Mireya Pazmiño fue una de las asambleístas proponentes en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Los otros legisladores proponentes fueron Viviana Veloz, Rodrigo Fajardo y Pedro Zapata. Este es un breve perfil sobre la ex legisladora. 


Fue cesada por la muerte cruzada ordenada por el presidente Guillermo Lasso el 17 de mayo de 2023. 


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Pazmiño fue asambleísta por la provincia centroandina de Bolívar. Fungía como  presidenta de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario en la disuelta Asamblea Nacional.

Fue parte de la bancada  de Pachakutik, partido político con el que ganó una curul, desde 2021 hasta su expulsión el 17 de noviembre de 2022. Mireya Pazmiño fue sancionada, por su partido, luego de presentar una moción para llevar a juicio político a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Estos miembros eran Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Según Salvador Quishpe, ex coordinador de la bancada de Pachakutik, querían llevar a juicio a los siete miembros del CPCCS, no sólo a cuatro, como sugirió Pazmiño. “Tratar de destituir solo a cuatro, tapando a tres es un cálculo político del correísmo y del Partido Social Cristiano”, dijo Quishpe. 

Mireya Pazmiño también fue parte de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el caso denominado El Gran Padrino. Esta comisión investigó supuestos casos de corrupción en empresas públicas, luego de que La Posta difundiera audios que comprometería a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. 

En el informe realizado por la comisión se recomendó el juicio político al presidente Lasso por una supuesta comisión de cohecho y peculado. La Corte Constitucional admitió el juicio político solo por la causal de peculado en el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Los señalamientos en su contra 

El 25 de abril de 2021, el ex asambleísta y ex presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Mireya Pazmiño, por supuesta “falsificación y uso de documento falso” y “tráfico de influencias”. La misma denuncia la hizo en contra de los hermanos Wilson y Mario Naranjo, este último exasesor de Pazmiño; Galo Garzón, exjefe de Administración de Contratos de Comercio Internacional de EP-Petroecuador, y Jaime Condoy, exgerente general de Flopec.

Según Villavicencio, estos delitos se habrían cometido durante la elaboración de un informe no vinculante, supuestamente hecho por la comisión de Régimen Económico y Tributario en la Asamblea Nacional. El documento habla de los problemas de la empresa Amazon Tankers pero aún así recomienda que el Estado (a través de Flopec) mantenga contratos con esta compañía. Amazon Tankers es una empresa off shore, ubicada en las Islas Marshall, paraíso fiscal en Oceanía. 

Cuando se realizó el informe ya sabía que la Contraloría había recomendado dar de baja el acuerdo con esa empresa porque las tarifas no respondían a criterios técnicos.

El informe habría sido aprobado el 31 de octubre de 2022 por la Comisión de Régimen Económico, que presidía Pazmiño. 

Según Villavicencio, el informe aprobado por Mireya Pazmiño sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers “fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers”. Es decir, personas externas a la Asamblea Nacional. “Solo los asesores de la Comisión pueden realizar los informes, nadie más”, dijo Villavicencio.

El ex asambleísta también dijo que “Wilson Naranjo y su hermano son los que redactaron el informe de la Comisión de Régimen Económico y esto es un grave delito”. También dijo que Pazmiño habría usado su condición de legisladora y de presidenta de la Comisión para aprobar el documento no vinculante que acababa favoreciendo a una compañía privada, como Amazonas Tankers.

En la denuncia de Villavicencio, explica que el usuario en el documento original de Word, donde se trabajó el informe, demuestra que la computadora sería de Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón. Garzón es procesado por el caso Petrochina — sobre negociaciones en los contratos de preventa de petróleo — junto a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dice que “habrá que preguntarnos si la asambleísta Pazmiño firmó el documento sin leerlo, en un claro acto de ignorancia, o si recibió algún favor para que leyendo el documento, simplemente lo firme”. 

Alarcón agrega que “lo menos que espero al tener una asambleísta, y al pagarle a esa asambleísta un equipo con recursos públicos, es que sepan lo que escriben, hacen, firman y dejan de hacer”. 

Según Guido Chiriboga, ex asambleísta oficialista, el informe “llegó a la Comisión mágicamente”. Chiriboga también habría dicho, según un artículo en Ecuador Chequea, que tanto los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico como sus asesores “nunca participaron en ninguna mesa técnica para la elaboración de dicho informe” sino que este apareció de repente y tuvieron que ponerlo a votación. 

Pazmiño votó a favor del informe junto a Johnny Terán, exvicepresidente de la Comisión, y los correístas Blasco Luna, Ana Harrera y Jahiren Noriega. Mientras que Chiriboga y otros tres miembros de su bancada —Eitel Zambrano, Byron Maldonado y Blanca Sacancela— se abstuvieron del voto. 

Ante las acusaciones de Villavicencio, Pazmiño dijo estar abierta a que la Fiscalía investigue cómo llegó ese documento a la Comisión de Régimen Económico. También afirmó que se trata de una cortina de humo para desviar la atención del juicio político al Presidente. 

En esa ocasión también reafirmó que seguirá impulsando el juicio político. 

Incluso, la mañana del 26 de abril de 2023 la asambleísta presentó una denuncia en Fiscalía en contra del presidente Guillermo Lasso y sus socios y delegados “por peculado y delincuencia organizada”. Según Pazmiño, el peculado “refiere al entramado de corrupción por el cual, la Corte Constitucional dio paso al juicio político contra el Presidente”.

