El CPCCS, a punto de perder su rol clave

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podría describirse como un elefante blanco: cuesta mucho mantener pero da pocos resultados. Algunos, incluso, cuestionables. Cada año, el Ministerio de Economía le asigna, al menos, 7 millones de dólares para su presupuesto. El CPCCS está integrado por siete consejeros que ganan más de 4 mil dólares al mes. Son elegidos en las urnas para promover los derechos de participación ciudadana y combatir la corrupción. Y tienen un rol clave: la designación de autoridades de control en Ecuador.

Pero todo apuntaría a que no hacen ni lo uno ni lo otro: lo dicen los resultados. 

Una de sus funciones es promover los derechos de participación, pero, ¿lo hace? “Es una institución nada amigable con la gente, que más bien ha limitado la participación ciudadana”, dice Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, una organización que se dedica a garantizar que se respete la ley y la administración de recursos públicos.

Otra función es designar autoridades de control, pero, ¿cómo avanzan los procesos? Hay tres concursos para elegirlas que el CPCCS mantiene congelados y que ya debieron terminar: la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y la elección del Defensor del Pueblo —que lleva cinco años en un cargo provisional. 

A estos procesos se suman la elección del nuevo Fiscal General, que avanza en medio de tropiezos, y la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, tras la censura y destitución de Mario Godoy, acusado de presionar a jueces y de incumplir funciones. Sin olvidar, por supuesto, que Godoy había sido elegido previamente por el mismo CPCCS, pese a que hubo tres impugnaciones contra él durante la selección. 

Estos problemas han empujado al CPCCS a un declive. Hoy atraviesa una de sus peores crisis. 

Gonzalo Albán, ex consejero censurado por la Asamblea Nacional, identifica tres basados en su experiencia de ocho meses en el cargo. Él dice que su salida es una “muestra de la presión del oficialismo” para cooptar la institución.

La primera crisis es de credibilidad. Según la encuestadora Click Report, en abril de 2026 el CPCCS tiene apenas 20% de aprobación en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. “Eso muestra que la institución no genera confianza en la ciudadanía”, dice Albán. 

La segunda es de rendimiento. El Consejo no está cumpliendo su tarea central: los procesos de designación siguen atrasados. ¿Por qué? Por los “cálculos políticos”, explica Albán. Aunque los consejeros deberían ser apartidistas, es decir, no ser afines a partidos o movimientos políticos, sí lo son. Eso ha incidido en que los procesos no avancen, dice. 

 Y la tercera es de resultados nulos. Incluso cuando logra designar autoridades, esas decisiones son cuestionables, explica el ex consejero. El caso más claro es el de Mario Godoy. “Está dando resultados que no se sostienen en el tiempo”, señala Albán.

Estas crisis han reactivado una idea que ronda desde antes: quitarle al CPCCS su poder de designación. En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso intentó hacerlo vía referéndum. Pero ganó el NO. El debate no se ha cerrado. Hoy regresa, pero en otro escenario: con una institución más débil y más cuestionada.

El presidente Daniel Noboa propone enmendar la Constitución para darle esa función a la Asamblea Nacional. Si hay referéndum y gana el SÍ, los consejeros perderían su rol central. “Si ahorita no hacen nada, imagínese cuando les quiten lo único que tienen”, dice el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz.

La enmienda constitucional, ¿qué propone? 

Con la enmienda de Noboa, el sistema de designación de autoridades de control —que rige desde 2008— quedaría desmontado.

Ese año, con la Constitución de Montecristi, se creó el CPCCS. La idea era clara: un órgano independiente, sin vínculos políticos, encargado de promover la participación ciudadana y de designar autoridades con transparencia. 

Pero no ha sido así.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, le dijo a GK en 2023 que mientras el CPCCS tenga el poder de designar autoridades, siempre será “el botín” de los partidos políticos. “Desde su creación, ha sido una institución que no funciona: no designa autoridades con criterios técnicos ni ha promovido la participación ciudadana”, dijo Espinel.

