12 asambleístas proponen desacatar la sentencia de la Corte Constitucional

Un proyecto con un nombre y contenido contrario a lo que dispuso la Corte Constitucional en abril de 2021, se presentó este lunes en la Asamblea Nacional con un nombre rimbombante: Ley Orgánica para la armonización de la protección de la vida humana desde la concepción con la despenalización del aborto consentido en caso de violación. El enredo del lenguaje y directo desafío al histórico fallo de abril fue presentado por el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, quien ha dicho públicamente que “defiende la vida” y que se resiste “a recibir una disposición de la Corte Constitucional”. 

Más allá del incumplimiento de funciones en uno de sus comentarios —la Corte es el máximo tribunal y la Asamblea debe obedecer a sus sentencias—, su propuesta está cargada de falacias y errores de fondo. Tuvo el respaldo de 11 asambleístas: Vanessa Freire, Pierina Correa, Esteban Torres, César Rohon, Christian Omar Yucailla, Eckener Recalde, Edgar Patricio Quezada, Geraldine Weber, Isabel María Enríquez, Jessica Castillo, Marlon Cadena. Algunos de ellos, miembros de organizaciones políticas que dicen defender los derechos de las mujeres.

La primera bandera roja de este proyecto es que la misma Corte Constitucional en su fallo del 28 de abril de 2021 con el que despenalizó el aborto por violación en el Ecuador, dispuso que sea la Defensoría del Pueblo quien elabore un proyecto de ley. Pero “todos los asambleístas tienen iniciativa para presentar proyectos de ley sobre cualquier tema”, explica la abogada Libia Rivas, quien fue Secretaria General de la Asamblea Nacional. En teoría, Vanegas y cualquier otro asambleísta podría haberlo presentado. “Pero la Corte fue clara en que quien tenía que hacer la Ley es un organismo de Derechos Humanos, la Corte le dijo directamente a la Asamblea ‘ustedes no van a hacer la ley’”, opina la activista y abogada defensora de derechos humanos, Silvia Buendía. 

El contenido de la propuesta presentada por Vanegas podría fácilmente responder por qué el máximo tribunal del país dejó en manos de la Defensoría la elaboración del proyecto y no en las de los legisladores. 

El proyecto presentado por Vanegas está siendo evaluado por la Unidad Técnica Legislativa que debe asegurarse, en 5 días, que cumpla con los requisitos de forma que están en la Constitución —referirse a una sola materia, tener suficiente exposición de motivos, tener expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarán y reformarán— y elaborar un informe técnico que no será vinculante. 

Otro de los requisitos que debe cumplir es que tenga el apoyo de una bancada legislativa o al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir 7. En este caso, no hay bancada detrás sino 11 asambleístas de todos los colores unidos por la “defensa a la vida” y el cargamontón contra la institucionalidad constitucional del país. Son 4 de Pachakutik (PK), 2 de Unión por la Esperanza (UNES), 2 del Partido Social Cristiano (PSC), 1 de la Izquierda Democrática (ID), uno de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), y un independiente que era del PSC.

Los once apoyan un proyecto que como primera exposición de motivos —con un pie de página que contradice su propósito porque ocupa toda la carilla— señala que “la vida de todo individuo de cualquier especie animal inicia el momento de la fertilización con la formación del cigoto” y que “al momento de la concepción existe un individuo de la especie humana”. Dos argumentos que ignoran lo que la comunidad científica ha dicho en su conjunto: establecer en qué momento empieza la vida es una discusión contínua. En 2018, Alberto Kornhblitt, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, explicó por qué un embrión no es lo mismo que un ser humano. Pero más allá de eso lo que está en discusión ahora en la Asamblea no es cuándo empieza la vida sino la aprobación de una ley que cumpla con el fallo de la Corte. 

Y aquí hay otro problema. En el apartado de la exposición de motivos, el proyecto de Vanegas señala que la Corte Constitucional cometió “graves errores” y que la “Asamblea Nacional se encuentra frente al dilema de tener que cumplir una sentencia ultra vires y contra normas expresas constitucionales e internacionales”, como si fuera opcional cumplir con el fallo. Si la Asamblea Nacional incumple la sentencia de la Corte Constitucional, podría ser destituida.

