Todas las fisuras de Coca Codo Sinclair

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el proyecto más ambicioso y costoso que se haya hecho en el país, ha terminado convertida en la evidencia más grande de que todo lo que se hace mal, va a salir mal. 

Todo ha salido tan mal que hoy, 20 abril de 2023, hay una instrucción fiscal abierta por presuntos sobornos para que se construyera esta mega hidroeléctrica en la Amazonía norte del Ecuador. Entre sus principales procesados, un ex vicepresidente que años más tarde llegó a ser presidente: Lenín Moreno.

Y el 19 de abril de 2023 la Fiscalía pidió prisión preventiva para Moreno como parte de este proceso. 

Si se hace una sumatoria de todas las fisuras de Coca Codo Sinclair, es posible que no haya una sola arista que se le escape: ¿Posibles sobornos para que la hidroeléctrica se haga? Check. ¿Poca transparencia en procesos contractuales? Check. ¿Serias fallas en los materiales usados para la construcción así como en la misma construcción? Check. ¿Se ignoraron todas las implicaciones ambientales y geológicas para hacerlo? Check.

En teoría, Coca Codo Sinclair era una buena idea. Suponía construir una central hidroeléctrica para que Ecuador dejara de comprar energía a otros países en época de estiaje, cuando los ríos presentan un caudal mínimo por culpa de las sequías. Por ejemplo, sólo en 2005 el país le pagó a Colombia 1.716 millones de dólares. En 2011, 1.300 millones.

Además, antes de Coca Codo Sinclair, Ecuador consumía energía altamente contaminante. Para diciembre de 2018, Ecuador tenía 204 centrales termoeléctricas, de acuerdo a la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). De ellas, 186 eran de motores de combustión interna, que producían buena parte de la energía del país quemando combustibles fósiles. Especialmente durante el estiaje. 

Cuando empezó a funcionar Coca Codo Sinclair, el gasto en ese combustible disminuyó de manera considerable entre 2016 y 2020. De 247 millones de dólares a 81 millones de dólares en esos años. Otro punto importante a considerar era que la energía producida en una hidroeléctrica es más limpia y renovable. Coca Codo Sinclair genera hoy el 28% de la energía que consume el Ecuador. Desde que empezó a funcionar, en abril de 2016, y hasta julio de 2022, había generado aproximadamente 39 mil gigawatts para el país.

Coca Codo Sinclair —construida por la empresa china Sinohydro y financiada por el EximBank, también chino— fue, asimismo, un emblema geopolítico. Era la señal de la unión entre Ecuador y China. A su inauguración llegó Xi Jinping, presidente chino. Al gobierno le importaba tanto, que Rafael Correa se quejaba de que la prensa no mencionara el megaproyecto.

La hidroeléctrica era importante para Ecuador, además, porque demostraba que el país podía tener una obra de ese tamaño y propósito, y que tenía las herramientas diplomáticas y de negociación para conseguirla. Para China, era una forma de marcar su presencia en América Latina y de consolidar su rol de imperio global en crecimiento.

Lo cierto es que Coca Codo Sinclair partió de una buena intención, pero fracasó en su puesta en escena. Pero no es la única: “Hay más proyectos hidroeléctricos entre China y Ecuador que han tenido problemas”, dice Diana Castro, investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Menciona a la Central Hidroeléctrica de Manduriacu, en Pichincha e Imbabura, y a la Central Toachi-Pilatón, entre Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. También hay dos mejor gestionadas, dice Castro: Sopladora —entre Azuay y Morona Santiago— y Minas San Francisco —entre Azuay y El Oro— “porque el rol de las empresas ecuatorianas ha sido mucho más fuerte, más de control”, agrega.

Los problemas de Coca Codo Sinclair han desembocado en una disputa. Celec EP presentó el 17 de mayo de 2021 una solicitud de arbitraje contra la empresa china Sinohydro ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Santiago de Chile. El proceso está en curso.

Sinohydro le ha hecho una propuesta al Ecuador: arreglar todos los problemas estructurales de la hidroeléctrica, encargándose de ella a través de la figura de la concesión por 50 años. En este esquema, el país tendría que comprarle la energía a la empresa china.

Las fisuras más críticas de Coca Codo Sinclair son la dudosa transparencia de su proceso de contratación, su construcción (que incluye miles de grietas reales y peligrosas), y los problemas socioambientales que arrastra.

Fisura uno: Un proyecto en sombras

Al tener, desde el principio, una categoría de estratégico y de prioridad nacional, Coca Codo Sinclair cayó en un agujero de claroscuros. Es decir, la necesidad de que se lo haga a toda costa desencadenó en una serie de omisiones a lo largo de la negociación, contratación, construcción, implementación y hasta de la evaluación del proyecto sobre los impactos y la posible correlación entre la hidroeléctrica y el proceso de erosión regresiva en el río Coca —afluente del río Napo.

Según Carolina Viola, politóloga y docente en la Universidad Católica del Ecuador, uno de los problemas alrededor de Coca Codo es la “permanente ausencia de información que se esconde, además, sin motivos muy claros” bajo la respuesta de que era y es “confidencial y estratégica”. 

Si bien la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) establece que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”, en el caso de Coca Codo Sinclair esta información no es de fácil acceso. Por ejemplo, el contrato del proyecto, firmado en 2009, que explica qué se hará, quiénes están involucrados, cuánto costará el proyecto, entre otros, sí está disponible en el portal de compras públicas. 

