Este reportaje es parte de la alianza entre GK y Mongabay Latam
En Cuenca, ciudad en la sierra sur del Ecuador, el 80,04 % de la población le dijo SÍ a la prohibición de actividades mineras. En una consulta popular el 7 de febrero de 2021 —el mismo día de las elecciones generales del país— más de 348 mil personas votaron a favor de prohibir las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay. Los cinco ríos son los más grandes de la ciudad y sus alrededores y son importantes porque abastecen de agua a la ciudad —la tercera más grande del país—.
La victoria de la consulta popular es un precedente para garantizar el derecho humano al agua amparado por la Constitución del Ecuador. La oposición a la minería en la ciudad no es nueva y comenzó alrededor de los años 90 en las comunidades rurales, cuenta David Fajardo, uno de los representantes del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Sin embargo, en los últimos años la lucha se intensificó también en el área urbana, después de varias campañas de concientización sobre las consecuencias negativas de la minería.
Todo se materializó el 8 de septiembre de 2020 cuando el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, presentó a la Corte Constitucional una solicitud para convocar a una consulta popular que prohíba la minería cerca de los ríos y páramos de la ciudad. Diez días después, la Corte aceptó el pedido. Para Fajardo, esta decisión fue histórica y, finalmente, 30 años después, la resistencia ciudadana dio frutos.
Una victoria arrolladora
Desde la noche del 7 de febrero, antes de la publicación de los resultados oficiales de la consulta, activistas celebraban la victoria en redes sociales. Cuatro días después, el 11 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Cuenca le había dicho SÍ a la prohibición de las actividades mineras en el cantón. La consulta popular tenía una pregunta repetida cinco veces en la que solo cambiaba el nombre del río que se buscaba proteger, por ejemplo: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Saneamiento Etapa EP? El porcentaje de respuesta fue diferente en cada pregunta, pero el promedio en general de todas fue del 80,04%: una victoria arrolladora, según los promotores de la consulta.
David Fajardo, del Cabildo Popular por el Agua en Cuenca, dice que esta victoria es histórica porque nunca ha sido fácil ganarle al extractivismo. Para él, que lleva cinco años luchando contra la minería en el cantón, la consulta deja, sobre todo, un precedente para que otras provincias del país “se unan a la defensa del agua” y agrega que esta es una forma de “decirle al gobierno que estamos cansados del centralismo y que no queremos ser una zona minera”.
Fajardo no es el único que está satisfecho con la decisión de los cuencanos. Pedro Mosquera, periodista cuencano quien se unió a la defensa del agua en 2017, también está orgulloso de lo logrado y cree que los resultados de la consulta pusieron en evidencia que la protección de los ríos y los páramos no es algo importante solo para los activistas sino para toda la población. “Es bueno ver cómo nos hemos alineado todos para proteger el agua”, dice Mosquera.
Campaña por el SÍ. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de YASunidos Cuenca.
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, también está contento. Para él, estos resultados “significan la vida”. Según el alcalde, la decisión de los cuencanos demuestra que todo el trabajo que han hecho los activistas y colectivos durante varios años al fin ha dado frutos. Además, dice que ha sido un privilegio trabajar en conjunto con estos grupos de la sociedad civil y haber sacado adelante esta iniciativa.
Silvia Benítez, Narcisa Requelme, y Marta Echevarría del colectivo Mujeres por el Agua, aseguran que la consulta popular es una inspiración para el país porque Cuenca optó por cuidar la naturaleza por sobre los “beneficios financieros de la minería” y esto se convierte en un ejemplo “que todas las ciudades en Ecuador deberían seguir, sobre todo aquellas que están amenazadas por actividades extractivas”.
Claudia Segovia, bióloga y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), dice que la consulta es una victoria, sobre todo, para los páramos y el agua que nace de ellos en el cantón. Sin embargo, preocupa la reacción de las empresas mineras, por ejemplo, Carlos Castro, abogado que redactó el pedido de consulta popular y miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, asegura que el sector minero nunca estuvo de acuerdo con la propuesta y teme que las empresas busquen —y encuentren— vacíos legales en la decisión de la Corte Constitucional para continuar instalando proyectos.
Intentamos contactarnos con la Cámara de la Minería del Ecuador para saber cuál era su opinión sobre los resultados de la consulta pero hasta la publicación de este reportaje no recibimos respuesta.
Los siguientes pasos
Aunque los resultados oficiales certifican la victoria del SÍ contra la minería a gran escala en el cantón, esto no significa que la minería se va a detener de inmediato. El alcalde Pedro Palacios dice que el primer paso es que el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) establezca una delimitación clara de las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay donde no podrá haber minería metálica, según lo decidido por los ciudadanos en la consulta.
El abogado Carlos Castro, especialista en derecho constitucional, dice que no hay una fecha límite para que el MAAE defina estos límites, sin embargo, opina que debería ser lo antes posible. Por su parte, el alcalde Pedro Palacios cree que será pronto porque el Ministerio ha trabajado con ellos y está al tanto del proceso. Sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento público y preguntamos a la institución cuándo tienen planificado hacer la delimitación, pero tampoco recibimos respuesta.
La victoria de la consulta permitirá proteger los páramos y fuentes de agua más importantes de Cuenca. Fotografía de Gustavo Morejón.
