Durante al menos una semana no quedaba clara la causa de la crisis energética de 2024 en Ecuador. De golpe, sin anuncios, el lunes 15 de abril de 2024 empezaron los apagones en varias zonas del país. Recién esa noche, el Ministerio de Energía y Minas dijo que habría cortes programados los siguientes días.

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Cortes que se han dado, sin interrupción, desde entonces. La única excepción fue el 21 de abril de 2024, día en el que los ecuatorianos fuimos a las urnas para votar en la consulta popular y referéndum.

¿La razón inicial de los cortes? La “extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de caudales mínimos históricamente”, dice el comunicado del Ministerio, publicado a las 9:30 de la noche del lunes 15 de abril.

En Ecuador, la mayoría de energía eléctrica que consumimos es de generación por fuentes hídricas. Según datos del Ministerio de Energía y Minas de 2020, el 92% de la energía proviene de centrales hidráulicas, el 7% de centrales térmicas, y el 1% de fuentes no convencionales, como la energía solar, eólica, biomasa, biogás, geotermia, entre otras. 

Ecuador tiene 71 centrales hidroeléctricas, 34 centrales de energía solar o energía fotovoltaica, 3 de energía eólica (usan el viento), 3 de energía de biomasa (usan la combustión de la materia orgánica), y 2 centrales de energía de biogás (que usa a la biodegradación de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos para generar la energía).

El 16 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, anunció la declaratoria de emergencia del sector eléctrico. También pidió la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo

En la publicación, Noboa también dijo que se había iniciado una investigación por posible sabotaje “en ciertas zonas y plantas eléctricas”. Una acusación que salpicaba a la ex ministra Arrobo y a otros funcionarios del mismo Ministerio.

“He tomado la decisión que el pueblo ecuatoriano no puede pagar por la ineficiencia y corrupción de unos pocos miserables. Por eso, he instruido que solo se cobre el 50% de la planilla de los hogares en el mes de abril”, escribió Noboa. 

Además, anunció la creación de un Comité de emergencia liderado por él mismo, “para resolver los problemas energéticos con capacidad, firmeza y extirpando la corrupción dentro del sector”.

A partir de ese momento, los apagones han seguido y la teoría de que hubo una trama de sabotaje —que incluyó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de la ex ministra Andrea Arrobo— ha perdido intensidad. 

Después de una semana de falta de explicaciones claras por parte del gobierno, el sábado 20 de abril de 2024, Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas —y también ministro de Obras Públicas— publicó un video en su cuenta de X en el que explicó de manera muy clara y directa lo que estaba sucediendo.

En el video, Luque pidió disculpas por los cortes de energía y dijo entender la indignación del constante cambio en los horarios diarios de los apagones. Luque aseguró que la sequía en la región, producida por “una crisis climática (…) es la peor en los últimos 60 años”.  

El Ministro también dijo que “la falta de inversión en nueva generación y el mantenimiento en los últimos años ha sido importante y no ha permitido que el sector eléctrico aumente su capacidad de generación”.

Luque habló también de “inexplicables decisiones en los últimos meses [que] han generado que no se pueda producir energía eléctrica por más mínima que sea en este periodo de crisis”. 

Para explicar esas decisiones inexplicables, dio dos ejemplos concretos. El primero es que recién se aprobó una “resolución que estuvo represada por mucho tiempo y que impedía contratación de nueva generación eléctrica”. El segundo es un oficio firmado en febrero de este año que “inexplicablemente” revocó el anexo de de 35 a 40 megavatios a la Red Nacional Eléctrica, “producto de los excedentes de autogeneración del sector privado”. Agregó que estos megavatios se habían vuelto a anexar. 

En el mismo video explicó la instalación en tiempo récord de “una unidad de gas en la estación Pascuales”, que estaba programada para 2 o 3 semanas más. 