Otra de las contradicciones del proyecto con lo que ordenó la Corte, es que el máximo tribunal dejó claro que para que una niña, adolescente o mujer acceda a un aborto por violación, no tiene que presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 

Pero el artículo 12 del proyecto se va en contra completamente a los dispuesto por los jueces constitucionales porque detalla los requisitos para acceder a un “aborto consentido legal en caso de violación”. Entre ellas inlcuye la denuncia por violación contra el agresor, una declaración juramentada ante la Fiscalía, y cumplir con tres etapas de consentimiento informado que están en dos artículos anteriores. Procesos que además de contrarios a la sentencia, son revictimizantes para las niñas, adolescentes y mujeres quienes tendrían que someterse más de una vez a contar los hechos.

“El proyecto es punitivista”, afirma la Vice Defensora del Pueblo, Gabriela Bermeo, porque “la Corte Constitucional habla de las víctimas, del derecho al acceso del servicio médico de salud, no habla de qué pasó en el delito. Esto debería ser un método de reparación para las víctimas. Desde allí el proyecto de Vanegas no cumple el estándar de la Corte”. Es decir que la ley que ordenó la Corte Constitucional exige que se detalle el mecanismo para acceder a ese derecho que es un aborto seguro, sin discriminación, algo que nada tiene que ver con el proceso penal. 

La otra contradicción y quizás la más preocupante es el plazo para practicarse el aborto: “antes del primer latido del corazón del ser humano en el vientre, o antes de las cinco (5) semanas de gestación, lo que se verifique primero”. El tiempo establecido ignora la realidad de las mujeres que abortan en el país. 

Surkuna —organización que brinda apoyo legal a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia— acompañó a niñas, adolescentes y mujeres que abortaron, luego de ser víctimas de violación, entre el 29 de abril y el 12 de septiembre de 2021. De esas, cerca del 30% pudieron acceder al aborto entre la semana 21 y 23, y  cerca del 20% tenían entre 15 a 17 semanas. Solo el 11% abortó entre las 5 y 8 semanas. Ninguna lo hizo en menos de cinco semanas. “Las mujeres o niñas que son violadas enfrentan más obstáculos, no tienen recursos, son de sectores más empobrecidos o son víctimas de violencias sistemáticas. De nuestra experiencia estas mujeres se dan cuenta que están embarazadas cuando tienen 12 semanas de gestación”, dice Sarahí Maldonado, de Las Comadres, colectivo que acompaña abortos seguros en Ecuador.  

En Uruguay el plazo para acceder a un aborto por violación es de 14 semanas. En México y en Chile, 12 semanas. En Argentina y Bolivia no hay plazos. En Puerto Rico se puede en cualquier etapa si el profesional de salud encuentra que es una amenaza a la salud de la persona, no hay prohibición o categorización por causal. Una vez más, el proyecto de Vanegas falla en entender lo que atraviesa una víctima de violación. 

Otra de las cifras de Surkuna en los primeros cinco meses que lleva la sentencia de la Corte revela otra realidad que el proyecto de Vanegas ignora: el 47% que abortó tenía entre 10 y 14 años. “El proyecto no transversaliza el enfoque de Derechos Humanos, obvia por completo que somos una diversidad, que no solo hablamos de mujeres sino de niñas que requieren un enfoque específico. Olvida por completo la diversidad de mujeres con discapacidades, afro, racializadas, rurales que estamos reconocidas por la Corte”, opina Bermeo de la Defensoría del Pueblo. 

Así como menciona el proceso de la Fiscalía y la denuncia —que no es obligatoria para abortar según lo determinó la Corte, el proyecto también detalla, una posible “adopción del recién nacido”. ¿Cómo es que un proyecto que debería enfocarse en detallar el proceso para que las niñas y mujeres accedan a un servicio de salud para abortar menciona como una posibilidad quedarse con el feto, y luego parir al producto de violación?

