El 14 de julio de 2026, el presidente Daniel Noboa presentó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante un decreto. Es el primer documento que fija la estrategia oficial del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad en los próximos cuatro años, después de 9 estados de excepción decretados durante 2 años y de la declaratoria del conflicto armado interno.
En el decreto, el gobierno dispone que las instituciones del Estado deberán tomar el plan como referencia para ejecutar las acciones y coordinar sus decisiones en seguridad.
Sin embargo, la criminóloga Daniela Balarezo advierte que el plan tiene objetivos y lineamientos generales, y contiene pocos indicadores para medir si las metas se cumplen. Además, no desarrolla con claridad cómo se implementarán varias de las propuestas.
El plan ya había sido aprobado el 9 de marzo de 2026, durante una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), clasificada como “secretísima”. Su ejecución estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, además del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Con casi 200 páginas, el documento plantea siete objetivos para combatir al crimen organizado, recuperar el control de las cárceles, fortalecer las instituciones, ampliar los servicios públicos y proteger los recursos naturales.
Sin embargo, su eje central es el control territorial: la llegada de servicios como salud, educación e inclusión social queda condicionada a que militares y policías estabilicen primero los territorios priorizados. El plan no establece cuáles son esos territorios. En cambio, habla de forma general de “territorios críticos”, “zonas de alta conflictividad”, “áreas de influencia de economías criminales” y “territorios afectados por la violencia y la débil presencia estatal”. La definición de cada territorio dependerá del nivel de amenaza que determine el gobierno Central .
Balarezo dice que la principal debilidad del plan, además de la falta de indicadores, es el momento en que se presenta. Explica que una política pública de esta naturaleza debió implementarse desde los primeros meses del gobierno y no después de más de dos años de medidas excepcionales, como estados de excepción y toques de queda. Hasta ahora, dice, la respuesta estatal había estado marcada por acciones reactivas, más que por una planificación integral. Es decir, solo cuando hay un hecho violento, se recurre a la militarización u operativos.
Además, aunque el gobierno lo presentó en julio de 2026, el plan se basa en cifras de 2014 hasta julio de 2025. Con eso, la política que orientará la seguridad del país hasta 2029 parte de un análisis que no incorpora el último año de evolución de la violencia, la crisis penitenciaria, la actividad criminal ni la respuesta estatal.
Luego, el plan define cómo deberán coordinarse las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, como el Ministerio del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y presenta los siete objetivos que orientarán la política de seguridad hasta 2029.
Poder coercitivo antes que preventivo
El primer objetivo se llama “Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos”. La intención, dice el plan de gobierno, es recuperar la gobernanza en fronteras y sectores afectados por el crimen organizado, desarticular a los grupos armados, controlar rutas aéreas, marítimas y terrestres, combatir la minería ilegal y reforzar la vigilancia de armas y explosivos.
Para lograrlo, el plan propone aumentar el “poder coercitivo” del Estado —que es la capacidad legal que tiene el Estado para hacer cumplir la ley, incluso mediante el uso de la fuerza cuando sea necesario y esté permitido por la Constitución y la ley— primero en las zonas de mayor conflictividad y después en el resto del país. Pero no dice cómo.
Para Balarezo, esa lógica refleja el enfoque general del documento. Aunque reconoce problemas sociales como el reclutamiento de menores o la exclusión social, considera que la mayor parte de las estrategias privilegian la respuesta coercitiva del Estado —control territorial, neutralización de amenazas y fortalecimiento de las capacidades militares y policiales— por encima de medidas preventivas orientadas a atender las causas estructurales de la violencia.
El documento dice que las Fuerzas Armadas, la Policía, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el CNI, las autoridades portuarias y aeroportuarias y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) “deberán intervenir, según sus competencias”, pero no detalla más. También plantea “emplear tecnología de vigilancia, neutralizar las cadenas de mando de los grupos armados, cerrar rutas de abastecimiento ilegal de combustibles y fortalecer las capacidades militares y policiales”.
El plan dice que, mientras aumente el control territorial, el Estado fortalecerá la cobertura de salud, educación e inclusión social. Es decir, los servicios aparecen como parte de una segunda etapa que avanza en paralelo —y queda condicionada— al control de las fuerzas de seguridad.
Esa relación se vuelve más explícita en el quinto objetivo. El texto dice que “una vez estabilizados los territorios priorizados”, los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano reforzarán su presencia para mejorar las condiciones de vida de las comunidades; no antes.
