Este 2021 ha sido un año turbulento para el país que aún vive las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El 24 de mayo terminó su período presidencial Lenín Moreno, quien tuvo a su cargo las primeras decisiones sobre vacunación contra el covid-19 —que terminaron en escándalo al hacerse pública información sobre personas que se vacunaron con prioridad discrecional— y el primer brote de violencia del año en las cárceles. 

En los primeros meses de 2021 hubo una intensa campaña electoral que enfrentó a 16 candidatos que se disputaban la presidencia. Aunque hubo un período de incertidumbre tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicialmente dio por ganadores en primera vuelta a Andrés Arauz, candidato del correísmo, y a Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, finalmente Arauz tuvo que enfrentar a Guilermo Lasso en la segunda vuelta. Lasso terminaría derrotándolo y asumiendo la presidencia.

Una vez en el poder, Guillermo Lasso también se enfrentó a sus primeros grandes desafíos: la necesidad de vacunar a la mayoría de la población para poder reactivar la economía, la urgencia de tomar decisiones para aplacar la crisis carcelaria, la búsqueda de consensos entre opositores políticos y líderes sociales. 

Este es un breve resumen de los hitos políticos del 2021.

¿Cómo fue el proceso de vacunación en 2021? Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

La vacunación 

El primer lote de vacunas contra el covid-19 llegó el 20 de enero. Sin embargo en esos días hubo retrasos que el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, justificó diciendo que eran “en la distribución de la vacuna por parte de Pfizer”, la farmacéutica que las elabora y distribuye. 

La opacidad en la distribución de esas vacunas fue evidente: el plan de vacunación no se hizo público hasta marzo. En él, se establecía que en la fase cero o plan piloto estaría el personal de primera línea, ancianos que viven en geriátricos y el personal que los cuida. Según una infografía gubernamental, esta fase solo incluía a residencias públicas para ancianos. Sin embargo, Zevallos confirmó que su madre había sido vacunada en su residencia del Hospital de Los Valles, un centro privado de Quito. 

En respuesta a los cuestionamientos que surgieron a partir de ese momento, Zevallos respondió: “Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero.” La Secretaria de Comunicación de la Presidencia en ese entonces, Caridad Vela, justificó que la mamá del Ministro fuera vacunada sin que originalmente el centro gerontológico haya estado en el listado. “Si es que mi mamá estuviera viva, yo también quisiera que la vacunen a ella mañana”, dijo Caridad Vela, en una entrevista radial.

Ese fue apenas el inicio de una serie de cuestionamientos que el gobierno de Moreno fue incapaz de responder, demostrando poca transparencia y seriedad. 

Dos días después de que iniciara oficialmente el proceso de vacunación, se destituyó a dos funcionarios del hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito, por presuntamente haberse vacunado cuando no les correspondía pues no eran parte del personal de atención a casos de covid-19.

A fines de enero, un grupo de médicos en Cuenca reclamaron que en el Hospital Vicente Corral Moscoso se vacunó a 13 personas que estaban en primera línea de atención al covid-19. El resto de vacunados eran médicos de otras especialidades que no trabajaban directamente con pacientes contagiados. A finales de enero,  la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional pidieron al presidente Lenín Moreno que destituyera al ministro Zevallos.

La vacunación empezó muy lento. Hasta marzo, dos meses después de iniciado el proceso, Ecuador era uno de los países con menor número de vacunados en la región, con apenas 0,7% de la población vacunada. 

Los privilegios no cesaron en los meses siguientes. La Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec) confirmó el 18 de febrero que varios rectores habían sido invitados a ser vacunados. Luego, varios de los académicos que habían sido invitados, dijeron que declinaron la oferta. 

El 29 de enero la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Juan Carlos Zevallos por presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el covid-19. Según la Fiscalía, recibió “varias denuncias” en contra del entonces Ministro. Tres días antes, Zevallos había renunciado a su cargo, y horas después, abandonó el país en un vuelo hacia Estados Unidos.

El 5 de mayo, apenas unos días antes de que Moreno deje el poder, la Asamblea Nacional censuró a Juan Carlos Zevallos con 91 votos. Zevallos fue juzgado en ausencia; es decir no asistió presencial ni virtualmente a su juicio político por incumplimiento de funciones. No se han hecho públicas ninguna diligencia en el caso que la Fiscalía abrió en su contra ni se ha sabido si es que ha regresado a Ecuador.

