*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 y la deficiente administración del Estado, el 2020 fue un año bastante trágico para el medioambiente en Ecuador y había altas expectativas para el 2021. La llegada de un nuevo gobierno, a pesar de que ninguno de los candidatos tenía un plan de gobierno “verde”, prometía mejorar la situación ambiental en el país. Sin embargo, no ha sido así. 

El 2021 se está acabando y aún no hay cifras actualizadas sobre los índices de deforestación en el país, a pesar de que debían actualizarse en 2020 según un plan del Ministerio de Ambiente. El Chocó ecuatoriano —un área prioritaria de conservación mundial— está abandonado, según indican los expertos, y la construcción de carreteras y la explotación de balsa continúan deforestando la Amazonía. Si los bosques se siguen perdiendo, las consecuencias serán devastadoras. 

Pero ese no es el único problema. En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional no aprobó la propuesta de moratoria que pretendía prohibir temporalmente la comercialización de pesca incidental de tiburón y otras especies protegidas, y los defensores de la naturaleza continúan siendo criminalizados y amenazados aunque ya entró en vigencia el Acuerdo de Escazú —que debería asegurar su protección—. 

Además, el derecho a la consulta previa de los pueblos y nacionalidades indígenas sigue siendo vulnerado. El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó dos decretos que impulsan la minería y la extracción de petróleo, pero al hacerlo, dicen las comunidades indígenas, no fueron consultados y no se respetó su decisión de mantener sus territorios libres del extractivismo.

Este es el balance ambiental de Ecuador en 2021.

Lo impresentable: no hay información actualizada sobre deforestación

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) —que adoptó este nuevo nombre cuando llegó el nuevo gobierno— no tiene datos actualizados de la deforestación en Ecuador. El Código Orgánico del Ambiente dice que el Estado debe tener cifras sobre la biodiversidad y el ambiente y deben “ser actualizadas permanentemente”, pero no especifica cada cuánto. Otro documento que menciona la necesidad de contar con cifras actualizadas es el Plan de Acción REDD+ de dicho Ministerio, el cual dice que se debe reportar sobre la deforestación en Ecuador “cada dos años”.

Sin embargo, el último reporte del MAATE es de 2018 y aún no hay un nuevo informe. La información de 2018 indicaba que cada año se pierde un promedio de 94 353 hectáreas de bosque en el país —una superficie que, de acuerdo a la FAO, es bastante grande para un país pequeño como Ecuador en comparación con otros países de la región que tienen mayor territorio—. 

Diego Mora, ingeniero forestal y oficial de proyectos de la organización Hivos—una organización que trabaja para resolver problemas globales—, dice que desde 2014 Ecuador ha asumido compromisos como el Programa Socio Bosque y el Plan Redd+ para enfrentar la deforestación, pero sin información actualizada no se puede saber si se están cumpliendo ni qué tan efectivos han sido. 

Mora asegura que en 2021 ha avanzado la construcción de una carretera en el bloque 43 del Yasuní que serviría para conectar varias plataformas petroleras de la empresa estatal Petroecuador y esto preocupa no solo por la deforestación sino porque está acercándose a la Zona Intangible donde están los pueblos indígenas en aislamiento. 

Otro problema que causa “bastante preocupación”, dice Mora, es la explotación de la madera de balsa pues el monitoreo y el control forestal se ha debilitado en los últimos años. Y como no hay control, explica el experto, “ni siquiera sabemos cuántos metros cúbicos han salido de la Amazonía”. Asume que son muchísimos porque en los últimos dos años que ha estado trabajando en las afueras del Yasuní, “todos los días se ven camiones llenos de balsa”. 

El año pasado, solo entre enero y julio, se decomisaron 3176 metros cúbicos de esta madera. Entre enero y octubre de 2021, según información entregada por el MAATE a través de correo electrónico, se decomisaron 887,47 metros cúbicos de balsa. Sin embargo, Diego Mora cree que no todo lo que sale del Yasuní es decomisado y que eso es bastante preocupante.