Inteligencia, protestas y la estrategia de comunicación
El segundo objetivo del plan busca «anticipar y neutralizar amenazas» mediante «el empleo preventivo y coordinado del poder estatal». Para lograrlo, el gobierno plantea fortalecer capacidades de inteligencia, la coordinación entre las instituciones de seguridad y el control territorial frente al denominado «extremismo violento», una de las amenazas que identifica para la seguridad nacional. Sin embargo, no explica en qué consistirá ese fortalecimiento, qué cambios implicará o cómo se ejecutarán esas medidas.
El documento describe el extremismo violento como “acciones que buscan desestabilizar al Estado mediante la violencia o la radicalización”. Señala que «generalmente es promovido por grupos radicales antisistema, surgidos bajo liderazgos populistas y mesiánicos que movilizan a sectores populares excluidos, apelando a discursos de revancha y prácticas clientelistas».
Sin embargo, no da criterios para diferenciar ese concepto de otras formas de movilización social. Tampoco detalla qué operaciones ejecutarán la Policía y las Fuerzas Armadas ni cómo determinarán que una persona o una organización forman parte de ese extremismo. Tampoco define qué considera liderazgo populista o mesiánico.
Balarezo señala que el documento reúne en una misma sección conceptos como «neutralización del enemigo», «extremismo violento» y «radicalización de protestas sociales». Según la experta, esa combinación amerita un análisis cuidadoso para asegurar que las medidas se apliquen basadas en la Constitución y el respeto a los derechos humanos
Esa relación aparece nuevamente en el cuarto objetivo del plan, para enfrentar las «amenazas a la estabilidad democrática». Allí el gobierno propone fortalecer la inteligencia para prevenir la «radicalización de protestas sociales y subversión», bajo la premisa de que organizaciones criminales o grupos extremistas podrían infiltrarse en movilizaciones. El documento, sin embargo, no explica cuáles serán los criterios para determinar cuándo una protesta deja de ser una manifestación social y pasa a ser un riesgo para la seguridad nacional.
En ese mismo objetivo también se plantea incrementar la vigilancia, auditoría y supervisión sobre ONG, fundaciones y corporaciones nacionales y extranjeras que operan en Ecuador. El plan no dice cómo funcionará esa supervisión, bajo qué criterios se aplicará ni a qué tipo de organizaciones estaría dirigida.
Durante las protestas de octubre de 2025, que se extendieron por 31 días y tuvieron su mayor impacto en Imbabura, organizaciones sociales y ambientales denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias y afirmaron que esa medida buscaba intimidarlas. El ministro del Interior, John Reimberg, defendió la decisión y dijo que el congelamiento «fue fundamental», porque «estos grupos tienen gente detrás que busca desestabilizar y provocar el caos».
La comunicación también es parte de la estrategia de seguridad
El plan incorpora la comunicación del gobierno como una herramienta dentro de la política de seguridad.
Para ello dispone que la Secretaría General de Comunicación trabaje con el Ministerio de Gobierno, Cancillería, el Ministerio de Telecomunicaciones, las unidades de comunicación del Ejecutivo, los medios públicos y los gobiernos autónomos descentralizados con el objetivo de «superar la fragmentación interna y enfrentar la desinformación».
La estrategia consiste en «fortalecer el empleo de medios tradicionales y digitales con alcance nacional e internacional que incremente la percepción positiva en materia de seguridad».
El plan no explica cómo se medirá esa percepción positiva ni qué acciones deberán ejecutar las instituciones para alcanzarla. La Secretaría de Comunicación será la responsable con el apoyo de la Empresa Pública Medios Públicos y de los gobiernos locales. Es decir, el plan no limita la comunicación oficial a informar políticas de seguridad, sino que plantea mejorar la percepción ciudadana.
Cárceles, tribunales militares y servicios públicos
El tercer objetivo plantea reconstruir el sistema penitenciario. Las Fuerzas Armadas continuarán vigilando las cárceles mientras el gobierno “fortalece el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria”. La meta es que, para 2027, los guías penitenciarios retomen progresivamente las funciones que hoy cumplen los militares.
El cuarto objetivo incluye promover reformas constitucionales vinculadas a las capacidades del Estado en materia de seguridad, pero, nuevamente, no detalla qué artículos o aspectos de la Constitución se buscaría modificar.
También dice que se crearán tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura. Estos conocerían los procesos penales relacionados con militares. La responsabilidad de la creación de esos tribunales recaería en el Ministerio de Defensa, junto con el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En una entrevista con Radio Centro, Noboa dijo que estos tribunales estarían integrados por jueces especializados en procedimientos y normas militares, “capaces de diferenciar cuándo un uniformado actuó conforme a los protocolos y cuándo hubo un abuso”. Según dijo, esto daría seguridad jurídica a los militares para actuar durante operaciones sin temor a ser juzgados por personas que no conocen la normativa castrense, pero aseguró que “no implicará impunidad”, porque los casos de abuso también serían sancionados por esos jueces especializados.
