de bosques nativos para sembrar palma africana y árboles de balsa afecta a los territorios. Fotografía cortesía de comunidad Chachi.
Todas estas circunstancias ahondaron en el abandono estatal que siempre ha vivido la provincia de Esmeraldas. La falta de acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo afecta directamente a las comunidades. La presión en algunos casos, dice Manuel Morales, abogado especializado en derecho ambiental que ha trabajado con las comunidades Chachi y afrodescendientes, obligó a la gente local a buscar “alternativas y forzosamente se vincularon al tema de la minería”.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña por la defensa de bosques de la organización Acción Ecológica, dice que históricamente Esmeraldas ha sido una provincia abandonada. Agrega que la provincia tiene el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y esto es consecuencia de “haberla convertido en un territorio de sacrificio, del cual solamente se extrae materia prima”.
Bonilla, quien también es ingeniera en gestión ambiental dice que “la industria forestal ha arrasado con Esmeraldas y la ha convertido casi en una especie de desierto verde”.
Un estudio publicado en el 2020 sobre Deforestación en Paisajes Forestales de Ecuador, hecho por un grupo de científicos ecuatorianos y alemanes, reveló que en 26 años se perdió, en promedio, el 39,4 % del bosque tropical en Ecuador, siendo Esmeraldas la provincia más afectada. Hasta ese año, la zona había perdido, en promedio, el 24,27 % de su bosque. El mismo estudio menciona que, “en el pasado esta provincia poseía unos 80 000 kilómetros cuadrados de bosques” pero que en 2020 queda “poco menos del 6 % de esta cobertura”. Esmeraldas, según el documento, es “la región más devastada del Ecuador”.
La minería ilegal es otro de los principales problemas socioambientales, asociado también a la violencia que vive esta zona. Más de una vez grupos irregulares han bloqueado operativos antimineros promovidos por el Estado.
La minería ilegal en Esmeraldas afecta de distintas formas el suelo y contamina las fuentes de agua. Fotografía de la Junta Parroquial Alto Tambo.
Morales comenta que entre el 2005 y el 2006 empezaron los primeros casos de minería ilegal en la zona de los ríos Santiago y Cayapas. Comenzó de forma esporádica, pero poco a poco fue tomando fuerza. Luego, antes del 2010, hubo un boom de la minería en el norte de Esmeraldas y esto hizo que las Fuerzas Armadas realizaran más control en la zona y dinamitaran las maquinarias usadas en la minería ilegal.
Estas medidas de las Fuerzas Armadas, según Morales, “sacudieron un poco la zona y la minería ilegal se paralizó por un tiempo”. Sin embargo, volvió y, en el 2011, la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, con apoyo de varias organizaciones de la zona, presentó una solicitud de medidas cautelares para prohibir la minería irregular en el cantón San Lorenzo, ya que no contaba con regulación social ni ambiental por parte del Estado.
La medida se presentó, según la Defensoría del Pueblo, por la afectación a la salud debido a “la contaminación de los ríos de la localidad, por la explotación minera de oro y que, conforme a los resultados de laboratorio, sus aguas no eran aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados”. Esta medida fue aceptada.
Luego, en el 2018, las medidas otorgadas en 2011 fueron ampliadas al cantón Eloy Alfaro, donde están las comunidades Chachi y afrodescendientes —y donde fallecieron los dos indígenas—. La resolución suspendió toda actividad minera y exigió “la absoluta paralización de la actividad minera ilegal en la zona”.
Sin embargo, Morales y Bonilla coinciden en que no ha habido la capacidad institucional ni de control del Estado para que eso se cumpla. Por lo tanto, la minería ilegal a pequeña escala sigue, e incluso, va en aumento porque en la zona no hay oportunidades de empleo y muchas personas terminan optando por actividades ilícitas.
Morales cree que en la actualidad es difícil erradicar la minería de la zona, pero, aún así, buscan llegar a acuerdos amigables con los mineros. “Poner las cosas sobre la mesa, hablar de la legislación, entender a ambas partes [las personas de la comunidad que están siendo afectadas y los mineros] y acordar un tiempo para que salgan”, explica. Todo esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las comunidades y de los dirigentes comunitarios.
