Varios asambleístas presentaron denuncias ante la Asamblea Nacional contra la presidente del legislativo, Guadalupe Llori, y el Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

Fueron presentadas horas después de que un tribunal aceptara las medidas cautelares de Guadalupe Llori contra el pleno de la Asamblea para evitar que se forme una comisión para evaluar la gestión del CAL, órgano presidido por Llori.

Llori hizo el pedido de medidas cautelares poco antes del mediodía del 4 de abril. Casi 24 horas después, la mañana del 5 de abril las medidas fueron aceptadas por un tribunal de garantías penales de la parroquia Iñaquito, en la ciudad de Quito. Se aceptaron el mismo día en el que se planeaba incluir la creación de la comisión en el orden del día que trataría el pleno de la Asamblea. 

Sin embargo, el asambleísta Fausto Jarrín, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES)  —quien hizo la moción para cambiar el orden del día e incluir la creación de la comisión— se abstuvo de presentar su moción después de conocer la decisión del tribunal. “No voy a violar la normativa constitucional, ni pedirle a los compañeros asambleistas que violen una medida cautelar”, dijo Jarrín al comenzar la sesión del pleno de hoy. 

Jarrín añadió que sí invitaba al resto de legisladores a “que nos neguemos a participar en este circo en el que quieren convertir a la Asamblea”, dijo entre aplausos de varios de sus compañeros. 

Las denuncias contra Llori, explicadas

La tarde de hoy, UNES presentó una denuncia contra todos los miembros del CAL, incluyendo a Llori. Fausto Jarrín dijo a los medios de comunicación que “después del escabroso día que hemos tenido hoy teniendo que enfrentar la intromisión de la justicia en las competencias de la función Legislativa”, decidieron presentar la denuncia para “quitarles los pretextos” a Llori y que se tenga que conformar la comisión. 

No fue la única denuncia presentada hoy en la Asamblea. El asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, presentó una denuncia contra Llori. Según Torres, lo hizo por incumplimiento de funciones de la Presidenta de la Asamblea para que “sin ningún pretexto, sin ninguna orden judicial mañosa obtenida quién sabe cómo” se reciba la denuncia y se conforme la comisión para evaluar la gestión de las autoridades. 

La noche de hoy, el PSC publicó un comunicado diciendo que lo resuelto por el tribunal sobre las medidas cautelares de Llori “no puede ser acatado” ya que violaría lo que dice la Constitución  porque la función Judicial se estaría entrometiendo en las competencias del Legislativo. 

Sin embargo, los denunciados por los asambleístas juegan un papel esencial en el tratamiento de las denuncias. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las denuncias juramentadas por los asambleístas deberán ser dirigidas a la Presidencia de la Asamblea quien deberá enviarlas al CAL para que las califique a trámite en un plazo máximo de 5 días desde que el Consejo la recibe. 

La ley dice que si el CAL decide no calificar a trámite una denuncia, “deberá sentar en actas los motivos de su decisión”. Si se la califica a trámite, el CAL debe conformar una comisión multipartidista que tendrá hasta 10 días para enviar un informe al pleno en el que conste la versión del o los asambleístas acusados. Ellos también podrán defenderse ante el pleno, antes de que se vote sobre el informe de la comisión. 

¿Por qué Llori pidió medidas cautelares?

Llori presentó las medidas cautelares para que el pleno se abstenga de conocer, debatir y resolver una resolución para que se conforme una comisión multipartidista que evalúe la gestión del CAL. Esas investigaciones podrían resultar en sanciones contra sus miembros, entre los que está Llori. 

Otro objetivo de la comisión es investigar a los asambleístas de Pachakutik que fueron denunciados por el presidente Guillermo Lasso por presuntamente pedir “beneficios económicos” a cambio de votos favorables para la Ley de Atracción de Inversiones, que fue archivada por el pleno el pasado 24 de marzo.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si se llega a conformar la comisión y hay los argumentos suficientes, se podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori o de otros asambleístas.