Unos meses después, ya con Guillermo Lasso en el poder, Ecuador se convertiría en uno de los países que más vacunaba a personas contra covid-19. El 31 de agosto de 2021, el gobierno de Guillermo Lasso anunció que logró su objetivo de vacunar a 9 millones de personas en cien días, tal como lo había ofrecido en campaña.

Esos 9 millones, aseguró Lasso, son el 52% de la población total y el 75% de la población mayor a 16 años, edad desde que se aplican las vacunas contra el coronavirus que ha provocado esta pandemia. Llegar a 9 millones de personas vacunadas en sus primeros 100 días de gobierno fue la principal propuesta de campaña de Lasso y, según él, era su principal plan económico. 

A partir de octubre se empezó a vacunar la tercera dosis (de refuerzo) a mayores de 65 años y a niños entre 5 y 11 años.   

Esto ha permitido reducir los casos graves de covid-19 y la hospitalización, además de reactivar la economía.

La Corte Constitucional despenalizó el aborto. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

La Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación

El 28 de abril, la Corte Constitucional —máximo tribunal en Ecuador— decidió que no se penalizará a las mujeres que aborten cuando el embarazo es producto de una violación. 

Con los votos de siete de los nueve jueces constitucionales, la Corte concluyó que el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es inconstitucional. Este decía que no son punibles los abortos cuando “el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. La Corte resolvió eliminar la especificidad de que el aborto era posible sobre si había una discapacidad mental y la amplió a todas las mujeres que hayan sufrido una violación. 

El fallo de la Corte resolvió seis demandas presentadas entre 2019 y 2021 sobre la misma cuestión jurídica: la inconstitucionalidad de ese artículo. Las seis demandas fueron acumuladas en una sola causa. 

En su fallo, la Corte ordenó que el Defensor del Pueblo, en un plazo máximo de dos meses desde que se notifique la sentencia, elabore un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ese proyecto fue entregado a la Asamblea Nacional exactamente dos meses después, el 28 de junio de 2021, ya con la nueva Asamblea Nacional en funciones. Luego el proyecto fue enviado a la Comisión de Justicia, presidida por el legislador de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo. 

De acuerdo al procedimiento legislativo, la comisión debía debatir el proyecto y presentar un informe. Este informe fue finalmente votado en la comisión el 2 de diciembre pasado con 8 votos favorables y 2 abstenciones. Las abstenciones fueron de Sofía Espín, de UNES, y Ricardo Vanegas, de Pachakutik. Este último hizo una propuesta alternativa de un proyecto llamado Ley Orgánica para la armonización de la protección de la vida humana desde la concepción con la despenalización del aborto consentido en caso de violación. 

El documento, que ya tuvo su primer debate en el pleno el 9 de diciembre, fue aprobado en la Comisión de Justicia. Aún está pendiente un segundo debate antes de su votación. La Asamblea sale de vacancia legislativa este 16 de diciembre, y según la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional tenía 6 meses para debatir y aprobar la ley; ese lapso —que es evidente que no se va a cumplir—  es el 28 de diciembre.

En 2021 se eligió presidente, vicepresidente y asambleístas. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

Ecuador eligió presidente, vicepresidente y asambleístas

Las inscripciones de los candidatos presidenciales terminaron oficialmente en diciembre de 2020 pero la campaña más fuerte se hizo en los primeros meses de este año. Hubo 16 candidatos presidenciales —una sola mujer— y, por primera vez por obligación legal, hubo dos debates organizados por el Consejo Nacional Electoral.

La primera vuelta electoral fue el 7 de febrero y el Consejo Nacional Electoral adelantó los primeros resultados del conteo rápido: Andrés Arauz, candidato del correísmo, y Yaku Pérez, de Pachakutik, pasarían a segunda vuelta con . Las semanas siguientes fueron una carrera de contar los votos y legitimar las elecciones. 

 Le sigue el candidato por Pachakutik, Yaku Pérez, con el 20,04%. El candidato por la alianza CREO- PSC, Guillermo Lasso quedaría relegado a un tercer lugar con el 19,97% votos válidos. 

Lasso, en vez de Pérez, pasó a segunda vuelta con apenas medio punto de diferencia. 