Luque dijo que la Operadora Nacional de Energía (CENACE) es la encargada de hacer los cronogramas diarios de los cortes. Sin embargo, la operadora revisa, cada 15 minutos, la curva de demanda. “Habrá veces que la demanda es mayor a la planificada el día anterior y tendremos que hacer mayores cortes y habrá a veces que esa demanda sea menor a la planificada y podemos dar más tiempo de energía eléctrica”, explicó Luque.

La denuncia a la ex ministra Arrobo

Parecía que todo estaba bien en el gabinete de Daniel Noboa, sobre todo luego de que el 23 de febrero de 2024, el Ministerio de Energía y Minas anunciara el fin de los apagones que habían azotado al país desde diciembre de 2023. La crisis se había resuelto, supuestamente, porque el nivel de los embalses había crecido por las lluvias, y esto permitía retomar el consumo de energía de manera regular.

Además, el 11 de enero de 2024 entró en vigencia la Ley Orgánica de Competitividad Energética —llamada Ley No Más Apagones— que, entre otras cosas, suponía la promoción de soluciones económicas para la generación de energía. Pero hasta el momento esta ley no ha funcionado porque si bien buscaba aprobar con facilidad proyectos de generación privada de energía, reduciendo trámites, esto no ha ocurrido.

A pesar de todos estos aparentes esfuerzos para solucionar los apagones, pocas semanas después, la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, fue parte del grupo de 22 funcionarios denunciados por, presuntamente, haber querido sabotear el sistema eléctrico nacional. Un giro sorpresivo que parecería haber sido descubierto por Noboa y su equipo en un solo día —justo cuatro días antes de la consulta popular y referéndum, auspiciados por el presidente Noboa.

Ese día, el miércoles 17 de abril de 2024, la Presidencia de Ecuador anunció que la investigación preliminar, encabezada por el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, había descubierto indicios de que “funcionarios de alto nivel de la Cartera de Estado, incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacimiento energético”.

“Estas primeras investigaciones indican que se suprimieron y se deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas”, dice el comunicado. Para el gobierno esto quiere decir que la crisis energética actual del país responde no solo a causas ambientales, sino a “corrupción y negligencia”.

El gobierno de Daniel Noboa ha elegido la vía penal. En el mismo comunicado, la Presidencia anunció que denunció en la Fiscalía a 22 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas —incluyendo a Arrobo— por paralización de servicios públicos.

 En el mismo comunicado, la Presidencia dijo que según las cifras del Operador Nacional de Electricidad (Cenace,) los bajos niveles de caudales y almacenamiento en las hidroeléctricas del país registrar un récord histórico: “el déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre 22 y 27 Gwh —gigavatio hora— por día”.

Estado de excepción y un lejano final de los apagones

El pasado viernes 19 de abril, dos días antes de la consulta popular y referéndum, el presidente Daniel Noboa decretó nuevamente un estado de excepción en todo el país, por 60 días. En esta ocasión no fue por el nivel de violencia e inseguridad, sino por la crisis energética que vive Ecuador, con cortes que van de ocho horas en ciertas zonas y hasta 12 en otras. 

En el decreto se puede leer que se dispone la movilización de miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas a instalaciones eléctricas en el país “para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento”.

De acuerdo a este decreto, el número 229, en estos 60 días se buscará “hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato”. Los recursos para esto serán asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin afectar lo que ya está presupuestado para Salud y Educación.

Sin embargo, el decreto no va a tener una solución inmediata.

De acuerdo al ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, no hay una fecha para el fin de la crisis energética del país. Esto porque todo va a depender del nivel de lluvias, dijo en una rueda de prensa el lunes 22 de abril de 2024,.

“El déficit actual de energía bordea los 20 gigavatios hora todos los días”, dijo Luque. En un sentido más amplio, al país le hacen falta 1000 megavatios, lo que corresponde al 22% de la energía que el país demanda. 

Mientras tanto, el Ministerio se encuentra revisando la posibilidad de contratar barcazas de generación eléctrica como medida de emergencia. Aunque Luque dijo que para esto hay que revisar propuestas y que la adquisición podría tomar entre 15 y 20 días. 

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