Noviembre de 2021 es el mes en el que hubo más agresiones a periodistas en Ecuador desde que Guillermo Lasso se convirtió en presidente de la República. Las alertas de agresiones contra la prensa durante noviembre de este año fueron documentadas por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Fundamedios reportó 24 agresiones, Periodistas Sin Cadenas, 19. 

En mayo de 2021, antes de asumir el poder, el presidente Guillermo Lasso, construyó un discurso conciliador con la prensa y prometió defender la libertad de expresión, que había sido fuertemente afectada en los 14 años anteriores por los gobiernos de Rafael Correa y, en menor medida, por el Lenín Moreno. 

El 25 de mayo, el presidente Lasso incluso envió el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación. “Que nunca más se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión”, escribió en Twitter aquel día. En su gobierno, las autoridades estarían “comprometidas con un Ecuador Libre, donde el derecho a la libertad de expresión esté plenamente garantizado”, dijo en la red social. Parecería, sin embargo, que el discurso se quedó en eso: palabras.

Ambas organizaciones han encontrado un común denominador en las agresiones que han documentado: en su mayoría, fueron cometidas por funcionarios estatales. Las periodistas mujeres han recibido más intimidaciones e intentos de silenciarlas. 

No es nuevo. Las mujeres no solo son más atacadas fuera de las redacciones, sino también en el interior. Una investigación de la organización Chicas Poderosas Ecuador, conformada por periodistas, artistas y comunicadoras, determinó que los niveles de violencia contra las mujeres son altos: 2 de cada 10 periodistas han sido acosadas físicamente en sus lugares de trabajos. 

Noviembre de 2021 el mes que más agresiones a periodistas en Ecuador: estas son las cifras

Fundamedios reporta 24 agresiones en este mes. Incluye acciones contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. 

Desde que la organización comenzó su trabajo, en 2007, ha documentado más de tres mil agresiones a periodistas. 

En las 24 alertas que registró Fundamedios fueron agredidos: 

1. 18 periodistas: 12 hombres y 6 mujeres, 
2. Cuatro medios de comunicación, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Surkuna, una organización que defiende los derechos de las mujeres y las acompaña jurídicamente, y 
3. Un constitucionalista. 

Fundamedios determinó que el Estado ecuatoriano, a través de sus funcionarios, ha sido el principal agresor, escribe la organización: 10 ocasiones. 

Agentes no estatales son responsables de las otras ocho. La organización estableció que 5 casos corresponden a agresiones y ataques, mientras que otros corresponden a impedimentos de acceso a la información pública. 4 fueron amenazas directas. Hubo 3 intentos de censura, 3 discursos estigmatizantes y una restricción en un espacio digital. 

Las provincia con mayores alertas son: 

1. Pichincha, con el 61% de los casos. 
2. Bolívar, con el 16%, 
3. Cotopaxi, con el 11%, 
4. Guayas, con el 11%; y, 
5. El Oro, con el 5,5%. 

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, en cambio, reportó 19 agresiones a la prensa. Hubo 21 víctimas:

1.  67% son mujeres, y 
2. 33%, hombres. 

En su reporte, también es Pichincha la principal provincia donde suceden estas agresiones: 7 alertas. 

De acuerdo con los datos recabados por la organización —una red de periodistas de investigación ecuatorianos que defiende la libertad de expresión y la garantía del ejercicio periodístico— hubo diez tipos de agresión: 

1. Censura previa, 
2. Agresión física, 
3. Amenaza de muerte, 
4. Intimidación, 
5. Retiro y daños de equipos, 
6. Agresión policial, 
7. Bloqueo informativo, 
8. Impedimento de cobertura, 
9. Xenofobia, y 
10. Desclasificación. 

Son varios los funcionarios públicos, o sus familiares, quienes aparecen cómo responsables de las agresiones. Está, por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres, legislador por el Partido Social Cristiano, Josué Narváez, hermano del alcalde de Durán y Lorena Brito, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco. 