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La viabilidad de este proyecto aún depende de varias instancias en la Asamblea Nacional. De la Unidad Técnica Legislativa —donde está actualmente— debe salir un informe que es presentado al Consejo de Administración Legislativa (CAL). “Esperamos que el informe sea inconstitucional”, dice la vice defensora del pueblo, Gabriela Bermeo.  

El CAL deberá calificarlo o no. Si lo hace, el proyecto irá a la Comisión de Justicia, donde deberán discutirlo para elaborar un informe para primer debate en el pleno.

La duda es cómo se hará este proceso si ya hay otro en marcha para el proyecto de ley para el aborto por violación presentado por la Defensoría del Pueblo el 28 de julio de 2021 —en cumplimiento de la sentencia. Este proyecto ya tuvo un informe favorable de la Unidad Técnica Legislativa, ya fue calificado por el CAL, y esta semana la Comisión de Justicia terminará el informe para primer debate.

La abogada Libia Rivas explica que el que haya dos proyectos para un mismo tema no significa que va a quedar “como un mix” sino que se tomará de cada uno lo que la Comisión considere prudente.  Rivas dice que ambos proyectos se podrían unificar pero no significa que se “ponga” todo el texto del asambleísta sobre el de la Defensoría. “Significa que se tratarán al mismo tiempo”, dice. 

En términos concretos, la Comisión puede decir que ninguno de los artículos de Vanegas es bueno o puede opinar que la mitad de un artículo se incluya en el proyecto de la Defensoría porque sí calza, puede rechazar todo, nada, un poco. En este proceso también se deben incluir los aportes de los 10 asambleístas que conforman la Comisión. Es decir, ni el proyecto de la Defensoría ni el de Vanegas podrían publicarse tal cual llegaron.

Contactamos a los miembros de la Comisión de Justicia para conocer su postura frente al proyecto presentado por Vanegas que podría llegar hasta su Comisión. De los diez legisladores que son parte —tres de Pachakutik, cuatro de UNES y tres de ID— únicamente dos accedieron a responder las preguntas de GK. Uno, fue el asambleísta Alejandro Jaramillo (ID), quien preside la comisión, que solicitó hacerlo a través de WhatsApp porque estaba en el pleno. Otra, fue la legisladora Johanna Moreira, también de la ID, que ofreció una entrevista telefónica. 

Sobre la postura oficial de la ID frente al proyecto de Vanegas, como coordinador de la bancada, Alejandro Jaramillo escribió: “Al inicio del tratamiento de la iniciativa de la Defensoría tomé la decisión personal de no exponer de manera pública mi criterio o mi postura personal para no generar conflicto o que se pueda aducir algún vicio en el tratamiento del proyecto de ley. Sin embargo de ello, debo reiterar la postura de Izquierda Democrática, partido político al cual pertenezco y al que me debo y es que somos una organización política feminista y todo lo que ello implica”.

Johanna Moreira, de la ID y parte de la Comisión sí fue clara con respecto a su postura. “El proyecto del asambleísta Vanegas demuestra que él no comprende la realidad de lo que pasa en el país”, dijo. Para Moreira, los planteamientos de Vanegas serían regresivos en derechos y ve difícil que sea tratado por la comisión, pues el proyecto enviado por la Defensoría del Pueblo ya tiene un informe listo, que está listo para ser votado, dice Moreira. “Hemos incluso ya pedido pronunciamientos frontales a cada legislador sobre el informe”, dijo. 

Además de Jaramillo y Moreira de la Comisión de Justicia, tres legisladores contestaron al pedido de una entrevista: Dalton Bacigalupo de la ID, Fausto Jarrín de UNES y José Chimbo de Pachakutik. Bacigalupo respondió que aún no leía el proyecto, aunque agregó que “hay criterios interesantes en el proyecto del asambleísta Vanegas, pero no lo conozco en su totalidad”. Jarrín dijo “la verdad es que aún no he revisado el proyecto”. Y Chimbo dijo que “anda a full” y pidió mover la entrevista para la próxima semana. 

Los otros cinco legisladores contactados —Jahaira Urresta, José Agualsaca y Sofía Espín, de UNES, y Dina Farinango y Ricardo Vanegas, de PK— no contestaron hasta el cierre de este reportaje. 