No obstante, los estudios y anexos del mismo no son, necesariamente, públicos. 

Que no sean públicos es un problema, ya que el proyecto ha aumentado su monto inicial debido a una serie de actualizaciones y otros trabajos. Viola menciona que deberían existir los contratos complementarios para “justificar el aumento en el monto”. 

Sin embargo, de acuerdo a la respuesta entregada a GK por parte de Celec, “no existen contratos complementarios” para la hidroeléctrica. Es más, Celec afirma que el visible aumento del precio de la obra se da porque el contrato incluye el costo “más impuestos, reajustes de precios y órdenes de cambio, IVA y otros impuestos”. 

En el contrato de 2009, el valor de la construcción del proyecto se fijó en aproximadamente 1.979  millones de dólares. Sin embargo, hasta marzo de 2023, el costo asciende a un poco más de 2.439 millones de dólares, sin incluir IVA. Y eso que aún la hidroeléctrica no ha sido entregada oficialmente a Ecuador, por lo que su costo podría seguir en aumento.

Fisura dos: La poderosa llave en una poderosa mano

El tipo de contrato que se firmó para este proyecto es “de llave en mano”. Andrés Lozano, consultor del proyecto de capitales corrosivos Innovating Democracy and Government Partnerships, y coautor del informe Inversiones Chinas, ¿cómo han afectado a la institucionalidad en Ecuador?, explica que este tipo de contratos hacen que “la contratación global de todo lo que requiere una obra se la da a una empresa”. Una vez realizada la obra se la entrega al Estado que la contrató para que “pueda comenzar a funcionar”.

La ventaja de este tipo de contratos, menciona Lozano, es que el “Ecuador podría evitarse, por ejemplo, asumir costos como los contratos suplementarios” y también “decidir si se recibe o no la obra”, que es lo que pasa en la actualidad. 

Sin embargo, también tiene una serie de desventajas. Una de ellas es que la fiscalización es mucho más compleja ya que “no hay hitos tan definidos de entrega como en otros procesos contractuales”. Y eso, a la larga, “dificulta que se puedan ir tomando correctivos en los momentos adecuados”, dice Lozano. 

Esto quiere decir que no existe una revisión constante y adecuada del cumplimiento de procesos y estándares de calidad. Y en el caso de Coca Codo Sinclair, esto ha sido determinante. Especialmente por lo que sucedió con los materiales de construcción que presentan fisuras. A esto también hay que agregar la condicionalidad de que China entregaba el dinero, siempre y cuando se contraten empresas chinas. 

La capacidad del embalse compensador es de 800.000 m3, se llena a lo largo del día y el agua recolectada se usa por la tarde en las horas de mayor consumo. Fotografía de la página web de CELEC.

Carolina Viola explica que este tipo de contratos son característicos en los proyectos que China financia. Permiten que “la empresa contratada tenga discrecionalidad en todo el proceso de construcción, la toma de decisiones y las contrataciones que se realizan”, dice. Andrés Lozano también resalta que “la mayoría de los contratos chinos tienen estas peculiaridades, aprovechan los vacíos legales para condicionar al país y asegurarse ellos sus contratos”. 

Han pasado trece años desde el inicio de la construcción de Coca Codo Sinclair, y aún las llaves no llegan a manos del Ecuador. Esto porque en septiembre de 2022, las autoridades de Celec anunciaron que el país no recibirá la obra a menos que se resuelvan las fallas estructurales que presenta; reclamo que va de la mano con el arbitraje en proceso. Estas fallas podrían presentar un riesgo en el correcto funcionamiento de la hidroeléctrica en el corto, mediano y largo plazo. 

Sin embargo, este tipo de contrato de llave en mano también supuso una ventaja para China y Ecuador, que permitió que se hiciera la gran central hidroeléctrica.

Desde la década de 1970, se hablaba en el país de este proyecto. Incluso en 1992 se presentó un estudio de factibilidad que exponía los pro y contras de ejecutarlo. Por las desventajas que se mostraban, el proyecto no convencía a los organismos internacionales de financiamiento, ni a otros países. No querían invertir en algo que presentaba muchos problemas en su ejecución. 

Los organismos multilaterales de financiamiento, como ya han otorgado dinero para hacer proyectos similares, han desarrollado estándares para evaluar los riesgos de construcción de este tipo de obras. Estos incluyen estudios ambientales y de construcción, que se analizan antes de financiar un proyecto. “Coca Codo Sinclair no cumplía con ningún estándar”, dice la investigadora Diana Castro. A China, esto no le importó —siempre y cuando, pudiera imponer sus condiciones. 

Eran simples: China le daría la plata al Ecuador pero las empresas contratadas serían de ese país, y estas empresas escogerían su personal. 

Así fue: el Banco de Exportación-Importación de China (Eximbank) otorgó un crédito a Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa para el desarrollo del proyecto.  El 3 de junio de 2010, en Beijing, China, se firmó el acuerdo de préstamo.

EximBank se encargaría de otorgar el financiamiento del 85% de la obra —1.682,7 millones de dólares. 

Leonardo Gómez, periodista de investigación y coautor del informe Inversiones Chinas: ¿cómo han afectado a la institucionalidad en Ecuador?, explicó a GK que “Codo Sinclair fue el primer crédito considerable que hizo China en el Ecuador”. Fueron 1.682.7 millones de dólares que firmaron el 3 de junio del 2010, a pagarse en 18 años con un interés “altísimo” de 7,45%. Gómez también resalta que Ecuador tiene “un pendiente de 900 millones que ya lo estamos pagando”. Mientras que Ecuador pagaría el restante 15%, para llegar al total de 1.979 millones.

