En 2022, Ecuador supo que el 2,4% de su población mayor a 18 años pertenecía a la población LGBTIQ+. Fue la primera vez que el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) incluyó preguntas sobre diversidad sexogenérica en su censo de población y vivienda. En 2026 dio un paso más: hizo la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+. Este estudio busca retratar cómo viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de otras identidades y orientaciones sexuales diversas, para que sirva de base para construir políticas públicas.
La investigación se levantó entre octubre y noviembre de 2025 en las 24 provincias del país, e incluyó 6.147 entrevistas a personas mayores de 18 años. Para obtener información sobre una población que no se puede identificar a simple vista, el INEC aplicó Respondent Driven Sampling (RDS), una metodología en la que los participantes invitan a otros de su comunidad a sumarse a la encuesta.
El proceso tomó casi seis años entre la planificación, las pruebas piloto y el trabajo de campo.
Viviana Maldonado, coordinadora de PreViMujer, un programa de la cooperación técnica alemana enfocado en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, define a la encuesta como un hito. Maldonado, quien también fue una de las asesoras técnicas del estudio, explica que sin esos datos —cómo enfrentan la discriminación, dónde y cómo estudian, dónde y cómo tienen acceso a la salud— no se podía sustentar políticas públicas ni medir las desigualdades a las que se enfrentan.
Carolina Almeida, activista por los derechos LGBTI+, dice que hasta ahora muchos de estos problemas se conocían por testimonios o investigaciones de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Equidad, Silueta X o Diálogo Diverso, pero no existían estadísticas nacionales que permitieran dimensionarlas. Con esta encuesta, dice, el país deja de debatir únicamente sobre percepciones y empieza a hacerlo con evidencia.
Los resultados muestran vidas atravesadas por distintas formas de violencia.
La más frecuente es la violencia psicológica: el 89,8% de las personas encuestadas respondió haberla sufrido alguna vez en su vida. Además, el 37,9% reportó violencia motivada por prejuicios —agresiones o maltratos por su orientación sexual, identidad o expresión de género—, el 30,4% violencia sexual, el 28,8% violencia física y el 16,9% acoso cibernético.
Aunque la percepción social ha sido que estas agresiones ocurren principalmente en espacios públicos, la encuesta muestra que el lugar donde más se vulneran los derechos de las personas LGBTI+ es su propia casa. El 73,6% de las personas encuestadas aseguró haber vivido discriminación o violencia dentro de su familia.
Salomé* recuerda que el ambiente en su casa cambió cuando sus padres se dieron cuenta que era lesbiana. Ella tenía 13 años. Desde entonces, dice, los insultos se convirtieron en golpes, castigos y expulsiones del hogar a cualquier hora del día o de la noche. Sus padres nunca aceptaron su orientación sexual. En varias ocasiones, amigos fueron a recogerla después de que la dejaran en la calle. Dice que, como castigo, incluso la amarraban y le tapaban la boca para que no gritara.
La última vez que salió de su casa decidió no regresar. Sus padres le dejaron claro que solo podría regresar si cambiaba “su forma de ser”. Hoy vive lejos con su pareja y no tiene contacto con sus padres.
Según la encuesta, luego de casa, entre los lugares donde son discriminados, aparecen el barrio, la comunidad o actividades comunitarias (65,7%) y los centros educativos (51,7%), pero no se detalla si es universidades o colegios.
Para Maldonado, este es uno de los hallazgos más preocupantes porque evidencia que el rechazo empieza, muchas veces, en el entorno más cercano. Explica que en el país persiste una idea tradicional de familia que deja fuera a quienes tienen una orientación sexual o identidad de género diversa, especialmente a las personas trans, que inician un proceso de transición y son incomprendidos dentro de sus propios hogares.
La violencia también está en la web
La encuesta revela que el 16,9% de las personas LGBTI+ ha sufrido acoso cibernético, es decir, amenazas, insultos y campañas de hostigamiento que empiezan en redes sociales, pero que pueden tener consecuencias fuera de la pantalla.