Este 2021, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), publicó un libro que mostraba que en los últimos 28 años se han deforestado más de 2 millones de hectáreas de bosque tropical en Ecuador. La zona más afectada, según el estudio, es el noroccidente, donde ahora queda solo un 27 % del bosque que inicialmente había. Gran parte de esta región pertenece al Chocó biogeográfico el cual, según Mora, “se volvió tierra de nadie” porque no hay control sobre lo que ocurre en este hotspot biológico y no se sabe a ciencia cierta en qué estado de conservación se encuentra.

La pérdida de bosques tiene consecuencias devastadoras en el ambiente. Cuando se deforestan o se degradan, dejan de ser sumideros de carbono y, en lugar de guardarlo para ayudar a regular la temperatura de la Tierra, lo liberan y agudizan la crisis climática. Pero también es negativa a nivel social. Según Mora, es necesario entender que hay muchas comunidades rurales e indígenas que dependen de los bosques y que, si estos se pierden, estará en juego su subsistencia. 

Lo trágico: sin soluciones reales para la pesca incidental e ilegal 

En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA). El proyecto incluía una disposición transitoria para establecer una moratoria en la comercialización de pesca incidental de tiburón y otras especies protegidas. Pero esta no fue aprobada. 

La propuesta, explica Cristina Cely, directora de One Health Ecuador —una organización ecologista de incidencia legislativa, investigación y elaboración de políticas alrededor de la conservación ambiental— nació después de que 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes de Ecuador fueran incautadas en Hong Kong en mayo de 2020. Se estima que las aletas correspondían a cerca de 38 500 tiburones amenazados de extinción. Según el abogado de la empresa FishChoez & Villegas S.A, responsable de la exportación de las aletas, ellos declararon el cargamento como “pesca incidental”. Sin embargo, expertos como Cely, se preguntan “por qué si era incidental, no tenía los papeles en orden”

En Ecuador, la captura dirigida de tiburones está prohibida y solo está permitida la pesca incidental de tiburón que, por ley, no puede superar el 30 % del total de la pesca de una embarcación. El problema, según Cely, es que esto nunca se cumple y por eso se había propuesto la moratoria en la Asamblea Nacional. 

Al negarse la moratoria para la pesca incidental en el COA “el Estado le quedó debiendo mucho a los tiburones”, comenta Cely. En una comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, el Ministro de Ambiente Gustavo Manrique, dijo que el Ministerio que dirige apoyó la moratoria y que fueron ellos, los asambleístas, “los que la retiraron del COA”. Sin embargo, para la directora de One Health Ecuador, el rechazo de la moratoria no es solo culpa del legislativo porque “nunca hubo apoyo del Ejecutivo” para la aprobación, por lo que existe una “complicidad estatal” para que la pesca de tiburón continúe. 

Para Cristina Cely, una forma de regular la pesca incidental es a través del reglamento a la Ley de Pesca que se aprobó en febrero de 2020. La Ley indicaba que el Ministerio de Producción tenía un plazo de seis meses para presentar el reglamento de la ley después de que esta entrara en vigencia —lo hizo en abril de 2020—, pero ya ha pasado más de un año y medio y aún no hay reglamento. 

El 2021 termina además sin ninguna resolución sobre el caso de las 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas en Hong Kong. Una investigación de Mongabay Latam reveló que la Fiscalía General del Estado de Ecuador tiene, desde hace un año, los antecedentes que apuntan a la empresa ecuatoriana FishChoez & Villegas S.A. y, en octubre, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea dijo que enviaría un exhorto a la Fiscalía “para que proceda lo más rápido posible con esta situación”. Pero hasta ahora no ha habido ninguna sentencia. Solo hubo una multa del Ministerio de la Producción por un valor de 3870 dólares —el 0,3% del valor estimado de la carga de las aletas—. 