Con ese crédito se pactó la compra de bienes y servicios a empresas chinas para el proyecto, y que el personal sería 60% ecuatoriano y 40% chino. 

Apenas se firmó el contrato para el desembolso de dinero, empezó la construcción, el 28 julio de 2010. La compañía Sinohydro fue seleccionada como constructora. 

La organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) es una organización sin fines de lucro fundada en 2004, que realiza monitoreo a la mejora de estándares socioambientales y a la transparencia de las instituciones internacionales financieras a nivel nacional y regional. En 2016 publicó un informe en el que analiza las garantías para infraestructura en América Latina de cuatro proyectos latinoamericanos. Entre ellos, Coca Codo Sinclair.

La organización dijo que únicamente tuvo acceso a tres documentos del proyecto chinoecuatoriano. Su informe, además, asegura que en el caso del EximBank, entidad que otorgó el crédito a Ecuador para financiar la obra, predominó “la improvisación, negación y/o dependencia total en las instancias nacionales (en este caso ecuatorianas) para responder y remediar las quejas en relación a sus proyectos”. 

Fisura tres: El apuro presiona los estudios de factibilidad

Algo en lo que concuerdan varios de los expertos consultados para este reportaje es que es muy difícil acceder a los estudios realizados para el desarrollo de Coca Codo Sinclair. Es decir, casi no están disponibles para el público, ni siquiera en la web. Si vamos más allá, muchos textos periodísticos, a lo largo de 13 años, han hecho referencia a la falta de estudios.

No obstante, GK tuvo acceso a 57 documentos enviados por Celec con los que se esclarecen algunos vacíos del proyecto. Entre los documentos estaban alrededor de 30 anexos, el estudio de impacto ambiental definitivo, fotografías y registros de procesos de socialización, entre otros. Con esta documentación se ha podido aclarar varios puntos.

Por ejemplo, incluso para 2009, el Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair que se usó fue el que se realizó en 1992 a cargo del desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel). En él consta el resumen ejecutivo de la obra. 

En el estudio de hace más de 30 años, se indica que el área del proyecto sería de 3.600 kilómetros cuadrados. Sin embargo, al final fue de 3.700. También se menciona el impacto ambiental que tendría la obra y la categorizan como “ecológicamente limpia”. Pero también se señala que es posible la “penetración de colonos” al abrir nuevos acceso al territorio. Apunta, además, a la posible “reducción del caudal en la cascada San Rafael”. Esto fue exactamente lo que sucedió lenta y progresivamente, hasta que el 2 de febrero de 2020 la cascada se secó en su totalidad. 

Entre las alternativas para mitigar los impactos ambientales que proponía el estudio de 1992, estaban realizar “acciones e investigaciones adicionales inmediatas” para la factibilidad del proyecto. En este estudio también determinaron el “caudal mínimo a mantenerse” para no reducir “la belleza estética de la cascada” y crear una zona de refugio de fauna silvestre en el bosque pluvial. Esto, “con el fin de compensar el impacto sobre el medio ambiente del área afectada por las pocas obras a cielo abierto”. Nada de esto sucedió. 

En 2009, la empresa Coca Codo Sinclair, que luego pasó a ser parte de Celec en 2015, contrató a la consultora Eficiencia Energética y Ambiental Efficācitas para que, en base al trabajo de 1992, realice estudios actualizados de los diversos impactos del proyecto. Esto terminó siendo el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo, de mayo de 2009. 

En la conclusión del resumen ejecutivo de dicho Estudio de Impacto Ambiental de 2009, que Celec envió a GK, se dice que “se ha determinado que la ejecución del proyecto (…) si bien implicará una afectación al medio ambiente de la zona, resultará beneficiosa en términos sociales y económicos para el país”. 

Para Diana Castro, los problemas geológicos, mecánicos y de transparencia que hay detrás de Coca Codo Sinclair son el resultado de la falta de estudios y de la rapidez con la que se hizo todo. “Este es un proyecto que se decide sin ningún argumento técnico ni estudio actualizado”, dice Castro. “Lo que no se hizo en dos décadas, se hizo en un año”, concluye. 

En 2008, cuando se declaró este proyecto como emblemático —como se lo definió en toda comunicación por parte del Estado, en la época de Correa—, se duplicó su capacidad generadora de energía de 860 kilowatts a 1500 kilowatts. “Esto se decide quién sabe por qué, ni cómo”, cuestiona Castro. 

Lo que significó que la envergadura del proyecto sea mayor: para dar más energía se debían instalar más equipos y ampliar obras. Entre ellas, las de captación —que permiten transportar el caudal captado hacia el embalse compensador—, el túnel de conducción, el embalse compensador —vertedero de excesos y estructura de toma para las tuberías de presión—, las obras de caída y la casa de máquinas.

La obra de captación sirve para almacenar y desviar el agua del río por un túnel hasta las turbinas para generar electricidad. Fotografía de la página web de CELEC.

Pero de acuerdo a Castro, también investigadora de Latinoamérica Sustentable, una organización no gubernamental en Ecuador que trabaja por la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en el contexto de las inversiones chinas en América Latina y el Caribe, apenas se decidió que el proyecto aumente de tamaño, se contrató a la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental definitivo.