Hasta ahora, el CPCCS designa a las principales autoridades de control del país: 

• Contralor General del Estado: responsable de la fiscalización de los recursos públicos y del control de la gestión administrativa de las entidades públicas.
• Procurador General del Estado: representa judicialmente al Estado y asesora en materia legal a las instituciones públicas.
• Defensor del Pueblo: encargado de la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
• Superintendentes: incluyendo los de Bancos; de Compañías, Valores y Seguros; de Economía Popular y Solidaria; de Control del Poder de Mercado, entre otros.
• Fiscal General del Estado: responsable de la investigación y persecución penal de los delitos.
• Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE): encargados de la organización y supervisión de los procesos electorales.
• Consejeros del Tribunal Contencioso Electoral (TCE): se encargan de resolver las controversias electorales y de aplicar la normativa electoral.
• Consejeros del Consejo de la Judicatura: encargados de la administración de la función judicial y de supervisar su funcionamiento.

Con la enmienda, esa atribución de selección pasaría a la Asamblea Nacional.

Para que eso ocurra, el camino es constitucional. Según el abogado Gonzalo Muñoz, la Corte Constitucional ya determinó que este cambio debe tramitarse vía enmienda, como establece el artículo 441 de la Constitución. Es decir, una modificación que no altere la estructura del Estado ni restrinja derechos. En teoría, hay dos vías para hacer esa enmienda, dice Muñoz. 

La primera: que el presidente convoque directamente a referéndum, una vez que la Corte haya aprobado tanto la vía como el contenido de la propuesta. La segunda: que la Asamblea la apruebe en dos debates, con mayoría calificada —101 votos.

Pero la segunda opción no es viable en este caso. “El correísmo nunca va a aprobar que se trasladen esas facultades”, dice Muñoz. El oficialismo no tiene los votos: apenas alcanza 77. Por eso, el gobierno optaría por el referéndum.

Hasta el 20 de abril de 2026, la Corte ya ha dado luz verde a la propuesta, tanto en la forma como en el fondo, según Muñoz. El siguiente paso es que el Presidente convoque a consulta popular.

El calendario político también pesa. Muñoz explica que el referéndum debería coincidir con las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 —para ahorrarles a los ecuatorianos el gasto que implica hacer votaciones. Ese día, también se elegirán nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2027–2031. 

Si gana el SÍ, el cambio es inmediato: desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial, el CPCCS perdería la facultad de designar autoridades y no podría continuar con los concursos que ya empezó. Así, procesos clave —como la designación del fiscal general o de los vocales del Consejo Nacional Electoral— pasarían a manos de la Asamblea Nacional desde cero. 

Para que el Legislativo pueda designar autoridades, la propuesta de Noboa plantea tres vías: 

La primera es la postulación ciudadana. Aplicaría para cargos como fiscal general, contralor, defensor del pueblo y autoridades electorales. Habría convocatoria pública, postulaciones abiertas, evaluación técnica y una lista final obligatoria. De esa lista, la Asamblea tendría que designar a uno o varios, dependiendo de la institución. Para hacerlo, necesita mayoría absoluta —77 votos— siguiendo el orden de prelación: del mejor calificado al peor.

Ese punto genera cuestionamientos. Albán dice que la designación debería exigir la misma cantidad de votos que los que se requieren para censurar a un funcionario en el Legislativo, para tener concordancia. Por ejemplo, en el caso de la Judicatura, sus vocales pueden ser destituidos con mayoría calificada —101 votos.

En este caso, antes de que los legisladores voten, la evaluación de los postulantes estaría a cargo de comisiones técnicas de selección integradas por delegados de las funciones del Estado, ciudadanos y académicos —serían el filtro del nuevo sistema.  Los comisionados no nombrarían directamente, pero decidirán quién puede llegar a ser nombrado. Estas comisiones revisarían requisitos, calificarían méritos, resolverían impugnaciones y enviarían una lista vinculante a los asambleístas.

La segunda vía como la Asamblea puede designar autoridades es a través de ternas enviadas por el Ejecutivo, para cargos como superintendentes y el procurador general del Estado. 

Y hay una tercera vía que se aplicaría solo para el Consejo de la Judicatura: se mantendría el sistema de ternas, pero no son enviadas solo por el Ejecutivo, sino por cinco funciones del Estado. En este caso, habrá una comisión técnica que evalúa a los candidatos y envía una lista vinculante sobre la que la Asamblea toma la decisión final.

El proceso tendría plazos definidos: la convocatoria se haría 90 días antes del fin del periodo que debe cumplir la autoridad en el cargo —por ejemplo, si el contralor termina su período en abril de 2026, la convocatoria sería tres meses antes. Los candidatos tienen 20 días para postular. La evaluación duraría hasta 60 días y la Asamblea tendría un máximo de 10 días para votar.

