Este contenido se publicó originalmente en Mongabay Latam
Hace poco más de un año Mongabay Latam reportó el inicio de la construcción de una carretera petrolera en el controvertido Bloque 43, más conocido como ITT, ubicado en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Desde mediados de marzo del 2020, imágenes satelitales reveladas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA), detectaron la construcción de una vía de 2,2 km que salía de la plataforma Tambococha B hacia las plataformas Tambococha C, Ishpingo A e Ishpingo B; que están aprobadas para explotación.
Esa vía se dirige rápidamente hacia la zona intangible, una reserva creada para proteger el territorio de los indígenas en aislamiento voluntario —Tagaeri y Taromenane—. El 18 de agosto de 2021, MAAP reportó que la carretera se había expandido en otros 2 km y se encontraba a solo 11.7 km de la Zona Intangible y a 1.3 km de su zona de amortiguamiento.
El Estado ecuatoriano actuaba con tal rapidez que, solo 15 días después, MAAP realizó una actualización en la que indicó que el acceso vial ahora está a solo 0.5 km de la zona de amortiguamiento y a 10.5 km de la zona intangible. Fuentes consultadas por Mongabay Latam aseguran que esta situación pone en peligro inminente a los indígenas en aislamiento y que situaciones como esta pueden seguir ocurriendo en el parque Yasuní pues el gobierno de Guillermo Lasso, en su nueva política petrolera, pretende duplicar la producción de crudo del país.
Una amenaza inminente para los indígenas aislados
El avance de la carretera que se acerca al campo Ishpingo B, ubicado prácticamente en el borde de la franja de amortiguamiento de la zona intangible, tiene preocupados a líderes sociales y ambientales.
Manuel Bayón, geógrafo y miembro fundador del colectivo Geografía Crítica, asegura que han puesto muchas quejas por el campo Ishpingo B. Según dice, todos los estudios de impacto ambiental del antiguo Petroamazonas —hoy absorbido por Petroecuador— indican que sus rangos de afectación de ruido mínimo son 300 metros, pero estos consideran solo a la maquinaria y no a los generadores de energía y combustible que no estaban previstos en los planes iniciales.
El ruido es una gran amenaza para los aislados pues ellos se mueven por zonas prístinas y huyen ante cualquier señal de intervención. “El ruido es una de las cosas que más afecta a los pueblos en aislamiento porque tiene implicaciones sobre la caza y su bienestar en el espacio”, indica Bayón.
“Más que indígenas aislados, nosotros decimos que son indígenas acorralados”, comenta Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, refiriéndose a que están rodeados por bloques petroleros y por los madereros en el sur de su territorio.
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Otro punto que ha causado polémica es que, en un inicio, la estatal petrolera aseguró que la vía sería un sendero ecológico pero, de acuerdo a lo que han observado diferentes organizaciones de la sociedad civil, se trata de una carretera pues de otra forma sería imposible el tránsito de vehículos pesados.
“Me imagino que la vía no se está haciendo sin aprobación formal pero esa aprobación y estudios de impacto ambiental probablemente son muy cuestionables”, dice Bayón. Para las organizaciones de la sociedad civil el problema es que el Estado no hace pública la información sobre lo que ejecuta en el parque Yasuní y lo poco que se sabe se ha conseguido gracias a demandas. Por ejemplo, Geografía Crítica ha subido toda la información recolectada por ellos a su página web.
“Petroamazonas [hoy Petroecuador] hablaba de un sendero ecológico pero cuando uno ve las fotos que presenta el mismo Ministerio de Ambiente, se ve que hubo introducción de materiales externos como arena y gravilla. Hay modificaciones de la geomorfología, ha habido zonas de relleno donde se cambia la funcionalidad de la zona. Entonces, se trata de una carretera en un parque nacional donde la riqueza de biodiversidad está sobre todo en las áreas inundables, y que se encamina a la zona donde viven los últimos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador”, dice Bayón.
Geografía Crítica también tiene algunos documentos oficiales sobre la construcción de la vía durante 2020, pero hasta el momento no ha obtenido información estatal sobre lo que viene ocurriendo en el 2021.
Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para preguntar por los estudios ambientales que respaldan la expansión de la vía y por los efectos que puede traer una carretera en medio de una zona prístina del parque Yasuní y recibimos respuesta poco después de publicado este reportaje.
El Ministerio indica que «no se trata de una carretera sino de un acceso ecológico, cuyo derecho de vía se ubica a 315 metros de la zona de amortiguamiento de la ZITT y a más de 10 kilómetros de la ZITT. La plataforma Ishpingo B se ubica a 127 metros de la zona de amortiguamiento de la ZITT y a más de 10 kilómetros de la ZITT, por tal razón no se afecta a la zona de amortiguamiento, mucho menos la zona intangible donde se encuentran las poblaciones en aislamiento».
Además, aseguran que tanto el bloque 31 como en el bloque 43, tienen consideraciones especiales en sus Planes de Manejo Ambiental, y los monitoreos se realizan de manera periódica. «En el caso de la construcción de accesos ecológicos, estos tienen salvaguardas ambientales. Inicialmente se llevan a cabo recorridos y una valoración biótica en la que se registran Áreas Biológicas Sensibles (ABS) […] Una vez determinadas estas Áreas Biológicas Sensibles (ABS) se efectúan microvariantes al trazado inicial de los accesos ecológicos para proteger los mismos».
