El fantasma de un pacto entre el correísmo y el gobierno de Guillermo Lasso ha rondado los pasillos de la Asamblea desde que el viernes 26 de noviembre de 2021. Esa noche, los legisladores correístas de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) se abstuvieron de votar por el archivo del proyecto de ley tributaria. Su decisión provocó que el proyecto pasara por el ministerio de la ley; es decir, tal como lo presentó el presidente de la República. 

En otras palabras, el silencio de UNES contribuyó a convertir en ley el proyecto tributario de su adversario político natural. De nada sirvió que semanas antes se declararan enemigos de las propuestas tributarias de Lasso: sus argumentos eran que golpea a la clase media, que es un “paquetazo”, que el proyecto incentiva la impunidad, la evasión y la corrupción, que favorece a las grandes herencias

El día de la votación, sin embargo, UNES pareció olvidar cuánto empeño habían puesto en deslegitimar la ley. Ese día hubo tres mociones. La primera fue de CREO para debatir el informe de mayoría —aquel que planteaba los cambios acordados en la comisión en que se debatió. 

No tuvo los votos suficientes para ser aprobada. Entonces, vino la moción del Partido Social Cristiano (PSC) para negar el informe de mayoría y discutir el de minoría. Esa propuesta sí fue aceptada. Luego hubo una tercera moción, de UNES, que propuso votar en favor del informe de minoría. Esa moción tampoco tuvo los votos.

Hasta ese momento, la Asamblea no había negado el proyecto presentado por el ejecutivo. La cuarta moción tenía ese propósito. La hizo la asambleísta de Pachakutik Mireya Pazmiño. Con eso, mataba toda posibilidad de que el proyecto se convirtiera en ley. 

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Lo lógico —y coherente— era, por lo tanto, que UNES, el bloque que más se había opuesto a lo que el gobierno proponía en materia tributaria, votara en favor de archivar el proyecto. Eso, sin embargo, no ocurrió y, desde entonces, no ha habido ninguna explicación capaz de convencer —incluso a los militantes más acérrimos del correísmo— de que no votaron “porque no era necesario hacerlo”. 

Que no es posible hacer un pacto con un gobierno que los ha llamado “golpistas”, dijo Paola Cabezas, la coordinadora de bancada en una rueda de prensa. Y enseguida, echó la culpa a la Presidencia y Secretaría de la Asamblea Nacional, a la prensa, al gobierno. Dijo que hay un “nuevo encuadre mediático” para “posicionar que la bancada UNES tiene un pacto con el gobierno”, que “el Secretario y la Presidenta tendrán que responderle al país”. En su discurso, todos, menos ellos, son responsables de que se haya aprobado la reforma tributaria. 

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La incapacidad de UNES de tomar responsabilidad sobre sus decisiones —porque no votar por el archivo fue, en efecto, una decisión— ha rebotado sobre su propia militancia. La excanciller del gobierno de Rafael Correa, María Isabel Salvador, tuiteaba: “La verdad que no entiendo nada. El mundo al revés. Qué decepción tan grande. ¿Por qué la bancada de UNES se abstuvo de votar el archivo? Alguien que me explique, por favor.” Otra militante, Verónica Tama, también los increpaba: “Su obligación era estar al lado de la gente que les puso dónde están, siendo coherentes al proyecto político al que dijeron representar, @BancadaUNESec en qué pasillo se les quedó la dignidad”, decía por Twitter

Las respuesta que, desde Twitter, daba Rafael Correa, ahondaban la sospecha de que, por detrás, había una negociación, posiblemente, por la situación de Jorge Glas, en prisión desde 2017. A Verónica Tama, Correa le respondió: “Verónica: SIEMPRE hemos estado al lado de la gente, y lo que nos sobra es DIGNIDAD. Por ello los presos y perseguidos son NUESTROS

Lo que no entiendo es que carguemos con costo de una ley que no es nuestra, sino de Lasso y sus aliados, quienes lamentablemente ganaron las elecciones”. 

En otro mensaje de Correa, en respuesta a otro simpatizante, Enrique Santos, que pedía explicaciones y  sugería que “los revolucionarios” deben estar listos para ir a la cárcel, su postura parecía aún más clara: “Pareciera ser que el Gobierno y la ley son nuestros, y que fuimos nosotros los que apoyamos a Lasso. El problema de siempre con cierta izquierda… P.D. ¿Cuántas veces has visitado a Jorge Glas? ¿Te has puesto en sus zapatos? ¡Qué fácil es decir ciertas cosas!”.

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Esos mensajes que, en lugar de explicar por qué la bancada no había votado por el archivo de la ley que ellos habían cuestionado durante semanas, ponía la discusión de los “presos y perseguidos” recordó a ese espíritu de cuerpo que primó durante el gobierno de Rafael Correa. La culpa siempre es de los otros. Las responsabilidades jamás son suyas. 

El peso de la duda aumentó cuando el asambleísta Fernando Villavicencio dio declaraciones, tres días después de la votación, en las que aseguró que UNES habría hecho, por lo menos, dos pedidos al gobierno a cambio de sus votos. 

El primero, que Jorge Glas sea trasladado de cárcel; el segundo, que se emita un salvoconducto para la exministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016 y huésped en la Embajada de Argentina en Ecuador hace año y medio. 

Paola Cabezas dijo que “rechazaba categóricamente” que la decisión de no votar por el archivo de la ley esté relacionada a un pacto. Pero en su retórica había un velo de confusión. “Si estos señores hablan de acuerdos, que lo demuestren. Pedir mejores condiciones para el exvicepresidente de la República es constitucional y legal”, dijo. Sus palabras dejaban entrever que sí se podrían pedir mejoras en las condiciones de Glas —¿o sí se las pidieron?— pero no necesariamente como parte de un pacto. 

Más allá de los malabares retóricos que Cabezas ha intentado hacer para justificar que no votaron por el archivo de la ley, en política siempre existe la posibilidad de hacer pactos. Son necesarios para gobernar cuando hay distintas fuerzas políticas e ideológicas que chocan entre sí. El problema no son necesariamente los pactos sino la imposibilidad de hacerlos de forma transparente. 

Si es que el correísmo considera que Glas es un preso político, es legítimo, desde su visión, que pidan mejores condiciones para quien fuera Vicepresidente de la República en un contexto de crisis carcelaria. Si el Gobierno necesita los votos del correísmo para pasar sus leyes, es legítimo también que busque acuerdos para obtenerlos. Lo que no es legítimo, lo que genera duda, incomodidad e inconformidad es la sospecha de que se hacen acuerdos bajo la mesa por el miedo a lo que esos acuerdos podrían ocasionar en la militancia. 

Y en democracia, se puede discrepar con los líderes políticos. Se los puede —y se los debe— cuestionar públicamente; se les debe exigir cuentas, pedir explicaciones, hacer críticas. Es lo saludable y es el mejor mecanismo para hallar puntos de encuentro. 

El problema con UNES es que como desde que sus militantes fueron gobierno (entre 2007 y 2017) se dedicaron a satanizar a todos sus adversarios y detractores, ahora no puede aparecer y presentarse como si pactara con el diablo. Ese es el problema de demonizar a los adversarios, de caer en los discursos mesiánicos de los buenos contra los malos: luego no hay piso para el diálogo, ni para la construcción de una democracia de consensos. 

Por ahora, su silencio y falta de explicaciones solamente ahondan las sospechas de que hay una trampa en algún lado y de que serán los ciudadanos quienes terminen cayendo en ella. 

María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.