Si no lo hace, la designación se ejecuta automáticamente según el orden técnico. Es decir, si la Asamblea no designa dentro del plazo, se entenderán designadas las autoridades en el orden fijado por la comisión técnica.

Si la enmienda se aprueba, el Ejecutivo tendrá 180 días para enviar las reformas legales necesarias. La Asamblea Nacional tendrá hasta un año para aprobarlas. Eso quiere decir que, en el caso del CNE,  Ecuador podría tener nuevos consejeros dentro de dos años. 

Muñoz dice que está de acuerdo con la enmienda. No ve problema en que autoridades como el fiscal o el contralor tengan un origen político —es decir, que provengan de propuestas impulsadas por bancadas en la Asamblea o partidos políticos.

Lo clave, dice, es que exista responsabilidad política si fallan. Quien propone y quien vota por un funcionario debe asumir el costo de su designación.

Los concursos trabados y su papel con la ciudadanía

En Ecuador, 2026 es un año clave para la designación de autoridades, que podría redefinir el rumbo político del país a largo plazo. Pero los procesos no avanzan.

Y estos retrasos han dejado a varias autoridades prorrogadas en sus cargos, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado está Carlos Alarcón, encargado. En el CNE, su presidenta, Diana Atamaint, lleva más de siete años en funciones. Y en la Defensoría del Pueblo, César Córdova se mantiene en el cargo desde hace cinco años y no fue elegido por el CPCCS.

Detrás de eso está el CPCCS. 

El problema no es solo administrativo. Que el Estado funcione con autoridades prorrogadas expone algo más profundo: un sistema que no logra renovarse y que pone en riesgo la independencia de las funciones del Estado.

Marcelo Espinel identifica dos razones de esos retrasos. La primera es política. El CPCCS ha tendido a alinearse con el poder de turno. No es nuevo: en distintos momentos, sus decisiones han sido cuestionadas por responder a intereses políticos. Eso debilita la credibilidad de los procesos y alimenta dudas sobre su transparencia.

La segunda es operativa. El Consejo ha argumentado falta de recursos para avanzar en los concursos. En procesos como el de Fiscal General 2026, se requiere conformar una Comisión Ciudadana de Selección con diez integrantes —cinco ciudadanos y cinco delegados de las funciones del Estado— que deben ser remunerados.

Si faltan recursos, dice Espinel, hay dos posibles explicaciones: una mala planificación del propio CPCCS o la falta de asignación de fondos por parte del Ejecutivo. El resultado es un cuello de botella que termina afectando la independencia del Estado.

Hoy, varios procesos clave siguen sin resolverse:

• Consejo Nacional Electoral (CNE)
  El proceso para renovar a sus cinco vocales está atrasado. Debía cerrarse en 2022, pero sigue abierto desde 2021. Mientras tanto, los actuales consejeros —incluida su presidenta— continúan en funciones prorrogadas. Esto ocurre en un contexto especialmente sensible: el país ya entró en un nuevo proceso electoral.
• Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
  La renovación parcial de sus jueces también está pendiente. El proceso arrastra retrasos desde 2022 y se ha visto atravesado por decisiones polémicas y conflictos internos dentro del propio tribunal. Al igual que en el CNE, hay magistrados que siguen más allá de su periodo.

• Fiscalía General del Estado
  El concurso para elegir al nuevo Fiscal General está en marcha para 2026, pero con trabas. El proceso incluye la conformación de una Comisión Ciudadana de Selección de diez integrantes, evaluaciones técnicas e impugnaciones. Sin embargo, ha avanzado con retrasos y cuestionamientos. Para el 8 de abril de 2025, Ecuador ya debía tener un nuevo fiscal general. 

• Defensor del Pueblo
  La designación del Defensor del Pueblo sigue sin resolverse. El proceso no ha logrado cerrarse, por lo que el cargo se mantiene sin una nueva autoridad titular designada en firme, pese a ser una institución clave para la protección de derechos. 

• Consejo de la Judicatura
  La designación de sus vocales se da en medio de una crisis institucional. El proceso se reactivó tras la salida de Mario Godoy, en medio de denuncias por presiones a jueces y cuestionamientos a su gestión. 

A estos retrasos se suma otro problema: la débil promoción de la participación ciudadana.