El quinto objetivo busca que, una vez estabilizados los territorios priorizados por el Estado, las instituciones comiencen a ampliar el acceso a servicios públicos. Salud, Educación y Desarrollo Humano deberán reducir las desigualdades en el acceso a servicios, especialmente en comunidades rurales, amazónicas e indígenas. El plan también plantea disminuir la brecha digital, el desempleo y la informalidad.
Los dos últimos objetivos se enfocan en proteger el patrimonio natural —mediante acciones contra la deforestación y la extracción ilegal de recursos— y en fortalecer el financiamiento de la política de seguridad a través de cooperación internacional, alianzas y nuevas líneas de crédito.
La seguridad también llega al espacio digital
El Plan Nacional de Seguridad incorpora a las telecomunicaciones y al espacio digital como parte de la estrategia de seguridad del Estado.
El gobierno trata al ciberespacio —el entorno digital conformado por internet, las redes, las telecomunicaciones y los sistemas informáticos interconectados— como un ámbito que debe protegerse. El plan propone que el Estado esté mejor preparado para prevenir y responder a ciberataques, proteger la infraestructura tecnológica crítica y reforzar la ciberseguridad nacional, pero no explica qué acciones concretas se tomarán para lograrlo. En esa lógica, internet y las redes de comunicación dejan de verse únicamente como un servicio público y pasan a formar parte de la estrategia de seguridad.
El plan recuerda que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ya permite que, durante un estado de excepción, el gobierno tome el control de servicios como la telefonía o internet en las zonas afectadas, siempre que el decreto que declare ese estado de excepción lo disponga. El documento no crea esa atribución, sino que la cita como parte del marco legal de la política de seguridad.
El Ministerio de Telecomunicaciones es responsable de ejecutar varias estrategias. Deberá participar en el fortalecimiento de la ciberseguridad, el intercambio de información entre instituciones del Estado y la coordinación de la estrategia de comunicación junto con la Secretaría General de Comunicación, el Ministerio de Gobierno, Cancillería, los medios públicos y los gobiernos autónomos descentralizados.
El documento también propone ampliar la conectividad en zonas rurales y fronterizas mediante la contribución del 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones. Ese aporte no es nuevo: ya está previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para financiar proyectos que reduzcan la brecha digital. Lo que hace el plan es incorporarlo como una herramienta para fortalecer la presencia del Estado en territorios que considera estratégicos desde el punto de vista de la seguridad.
Lo que el gobierno promete cumplir este año
Aunque el plan fue oficializado recién en julio de 2026, fija varias metas para este mismo año. Algunas ya tienen avances, mientras que otras siguen pendientes.
- La reforma del sistema penitenciario comenzó el 17 de marzo de 2026 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que busca recuperar el control estatal de las cárceles, fortalecer al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, y crear un sistema de inteligencia penitenciaria. La norma fue enviada al Registro Oficial a finales de abril tras el allanamiento al veto parcial del Ejecutivo.
- Crear comités de articulación intersectorial para enfrentar riesgos ocasionados por acciones criminales y por la variabilidad climática, con prioridad en zonas rurales y fronterizas.
- Actualizar la estrategia nacional de ciberdefensa, una acción que el plan vincula al fortalecimiento de las capacidades del Estado frente a amenazas en el espacio digital.
- Aplicar la normativa para controlar la deforestación y la extracción ilegal de recursos naturales, especialmente en territorios considerados estratégicos por el Gobierno.
Lo que debería cumplirse hasta 2028
Para 2028, el documento plantea:
- Fortalecer y formalizar la actividad minera, con capacitación comunitaria y atracción de inversión regulada.
- Reducir la inseguridad dentro y alrededor de las instituciones educativas y fortalecer la cohesión e identidad nacional.
- Completar lineamientos para la transformación y coordinación del sistema público y privado contra el lavado de activos.
- Reducir el desempleo y la informalidad, mediante la formalización del trabajo informal.
- Consolidar los compromisos internacionales sobre conservación, biodiversidad, cambio climático y áreas protegidas.
El plan también establece metas más generales hasta 2029, entre ellas “garantizar el acceso equitativo y universal a servicios esenciales en comunidades rurales, amazónicas e indígenas”.
Más allá de las acciones propuestas, Balarezo considera que el principal reto será evaluar si el plan funciona. Dice que buena parte de la evaluación queda en manos de las mismas instituciones encargadas de ejecutar la política, sin que haya mecanismos independientes de seguimiento. «Una política pública no solo debe decir qué quiere hacer, sino también cómo va a demostrar que lo logró», resume.
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