Este se habría hecho en meses, sin actualizar ninguno de los datos sobre caudal hidrológico y sobre riesgo geológico. Es decir, habrían tomado los datos de los estudios de los 90. Algo que, según Castro, se podría considerar absurdo tomando en cuenta el escenario climático en el que estamos, donde cada año cambian los cauces de los ríos. “Y hoy sabemos que las hidroeléctricas, por el cambio climático, son muy vulnerables. Por más bien hechas que estén, tienen poca vida útil porque los ríos se están quedando sin agua”, explica Castro.

Fisura cuatro: La casi nula fiscalización

En un informe de la Contraloría General del Estado, DAPyA-0045-2013 —de los casi 30 exámenes y revisiones que han realizado al proyecto Coca Codo Sinclair—, que revisó lo hecho entre el 20 de marzo de 2010 y el 20 de febrero de 2012, quedaba claro que Sinohydro estaba haciendo lo que le daba la gana. 

Este informe revela retrasos en los cronogramas, en la entrega de manuales de control de calidad, la nula verificación del estado del hormigón o del acero que se usó y el nada prolijo manejo de documentación y facturas, entre otros problemas.

El tipo de contrato firmado le había dado carta blanca a Sinohydro para moverse como quisiera, sin temor a represalias. 

En un siguiente informe de la Contraloría —un examen especial de septiembre de 2012 a diciembre de 2015—, el DAPyA-0032-2016, se determinó que por retrasos en la primera fase del proyecto, Ecuador no recibió 81 millones de dólares que le correspondían como multa por los retrasos, de acuerdo al contrato. Es más, la Contraloría dijo que el Estado postergó indefinidamente el cobro de este monto.

Para 2016, según otro informe de la Contraloría, Coca Codo Sinclair le estaba costando al Ecuador 2 mil millones de dólares, superando el monto establecido en el contrato, que era de 1.979 millones de dólares.

Determinar con exactitud cuánto le estaba costando al Ecuador construir Coca Codo Sinclair es complejo. Por ejemplo, en algún momento de 2014, en una visita a la obra, el entonces presidente Rafael Correa calculó que el país perdía diariamente 1,2 millones de dólares mientras Coca Codo Sinclair no funcionaba. Para ese momento ya había retrasos.

Sin embargo, dentro de Sinohydro todo parecía marchar bien. En 2013, la empresa china entregó al Estado informes en los que decía que no había nada significativo que pudiera afectar el proyecto. Un año después, una nueva fiscalización de la Contraloría puso en duda lo informado por Sinohydro.

Jorge Glas en la apertura de las compuertas del primer giro de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Fotografía de la cuenta oficial en Flickr de la Vicepresidencia de la República.

En 2014, luego de las auditorías contratadas por la constructora se supo que las piezas para las turbinas, fabricadas y enviadas desde China, tenían fallas. Y, de acuerdo a otro informe de la Contraloría, los documentos de control de calidad de estas y otras piezas de la hidroeléctrica habían sido alterados y “no se apegan a la realidad”. 

Justamente 2014 fue un año de terror: una inspección en el lugar, realizada por una empresa auditora, detectó 7.648 fisuras en los ocho distribuidores. Estos distribuidores —que llevan el agua a las turbinas que generan la electricidad— se construyeron en China, pese a que en el informe de factibilidad de 1992 recomendaba que se usaran materiales de la zona. 

Los distribuidores son unas estructuras hechas de acero y que tienen forma de caracol. Son las que reciben el agua que entra del río Coca y permiten que llegue a las ocho turbinas que van a generar energía. 

Estos distribuidores fueron colocados dentro de muros de hormigón, en la parte interna de la central. Sinohydro —que de acuerdo al informe de Celec del 2021 permaneció en silencio sobre estos problemas al menos por dos años— intentó solucionar las fisuras soldando el metal. Se supone que para 2015, al menos tres distribuidores fueron arreglados de esa forma. 

En 2019 los informes de Contraloría revelaron que el agua estaba traspasando el acero de los distribuidores, de casi 60 milímetros de espesor, y que ya estaba mojando el hormigón que los recubre. La Contraloría General del Estado ordenó a Sinohydro que reemplazara los ocho distribuidores y que se hiciera cargo del costo. No lo ha hecho. 

Fue justo el informe de 2019 el que revela que Sinohydro ignoró pedidos que se incluyeron en los anexos, como el uso del Código ASME —American Society of Mechanical Engineers—, que rige a nivel mundial los estándares de calidad y seguridad en este tipo de construcciones.

En inspecciones realizadas por Celec en 2018, 2019 y 2021, se llegó a la conclusión de que ya no había nada que hacer con algunas fisuras, especialmente con las que colindaban de manera directa con el hormigón. Es decir, las piezas de metal no podían ser reparadas, debían ser reemplazadas.

Fisura cinco: Las 17 mil fisuras

En 2021, gracias a un informe de Celec —que se puede considerar como el informe que deja en claro todo el caos del proyecto—, se hizo público que Sinohydro supo de estos problemas, pero decidió callarlos por al menos dos años. 

El 26 de octubre de 2021 se publicó este informe firmado por los expertos Guido Llaguno, Byron Erazo y Daniel Castro. En él se revelaba que en seis años algunas de las fisuras, por ejemplo, habían aumentado de tamaño hasta 200 veces. 

