Es inevitable sentir, aunque sea por unos minutos, inmenso placer al ver destituida una Asamblea Nacional que, probablemente, ha sido de las peores que el país ha tenido que padecer.
Saber que los legisladores se van a sus casas, sin sueldo y sin más palestra pública puede parecer un alivio. No tener que escucharles pidiendo mociones por el Día del Bizcocho o intercambiar insultos parece también ser una buena noticia. Sin embargo no lo es.
Que Ecuador haya llegado al punto en el que el Presidente invoca a la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional no puede ser una buena noticia para la democracia.
No porque la decisión no tenga asidero en el marco legal. Al contrario, que el Presidente disuelva la Asamblea al considerar que hay grave conmoción social y crisis política, es una potestad tan constitucional como lo era el juicio político en su contra. Pero que la decisión esté amparada en la Constitución no significa que no sea problemática.
Al pensar un poco más allá de los apasionamientos, ¿qué democracia que se precie funciona sin el poder legislativo? Ninguna.
El riesgo de no tener Asamblea Nacional. Fotografía de la Asamblea Nacional.
Y aunque la disolución de la Asamblea Nacional sea momentánea y responda a un contexto de excepción, no podemos dejar de preocuparnos por lo que significa que un poder incómodo para el Presidente de la República pueda ser eliminado de sopetón.
Esta posibilidad establecida en la Constitución de Montecristi, impulsada por Rafael Correa, responde también a esa mirada en la que el Presidente es el amo y señor de lo bueno y de lo malo que ocurre en un país. Esa postura desvirtúa la realidad de un Estado en el que cada función —legislativa, ejecutiva, electoral, judicial y de transparencia— tiene un rol específico e irremplazable que cumplir. En conjunto son un engranaje que hacen —o deberían hacer— funcionar adecuadamente al Estado en su conjunto. Sin una de ellas, algo va a fallar.
No podemos creer que, porque el Presidente es de nuestro agrado, está bien que gobierne con todas las potestades. Incluso a pesar del control de la Corte Constitucional para los decretos leyes en materia económica que expida mientras no haya legislativo.
Tampoco podemos convencernos que, porque la Asamblea está llena de legisladores que constantemente nos avergüenzan, la institución debe desaparecer como tal. Por más que sea por un período limitado.
Aunque resulte tentador pensar que 137 voluntades son inútiles para la democracia por la calidad de sus exposiciones y el nivel de su trabajo, no lo son. La Asamblea, con todos sus cuestionamientos, está constituida por legisladores que surgen de los ciudadanos. Por lo tanto no son muy distintos a la sociedad de la que surgen.
Si queremos mejorar el nivel de representación no solamente hay que exigirles a los partidos estructuras más sólidas, procesos más transparentes, democráticos y rigurosos para elegir a los candidatos. También hay que regresar a mirar esa sociedad de la que vienen. De esa sociedad somos parte todos.
En un escenario tan delicado como el que ahora enfrenta Ecuador, la primera tentación es la de exigir que un mandatario “se ponga los pantalones”, bajo esa lógica arraigada de que solamente a gritos, patadas y mano dura, las cosas funcionan.
El peligro de dejar esa puerta abierta es que por allí pueden entrar todos los demonios del autoritarismo, la violencia y el fin de las libertades.
Una Asamblea Nacional, por más mala que sea, es uno de los engranajes necesarios para la democracia. Si queremos que sus representantes sean mejores, trabajemos, como país, para ello, pero no nos conformemos con una democracia a medias.
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