Otros casos documentados en 2021 

“Si sigues hablando contra las bandas vamos a matarte a ti y a tu familia. Somos los choneros”. Esa fue la amenaza de muerte directa que recibió la periodista Alexandra Moyano, de la Radio Municipal Latacunga, a las 11 de la mañana del 18 de noviembre de este año, cinco días de que el Ecuador viera impávido la cuarta masacre en la Penitenciaría del Litoral, una prisión disputada por bandas narco delictivas que se niegan a la paz. 

El caso, reportado tanto por Fundación Periodistas Sin Cadenas como Fundamedios, es un reflejo de los riesgos a los que están expuestos los periodistas que cubren activamente la crisis carcelaria en el país.

Moyano interpuso una denuncia formal un día después de haber recibido la amenaza. Durante la primera semana, reportó Periodistas Sin Cadenas, Moyano recibió una ligera protección de la Policía Nacional que patrulló las inmediaciones de la radio. Además, fijó un contacto para que ella se comunicara en caso de lo que necesitase. Aún espera que la Fiscalía de Salcedo la convoque para rendir su versión. 

Lo mismo ocurrió con un periodista, quien prefirió no revelar su identidad. Hombres lo contactaron y le dijeron que eran miembros de la banda Los Choneros, la más peligrosa del país, y lo amenazaron con matar a su familia si no depositaban dinero. 

Otra de las agresiones documentadas es la de Jonathan Quezada, periodista del medio JQ Digital EC, quien fue retenido arbitrariamente y agredido por policías, el 9 de noviembre pasado. Quezada intentó registrar la agresión policial contra un ciudadano durante un desalojo en Guaranda, capital de la provincia andina de Bolívar. Pero el coronel Gabriel Paúl Villavicencio Salazar lo increpó y discutió con él, antes del ataque. Mientras los policías lo rodeaban, según se observa en un video citado por Fundamedios, varias personas reclamaban la intimidación. “Ayuden al periodista”, “Libérenlo”, gritaba un grupo de mujeres. 

“Ya mucho le estás metiendo” fue el mensaje que recibió el periodista Charlie Castillo, fundador y periodista de FerroDiario, en su cuenta de Instagram. Fue Josué Narváez, hermano del alcalde de Durán, Dalton Narváez, quien lo envió. Según Castillo, él había subido una historia en la red social en las que explicaba el proyecto de agua El Chobo, que según el funcionario, beneficiará a más de 500 mil habitantes. “Yo estuve por Dubai en una luna de miel con mi esposa. En Dubai  no tienen río, es puro desierto. El agua la tratan del mar. ¿Sabes cuál es el promedio que pagan por energía eléctrica  y agua las familias de Dubai? 600 mensuales. Imagínate, altísimo. Vienen a inventarse que te mueres de sed  a lado del río. El agua de El Chobo es la más pura que puede haber en el mundo”, dijo Narváez. Castillo le dijo a Fundamedios que, además de esa publicación, hubo una encuesta en Facebook, el 22 de noviembre último, en la que convocaba a la ciudadanía a evaluar la gestión del alcalde.

Castillo confrontó a Josué Narváez y le preguntó si lo estaba amenazando. Narváez le dijo que no.  “Se me hizo muy raro ese mensaje, no sé qué quiere decir, si es una advertencia”, dijo Castillo. “Es una frase corta pero entiendo que me están diciendo como ‘ya párale’, dijo Castillo, quien ha sufrido antes agresiones por parte de las autoridades locales de Durán. 

El 6 de noviembre pasado, el alcalde Narváez lo increpó al final de un evento por criticarlo. Un mes antes, en octubre, también recibió una amenaza de muerte, luego de publicar una noticia sobre un decomiso de cocaína hecho en Durán. Aún así, el periodista continúa investigando, cuestionando, publicando.

Hay intimidaciones e intentos de amedrentamiento que no han sido reportadas. Varios periodistas han optado por el silencio para proteger su trabajo, su vida y a su familia frente a la falta de garantías estatales para cumplir con su oficio pero, sobre todo, porque buscan continuar con sus investigaciones.