La deficiente fiscalización dejó pasar todos estos problemas en el que iba a ser el proyecto emblemático y más importante del país. Por ello, a casi 13 años del inicio de la construcción, Coca Codo Sinclair no ha sido entregada a Ecuador. “Como ministro, por sobre mi cadáver aceptaré esa planta mal hecha”, dijo en noviembre de 2022, en entrevista con Primicias, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sintetizando en una sola expresión lo que sucede con la hidroeléctrica. 

Sobre todo, por sus problemas estructurales. En total se han descubierto más de 17 mil fisuras en los distribuidores que no han podido ser reparadas y que, quizás, no se puedan reparar. 

La casa de máquinas es subterránea y contiene las 8 unidades turbo generadoras. Fotografía de la página web de CELEC.

El informe de 2021 de Celec concluyó que los problemas de fisuras se deben a errores cometidos por los constructores de las partes en China. Además, también sostuvo que no se siguieron los estándares de construcción internacionales —especialmente de Estados Unidos y el código ASME—, tal como Sinohydro se comprometió en el contrato.

Ese informe también sentencia a la hidroeléctrica. Dice que su uso —que empezó desde el 18 de noviembre de 2016, cuando se inauguró— es lo que está haciendo que las fisuras se hagan más grandes. Este informe sirvió de base para el inicio del proceso de arbitraje que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje, desde mayo de 2021 y que aún espera resolución. 

Fisura seis: La trama de presunta corrupción 

Las fisuras de Coca Codo no son solo físicas, sino que podrían ser, también, éticas. 

El 3 de marzo de 2023, la Fiscalía formuló los cargos por el presunto delito de cohecho en lo que ha denominado caso Sinohydro —antes conocido como Ina Papers. 

De las más de 30 personas que han sido procesadas, el personaje más importante es Lenín Moreno, ex presidente y vicepresidente de Ecuador. Según la Fiscalía, para lograr la construcción de la gran hidroeléctrica, se habrían entregado 76 millones de dólares en sobornos —el monto más alto de una coima en la historia del país. 

¿Cuál sería el rol de Lenín Moreno? 

Pues una vez que se firmó el contrato con Sinohydro, en octubre de 2009, solo era cuestión de firmar el contrato de financiamiento para que el EximBank entregara el dinero y que la obra arrancara. Pero no sucedió. Es más, en marzo de 2010 todo estuvo por caerse: el EximBank exigía más garantías de las que fueron propuestas al inicio. Entre ellas, activos en los bancos centrales u otras propiedades, así como activos de obra pública como garantía —algo que la Constitución ecuatoriana prohíbe.  

Rafael Correa estaba molesto. Ahí entró Moreno, entonces vicepresidente de Correa, como mediador. 

Por su relación cercana y de amistad con el entonces embajador de la República Popular de China en Ecuador, Cai Runguo, Moreno consiguió que ocho meses después se llegara al acuerdo con el EximBank. El dinero para la emblemática obra llegó en junio de 2010.

De acuerdo a la Fiscalía, el arreglo de esta situación es la base de su caso. 

En julio del mismo 2010, la empresa Comercial Recorsa, propiedad de Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno y representante de Sinohydro en el país, abrió una cuenta en Banco Pichincha Panamá. Según la Fiscalía, sería a través de esa cuenta que la empresa china habría enviado dinero, con transacciones realizadas desde una cuenta a nombre de Sinohydro, del Bank of China.

A esa cuenta habrían llegado 75 millones y medio de dólares, de acuerdo a la teoría de la Fiscalía. Los 500 mil dólares restantes habrían sido depositados en otra cuenta en Panamá.

La Fiscalía sostiene que Conto Patiño habría repartido el dinero a las otras 36 personas que son procesadas en el caso. Además de Moreno, está su esposa, Rocío González, una de sus hijas, Irina Moreno, y su hermano, Edwin Moreno. También son parte del proceso los hijos de Patiño y hasta una de sus nietas, Victoria Patiño, que es una de las finalistas de la más reciente temporada del reality show Masterchef.

El 23 de marzo de 2023, el ex presidente Lenín Moreno se defendió de las acusaciones. “Nunca tuve responsabilidad, atribuciones ni capacidad de influir sobre los proyectos estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa”, escribió en un tuit.  

Dijo que todo era parte de una persecución promovida por Correa, quien se convirtió en su enemigo político cuando Moreno, siendo presidente, rompió relaciones con Correa en 2017.

El 19 de abril de 2023, en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra Moreno, su esposa Rocío y su hija Irina. Como Moreno no reside en Ecuador, la Fiscalía pidió a la justicia que la Interpol sea notificada para localizar al ex mandatario.

Fisura siete: Los quiebres sociales 

La poca o casi nula transparencia de información, préstamos atados, falta de estudios —o su dificultad para encontrarlos—, corrupción y un sinnúmero de fallas desde el inicio del proyecto impactaron directamente en el ámbito socioambiental de la zona. 

Según el artículo Territorios y cambio estructural en hábitats periurbanos: Coca Codo Sinclair, inversión china y el cambio de la matriz energética, un número importante de personas declararon “haber sido informados de los efectos positivos” de la construcción de la hidroeléctrica. Entre esos efectos estaba la posibilidad de mejores ingresos económicos que la obra movería en las zonas aledañas. 