Finalmente, el CNE confirmó que Arauz se enfrentaría a Guillermo Lasso en la segunda vuelta, que fue el 11 de abril. La tendencia que, en los últimos días favorecía a Lasso, terminó de confirmarse cuando se anunció su victoria. Su binomio, el nuevo Vicepresidente es el médico Alfredo Borrero. 

Aunque en los últimos años el candidato presidencial suele ser el que logra la mayoría en la Asamblea, este no fue el caso para CREO, el movimiento con el que Lasso participó en las elecciones —en alianza con el Partido Social Cristiano. 

En la Asamblea Nacional, CREO perdió 20 curules con respecto al 2017: pasó de 32 a 12. Fue la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) la que alcanzó la primera minoría, con 48 legisladores, entre ellos, Pierina Correa —la hermana del expresidente Rafael Correa. La segunda fuerza ganadora fue la de Pachakutik, con 28 asambleístas que, además, logró los votos necesarios para que Guadalupe Llori, electa por esa organización política, pudiera presidir la Asamblea Nacional. 

Lenín Moreno dejó el poder en mayo de 2021. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

Lenín Moreno dejó el poder, y el país

El 24 de mayo de 2021 fue el cambio de mando presidencial. Guillermo Lasso inició oficialmente su mandato que debe durar hasta 2025. 

Lenín Moreno se fue con menos del 6% de credibilidad, una de las cifras más bajas que haya registrado un presidente que termina su mandato. Sus últimos meses estuvieron marcados por los cuestionamientos al proceso de vacunación contra el covid-19 que instauró su gobierno, la crisis carcelaria y la desconexión que parecía existir entre el Presidente y lo que ocurría en el país. 

En agosto de 2021, Moreno comunicó a la recién posicionada Asamblea Nacional que saldría del país hacia Estados Unidos y que permanecería ahí tres meses. Por obligación constitucional, establecida en el artículo 144, el Presidente de la República debe “comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país” durante su mandato y por hasta un año después de terminar sus funciones. Moreno dejó la Presidencia el 24 de mayo de 2021, por eso, en agosto —y hasta mayo de 2022— tiene que avisar a la Asamblea si sale del país. 

En el oficio que Moreno dirigió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dijo que dictaría algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia, y mantendrá reuniones en la Universidad de la Florida con la posibilidad de vincularse a esa institución.

Aunque el plazo anunciado para su regreso vencía en noviembre, no se conoce sobre el retorno de Moreno. Lo que se hizo público en septiembre es que el expresidente sería uno de los expositores de un programa de liderazgo del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University (FIU) —en el que también participarán Francisco Santos Calderón, exvicepresidente de Colombia, y la excongresista de EE.UU. Ileana Ros-Lehtinen.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue procesado políticamente y penalmente. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

El juicio penal y político en contra el Defensor del Pueblo

El 17 de mayo, Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, fue detenido tras protagonizar hechos violentos en el domicilio del exministro de Salud, Mauro Falconí. Los vecinos alertados por el altercado entre Falconí y Carrión, llamaron a la Policía. 

Ese día, regía un estricto toque de queda para evitar el contagio de covid-19. Sin embargo, Carrión fue al departamento de Falconí, donde hubo una reunión social. Las cámaras de seguridad del edificio captaron a Carrión jaloneando a una mujer; esos videos se difundieron en redes sociales rápidamente. Luego se supo que la mujer es Gabriela Peñaherrera, pareja de Falconí, a quien según la justicia, Carrión agredió sexualmente. En el video también se ve a Carrión y Falconí, golpeándose y forcejeando.

El mismo día  también se compartió en redes sociales la información del parte policial levantado.

Inicialmente, un comunicado en el que aparece la firma de Carrión, decía que tuvo un “quebranto” en su salud y por eso estaba recibiendo atención en un centro médico. Sin embargo, después el  juez Luis Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, confirmó que Carrión fue trasladado a la Cárcel 4. Su defensa apeló la medida, pero nunca fue aceptada así como tampoco fue aceptado el intento de beneficiarse de un hábeas corpus.

Carrión fue llamado a juicio por el presunto delito de abuso sexual. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 36 elementos de convicción para sustentar el dictamen acusatorio. La audiencia de juicio avanzó rápido. La justicia encontró a Carrión culpable, en calidad de autor, de abuso sexual. Debe pasar tres años en prisión. 

