Era cerca de las once y media de la mañana cuando Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegó al Palacio de Carondelet para la reunión entre los dirigentes de la organización  y el presidente Guillermo Lasso. 

Iza entró hacia el patio interior del Palacio Presidencial, vistiendo pantalones caqui, poncho rojo y sombrero negro, cuando varios periodistas intentaron abordarlo. Con un movimiento brusco, uno de los miembros del personal de seguridad del palacio —con traje gris y el característico audífono que les permite comunicarse entre sí— agarró del brazo izquierdo a Iza, evitando que el líder indígena se detenga ante ellos, avanzó unos pasos y en seguida, otro miembro de la seguridad, lo agarró del brazo derecho y , empujando a los reporteros, lo condujeron hacia las gradas que llevan al Salón de Banquetes, en donde se haría la reunión. En medio del desorden, Francisco Garcés, reportero de la cadena televisiva Ecuavisa, recibió un empujón.  

 – ¿Por qué me empuja? ¿Qué le pasa?, gritó Garcés.

 – Por favor, señores,  dijo un confundido Iza.

Unos pasos más atrás, otro reportero de televisión discutía con un funcionario de comunicación del gobierno que, a los gritos, intentaba evitar que se acerque al dirigente indígena. “Déjennos trabajar”, gritó otra colega. 

Este incidente ocurrió al día siguiente de la reunión que la Secretaría General de Comunicación (Segcom) hizo con varios periodistas para hablar sobre protocolos de seguridad para coberturas de riesgo. En la reunión estuvieron autoridades policiales y militares, además de los ministros de Defensa y Gobierno, Luis Hernández y Alexandra Vela, respectivamente.

Durante ese encuentro, tanto Vela como Hernández hablaron de los peligros que enfrenta el periodismo en coberturas de manifestaciones y cómo el narcotráfico será uno de los mayores peligros para el ejercicio del oficio en los próximos años. “Hay que prepararse y el Estado los va a proteger”, dijo Hernández. 

¿Es coherente que apenas 24 horas después de esas declaraciones, ocurra un incidente de forcejeo con periodistas precisamente en el Palacio Presidencial? 

El jefe de seguridad de la Presidencia, el General Pablo Almeida, pidió disculpas. Reporteros y camarógrafos suspicaces, se preguntaban si es que hubo alguna orden para evitar que la prensa conversara con Iza antes de su diálogo con el gobierno a la reunión. Otros invitados, como el sindicalista Nelson Erazo, que llegó unos minutos antes, sí pudieron ser abordados por la prensa. Almeida dijo que no había ninguna orden y aseguró que no volvería a ocurrir otro incidente similar. La labor de los medios, dijo, estaba garantizada.

El episodio no demostró violencia solo con la prensa si no también con Leonidas Iza, el dirigente indígena al que la seguridad llevaba, obligado, sin consultarle siquiera si tenía interés o no en hablar ante los micrófonos y las cámaras. 

En un comunicado emitido casi cuatro horas después, la Segcom describió lo ocurrido como “un error de coordinación del personal”. Decía, además, que “se tomarán los correctivos necesarios para garantizar el ejercicio periodístico tal como ha ocurrido en reuniones anteriores en línea con los valores del Gobierno del Encuentro”. Ni una palabra de disculpas. No hay que ser muy sagaz para imaginarse qué habría pasado si hubiese sido un ministro el que hubiese sido llevado de esa forma  por un grupo de  indígenas. Habría sido escandaloso. Los señalamientos de violentos, terroristas, y otra recua de descalificativos que con ligereza se hacen contra los militantes del movimiento indígena, no habrían faltado. 

Pero lo que pasó al gobierno no le pareció tan grave. En el comunicado ni siquiera hizo una mención a Iza. Se concentró en la prensa y en insistir que el diálogo estaba contemplado para darse a puerta cerrada: que en ningún momento se había acordado “la transmisión y cobertura de toda la cita”, dijo el comunicado. 

La aclaración se hizo por pedido de Iza a Guillermo Lasso después de que el presidente inauguró el encuentro. El líder indígena pidió que se permitiera que la prensa lo cubriera, tal como lo habían solicitado  en anteriores ocasiones. “No tenemos nada que esconder”, aseveró, mientras el equipo de comunicación y de seguridad del gobierno pedía a los periodistas que saliéramos del Salón de Banquetes, al que se había permitido el acceso a fotógrafos, camarógrafos y periodistas de medios digitales para que pudieran tener imágenes de los participantes en la reunión. 

El gobierno que habla de transparencia y libre acceso a la información pero es muy reservado a la hora de poner en práctica su discurso. Los diálogos deberían ser conocidos por los ciudadanos en detalle, porque además, son los primeros afectados por las decisiones que allí se tomen.

§

Durante casi seis horas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos esperamos en el patio interior de Carondelet a que terminara el encuentro. Los dirigentes indígenas y la Ministra Alexandra Vela, escoltada por otros funcionarios del gobierno, dieron breves declaraciones sobre la reunión cuando salieron. 

Leonidas Iza, Eustaquio Toala —de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine)— y Nelson Erazo, del Frente Popular, hablaron primero rodeados de otros líderes invitados. Todos coincidieron en algo: no hay acuerdos todavía. 

Toala dijo, además, que habrá un plazo de 15 a 21 días —lapso que la Ministra Vela prefirió no confirmar pues dijo que se reunirán en mayor o menor tiempo, dependiendo cómo avancen los acuerdos—  para que vuelvan a conversar sobre el punto neurálgico de la discusión: el precio de los combustibles. 

La propuesta de la Conaie es que los precios queden en 1.50 diésel y 2.10 la gasolina pero Iza dijo que había una propuesta adicional sobre la que ni él ni la ministra Vela dieron detalles, a pesar de que hubo dos preguntas específicas sobre eso. 

La Ministra tampoco dio detalles sobre las otras líneas rojas de la discusión —es más, dijo que no las va a llamar así, a pesar de que tanto ella como los Iza y Toala dijeron que había tres temas en los que no lograban ponerse de acuerdo. 

Le insistí en la pregunta y entonces dijo —de forma escueta y al apuro, antes de dar por terminada su intervención y dejar a otros colegas sin que pudieran hacer sus preguntas— que los tres temas en los que no había coincidencias eran combustibles, minería y petróleo. Agradeció y sin explicar más, se marchó, seguida de los funcionarios que la escoltaron durante sus declaraciones: el Ministro de Economía, Simón Cueva, el Ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, el Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, entre otros. 

Estas declaraciones escuetas y breves —no duraron más de quince minutos— no dieron mayores luces sobre el fondo de los temas en los que aún hay desencuentros o el espacio de negociación que existe, qué tanto está dispuesto a ceder el gobierno o qué alternativas hay a las peticiones de la Conaie. Aún entendiendo la fragilidad de los acuerdos y el diálogo, es difícil entender que los resultados que se presenten a los ciudadanos sean tan escuetos. 

Sí, se entiende que aún no ha concluido la conversación y que no existe un acuerdo, pero la transparencia en la discusión podría abonar a que haya algún tipo de certeza en los ciudadanos. Sin puntualizaciones sobre lo que se ha discutido —más allá de las breves declaraciones oficiales de lado y lado—, es difícil tener confianza en que pueden llegarse a acuerdos mínimos que permitan dar respuestas a temas urgentes que el país exige.