Fernando Villavicencio fue un activista político que también se presentaba como periodista. Fue uno de los ocho candidatos a la presidencia en las elecciones anticipadas de 2023. La tarde del 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue asesinado durante un mitín con jóvenes, en la calle Amazonas, el centro financiero de Quito, según lo confirmó Carlos Figueroa, miembro de la campaña de Villavicencio. Al salir del mitín, el candidato recibió varios disparos en su cabeza. Al llegar al hospital ya estaba muerto.

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Para investigar y esclarecer la muerte de Villavicencio se creó una Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional. Después de seis meses de indagaciones y comparecencias, el 13 de junio de 2024, se archivó un primer informe que concluía que el asambleísta fue asesinado debido a las denuncias periodísticas que hizo sobre casos de corrupción. En este también se establecía que el crimen de Villavicencio fue político.

En esa misma sesión, el asambleísta por ADN, Adrián Castro, propuso un nuevo informe que fue aprobado. Este establece responsabilidades hacia el ex presidente Guillermo Lasso, por la violencia que enfrentó el país, responsabilidades a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior por incumplir con sus obligaciones de precautelar la seguridad de los candidatos.Este documento será presentado en el pleno de la Asamblea, y luego, el mismo informe sugiere sea remitido a la Fiscalía y Contraloría para continuar con la investigación.

Villavicencio fue sindicalista en PetroEcuador y en 1999 fue despedido. Hasta antes de entrar a la Asamblea fue parte del portal Periodismo de Investigación. Allí, firmó algunos reportajes sobre el Caso Arroz Verde, el Caso Odebrecht , entre otros

Fue asambleísta entre mayo de 2021 y mayo de 2023. Villavicencio llegó al legislativo por la Alianza Honestidad, cuyo candidato presidencial era César Montúfar, pero luego se separó de la organización y actuó  independiente —aunque era aliado del gobierno—. Terminó anticipadamente su periodo tras la decisión del Presidente de decretar la “muerte cruzada”. 

En la Asamblea fue escogido presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Un día después  que Lasso decretó la muerte cruzada, Villavicencio anunció su interés en ser candidato presidencial. Lo respaldará Construye —la ex Ruptura de los 25—. 

En los dos años de legislador, Fernando Villavicencio hizo varias denuncias en contra de políticos afines al correísmo, según él, relacionados con el narcotráfico y la corrupción.

Caso Las Torres

Entre los principales juicios políticos que presidió Villavicencio durante 2021 y 2023 fue el del ex contralor subrogante Pablo Celi, en julio de 2021.

Celi fue enjuiciado por las irregularidades en su nombramiento, el papel que habría tenido en la trama de corrupción de Odebrecht —luego fue declarado culpable por su participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres— y la presunta interferencia de la Contraloría en el proceso electoral de 2021.

Durante el juicio, Villavicencio aseguró que Celi había desvanecido glosas para beneficiar a funcionarios del gobierno de Rafael Correa —lo que, según él, se comprobó en sus reportajes investigativos. 

Pandora Papers

En octubre de 2021, el nombre del presidente Guillermo Lasso apareció en la filtración denominada ‘Pandora Papers— una investigación global que reveló los vínculos con empresas offshore de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países—. 

Ese mismo mes,  Lasso mandó una carta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en la que se ponía a disposición del Legislativo para que se investigue el tema.

Sin embargo, las disputas en el legislativo, en especial entre Villavicencio y la ex presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, generó que en octubre de 2021 la Asamblea delegue la investigación de este caso a la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el legislador de Pachakutik (PK) José Cabascango.

Entre las disposiciones constaba que la Comisión de Fiscalización debía remitir de manera inmediata toda la información y documentación relacionada con el caso a la Comisión asignada. 

Sin embargo, unos días antes, Villavicencio había advertido en su cuenta de Twitter que “en una evidente acción de conspiración y boicot al trabajo de Fiscalización, Guadalupe Llori, en la noche del 8 de octubre, convoca a sesión del Pleno, para el mismo día y hora que la Comisión había resuelto recibir información de #PandoraPapers en Carondelet».