Un mes y medio antes del llamamiento a juicio, el 15 de septiembre, la Asamblea Nacional ya había decidido destituirlo de su cargo como Defensor del Pueblo, que no estaba ejerciendo desde que fue llevado a la cárcel en mayo pasado. Tras recibir la prisión preventiva, Carrión pidió una licencia de 30 días y, durante ese período, Zaida Rovira asumió el cargo de Defensora del Pueblo subrogante. 

El 18 de junio, desde la Cárcel 4, Carrión intentó cesar en sus funciones a Rovira y empezó una pugna por el control de la Defensoría que duró varios meses y se zanjó con la destitución de Carrión. Con 75 votos a favor en el pleno de la Asamblea Nacional —y la abstención mayoritaria del correísmo y de una buena parte de los legisladores de Pachakutik. 

El juicio político contra Carrión se dio por un supuesto incumplimiento de funciones y el uso indebido de bienes públicos. El legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas, uno de los impulsores del juicio político, dijo que un servidor público como el Defensor del Pueblo no podía ni utilizar el vehículo de la Defensoría, ni escoltas para dirigirse a la reunión privada en la casa de Mauro Falconí, la noche en que ocurrieron los hechos por los que luego Carrión fue enjuiciado y sentenciado a prisión. 

Durante todo el proceso, Carrión aseguró que se trataba de una persecución y que había intereses políticos para sacarlo de su cargo, sobre todo después de que la Defensoría presentó un informe por los hechos de octubre de 2019. La Comisión Especial para la Verdad y Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo, sugería la posibilidad de cometimiento de crímenes de lesa humanidad y presuntas responsabilidades para distintos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno.

El 31 de agosto, Carrión dijo, frente a periodistas, que le habían puesto algo en la bebida la noche del 16 de mayo de 2021. “Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente en un examen toxicológico aparezca que no tengo un grado de alcohol”, dijo. También les dijo a los periodistas que días antes de esa reunión social, Falconí pidió reunirse con él para hablar sobre actos de corrupción. Falconí le habría dicho que hubo “una pérdida o robo” de miles de vacunas contra el covid-19 en la que estaría involucrada la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. También, según Carrión, Falconí le dijo que tenía el listado de las “vacunas VIP”, y que había casos de corrupción en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). 

Jorge Yunda fue destituido como Alcalde de Quito. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

El Alcalde de Quito fue destituido

Jorge Yunda dejó de ser Alcalde de Quito tras una pugna por el poder y luego de varios recursos legales de los que echó mano para evitar ser removido de su cargo. El 29 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un fallo con el que ratificó a Santiago Guarderas como Alcalde de Quito. 

El proceso de remoción había iniciado varios meses antes, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la administración de Yunda. La mayor derivó en un proceso penal por la compra de pruebas PCR después de que la Contraloría General del Estado emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de 100 mil pruebas. El informe especifica que no se justificó la necesidad de la compra, sus objetivos, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se adquirieron. 

Por ese caso, Jorge Yunda y otros funcionarios y exfuncionarios del municipio —entre los que están la doctora Ximena Abarca y la científica Linda Guamán— también están siendo procesados. Desde febrero de este año, Yunda usa un grillete electrónico y debe cumplir con la presentación periódica ante la justicia.

En paralelo al proceso penal, avanzaba el proceso de remoción que se concretó el 2 de junio de 2021. Ese día, con 14 votos y 6 abstenciones del Concejo Metropolitano de Quito, se decidió sacarlo de su cargo, por “incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado”. Yunda hizo algunas maniobras jurídicas para impedir su remoción pero en julio, Santiago Guarderas se posesionó como Alcalde. Duró por 11 días. Yunda volvió después de que un tribunal de la Corte de Pichincha decidiera dejar sin efecto su remoción. Dos meses más logró prolongarse Yunda frente a la Alcaldía pero desde fines de septiembre, Santiago Guarderas lo reemplaza. El período terminará en mayo de 2023. 

Y aunque Jorge Yunda ya no es alcalde, seguirá enfrentándose a la justicia. La audiencia de juicio por presunto peculado por la compra de pruebas PCR arrancó en septiembre, y su hijo Sebastián Yunda, también está siendo investigado por la justicia por supuesta asociación ilícita. La Fiscalía inició la investigación de oficio a partir de chats en la que Sebastián Yunda conversaba con funcionarios municipales para concretar compras irregulares en el Municipio de Quito, que en aquel momento era encabezado por su padre.

