La aprobación de la  Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 ha causado polémica en el país. A pesar de que el Pleno de la Asamblea Nacional no la aprobó por mayoría de votos, la ley sí fue aprobada. Te explicamos por qué y qué reacciones ha causado.

¿Cómo se aprobó la ley?

El 26 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional debía debatir por segunda vez sobre el proyecto de ley económica “urgente” que fue enviada al Legislativo por el presidente Guillermo Lasso el pasado 28 de octubre —y que debía ser revisada hasta el 27 de noviembre—. En el debate, el pleno negó tres mociones sobre el proyecto de ley:

• Primero, negó la moción del asambleísta de CREO,  Francisco Jiménez, sobre aprobar el informe de mayoría del proyecto de ley que fue hecho por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.
• Luego, negó la moción del asambleísta socialcristiano Esteban Torres para que se aprobara el informe de minoría sobre el proyecto de ley. 
• Y finalmente, no aprobó la moción para negar el proyecto de ley y archivarlo.

El resultado de esta última moción es precisamente lo que permitió que la ley entrara en vigencia, aunque por mayoría, la Asamblea había decidido no aprobarla. 

Los expertos dicen que la ley económica, que propone varias reformas tributarias para “la reactivación económica del país”, entró en vigencia por el ministerio de la ley.

Esto sucedió porque era un proceso de aprobación de una ley económica de carácter urgente y la ley para esta clase de proyectos dice que hay tres opciones. El abogado constitucionalista Esteban Ron le explicó a GK que estas son:

• No aprobar el proyecto
• Archivar el proyecto
• Dejarlo sin pronunciamiento

La abogada constitucionalista y ex secretaria de la Asamblea, Libia Rivas, explica además que al no haber ganado la moción del archivo del proyecto de ley, “de conformidad con la Constitución” del Ecuador, la ley, tenía que entrar en vigencia automáticamente por el ministerio de la ley. Al estar en conformidad con la Constitución y no estar incumpliendo alguna de sus normas, Rivas asegura que el proyecto de ley no debe ser sometido a un análisis de la Corte Constitucional. 

Además, la ley no solo ya entró en vigencia sino que además entró íntegramente tal como lo propuso el Presidente, sin ninguna modificación.

Reacciones a la aprobación de la ley

Según la opinión de los expertos, la nueva ley económica entró en vigencia por una sola razón: que el proyecto de ley no fue archivado. Pero, ¿por qué no se archivó?

La moción para archivar el proyecto de ley no recibió los votos de mayoría que se necesitaban para hacerlo. De los 137 asambleístas presentes, 53 votaron por archivar el proyecto, 3 votaron por no hacerlo, y 81 se abstuvieron de votar. La mayoría de abstenciones vino de los asambleístas que conforman la bancada correísta de la Unión por la Esperanza (UNES) —la más numerosa de la Asamblea—, y causó reacciones negativas por parte de organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID). Las organizaciones hablan de un supuesto “pacto” entre el correísmo y el gobierno de Guillermo Lasso. 

El PSC publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que decía que la aprobación —por el ministerio de la ley— de la ley económica era responsabilidad “exclusiva” del gobierno y de UNES. El PSC —partido que respaldó la candidatura de Guillermo Lasso hasta que la relación se rompió tras lo que el presidente del movimiento, Alfredo Serrano, llamó una “traición”— dijo en su publicación que el gobierno y la bancada correísta votaron para “evitar el rechazo” del proyecto de ley. Según el PSC, la ley que ya está en vigencia , es un “paquetazo de impuestos que perjudica a todos los ecuatorianos”. 

Por otro lado, el asambleístas de la Izquierda Democrática Alejandro Jaramillo Gómez, dijo en tuit que la noche del 26 de noviembre hubo un supuesto “acuerdo repugnante, un negociado criminal”. Según Jaramillo, “Correa y Lasso son paquetazo” y la nueva ley significará: más impuestos para la clase media ecuatoriana, “artesanos destinados a desaparecer”, e impuesto a la renta desde los 2 mil dólares. La publicación de Jaramillo en Twitter fue republicada por la Izquierda Democrática.

Yeseña Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y asambleísta por la ID, dijo en su cuenta de Twitter ayer, cuando la ley ya había entrado en vigencia, que esta: afecta “con impuestos a la microempresa”, establece “contribuciones especiales a las tierras agrícolas” y beneficia a la banca. Según la asambleísta, la ley será un “duro golpe para miles de familias”. 

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, dice que la ley aprobada es “nefasta para la reactivación económica” del Ecuador. Según el empresario, hay varios culpables de que la ley se haya aprobado: El gobierno, por enviar una “ley tan mala”, la Asamblea Nacional, por no mejorarla, y el correísmo, por dejar que la ley sea aprobada. 

Fausto Jarrín, asambleísta por UNES, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que habla de lo que ocurrió la noche del 26 de noviembre durante la sesión del pleno. Según Jarrín, trabajaron “durante semanas y presentamos un informe de minoría que otras bancadas se comprometieron a apoyar”. Sin embargo, ese informe de minoría no fue aprobado. Jarrín dice que ellos —las otras bancadas que “incumplieron su compromiso”— y la presidenta Guadalupe Llori —que suspendió la sesión— son quienes han permitido “que se haga daño al país”. El comunicado de Jarrín dice también que si los votos de los asambleístas de UNES hubieran sido los que archivaban el proyecto, “seríamos golpistas… y eso se usaría para radicalizar la persecución política”. 

 Marcela Aguiñaga, militante del correísmo y asambleísta por UNES, negó la existencia de algún pacto con el gobierno, y dijo que las leyes se aprueban o se niegan, y que la bancada de UNES lo negó. Paola Cabezas, coordinadora de la bancada, no se pronunció específicamente sobre el supuesto pacto. Sin embargo, respondió un tuit del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, en el que hablaba de un pacto Lasso–Correa. Cabezas dijo “les dimos una propuesta al país, ustedes la rechazaron” —refiriéndose al informe de minoría— “los aliados del gobierno son de su partido”. 

Hasta el mediodía de hoy, 28 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso, quien propuso el proyecto de ley, no se ha pronunciado sobre la aprobación de su propuesta. El Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, tampoco ha reaccionado a la aprobación de la ley. 

La nueva ley económica que tiene previsto recaudar 1.900 millones de dólares en los primeros 2 años de vigencia, es muy parecida al proyecto de la Ley Creando Oportunidades que fue presentado por el presidente Lasso en septiembre de este año, pero que no fue calificado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional porque planteaba reformas económicas, tributarias y laborales. El CAL dijo que ese proyecto no cumplía con el principio de unidad de materia, que ordena que el contenido de la ley debe ser sobre un mismo tema. A diferencia de ese primer proyecto, la aprobada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 plantea reformas sobre todo económicas. Se prevé que el gobierno presente otros dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional que abarquen otros temas que se plantearon en el proyecto de la Ley Creando Oportunidades.