Sin embargo, “no se explicó los posibles impactos y los cambios que implicaba para la cotidianidad de las poblaciones”, dice el estudio que es de Carolina Viola, y fue publicado en la Revista Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Entre los documentos enviados por Celec a GK está la sección XI del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo, dedicado específicamente a la participación ciudadana. El texto dice que para la participación se emplearon tres “mecanismos de participación”: la implementación de dos Centros de Información Pública (en El Chaco y Lumbaqui), el desarrollo de una Audiencia Pública con actores clave, y una página web “dado el interés de diferentes sectores cuyo acceso sería el servicio de Internet”. 

Estos procesos de participación ciudadana, según el registro, fueron realizados entre el 20 de mayo y el 3 de junio de 2009. Además del texto que explica la metodología que se usó, hay anexos como fotografías, facturas, audios y copias de hojas de registro. 

En una fotografía está una persona sentada en un escritorio pequeño sobre el que hay una carpeta y folletos. La mesa está señalada con un cartel que dice Centro de Información Pública – CIP, Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. 

En otra imagen se ve a una señora de pie, que sostiene una carpeta en sus manos, y está escribiendo. Ella estaría llenando la hoja de registro. La copia del documento “Registro de visitantes” para El Chaco fue llenado por solo 41 personas de la zona. El mismo registro para Lumbaqui tiene los datos de apenas 56 habitantes. 

En total solo 97 personas habrían participado en este proceso, según los registros revisados. Pero en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo, había 7960 habitantes. Mientras que, en el cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, 8599 personas. 

En estas hojas de registro, además de los datos personales de quienes se acercaron a los puntos de información, hay un recuadro que dice “observación general”. Por lo que está escrito, se presume que la indicación dada por las personas encargadas de los CIP, les pedían que escribieran sus comentarios. 

Algunas hojas de registro de 2009 enviadas por Celec a GK donde se puede ver lo que las personas que asistieron a los puntos de información en El Chaco escribieron en referencia al proyecto. Fotografía de Celec.

En los registros se lee: “Que se cuide la naturaleza”, “por favor no destruir la flora y la fauna de esta zona, porque este es el lugar al cual le consideramos el pulmón del mundo”, “preocupación por la construcción del túnel. Pasa por la finca”, “preocupado por la construcción, la gente puede morirse”, “a la expectativa que se cumplan con todas las obras de compensación” y “dar prioridad a la mano de obra local”.

Algunas hojas de registro de 2009 enviadas por Celec a GK donde se puede ver lo que las personas que asistieron a los puntos de información en Lumbaqui escribieron en referencia al proyecto. Fotografía de Celec.

Según otros documentos relacionados, en El Chaco quien estuvo a cargo del proceso fue un estudiante universitario de 22 años, y en Lumbaqui, el sociólogo Fidel Valdiviezo. 

Captura de pantalla del anexo de fotografías que Celec envió a GK con fotografías de las personas que asistieron a los puntos de información sobre el proyecto en El Chaco en mayo de 2009. Fotografías de Celec.

Captura de pantalla del anexo de fotografías que Celec envió a GK con fotografías de las personas que asistieron a los puntos de información sobre el proyecto en El Chaco y Lumbaqui en mayo de 2009. Fotografías de Celec.

Entre las fotografías también hay unas de la “audiencia pública en El Chaco” y de una “exposición por parte de la compañía promotora CCS y consultora Efficacitas de los resultados del EIAD”. En ellas se ve a al menos 40 personas sentadas en sillas blancas plásticas dentro del coliseo de El Chaco.

Captura de pantalla del anexo de fotografías que Celec envió a GK con fotografías de la Audiencia Pública realizada en El Chaco en mayo de 2009, para informar a la población sobre el estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica. Fotografías de Celec.

Otro de los mecanismos para dar a conocer el proyecto a la población, según documentos revisados por GK, fue la publicidad local. Hay cuatro facturas de contratación de servicios a nombre de dos empresas: Eficiencia Energética y Ambiental y Efficacitas. Los detalles de los servicios incluyen anuncios en radios, spot publicitarios y difusión de convocatorias. Cada factura es de entre 25 y 41 dólares. 

También hay dos cuñas radiales del Ministerio de Ambiente y Efficacitas que invitan a los pobladores a asistir a la audiencia pública a la que, luego de revisar los documentos, no queda claro cuántas personas fueron.

Algunos de los temores que los pobladores que acudieron a los puntos de información escribieron en el recuadro de “observación general” se hicieron realidad. El artículo de Carolina Viola explica que en la zona de influencia de la hidroeléctrica, la caza y la pesca se vieron afectadas por la “mayor contaminación de las aguas” y la contaminación acústica proveniente “del ruido por el flujo de personas en la construcción y el funcionamiento de la casa de máquinas”.

También hubo cambios en las formas de consumo y la introducción de nuevos hábitos, como “el consumo de alcohol y de prostitución, según en el texto de Viola. En él se detalla que aumentaron los accidentes viales por estado de embriaguez y aparecieron con más frecuencia enfermedades venéreas.  

Fisura ocho: Las condiciones laborales en Coca Codo Sinclair 

En los seis años de construcción de la hidroeléctrica, según la Corporación Financiera Nacional, se emplearon a 7.739 personas que se dividieron en diferentes frentes de ejecución. Todas bajo un régimen de trabajo de 20 días laborables y 8 días de vacaciones mensuales, distribuidos en tres turnos de ocho horas diarias cada uno. 