En una entrevista en GK, en junio de 2021, Jorge Yunda dijo que él le había advertido a sus colaboradores que no debían responder a ningún pedido de sus familiares con respecto a la gestión municipal. Dijo también que le había pedido explicaciones a su hijo. “Es un tema completamente delicado. Yo pensé que mi hijo se chateaba con sus amigos, con sus compañeros de la banda, con sus fans. Pensé que estaba dedicado a temas de su estudio y es un tema doloroso cuando veo que también estaba chateando con funcionarios de la función pública de su papá. Ha sido un tema muy doloroso, muy delicado. Yo le apoyaré, todos cometemos errores”, dijo. 

Unos meses antes, Yunda había dicho “Yo no voy a poner las manos en el fuego absolutamente por nadie. Ni por familiares ni amigos ni compadres ni funcionarios. Yo respondo por mis actos”. 

Este 1 de diciembre, Sebastián Yunda —que estaba prófugo— fue detenido en Argentina. Según el Ministerio de Gobierno, fue ubicado con la cooperación internacional —la Interpol había activado su notificación roja para encontrarlo— y ya empezaron los trámites para trasladarlo de regreso a Ecuador. 

Cuando llegue, Sebastián Yunda deberá cumplir con la orden de prisión preventiva que pesa sobre él desde octubre de este año.

El Presidente Lasso anunció la creación de una nueva reserva marina en Galápagos. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

La creación de una nueva reserva marina en Galápagos

El Presidente Guillermo Lasso anunció la creación de una nueva reserva marina en Galápagos. Lo dijo el 1 de noviembre en una rueda de prensa en la COP26 —la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— en Glasgow, Escocia. 

Lasso acogió una propuesta de la sociedad civil de Galápagos y dijo que la nueva reserva se financiará con “un canje de deuda por naturaleza”, un mecanismo que facilita que un país invierta en proyectos de conservación a cambio de reducir su deuda externa. 

El Parque Nacional Galápagos tiene una superficie de 8 mil kilómetros cuadrados y es considerado como el archipiélago mejor conservado del mundo porque el 97% de su territorio pertenece al parque nacional y 130 mil kilómetros de sus aguas son reserva marina protegida. Las aguas de la reserva marina albergan a 95% de especies endémicas. El objetivo de esta nueva área protegida es ayudar en la conservación de especies y ecosistemas marinos que la actual reserva no ha podido abarcar.  

El Presidente dijo que los 60 mil kilómetros cuadrados de la nueva reserva estarán distribuidos así: 30 mil de zona de no producción pesquera, que se ubicará sobre la Cordillera de los Cocos —una zona de alta biodiversidad de especies migratorias en peligro como el tiburón martillo. Y 30 mil de zona de no palangre, en el noreste de las islas.

Un mes y medio después del anuncio todavía no existe el decreto ejecutivo que confirma la creación de la nueva reserva marina. 

El 2021 fue el año más violento en las cárceles de Ecuador. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

Este año fue el más violento en las cárceles

2021 ha sido el año en que se registró la mayor cantidad de episodios de violencia en las cárceles del país. En los tres últimos años, sin embargo, no ha habido tregua. En 2019 hubo 35 muertes violentas, en 2020 esa cifra aumentó a 51 y hasta noviembre de 2021 han sido, al menos 320 personas fallecidas en los enfrentamientos. 

El primer hecho violento del año dentro de las cárceles fue en febrero, cuando aún Lenín Moreno gobernaba el país y dejó al menos 79 muertos, todos privados de libertad. Fue un amotinamiento simultáneo en cuatro cárceles: una en Azuay, dos en Guayas y una en Cotopaxi. Ese día una guía penitenciaria mujer fue violada.

El General Edmundo Moncayo, en ese entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dijo que los amotinamientos estaban relacionados con la muerte de Jorge Luiz Zambrano, alias Rasquiña, líder de la organización delictiva Los Choneros, asesinado en diciembre de 2020. Según Moncayo, la disputa se daba entre quienes buscan mantener la hegemonía de esta organización criminal.

El cambio de gobierno y de autoridades del SNAI tampoco evitó que los enfrentamientos continuaran. En julio hubo incidentes en las cárceles de Cotopaxi y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayas.  