El 12 de noviembre de 2021, Villavicencio presentó a la Asamblea un informe sobre la investigación que había hecho por su cuenta y en la que aseguraba que el presidente Lasso “ya no tiene relación con paraísos fiscales”, por lo que recomendaba archivar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, por falta de pruebas. Villavicencio aseguró que su investigación se basaba en información entregada por el Consorcio de Periodistas de Investigación y no como la comisión que hizo la investigación.

Entre las conclusiones del informe, Villavicencio explicó que no existió evidencia de que el presidente Guillermo Lasso haya incurrido en alguna contravención. Según él, cuando Lasso realizó operaciones o actividades en el extranjero, no era funcionario público y no estaba impedido de hacerlas. Además, aseguraba que Lasso habría cerrado estas empresas antes de su candidatura para ser presidente de la República.

Videos de Glas

El 19 de mayo de 2022, el asambleísta presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y Contraloría sobre unos videos difundidos por el portal digital Código Vidrio en los que aparece el ex vicepresidente Jorge Glas conversando con José Luis Cortázar, quien en aquel era director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). La conversación habría sido el 5 de febrero de 2014.

En uno de los videos se escucha decir a Glas: «Estoy pidiéndote que abran la venta hasta de explosivos, hermano, para los mineros, porque estoy perdiendo en la Amazonía, estoy perdiendo en Sucumbíos, voy a perder la prefectura. Nuestro alcalde, que le daba dos a uno al contenedor, ahora está a tres puntos de diferencia».

Coca Codo Sinclair

En septiembre de 2022,  la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe realizado por Fernando Villavicencio sobre el proyecto Coca Codo Sinclair. En el documento se recomendaba al gobierno de Guillermo Lasso que no recibiera la hidroeléctrica—construída por la empresa china Sinohydro— debido a fallas estructurales.

“A julio del año 2022 existen 17 .99 fisuras. No se debe recibir la central mientras no se reparen todas las fallas y se garantice la vida útil de la planta por al menos 50 años», dijo Villavicencio.

Los asambleístas que no aprobaron el informe dijeron que el documento tenía imprecisiones, lo que en el futuro podría generar un arbitraje internacional y que podría afectar el abastecimiento del 30% del servicio de energía al Ecuador.

Tras la negativa del legislativo, Villavicencio fue a la Fiscalía a entregar documentos sobre las irregularidades del proyecto hidroeléctrico para que sea investigado. Y dijo que el informe pedía una acción penal en contra de los principales “responsables de la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en particular las autoridades del gobierno de Rafael Correa, encabezadas por el expresidente Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, varios ministros de Electricidad, los exgerentes de Coca Codo Sinclair, Celec, así como los representantes de las compañías china Sinohydro, la fiscalizadora mexicana y ecuatoriana”.

Cuestionamientos a Villavicencio en la Asamblea

En septiembre de 2022, el asambleísta correísta ligado a la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Villavicencio, por calumnia, delitos de odio y violación a la intimidad. 

De acuerdo a Aleaga —quien también presentó la queja al interior de la Asamblea, para que suspendan a Villavicencio por 30 días sin remuneración— el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización lo estaba atacando de manera sistemática por una foto tomada en un “momento casual”.

La fotografía a la que hizo referencia Aleaga es una en la que se lo ve en una piscina, presuntamente en Miami, en compañía de personas que enfrentan cargos por varios delitos, entre ellos narcotráfico.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de sanción de Aleaga. Además el pleno de la Asamblea no dio el permiso para enjuiciar penalmente a Villavicencio.

Sin embargo, el 10 de noviembre de 2022, Fernando Villavicencio sí fue sancionado por la Asamblea Nacional. Fue suspendido por 31 días debido a la queja presentada por la asambleísta Patricia Nuñez, de UNES, a quien Villavicencio había llamado “Betty la fea” y de quien se refirió como “puerca”. En la denuncia que presentó Núñez, en octubre de 2022, la asambleísta aseguró que los comentarios de Fernando Villavicencio eran “discriminatorios, peyorativos e inaceptables”.