Otra acción que se debería tomar de inmediato, según Castro, es que el Concejo Cantonal de Cuenca expida una ordenanza que reglamente el uso y control del suelo en las zonas de recarga hídrica contempladas en la consulta. Y es que con base en esa ordenanza se podrá seguir resguardando estas áreas del extractivismo y de otras actividades humanas contaminantes. El otro problema es que tampoco hay una fecha límite para que el Concejo haga esto, sin embargo, el alcalde Palacios asegura que apenas tengan el detalle de los límites establecidos por el Ministerio de Ambiente, el Concejo Cantonal de la ciudad se reunirá para emitir esta ordenanza. En otras palabras, la demora o prontitud para ejecutar lo ordenado por el pueblo en la consulta popular dependerá del Ministerio.
Vacíos legales
Incluso si todas estas acciones se dan pronto, hay quienes están preocupados porque la consulta no se cumpla. El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dice que debido a que la consulta no es retroactiva y solo aplica a futuro, proyectos mineros como Loma Larga y Río Blanco deberían continuar.
Loma Larga es un proyecto de la empresa canadiense INV Metals ubicado en el cantón Cuenca para la explotación de oro, plata y cobre. Actualmente, según el Reporte Minero 2021 del Banco Central del Ecuador, Loma Larga está en fase de exploración y se espera que empiece a producir en 2023. Río Blanco, en cambio, es un proyecto de la empresa minera Ecuagoldmining, que está en las parroquias de Molleturo y Chauca de Cuenca, tenía que empezar explotación en 2018 pero está suspendido por una orden judicial. Según los jueces, la concesión está ubicada en una zona que es una fuente de agua. El caso está a la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Constitucional.
Según la empresa INV Metals, la Corte Constitucional “confirmó los derechos de las empresas mineras” al determinar que los efectos de la consulta serían sólo para concesiones mineras en el futuro. En respuesta a una consulta hecha por Mongabay Latam y GK, la minera canadiense dijo a través de correo electrónico que no les preocupa que la consulta haya ganado porque “la Corte aclaró que las concesiones que ya fueron otorgadas, como Loma Larga, no se verán afectadas”.
La realidad es que la situación jurídica es complicada. El abogado Carlos Castro afirma que desde un punto ético-jurídico no tiene sentido que la ley aplique solo para el futuro porque entonces ya no habrá nada que explotar. “Las concesiones que se dieron en el pasado afectan nuestro presente”, afirma y agrega que “eso es precisamente lo que la gente no quiere… en el presente no queremos minería”.
Otro vacío legal que preocupa es la escala en que se haga la extracción de minerales. La consulta contempla la prohibición de la minería a gran escala en las zonas de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara; y la prohibición de la minería a mediana escala cerca del río Norcay. A Castro le inquieta que las empresas mineras usen esto a su favor para hacer minería “a menor escala” y seguir explotando los recursos naturales.
Sin embargo, el hecho de que la consulta se haya aprobado ya es un gran paso que servirá para proteger las fuentes de agua. Juan Auz, abogado ambientalista y de derechos humanos, dice que si las empresas mineras encuentran vacíos legales o interpretan la consulta a su favor para continuar explotando estas zonas vulnerables igual tendrán que seguir un proceso y recurrir a otras instancias legales, como por ejemplo una acción de protección.
¿Un futuro sin minería?
A pesar de los enormes desafíos, la victoria de la consulta popular en Cuenca se suma a otros logros que ha conseguido la naturaleza contra la minería en los últimos años en Ecuador. En 2018, después de que la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) presentara una acción de protección contra el proyecto minero Río Blanco en Cuenca, este se suspendió y hasta ahora no ha sido reanudado.
En marzo de 2019, también en la provincia austral de Azuay, el cantón Girón le dijo NO a la minería a través de una consulta popular, prohibiendo las actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha. El objetivo principal era detener el proyecto minero Loma Larga que también tenía concesiones en Girón y afectaba parte del sistema hidrológico del páramo.
El 60% del agua que toman los cuencanos viene de El Cajas. Fotografía de Kabir Montesinos.
Ese mismo año, al otro extremo del país, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, el proyecto minero Río Magdalena se detuvo. En junio de 2019, la Corte provincial de Imbabura emitió una resolución que dejó sin efecto la licencia ambiental otorgada a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) para el proyecto. Se alegó que la concesión ponía en riesgo el Bosque Protector Los Cedros. La ENAMI apeló la decisión y esta aún no ha sido resuelta.
Finalmente, tras casi tres décadas de oposición, en septiembre de 2020 una jueza aceptó una acción de protección a favor del valle de Íntag, también en Imbabura, que puso en jaque al proyecto minero Llurimagua. La decisión protege una parte del Chocó ecuatoriano —área de prioridad de conservación mundial—y los Andes Tropicales —el hotspot con mayor riqueza biológica del planeta— y de esta manera a miles de especies que habitan allí.
Carlos Zorrilla, activista y cofundador de la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), dice que estos ejemplos muestran que existe una tendencia contra la minería que se está consolidando en Ecuador. Para el activista, las personas están cuestionando cada vez más las actividades mineras y también se están preocupando por defender el agua.
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El activista, que lideró la lucha contra la minería en Íntag durante más de dos décadas, cree que la consulta popular en Cuenca es un ejemplo para seguir presionando contra las actividades mineras en el país. “Creo que si seguimos así, pronto se podrá hacer un referéndum nacional para rechazar la minería metálica en todo el país”, opina. Sin embargo, lo más importante ahora, según cuenta, es seguir en la resistencia contra el extractivismo y empezar a poner los derechos de la naturaleza por encima de los “beneficios” económicos de estas actividades.