Reunión de una de las comunidades Chachi para hablar sobre defensa del territorio. Fotografía cortesía de Raquel Quiñonez.
“Los frentes mineros, sobre todo en la última temporada [desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020 hasta 2024], están muy vinculados con los grupos armados delincuenciales, porque se utiliza el oro para lavar el dinero del narcotráfico”, explica Bonilla. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha identificado a 22 grupos de delincuencia organizada, la mayoría de ellos vinculados al narcotráfico.
Bonilla asegura que entre los mineros ilegales hay “actores armados que intimidan a las comunidades, ingresan por la fuerza a los territorios y empiezan a hacer sus operaciones”. Otros, en cambio, llegan a negociaciones con las comunidades, las cuales tampoco tienen muchas posibilidades de decisión “porque entran y dan alguna cantidad económica para hacer sus operaciones”, dice Bonilla.
La investigadora de Acción Ecológica comenta que la situación se intensificó en la pandemia por Covid-19. “Mientras todos estábamos encerrados en las casas, con la cuarentena, los únicos libres por Esmeraldas eran estos frentes mineros, que fueron avanzando e hicieron lo que quisieron durante mucho tiempo”. Por ello, intentar sacarlos ahora requiere “mucha voluntad política”.
En enero de 2024, Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas de Ecuador fue a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para informar sobre las acciones de control para frenar la minería ilegal en el Ecuador, en el contexto del combate contra el crimen organizado transnacional. La ministra dijo que en 2023 hicieron 413 operativos a nivel nacional para frenar la minería ilegal y que en estos operativos decomisaron o inhabilitaron “excavadoras, motores de succión, cucharas metálicas, generadores eléctricos, dragas, soldadoras, entre otros”.
Sin embargo, la denuncia pública del 28 de febrero de la Alianza de Derechos Humanos indica que los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Gobierno y Defensa “no han cumplido, ni cumplen las órdenes judiciales y los jueces no hacen nada efectivo para imponer el cumplimiento de sus órdenes”. Esto, en referencia directa a las medidas cautelares que existen en la zona.
La enredada titulación de las tierras
La provincia de Esmeraldas es una de las más violentas del país. Tiene siete cantones y 553 900 habitantes según el censo Ecuador 2022. La mayoría de la población (55,1 %) vive en la ruralidad. El 53,8 % de las personas son afroecuatorianos, seguidos por mestizos con 39,5 %, e indígenas con 3,4 %, así como menores porcentajes para la población blanca y montubia.
La tasa de pobreza por ingresos de la provincia, hasta el 2021, era del 52,9 % y según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 25,3 % de las personas viven en pobreza extrema y tienen déficit de recursos y servicios básicos.
Los Chachi, que son minoría en esta provincia, están asentados en 28 Centros Chachi distribuidos en los cantones Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne, Río Verde, Esmeraldas y Quinindé. Son 16 500 habitantes de la nacionalidad quienes, en su mayoría, se dedican al cultivo de cacao, plátano, frutales y a la industria de madera y balsa. Su principal fuente de alimentación son los peces del río y las aves silvestres de la zona.
Mapa del territorio Chachi en la provincia de Esmeraldas. Fotografía cortesía de comunidad Chachi.
El territorio Chachi colinda con el de los afrodescendientes y por décadas, ambos grupos vivieron en armonía y se ayudaban mutuamente. Sin embargo, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, el entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda), ahora Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, inició la titulación de tierras en favor de las comunidades Chachi y afro para regularizarlas, según la abogada Quiñónez. “Esto alteró parte de la convivencia pacífica que tenían ambas comunidades”, dice.
Manuel Morales explica que como el Estado no tiene un catastro de las tierras tituladas para que no se sobrepongan las nuevas adjudicaciones, hay casos en que un terreno tiene doble titulación. Este problema agudizó los conflictos y la violencia en la región.
