La noche de hoy, 2 de diciembre, con 8 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Justicia aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación. Ahora, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, deberá fijar una fecha para el primer debate en el pleno. 

El proyecto —oficialmente llamado Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación— busca regular el acceso al aborto por violación en Ecuador, que fue despenalizado el 28 de abril por un fallo de la Corte Constitucional. Según la sentencia de la Corte, la Asamblea Nacional tiene hasta seis meses —desde que la Defensoría presentó el proyecto— para debatirlo y aprobarlo; ese tiempo vence el 28 de diciembre de 2021.

“Pero es casi imposible que se debata en diciembre”, opina la abogada especialista en procesos legislativos, Libia Rivas. Dice que a mediados de este mes los asambleístas salen a vacancia legislativa, y sólo el plazo para que los asambleístas hagan sus observaciones al informe, una vez que esté en discusión en el pleno, es de 30 días. La fecha para ese primer debate la decide la Presidenta de la Asamblea y no hay un plazo límite para que haga la convocatoria. 

Las observaciones del informe que fue aprobado hoy por la Comisión pueden ser modificadas por completo en el pleno, es decir, no son vinculantes ni de obligatoria aplicación al momento de discutir y aprobar la ley. Por eso, incluso los asambleístas que ahora votan en su contra o se abstienen, dentro de la comisión, podrán plantear los cambios que consideren necesarios, una vez que se discuta el proyecto de ley en el pleno.

Así votaron los asambleístas: 

• César Jaramillo, de la Izquierda Democrática: sí
• Dina Farinango, de Pachakutik: sí
• Eugenia Sofía Espín, de Unión por la Esperanza (UNES): no
• José Clemente Agualsaca, de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Johana Moreira, de la Izquierda Democrática: sí
• Gisella Garzón —asambleísta alterna de Fausto Jarrín—,de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Jhajaira Urresta, de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática: sí
• José Chimbo, de Pachakutik: sí
• Ricardo Vanegas, de Pachakutik: no

¿Qué pasará ahora? 

La Comisión de Justicia deberá enviar el informe de primer debate a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien debe incluirlo en el orden del día en una de las sesiones del Pleno. 

Además,  Sofía Espín y Ricardo Vanegas dijeron que presentarán un informe de minoría. Cuando esto ocurre, el presidente de la Comisión, en este caso, Alejandro Jaramillo, debe informar a la Presidencia de la Asamblea. Ya en el pleno, cuando Guadalupe Llori convoque a la sesión para tratar el proyecto de ley, se necesita que un asambleísta plantee una moción para tratar el informe de minoría  y, luego, que haya los votos suficientes (la mitad más uno) para poder discutir el informe de minoría en el pleno. 

En el primer debate no se vota, a menos que exista una moción para archivar el proyecto. En la sesión de primer debate, los asambleístas deben hacer sus observaciones al proyecto de ley, y el ponente de la Comisión, Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, deberá tomar nota para luego discutirlas dentro de la Comisión. Los asambleístas que no alcancen a hablar en el Pleno, tienen 30 días para presentar sus observaciones al informe, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese mes, la Comisión debe analizar las observaciones recibidas y elaborar el informe para el segundo debate. 

En el segundo debate, la Comisión presenta el texto final ante el Pleno. Si los asambleístas siguen pidiendo cambios, el ponente de la Comisión tiene que pedir a la Presidenta de la Asamblea que suspenda el orden del día para regresar a la Comisión y volver a debatir esos cambios. Luego, la Comisión debe presentar el texto con las observaciones, para que se someta a votación.

Luego de que se aprueba el texto —recogiendo las observaciones hechas en el pleno, en el segundo debate—, se envía al Presidente de la República, quien puede vetarlo o sancionarlo. Para eso tiene 30 días. Si lo veta, regresa a la Asamblea Nacional, que tiene 30 días para resolver el veto. En ese tiempo, la Comisión debe analizar los cambios que plantea el Presidente, y acogerse a ellos, es decir, aceptarlos. Para eso se debe proponer ante el Pleno una moción para allanarse a la propuesta del Presidente o ratificarse en el texto original. Para ratificar el texto original, se necesitan 92 votos. Para allanarse, necesitan mayoría simple: la mitad más uno de los que estén presentes. 

Solo después de esa decisión, el proyecto puede entrar en el Registro Oficial. 

Cómo ha sido el proceso hasta ahora

El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en el Ecuador. En el fallo, la Corte obligó a la Defensoría del Pueblo a presentar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en los siguientes dos meses. La Defensoría lo presentó el día que venció el plazo: 28 de junio de 2021. 

Luego de eso, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tuvo 30 días para calificar el proyecto de ley a trámite. En agosto, cuando lo calificó, el documento pasó a la Comisión de Justicia, presidida por Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática. Desde esa fecha, la Comisión debió trabajar en el informe para primer debate. En ese tiempo revisó el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, recibió a organizaciones de la sociedad civil, y debió definir ciertos aspectos que no fueron establecidos por la Defensoría, como el plazo para interrumpir el embarazo producto de violación. Este plazo tampoco fue definido en el informe que pasará a primer debate y tendrá que ser discutido y consensuado en el pleno.