Pazmiño presentó la denuncia junto a otros legisladores entre ellos Peter Calo. La ex asambleísta dijo que recibió amenazas de muerte luego de presentar la denuncia. 

Ese mismo día, horas después de presentar la denuncia, Peter Calo fue aprehendido por presunta violación de una joven de 19 años. La Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que Calo fue aprehendido en flagrancia y que la institución “practica diligencias y despliega los protocolos pertinentes para definir su situación jurídica en las próximas horas”. 

Pazmiño no se ha pronunciado sobre la aprehensión de su compañero legislador. 

Su paso por Pachakutik y la Asamblea Nacional

Mireya Pazmiño estuvo poco más de un año con el partido que la llevó a la Asamblea. En este tiempo ocupó la curul 51 dentro del movimiento Pachakutik. 

El 26 de mayo de 2021 el movimiento político publicó un comunicado en su cuenta de Twitter donde anunciaban la destitución de Pazmiño. Lo hicieron alegando que no permitirían que “los intereses individuales de ninguna naturaleza afecten nuestros principios ideológicos ni el proyecto político”.

Sin embargo, en junio del mismo año el partido decidió revocar la expulsión de la ex asambleísta. Según Pachakutik, luego de la revisión en la coordinación provincial de Pachakutik en Bolívar “se defendió el derecho a la defensa por parte de la asambleísta así como el respeto a las decisiones de la organización provincial”. 

En la revocatoria, 22 de los 25 miembros de la organización política votaron en contra de la expulsión de Pazmiño. No obstante, su permanencia en Pachakutik duró apenas cinco meses más, ya que el 17 de noviembre de 2022 fue expulsada oficialmente.

Según Salvador Quishpe, Pazmiño estuvo en “permanente contradicción” con la línea del movimiento político. 

Luego de ello Mireya Pazmiño fue parte de los asambleístas considerados independientes, aunque su postura es de continua oposición al gobierno del presidente Lasso. 

Como asambleísta, Pazmiño votó en mayo de 2021, a favor de la moción que proponía que Guadalupe Llori sea la presidenta de la Asamblea. Llori ganó esa votación y fue posesionada como presidenta del Legislativo. 

Sin embargo, un año después, hubo varios escándalos e investigaciones penales y legislativas, en contra de Lori y los ex asambleístas votaron para destituirla. En esa ocasión, Pazmiño votó a favor de la destitución y de elegir a Virgilio Saquicela como el nuevo presidente de la Asamblea. 

El marzo de 2022, la ex asambleísta votó a favor de negar y archivar el proyecto de Ley de Inversiones, propuesta por el presidente Guillermo Lasso. El proyecto de ley tenía 260 artículos e incluía nuevas reglas para las asociaciones público-privadas, la creación de zonas francas, y modificaciones para 18 códigos y leyes vigentes. Este proyecto fue negado y archivado. 

Pazmiño también votó a favor de negar y archivar el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid-19, propuesta también por Lasso. Este proyecto de ley buscaba incrementar la recaudación tributaria y avanzar con la recuperación económica luego de la pandemia. Sin embargo, tampoco fue aprobada, negada ni modificada por el pleno de la Asamblea 

Esto sucedió porque el proyecto de ley no obtuvo los votos suficientes para ninguna de las mociones y el debate se cerró sin resolución. Como no se tomó una decisión en el plazo de 30 días que tenía al ser un proyecto económico urgente, entró por el ministerio de la ley y está vigente desde noviembre de 2021.

Su vida personal y académica

Mireya Katerine Pazmiño Arregui nació el ocho de abril de 1977 en Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, en el centro del país. Sus padres son Ángel Peña, cultivador de arroz, y Martha Arregui, cultivadora de maíz. Ambos oriundos de la provincia de Los Ríos. 

Mireya Pazmiño se graduó como bachiller en la especialización de químico-bióloga del colegio Pedro Carbo, en Guaranda, según su información en el CPCCS. Posteriormente estudió Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en la Universidad Técnica Particular de Loja donde obtuvo su título como licenciada en el 2004. En la misma universidad se graduó de abogada en 2012 y en 2015 hizo una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, según sus títulos registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Pazmiño ha declarado impuesto a la renta en cuatro años: 2014, 2015, 2021 y 2022. En los demás años a partir de 2013, declaró en cero. En 2021 pagó 456.60 dólares y en 2022 pagó 6,180.41 dólares. En el SRI no constan pagos por el impuesto a la salida de divisas.

Pazmiño fue secretaria en el juzgado de coactivas en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre 2008 y 2009. La AGD fue una institución dedicada a la liquidación y gestión de cartera pendiente de cobro de los bancos cerrados tras el feriado bancario de finales del siglo XX. Inicialmente, fue creada como una dependencia para garantizar los depósitos de los ecuatorianos. 

Según su perfil en el observatorio ciudadano Radiografía Política, en el 2012 fue ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura por un año. En el 2013 fue asesora jurídica en el Registro Civil, Identificación y Cedulación de Bolívar. Entre 2012 y 2014 fue analista jurídica en la Dirección Provincial del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Bolívar. 

Entre 2014 y 2017, Pazmiño fue mediadora coordinadora en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar. Luego de ello, por dos años fue docente en la Universidad Estatal de Bolívar, según el mismo perfil. A partir de 2021 fue asambleísta por la provincia de Bolívar

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Emilia Paz y Miño
Periodista y fotógrafa. Cubre temas de medio ambiente. También le interesan temas de género y derechos humanos.
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