Lo grave: represión y criminalización de defensores ambientales

El Acuerdo de Escazú, que tiene entre sus obligaciones garantizar la vida de los defensores ambientales, entró en vigencia en Ecuador en abril de este año. Sin embargo, eso no significa que los defensores ambientales estén más seguros. Solo un mes antes, Andrés Durazno, vocero de la resistencia antiminera en Río Blanco y Molleturo, fue asesinado en las afueras de su casa. Meses después, en noviembre, Victor Guaillas, defensor del agua, falleció en una masacre en una cárcel del país. Estaba detenido por supuesto sabotaje en las protestas sociales de 2019 y ya había un pedido de amnistía a su favor en trámite.

Un informe presentado en junio por la Alianza de Derechos Humanos sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, indica que los defensores “no tienen un entorno seguro”. La abogada Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, asegura que la situación para estas personas es grave y se necesitan “medidas de protección cuando reciben amenazas y una política pública que asegure esta protección”. 

En diciembre de 2019 se creó una mesa interinstitucional liderada por la Defensoría del Pueblo para construir una política integral para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Pero, según Idrovo, ahora la mesa está detenida y la construcción de la política pública, en el limbo. 

Según el informe de la Alianza, la indefensión se profundiza en “poblaciones vulnerables” que han sido discriminadas históricamente como los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Ellos, dice el informe, “reciben ataques para disuadirlos de su rol de defensa y protección de sus territorios, autonomía e identidad”. Lideresas indígenas como Patricia Gualinga, del pueblo kichwa de Sarayaku, y Josefina Tunki, del pueblo Shuar Arutam, han recibido amenazas por defender su territorio del extractivismo.

Pero la falta de protección de los defensores no es el único problema. Muchos líderes también son criminalizados. Los habitantes de Buenos Aires, una comuna del cantón Urcuquí, en el norte del país, llevan más de un año en una intensa lucha contra la empresa minera Hanrine. Por su resistencia, al menos 70 personas de la comuna han sido denunciadas por la empresa y ahora tienen procesos penales o civiles en su contra.

Otro caso de criminalización es el de los comuneros de Barranquilla, en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas. Después de una demanda presentada por la palmicultora Energy & Palma por supuestos daños y perjuicios, un juez ordenó que cuatro líderes le paguen a la empresa 151 mil dólares. La sentencia a favor de la empresa llegó a pesar de que, durante años, Barranquilla ha denunciado abusos y contaminación de sus tierras por parte de la palmicultora. 

La abogada Idrovo dice que ahora mismo está en la Asamblea Nacional una solicitud de amnistía para varios defensores del ambiente. La solicitud argumenta que estas personas son criminalizadas “en un contexto de incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos” que le exigen al Estado que les dé espacios seguros para ejercer su derecho a defender su territorio. Según Idrovo, la solicitud ya pasó del Consejo de Administración Legislativa (CAL) hacia la Comisión de Justicia para que resuelva si se envía o no al Pleno de la Asamblea Nacional. 

Además, el 2021 demostró que ahora no se criminaliza solo a los defensores ambientales. La indefensión puede alcanzar incluso a los abogados patrocinadores de los defensores. Por ejemplo, Idrovo y otros abogados que acompañan a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en el Río Coca en abril de 2020, están siendo investigados por la Fiscalía por el presunto delito de instigación. La investigación en su contra se abrió a partir de una denuncia del juez que llevó la sentencia de primera instancia sobre la acción de protección por el derrame. Además de los abogados, la Fiscalía también investiga a Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcnuae). 

Idrovo asegura que la investigación que se ha abierto contra ella y sus compañeros “no tiene sentido”. La abogada cuenta que el juez basó su demanda en una publicación en Facebook de una cuenta que no pertenecía a ninguno de los abogados o líderes de las comunidades. Cree que el proceso contra ellos es infundado y no hay ninguna evidencia que pruebe que han cometido algún delito. 

Lo feo: implementación de decisiones judiciales en el limbo

Durante 2021 se conocieron varias sentencias a favor del medioambiente. Sin embargo, el que hayan sido favorables no significa que se estén cumpliendo ni que sean las más óptimas. Una de las resoluciones más importantes fue la sentencia a favor de nueve niñas que pedían que se apaguen los mecheros de los campos petroleros que llevan años afectando la salud de decenas de comunidades en la provincia amazónica de Sucumbíos. 

