Varias organizaciones presentaron ante la Asamblea la solicitud de amnistía para los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que han sido criminalizados. Según la solicitud, presentada ayer 21 de septiembre de 2021, esa criminalización se da “en un contexto de incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos” que le exigen al Estado que les dé espacios seguros para ejercer su derecho a defender su territorio.
Algunas de las organizaciones que participan en el pedido son Acción Ecológica, la Alianza por los Derechos Humanos, Amazon Watch, entre otras. Según un comunicado publicado por las organizaciones, el Estado ecuatoriano “no ha generado mecanismos que los protejan” lo que los ha dejado vulnerables ante empresas privadas y el mismo Estado.
Por eso, dice el comunicado, le piden a la Asamblea que acepte su solicitud de amnistía para quienes han sido criminalizados, pero no incluyen un periodo específico. Este recurso involucra un perdón de penas que debe ser decretado por el Estado en casos excepcionales. La Constitución ecuatoriana dice que entre las atribuciones de la Asamblea está “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios”.
Para hacerlo, el pedido debe tener el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 asambleístas. Según la Constitución, estos perdones de penas no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio.
La situación de los defensores ambientales en Ecuador
El pedido de las organizaciones dice que “es de conocimiento público” que en Ecuador han habido conflictos sociales y ambientales. La mayoría relacionados a la ejecución de proyectos de actividades extractivas en los que no se ha respetado el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada ——un derecho constitucional en el que el Estado y las empresas tienen la obligación de preguntarle a las comunidades si están o no de acuerdo con que se explote recursos naturales en su territorio.
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Además, dicen que estos se dan en casos de defensa de sus territorios y la resistencia de los pueblos de distintas nacionalidades y culturas que “han exigido el respeto, protección y cumplimiento de sus derechos vulnerados”.
En junio de 2021, la Alianza por los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de quienes defienden sus territorios y el medioambiente. El informe incluye 22 casos de violación de derechos de defensores del ambiente en los últimos diez años. De ese total, 18 están relacionados con actividades de las industrias extractivas mineras y petroleras y con el incumplimiento de la consulta previa.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, dijo en una entrevista con GK en junio que los defensores y defensoras no tienen “un entorno seguro para desarrollar su labor”. Según Idrovo, esto se debe a que en la mayoría de casos, estas personas viven en comunidades empobrecidas y alejadas geográficamente, y “son hostigados, intimidados y criminalizados por el Estado”.
En esos 22 casos hay 449 defensores del ambiente en Ecuador que han sido amenazados, hostigados, perseguidos e incluso asesinados. Según el informe de la Alianza, la mayor parte de las vulneraciones de los casos documentados estuvieron a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios públicos.
Entre los casos más relevantes de la última década está el de Nankints. En 2016 esta comunidad shuar en el sur de la Amazonía fue desplazada y más de 40 personas fueron acosadas judicialmente por intentar recuperar su territorio. El informe también incluye los casos de los líderes Andrés Durazno, José Tendetza y Freddy Taisj; quienes fueron asesinados.
En los gobiernos anteriores ya se había intentado obtener amnistía para los líderes ambientales y sociales. En los 10 años que duró el gobierno de Rafael Correa se denunciaron constantemente casos de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales.
En 2017, cuando Lenín Moreno asumió la presidencia, ofreció dar amnistía para todas esas personas. Sin embargo, Moreno dio 7 indultos en 2017 y luego su gobierno transcurrió sin mayores avances. Hasta 2019, se estimaba que había 150 personas que habían sido criminalizadas por defender sus derechos, el territorio o la naturaleza y que todavía estaban esperando su amnistía.
Así está la situación en América Latina
Ecuador no es el único país de la región en el que los líderes ambientales tienen inconvenientes. Según el último informe anual de la organización Global Witness, Latinoamérica es la región más peligrosa para los líderes ambientales. El informe dice que en 2020, se registraron 227 asesinatos mientras que en 2019 la cifra fue de 212.
El informe dice que en 2020 no solo se incrementaron los asesinatos sino que “hubo un aumento en el tipo de amenazas que reciben defensores y defensoras”. Estas incluyen arrestos, campañas de desprestigio, actos de criminalización bajo una retórica antiterrorista y otro tipo de ataques no letales. Según el informe, ocurrieron en un contexto en donde los Estados utilizaron la pandemia para restringir el espacio cívico.