Cuatro comuneros de Barranquilla, en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas, deberán pagar 151 mil dólares, por orden de un juez, a la empresa palmicultora Energy & Palma. Durante años, la comuna ha denunciado abusos y contaminación de sus tierras.
La palmicultora interpuso la demanda contra los cuatro comuneros —quienes se identifican como defensores de la naturaleza— en septiembre de 2020 por supuestos daños y perjuicios. Según sostiene la empresa, las acciones de resistencia lideradas por los comuneros en octubre de 2019 — que duraron tres meses— causaron la pérdida de la cosecha de palma de la empresa y generó pérdidas valoradas en 320 mil dólares. Energy & Palma, que es parte del grupo empresarial La Fabril, había pedido inicialmente que el monto a pagar fuera ese.
En una de las audiencias del caso, según consta en el acta del proceso judicial, la empresa dijo que los comuneros “intempestivamente y sin explicación alguna” cerraron la vía que conduce a sus propiedades, lo que impidió que sus trabajadores realizaran sus actividades, y que por ende la empresa enfrente fuertes pérdidas económicas. Además, dijo la empresa, los comuneros intimidaron a los trabajadores e iniciaron una campaña de coacción contra los empleados administrativos.
¿Qué pasó en 2019?
El 4 de octubre de 2019, en la comuna afrodescendiente de Barranquilla —en el noroccidente del país— empezó una resistencia que duró tres meses. Los comuneros instalaron camas, cocinas y carpas para exigir que la empresa Energy & Palma les devuelva sus tierras —que habrían sido ocupadas arbitrariamente según denuncian ellos—, que se retire toda la palma que se ha sembrado, y que se realicen actividades de reparación porque las plantaciones han contaminado sus ríos.
Según los comuneros, mientras ejercían sus derecho a la resistencia, policías los sacaron del terreno, pero luego ellos volvieron a entrar. La resistencia duró tres meses y terminó el día en que llegaron alrededor de 150 policías y arremetieron contra los comuneros de forma violenta. Según el presidente de la comunidad, Néstor Caicedo, los policías empezaron a disparar sin importarles que había niños, mujeres y ancianos. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció en 2019 que en esa intervención violenta la policía incluso usó helicópteros.
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¿Por qué resiste la comuna de Barranquilla?
En 2006, la empresa palmicultora Energy & Palma —que en ese entonces se llamaba Palmeras del Pacífico— empezó a comprar terrenos en el cantón esmeraldeño de San Lorenzo. Entre esos estaban los terrenos de la comuna de Barranquilla, que se constituyó en 1997 y cuyas tierras fueron adjudicadas en 2000 conforme a la Ley de Comunas. Los comuneros aseguran que no fueron incluídos en los procesos de compra-venta y desde que Energy & Palma empezó a ejercer supuestos derechos sobre los terrenos se han opuesto y luchado por defender su territorio ancestral.
En los últimos años, los reclamos de los comuneros se han intensificado. Sus protestas se sustentan en un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), publicado de 2017, que dice que en el territorio de la comuna de Barranquilla “se pudo determinar que el predio de la compañía Energy & Palma S.A tiene una sobreposición de 251 hectáreas en la comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier”. Sin embargo, aunque el mismo Ministerio asegura que la palmicultora está asentada en parte del territorio que le pertenece a la comuna, Energy & Palma continúa en sus tierras.
En una entrevista de 2017 para el medio Plan V, Flavio Paredes, gerente general de Energy & Palma, negó que estuvieran en los territorios ancestrales de la comuna, que ellos (los comuneros) eran los invasores, y dijo que “de lo que conocemos, en San Lorenzo los únicos que tienen tierras ancestrales es la comunidad Awá”. GK pidió una declaración de un representante de la palmicultora, sin embargo, dijeron que para cualquier declaración enviáramos un correo electrónico. Hasta el cierre de esta nota, no hemos recibido respuesta.
Las actividades de la empresa han deforestado varias hectáreas del bosque del Chocó —el hotspot con alta riqueza biológica— y contaminado las fuentes de agua de la comuna con los pesticidas que se usan para las plantaciones de palma.
La organización Acción Ecológica anunció que los defensores sentenciados apelarán, y esperan que los jueces fallen a su favor.