Aunque la sentencia falló a su favor, no es lo que las niñas y las comunidades afectadas esperaban porque plantea plazos demasiado largos para que se eliminen los mecheros. Vivian Idrovo, es la abogada de una de las niñas demandantes y dice que la sentencia es insuficiente porque que le da un plazo de hasta 10 años a las empresas para que eliminen los mecheros, tiempo en el que, según dice, las afectaciones continuarán.

Otra decisión importante fue la victoria contra la minería en la consulta popular en la ciudad de Cuenca, a inicios del año. Poco más del 80 % de la población votó a favor de prohibir proyectos mineros en el cantón. Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica no ha revisado el último informe sobre la delimitación de las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay donde no podrá haber minería metálica. En otras palabras, las áreas de protección aún no están definidas. 

Además, según expertos, como la consulta fue aprobada en 2021 y no es retroactiva, proyectos mineros a gran escala como Loma Larga y Río Blanco podrían continuar. El proyecto Loma Larga está en la fase de exploración y el proyecto Río Blanco está suspendido temporalmente hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una acción de protección presentada por las comunidades argumentando que se habían vulnerando sus derechos al agua, al trabajo y a ser consultados.

Otra sentencia representativa fue la que favoreció a la nacionalidad indígena sápara. En 2020, el Ministerio de Agricultura había entregado el 70% de su territorio a Naruka —una organización mestiza que se había hecho pasar por sápara— para adjudicarse los territorios del pueblo. La mayor preocupación de los líderes indígenas, era que los supuestos nuevos dueños entregaran el territorio a empresas extractivistas. En octubre, una jueza falló a favor de los sápara y declaró nula la adjudicación del territorio. Ahora, la nacionalidad espera tener la sentencia por escrito para que esta se empiece a cumplir. 

A pocos días de finalizar el año la Corte Constitucional emitió una sentencia a favor de la naturaleza en el Bosque Protector Los Cedros y otra a favor del colectivo ambientalista Yasunidos. Sobre el fallo de Los Cedros, la abogada Verónica Potes dice que el fallo es histórico porque define cómo deben hacerse las consultas previas ambientales y eso ya sienta un precedente para otros casos en el futuro. 

El fallo a favor de Yasunidos, por otro lado, vuelve a abrir la posibilidad de hacer una consulta popular sobre la explotación del Yasuní. La Corte encontró que hubo irregularidades en el proceso del Consejo Nacional Electoral cuando revisó las firmas que había recolectado el colectivo para solicitar la consulta siete años atrás. Ahora, tras el fallo de la Corte, los Yasunidos esperan promover una nueva consulta popular para impedir la explotación petrolera del polémico bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Lo malo: continúa el incumplimiento de la consulta previa

Durante años, comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en Ecuador han denunciado que el país no respeta los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas aunque son exigidos por la Constitución y por convenios internacionales como el 169 de la OIT. 

Este año, el pueblo Shuar Arutam, que habita el sureste de Ecuador, emprendió una intensa lucha por evitar que la minería destruya su territorio. Más de 230 mil hectáreas (56%) de su territorio han sido concesionadas a algunas empresas mineras como Solaris Resources y SolGold para explotar cobre, oro y molibdeno. Varias de esas concesiones ya están en etapa de exploración pero los dirigentes indígenas aseguran que el pueblo nunca fue consultado sobre las concesiones. 

Para los indígenas el asunto va más allá y dicen que no quieren ser consultados pues en su derecho a la autodeterminación ya han dicho que no aceptarán ningún proyecto minero en su territorio. Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), dice que “ya no necesitamos consultas ni resoluciones”. Según la lideresa, el gobierno “hace rato que viola nuestros derechos y ya no lo vamos a permitir. Comenzaremos con acciones”.