Luego hubo dos hechos violentos más: el de mayores proporciones ocurrió a finales de septiembre, dejó 118 muertos. Unos días antes de la masacre —la mayor registrada en la historia reciente del país— se habían registrado más incidentes. La Policía dijo que la Penitenciaría fue atacada con drones que lanzaron explosivos. En la madrugada de ese día, los vecinos denunciaron una detonación en la cárcel.

Tras los hechos violentos, Lasso anunció el estado de excepción en todas las cárceles del país. “Este estado de excepción tiene como objetivo precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad”, dijo. El Presidente agregó que el gobierno está trabajando para “recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador”. 

La razón para decretar fue la “grave conmoción interna” debido a los altos índices de inseguridad en varias ciudades del país. 

La violencia, sin embargo, no terminó. En noviembre se dio nuevamente una masacre en las Penitenciaría del Litoral: la cuarta del año, con al menos 58 personas asesinadas.

Daniela Oña, experta en derechos humanos y cárceles, explicaba en marzo  que el sistema carcelario de Ecuador —con 38 mil presos— se empezó a deteriorar desde 2017,  y que entonces ya alertaban sobre problemas como la falta de personal, de presupuesto, de una buena reforma carcelaria y el debilitamiento de la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que antes controlaba el sistema penitenciario, y que ahora está a cargo del SNAI. Otros factores como las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014, el aumento de la criminalidad en el país y la corrupción dentro de las cárceles, aportaron a la debacle. 

El gobierno ha anunciado la creación de una comisión de pacificación con una metodología aplicada en cárceles de países como México y Chile. 

Las relaciones entre Lasso y los sectores políticos y gremiales han sido tensas. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

Débiles diálogos entre el Gobierno y la oposición 

Desde que el gobierno de Guillermo Lasso se posesionó, en mayo pasado, las relaciones con los sectores políticos de oposición y líderes gremiales y de la sociedad civil se han ido debilitando. 

A pesar de ganar las elecciones presidenciales, CREO, el movimiento liderado por Lasso y que tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano en las elecciones, obtuvo resultados pobres en la Asamblea: apenas 12 legisladores. 20 menos que en las elecciones de 2017.

Ese comienzo avizoraba dificultades en la gobernabilidad pues la primera minoría en la Asamblea es UNES, la oposición natural de CREO, seguido por Pachakutik y la Izquierda Democrática, dos fuerzas en la orilla ideológica opuesta de CREO.

El día de la posesión de las autoridades legislativas, 14 de mayo, se conoció además un pacto político que incluía a los líderes de UNES, Rafael Correa; de CREO, Guillermo Lasso, y del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Los tres habían tenido reuniones previas para acordar un pacto de gobernabilidad que finalmente, según las versiones de UNES y el PSC, fue quebrado cuando CREO no dio los votos para que Henry Kronfle, asambleísta socialcristiano, fuera electo presidente de la Asamblea.

Ese día también terminó el acuerdo político que había permitido que el PSC respaldara la candidatura de Lasso y resquebrajó la alianza que, por la naturaleza ideológica de ambas organizaciones, debió fortalecerse en este período. 

Pachakutik, la organización con la que CREO tuvo que aliarse para elegir autoridades en la Asamblea Nacional aclaró, desde el inicio, que se trataba de una alianza coyuntural. Y es evidente, las posturas políticas de ambas organizaciones son opuestas en muchos temas como minería, subsidios a los combustibles, entre otros. 

Además, Pachakutik había respaldado en las elecciones a Yaku Pérez, el candidato que fue anunciado por el CNE como el potencial competidor de Arauz de segunda vuelta. Cuando, unos días después, la tendencia que daba a Pérez como ganador se revirtió en favor de Lasso, Pérez y sus seguidores cuestionaron la transparencia del CNE y la legitimidad del anuncio. Pérez incluso dijo que había un “intento de fraude” en su contra.

Ya en la segunda vuelta, Pérez anunció que ni él ni Pachakutik respaldarían la candidatura de Lasso y cuando Lasso llegó al poder, Guadalupe Llori, la legisladora que pudo presidir la Asamblea Nacional gracias a los votos de CREO, advirtió la posibilidad de seguir un juicio político a los vocales del CNE. La razón, según dijo Llori en mayo pasado, era la “duda” sobre los resultados de las elecciones. 

El 24 de noviembre, la advertencia de Llori se confirmó: el CAL calificó la solicitud de juicio político en contra de los vocales del CNE. 