“Los pueblos en aislamiento voluntario nunca cruzan una carretera, se conoce que la rodean totalmente. Esta carretera es muy peligrosa porque va a la única zona definida para protegerlos, que no necesariamente abarca todo el territorio donde se mueven”, dice Bermeo.
La preocupación por lo que ocurre con los indígenas en aislamiento no proviene solo de las organizaciones civiles ecuatorianas, sino de entidades internacionales como Naciones Unidas.
“La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) no incluye la extensión total de sus tierras ancestrales […] Aún más preocupante es el hecho de que el Estado esté concediendo licencias extractivas que afectan dichas tierras ancestrales. De acuerdo a la información recibida, la extensión del Parque Nacional Yasuní ha sido considerada un desarrollo positivo, resultado de la consulta popular de 2018, pero la decisión de proceder con la explotación petrolera en el área de amortiguamiento puede producir impactos graves e impredecibles sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la zona”, dijo en 2019 la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
La cuestionable actividad petrolera en el Yasuní
El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es el área protegida continental más grande del país y un importante ‘hotspot’ de biodiversidad a nivel mundial. A pesar de esto, dentro de su territorio están permitidas las actividades petroleras.
Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, comenta que el año crítico para esta área protegida fue el 2013, cuando la Asamblea Nacional declaró al parque como zona de interés nacional y le autorizó al entonces presidente Rafael Correa, la explotación petrolera. Se pusieron algunas condiciones como que esta explotación no podía darse en la zona intangible y su franja de amortiguamiento, que se debía utilizar tecnología de punta, presentar un informe semestral a la Asamblea y realizar visitas o inspecciones con la ciudadanía.
Sin embargo, Bermeo asegura que esas medidas no se han cumplido y “más bien se ha visto como estos condicionantes han sido vulnerados una y otra vez”. Según dice, se han incumplido constantemente con las fechas de entrega de los informes, se ha impedido la participación de los colectivos sociales, ambientales y de derechos humanos en las inspecciones e, incluso, “en la última inspección en el gobierno de Lasso, esta se hizo de forma virtual. A ese punto llega la burla a la ciudadanía e incluso a los legisladores”, comenta.
Y eso no es todo. En febrero de 2018, los ecuatorianos, en una consulta popular, le dijeron ‘Sí’ a limitar la explotación petrolera, reduciéndola de 1030 a 300 hectáreas dentro del parque. Sin embargo, desde entonces, diversos estudios han mostrado que ese máximo de deforestación ya se habría excedido. Manuel Bayón, de Geografía Crítica, afirma que el Estado tiene una “jugada argumentativa” ya que consideran que si la vegetación se regenera en las zonas deforestadas, entonces no se ha perdido bosque. “De esa manera podrían decir constantemente que no se han superado las 300 hectáreas”, destaca Bayón.
En la misma consulta popular de 2018 se le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y nuevamente ganó el ‘Sí’.
Hubo gran emoción entre los ambientalistas cuando el expresidente Lenín Moreno anunció el cumplimiento de esta orden del pueblo a través del decreto 751 de mayo de 2019. Pero, una vez emitido el documento, la emoción se tornó en frustración puesto que se permitieron las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en la zona de amortiguamiento de la zona intangible, lo que benefició a varios bloques muy polémicos como el 43, más conocido como ITT y donde avanza la carretera petrolera.
“El gobierno de Lenín Moreno emitió un decreto ejecutivo que ampliaba la zona intangible y eso sonaba muy bien, pero la emisión del decreto también sirvió para quitarle la intangibilidad a la zona de amortiguamiento”, asegura Carlos Mazabanda, coordinador de campo de la organización Amazon Watch en Ecuador.
Además, Mazabanda asegura que la expansión de la zona intangible para proteger a los indígenas en aislamiento se dio hacia el noroccidente y no hacia el oriente, donde habían más conflictos y más temor por las presiones que enfrenta el territorio indígena, principalmente por las actividades petroleras.
Para Mazabanda, era evidente que “se necesitaba quitar la protección de la zona de amortiguamiento porque la mayoría del campo Ishpingo [parte del bloque 43 ITT] está dentro de ella. Por eso es que ahora vemos estos avances con la carretera durante la pandemia […] Esto conlleva una gran amenaza para los indígenas no contactados pues suelen moverse en zonas prístinas de bosque. En esta zona la única intervención que hay actualmente es esa carretera, no hay nada más”.
Poco tiempo después de emitido el decreto de Lenín Moreno, este fue demandado por el Colectivo de Antropólogas del Ecuador, pero lleva más de dos años estancado en la Corte Constitucional. Hasta que la justicia no se pronuncie el decreto seguirá vigente. En otras palabras, se pueden realizar actividades petroleras en la zona de amortiguamiento mientras que hay zonas críticas para la protección de los indígenas Tagaeri y Taromenane que aún siguen sin protección.