Su vida estudiantil y profesional

Nació el 11 de octubre de 1963 en el cantón Alausí, en la provincia andina de Chimborazo.

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Villavicencio fue licenciado en periodismo y comunicación social por la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. Esta universidad fue cerrada en 2012 por no cumplir con los requisitos mínimos para ser acreditada. 

En 1996, Fernando Villavicencio trabajó como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador. Pero luego se desempeñó como síndico de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) hasta octubre de 1999, cuando fue despedido. El entonces presidente ejecutivo de Petroecuador, Jorge Pareja Cucalón, justificó la salida de Villavicencio por haber proferido insultos en contra del presidente de la República, Jamil Mahuad.

Fernando Villavicencio también colaboró para medios de comunicación como El Universo y la extinta revista Vanguardia. También fue asesor del asambleísta por Pachakutik Cléver Jimenez, electo por la provincia de Zamora Chinchipe en los periodos 2009-2013 y 2013-2017. Pero el segundo periodo sólo lo cumplió hasta marzo de 2014, cuando Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a 18 meses de prisión por supuestas injurias en contra del presidente de ese entonces, Rafael Correa. 

Un año antes de que Villavicencio fuera sentenciado, el 27 de diciembre de 2013, un escuadrón del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía allanó su vivienda. El hecho se llevó a cabo sin una orden judicial válida y tuvo como objetivo, según Villavicencio, confiscar información que había logrado recopilar y pretendía utilizar para denunciar casos de corrupción en el gobierno de Correa. Después de que Fernando Villavicencio fue sentenciado, se conoció que estaba refugiado en la Amazonía ecuatoriana para evitar ser capturado. El Congreso del Pueblo Sarayaku anunció su decisión de acogerlo a él y Jiménez dentro de su territorio, en abril de 2014, varios días después de que se conociera que estaban refugiados en esta región. 

Villavicencio fue prófugo de la justicia por tres años. Después de estar en la Amazonía, logró salir de Ecuador hacia Perú, en donde estuvo como asilado político hasta el 18 de septiembre de 2017. 

Ya en el gobierno de Lenín Moreno,  Villavicencio regresó a Ecuador. Desde Perú siguió denunciando casos de corrupción como el de PetroChina, sobre negociaciones en los contratos de preventa de petróleo. 

En ese caso, el perjuicio para el Estado habría sido de poco más de 18 mil millones de dólares. 

Villavicencio dijo que  volvió  al país movido por el pedido del presidente Moreno, de denunciar la corrupción en el Ecuador. 

El 20 de septiembre de 2017, a pocos días de su llegada, Fernando Villavicencio fue a la Fiscalía a presentar su denuncia por presunto mal uso de recursos públicos, en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina. Según sus estimaciones, habría dejado pérdidas por 2.400 millones de dólares para el Estado.

Villavicencio también fue uno de los que denunció el caso Sobornos 2012- 2016, conocido como Arroz Verde. 

Villavicencio y el periodista Christian Zurita denunciaron coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht al movimiento Alianza País, del que el expresidente Rafael Correa era líder. Un año después de haber sido denunciado el caso, el 7 de abril de 2020, el expresidente del Ecuador Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el contexto del caso Sobornos 2012-2016. También fueron condenados otros 19 procesados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas. 

En octubre de 2020, Fernando Villavicencio anunció su candidatura a la Asamblea Nacional. En sus redes sociales dijo que combatirá a la corrupción y que caerán los que han perjudicado al Ecuador. “Luché contra el poder corrupto como periodista de investigación y continuaré esta misión como asambleísta nacional”, afirmó Villavicencio. Sin embargo, fue el único candidato de la Alianza Honestidad que alcanzó una curul en la Asamblea con 30.1369 votos.

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