El informe Impactos del Proyecto Coca Codo Sinclair, realizado por un equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en 2015, señala que llegaron a ser más de 10 frentes de trabajo en algunos momentos. Al final solo quedaron cuatro: captación de aguas, casa de máquinas, túneles de conducción y embalse.

Trabajadores en la tuneladora del Proyecto Coca Codo Sinclair en julio de 2012. Fotografía de la cuenta oficial en Flickr del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.

Carolina Viola explica que en el pico más alto, hubo alrededor de 3.700 trabajadores en los frentes más importantes del proyecto, entre 2013 y 2014. En el 2017 “tenía menos de 1000 trabajadores y actualmente la operación del Coca Codo Sinclair requiere no más de 150 personas”. 

Según el informe de la PUCE, desde 2012, empezaron las “denuncias permanentes respecto a las condiciones de trabajo al interior de la obra”. Estas llegaron a la Asamblea Nacional, donde una comisión las analizó. 

Entre las denuncias del informe constan la mala alimentación, la falta de agua potable en algunos frentes de trabajo, el hacinamiento e insalubridad en los campamentos de trabajadores, los bajos sueldos, los problemas en el cobro de horas extras, las condiciones del transporte, el maltrato psicológico recibido por parte de los mandos chinos. Incluso, hubo situaciones de presunto acoso sexual.

En el informe citan a Alberto Chiluisa, representante de los trabajadores, quién exigía la igualdad de trato entre los operarios de origen nacional y los técnicos extranjeros. Sin embargo, las situaciones no cambiaron y empezaron los levantamientos y huelgas. Según Viola, la compañía llevó a gente de otras zonas del país para que trabajen y no tengan el poder de convocatoria de los lugareños. Uno de los levantamientos más fuertes ocurrió en noviembre de 2012. 

En esa ocasión, según el informe de la PUCE, participaron alrededor de 400 trabajadores de diferentes frentes de trabajo e hicieron una huelga de dos semanas. Denunciaron maltratos, insalubridad y falta de seguridad en la obra. Los empleados entrevistados para el informe de la PUCE dijeron que “la empresa trató de negar los problemas internos existentes”. 

“Del conjunto de quejas tan solo confirmaron mediante 26 denuncias en la Inspectoría de 

Trabajo de Sucumbíos, lo cual derivó en una multa de 5280 dólares contra Sinohydro”, especifica el informe de la universidad. 

Luego de la protesta, la investigación dice que “la empresa los amenazó con despidos por denunciar sus condiciones de trabajo y con meterlos en la cárcel” si durante el paro dañaban alguna maquinaria. Otros trabajadores dijeron que fueron trasladados a otros puestos de trabajo en los diversos frentes de la hidroeléctrica para los que no estaban capacitados. Viola explica que eso era una práctica recurrente. Además, apunta que se trasladaban empleados a frentes para “hacer labores por las que no habían sido contratados”.

En el informe de la PUCE se analizó el sistema de gestión de seguridad aplicado por la constructora Sinohydro y detectaron cinco debilidades importantes. La primera señala que “los protocolos de seguridad y conservación del ambiente aplicados por la constructora son deficientes”. Que existía una débil cultura de seguridad, barreras deficientes, puntos de garitas de guardias no conectadas a un centro de control y “poca asignación de recursos para la gestión de seguridad”.

Había, también, problemas para el proceso de contratación del personal, así como una tardía socialización de las políticas, normas y procedimientos de seguridad en la obra. También faltaban medios logísticos, tecnológicos y de movilidad “para que el departamento de seguridad pueda ejercer un mejor control en los procesos internos”. Es decir, una bola de nieve de malas prácticas que a medida que avanzaba la construcción iba creciendo y creciendo. 

En 2014, el colapso de una parte de una tubería de presión llevó a una explosión que mató a 11 empleados ecuatorianos y 3 chinos. Al cabo de dos años, la investigación fiscal por presunto homicidio culposo fue archivada.

Fisura nueve: La degradación ambiental

De acuerdo al Estudio Ambiental Definitivo de 2009, entregado a GK por Celec, los principales puntos que se tomaron en cuenta para la construcción del proyecto Coca Coda Sinclair fueron:

• Riesgo de deslizamiento de taludes, por las lluvias,
• Ruptura del poliducto y,
• Ruptura de la presa, por fallas estructurales y lluvias intensas. Un acontecimiento que generaría la mayor cantidad de pérdidas humanas y económicas. 

Según este estudio, “estos eventos (…) pueden ser evitados y controlados mediante la implementación de planes de emergencia y brigadas de rescate, así como [por] la implementación de medidas de prevención y control como, por ejemplo, el monitoreo permanente de las estructuras de la presa”.

El mismo estudio también menciona que “de acuerdo a la experiencia del equipo evaluador” se determinaron los componentes ambientales que podrían ser afectados por las actividades del proyecto. Estos eran: 

• Calidad de aire, niveles de ruido y vibraciones,
• Calidad del sistema hídrico, calidad del agua del embalse, hidrología y patrones de drenaje y calidad del agua subterránea,
• Cobertura vegetal y deforestación, geomorfología del área, estabilidad de laderas y taludes y calidad de suelos, 
• Flora y fauna terrestre y acuática,
• Relaciones sociales,
• Uso del suelo,
• Vías de comunicación,
• Empleo generado,
• Salud, seguridad laboral y saneamiento ambiental público,
• Patrimonio cultural y arqueológico,
• Servicios básicos,
• Infraestructura Pública,
• Generación de Energía Eléctrica,
• Costo y tenencia de la tierra,
• Paisaje y,
• Turismo

La falta de estudios ambientales actualizados dejó de lado uno de los problemas que ha enfrentado el proyecto: la erosión regresiva en el lugar. Esta sería la razón por la que el 2 de febrero de 2020 desapareció la cascada San Rafael, ubicada en el parque nacional Cayambe-Coca. 