Hace 30 años, dice Quiñónez, “los centros Chachi se organizaron y comenzaron a regularizar las propiedades, a diferencia de los centros de las comunidades afrodescendientes que no lo hicieron”. No obstante, Morales explica que los Chachi tuvieron más facilidades para registrar sus tierras porque en ese tiempo la lucha indígena por la reivindicación de la tierra “estaba en la retina de la gente”. “La injusticia en la que vivían los pueblos indígenas que trabajaban en haciendas, sin el derecho a la tierra, era un tema que tenía mucha atención”, dice Morales.
Fue precisamente en 1990 cuando se dio el primer gran levantamiento indígena del país en el que hombres y mujeres de diferentes nacionalidades de la Sierra, Costa y Amazonía, se tomaron la iglesia de Santo Domingo de Quito para exigir la solución de varios conflictos de tierras entre comunidades indígenas y haciendas vecinas.
Esta visibilidad, en cambio, no sucedía con la comunidad afrodescendiente. “Esto generó leyes en favor de los indígenas, que no incorporaron a los afros”, recuerda Morales. Fue en 1994, en la Ley de Desarrollo Agrario, cuando se incorporó a los afros como “otro grupo ancestral para poder recibir tierras de manera gratuita desde el Estado”. Antes, únicamente los indígenas podían “legalizar la tierra porque ya tenían el derecho a la gratuidad”, mientras que los afro “cuando intentaban legalizar, tenían que pagar por la tierra”.
El territorio Chachi colinda con el de los afrodescendientes. Por muchos años, ambos grupos vivieron en armonía y se ayudaban mutuamente. Fotografía cortesía de comunidad Chachi.
Por ello, entre 1995 y el 2001, Manuel Morales, que también es director ejecutivo de la Corporación Ecolex, junto a otros abogados y paralegales —personas de la comunidad que se capacitaron en el manejo y aplicación de la ley para resolver los conflictos— lograron legalizar la tierra de aproximadamente 15 comunidades, entre Chachi y afro. “Las tierras estaban mezcladas una con otra y había cultivos Chachi en la parte afro o cultivos afro en la parte Chachi”. Así que llegaron a consensos para la ocupación y legalización de las tierras.
No obstante, en los años 2000 empezó el Plan Colombia, la principal estrategia del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y, con él, se hicieron fumigaciones en los cultivos de coca, marihuana, amapola y otros en la frontera con ese país. Esto, dice Morales, “arrinconó a toda la gente, tanto comunidades y organizaciones del crimen organizado se asentaron en Ecuador”. Según dice, esto incrementó una serie de problemas sociales y de violencia en la zona.
En la actualidad, para solucionar los conflictos de las tierras que persisten entre algunas familias afrodescendientes y Chachi, explica Morales, Ecolex de nuevo está tratando de generar conversaciones y asambleas entre ambos grupos para llegar a acuerdos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven opacados por las presiones de grupos mineros ilegales y personas interesadas en obtener los recursos de las comunidades. La gente de la zona sabe quiénes son, pero prefieren no mencionarlos con nombre propio por temor a represalias.
Para comprender los procesos de tenencia del territorio en esta zona y quiénes tienen las escrituras, Mongabay Latam y GK se contactaron con la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Según la Secretaría, entre 2022 y 2023 hicieron una “búsqueda en todos los archivos físicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la finalidad de consolidar un matriz con la totalidad de registros de reconocimientos de territorios ancestrales a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades otorgados por el MAG”. Pero en la lista enviada no consta la adjudicación a la comunidad Chachi Tseipi. Sin embargo, Mongabay Latam y GK tuvieron acceso a una copia de las escrituras originales de esta comunidad, confirmando que los procesos de tenencia, como coinciden los expertos, sigue siendo un tema que no se termina de resolver ni formalizar.
Mientras el gobierno nacional sigue haciendo operativos para desarticular grupos armados en diferentes puntos del país, la situación en zonas alejadas como Borbón, donde fallecieron los dos líderes indígenas, parece no mejorar. Al contrario, la población sigue acorralada mientras que los asesinatos y las represiones continúan en aumento.
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