Por ahora es apresurado saber si el proyecto de Vanegas será incorporado en el de la Defensoría en su totalidad, en partes o en nada.

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Ricardo Vanegas, el hombre que presentó el proyecto de ley lleno de inconsistencias, llegó a la Asamblea Nacional de la mano de Pachakutik, la segunda minoría, detrás de Unión por la Esperanza (UNES). Vanegas es un abogado guayaquileño conocido por llevar casos mediáticos como el del femicidio de la cantante de tecnocumbia, Sharon, en el que defendió a su hija, Samantha Grey. 

El 14 de mayo de 2021, en la primera sesión de este nuevo período, en la que debían elegirse autoridades de la Asamblea Nacional, Vanegas se hizo viral en redes sociales por una intervención en la que solicitaba que se suspenda la sesión en la que los asambleístas no se lograban ponerse de acuerdo. “Quiero pedirle señora presidenta, y pedirles a mis compañeros asambleístas, que se haga un receso, porque necesitamos, sobre todo las personas mayores, los que tenemos nuestros problemas de salud, necesitamos alimentarnos y necesitamos descansar, porque muchos de nosotros somos de provincia y se van a cerrar más tarde, por la cuestión de la emergencia, se van a cerrar las carreteras; quisiera pedirle que se haga un receso hasta el día lunes para volvernos a reunir”, dijo. 

Ese no ha sido el único desatino de Vanegas en la Asamblea —si es que así se puede llamar a la queja por el cansancio y el hambre que el asambleísta hacía el primer día en su nuevo trabajo. En agosto pasado Vanegas pidió a la fiscal Diana Salazar que investigue si los teléfonos de los asambleístas están “pinchados” o intervenidos de forma ilegal. Su preocupación surgió después de que en redes sociales se difundieran conversaciones de audio y capturas de pantalla de asambleístas y asesores en las que se identificaban presuntos delitos como gestión irregular de puestos o pedidos indebidos de dinero. A Vanegas, más que las presuntas irregularidades, le interesaba saber cómo se estaban haciendo públicas. 

Ha hecho, además, declaraciones en contra del derecho al aborto, desconociendo los estándares internacionales y el fallo de la Corte Constitucional para los casos de violación. “En el Ecuador no se puede instituir como un derecho el aborto, no es un derecho, es una excepción”, dijo en declaraciones a una radio. Comulga, en sus postulados, con personajes como Amparo Medina, activista en contra del aborto conocida por compartir información falsa e imprecisa en redes sociales, y cuyo contenido suele ser compartido por Vanegas. 

Para este reportaje, solicitamos una entrevista con Vanegas, a través de una persona de su equipo para conocer qué apoyos tiene dentro de su bloque y dentro de la Comisión de Justicia para su proyecto. Hasta el cierre de este reportaje no concretaron una respuesta. 

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La discusión por despenalizar el aborto en casos de violación no es reciente en Ecuador. En agosto de 2019 se retomó el debate en el pleno de la Asamblea, dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Era el segundo debate, que se convocaba seis meses después del primero. La votación fue el 17 de septiembre de ese año y no alcanzó para despenalizar el aborto por violación: se necesitaban 70 votos, hubo 65. 

Entre los votos que se habían contado para alcanzar la votación necesaria, estaban cinco de Pachakutik, según dijo en esa época, la activista Silvia Buendía. El día de la votación, el resultado fue otro: Jaime Olivo votó que sí, pero los otros cuatro votaron que no, incluyendo a Encarnación Duchi, que era, en ese momento, Presidenta de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia. También faltaron los votos de CREO. Por lo menos tres asambleístas que, públicamente habían anunciado que votarían en favor de la despenalización, al final no lo hicieron por supuestas presiones que hubo por parte del líder de la organización, ahora Presidente de la República, Guillermo Lasso.

Eso ocurrió aunque tanto Lasso como Jaime Nebot habían dicho, previamente, que dejarían a la libertad de conciencia de los legisladores, la decisión de votar en favor o en contra del proyecto.