La erosión regresiva sucede cuando el exterior de un río se pega mucho a la ladera, según una entrevista en GK a Juan Pablo Villacreces, ingeniero civil experto en suelos. Este fenómeno se detecta sobre todo en las curvas de los ríos, “debido a que la velocidad del agua es mayor y arrastra más partículas del suelo”.

Cuando la cascada San Rafael desapareció, expertos consultados por el medio especializado en medioambiente Mongabay Latam habían advertido el gran riesgo que este fenómeno podría presentar para los oleoductos de la zona, una vía nacional, un asentamiento humano cercano y la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 

La advertencia se hizo realidad el 7 de abril de 2020 cuando la erosión produjo un hundimiento de tierra en la ladera del río Coca que provocó la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), causando un derrame directo en las aguas del río Coca. 

Se derramaron cerca de 15 mil barriles de petróleo en el río y esto afectó a las comunidades campesinas e indígenas kichwa que se ubican aguas abajo. Por el fuerte caudal del río, el petróleo avanzó rápidamente, llegó al río Napo y causó “un daño ecológico y social incalculable e irreversible”, según un estudio del Observatorio de Ríos Andinos. 

En el mismo estudio, llamado Coca Codo Sinclair & el proceso erosivo en el alto Coca, realizado por el Observatorio de Ríos Andinos, de junio de 2021, se señala que para la causa del colapso de la cascada de San Rafael hay dos hipótesis que “deben ser analizadas mediante más estudios científicos”. 

La primera hipótesis es que se dio por un fenómeno netamente natural. Alfredo Carrasco, ingeniero geólogo, contó a GK que en el año 1987 hizo un informe sobre el tema para la fundación Natura. Según Carrasco, la cascada se podía observar “una lenta pero inexorable erosión de la roca, quizá se ha producido ya un retroceso de la cascada”. 

Los años pasaron y en el Análisis del Proceso Erosivo Ocasionado por la Desaparición de la Cascada de San Rafael, que Carrasco realizó para WCS Ecuador en el 2022, menciona que en las primeras semanas de 2019 se recogieron evidencias en la base de la cascada y en la cueva que se había formado a lo largo de los años.

Esta evidencia, indicó en el análisis, demostraría que la desaparición de la cascada fue consecuencia del “proceso natural de erosión generado tanto por la escorrentía superficial del río Coca como por la acción de las aguas subterráneas”. 

No obstante, Carrasco puntualiza que existió negligencia por parte del Estado al no “entender este proceso de erosión ” y no “hacer el monitoreo apropiado”. Como también, en no realizar estudios actualizados del proceso de erosión que se había señalado a raíz del terremoto del 87, antes de la construcción de la hidroeléctrica. 

La segunda hipótesis del estudio del Observatorio plantea que los efectos fluviomorfológicos —accidentes geográficos, formas y relieves ocasionados por la acción de los ríos sobre la superficie terrestre—-, ocasionados por la construcción de la obra de captación de Coca Codo Sinclair, “pudieron jugar un papel determinante en el debilitamiento y colapso de la cascada” 

Es importante señalar que cuando se obstaculiza el flujo normal de sedimentos en un río con la construcción de obras de infraestructura, esto provoca que “se altere el equilibrio dinámico del río y por ende los procesos de erosión/sedimentación en él”, según el informe del observatorio.

Algo que pudo haber estado en un estudio ambiental que se pasó por alto. 

En el trabajo del Observatorio también se menciona que desde el colapso de la cascada, “el proceso erosivo ha avanzado a un ritmo alarmante de aproximadamente 8 kilómetros en menos de nueve meses”. Ahora, ese número es mucho más alto. 

Dentro de las conclusiones del estudio destacaron que no se podrá detener el proceso erosivo por la naturaleza del mismo, pero que existen “algunas medidas civiles que podrían ayudar a disminuir la velocidad de avance y a proteger algunas infraestructuras en riesgo de colapsar”. 

Dichas soluciones, dice el estudio, estaban siendo evaluadas entre grupos de expertos externos y colegios de ingenieros del país liderados por Celec. El informe señala que las soluciones podrían ascender en valor a 120 millones de dólares y que “no está claro quién debe afrontar este valor”, porque la obra aún no ha sido entregada por Sinohydro. 

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Por crear la hidroeléctrica más grande del país y abastecer de energía limpia a Ecuador, se consiguió a un aliado como China. De entrada, decidieron dejar de lado estudios serios y profundos y dudas, para avanzar con vehemencia y así lograr construir Coca Codo Sinclair. 

A veces se podría pensar que lo mejor hubiera sido que no se hiciera, que se quedara en deseo. Que se buscara otro proyecto hidroeléctrico para convertirlo en el emblema del país.

Porque, en la práctica, se pasaron por alto una serie de procesos importantes que repercutieron negativamente en distintos frentes del proyecto. Por eso, hoy el país debe enfrentar las consecuencias de estas decisiones. Quién sabe hasta cuándo.