El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, le pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución de Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud. En un oficio enviado el 25 de enero de 2021, Carrión solicita la “remoción o destitución” de Zevallos “por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de  la vacuna contra el covid-19”. 

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El pedido se da después de que ayer se supiera que hubo nuevos problemas en la distribución de las vacunas de Pfizer que llegaron al Ecuador como parte del plan piloto de vacunación del país.  

Las primeras 8 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech que compró el Ecuador, llegaron al país en la tarde del 2o de enero pasado. Al día siguiente el Ministerio de Salud comenzó la vacunación dentro del plan piloto y comenzaron las denuncias sobre las irregularidades en la aplicación. 

Cuando llegaron las vacunas al país, el Ministerio de Salud anunció que en el plan piloto de vacunación, recibirán la vacuna: médicos, enfermeras, personal de limpieza que estuvo en la primera línea de atención, también ancianos que viven en geriátricos públicos y sus cuidadores. Sin embargo, en los primeros días de ejecución del programa, ha habido quejas y denuncias de que cierto personal se había vacunado indebidamente. También hubo alegaciones de que personal que no era de primera línea estaba en listas para recibir la vacuna. Ayer, incluso, se señaló al Ministro de Salud de incluir en el plan de piloto de vacunación a un geriátrico privado donde, admitió, había familiares suyos. 

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La mañana de ayer, en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, varios médicos y trabajadores de primera línea contra el covid-19 hicieron un plantón. Ellos reclamaban que solo 13 personas que trabajan en la primera línea de atención de covid-19 de ese hospital estaban en la lista de vacunación contra el covid-19. En la lista sí constaba el gerente del hospital y otros médicos (pediátras, epidemiólogos y hasta un cirujano plástico) que no trabajan en atención en primera línea de covid-19. 

Un par de días antes, el 23 de enero de 2021 dos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fueron destituidos por vacunarse sin ser parte del plan piloto. Una de las personas destituidas es Kariña Añazco, directora de Comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. La funcionaria no estaba en los listados del Ministerio de Salud ni del IESS para recibir la vacuna, dijo Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS. También fue separado un médico del que Wated no reveló su nombre. 

Ese mismo día, el ministro Zevallos estuvo con una brigada de vacunación en los departamentos senior suites Rivera del Río, un condominio para ancianos en Los Valles de Quito. En una entrevista con diario El Comercio de ayer, el Ministro admitió que había varios familiares suyos en el sitio y dijo que la vacunación se haría también en los geriátricos privados —en la información que el propio Ministerio había entregado, solo se mencionaba a los geriátricos públicos. 

Un día antes, Zevallos ya había sido cuestionado por vacunarse en el Hospital General del Guasmo Sur, en Guayaquil, a pesar de no estar en la lista de personas que serán vacunadas.Zevallos dijo que viajó a la ciudad costera para vacunarse “en homenaje a todas las personas, a todos los médicos, especialmente personal de salud que sufrió de la enfermedad”.

Carrión dice que le preocupa la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría aplicando la vacunación. El Defensor del Pueblo dice en el oficio dirigido al presidente Moreno que la Defensoría ha recibido denuncias sobre la “irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras 8 mil dosis de vacunas”, dice la misiva. La comunicación no detalla si esas denuncias tienen que ver con los reclamos en el hospital de Cuenca o sobre la dosis que recibieron los dos funcionarios destituidos del IESS. 

Carrión dice que también le preocupa la falta de transparencia porque el Ministerio no permite el acceso a la información pública sobre el plan de vacunación contra el covid-19. Tampoco los medios de comunicación han accedido a esa información. Buscamos en el sitio web del Ministerio pero no está subido el plan de vacunación —solo se ha tenido información a través de boletines de prensa. 

El Defensor del Pueblo también le pide a Moreno explicaciones por la falta de contestación a pedidos de información pública del Ministerio de Salud en el contexto de la emergencia sanitaria. Durante la emergencia, por el departamento de comunicación ministerial pasaron varios directores de comunicación. Desde marzo hasta julio de 2020, en el pico de la pandemia, ese puesto fue ejercido por cinco personas distintas. Además, los pedidos de información a los medios de comunicación tampoco eran entregados con puntualidad. Carrión dice que el 2 de abril de 2020, envió un oficio a Zevallos pidiéndole que garantice el acceso a la información. 

Por la falta de entrega de pedidos de información, la Defensoría del Pueblo tiene a favor un fallo de un juez constitucional en el que declara que el Ministerio de Salud vulneró el derecho al acceso a la información pública. En la sentencia, se resuelve que como reparación integral, el Ministerio debía entregar la información solicitada —esto no se ha cumplido, según Carrión.

Por esos motivos, Zevallos pide la destitución de Zevallos y que el ministerio lo dirija una persona “con experiencia y capacidad técnica”.  Juan Carlos Zevallos está en el ministerio de Salud desde el 21 de marzo de 2020, cuando Catalina Andramuño renunció. 

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Luego de la fase piloto que durará hasta febrero. Empezará la fase 1 en la que se vacunarán más trabajadores de la salud, profesores, policías, militares, bomberos, personas que trabajan en la recolección de basura, ancianos y otras personas vulnerables. En la fase 2 y 3 se vacunará a las personas de más de 18 años. Sin embargo, estas etapas del plan dependerán de las vacunas que vayan llegando al país. 

Hasta las 10 de la mañana del 26 de enero, el presidente Lenín Moreno no se había pronunciado públicamente sobre el pedido de la Defensoría del Pueblo.