Por otro lado, el nuevo gobierno de Guillermo Lasso arrancó en mayo con la promesa de una transición ecológica, al punto que cambió el nombre del Ministerio de Ambiente para incluir este concepto: Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Pero, poco tiempo después, en julio, emitió el Decreto 95 para duplicar la producción petrolera y, en agosto, el Decreto 151 que establece un Plan de Acción para el sector minero. 

Las comunidades de la Amazonía reclaman que los decretos violaron su derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. La abogada Verónica Potes explica que la Constitución del Ecuador establece que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada por lo que deben ser consultados sobre planes y programas de exploración, explotación y comercialización de los recursos no renovables que están en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. 

Pero la consulta no siempre se cumple. Según Potes, durante años, el gobierno ha considerado como consulta a las socializaciones que hacen las empresas en las comunidades después de que ya se ha aprobado el proyecto extractivo. “Pero eso no es una consulta”, asegura Potes. La consulta debe ser previa para que las comunidades puedan tomar una verdadera decisión sobre los proyectos.

Por eso, en octubre de 2021, varias organizaciones indígenas presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 95, y esperan presentar otra contra el decreto 151. Con esta acción buscan frenar la política extractiva del nuevo gobierno, aunque no se sabe cuándo se tendrá una respuesta por parte de la Corte Constitucional. 

Lo bueno: los compromisos asumidos en la COP 26 en Glasgow

A pesar de que el 2021 no ha sido el mejor año para el medioambiente en Ecuador, en la Conferencia de las Partes (COP) 26 realizada en Glasgow, Escocia, el gobierno ecuatoriano asumió varios compromisos que prometen proteger y conservar los ecosistemas del país. 

Uno de los anuncios más importantes fue la promesa de crear una nueva reserva marina en Galápagos de 60 000 kilómetros cuadrados con un canje de deuda por naturaleza —cuando una o varias organizaciones compran una parte de la deuda externa de un país a cambio de un compromiso de conservación—. El canje, dijo el presidente Guillermo Lasso, permitirá que haya recursos suficientes para asegurar la protección del área. El decreto ejecutivo que creará oficialmente la reserva aún no ha sido firmado, pero se espera que suceda a finales de diciembre o los primeros días de enero de 2022.

Expertos en conservación como Tarsicio Granizo, Director de WWF Ecuador, y Luis Súarez, vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador, aseguran que la creación de la reserva es una excelente noticia. 

Por otra parte, Cristina Cely, directora de One Health Ecuador, dice que no es el escenario ideal porque en la mitad de la nueva reserva —30 000 km2— se seguirá permitiendo la pesca. Sin embargo, “al menos se hizo algo y eso es lo que importa”. Granizo enfatiza en que ahora “tendremos que estar vigilantes de que el canje de deuda se haga con transparencia y de que los recursos se usen de la manera adecuada”. 

Además de la ampliación de la protección de las aguas en Galápagos, Ecuador —junto a los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Panamá— firmó la Declaración para la Conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. El objetivo es proteger este importante corredor migratorio que alberga a cientos de especies entre la reserva marina de Galápagos en Ecuador y el Parque Nacional Isla del Coco, en Costa Rica.

En la COP26, Ecuador también firmó otros acuerdos como la Declaración sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, el Compromiso Global del Metano, y la Declaración de la Transición del Carbón a la Energía Limpia. Además, al ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también tendrá que cumplir con los acuerdos generales que se asumieron en consenso en el Pacto Climático de Glasgow, como lograr el cero carbono neto hasta 2050, y eliminar progresivamente “los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”. Este último tema es difícil en Ecuador pues la propuesta de eliminar los subsidios causó un paro nacional en 2019.

Y aunque la firma de los acuerdos y declaraciones en Glasgow son una evidencia del compromiso del país con el cuidado del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, los expertos opinan que sin voluntad política, financiamiento y planes claros, los acuerdos podrían quedar en papel como ya ha sucedido antes. “Sin planes y sin recursos no se va a poder implementar nada”, dice Tarsicio Granizo. El próximo año será clave para que el gobierno tome acciones y demuestre lo contrario.