Tras la decisión de la Corte en abril de 2021, la discusión volvió a la Asamblea, con el proyecto de Ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, presentado por la Defensoría del Pueblo. 

El proyecto está en la Comisión de Justicia en la que hay representación de PK, ID y UNES que, en teoría, tienen una visión ideológica progresista. Sin embargo, varios asambleístas de PK se han pronunciado contrarios a la interrupción del embarazo en cualquier caso, incluido cuando hay una violación —como ya ocurrió en la votación de 2019. De hecho, en respaldo a Vanegas, cuatro de sus coidearios —Omar Yucailla, Edgar Patricio Quezada, Isabel María Enríquez y Jessica Castillo—  firmaron la propuesta de ley que hoy está siendo analizada por la Unidad Técnica Legislativa. “Me sorprende que ahí esté la firma de Jessica e Isabel”, dijo la legisladora de Pachakutik, Sofía Sánchez, en entrevista telefónica. Dijo también que si no está entre los temas a tratar en la próxima reunión de la bancada, ella será quien lo proponga. 

Sánchez dijo que la postura del asambleísta Vanegas no representaba la del bloque y que ella no está de acuerdo con el proyecto. “Este tema quedó en tratarse en la bancada máximo hasta después del feriado [de inicios de noviembre]”, dijo y recordó que desde la campaña electoral, Pachakutik, como organización política se manifestó favorable al aborto en casos de violación.

“Este es un ofrecimiento de campaña y se tiene que respetar”, dijo y agregó que en la siguiente reunión de bancada deberán discutir si la votación, en su momento, se hará de forma orgánica o se dejará a la libertad de cada legislador de votar como considere —incluso si eso va en contra de lo que  Pachakutik propuso en campaña. “Se pueden hacer ajustes pero no para comprometer  lo que ya dice la sentencia de la Corte Constitucional”, dijo.

En este proyecto alcanzaron, además, un punto de encuentro con otras bancadas con las que, en otros temas, tienen diferencias abismales. Geraldine Weber y Pierina Correa, del PSC y UNES respectivamente, también lo apoyaron con sus firmas. De ellas no sorprende: ambas asistieron en junio a un evento “provida” en Guayaquil en el que se revictimizaba a una adolescente víctima de violación. También estaban las firmas de César Rohon —quien llegó por el PSC pero ahora es parte del BAN—, Esteban Torres, coordinador de bancada del PSC, Vanessa Freire, ex UNES y ahora independiente, Eckener Recalde —que llegó con la ID pero hoy es independiente— y Marlon Cadena de la ID. 

La presencia de representantes de las cuatro bancadas en las firmas de respaldo demuestra que este no es un asunto que se dirimirá de forma orgánica y unánime. Hay, entre los firmantes, un legislador de la ID, a pesar de que esta ha sido una organización política que se presentó como feminista en las últimas elecciones. “Aquí no caben posturas personales y religiosas. Habrá un voto orgánico, incluso fue decidido cuando firmamos el código de Ética para acogernos a una votación de partido”, dijo a GK, Johanna Moreira, asambleísta de la ID y parte de la comisión de Justicia. 

Está previsto que el informe sea votado después del feriado, según dijo el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo. Si tiene los votos suficientes, pasará al pleno para el primer debate.

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La Asamblea Nacional tiene hasta diciembre de 2021 para aprobar un proyecto de ley para el aborto por violación. Pero, como lo remarcó la Corte Constitucional, no puede ser cualquier proyecto.

“Los parámetros están delineados [por la Corte] y la Asamblea debe ajustarse a ellos. Si no lo hace, se viabiliza una posible acción por incumplimiento que podría terminar en sanciones respecto de los miembros de la Asamblea Nacional que incumplieron la sentencia de la Corte Constitucional”, explica el abogado constitucionalista Mauiricio Alarcón.

Pero hasta que eso pase, falta esperar qué dice el informe de la Unidad Técnica Legislativa, qué decide el CAL y luego qué acepta o descarta la Comisión de Justicia sobre este proyecto que es todo menos coherente con la sentencia de la Corte Constitucional.