Según el CPCCS, esta se canaliza a través de dos mecanismos. Las veedurías ciudadanas, integradas por personas que vigilan y fiscalizan la gestión pública. Y los observatorios ciudadanos, conformados por organizaciones y academia para hacer seguimiento técnico a los procesos.

En el papel, el sistema existe. En la práctica, no funciona.

“Quienes integran el CPCCS desconocen absolutamente todo de participación ciudadana”, dice Jaramillo, presidenta del OCC. Dice que la propia institución termina limitando la participación en lugar de promoverla.

Cuenta, por ejemplo, que intentó obtener la personería jurídica de su observatorio a través del CPCCS, pero no lo logró. “Me pusieron trabas para no darme la legitimación”, dice.

A eso se suma —según Jaramillo— una institucionalidad poco accesible: procesos complejos y una plataforma digital deficiente. El resultado es el contrario al que plantea la Constitución: mientras más difícil es participar, menos control ciudadano hay y menos transparente se vuelve el sistema.

Los movimientos (políticos) dentro del CPCCS 

De los siete consejeros que se posesionaron en mayo de 2023, hoy solo tres siguen en funciones: Andrés Fantoni, actual presidente; Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz. Los otros cuatro puestos han sido inestables: entre renuncias, destituciones y censuras, ha cambiado varias veces en menos de dos años.

Desde el inicio, la integración del CPCCS para el período 2023-2027 estuvo marcada por cuestionamientos. Tres de sus siete consejeros —Alembert Vera, Yadira Saltos y Augusto Verduga— hicieron campaña abiertamente con la Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023. Se los conocía como la Liga Azul, por el color que usaban durante la campaña. 

Entonces, Vera, abogado del ex presidente Rafael Correa, fue designado como presidente del CPCCS. Pero su paso por el cargo duró poco. El 7 de octubre de 2023, cinco meses después de asumir, la Corte Constitucional lo destituyó por haber intentado impulsar una veeduría para revisar las decisiones del CPCCS Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. No podía: la propia Corte ya había blindado las decisiones del CPCCS Transitorio en su dictamen 2-19-IC/19.

Tras su salida, la entonces vicepresidenta Nicole Bonifaz asumió la presidencia. Al mismo tiempo, subió el suplente de Vera, Juan Esteban Guarderas. Ese relevo cambió la correlación de fuerzas dentro del organismo. La mayoría correísta se rompió y se formó una nueva, integrada por Fantoni, Verdezoto, Mishell Calvache y Guarderas, que buscaba contener las decisiones del correísmo dentro del Consejo.

Pero esa nueva mayoría tenía un obstáculo: Bonifaz. Ella se resistía a incluir en el orden del día los temas que impulsaba ese bloque. La tensión llegó a un punto crítico el 3 de abril de 2024, en una sesión polémica. Ese día, Calvache apeló a la presidencia, una figura que permite que otra persona asuma la conducción de la sesión. 

Bonifaz intentó suspender la sesión en medio de gritos. Calvache respondió que ya había apelado la presidencia y Bonifaz denunció un supuesto “golpe de Estado institucional”. También dijo que pretendía presentar una denuncia contra Verdezoto por una reunión con un postulante del concurso de Defensor Público y que se buscaba impedir que eso entrara al orden del día. 

Esa sesión terminó con un nuevo cambio de mando: Andrés Fantoni asumió la presidencia y Calvache se quedó en la vicepresidencia.

Con Fantoni a la cabeza, esa mayoría se afianzó. Pero la estabilidad no llegó. 

Durante las sesiones hubo choques, sobre todo entre Guarderas y Verduga, especialmente cuando empezó el proceso para designar al Fiscal General del Estado, en agosto de 2024. 

En ese contexto, Verduga propuso un reglamento y Guarderas respondió que ese texto abriría la puerta a narcocandidatos dentro del concurso. La pelea política se volvió abierta y personal. En una sesión, Verduga le respondió a Guarderas llamándolo “pigmeo” del poder.

A eso se sumaron nuevos movimientos. Mishell Calvache anunció que buscaría ser candidata a la Vicepresidencia junto a Jan Topic en las elecciones de 2025, aunque finalmente esa candidatura no prosperó porque el TCE echó abajo la postulación de Topic. En lugar de Calvache entró Jazmín Enríquez, que se sumó a la mayoría.