Esta es una de las demostraciones de la fragilidad de las relaciones entre Pachakutik y el gobierno, a pesar de que, junto a la Izquierda Democrática, han sido convocados a dialogar con el Presidente y la Ministra de Gobierno en, por lo menos, dos ocasiones —algo que no ha ocurrido con UNES ni con el PSC, que han sido excluidos de los diálogos con el Presidente. 

Patricia Sánchez, legisladora de Pachakutik, dijo en las Entrevistas GK que por ahora esos diálogos “están congelados”.

Algo similar ocurre con las organizaciones sociales: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y algunos gremios de los trabajadores fueron convocados a conversar. El último encuentro fue el 10 de noviembre en Carondelet. En él, se anunció que no había acuerdos aún pero que los diálogos continuarán. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que el plazo para reunirse nuevamente había terminado y se anunciaron posibles movilizaciones para enero de 2022. 

La fragmentación de la Asamblea ha dificultado la gobernabilidad. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

La Asamblea Nacional: escándalo tras escándalo y poca legislación

La Asamblea Nacional que terminó su período en mayo pasado, salió con índices históricamente bajos: 3% de aprobación y enormes deudas hacia los ciudadanos. La vara tan baja le daba un enorme margen de maniobra a la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, en los pocos meses que está en funciones, su trabajo ya ha sido empañado en varias ocasiones. 

Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, fue destituida por sus compañeros en octubre, tras verse involucrada en presuntos actos de corrupción (Yessenia Guamaní, de la ID, la reemplazó). La asambleísta por la Izquierda Democrática habría recibido pagos indebidos a cambio de puestos en la Asamblea. Tras el escándalo y antes de ser destituida por el pleno de la Asamblea, fue expulsada de la organización política con la que llegó al Palacio Legislativo, y el viernes 3 de septiembre, la Fiscalía allanó su departamento y su oficina en la Asamblea.

Además, ha habido otros legisladores y asesores señalados por presuntos actos de corrupción. El asesor de Darwin Pereira, de Pachakutik,  habría gestionado cargos públicos en su nombre. Pereira ha dicho que no tiene control sobre lo que hacen sus asesores y anunció que el colaborador señalado fue separado de su equipo.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, también de Pachakuti, se defendió de las acusaciones de que habría pagado, con fondos públicos, más de 800 dólares por dos días de hospedaje en el Tena, incluyendo masajes. También fue cuestionada por un contrato de 100 mil dólares, para ceremonias protocolarias en la Asamblea Nacional, en el que se incluían desayunos de hasta 24 dólares, almuerzos de 45 y cenas de 50.

El trabajo de la Asamblea Nacional también ha sido blanco de señalamientos: el proyecto de ley tributaria y la proforoma presupuestaria enviados por el presidente Lasso entraron por el ministerio de la ley, sin las observaciones de los legisladores, después de que en ambas votaciones, los asambleístas actuaran con vacíos de conocimiento en el procedimiento legislativo. En el primer caso, la falta de votos de UNES para archivar el proyecto de ley tributaria enviada por Lasso, provocó que la propuesta entrara en vigor tal cual fue enviada por el Ejecutivo. Eso generó especulaciones sobre un posible pacto entre el gobierno y el correísmo, pues, además, en medio de la discusión por la abstención de UNES, varios de los líderes correístas empezaron a discutir sobre los funcionarios procesados, a quienes consideran “presos políticos”.  En el segundo fue una falla normativa la que provocó que el presupuesto se quedara tal cual lo envió Lasso.

Las ausencias de los legisladores a las votaciones también fueron evidenciadas por un informe del Observatorio Legislativo sobre los 100 días de la Asamblea. Allí se señala a Guadalupe Llori como la legisladora que más se ausenta del pleno. De cada 10 sesiones que hay, ella no asiste a 3. Le siguen Bruno Segovia de Pachakutik (23.4% de ausencias); César Rohon, separado del PSC (22.4% de ausencias) y Esteban Torres, del PSC (19.6%).

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El próximo año será aún más desafiante en la arena política: serán necesarios acuerdos políticos para que haya gobernabilidad y eso obligará al Gobierno a buscar conversaciones incluso con sus opositores políticos. Además, tendrán que empezar a verse concretados varios de los ofrecimientos que el Gobierno ha hecho, como la nueva reserva marina en Galápagos y el proceso de pacificación en las cárceles.