Carolina Almeida explica que minimizar estas agresiones como simples comentarios en Internet es un error. Dice que el acoso digital puede provocar miedo, aislamiento y afectar la salud mental de quienes lo sufren.
La encuesta también reveló el impacto que puede tener esa discriminación: el 51,5% de la población LGBTI+encuestada, dijo haber sentido la necesidad de atención psicológica como consecuencia de estas experiencias.
Es una cifra que, para Almeida, refleja el impacto que tiene la discriminación que reciben en varios espacios y que es parte de la vida cotidiana.
El acceso a la salud es limitado
La encuesta muestra que apenas el 26,2% de las personas LGBTI+ de 18 años y más cuenta con algún tipo de seguro de salud, público o privado. Entre quienes recibieron atención médica, el 64,9% acudió a establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 15,3% a consultorios privados, el 9,1% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el 8% a hospitales o clínicas privadas.
Para Maldonado, las cifras no cuentan toda la historia. Dice que todavía hay barreras relacionadas con la discriminación, por ejemplo, las mujeres trans temen ser juzgadas o recibir un trato diferente cuando van a una consulta.
Maldonado recuerda que todavía persisten prejuicios que hacen que algunos médicos, enfermeros y otros duden en atenderlas o las deriven a otro colega por razones que no son criterios médicos. Por eso, para activistas trans como Malony Chávez, el acceso a la salud sigue siendo una de las principales deudas del Estado. “Nuestra búsqueda de derechos es más básica: queremos poder acceder a la salud, a la educación, a un buen vivir”, dice.
“Son cuestiones de estructura cultural que tienen que cambiar en el país”, dice Maldonado.
Colegios y universidades son también espacios de discriminación
En espacios educativos también persiste la discriminación: más de la mitad de las personas encuestadas identificó a los centros educativos como espacios donde ha sufrido violencia o exclusión.
Viviana Maldonado considera que ese dato evidencia la necesidad de intervenir desde edades tempranas. Explica que muchos prejuicios se aprenden en la infancia y, si no se cuestionan, terminan reproduciéndose en otros espacios, como la familia, el trabajo o los servicios públicos.
El impacto en el ámbito laboral
Según la encuesta, los pansexuales —quienes pueden sentir atracción romántica, emocional o sexual por otras personas sin que el género o la identidad de género sean un factor determinante— tienen el promedio más alto de salario mensual: 868 dólares. Le sigue la población bisexual, hombres o mujeres que sienten atracción física, emocional y sexual por personas de ambos sexos.
Al otro extremo, la población trans percibe el ingreso promedio más bajo con 409 dólares. Según Viviana Maldonado, esa exclusión limita las posibilidades de acceder a un empleo formal y aumenta las condiciones de precariedad económica que enfrenta parte de esta población.
Ismael* es arquitecto, tiene 29 años y ha sido discriminado en su trabajo. Dice que algunos compañeros hacían comentarios pasivo agresivos sobre su forma de caminar o de expresarse cuando él no estaba. Aunque nunca fueron ataques directos, asegura que esas actitudes terminaron afectándolo. “Llegué a preguntarme si debía comportarme más ‘machito’ para que dejaran de hacer esos comentarios”, dice.
“No quería cambiar quién soy, pero sí pensaba en hacerlo para agradarles y que me dejaran en paz”.
La encuesta no solo permite saber quiénes son y cómo viven las personas LGBTI+ en Ecuador; también plantea, según Maldonado y Almeida, una pregunta sobre qué hará el Estado con esa información. La encuesta llega cinco años después de que Ecuador creara, en 2021, la Subsecretaría de Diversidades, la primera dependencia estatal especializada en diseñar políticas para la población LGBTI+. Pero la reestructuración del Ejecutivo en 2025 —que absorbió el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos dentro del Ministerio de Gobierno— dejó en incertidumbre cómo se implementarán esas políticas y con qué recursos.
El desafío ahora, dice Viviana, es que estas cifras no se queden en un diagnóstico, sino que se conviertan en políticas que reduzcan las desigualdades y garanticen que la diversidad deje de ser un motivo de exclusión.
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