Luego vino otro giro. Tras la posesión de Noboa en noviembre de 2024, esa mayoría empezó a verse cada vez más cercana al oficialismo. Pero tampoco duró mucho. En diciembre de 2024, Guarderas fue llevado a juicio político en la Asamblea, impulsado por la Revolución Ciudadana por supuesto incumplimiento de funciones. 

Detrás de esa decisión había una intención política clara: romper una mayoría afín al gobierno y abrir la puerta al ingreso de su suplente, Eduardo Franco Loor, identificado como afín al correísmo. En ese momento, la Revolución Ciudadana todavía tenía mayoría en la Asamblea. El 27 de diciembre de 2024, Guarderas fue censurado y destituido con 70 votos.

Con la entrada de Franco Loor, la Liga Azul recuperó fuerza. Verduga, Saltos y Loor inclinaron otra vez la balanza, y Bonifaz se sumó a ese bloque. 

Durante ese corto periodo de poder, esa mayoría intentó revertir la designación de Roberto Romero Van Buchewald como superintendente de Bancos y nombrar en su lugar a Raúl González, afín al correísmo. Ese movimiento provocó que la Fiscalía abriera una investigación por presunta usurpación y simulación de funciones, en el llamado caso Ligados.

El 24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el edificio del CPCCS en Quito. En ese operativo, la Policía y la Fiscalía se llevaron laptops y, entre otros objetos, los dos celulares del consejero Verduga. Pocos días después, la noche del 31 de enero de 2025, el TCE destituyó a la Liga Azul por haber hecho campaña política con Rafael Correa en 2023, algo prohibido por la ley. 

Así terminó ese bloque dentro del Consejo.

Pero el caso no acabó ahí. En marzo de 2025, la Fiscalía —entonces dirigida por Diana Salazar— filtró los chats de Verduga que, de acuerdo con la investigación, revelaron cómo el correísmo buscaba tomar el control de las designaciones de autoridades, cómo se fraguó el juicio político contra Guarderas para hacer entrar a Franco Loor y por qué era estratégico sostener una mayoría correísta dentro del Consejo: para influir en el concurso para Fiscal General de 2026. 

Con esa información, la Fiscalía reformuló el caso Ligados y pasó de investigar una presunta usurpación y simulación de funciones a una supuesta asociación ilícita. 

Actualmente, siete personas están llamadas a juicio en ese caso, incluidos militantes correístas como el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, Esther Cuesta, Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Raúl González.

En 2025, el CPCCS volvió a reconfigurarse. 

Entraron nuevos suplentes, como Piedad Cuarán, David Rosero y Gonzalo Albán. Pero la inestabilidad continuó. 

Albán también fue censurado por la Asamblea Nacional tras estar ocho meses en el CPCCS por supuesto incumplimiento de funciones, en un juicio político planteado por Kevin Gallardo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN).

Según Gallardo, Albán incumplió el artículo 21, numeral 8, de la Ley que rige al CPCCS, respecto a la prohibición de ser afiliado o adherente a una organización política durante los cinco años previos al desempeño de sus funciones.

En 2022, Albán aparecía como adherente del movimiento MOVER, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le permitió inscribirse para la candidatura.

Albán asumió sus funciones en enero de este 2025.

El ex consejero dice que su destitución fue por presión del oficialismo. Señala que ese juicio político se dio justo mientras avanzaban procesos clave, como los de la Judicatura, la Fiscalía y el CNE, y que funcionó como una forma de presión y amenaza sobre quienes integraban el Consejo. Añade que llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Para abril de 2026, la integración del Consejo vuelve a ser otra. Están Fantoni, Verdezoto, Bonifaz, Cuarán, Enríquez, Rosero y Roberto Gilbert. 

Estos cambios, según Mónica Jaramillo, muestran un patrón: los consejeros entran y salen según las necesidades de los movimientos políticos, y cuando salen muchos terminan expuestos como actores partidistas. Por ejemplo, Calvache, que salió para sumarse abiertamente a una candidatura política, y Guarderas, que en abril de 2026 aparece como precandidato a la Alcaldía de Quito.

Para Muñoz, el problema no es un episodio ni una mayoría en particular, sino el diseño mismo del organismo. “Todos los consejos que han existido desde 2009 hasta hoy han estado llenos de personas que se hacen pasar por ciudadanos cuando en realidad son políticos”, concluye.